��ࡱ�>�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������% ��c�bjbj%�%� 2�G�G�T�������l ~!~!~!8�!�!lX3J"J"`"`"`"`"`"`"�0�0�0�0511�2��2$t4 �6��2 `"`"`"`"`"�2`$ `"`"3`$`$`$`"� `" `"�0`$`"�0`$~`$�0 �0`">"E��h��`~!�#�0�0(30X3�0(7�#j(7�0`$ � Rep�blica de Colombia Rama Judicial TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� - SALA CIVIL Bogot�, D. C., MAGISTRADA PONENTE: ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO.
RADICACI�N: No. 110013103010200200650-01. RAD. INTERNA 2075. PROCEDENCIA: JUZGADO 10� CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA. DEMANDANTE: GONZALO JIMENEZ RUIZ. DEMANDADO: CENTRO COMERCIAL Y RESIDEN- CIAL BARICHARA, MARIA TERESA S�NCHEZ Y/O. CLASE DE PROCESO: ABREVIADO (ACCION POPULAR) MOTIVO DE ALZADA: APELACI�N SENTENCIA. FECHA DISCUSI�N Y APRO- CI�N PROYECTO: ASUNTO Procede el Tribunal a desatar el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte pasiva, contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado 10� Civil del Circuito de Bogot�, el d�a 13 de septiembre de 2004.
ANTECEDENTES El se�or GONZALO JIMENEZ RUIZ, promovi� acci�n popular en contra de los copropietarios y administradores del complejo BARICHARA, ubicado en la Calle 19 No.3-10 (Torre B), Calle 19 No. 3-50 (Torre A), Calle 19 No. 3-16 y Carrera 4 No. 19-20 (Centro Comercial, �rea de oficinas, educaci�n y parqueadero), representados por sus administradores TERESA S�NCHEZ (Torre B), MIGUEL ANTONIO PARRA CORONADO (Torre A) y GERMAN A. FUENTES BACA (Centro comercial y parqueadero) o quienes hagan sus veces al momento de la notificaci�n de la acci�n; en procura de lograr la protecci�n de los derechos a la seguridad y salubridad publica, a la seguridad y prevenci�n de desastres, la realizaci�n de construcciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jur�dicas de forma ordenada, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
El accionante funda la causa pretendi en el peligro que ocasiona para la vida e integridad f�sica de las 5600 personas que conforman la poblaci�n fija y flotante de los edificios denunciados, el incumplimiento y violaci�n de las normas de seguridad establecidas en el C�digo de Construcci�n y el de Edificaci�n por parte de los propietarios y administradores del complejo BARICHARA, ubicados en la calle 19 No 3-10, 3-16, 3-50 y carrera 4 No 19-20 de Bogot�; de igual forma, se�al� que las edificaciones BARICHARA incumplieron con las medidas dictadas por el Cuerpo de Bomberos y la Inspecci�n 3 A Distrital de Polic�a, referente a la protecci�n contra incendios y medios de evacuaci�n de orden distrital incluidos en el C�digo de Edificaci�n, en concordancia con las normas urban�sticas y el C�digo de Polic�a; arguye tambi�n, que en consideraci�n a la clasificaci�n urban�stica del sector, las edificaciones no han adecuado sus instalaciones a las normas del C�digo de Edificaci�n, sobre todo en lo que ata�e los medios de detecci�n y extinci�n de incendios, medios de evacuaci�n y sistemas de ventilaci�n. Como soporte de lo aludido, el actor aporta un informe rendido por el Departamento de Bomberos y el expediente No. 7131 de la Inspecci�n 3 A Distrital de Polic�a, argumentando adem�s que debe verificarse que el cambio de uso de la celda de Telecomunicaciones que opera en los edificios de la accionada, se adecue a los liniamientos de la Ley 100 de 1997, de no ser as� requiere que se ordenen las adecuaciones de la ley en menci�n a efectos de proteger las garant�as de los usuarios de telefon�a celular, cuyas empresas tengan locales en los edificios accionados.
ACTUACION SURTIDA Subsanada la demanda se admiti� por auto del 12 de julio de 2002, disponiendo el traslado a la pasiva, y la publicaci�n de un extracto del libelo en un diario de amplia circulaci�n. As� mismo se dispuso la notificaci�n del Defensor del Pueblo y a la Secretaria de Gobierno del Distrito (folio 130 C.1). El extremo pasivo, mediante apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda y formul� las excepciones de merito denominadas: falta de legitimaci�n por pasiva, indebida notificaci�n y excepci�n gen�rica (folio 227 y ss C.1).
