��ࡱ�>�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���bjbj���� ;�������=�������� � ����8Q��L��99"[[[666npppppp� �i#pp66666p[[��^^^6�[[n^6n^^^[����p�E�c����^Z�0�^�#���#^�#^�66^66666pp^666�6666���������������������������������������������������������������������#666666666� �: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA CIVIL DE DECISI�N Magistrado Ponente OSCAR FERNANDO YAYA PE�A Bogot�, D. C., tres de junio de dos mil nueve (discutido en salas de septiembre 9 de 2008 y febrero 17 de 2009, aprobado en esta �ltima) 11001 3103 043 2004 00649 01 Se deciden los recursos de apelaci�n interpuestos por las partes contra la sentencia que el 20 de noviembre de 2006 profiri� el Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogot�, en el proceso ordinario promovido por PROCTOR LTDA, contra la CAJA DE COMPENSACI�N FAMILIAR CAMPESINA �COMCAJA, persona jur�dica privada sin �nimo de lucro.
ANTECEDENTES 1. La actora reclam�, con sus PRETENSIONES PRINCIPALES: 1�) que se declare que entre las partes se celebr� un contrato para la adquisici�n de terrenos y la construcci�n del colegio COMCAJA - ACAC�AS (Meta); 2�) que de acuerdo con el acta de liquidaci�n final del susodicho contrato, se condene a COMCAJA a pagar a la demandante: a) $63�784.226,54, por concepto de inventario de materiales comprados y suministrados a la obra; b) $135�783.734,40, saldo del valor real de los dise�os; c) $9�088.442,83, correspondiente al total de la liquidaci�n indemnizatoria de todo el personal de obra, y d) $10�655.848,80, por concepto de �disponibilidad de equipo a partir de la fecha del corte parcial de obra No. 4 a la fecha de la preacta de liquidaci�n de septiembre 30 de 1998�; 3a) condenar a la demandada a pagar los intereses de mora sobre las cantidades antes mencionadas, liquidados a partir de la fecha en que se elabor� el acta de liquidaci�n final del contrato al que se refiere la pretensi�n primera (octubre 9 de 1998).
Como PRIMERAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS, reclam� que se profirieran las siguientes declaraciones y condenas: 1) que entre las partes se celebr� un contrato para la adquisici�n de terrenos y construcci�n del colegio COMCAJA - ACACIAS; 2) que el demandante tuvo que modificar los dise�os inicialmente presentados y aprobados por COMCAJA y que se realizaron obras adicionales o mejoras, que fueron recibidas a satisfacci�n por la demandada, a las que COMCAJA est� obligada a pagar el valor del sobrecosto en que incurri� PROCTOR LTDA, tasado en $135�783.734; 3) que como consecuencia de la terminaci�n intempestiva del referido contrato, la actora sufri� un detrimento patrimonial de $83�528.518,17, discriminados as�: a) $63�784.226,54, inventario de materiales comprados y suministrados a la obra; b) $9�088.442,83, total de la liquidaci�n indemnizatoria de todo el personal de la obra; c) $10�655.848,80, a t�tulo de �disponibilidad de equipo a partir de la fecha del corte parcial de obra No. 4 a la fecha de la preacta de liquidaci�n de septiembre 30 de 1998�; 4) que las anteriores cantidades deben ser pagadas junto con los intereses de mora, a la tasa m�xima legalmente permitida, a partir de la fecha en que se elabor� el acta de liquidaci�n final.
A manera de SEGUNDAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS, la demandante implor� que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas: 1) que PROCTOR LTDA sufri� un detrimento patrimonial como consecuencia de las modificaciones que tuvo que realizar a los dise�os presentados inicialmente para el colegio en menci�n y por la realizaci�n de obras adicionales a las pactadas contractualmente, y que por tal motivo la demandada obtuvo un enriquecimiento injusto; 2) que se condene a COMCAJA a pagar a la actora el monto del aludido incremento injustificado, tasado en $135�783.734,40 por la variaci�n del dise�o de la obra, los estudios y elaboraci�n de dise�os finales de la misma y $63�784.226,54 por concepto del inventario de materiales comprados y suministrados a la obra, los que deber�n solucionarse con los intereses de mora liquidados a partir de la fecha del acta de liquidaci�n final del referido contrato de obra. 2.
HECHOS DE LA DEMANDA. Aleg� la actora que el 22 de julio de 1997, entre las partes se celebr� el contrato No. CO-0093-97 para la adquisici�n de terrenos y construcci�n del Colegio COMCAJA Acac�as Meta -Primera Etapa-, el que deb�a ejecutarse en un t�rmino de 10 meses, contado a partir de la fecha de iniciaci�n de las obras y de acuerdo con las caracter�sticas, especificaciones, acabados y �reas ofrecidos a COMCAJA en la propuesta presentada el 3 de junio de 1997, complementada el 14 de julio de 1997, cuyo costo se estipul� en $989�850.600, discriminados as�: a) valor del terreno $324�413.100 y b) valor de las obras a construir $665�437.500.
