110013103015201000255 03 · Tribunal de Bogotá

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Demandante: Julio C�sar Guerra Tulena Demandado: Bit�cora Soluciones Compa��a Limitada y Otra. Apelaci�n Sentencia 15-2010-0255 03 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� SALA CIVIL MAGISTRADO PONENTE: LU�S ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Proyecto discutido y aprobado en Sala Civil del 27 de febrero de 2013. Acta 7. Bogot� D. C., catorce de marzo de dos mil trece.

Resuelve la Sala el recurso de apelaci�n que la parte demandante interpuso contra la sentencia emitida el pasado veintiocho de agosto, por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Descongesti�n de esta ciudad, dentro del proceso ordinario adelantado por JULIO C�SAR GUERRA TULENA contra las sociedades BIT�CORA SOLUCIONES CIA. LTDA. y SAR SISTEMAS ASESOR�AS y REDES S.A. que cursa en el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot�.

ANTECEDENTES 1. El demandante, por intermedio de apoderado judicial llam� a responder en juicio a las sociedades Bit�cora Soluciones Compa��a Ltda. y SAR � Sistemas Asesor�as y Redes S.A., con el �nimo de que en sentencia que ponga fin a la instancia se declare la rescisi�n del acto o negocio jur�dico de compraventa celebrado entre las entidades demandadas, respecto de las 150.000 acciones de las que era titular la primera de ellas en la compa��a Recaudos SIT Barranquilla S.A., afectando la prenda general de los acreedores y, en consecuencia, restituidas las acciones, se ordene a �sta �ltima empresa la inscripci�n en el libro de registro de accionistas del oficio 0660 de 2010 librado por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito, dentro del proceso ejecutivo adelantado por el aqu� demandante en contra de la sociedad Bit�cora Soluciones Compa��a Ltda. Como fundamentos f�cticos de la acci�n se plante�, en apretada s�ntesis, tras hacer referencia a la constituci�n y representaci�n legal de cada una de las sociedades integrantes de este contradictorio, que el d�a 1 de abril de 2009, las entidades MNV S.A., Aguas Kapital S.A. E.S.P., Ponce de Le�n y Asociados S.A. Ingenieros Consultores, el Consorcio Bogot� � Fusa y la Uni�n Temporal Transvial, suscribieron a favor de Mar�a Victoria Sotto Garc�a y Julio Miguel Guerra Sotto el pagar� No. 12-08 por valor de $4.500.000.000., obligaci�n que una vez lleg� la fecha de su vencimiento, no fue atendida en los t�rminos pactados, por lo que se expidieron dos nuevos pagar�s por $1.500.000.000. y $1.000.000.000., al igual que dos cheques por $2.000.000.000. y $49.333.333., sin que los mismos hayan encontrado soluci�n alguna.

Expuso, que en virtud de lo anterior, inici� un proceso ejecutivo en contra de la Sociedad Bit�cora Soluciones Compa��a Ltda., correspondiendo su conocimiento al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de esta ciudad, en el que solicit� el embargo y posterior secuestro de las acciones, dividendos, utilidades, intereses y dem�s beneficios que la ejecutada pudiera tener en la sociedad Recaudos SIT Barranquilla S.A., medida que luego de ser decretada, no fue atendida por la gerente administrativa de esa entidad, bajo el argumento de que las acciones que pose�a la demandada fueron negociadas con la empresa SAR � Sistemas Asesor�as y Redes S.A., actuar que considera, aument� la situaci�n de insolvencia de la deudora y dio origen al denominado �consilium fraudis�, fundamento f�ctico configurativo de la acci�n pauliana de que trata el art�culo 2491 del C.C., en la medida en que defraudaron sus derechos como acreedor.

Agreg�, que en la negociaci�n de las acciones no se tuvo en cuenta el derecho de preferencia consagrado en el art�culo 7 del estatuto social de la compa��a Recaudos SIT Barranquilla S.A., conducta que sumada a la desplegada por la sociedad Bit�cora Soluciones Cia. Ltda., es constitutiva de un indicio fraudulento, m�xime cuando la compraventa realizada no cont� con autorizaci�n previa y escrita de la entidad Transmetro S.A. 2.

