Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 2003-01409

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Alvaro Fernando Garcia Restrepo

Fecha: 2005-09-14

Sujetos procesales: JAYCO LTDA / LUIS EDUARDO CAICEDO Y CIA S EN C.

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ANTECEDENTES Asistida por apoderado judicial, la sociedad JAYCO LTDA instaur� demanda en contra de LUIS EDUARDO CAICEDO Y CIA S. EN C. (LEC) para que previos los tr�mites del proceso ordinario de mayor cuant�a, en sentencia definitiva, se hagan las siguientes o similares declaraciones: Que se declare que la demandada, la sociedad Luis Eduardo Caicedo y CIA S. En C. se enriqueci� injustamente y sin causa, a expensas de Jayco Ltda. y que el patrimonio de �sta se empobreci� correlativamente.

Que se condene a la parte demandada al pago a favor de la demandante, de una suma de dinero equivalente al empobrecimiento patrimonial a que se refiere la primera pretensi�n, por los siguientes conceptos: a. Por las sumas pagadas por JAYCO LTDA por los gastos de administraci�n de los inmuebles de su propiedad, situados en la carrera 7� No. 10-72 y carrera 7� 10-54 de la ciudad de Cali. b. Por los frutos civiles que dichos inmuebles han debido producir desde el 7 de agosto de1977 y hasta la fecha en que tales inmuebles se le restituyan a la demandante. c. Por los intereses liquidados a la tasa m�xima permitida por la ley sobre las sumas a que hace referencia el literal a) desde las fechas en que tales gastos fueron pagados por la demandante hasta que la sociedad demandada efect�e su pago. d. Por los intereses liquidados sobre las sumas a que hace referencia el literal b) desde la fecha en que tales frutos debieron ser percibidos por la demandante hasta cuando se efect�e su pago por parte de la demandada. e. Por la actualizaci�n de las sumas a que hace referencia en los literales a) y b), derivada de la perdida del poder adquisitivo del peso colombiano, calculada y liquidada desde el 8 de agosto de 1977 hasta la fecha en que la demandada realice su pago.

Que se condene a la parte demandada a pagar las costas del proceso. Para sustentar las pretensiones, expuso en s�ntesis en la demanda como fundamentos, los siguientes hechos: El 8 de agosto de 1977, la sociedad JULIAN ALHACH Y CIA S. EN C. hoy JAYCO LTDA. Y LUIS EDUARDO CAICEDO Y CIA S. EN C. (LEC) celebraron un contrato de promesa de compraventa, por virtud del cual, aqu�lla prometi� transferir a �sta el derecho de propiedad sobre los siguientes inmuebles: Un local comercial de la carrera 7� No. 10-72 de la ciudad de Cali, departamento del Valle; el s�tano o planta baja del mismo, y un local para oficina ubicado en la carrera 7� 10-54, a los cuales corresponden los folios de matr�cula inmobiliaria n�meros 370-113043 y 370-113192, respectivamente.

En el contrato de promesa suscrito por las partes, se pact� como precio del inmueble la suma de $7�445.000.oo que se pagar�an as�: a) $1�445.000.oo a la firma de la promesa, b) La suma de $2�000.000.oo representada en dos letras de cambio, la primera a noventa d�as y la segunda a ciento veinte d�as contados a partir de la firma de la promesa c) La suma de $4�000.000.oo asumiendo la promitente compradora obligaciones de la promitente vendedora con la corporaci�n de ahorro y vivienda Colpatria por dicha suma.

La sociedad demandada �nicamente pag� la suma $3�445.000.oo a t�tulo de arras, quedando insoluto un saldo por $4�000.000.oo a su cargo. El aqu� actor instaur� una demanda ante el juzgado 22 civil del circuito, encaminada a obtener la declaratoria de nulidad de la promesa de compraventa y las consecuentes restituciones mutuas, y obtuvo sentencia favorable el 28 de enero 1987, que fue confirmada por el Tribunal Superior mediante providencia del 17 de octubre de 1987 En virtud de dicho proceso se orden� restituir los inmuebles objeto de debate con los frutos naturales y civiles que estos hubieran podido producir desde la fecha en que la demandada entr� en posesi�n de los mismos.