En la cl�usula 15� del rese�ado contrato, se pact� que se reconocer�a validez a convenios verbales relacionados con dicho negocio jur�dico y que las modificaciones al mismo se har�an por medio de �otro s� debidamente firmado por las partes. Los dise�os presentados inicialmente por PROCTOR fueron modificados en varias ocasiones a petici�n de COMCAJA, con el visto bueno del interventor de la obra que esta contrat�.
Posteriormente, en acta de mayo 5 de 1998 suscrita por el director administrativo de COMCAJA y el representante legal de PROCTOR, se formaliz� una adici�n presupuestal para la construcci�n del colegio de Acac�as (Meta), por un valor de $528�770.000, quedando de esta manera convenido que el precio total del contrato para la construcci�n y terminaci�n del Colegio Acac�as ser�a de $1.560�251.000.
Las obras se iniciaron el 22 de mayo de 1998, seg�n acta suscrita por funcionarios de COMCAJA y de PROCTOR LTDA. El 15 de julio de 1998, el director administrativo de COMCAJA inform� al Consejo Administrativo de esa entidad que se hab�an levantado unas obras complementarias que no estaban contempladas en la construcci�n de la primera etapa, pero que eran necesarias para el desarrollo de las actividades estimadas para el funcionamiento del colegio y que �el valor total de la inversi�n ascend�a a la suma de $2.000�000.000�.
Pese a ello, el Consejo Directivo de COMCAJA acept� que se continuara con la ejecuci�n del proyecto en menci�n. El 24 de septiembre de 1998, la demandada dio por terminado el contrato de construcci�n del colegio Comcaja de Acac�as (Meta), motivo por el cual PROCTOR decidi� liquidar dicho negocio jur�dico. El 9 de octubre de 1998 se levant� la denominada Acta de Liquidaci�n del contrato y su adici�n, suscrita por el representante legal de la Interventor�a R.B. de Colombia Ltda; la gerente nacional de vivienda de COMCAJA; el jefe de la divisi�n de construcciones de dicha caja de compensaci�n y el representante legal de PROCTOR.
En el precitado documento se relacionaron, a favor de la actora, las cantidades cuyo reconocimiento se reclama en las pretensiones principales de la demanda. A�adi� la actora que para el d�a de la liquidaci�n del contrato, COMCAJA le adeudaba la cantidad de $367�558.101,68, correspondiente a la sumatoria de m�ltiples conceptos representados en varias facturas que se aportaron como base de un proceso ejecutivo que impuls� PROCTOR contra la aqu� demandada. 3.
LA CONTESTACI�N DE LA DEMANDA. COMCAJA excepcion� cosa juzgada, objeto il�cito en las pretensiones, inexistencia de la obligaci�n, cobro de lo no debido, invalidez de los acuerdos verbales, �inaplicabilidad de indemnizaci�n de perjuicios por el inter�s positivo o de cumplimiento durante la �poca precontractual� y �compensaci�n obligacional y/o descuento de la eventual condena, de las sumas que han sido entregadas por COMCAJA a la demandante�.
Seg�n la demandada, la referida controversia fue definida con anterioridad seg�n providencia con la que se resolvi� un recurso de anulaci�n contra un laudo arbitral originado en los mismos hechos dados a conocer por su contraparte. Afirm� que como no se formalizaron mediante �otro s� las obras adicionales y los nuevos dise�os de la obra contratada, no le era factible disponer el reconocimiento y pago de las sumas originadas en tales conceptos.
A�adi� que no se presentaron los presupuestos requeridos para la configuraci�n del enriquecimiento sin causa alegado por la demandante.
4. LA SENTENCIA APELADA. Con ella se declararon impr�speras las precitadas excepciones y se acogieron las pretensiones principales, por lo que se conden� a COMCAJA a pagar a su contraparte las sumas contenidas en el acta de liquidaci�n del contrato de marras, suscrita el 9 de octubre de 1998, indexadas desde dicha calenda, m�s los intereses de mora liquidados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, a la tasa equivalente a 1.5 veces el inter�s bancario corriente.