Llegada la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia especial de pacto de cumplimiento de que trata el articulo 27 de la ley 472 de 1998, no se logr� acuerdo alguno (folios 255 y 261 C.1). En torno a la excepci�n de �falta de legitimaci�n por pasiva�, la accionada manifest� que la acci�n se dirigi� en contra de TERESA SANCHEZ, MIGUEL ANTONIO PARRA y GERMAN A. FUENTES, quienes son solo coordinadores en el trabajo de administraci�n del centro comercial, pero que en manera alguna tienen la representaci�n del complejo accionado; adem�s, arguye que debieron ser notificados todos los copropietarios de los edificios, ya que fueron enlistados tambi�n como accionados.
Respecto de la excepci�n de �indebida notificaci�n�, aducen los accionados que la notificaci�n del representante legal debi� efectuarse como prescribe el C�digo de Procedimiento Civil, personalmente. Como excepciones previas se formularon las de �incapacidad o indebida representaci�n� y �por no haberse presentado prueba de la calidad de administrador de comunidad�, cuya decisi�n se abord� y tom� en la sentencia apelada.
Por auto del 10 de marzo de 2003 se abri� apruebas el juicio, decret�ndose como tales la documental aportada por las partes, oficiar al Cuerpo de Bomberos, a la Administraci�n de las copropiedades demandadas y a la Alcald�a Local, seg�n lo pedido a folios 67 y 68 C.1; e inspecci�n judicial sobre la realizaci�n de trabajos de adecuaci�n adelantados en el centro comercial y residencial demandado (folios 260 y 266 C.1).
Agotado el t�rmino probatorio se corri� traslado para alegatos de conclusi�n, derecho de cual hicieron uso las partes ratificando sus planteamientos f�cticos y jur�dicos para la prosperidad de la acci�n y su defensa (folios 439 a 451 C.1). LA SENTENCIA IMPUGNADA El juez del conocimiento declar� en sentencia que el Centro Comercial y Residencial Barichara, en sus instalaciones ubicadas en la calle 19 n�meros 3-50/10/16 de esta ciudad, esta vulnerando los derechos colectivos de �la seguridad y salubridad publicas�, �el derecho a la seguridad y prevenci�n de desastres previsibles t�cnicamente� y �la realizaci�n de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jur�dicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes�; ordenando al Centro Comercial y Residencial Barichara adelante las obras tendientes a lograr la adecuaci�n de su estructura para la prevenci�n, control, seguridad y protecci�n contra incendios de las torres A, B, zona comercial y zona de parqueaderos; dando cumplimiento a las obras y adecuaciones enlistadas en el numeral segundo del folio 39 del expediente, para lo cual le concede el termino de 120 d�as h�biles siguientes a la notificaci�n del fallo; de igual forma orden� al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogot� que rinda informe mensual al despacho, en el que se indique si la accionada ha cumplido con la orden impartida; y a la Alcald�a de este Distrito que ejerza el control y vigilancia sobre el Centro Comercial y Residencial Barichara; por ultimo conden� al Centro Comercial y Residencial Barichara el pago de 10 salarios m�nimos legales mensuales vigentes, por concepto de incentivo al accionante GONZALO JIMENEZ RUIZ.
Al efecto, consider�: que de acuerdo al expediente No. 7131 de 2000 adelantado por la Inspecci�n Tercera �A� Distrital de Polic�a, cuyo resultado se apega al informe t�cnico rendido por el Director General del Cuerpo T�cnico de Bomberos, se constituye en la prueba id�nea para acreditar que las instalaciones del complejo accionado no llenan las exigencias de rigor; motivo por el que la mencionada inspecci�n rindi� sendas recomendaciones cuyo contenido se observa a folio 37; que dado que se acredit� la infracci�n a las normas de seguridad y evacuaci�n en caso de incendios, correspond�a a la parte accionada desvirtuar las afirmaciones que la actora respald� con los documentos aportados con el libelo, a este prop�sito el desinter�s de la demandada por la practica de la prueba de inspecci�n judicial, que ella misma requiri�, colabora con el �xito de las pretensiones, pues aunque la defensa plantea que las normas de la Ley 400 de 1997, no le son aplicables, tal posici�n no puede ni debe traducirse en libre albedr�o para levantar construcciones o imposibilidad de las autoridades y conciudadanos para obtener la adecuaci�n de las construcciones ya levantadas en aras de la seguridad de las personas que las habitan o transitan; siendo deber de las autoridades p�blicas que las garant�as colectivas sean protegidas, debiendo amparar y evitar los desastres que pudieran prevenirse; a este prop�sito llama la atenci�n del despacho que el propio extremo demandado haya admitido que se han adelantado acciones tendientes a observar las recomendaciones prescritas por la autoridad de polic�a; lo cual quiere decir que se acepta en alguna medida que las normas de seguridad no han sido observadas plenamente, y aunque si bien la instalaci�n de nuevos ascensores remedia en alguna medida las denuncias enlistadas en el libelo, lo cierto es que no resultan suficientes para considerar que no hay peligro para la comunidad, motivo que decanta en el �xito de la acci�n; aunque vale decir, que no en todo lo consignado en el libelo se advierte verdad, pues la instalaci�n de la celda de telecomunicaciones celulares en una de las terrazas, si se produjo tal y como se desprende de los documentos obrantes a folios 277 y siguientes del plenario, lo cual quiere decir, que aunque las instalaciones f�sicas del complejo Barichara no demuestran que hayan condiciones propias para la prevenci�n de incendios, no resulta apegado a la realidad la afirmaci�n del accionante respecto de la inexistencia de la mencionada celda de telecomunicaciones.
