110012203000200500654 00 · Tribunal de Bogotá

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MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO ALFONSO NI�O ORTEGA Ref.: Arbitramento (Recurso de Anulaci�n) CAF�S ESPECIALES DE LENGUP� & asociados, LTDA., CONTRA FEDERACI�N NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Decide el Tribunal el recurso de anulaci�n del laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento que dirimi� el litigio propuesto por la sociedad Caf�s Especiales de Lengup� & Asociados, Ltda., contra la Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia.

A N T E C E D E N T E S 1.- Proferido el laudo arbitral de fecha 23 de mayo de 2005 y su correspondiente aclaraci�n y complementaci�n de 2 de junio del mismo a�o, e interpuesto recurso de anulaci�n por parte de la Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia, se avoc� el conocimiento por parte de esta corporaci�n. 2.- La entidad convocada al tribunal arbitral sustent� oportunamente el recurso de anulaci�n, en s�ntesis, as�: (2.1) No haberse constituido el tribunal en forma legal, porque resulta claro a la luz de las normas vigentes que el �rbitro �nico designado para conocer las diferencias relativas al Convenio No. 24, planteadas entre la sociedad Caf�s Especiales DE Lengup� & Asociados, Ltda., y la Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia, no debi� haber sido nombrado por el Juez Segundo Civil del Circuito de Bogot�, por cuanto no hubo oportunidad para que las partes manifestaran su desacuerdo en el nombramiento del �rbitro y, de otra, porque en cualquier evento, dicho juzgado debi� haberlo escogido de la lista de �rbitros del Centro de Arbitraje y Conciliaci�n de la C�mara de Comercio de Bogot� o, por lo menos, de uno de los centros de arbitraje que funcionan en esta ciudad, motivo por el cual queda plenamente demostrado que el tribunal no qued� integrado en legal forma.

(2.2) Cuando sin fundamento legal se dejaren de practicar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisi�n y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos. Esta causal se apoy� en que el tribunal omiti� en su totalidad el procedimiento relacionado con la objeci�n a la prueba pericial, porque no hubo pronunciamiento en relaci�n con el tr�mite ni en elaci�n con las pruebas solicitadas para demostrar la referida objeci�n, pues despu�s del auto que declar� la nulidad solicitada por la parte convocante se cit� a las partes para alegar de conclusi�n, dejando sin tr�mite legal todo lo concerniente al dictamen pericial.

Y desde luego que tal omisi�n incidi� de manera capital en la decisi�n del conflicto, porque el laudo, apoyado en el dictamen pericial, dispuso una serie de condenas en contra de la convocada, pasando por alto la objeci�n por error grave imputada al dictamen. (2.3) Haberse proferido el laudo despu�s de vencido el t�rmino para el proceso arbitral o su pr�rroga.

En suma, esta causal se apoya en que el laudo que puso fin a las diferencias entre la sociedad Caf�s Especiales DE Lengup� & Asociados, Ltda., y la Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia, fue proferido despu�s de los seis meses contados a partir de la primera audiencia de tr�mite, la cual se surti� el 16 de septiembre de 2004, sin que se hubieran efectuado interrupciones o suspensiones del t�rmino de conformidad con la ley, que hubiesen permitido prorrogarlo m�s all� del 16 de marzo de 2005, fecha en que venci� el t�rmino legal en que se deb�a haber tramitado la totalidad del proceso arbitral.

(2.4) No haberse decidido sobre cuestiones sometidas al arbitramento, porque al no haberse podido obtener del tribunal una decisi�n acerca de las solicitudes de adici�n del laudo arbitral, y sumado al hecho que las presuntas decisiones fueron adoptadas mediante auto, se considera que en el presente caso, el laudo proferido el 23 de mayo de 2005, de ninguna manera resolvi� todas las pretensiones y defensas planteadas especialmente por la Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia, dejando de esta manera de decidir algunas de las cuestiones objeto del proceso arbitral.

C O N S I D E R A C I O N E S 1.- Se ha considerado que la etapa prearbitral es de gran trascendencia porque incluye los actos procesales y materiales para la configuraci�n posterior del tribunal de arbitramento y porque en esta fase se realizan actos significativos como la admisi�n o rechazo de la solicitud de convocatoria del tribunal y la contestaci�n de la demanda.

En cuanto a la designaci�n de los �rbitros el art�culo 129 del Decreto 1818 de 1998 y siguientes, regulan la forma de designarlos. La solicitud de convocatoria se dirigir� por cualquiera de las partes o por ambas al centro de conciliaci�n acordado y a falta de �ste a uno del lugar del domicilio de la otra parte y si el domicilio fuere plural a elecci�n del convocante.