Para desestimar la excepci�n de cosa juzgada, el juzgador a quo anot� que no se aport� el medio de prueba id�neo que permitiera determinar que la controversia ya se debati� en un proceso arbitral con anterioridad a la presentaci�n de la demanda. A�adi� que era factible el reclamo de los conceptos contenidos en el acta de liquidaci�n del contrato, por cuanto fue suscrita por funcionarios de COMCAJA respecto de los cuales no hab�a ninguna prohibici�n para obligarla contractualmente y que tampoco era menester agotar formalidad o solemnidad alguna para comprometer a la demandada por las sumas y conceptos relacionados con los nuevos dise�os y obras adicionales a las contratadas inicialmente, en tanto que el contrato de marras revest�a linaje consensual.
5. LOS RECURSOS DE APELACI�N. A. Retomando los argumentos f�cticos en que sustent� sus excepciones perentorias, la demandada se�al� que, contrario a lo que argument� el juez de primer grado, el contrato materia de controversia no ten�a como prop�sito la construcci�n de la escuela COMCAJA de Acac�as (Meta), sino �nicamente la primera etapa de dicha edificaci�n. Agreg� que no cab�a deducir obligaciones a su cargo, derivadas de obras adicionales levantadas con base en los nuevos dise�os a que hizo referencia el actor, porque sobre ellas no se dej� constancia en un �otro s� escrito, tal como se hab�a pactado en la cl�usula 15� de dicho negocio, ni se cont� con la previa aprobaci�n de la Superintendencia del Subsidio Familiar, cual lo exig�a el art�culo 71 del Decreto 341 de 1988.
Seg�n la demandada, el acta del 5 de mayo de 1998, en la que se hizo referencia a las supuestas obras adicionales carece de efectos vinculantes, porque no se trata de un �otro s� del contrato antes aludido; que si bien es consensual el contrato de obra en menci�n, a voces del art�culo 1500 del C�digo Civil era factible a las partes convenir algunas solemnidades, lo que implicaba, para el caso sub lite, que era perentorio acatar lo acordado por los contratantes en cuanto a la formalizaci�n, por escrito, que toda modificaci�n contractual requer�a. Insisti� el inconforme que el asunto sub lite se configur� el fen�meno de la cosa juzgada, porque una Sala de Decisi�n Civil de este mismo Tribunal, en anterior oportunidad, anul� un laudo arbitral que tuvo origen en los mismos hechos que se trajeron a colaci�n en el presente proceso ordinario, determinaci�n que se fundament� en que los actos que se realizaron por fuera de lo estipulado en el contrato inicial de obra carecen de legalidad.
Finalmente, se�al� que la sentencia apelada es incongruente porque el actor no solicit� la indexaci�n de las sumas reconocidas en la sentencia apelada. B. Por su parte, el demandante pidi� la modificaci�n del fallo impugnado con miras a que los intereses moratorios que a su favor reconoci� el juez a quo a partir de la ejecutoria de la sentencia por �l proferida se liquidaran desde el l 9 de octubre de 1998, fecha en la que se firm� el acta de liquidaci�n del contrato que dio origen a la presente controversia, o en subsidio, que se indexaran dichas cantidades, junto con sus intereses liquidados a la tasa del 6% anual.
CONSIDERACIONES 1. Verificada la presencia de los llamados presupuestos procesales y la ausencia de irregularidades que comprometan la validez de lo actuado, se decidir� de fondo el presente asunto. 2. La Sala encuentra pertinente pronunciarse de una vez sobre la excepci�n de cosa juzgada que plante� la demandada, desde luego que, de estar llamada a ser reconocida, los aspectos de la controversia sobre los cuales recayera dicha res iudicata estar�an de antemano definidos, de donde resultar�a inoficioso ocuparse de las dem�s defensas perentorias que formul� COMCAJA.
Con el anunciado prop�sito conviene memorar que frente a la aludida excepci�n de cosa juzgada el demandado trajo a cuento la sentencia con la que otra Sala de Decisi�n de este mismo Tribunal acogi� el recurso de anulaci�n interpuesto contra un laudo arbitral con el que se dirimi� una controversia suscitada entre las mismas partes con ocasi�n del desarrollo y la ejecuci�n del contrato de obra al que se viene haciendo referencia. Dos circunstancias frustran el �xito de la referida excepci�n siendo la primera, que la sentencia en cuesti�n no se aport� al plenario con arreglo a las prescripciones contenidas en el art�culo 254 del C. de P. C., pues se alleg� en copia simple (fls. 145 a 158, cdno. 1).