De igual forma, el demandante deb�a restituir a la parte demandada, la parte pagada del precio, esto es la suma e $3�445.000.oo junto con los intereses comerciales y la correcci�n monetaria. Las partes del proceso procedieron a iniciar los correspondientes incidentes tendientes a liquidar la �condena in genere� con fundamento en el art�culo 308 del c�digo de procedimiento civil, sin embargo, nunca llegaron a un acuerdo, por ello el t�rmino conferido por la norma, venci� y el Tribunal Superior de Bogot� consider� extempor�nea la liquidaci�n presentada por la demandante y declar� caducado el derecho reconocido in genere para reclamar las sumas a su favor por esa v�a procesal.

La sociedad demandada se ha enriquecido injustamente, pues durante todo el tiempo en que ha tenido en su poder los inmuebles mencionados en el hecho primero de la demanda, no ha pagado suma alguna por concepto de arriendos y gastos de administraci�n configur�ndose as� un enriquecimiento sin causa negativo. Desde la fecha en que la sociedad demandada ocupa los inmuebles de propiedad de JAYCO LTDA esta sociedad se ha visto empobrecida al verse privada del goce de tales inmuebles y al no haber recibido los frutos que estos hubieran podido producir.

As� mismo su patrimonio se ha mermado en la cuant�a de los gastos de administraci�n de tales inmuebles, que ha tenido que pagar a sus expensas. Ha sufrido un empobrecimiento en el patrimonio de esta, mientras que la sociedad demandada se ha enriquecido sin justa causa a expensas de Jayco Ltda. quien carece de cualquier otra acci�n para lograr el restablecimiento de su patrimonio.

LA ACTUACI�N PROCESAL Seg�n los t�rminos del auto proferido el 2 de junio de 1998, el a-quo admiti� la demanda y dispuso que el mismo prove�do fuera notificado a la parte demandada mediante su representante legal en forma personal y que se le corriera el traslado pertinente. Impuesto el representante legal de la parte demandada del contenido del auto antes referido mediante mandatario judicial, guard� silencio.

Fracasada la etapa de conciliaci�n, dispuesto lo relativo a las pruebas solicitadas por las partes y precluido el t�rmino procesal para la pr�ctica, las partes tuvieron oportunidad para alegar de conclusi�n y presentar sus res�menes, facultad de la que ambos hicieron uso para, en t�rminos generales, el apoderado de la parte demandada solicitar que se dicte sentencia a favor ya que la parte demandante no ha cumplido con lo estipulado en la sentencia proferida por el juzgado 22 civil del circuito, ya que no ha restituido el dinero pagado a la sociedad Jayco Ltda. en raz�n de la promesa suscrita entre las partes, por su parte el apoderado de la parte demandante insiste en los elementos de juicio que en defensa de sus derechos hab�a expuesto en cada una de las oportunidades en que tuvieron ocasi�n de intervenir en el proceso.

LA SENTENCIA IMPUGNADA Surtido el tr�mite procesal, culmin� la primera instancia con sentencia de fondo proferida el 26 de febrero del a�o 2003 en la que se negaron las s�plicas de la demanda y en consecuencia las pretensiones y se conden� a la parte actora al pago de las costas del proceso. Para arribar a estas determinaciones, el a-quo analiza la figura del enriquecimiento sin causa ya que su mayor soporte est� en la moral que debe regir las relaciones interpersonales de raigambre jur�dico, tambi�n en la causa l�cita que antecede a todo acto generador de derechos y obligaciones.

Significa que haya ganancia apreciable en dinero o ventaja patrimonial, bien sea positiva o negativa, o sea, no solo la adici�n de algo sino tambi�n el evitar el menoscabo patrimonial, surge claramente del desplazamiento patrimonial cuando hay carencia de causa, o sea de toda justificaci�n, surge entonces esta forma de fuente obligacional.

El car�cter subsidiario de esta figura, mira la situaci�n bajo el prisma de que el empobrecido, demandante, no tenga disponible para el reestablecimiento de su patrimonio ninguna otra v�a de defensa judicial. El a-quo niega las pretensiones de la demanda con base en que no se dan los anteriores requisitos, pues precisamente en el caso investigado, la causa es el contrato de promesa, as� se hubiera declarado su nulidad, pero adem�s, que la demandada ser�a poseedora del bien y para su recuperaci�n tendr�a la actora la acci�n reivindicatoria en la cual obtendr�a los frutos y dem�s prestaciones, pero que adem�s, si lo que pretende es la recuperaci�n de los inmuebles le queda la ejecuci�n de la sentencia en los t�rminos del art�culo 334 del c�digo de procedimiento civil.