Si las partes acordaron quienes ser�n los �rbitros pero �stos no han aceptado, el director del centro los requerir� para que en el t�rmino de cinco d�as se pronuncien. El silencio se aprecia como rechazo o no aceptaci�n En la hip�tesis en que las partes han delegado la designaci�n de �rbitros en un tercero, el centro de arbitraje requerir� a la persona delegada para que en el t�rmino de cinco d�as haga la designaci�n. El silencio se tiene como rechazo.

En caso de no aceptaci�n o si las partes no han nombrado, el centro las citar� a audiencia para que en �sta hagan la designaci�n total o parcial de los �rbitros. El centro har� las designaciones que no hagan las partes si �stas en el compromiso o en la cl�usula compromisoria atribuyeron previa y expresamente al centro de arbitramento la facultad de realizar dicha designaci�n o, indirectamente, si aceptaron el reglamento del centro y �ste prev� que dicha entidad realizar� la designaci�n cuando las partes no lo hayan realizado.

Pero puede suceder el caso que las partes no designen los �rbitros o el tercero delegado no cumpla con esta funci�n y las partes tampoco confirieron ni directa ni indirectamente esa facultad a los centros de arbitramento. En este caso, surge una disputa entre las partes sobre la designaci�n concreta de los �rbitros, que tiene que ver con el acceso a la justicia arbitral y su decisi�n representa el ejercicio de una funci�n judicial y �sta es ejercida por los jueces civiles del circuito, porque �stos conocen de los asuntos que no est�n atribuidos a otro juez.

Corresponde a las partes en dicha hip�tesis acudir al mencionado juez para que proceda a hacer la designaci�n, de conformidad con la lista de los centros de arbitramento para asegurar la eficacia del compromiso o de la cl�usula compromisoria. Es evidente, en este caso, que las partes que decidieron dirimir sus diferencias no asignaron al �rbitro ni delegaron tal facultad a un tercero y tampoco indicaron el centro de arbitraje; por tal raz�n la sociedad actora acudi� al Juez Civil del Circuito de Bogot� para que �ste determinara tanto el centro de arbitraje como el �rbitro �nico y as� fue como el Juez Segundo Civil del Circuito, a quien correspondi� el reparto, escogi� al Centro de Arbitraje y Conciliaci�n de la C�mara de Comercio de Bogot� y teniendo en cuenta la lista de auxiliares de la justicia que opera en el juzgado nombr� al doctor Mario Antonio Galvis Infante.

La designaci�n del �rbitro fue tachada de ilegal por dos razones: porque las partes, antes de la audiencia realizada por el juzgado, no materializaron su desacuerdo, porque no existi� reuni�n alguna que evidenciara un desacuerdo sobre el particular y ese nombramiento s�lo correspond�a al juez del circuito en el evento que no existiera acuerdo de las partes; y, porque el �rbitro �nico designado por el juez no hace parte de la lista de �rbitros del Centro de Arbitraje y Conciliaci�n de la C�mara de Comercio de Bogot� o de alguno de los centros de arbitraje que funcionan en la ciudad.

Agrega el impugnante, que esta situaciones se alegaron en la primera audiencia de tr�mite y en efecto as� se expres� en el Acta No. 03, que data del 16 de septiembre de 2004, audiencia en la que se continu� la primera de tr�mite. Realmente no est� probado que Caf�s Especiales DE Lengup� & Asociados, Ltda., hubiese requerido a la Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia, para que de consuno nombraran el �rbitro, pero de todas maneras el juez que conoci� del caso la cit� con ese prop�sito sin lograr la designaci�n, porque en �ltimas fue el juez quien la hizo, teniendo en cuenta la lista de auxiliares de la justicia mas no la lista de �rbitros del referido centro o de alguno de los centros de arbitraje que funcionan en la ciudad.

Esta es la dificultad que plantea el cargo del recurrente, que debe resolverse. La soluci�n la brinda el art�culo 131 del Decreto 1818 de 1998, porque dispone que el nombramiento de los �rbitros y el del secretario se har� de las listas del centro de arbitraje y la aceptaci�n es forzosa, so pena de exclusi�n de la lista del centro. Esta limitaci�n desde luego no opera para las partes y para el tercero delegado, quienes tienen la libertad de escoger el tribunal.