Lo segundo ata�e a un tema m�s de fondo, consistente en que esa sentencia con la que se desat� el referido recurso de anulaci�n concierne a pretensiones de sustrato y contenido por entero distintos de los atinentes a las pretensiones que en este proceso ordinario impetr� Proctor Ltda., circunstancia que, per se, imposibilita la concurrencia de identidades que para que prospere la excepci�n de cosa juzgada contempla el art�culo 332 del C. de P. C. Dicho con otras palabras, con las m�ltiples pretensiones incoadas por el aqu� demandante este persigue una indemnizaci�n de incidencia patrimonial derivada del trato contractual que entre las partes tuvo lugar, al paso que, como es sabido, lo ambicionado por antonomasia por quien formula contra un laudo arbitral un recurso de anulaci�n no es cosa distinta a que este se ajuste a las formalidades y dem�s pautas cuya omisi�n habilitan las causales que en forma taxativa la Ley contempla. 2.
Desechada la viabilidad de la excepci�n de cosa juzgada, el Tribunal encuentra procedente recordar que con sus pretensiones principales, el actor propendi� por el reconocimiento de los conceptos y cantidades dinerarias relacionados en el acta de liquidaci�n del contrato de obra que las partes celebraron el 9 de octubre de 1998, cuyos t�rminos est�n contenidos en documento que se aport� como anexo a la demanda (fls. 47 a 53), pedimentos que se imploraron con motivo de la terminaci�n unilateral del contrato de obra No. CO-0093-97 por la que opt� COMCAJA.
Tambi�n ya se anot� que frente a las mencionadas aspiraciones, el demandado excepcion� �objeto il�cito en las pretensiones de la demanda�, �inexistencia de la obligaci�n�, �cobro de lo no debido�, �invalidez de los acuerdos verbales�, inaplicabilidad de indemnizaci�n de perjuicios por el inter�s positivo o de cumplimiento durante la �poca precontractual�, defensas que en criterio de la Sala ameritan su an�lisis conjunto, pues en lo medular, se basan en la carencia de eficacia del acta de liquidaci�n del contrato atr�s aludida, dado que, en el criterio del excepcionante, los conceptos all� relacionados corresponden a trabajos adicionales y nuevos dise�os de obra que no fueron pactados en el contrato inicial, ni tampoco se acordaron en �otro s� o cl�usula adicional a dicho negocio, ni contaron con la aprobaci�n de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Puestas as� las cosas, ha de resaltarse lo siguiente: 3.1. A voces del art�culo 2056 del C�digo Civil, hay lugar, en principio, a que quien encarg� la obra deba reembolsar al art�fice o constructor los costos y el valor del trabajo hecho, as� como los que hubiera podido ganar con la obra, todo de acuerdo con los t�rminos contractuales. Tambi�n es sabido que, por regla, el contrato de obra es por naturaleza consensual, bastando el consentimiento de las partes para su perfeccionamiento.
No obstante, la Ley posibilita que al celebrarse dicha clase de contratos, las partes acuerden la formalizaci�n de algunas solemnidades para que determinados actos surtan efectos, cl�usula que prima facie no amerita censura (art. 1602, C. Civil). Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que �es del resorte de los contratantes revestir de formalidades los negocios jur�dicos que por ley carecen de ellas, puesto que atendiendo motivaciones de seguridad o certeza, pueden condicionar la existencia de tales actos a la presencia de las solemnidades que acuerden.
Y en este orden de ideas, mientras no se cumpla con la formalidad acordada, no se puede decir que el contrato exista� (sents. del 17 de noviembre de 1993, exp. 3885 y del 12 de agosto de 2002, exp. 6151). Dentro del panorama as� descrito, cabe se�alar que en armon�a con los art�culos 54 (num. 2�) de la Ley 21 de 1982 y 71 del Decreto 341 de 1988, el proyecto de adquisici�n de terrenos y construcciones del colegio COMCAJA Acac�as (Meta), normatividad que trajo a colaci�n el apelante, deb�a ser sometido a previo estudio y aprobaci�n por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar lo que a la saz�n hizo esa autoridad, seg�n lo comunic� al juzgado de primera instancia, aludiendo al oficio No. 4980 de 1997 que la Superintendencia dirigi� a la demandada (ver fls. 408 a 411, cdno. 1), advirti�ndole, perentoriamente, que �� no podr�n efectuarse sin el previo pronunciamiento de esta Superintendencia cambios en las especificaciones t�cnicas, monto o desarrollo de la aprobaci�n antes impartida� (fl. 411). 3.2.
Fue bajo estas pautas que el 22 de julio de 1997 se celebr� el negocio jur�dico que guarda relaci�n con este litigio, mediante el cual se acord� la construcci�n, por parte de Proctor Ltda., de la primera etapa del Colegio Comcaja-Acac�as (Meta), en un inmueble que aqu�l enajenar�a (a t�tulo de venta) a COMCAJA, todo seg�n caracter�sticas, especificaciones, acabados y �reas ofrecidos por el contratista en propuesta de fecha 3 de junio de 1997, complementada con comunicaci�n del 14 de julio de 1997 (fls. 3 a 7 cdno. 1), debi�ndose resaltar, en lo que ofrece enorme incidencia en la suerte final de este litigio, que en la cl�usula 15� del rese�ado contrato de obra se estipul� que las modificaciones a las condiciones iniciales de dicha convenci�n, ��se har�n por medio de otros� al mismo debidamente firmado por el contratista y COMCAJA� (fl. 6 cdno. 1).