EL RECURSO DE APELACI�N El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelaci�n contra el referido fallo, el cual sustent� en esta instancia manifestando que el a-quo desconoci�, tal como lo afirma la sentencia de primera instancia, que el enriquecimiento sin causa alegado no se origin� en el contrato de promesa de compraventa cuya nulidad fue declarada, sino en dos hechos: Uno que la demandante se vio forzada a pagar la totalidad de los gastos de administraci�n de los inmuebles, no solo durante el tiempo en que entreg� los bienes a la demandada, sino despu�s de la sentencia que declar� la nulidad de la promesa de compraventa y hasta el d�a de hoy, dichos gastos sin correcci�n monetaria, superan la suma de $30�000.000.oo m/c. y el otro hecho generador del enriquecimiento es el de los frutos que ha dejado de percibir JAYCO LTDA por estar los locales y oficinas en poder de LEC.

La promesa de compraventa regul� las condiciones en que la actora deb�a transferir a la demandada determinados bienes inmuebles. De ella result� que Jayco Ltda. entreg� a LEC unos locales comerciales y unas oficinas para que la segunda los disfrutara a partir del contrato de promesa, sin lugar al reconocimiento del canon de arrendamiento que hasta entonces ven�a pagando.

Este contrato nada estipula sobre la responsabilidad por las expensas comunes, pues era y es natural que ellas fueran cubiertas por quien ten�a y a�n tiene, el goce de los inmuebles, como de ordinario acontece en eventos como el que aqu� se describe. La prominente sociedad compradora ocupante de los inmuebles (LEC), resolvi� por s� y ante s�, hacer caso omiso de esta obligaci�n e imponer a Jayco la carga de pagar unas expensas que no deb�a, empobreci�ndose la actora en la medida en que efectuaba dichos pagos sin raz�n alguna.

Para resolver el presente litigio no puede partirse de la premisa de que en todos los casos en los que haya preexistido un contrato entre quien reclama por el enriquecimiento y quien se benefici� de �l, est� vedada la acci�n in rem verso. Es necesario adem�s, que el contrato mismo sea la fuente del enriquecimiento, o lo que es igual, del correlativo empobrecimiento.

En otras palabras, si el enriquecimiento se justifica por provenir de una prestaci�n expresamente pactada, es l�cito, otro tanto acontece, como es natural, con el empobrecimiento que proviene del cumplimiento de un contrato. Esta es la posici�n de todos los autores sin excepci�n. Si no se da esta relaci�n de causalidad entre el acuerdo de voluntades y el incremento patrimonial, mal puede tenerse el contrato como fuente del enriquecimiento.

Por otro lado, critica que el a-quo se�ale en su sentencia �Como quiera que en tal caso la demandada ser�a poseedora y para el reestablecimiento del equilibrio patrimonial la demandante cuenta con acci�n reivindicatoria � y considera que esta afirmaci�n deja al descubierto que el a�quo no conoce los antecedentes del proceso. Al observar la Sentencia del H. Tribunal Superior de Bogot�, fechada el 17 de octubre de 1987, para entender que LEC es a partir de dicha providencia una mera tenedora de los bienes a quien se reconoce el derecho de retenci�n, respecto del cual dice el Tribunal que, si como consecuencia de la liquidaci�n de frutos, capitales e intereses, la demandante le sale a deber alg�n saldo a la demandada, �sta gozar� del derecho de retenci�n hasta tanto no se le cancele ese saldo.

Bien sabido es que el derecho de retenci�n no confiere a su beneficiario el car�cter de poseedor. Y sobre lo afirmado con relaci�n a que si lo pretendido es la recuperaci�n de los inmuebles igualmente existe la v�a judicial correspondiente mediante la ejecuci�n de la sentencia establecida en los art�culos 334 y ss del C.P.C. sostiene que es evidente que de la lectura de la demanda que dio curso a este proceso, se entiende que la pretensi�n principal es la declaratoria de enriquecimiento sin causa de LEC y que la sentencia que declar� la nulidad del contrato de promesa de compraventa se profiri� antes de la vigencia del decreto 2282 de 1989 y por lo tanto fue una condena �in genere� la cual deb�a liquidarse en virtud de lo dispuesto en el art�culo 308 del c�digo de procedimiento civil, que dicho termino caduc� para Jayco Ltda. y que de acuerdo con lo anterior, si se pretendiera hoy en d�a ejecutar la referida sentencia, LEC podr�a perseguir las sumas resultantes de la liquidaci�n de la condena in genere, que en su caso si se realiz�, y Jayco Ltda. recuperar�a simplemente los inmuebles, entonces se pregunta qu� sucede con los frutos dejados de pagar por parte de LEC durante todo este tiempo.