De suerte que cuando la designaci�n la hace el centro de arbitraje o el juez, de acuerdo a lo considerado anteriormente, en la designaci�n de los �rbitros necesariamente debe tenerse en cuenta la lista del centro de arbitraje. En este caso no se procedi� en la forma indicada y, por lo mismo, el tribunal de arbitramento no se constituy� en legal forma, configur�ndose por contera la causal de anulaci�n prevista en el numeral 2� del art�culo 163 del Decreto 1818 de 1998. 2.- A reflejo de la causal cuarta (4�) de anulaci�n se impugna el laudo exponiendo como sustento que como efecto de una nulidad declarada el tribunal decidi� retrotraer la actuaci�n a partir de lo actuado despu�s del 31 de enero de 2005 y con esta determinaci�n omiti� en su totalidad el procedimiento relacionado con la objeci�n a la prueba pericial, pues no hubo pronunciamiento alguno sobre el particular, ni en relaci�n con el tr�mite, ni en relaci�n con las pruebas solicitadas para demostrar la objeci�n, porque despu�s de declarar la nulidad solicitada por el convocante se cit� a las partes para que formularan sus alegatos finales dejando sin tr�mite todo lo concerniente al dictamen pericial.

La causal cuarta de anulaci�n que sirve de apoyo al recurrente es del siguiente tenor: �Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisi�n y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos�.

La causal, por tanto, se configura cuando se cumplen las tres condiciones anotadas. El �ltimo de los requisitos mencionados no se cumpli�. En efecto, de conformidad con lo expresado en el Acta No. 09, el d�a 14 de diciembre de 2004 el tribunal arbitral cit� a las partes para que concurran el d�a 31 de enero de 2005 a las instalaciones del centro de arbitraje, fecha en la que el perito rendir� su experticia; llegado el d�a antes anotado el experto solicit� ampliaci�n del t�rmino para rendir su dictamen el cual fue concedido hasta el d�a 10 de marzo de 2005, fecha en la cual se present� y se puso en consideraci�n de las partes.

Igualmente, en esta fecha, el tribunal, sin que mediara solicitud de las partes, dispuso: �Teniendo en cuenta lo anterior el Tribunal concede un t�rmino de tres (3) meses a partir del 10 de febrero del presente a�o, para el funcionamiento del Tribunal� (fl. 157). La experticia fue objetada por error grave por la federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia mientras la parte demandante solicit� adici�n y aclaraci�n, concedi�ndose un t�rmino de 6 d�as para que el experto efect�e las aclaraciones pedidas, y se se�al� el 4 de abril de 2005 para correr traslado de las mismas y en tal fecha el tribunal dispuso:�Se pone en conocimiento de las partes el nuevo escrito presentado por el perito en el cual decide las objeciones y peticiones indicadas por las partes dentro del t�rmino del traslado del peritazgo� (sic), y se corri� traslado de las mismas.

El 26 de abril de 2005, seg�n lo refiere el acta No. 17 de esa fecha, se niega la solicitud de invalidez de la pr�rroga de tres meses para el funcionamiento del tribual presentada por la el apoderado de la Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia y se deja vigente la pr�rroga aludida. En la misma fecha el apoderado de la parte demandante solicita decretar la nulidad de lo actuado por el tribunal a partir del Acta No. 10 de 31 de enero de 2005 en la que se prorrog� el t�rmino para el proveimiento del laudo, pero dejando a salvo todo lo relativo a la prueba pericial, esto es, el traslado de la misma, la solicitud de adici�n, la objeci�n y su traslado, la adici�n al dictamen y su correspondiente traslado.

De cara a esta petici�n, el mismo 26 de abril el tribunal arbitral dispuso dejar sin efecto la pr�rroga del t�rmino de funcionamiento que anteriormente se hab�a dispuesto y declar� la nulidad de lo actuado entre el 10 de febrero y el 21 de abril de 2005, dejando a salvo todas las actuaciones �relacionadas con el peritazgo (sic) presentado por el perito designado por el Tribunal�, agregando que �como no pudo funcionar el Tribunal de Arbitramento y la fecha de vencimiento de los seis meses iniciales que era el 15 de marzo del a�o 2005 la fecha final para el funcionamiento legal es el 26 de mayo del presente a�o 2005�.

En la misma providencia se corri� traslado de la adici�n y aclaraci�n del dictamen realizadas por el perito (fl. 181). En conclusi�n, se declar� nula la actuaci�n relativa a las Actas 11, 12, 13, 14 y 15, es decir, del folio 158 al folio 171, dejando a salvo lo relativo al traslado del dictamen, la adici�n y objeci�n al mismo, de tal suerte que no se omiti� el procedimiento relacionado con la objeci�n al dictamen del perito.