El documento que contiene la propuesta antes mencionada y las caracter�sticas de la construcci�n de la primera etapa del plantel educativo en menci�n, lo aport� el demandante en copia aut�ntica (fls. 1 a 11, cdno. 3); en �l se expuso que la primera etapa del referido plantel educativo comprend�a una piscina, cimentaci�n, estructura, desag�es y redes, mamposter�a, pa�etes, pisos y bases, instalaciones el�ctricas, sanitarias, enchapes y accesorios, obras sobre las cuales, acota la Sala, oper� una ulterior variaci�n, como quiera que seg�n actas de dise�o de obra que fueron suscritas durante los meses de septiembre y noviembre de 1997 y febrero de 1998 por el representante legal de Proctor Ltda. y algunos funcionarios de COMCAJA que no llevaban su representaci�n legal (fls. 8 a 17 cdno. 1), a las especificaciones iniciales se hicieron modificaciones, concretamente, en lo que concierne a la ampliaci�n de las dimensiones de la piscina, de la zona de administraci�n y de las aulas escolares.
Despu�s, mediante acuerdo del 5 de mayo de 1998 (ver acta signada por el director administrativo de COMCAJA y el representante legal de Proctor), se dej� constancia sobre la necesidad de incrementar el precio del contrato a $1.560�251.000, para financiar la construcci�n de unas obras adicionales a las primigenias y los gastos en que habr�a incurrido el demandante en la elaboraci�n de los nuevos dise�os de la obra a su cargo y se dispuso que ello quedar�a plasmado en otros� al contrato del 22 de julio de 1997 (fl. 27, cdno. 1), estipulaci�n adicional cuya verificaci�n no fue probada por la parte actora, cual era de su incumbencia (art. 177, C. de P. C.).
A�ade el Tribunal que fue con base en ese pacto de mayo 5 de 1998 que se efectu� una pretendida liquidaci�n del negocio materia de controversia (acordada seg�n documento privado expedido el 9 de octubre de 1998, que no firm� el representante legal de COMCAJA, aunque s� la gerente nacional de vivienda y el director de la divisi�n de construcciones de esa misma entidad), liquidaci�n que sirvi� de base al demandante para determinar las sumas y conceptos reclamados en sus distintas pretensiones, principales y subsidiarias.
Sin embargo, los cambios a las especificaciones iniciales de la obra contratada y al objeto del contrato de marras no fueron dados a conocer para su estudio y aprobaci�n a la Superintendencia del Subsidio Familiar, cual lo exigen los art�culos 54 (num. 2�) de la Ley 21 de 1982 y 71 del Decreto 341 de 1998, con lo que se dej� de verificar uno de los requisitos fundamentales para que, por la v�a contractual, Proctor Ltda. pudiera exigir a su contraparte el reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de aquellos cambios sobrevinientes. 3.3.
Para refrendar lo asertado en el p�rrafo anterior, observa el Tribunal que en lo que ata�e a las modificaciones de la obra contratada, las descritas en las actas de dise�o que aport� el actor como anexos a las que se hizo referencia en l�neas anteriores, no se cumpli� con lo estipulado en la cl�usula 15� del contrato de obra tantas veces mencionado, cual era hacerlas constar en otros� a dicha convenci�n. Resulta as� inocuo, frente a las aspiraciones planteadas por el demandante en forma principal (y a�n en sus primeras pretensiones subsidiarias, seg�n se ver� despu�s), que de alguna manera las partes hubieran podido �convenir� los aludidos cambios en virtud del acuerdo del 5 de mayo de 1998, por cuanto �ste no tiene el car�cter de �otros� al contrato de marras y porque en el documento que contiene ese convenio, se indic� con claridad que los cambios all� referidos se har�an constar a trav�s de una cl�usula adicional que jam�s se suscribi�, todo esto aunado a que, como se explic� precedentemente, era necesaria la previa aprobaci�n de la Superintendencia del Subsidio Familiar para su ejecuci�n. Adem�s, que el interventor hubiere suscrito la aludida acta de liquidaci�n del contrato de obra (elaborada el 9 de octubre de 1998), es asunto que tampoco le otorga efectos vinculantes a lo all� convenido, porque esa r�brica no suple las formalidades echadas de menos por el Tribunal, ni tiene la virtud de comprometer a la demandada, m�xime si se tiene en cuenta que en el respectivo contrato de interventor�a no se estableci�, como una de las obligaciones o facultades del interventor, ni la firma ni la aprobaci�n, a nombre de COMCAJA, del acta de liquidaci�n de dicho contrato (ver fls. 18 a 22, cdno. 1).