Notificada la demandada SAR S.A. del prove�do admisorio, se opuso al �xito de las aspiraciones procesales, formulando para el efecto, las excepciones de m�rito que denomin�: i) �Falta de legitimaci�n por activa demandar�, ii) �No existe contrato de compraventa al que se refiere el demandante en su pretensi�n principal�, iii) �Ausencia de vicios que se deriven de las ofertas, contratos o acuerdos comerciales entre las partes SAR S.A., Bit�cora Soluciones y Compa��a Limitada y Recaudos SIT Barranquilla�, iv) �Los contratos de cesi�n en los que SAR S.A. se oblig� como aceptante fueron cumplidos en su totalidad�, v) �Los acuerdos comerciales entre SAR y Bit�cora se realizaron conforme a la ley sustancial, comercial y estatutaria� y, vi) �La Gen�rica�.

Por su parte, la sociedad Bit�cora Soluciones Compa��a Ltda. durante el t�rmino de traslado, permaneci� silente. II. EL FALLO DEL A QUO El juzgado de conocimiento dirimi� el conflicto negando las pretensiones de la demanda, por considerar que para el �xito de la acci�n planteada es necesario comprobar, adem�s de la existencia del cr�dito insatisfecho y la enajenaci�n del bien, el desequilibrio en el patrimonio del deudor, aspecto que no fue debidamente probado en el sub lite ya que no se aport� material de prueba en ese sentido, aunado a que tampoco se demostr� que el tercero comprador de las acciones sociales �estuviera enterado de la deuda que el vendedor contrajo con el demandante�, ni que el obligado perdi� de manera absoluta la capacidad de pago, es decir, la solvencia existente para cuando naci� el cr�dito que se pretende proteger con la presentaci�n de este proceso.

EL RECURSO Contra lo as� decidido se alz� el apoderado de la parte demandante, quien argument� en la audiencia celebrada al tenor de lo consagrado en el art�culo 360 del C. de P.C. y luego de hacer referencia a cada una de las consideraciones que tuvo en cuenta el a quo para definir la instancia, que la demanda presentada tiene por objeto la acci�n revocatoria o pauliana consagrada en el art�culo 2491 del C.C.; que est� demostrado en el plenario, que la sociedad demandada Bit�cora Soluciones Cia Ltda. a�n antes de enajenar las acciones que pose�a en la entidad Recaudos SIT Barranquilla S.A. en favor de SAR � Sistemas Asesor�as y Redes S.A., ten�a plena conciencia de su precario estado patrimonial.

Agreg�, despu�s de hacer una amplia exposici�n sobre el contenido del art�culo 2491 del C�digo Civil y de la trasgresi�n de los deberes del tercero adquiriente a t�tulo oneroso cuando acepta la propuesta contractual previendo que un contrato surge como lesivo de las garant�as patrimoniales, que en el acta de reuni�n calendada el 13 de noviembre de 2009 se inform� por parte de la sociedad Bit�cora Soluciones Cia Ltda., las razones por las que no pod�a cumplir el contrato de instalaci�n de equipos, proponiendo, para su sustituci�n, a la compa��a SAR S.A., y utilizando las acciones que pose�a en la sociedad Recaudos SIT Barranquilla como medio de pago de la cesi�n propuesta, documental que refiere, es muestra clara de la precaria situaci�n econ�mica por la que atravesaba Bitacora y de la cual ten�a pleno conocimiento la cesionaria, hecho que, adem�s, es de car�cter p�blico, en tanto el grupo Nule forma parte de la sociedad demandada.

Finalmente, indic� con fundamento en la doctrina y la jurisprudencia, que las entidades convocadas al juicio vulneraron los principios de la buena fe contractual y la confianza leg�tima, cuando celebraron el negocio jur�dico que perjudic� los derechos de los acreedores. A su turno, la sociedad SAR S.A., solicit� confirmar la sentencia de primera instancia, b�sicamente, bajo los mismos argumentos en que finc� las excepciones de m�rito planteadas.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 1. Brinda la ley a los acreedores una serie de derechos auxiliares con el fin de evitar el deterioro del patrimonio del deudor, o para obtener su reconstrucci�n cuando ya se ha sufrido menoscabo por actuaciones fraudulentas o simuladas, acciones de las que importa evocar las medidas conservativas o de precauci�n, la pauliana, la nulidad absoluta, la pretensi�n de simulaci�n, la acci�n oblicua o subrogatoria, y el beneficio de separaci�n, pretensiones que legitiman al demandante para desconocer los negocios de su deudor en cuanto conduzcan a lesionar su derecho, afectaci�n que configura su inter�s para obrar.