Tampoco puede darse por establecido que se haya omitido el tr�mite relacionado con las pruebas solicitadas para demostrar la referida objeci�n, porque despu�s de una minuciosa revisi�n del expediente no se encontr� en �l el escrito mediante el cual se objet� el dictamen por parte de la Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia y por la misma raz�n no se puede establecer si existi� o no petici�n de pruebas encaminadas a demostrar la configuraci�n del error grave del perito.

Pero la Federaci�n Nacional de Cafeteros de Colombia tampoco reclam� en la forma y tiempo debidos que se hubiesen dejado de decretar pruebas solicitadas para probar la objeci�n o que �stas se hubiesen dejado de practicar porque, aunque en el escrito de alegaci�n final pone �de presente, que con esta actuaci�n, no se est� enervando ninguna de las causales procesales previstas en el art�culo 140 del C.P.C., como tampoco, ninguna de las causales de anulaci�n del laudo arbitral��, esta manifestaci�n no constituye realmente una reclamaci�n en el sentido de que falta alg�n acto procesal relacionado con la contradicci�n de la experticia o que se ha dejado de practicar un medio solicitado oportunamente para probar el error del perito.

No se cumplieron, por tanto, en este caso, las exigencias previstas en el numeral cuarto (4�) del art�culo 163 del Decreto 1818 de 1998, quedando de esta suerte improbada la causal. 3.- Igualmente, la impugnaci�n del laudo se extiende a la causal quinta (5�) del art�culo 163 del Decreto 1818 de 1998, por haberse proferido el laudo despu�s del vencimiento del t�rmino fijado para el proceso arbitral o su pr�rroga.

El an�lisis de esta causal exige que previamente se determine cu�l fue el t�rmino establecido por las partes para la duraci�n del proceso arbitral. A falta de �ste opera la norma supletoria. En este caso las partes en la cl�usula compromisoria no establecieron un t�rmino para que el �rbitro �nico profiriera su decisi�n, por lo cual entra a regular tal aspecto la norma supletoria que en este caso es la prevista en el art�culo 103 de la Ley 23 de 1991, modificatoria del art�culo 19 del Decreto 2279 de 1989, que es del siguiente tenor: �Art�culo 19.

Si en el compromiso o en la cl�usula compromisoria no se se�alare el t�rmino para la duraci�n del proceso, �ste ser� de seis (6) meses, contados desde la primera audiencia de tr�mite�. El t�rmino podr� prorrogarse una o varias veces, sin que el total de la pr�rroga exceda de seis meses a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello.

En todo caso se adicionar�n al t�rmino los d�as en que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso�. Revisados la cl�usula compromisoria y el proceso se encuentra que la primera no se�al� t�rmino al �rbitro �nico para proferir el correspondiente fallo o laudo y en el segundo se observa que las partes ni sus apoderados acordaron prorrogar el t�rmino supletorio; m�s a�n, existen constancias procesales expresas en el sentido que el apoderado de la parte demandada expres� su oposici�n a la pr�rroga del t�rmino a que se viene haciendo alusi�n por no estar expresamente autorizado en tal sentido e hizo expreso su rechazo a la providencia que a motu proprio el �rbitro emiti� ampliando el t�rmino en tres (3) meses.

A�n la misma parte demandante lleg� a solicitar nulidad de la actuaci�n por el hecho que el �rbitro ampli� el t�rmino sin petici�n de parte (fl. 179). Pero, es del caso precisar si la nulidad que el �rbitro declar� en el proceso a instancia de la solicitud de la parte demandante suspende el t�rmino de seis (6) meses que tiene el �rbitro para decidir; es decir, si todo el tiempo que dur� adelant�ndose la actuaci�n �rrita debe adicionarse al de los seis meses que tiene el tribunal para emitir el laudo.

Esta precisi�n se impone porque al ser propuesta la nulidad de lo actuado entre el 31 de enero de 2005 y el 26 de abril del mismo a�o, el proponente, que lo fue la parte demandante, expres�: �En tercer lugar y con desarrollo del inciso del art�culo 146 del C.P.C., declarar entre que (sic) fecha y que fecha la actuaci�n no tuvo validez y como no ha corrido ning�n t�rmino sobre el particular se disponga hasta la fecha en que el t�rmino se entiende vigente, dado que, nadie es tan osado, para sostener que durante el per�odo de la nulidad ha corrido momento alguno de t�rmino de duraci�n del honorable tribunal�.