A fuerza de lo anterior, se revocar� la providencia apelada en cuanto con ella fueron acogidas, sin haber lugar a ello, las pretensiones que en forma principal formul� Proctor Ltda., con miras a hacer efectivas las acreencias que en su favor se consignaron en el acta de liquidaci�n de octubre 9 de 1998, situaci�n que impone al Tribunal pronunciarse sobre las aspiraciones que, en subsidio, impetr� la misma demandante.
A esta altura del discurso, es necesario hacer referencia a que no puede tener �xito la apelaci�n adhesiva que formul� el demandante, en procura de un incremento en el monto de los intereses reconocidos por el juez a quo si, como reci�n se explic�, no hab�a lugar a acoger las pretensiones principales. 4. La Sala se ocupar�, a continuaci�n, de la suerte que ameritan las pretensiones subsidiarias elevadas por la parte actora. 4.1.
Con sus primeras pretensiones subsidiarias busca el actor que se declare a cargo de la demandada la obligaci�n de pagarle el valor de los sobrecostos en que supuestamente incurri�, como consecuencia de la modificaci�n de los dise�os iniciales de la obra contratada y las obras adicionales a las contempladas en el contrato de obra que motiv� esta controversia.
Se denegar�n las se�aladas pretensiones, dado que los montos all� reclamados corresponden a los mismos conceptos y cifras que la misma demandante ambicionara con sus pedimentos principales, esto es, los que se especificaron en el acta de liquidaci�n del contrato fechada el 9 de octubre de 1998. Como se expuso precedentemente, tales modificaciones de los dise�os iniciales y las obras adicionales, am�n de no haber sido contempladas en el contrato que se celebr� el 22 de julio de 1997, tampoco se estipularon en ning�n otro s�, cual se convino en el contrato de obra (estipulaci�n No. 15), ni se obtuvo aprobaci�n previa de la Superintendencia de Subsidio Familiar seg�n lo mandan los art�culos 54 (2�) de la Ley 21 de 1982 y 71 del Decreto 341 de 1988.
El despacho adverso de estas pretensiones impone el estudio de las que, tambi�n en forma subsidiaria, interpuso Proctor Ltda. 4.2. De las pretensiones segundas subsidiarias ya se dijo que con ellas se reclam� que se declarara que Comcaja se enriqueci� injustificadamente en tanto que no pag� a su hoy demandante el sobrecosto que involucr� la variaci�n de los dise�os de obra y la edificaci�n de obras adicionales a las pactadas, lo cual, por contera, involucr� un detrimento patrimonial del actor.
Sobre la acci�n de enriquecimiento sin causa, �de anta�o la jurisprudencia de esta Corporaci�n ha precisado los requisitos que la estructuran, e invariablemente los ha considerado bajo la idea de que son acumulativos o concurrentes, y por lo tanto todos deben estar presentes para que esa acci�n pueda resultar exitosa. Tales son: 1- que exista un enriquecimiento, es decir que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial (�) 2- que haya un empobrecimiento correlativo ( ), el acontecimiento que produce el desplazamiento de un patrimonio a otro debe relacionar inmediatamente a los sujetos activo y pasivo de la pretensi�n de enriquecimiento, lo cual equivale a exigir que la circunstancia que origina la ganancia y la p�rdida sea una y sea la misma. 3- que el desequilibrio entre los dos patrimonio se haya producido sin causa jur�dica ( ) 4- que el demandante a fin de recuperar el bien carezca de cualquier otra acci�n originada por un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos.
Por lo tanto, carece igualmente de la acci�n de in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdi� cualquiera de las otras v�as de derecho. El debe sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia. 5- no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposici�n imperativa de la Ley� (CSJ, sent. 7 de junio de 2002, exp. 7360).
En el caso concreto, seg�n documentos que obran a folios 8 a 17 del cuaderno principal, las partes celebraron varias reuniones en las que se levantaron unas �actas de dise�o�, que dieron cuenta de discusiones relacionadas con las variaciones del dise�o arquitect�nico de la primera etapa del �Colegio Comcaja� de Acac�as (Meta). As� mismo, se aport� copia de la ficha t�cnica para la modificaci�n del proyecto de construcci�n del mencionado colegio, ficha que elabor� la entidad demandada el 15 de julio de 1998, en la que se dej� constancia de los cambios a la construcci�n, como es la inclusi�n de aulas no contempladas en el proyecto inicial (fls. 32 a 38, cdno. 1).