La acci�n pauliana -figura bajo la cual el demandante enfil� sus aspiraciones procesales, pues basta con analizar el escrito por medio del cual subsan� el libelo demandatorio, en donde persigui�, como pretensi�n principal, se decrete la rescisi�n del acto o negocio jur�dico de compraventa celebrado entre las partes por ir en detrimento de la prenda general de los acreedores-, adem�s de ser de car�cter personal, la otorga la ley a los acreedores con el prop�sito de obtener la revocaci�n de los actos reales y perfectamente realizados por su deudor, en cuya determinaci�n ha imperado la mala fe, consilium fraudis, caus�ndole perjuicios a los derechos de sus acreedores, eventus damni, porque excluye de su patrimonio bienes que conformaban la prenda general que les serv�a de garant�a. 2.

Ninguna duda existe respecto de los supuestos que estructuran el �xito de la acci�n en comento, los cuales han sido destacados por la jurisprudencia vern�cula, referidos a la prueba de la existencia de un cr�dito a favor del demandante y a cargo del demandado; que el negocio atacado �haya incrementado la insolvencia del deudor�, que provoque que el pasivo patrimonial sea superior a su activo, y que el deudor al ejecutarlo, o celebrarlo, conociera el mal estado de sus negocios, esto es, la insolvencia en que se hallaba o en que se colocaba; elemento este de car�cter subjetivo que var�a dependiendo de la gratuidad u onerosidad del contrato cuya revocatoria se intenta, pues si el acto se celebr� a t�tulo oneroso, �es indispensable demostrar que el tercero fue part�cipe del fraude a los acreedores�, principalmente, porque s�lo en la medida en que �aqu�l igualmente conozca el mal estado de los negocios de �ste, queda expuesto a la acci�n del acreedor�, situaci�n apenas l�gica si en cuenta se tiene que quien solicita la revocaci�n de un acto fraudulento �no solo trata de evitar su propio da�o, sino que a su vez le va a causar un perjuicio al tercero adquiriente, como quiera que �ste se ver� obligado a restituir el bien recibido del deudor�. 3.

En el caso bajo estudio, surge evidente que las pretensiones del libelo genitor giran en torno a que se declare la rescisi�n del contrato denominado �Acuerdo Comercial de Cesi�n y/o Venta de Acciones� que celebraron las sociedades demandadas BITACORA SOLUCIONES COMPA��A LTDA. y SAR - SISTEMAS ASESORIAS y REDES S.A., el 28 de enero de 2010, por medio del cual �sta �ltima adquiri� la totalidad del paquete accionario que aquella pose�a en la firma RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A., y que seg�n el demandante se llev� a cabo de manera dolosa, pues dicha negociaci�n tuvo como finalidad sacar del patrimonio de su deudora los bienes que serv�an de prenda para garantizar la obligaci�n representada en los t�tulos valores girados a su favor que no ha sido satisfecha, aspiraciones procesales que fueron negadas por el fallador de instancia, bajo el argumento de no haberse demostrado en el plenario la concurrencia de la totalidad de los presupuestos axiol�gicos de la acci�n pauliana.

A efectos de desatar el recurso de alzada puesto a consideraci�n de esta instancia, �til es recordar, que la jurisprudencia patria ha se�alado, en forma contundente, que al acreedor le asiste el derecho de propender por la protecci�n de su cr�dito y que este le sea cancelado con el patrimonio del obligado, aforismo que reclama que cuando el deudor ha desatendido el deber jur�dico y moral de satisfacer el d�bito contra�do, celebrando negocios con los cuales se produce o agrava desviadamente su situaci�n econ�mica, aqu�l tiene �la potestad de pedir que se deshagan negocios tales, precisamente porque experimenta que su acci�n de cobro ha sido debilitada�, esto con el �nimo de evitar que su cr�dito caiga en el campo de lo ilusorio, acci�n en la que indefectiblemente debe mediar un inter�s jur�dico �actual, o sea, que se debe tratar de un inter�s protegido por la ley, que es burlado o desconocido por la colusi�n entre el deudor y el tercero�. 3.1.