Considerando que la norma del art�culo 19 del Decreto 2279 de 1989 que antes se transcribi�, en cuanto dispone que �En todo caso se adicionar�n al t�rmino los d�as en que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso�, se puede concluir que solo los lapsos durante los cuales se interrumpe o se suspende el proceso ampl�an el t�rmino de seis (6) meses a que se viene haciendo alusi�n. El tr�mite de la nulidad no produce el efecto suspensorio del proceso, pues si se le mira como un incidente, como lo hace el inciso segundo del art�culo 143 del C�digo de Procedimiento Civil, no suspende el curso del proceso.

El numeral 4�. del art�culo 137 ib�dem as� lo dispone. M�s a�n, en caso de la causal quinta (5�) del art�culo 140 del C�digo de Procedimiento Civil, solo el tiempo que dura la causal legal de interrupci�n o suspensi�n se podr� adicionar al t�rmino de duraci�n del proceso arbitral o de su pr�rroga. Concluyendo se tiene que en el proceso no ocurri� ninguna causal legal de interrupci�n ni de suspensi�n, raz�n por la cual el �rbitro s�lo dispon�a del t�rmino de seis (6) meses para fallar, contado desde la primera audiencia de tr�mite, esto es, a partir del 16 de septiembre de 2004.

Venci�, por tanto, el 16 marzo de 2005. El fallo arbitral no se profiri� en el t�rmino indicado, porque s�lo vino a producirse el 23 de mayo del a�o �ltimamente mencionado, configur�ndose de esta forma la causal quinta (5�) de anulaci�n. Hasta el estado actual de las consideraciones se han analizado tres de las cuatro causales de la impugnaci�n, concluyendo que dos de ellas se encuentran configuradas, lo que constituye raz�n suficiente para declarar la anulaci�n del laudo, resultando superfluo el examen de la otra causal.

Resultaron pr�speras las causales segunda (2�) y quinta (5�) del art�culo 163 del Decreto 1818 de 1998, que dan lugar a declarar la nulidad del laudo y as� se proceder�. No hay lugar a costas del recurso porque �ste prosper�. Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C., administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, R E S U E L V E: 1.- DECLARAR la nulidad del laudo proferido el 23 de mayo de 2005 en el proceso indicado en la referencia. 2.- Sin costas en el recurso. 3.- VUELVA el expediente al Centro de Arbitraje y Conciliaci�n Mercantiles de la C�mara de Comercio de esta ciudad.

Esta decisi�n fue aprobada en sala convocada mediante Aviso No. 49 C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE HUMBERTO ALFONSO NI�O ORTEGA MANUEL JOS� PARDO CARO (En Permiso) ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO Exp. 110012203000200500654 00 PAGE PAGE 11 '(CDER}~��̿��yl�]N<#hWM�hWM�5�CJOJQJ^JaJhWM�5�CJOJQJ^JaJhWM�5�CJOJQJ\�^JhD;�5�OJQJ\�^J)h4ShWM�5�:�CJOJQJ\�^JaJ&h4ShWM�5�CJOJQJ\�^JaJ hWM�5�OJQJ\�^JmH sH h�b^J hWM�^JhWM�5�OJQJ\�^J%h4ShWM�5�:�CJOJQJ\�^Jh4S5�:�CJOJQJ\�^JhWM�5�:�CJOJQJ\�^J(DE~��B C D E F ^ _ ��$dh�a$gd~$| dh�gd~$|$��dh�`��a$gdWM�$��H�dh�^��`�H�a$gd4S$��dh�`��a$gdWM�$��dh`��a$gd4Sgd4S $dha$gd4S5Z[Z�� B C D O � � � � � � � C D E ��ѿѿ�ѿ��t�t�bSb�A��#h~$|hU�;�CJOJQJ^JaJht�;�CJOJQJ^JaJ#h4ShU�;�CJOJQJ^JaJh�D�CJOJQJ^JaJ hWM�hU�CJOJQJ^JaJho�CJOJQJ^JaJhU�;�CJOJQJ^JaJh4S;�CJOJQJ^JaJ#hWM�hU�;�CJOJQJ^JaJh�n�;�CJOJQJ^JaJh~$|;�CJOJQJ^JaJ hWM�hWM�CJOJQJ^JaJE F ] ^ _ b c d � � � � � � � � IJ��ǵǤ��p�p�b�b��S�p�p�?&hWM�hU�6�;�CJOJQJ^JaJh~$|;�CJOJQJ^JaJh~$|CJOJQJ^JaJ#hWM�hU�;�CJOJQJ^JaJ hWM�hU�CJOJQJ^JaJ 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