De acuerdo con documentales aportados por el representante legal de la demandante en la diligencia de exhibici�n de documentos, los d�as 10 y 31 de julio de 1998, y 1� de septiembre del mismo a�o, se suscribieron actas de entrega parcial de obra por parte del interventor del contrato y el representante legal de la demandante (fls. 13, 41 a 42, 47 a 48 y 49 a 50, cdno. 3), en los que se dej� constancia del costo de los trabajos realizados y del saldo que subsist�a a favor del contratista para la �poca de cada una de estas entregas.
Ahora, en el �acta de liquidaci�n del contrato No. CO-0093-97� del 9 de octubre de 1998, suscrita por el representante legal de Proctor Ltda; por la gerente de vivienda y por el jefe de la divisi�n de construcciones de COMCAJA, as� como por el interventor (fls. 285 a 291, cdno. 1), se hizo referencia en reiteradas oportunidades a la modificaci�n de los dise�os de obra inicialmente pactados y a la ejecuci�n de obras adicionales a las contratadas.
All� tambi�n se precis� que el saldo a favor del constructor (Proctor Ltda.), como consecuencia de la variaci�n de los dise�os de obra era de $135�783.734,40; que el aqu� demandante ejecut� obras adicionales con un costo de $115�641.960,47 y que el costo de los materiales adquiridos y suministrados a la obra por el actor alcanzaba la suma de $63�784.226,54.
Algunos de esos montos, concretamente el de las obras adicionales y la materia prima se tomaron con base en documentos suscritos por el representante legal del actor y la entidad interventora en septiembre 29 de 1998 y octubre 6 del mismo a�o, los que se adosaron a la precitada acta (fls. 292 a 311, cdno. 1). Lo expuesto en l�neas precedentes significa, sin m�s, que COMCAJA obtuvo una ventaja patrimonial por el hecho de aceptar los cambios en los dise�os arquitect�nicos de la primera etapa del �Colegio Comcaja Acac�as�, y recibir las obras adicionales a las previstas inicialmente en el contrato No. CO-0093-97 que realiz� Proctor Ltda, pese a que no fueron pactadas para la fecha de celebraci�n del precitado contrato de obra, ello por cuanto la construcci�n que parcialmente levant� su contraparte se constituye en un activo que ingres� al patrimonio de la sociedad demandada, siendo previsible un incremento en el precio del inmueble sobre el que se estaba realizando la construcci�n. Entonces, como quiera que los costos de la obra adicional recibida por COMCAJA y de la modificaci�n de los dise�os arquitect�nicos no fueron pagados a Proctor Ltda, se suscit� un detrimento correlativo en contra de la demandante quien para ello invirti� importantes recursos log�sticos y pecuniarios sin recibir ning�n reconocimiento de parte de quien en esa forma se benefici� patrimonialmente.
Cabe anotar que la actio in rem verso que aqu� se analiza es procedente, pues en adici�n a lo dicho, las acciones contractuales que pudieran asistir al empobrecido no eran id�neas, muestra elocuente de lo cual lo constituye la suerte adversa que para el Tribunal ameritaban las pretensiones principales y primeras subsidiarias, seg�n a espacio qued� explicado.
Cumple a�adir que la excepci�n de �compensaci�n obligacional y/o descuento de la eventual condena, de las sumas que han sido entregadas por COMCAJA a la demandante con ocasi�n de los hechos que dan origen a la demanda�, defensa que formul� la demandada, no estaba llamada abrirse paso por cuanto no obra elemento de juicio que permita colegir que COMCAJA realiz� alg�n abono imputable a los conceptos reclamados en las pretensiones segundas subsidiarias y menos por las cantidades aludidas por la demandada en su escrito complementario de contestaci�n a la demanda reformada (fls. 245 a 248, cdno. 1).
A estos respectos la excepcionante abandon� la carga de la prueba que sobre ella gravitaba, pues por su ausencia brilla cualquier elemento de juicio corroborante del sustrato f�ctico de la susodicha defensa perentoria. As� las cosas, ante la prosperidad de la acci�n de enriquecimiento sin causa, se reconocer� a la demandante la suma de $135�783.734,40, correspondientes al sobrecosto en que incurri� con motivo de la variaci�n del dise�o de la obra contratada en el contrato No. CO-0093-97, as� como los estudios y elaboraci�n de dise�os finales de la labor entregada a COMCAJA, m�s $63�784.226,54, valor de los materiales adquiridos por el demandante y destinados a la obra, que quedaron a disposici�n de COMCAJA a la terminaci�n de la relaci�n contractual que otrora vinculara a las partes, todo ello seg�n documento de liquidaci�n del contrato en menci�n firmado el d�a 9 de octubre de 1998.