De los preceptos jurisprudenciales en comento, surge evidente, que la prueba de la existencia de un cr�dito insatisfecho y de la enajenaci�n de un bien de propiedad del deudor, no son suficientes para que de plano se decrete la revocaci�n del acto impugnado, pues, es imperativo demostrar, adem�s, que se ha producido el censurado desequilibrio en el patrimonio del deudor, quebranto financiero que, en el caso concreto no est� favorecido con ning�n tipo de presunci�n, circunstancia que obliga a acreditar que, despu�s de realizado el negocio atacado, los pasivos de aqu�l son mayores que sus activos provocando la imposibilidad del pago de la acreencia existente, cuadro que no se demostr� en el sub judice, conclusi�n que se apoya de auscultar las piezas probatorias que militan en el proceso.

En este orden, conviene precisar que no todo incumplimiento lleva impl�cita una muestra innegable de disminuci�n en la capacidad de los activos del deudor, pues cierto es que la insatisfacci�n de las obligaciones asumidas puede ser consecuencia de m�ltiples circunstancias, orientaci�n que justifica que el presupuesto del desequilibrio econ�mico, requisito sine qua non para la prosperidad de la rescisi�n, se haya demostrado de manera irrefutable e indefectible, prueba que, en verdad, con esa calidad no obra en el contradictorio.

N�tese, que ning�n esfuerzo realiz� el actor para probar que con la celebraci�n de la cesi�n del contrato y de la totalidad de las acciones que la demandada Bit�cora Ltda. pose�a en la sociedad Recaudos SIT Barranquilla S.A., cu�l la dimensi�n de sus activos y, sobre todo, que por ello qued� completamente despose�da de bienes, o por lo menos que se haya afectado la prenda general de los acreedores, en particular porque el indicio derivado del no pago de los t�tulos valores referidos en el contradictorio, especialmente del cheque No. 000035 del Banco de Occidente, girado el 21 de diciembre de 2009, por $2.000.000.000. a favor de la sociedad Correval S.A., que result� impagado por la causal �fondos insuficientes�, no constituye prueba irrebatible, inequ�voca y categ�rica de la inexistencia de un patrimonio con qu� responder por las obligaciones contra�das. 3.2.

Sumado a lo expuesto, tampoco milita en el plenario medio de convicci�n que d� cuenta del aparente desequilibrio patrimonial ocasionado, en palabras del recurrente, por la transacci�n comercial que se materializ� entre las sociedades demandadas, dado que, a pesar de que el actor hizo �nfasis acerca de la �carencia de otros bienes del deudor que pudieran ser materia de persecuci�n�, el actuar probatorio relativo a demostrar esa circunstancia fue nulo, en tanto no se aport� ning�n elemento de juicio que otorgara certeza a lo expresado, hecho que, tambi�n, de manera indefectible conduce al fracaso de su alegaci�n. 4.

Con relaci�n al supuesto basilar para el �xito de la pretensi�n pauliana, circunscrito al componente subjetivo en cabeza de la sociedad Bit�cora Soluciones y C�a. Ltda., consistente en el conocimiento de su situaci�n econ�mica y la afectaci�n que se iba a producir en su patrimonio con la celebraci�n del negocio cuestionado, esto es, la aptitud del mismo para perjudicar a los acreedores al disminuirse la prenda general prevista en la ley, que en trat�ndose de negocios celebrados a t�tulo oneroso igualmente exige la prueba de la presencia del consilium fraudis, esto es, el concierto o complicidad entre las partes contratantes dirigido a escamotear los derechos de los terceros acreedores, advierte el Tribunal que ese tema �es simplemente una situaci�n de esp�ritu: es el conocimiento por parte del deudor del perjuicio que va a causar a sus acreedores.