Que la acci�n que prev� el art�culo 334 del c�digo de procedimiento civil no puede enmendar judicialmente el importante desequilibrio que se ha visto frente a la demandante durante todos estos a�os por los actos imputables a LEC. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Los presupuestos procesales se hallan reunidos, el fallador de primera instancia era el competente para conocer del proceso y la competencia funcional para desatar el recurso propuesto est� atribuida a este Tribunal, las partes son capaces, est�n representadas por apoderado judicial y la demanda es id�nea, cumple con los requisitos de forma.

El Tribunal, para desestimar la procedibilidad de la acci�n de enriquecimiento sin causa aducida por el demandante y confirmar, la sentencia de primera instancia proferida en el mismo sentido, tiene en cuenta como fundamento esencial que la citada actio in rem verso no procede cuando la persona que la instaura tuvo a su disposici�n otra acci�n para hacer la reclamaci�n del derecho pretendido, con prescindencia de la raz�n por la cual no se haya ejercido o se haya frustrado la misma, es decir, el car�cter residual de la acci�n. Sobre la acci�n de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, de anta�o la jurisprudencia colombiana ha precisado los requisitos que la estructuran, e invariablemente los ha considerado bajo la idea de que son acumulativos o concurrentes, y por lo tanto todos deben estar presentes para que esa acci�n pueda resultar exitosa.

Es reiterada la siguiente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: �"Sobre la acci�n de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso, de anta�o la jurisprudencia de esta corporaci�n ha precisado los requisitos que la estructuran, e invariablemente los ha considerado bajo la idea de que son acumulativos o concurrentes, y por lo tanto todos deben estar presentes para que esa acci�n pueda resultar exitosa.

Tales son: �1. Que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial, la cual puede ser positiva o negativa. Esto es, no s�lo en el sentido de adici�n de algo sino tambi�n en el de evitar el menoscabo de un patrimonio�. �2. Que haya un empobrecimiento correlativo, lo cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a expensas de �ste se haya efectuado el enriquecimiento.

Es necesario aclarar que la ventaja del enriquecido puede derivar de la desventaja del empobrecido, o, a la inversa, la desventaja de �ste derivar de la ventaja de aqu�l�. �Lo com�n es que el cambio de la situaci�n patrimonial se opere mediante una prestaci�n hecha por el empobrecido al enriquecido, pero el enriquecimiento es susceptible de verificarse tambi�n por intermedio de otro patrimonio�. �El acontecimiento que produce el desplazamiento de un patrimonio a otro debe relacionar inmediatamente a los sujetos activo y pasivo de la pretensi�n de enriquecimiento, lo cual equivale a exigir que la circunstancia que origina la ganancia y la p�rdida sea una y sea la misma�. �3.

Para que el empobrecimiento sufrido por el demandante, como consecuencia del enriquecimiento del demandado, sea injusto, se requiere que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jur�dica�. �En el enriquecimiento torticero, causa y t�tulo son sin�nimos, por cuyo motivo la ausencia de causa o falta de justificaci�n en el enriquecimiento, se toma en el sentido de que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no haya sido generada por un contrato o un cuasi-contrato, un delito o un cuasi-delito, como tampoco por una disposici�n expresa de la ley�. �4.

Para que sea legitimada en la causa la acci�n de in rem verso, se requiere que el demandante, a fin de recuperar el bien carezca de cualquiera otra acci�n originada por un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos�. �Por lo tanto, carece igualmente de la acci�n de in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdi� cualquiera de las otras v�as de derecho. �l debe sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia�. �5.