A eso, adem�s, limit� la demandante sus pretensiones subsidiarias. Tambi�n el Tribunal reconocer� intereses civiles legales (al 6%) anual sobre los montos por los que se condenar� a la demandada, liquidados a partir del 9 de octubre de 1998, fecha en que se efectu� la pluricitada liquidaci�n de la obra, hasta que se verifique su pago, debi�ndose advertir a este �ltimo respecto, que la demandante no pidi� la indexaci�n de las rese�adas cifras capitales y que los intereses comerciales no resultan aplicables en esta oportunidad, dada la fuente extracontractual de la que deriva la condena que con este fallo se impondr� a la demandada. 5.
En resumidas cuentas, la Sala revocar� el fallo impugnado y a diferencia de las dem�s pretensiones, acoger� las que impetr� la actora como segundas subsidiarias, lo cual conduce a condenar a la demandada en los t�rminos consignados en el numeral 4� de estas consideraciones. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, RESUELVE 1.
REVOCAR la sentencia de fecha y procedencia anotadas. En su lugar, se declaran probadas las excepciones de �invalidez de los acuerdos verbales�, en relaci�n con las pretensiones principales y primeras subsidiarias que incoara Proctor Ltda. Como consecuencia de lo anterior, no prosperan las referidas s�plicas. 2. Se desestiman las excepciones que formul� el demandado, en relaci�n con las pretensiones segundas subsidiarias que impetrara su contraparte, raz�n por la cual se acogen esas pretensiones y se declara que COMCAJA obtuvo un enriquecimiento injustificado a costa de Proctor Ltda., como consecuencia del no pago de los $135�783.734,40 que se invirtieron en la realizaci�n de estudios y elaboraci�n de dise�os finales que variaron los iniciales de la obra materia del contrato No. CO-0093-97, y de $63�784.226,54, por los materiales comprados por Proctor Ltda. para la realizaci�n de la obra correspondiente al proyecto �Colegio Comcaja� Acac�as (Meta). 3.
En consecuencia, se condena a COMCAJA a pagar a Proctor Ltda, las cantidades referidas en el p�rrafo anterior junto con los intereses legales (al 6% anual), causados del 9 de octubre de 1998, hasta la fecha de pago de las aludidas sumas de capital. 4. Costas de ambas instancias a cargo del demandado en un 50%. Las de esta instancia, liqu�dense por la secretar�a del Tribunal.
Cumplido, devu�lvase la actuaci�n al juzgado de origen. Notif�quese y c�mplase Los Magistrados, OSCAR FERNANDO YAYA PE�A MAR�A PATRICIA CRUZ MIRANDA MARCO ANTONIO �LVAREZ G�MEZ RECAPITULACION A manera de resumen, la apelaci�n formulada por COMCAJA prosperar� en lo que concierne con el reconocimiento por parte del juez a quo de las pretensiones principales de la demanda y las pretensiones primera subsidiarias, pues los conceptos cuya declaraci�n all� se persigui� no tuvieron origen en modificaciones al contrato suscrito entre las partes, protocolizadas en un �otro s� a dicha convenci�n, ni contaron con la aprobaci�n de la Superintendencia del Subsidio Familiar cual lo impon�a el art�culo 71 del Decreto 341 de 1988.
Sin embargo, las pretensiones segundas subsidiarias ser�n acogidas por el Tribunal. Por lo tanto, se declarar� que COMCAJA obtuvo un indebido incremento patrimonial con el correlativo detrimento para la sociedad Proctor Ltda., como consecuencia del no pago a favor de esta �ltima de la suma de $135�783.734,40 que invirti� por concepto de la realizaci�n de estudios y elaboraci�n de dise�os finales que variaron los iniciales de la obra materia del contrato No. CO-0093-97, y de $63�784.226,54 por los materiales comprados por Proctor Ltda. para la realizaci�n de la obra correspondiente al proyecto �Colegio Comcaja� Acac�as (Meta).
Se condenar� a COMCAJA al pago de los montos aqu� descritos junto con los intereses comerciales moratorios liquidados a la tasa m�xima permitida de acuerdo con el art�culo 884 del C�digo de Comercio, a partir del 9 de octubre de 1998 y hasta que se verifique el pago total de los mismos. Se desestimar� la excepci�n de �compensaci�n obligacional y/o descuento de la eventual condena, de las sumas que han sido entregadas por COMCAJA a la demandante con ocasi�n de los hechos que dan origen a la demanda� propuesta por la citada entidad, en relaci�n con las pretensiones segundas subsidiarias y atendiendo lo expuesto en l�neas precedentes. 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