El deudor sabe que al realizar tal acto, se va a convertir en insolvente o va a aumentar su insolvencia y, por consiguiente, a perjudicar a sus acreedores". 4.1. El referido elemento intencional de despojar a los terceros de las garant�as de cobro que la ley sienta en el patrimonio del deudor, pertenece al fuero interno de quienes as� act�an, caracterizado por la presencia de visos de realidad que se le imprime al negocio objeto de censura, en el que se act�a con un calculado sigilo, cuid�ndose de dejar rastros que pongan en descubierto el reprochado concierto, lo que provoca que su directa demostraci�n sea de dif�cil ocurrencia, por lo que, de ordinario, la prueba indirecta adquiere una especial dimensi�n, para que sea el juez el que, de manera ponderada y de acuerdo con las reglas de la sana cr�tica, se forme su propia y libre convicci�n despu�s de analizar las secuelas que se desgajan de los medios probatorios recaudados, partiendo de un hecho conocido para llegar al oculto (el acuerdo defraudatorio), por lo que es necesario acudir a la prueba indiciaria que permite que toda �huella, vestigio o circunstancia conocida o debidamente comprobada, susceptible de conducir la mente, por v�a de inferencia, al conocimiento de un hecho desconocido�, pues su cimiento demostrativo descansa en el poder que tenga para conducir al fallador �a la inferencia del hecho por el cual indaga, a trav�s de un razonamiento apoyado en las m�ximas de la experiencia, o de la t�cnica, seg�n sea el caso�. 4.1.1.

Con el prop�sito de demostrar el componente subjetivo en estudio, manifiesta el censor que la sociedad Bit�cora S.A. en el acta tomada dentro de la reuni�n celebrada con la compa��a Recaudos SIT Barranquilla S.A., confes�, de manera expresa, que �en los �ltimos d�as se han presentado situaciones muy delicadas para la empresa, de p�blico conocimiento�, circunstancia que le ha �impedido un desarrollo normal de sus actividades�, por lo que le solicit� autorizaci�n para ceder el contrato del que no estaba en condiciones de cumplir, documental de la que se desgaja, indudablemente, conocimiento y conciencia de la dif�cil situaci�n por la que atravesaba, pero que en sentir de la Corporaci�n no es suficiente para la declaratoria de la acci�n pauliana invocada, porque de aceptar la versi�n all� consignada, tambi�n ser�a necesario avalar la seriedad y correcci�n de la cesi�n del contrato que ella no pod�a cumplir, por lo que aspir� a que otra sociedad lo hiciera, para lo que, desde ese momento se anunciaba, que SAR S.A., era un buen prospecto, dada su �amplia experiencia�.

Pero si se aceptara el hecho del reconocimiento del mal estado empresarial de Bit�cora, a lo sumo ello trae como efecto demostrativo que se tenga por acreditado que su dif�cil situaci�n que le imped�a cumplir el contrato que iba a ceder, supuesto del que no se desprende que los negocios que se realizaran durante ese trance, tuvieran como cometido provocar o agravar su insolvencia y, mucho menos, que las contrapartes de esos actos de disposici�n actuaran, al celebrarlos, con el inicuo prop�sito u objetivo de defraudar los derechos de los acreedores.

En efecto, del conocimiento de las dificultades para ejecutar el contrato y, a�n de sus apuros econ�micos, no pueden derivar la conclusi�n de que la referida cesi�n del contrato que Bit�cora practic� a favor de SAR S.A., en virtud de la cual se estipul� como pago de la trasmisi�n de la posici�n contractual las acciones que Bit�cora ten�a en la sociedad SIT, tuviera como prop�sito afectar la prenda general de los acreedores; por el contrario, este supuesto puede interpretarse, a falta de prueba en contrario, que estuvo dirigido a lograr el cumplimiento, por intermedio de la cesionaria, de las obligaciones contractuales adquiridas por aquella, buscando la protecci�n de la sociedad en la que el cedente ten�a especial inter�s dada su condici�n de socio de la co-contratante, por lo que el leg�timo temor de incumplir el d�bito negocial contra�do, justifica que el cedente buscara alternativas para honrar las cargas existentes, pagando por ello con su patrimonio, sin que esto signifique que, en ese cometido tuitivo, puedan los sujetos de derecho actuar de manera omn�moda, en detrimento de los terceros, pues si estas consecuencias nocivas son producto de actos maliciosos, la ley prev�, como remedio, las acciones revocatorias siempre y cuando se prueben, a plenitud, los elementos axiol�gicos que las informan.

La posible doble lectura del hecho de la cesi�n y su consecuencial trasmisi�n de las acciones, ambas informadas por la l�gica y las reglas de la experiencia, impiden que de ese hecho se extraiga el triunfo de la acci�n pauliana toda vez que, debe recordarse, la fortaleza del indicio �depende de su univocidad, o sea, de su directa orientaci�n hacia el se�alamiento del hecho indicado, por supuesto con exclusi�n de otras posibilidades, por cuanto la equivocidad, la multivocidad, merman y reducen en grado sumo el valor probatorio, tornando en leve el grave, o impidiendo definitivamente la operaci�n l�gica que en fin de cuentas estructura el medio en comentario�. 4.1.2.