La acci�n de in rem verso no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposici�n imperativa de la ley� (G.J.T. XLIV, p�gs. 474 y (sic) 474). Dicha jurisprudencia ha sido reiterada en m�ltiples oportunidades como dan cuenta, entre otras, la Gacetas Judiciales XLVIII p�g. 130, L p�g. 40 y LXXXI p�g 731; y en el mismo sentido pero especialmente en torno al car�cter subsidiario de la acci�n, m�s recientemente en la Sentencia 124 de 10 de diciembre ce 1999 y en la sentencia de 28 de agosto de 2001, expediente 6673.� Ante la exigencia inevitable de la concurrencia de los anteriores requisitos para el �xito de la acci�n invocada, la Sala se detendr� en el estudio del car�cter subsidiario de la acci�n de enriquecimiento, cuya consideraci�n constituye el pilar fundamental del fallo impugnado, y del cual dedujo el sentenciador que como los demandantes tuvieron a su alcance otra acci�n no se abre paso la propuesta para dar inicio a este proceso.

En efecto, est� plenamente demostrado que la parte actora promovi� en su momento un proceso de ordinario, tambi�n contra Luis Eduardo Caicedo y CIA S en C. con el fin de obtener la nulidad de la promesa de compraventa y las consecuentes restituciones mutuas en el cual obtuvo sentencia favorable el 28 de enero de 1987, la cual fue confirmada por esta sala el 17 de octubre de 1987.

En virtud de la mencionada providencia la demandada fue condenada a la restituci�n de los inmuebles objeto de debate con todos sus frutos civiles y el demandante a restituir las sumas de dinero recibidas por concepto de precio junto con los intereses comerciales y correcci�n monetaria, dicha liquidaci�n deb�a realizarse conforme lo estatuye el art�culo 308 del c�digo de procedimiento civil vigente para la �poca del sentencia, sin embargo por parte de la actora y tambi�n aqu� demandante, se dej� caducar el derecho reconocido al no promover el incidente de regulaci�n de los perjuicios dentro de los t�rminos establecidos en la norma.

Aunque la norma aparezca realmente como inequitativa, es claro que la intenci�n del legislador es que la obligaci�n no permanezca indefinidamente indeterminada y que dentro del t�rmino que la misma norma se�ala se determine por medio de las pruebas que dentro del incidente se soliciten, allegue y practiquen, pero tambi�n, que si las partes abandonan sus derechos y no los ejercen dentro del t�rmino perentorio se�alado en la ley, caducan definitivamente los mismos.

Es decir, que no existe otra posibilidad para su reclamo, ni a�n la v�a del proceso ordinario, pues la norma es clara al establecer como sanci�n la extinci�n del derecho. As�, la norma dispon�a para la �poca: �Art. 308- Oportunidad y tr�mite de la liquidaci�n. Dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que imponga la condena in genere, o de la notificaci�n del auto que ordene cumplir lo resuelto por el superior, la parte favorecida deber� presentar por escrito, dentro del mismo proceso, una liquidaci�n motivada y especificada de la cuant�a de la respectiva prestaci�n, con solicitud de las pruebas que pretenda hacer valer.

Vencido dicho t�rmino, caducar� el derecho reconocido in genere, y el juez rechazar� de plano la liquidaci�n que se le presente.(�) �.y si no fuere posible fijar cuant�a alguna por falta de pruebas, declarar� extinguida la obligaci�n.� Lo anterior significa, sin duda alguna, que aun haciendo abstracci�n de la causa o motivo que dio lugar a la caducidad, que el demandante no carec�a de acci�n para hacer valer la reparaci�n del da�o que ahora pretende rescatar, pues el derecho puede morir por no presentar el incidente o por no lograr probar su cuant�a por falta de pruebas a�n habiendo promovido el incidente.

En ambos casos se pierde o extingue definitivamente el derecho sin que pueda hablarse de falta de causa, pues la sanci�n legal es causa suficiente para su p�rdida y la correlativa ganancia de su contraparte. Es decir, que la misma obligaci�n o derecho correlativo abort� por causa de abandono imputable a los interesado, ese hecho no es disputable en otro proceso, ni siquiera alegando el enriquecimiento.