Tampoco puede fundarse la acci�n revocatoria en estudio en el �hecho notorio y p�blico� del esc�ndalo en que est� inmersa la sociedad Bit�cora Ltda., por formar parte del Grupo Nule, pues, en verdad, el demandante no aport� prueba de que tal ente societario integrara el citado grupo, para lo que existen medios demostrativos espec�ficos que no se pueden obviar con una presunci�n de conocimiento p�blico sobre su pertenencia, ausencia de comprobaci�n del hecho indicador que trae como consecuencia, que por la v�a de la inferencia no se pueda aceptar la consecuencia probatoria que se pretende desgajar, en tanto que la valoraci�n de la prueba indiciaria �(�) comprende una actividad m�ltiple, que consiste, por un lado, en el examen de los hechos indicadores que brotan de los medios de prueba, y, por el otro, en la deducci�n o inferencia que con base en ellos permite arribar a otros hechos indicados, como fruto de una operaci�n mental l�gica del juzgador�� (subraya intencional). 5.

Con relaci�n al concilium fraudis, debe advertirse, que en el expediente no existe material demostrativo a trav�s del cual se acredite que la sociedad SAR S.A. fue c�mplice en la generaci�n del aparente �no probado-, desequilibrio financiero de la entidad Bit�cora Ltda., producto de la suscripci�n del tantas veces mencionado acuerdo de voluntades, que disminuyera o aniquilara la prenda general de los acreedores.

Con esta orientaci�n, de auscultar las probanzas existentes en el paginario, concretamente, el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la sociedad Sistemas Asesor�as y Redes � SAR S.A. queda claro que ellos conoc�an los inconvenientes financieros por los que atravesaba Bit�cora Ltda., al expresar en su ponencia, que �sab�amos que [aquella] ten�a alg�n problema� porque los funcionarios de Recaudos SIT S.A. les consultaron si pod�an instalar los equipos por ellos suministrados, debido a que �la empresa a la cual le hab�an dado el contrato ten�an dificultades y no pod�an hacer esas labores�, sin embargo de esa versi�n no se puede extraer que, efectivamente, entre las demandadas existi� la intenci�n de afectar el patrimonio econ�mico de la acreedora y, lo m�s importante, que la sociedad SAR S.A., hubiera actuado de manera maliciosa para dejar sin activos a la cedente, mala fe que debe probarse plenamente, ya de manera directa ora por indicios, pues esta �es siempre una cuesti�n de hecho que, a falta de una prueba directa como lo ser�a la confesi�n del agente, generalmente implica el examen de los indicios que deja su exteriorizaci�n��.

Sobre este aspecto de la mala fe, debe expresarse que su ant�poda, la buena fe, �se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunci�n contraria. En todos los otros, la mala fe deber� probarse�, de donde se sigue �que quien afinca su posici�n jur�dica en la ausencia de buena fe de su contrario, enfrenta una singular tarea, puesto que para el �xito de su pretensi�n o defensa deber�, por un lado, destruir la presunci�n que en beneficio de su opuesto consagran la Constituci�n y la ley, y por el otro, acreditar que el actuar de �ste contradice abierta o frontalmente la conducta recta, proba, leal y transparente que debe concurrir en las relaciones contractuales��, labor�o que no se satisfizo en la situaci�n que se juzga, por cuanto de los indicios que ha valorado el Tribunal no se desprende la confabulaci�n para provocar la insolvencia del deudor, en detrimento de la acci�n de cobro de su acreedor, careciendo, entonces, de idoneidad para demostrar los actos de malicia o la intenci�n de defraudar a los terceros.

Con direcci�n adversa, de la celebraci�n de los negocios de trasmisi�n se desgaja cierta trasparencia, seriedad y correcci�n, pues el contrato se cedi� a una persona jur�dica de la que no se demostr� que el cedente tuviera un especial inter�s �econ�mico o corporativo-, para que ejecutara el contrato, de la que, adem�s, se expres� ten�a amplia trayectoria y experiencia en esa materia, competitividad que le fue puesta de presente por parte de Recaudos SIT Barranquilla S.A. en la misiva que obra a folio 163 a 166 del expediente; igualmente, en la concreci�n de los cuestionados negocios se observ� un alto grado de publicidad y respeto de las normas que, in casu, gobernaban tal actuaci�n, pues en ella concurri�, a m�s de las voluntades de las sociedades demandadas, la autorizaci�n de la junta directiva de Recaudos SIT Barranquilla S.A.; tambi�n se acat� el contenido del art�culo 18.2 de los estatutos de la firma Recaudos SIT Barranquilla S.A., que obligaba la consulta a la sociedad Transmetro S.A. de la cesi�n de los derechos y obligaciones en comento, quien manifest� que luego de estudiar la solicitud y la documental en que se finc�, no ten�a �objeci�n alguna sobre la operaci�n de la negociaci�n de las acciones de la sociedad contratista�.

De acuerdo con lo expuesto, surge evidente, la ausencia de elementos probatorios en el proceso por medio de los cuales se pueda establecer que los contratos, por haberse celebrado a t�tulo oneroso, llevaban inmerso el elemento subjetivo intitulado como �consilium fraudis� entre el deudor y el tercero con el que contrat�, ni que la cesi�n del paquete accionario hubiese determinado o agravado el desequilibrio econ�mico alegado por el recurrente, imposibilit�ndolo para hacer efectiva la acreencia preexistente, versiones que se quedaron en su simple manifestaci�n y, que con esa entidad, nada aportan en su favor, en tanto que carecen de respaldo en alguno de los medio de convicci�n tra�dos al contradictorio, debi�ndose memorar que las declaraciones de las partes alcanzan relevancia demostrativa, s�lo en la medida en que �el declarante admita hechos que le perjudiquen o, simplemente, favorezcan al contrario, o lo que es lo mismo, si el declarante meramente narra hechos que le favorecen, no existe prueba, por una obvia aplicaci�n del principio conforme al cual a nadie le es l�cito crearse su propia prueba�, orientaci�n que respeta al principio de la carga de probar, para evitar que el proceso se convierta en un escenario para el encuentro de simples versiones y no, como debe ser, el espacio para despejar la incertidumbre con los elementos reconstructivos del pasado que sean legalmente admisibles, frontera que, como se expuso anteladamente, no fue traspasada por el actor. 6.

Las falencias demostrativas destacadas traen como ineludible corolario, el fracaso de las pretensiones, ya que el demandante no cumpli� con la exigencia para el sujeto que afirma de probar lo expresado con el fin de persuadir a su contraparte y al juez sobre su verdad, pues, en verdad, no demostr� que la cesi�n de los derechos accionarios que hiciera la sociedad Bit�cora Soluciones Compa��a Ltda. en favor de la entidad SAR � Sistemas Asesor�as y Redes S.A., se hubiese realizado con el �nimo de evitar el pago forzado de las obligaciones contra�das con sus acreedores, y que esta entidad hubiese prestado su concurso en el desequilibrio o incremento de la incapacidad financiera de la sociedad deudora, principio apellidado como carga de la prueba, de acuerdo con el cual �al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acci�n�; y aquel que expresa �que el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acci�n�; aforismo de cuya aplicaci�n se concluye en la necesaria confirmaci�n de la decisi�n impugnada.

Por lo expuesto, la Sala de Decisi�n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, V.

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia emitida el veintiocho de agosto de dos mil doce, por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Descongesti�n de esta ciudad, dentro del presente proceso ordinario que cursa en el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot�.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del recurrente. T�sense en su oportunidad. El suscrito Magistrado Ponente fija como agencias en derecho la cantidad de $3.000.000. Notif�quese. LU�S ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Magistrado Ponente Rad. 110013103015201000255 03 ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO Magistrada Rad. 110013103015201000255 03 HILDA GONZ�LEZ NEIRA Magistrada (Ausente con excusa) Rad. 110013103015201000255 03 Documento a trav�s del cual reemplazaron y dejaron sin validez el pagar� identificado con el No. 07-08 signado el 1 de abril de 2008. Instrumento que fue endosado por la firma Correval S.A. en su condici�n de beneficiaria inicial al aqu� demandante (fl. 67 C. 1). Por concepto de intereses. Cfr. folios 86 a 88 C. 1. C.S.J. Sentencia calendada el 14 de junio de 2007.