En la misma forma existe jurisprudencia relacionada con la p�rdida del derecho por causa de la perenci�n, la cual se aplicaba en una segunda oportunidad como p�rdida del derecho en forma definitivamente como consecuencia del fen�meno procesal sin que pudiera proponerse la actio in rem verso, en la medida en que esta no es de car�cter alternativo sino subsidiario, y en que tampoco puede servir de medio evasivo de las consecuencias de la perenci�n. As� la caducidad que debi� afrontar la parte actora respecto de la inexistencia del incidente, no es un simple en un simple tecnicismo procesal de poca monta ni generador de oprobio o injusticia; se trata de una sanci�n contra el litigante descuidado, que cuando se decreta una prestaci�n en su favor tiene un t�rmino preciso para hacer su determinaci�n so pena de perder el derecho.

Igualmente ocurre con los derechos que se pierden por prescripci�n o las acciones que dejan de existir por caducidad, salvo cuando exista una norma legal que en concreto se dirija a establecer una acci�n diferente para los casos de acaecimiento de estos fen�menos, como en el caso de los t�tulos valores, que la misma ley comercial establece la acci�n de enriquecimiento para cuando los t�tulos valores prescriben o caducan, pero se aplica solo para esos casos porque es la ley la que la autoriza y no en la acci�n de enriquecimiento general que no renueva los derechos que han prescrito o caducado.

De all� que no le asista la raz�n a la parte impugnante, quien ha acudido a la acci�n de enriquecimiento sin causa, alegando que ya no puede ejercer otras acciones, pero sin parar mientes en que si ello sucede de ese modo no es por nada distinto de las consecuencias de la sanci�n procesal que antes le hab�a sido impuesta, de cuyos efectos letales no puede escapar, bajo el entendimiento equivocado de que el car�cter subsidiario de la acci�n in rem verso, se da tambi�n cuando fracasan por cualquier motivo, incluso imputable al demandante, las acciones que tuvo a su alcance.

Es obvio que, si as� fuera, de nada valdr�a que se establecieran otras acciones, como inanes devendr�an las reglas de la prescripci�n y la caducidad establecidas para �stas, las cuales quedar�an borradas o por lo menos ser�an f�cilmente burladas, en la medida en que siempre quedar�a el suced�neo de la acci�n de enriquecimiento sin causa. Por eso no viene al caso acudir a la manifestaci�n legal de la llamada acci�n de enriquecimiento cambiario establecida en el inciso final del art�culo 882 del C�digo de Comercio, prevista para cuando el acreedor deja caducar o prescribir el t�tulo valor que le ha sido entregado en pago de una obligaci�n anterior, la cual, si bien igualmente se extingue, no impide que se instaure acci�n contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de tales fen�menos extintivos; se trata justamente de una disposici�n expresa de la ley constitutiva de una excepci�n, la que, justamente por serlo, reafirma la tesis de que la regla general consiste en que cuando prescribe un derecho o se extingue una acci�n por caducidad no superviven sus efectos mediante el ejercicio de la acci�n in rem verso.

Por eso, aunque entre las partes se situ� un proceso ordinario encaminado a obtener la nulidad del contrato promesa de compraventa y que la sentencia favoreci� lo pedido, est� dicho en la misma demanda y en otras piezas procesales que la demandante JAYCO LTDA no realiz� la liquidaci�n de los frutos y derechos que ten�a en su favor con la sentencia obtenida en contra de Luis Eduardo Caicedo y CIA S en C, la cual a pesar de salir a su favor se frustr� por causa del decreto de caducidad de cuyos efectos legales y sustanciales se ha dado cuenta atr�s. De all� que en el caso presente proceso exista ya el derecho emanado de la tenencia del bien porque ello debi� liquidarse de otra manera y aunque la parte actora sostiene que ejecutando la sentencia solo obtendr�a la restituci�n del bien mientras que su contraparte podr�a obtener el pago del dinero dado como precio con todos sus intereses, considerando inequitativo ese hecho, es claro que su derecho no ha sido injustamente desconocido sino que se ha perdido como consecuencia de su inactividad.

De la misma forma, tal y como lo alega la parte actora, el bien se encuentra en manos de la sociedad demandada por virtud del derecho de retenci�n reconocido en la sentencia de segunda instancia, por lo cual, solo pagando las prestaciones que en la sentencia se impusieron a la demandante lograr�a la entrega, mientras tanto, aunque es claro que el retenedor no es poseedor como lo afirma el a quo, tampoco se podr� recuperar el bien ni podr� imponerse arriendos como lo han fijado los peritos.

Tampoco puede obtenerse el reconocimiento de los pagos de administraci�n de los bienes por cuanto a la propiedad horizontal en menci�n se aplic� la ley 182 de 1948 de acuerdo a la �poca en que se constituy� el r�gimen para el edificio, que consultando los certificados de registro tuvo su �ltima reforma el 9 de junio de 1981, y que en esa norma la obligaci�n de pagar los gastos de administraci�n corresponde exclusivamente al propietario, salvo acuerdo en contrario, el cual no se ha demostrado, es decir, que la obligaci�n surge de la propiedad y no de la tenencia como si existe en las normas actuales sobre propiedad horizontal.

As�, en el art�culo 5� inciso primero de la ley 182 de 1948 se establece: �Cada propietario deber� contribuir a las expensas necesarias a la administraci�n, conservaci�n y reparaci�n de los bienes comunes, as� como al pago de las prima de seguro, en proporci�n al valor de su piso o departamento, sin perjuicio de las estipulaciones expresas de las partes.� En el caso de los bienes objeto de proceso, si la parte actora no paga las cuotas de administraci�n responder� con sus propios bienes los cuales ser�n embargados para tal fin, de acuerdo con la normatividad aplicable, por lo tanto, la actora pag� sus propias deudas y no deudas ajenas, siendo su propia inactividad la que ha dado lugar a que permanezca la demandada con la tenencia del bien, la cual no es arbitraria sino proveniente de la sentencia que decidi� la nulidad y �sta proveniente del contrato de promesa de compraventa, por lo cual toda prestaci�n que se reclame entre las partes proviene de ese contrato y consecuencialmente de esa sentencia. Por eso no ostenta la actora legitimaci�n en la causa para invocar la acci�n in rem verso, en la medida en que siendo �sta subsidiaria no procede por el simple hecho de que fracase otra v�a instituida para el efecto y escogida precisamente por los demandantes y menos si ello ocurri� por causa de una sanci�n imputable a ellos.

En esos t�rminos, la soluci�n del caso en favor de los demandantes no puede dimanar de la aplicaci�n del principio de la equidad, como lo pretende el recurrente, en tanto que no puede hacerse abstracci�n de la regulaci�n legal existente en lo que concierne a la acci�n de enriquecimiento sin causa y a los efectos de la caducidad, sin la cual, valga decirlo, los impugnantes no hubieran tenido que acudir a este proceso.

En consecuencia, se confirmar� la providencia apelada por las razones expuestas en esta providencia y se condenar� a la actora al pago de las costas de la instancia. DECISI�N En raz�n y m�rito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C. en sala civil de decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley:

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida por el juzgado tercero civil del circuito de Bogot� D.C. el d�a 26 de Febrero del a�o 2003.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte apelante al pago de las costas en la segunda instancia. T�sense.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE Los Magistrados, ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA LIANA AIDA LIZARASO VACA Proyecto discutido y aprobado en sesi�n de sala de decisi�n del d�a 14 de septiembre del a�o 2005 PAGE  PAGE 10 Proceso ordinario Jayco Ltda. contra Luis Eduardo Caicedo y C�a S. en C. 03-19986797 01 7CPXY[ajk|����������� +. / H I K Y  < = � � ch������%&��H$J$a$b$���������������������ż��쳪�����������얈�h�=7h�E�5�CJ\�aJh{b5�CJ\�aJ h�E�>*h�3�h�t=5�CJ\�h�E�5�CJ\�h�E�6�CJ]�h�E�6�CJ\�]� h�E�\� h�E�5� h�E�5�\�h�h�t=h8lh�E� h�E�CJ h�E�OJQJ^J57BCD����������, ���������������$��dh^�`�a$gd�E� $dha$gd�E�$��dh`��a$gd�E�dhgd�E� $dha$gd�E�dhgd�E� $dha$gd�E� $dha$gd�E�gd�E�gd�E�gd�E� $dha$gd�E��|r}��, -. / H I J K X Y k l = @  � � rsdeA���������������������� ��dh^��gd�E� $dha$gd�E�dhgd�E� ��dh`��gd�E� $dha$gd�E� $dha$gd�E�AB@A�����EFHI�� !������`a������������������������$��dh`��a$gd�E� �dh`�gd�E�dhgd�E� ��dh`��gd�E�aPRSTmnl m � � G$H$I$J$a$b$p%q%�&�&�'�'���������������������� 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