Exp. 2003-00129-01. Ib�dem. C.S.J. Sentencia calendada el 14 de marzo de 2008. Exp. 2001-00601-01. Ejusdem. Cfr. folios 155 a 157 C. 1. C.S.J. Providencia adiada el 21 de junio de 2005. Exp. 1996-01758-01 (7804). C.S.J. Sentencia de agosto 26 de 1938. Ver folios 48 y 66 C. 1. C.S.J. Sentencia calendada el 14 de marzo de 2008. C.S.J. Sentencia de marzo 14 de 1984. C.S-J. Sentencia de marzo 12 de 1974. C.S.J. Sentencia calendada el 14 de marzo de 2008.

Exp. 2001-00601-01. Reuni�n celebrada el 13 de noviembre de 2009 (fls. 335 y 336 C. 1). C.S.J. Sentencia 003 de febrero 7 de 2002. C.S.J. Sentencia adiada el 7 de diciembre de 2012. Exp. 2001-00049-01. Ver folios 283 y 284 C. 1. CSJ., Sentencia de julio 4 de 1968. CSJ. Sentencia de 19 de diciembre de 2006. CSJ. Sentencia del veinticinco de enero de dos mil ocho. �La cesi�n o transferencia de acciones a cualquier t�tulo, aun cuando se trate de transacciones que se rijan por el derecho de preferencia, se subordinar� en todos los casos a la autorizaci�n previa y escrita qie (sic) TRANSMETRO S.A., la que se encontrar� sometida al cumplimiento de los requisitos y procedimientos previstos para tal efecto en el correspondiente Contrato de Concesi�n� (fls. 2 a 26 del cuaderno 1). Ver folio 167 del cuaderno uno. C.S.J. Sentencia de 13 de septiembre de 1994, citada en la sentencia de julio 27 de 1999 Exp. 5195. PAGE PAGE 19 LRSG.

Exp. 15-2010-00255 03 :Fsu��; P W X [ j � ) + A R � ��Ĳ�Ќ�{m{m{�_�Q�Q�Q�Q�h&O�CJOJQJ^JaJhw�CJOJQJ^JaJh&O�CJOJQJ^JaJ h8�h&O�CJOJQJ^JaJ#h8�h&O�CJOJQJ\�^JaJ&h8�h&O�5�CJOJQJ\�^JaJ#h8�h&O�5�CJOJQJ^JaJh8�h&O�5�^JaJ h8�h&O�CJOJQJ^JaJ h8�h&O�CJOJQJ^JaJh&O�CJOJQJ^JaJ;t�� [ \ � � =>KL�� &Fdhgd&O�$ �0�dh*$a$gd&O�dhgd&O�gd&O� $dha$gd&O� $dha$gd&O�dhgd&O�$a$gd&O�� <>KLQ��DO c } � ��*��sb� h��h&O�CJOJQJ^JaJ#h��h&O�6�CJOJQJ^JaJ h#Dhh&O�CJOJQJ^JaJh��CJOJQJ^JaJh&O�6�CJOJQJ^JaJ'jh&O�0JCJOJQJU^JaJh Y�CJOJQJ^JaJh8�h&O�5�^JaJ h8�h&O�CJOJQJ^JaJh&O�CJOJQJ^JaJ&��op��T U $$%%�%�%��gd&O� $dha$gd&O�$ &Fdha$gd&O�gd&O� $dha$gd&O��bfgh !��ѿ��ѿ��ѿ��ќ��yќ�h�hV�hы��#hB1�h&O�6�CJOJQJ^JaJ hB1�h&O�CJOJQJ^JaJ#hM:�h&O�6�CJOJQJ^JaJ h8�h&O�CJOJQJ^JaJ hM:�h&O�CJOJQJ^JaJ#h8�h&O�6�CJOJQJ^JaJ#h��h&O�6�CJOJQJ^JaJh&O�CJOJQJ^JaJ h��h&O�CJOJQJ^JaJh&O�6�CJOJQJ^JaJ!��G��T U �%�%�%�%�&�&S(�)�)�)��jY�Y�E�'jh&O�0JCJOJQJU^JaJ h� �h&O�CJOJQJ^JaJ)h� �h&O�5�6�CJOJQJ]�^JaJ#h� �h&O�5�CJOJQJ^JaJh�`�h&O�mH $sH $h&O�6�mH $sH $h&O�mH $sH $hfc�mH 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