Ahora bien, en lo que respecta a las excepciones formuladas por la pasiva, el art�culo 23 de la Ley 472 de 1998 solo autoriza de forma limitante la interposici�n de excepciones previas �nicamente a las circunstancias de falta de legitimaci�n y cosa juzgada,, de manera que virtud a que las circunstancias alegadas por el extremo demandado no se relacionan con las anotadas en la norma en cita, no es posible abordar su estudio.
La excepci�n de m�rito de falta de legitimaci�n por pasiva la decidi� desfavorablemente con sustento en que dado que la calidad en que fueron demandados TERESA S�NCHEZ, MIGUEL ANTONO PARRA CORONADO y GERMAN FUENTES BACA, emana de la representaci�n que a �stos se aludi� respecto del Centro Comercial y Residencial Barichara, lo cual significa que fue en raz�n de su cargo que deb�an comparecer al asunto, quedando a salvo tal y como lo anot� el actor a folio 61, que comparecieran incluso quienes hicieran su veces; que tal circunstancia se evidencia adem�s de la propia contestaci�n del extremo demandado, quien se adjudic� en el poder aportado y la contestaci�n del libelo la representaci�n del Centro Comercial y Residencial Barichara, tal como se advierte a folios 163 y 227 C.1; entonces, por imperio de la l�gica debe entenderse que las condiciones en que fueron listados como demandados los nombrados, no permite que se configure la falta de legitimaci�n aducida; adem�s lo cierto es que el edificio accionado tuvo en el proceso adecuada representaci�n, ejercida por quien fue elegido por los copropietarios para desarrollar tal tarea, en tal sentido tambi�n resulta inane que se requiera demandar a cada uno de los propietarios; ya que para el ejercicio de su representaci�n fue que justamente se design� al representante legal.
LA IMPUGNACI�N La parte demandada no comparte el fallo de primera instancia y por ello interpuso el recurso de apelaci�n, pretendiendo la revocatoria total de la sentencia, inconformidad que motiva, as�: El juzgador no hace una valoraci�n total de la prueba al no tener en cuenta los trabajos realizados por los accionados en relaci�n con las medidas tomadas por los administradores con el fin de proteger la estructura mejorando el control, seguridad y protecci�n contra incendios de las torres A, B, zona Comercial y zona de parqueaderos del centro comercial y residencial Barichara, es decir no se analizaron las pruebas que se aportaron tanto en la contestaci�n de la acci�n como en respuesta a los diferentes oficios obrantes en el proceso; como sustento de lo anterior el apelante hace un recuento de las actividades hechas por la administraci�n del conjunto, y agrega que la acci�n policiva iniciada y radicada bajo el numero 7131 de 2000 fue archivada por la correspondiente Inspecci�n 3 A Distrital de polic�a por cumplimiento de las recomendaciones puestas en esta, por lo que mal puede ahora el juzgador tomar como base cierta para su fallo dichas recomendaciones que como qued� demostrado con los contratos anteriormente mencionados y aportados al proceso se dio cabal cumplimiento a lo ordenado por dicho inspector; razones anteriores por las cuales solicita el apelante en acci�n popular que el fallo sea revocado en su integridad y en su defecto se absuelva a los accionados por cuanto si bien es cierto existe una querella y existieron unas obligaciones no es menos cierto que la administraci�n y los propietarios del conjunto han dado cumplimiento a todo lo ordenado por la inspecci�n de polic�a. CONSIDERACIONES Como introducci�n para la decisi�n del recurso de apelaci�n interpuesto contra el fallo de primera instancia, tenemos que desde el punto de vista hist�rico, normativo y jurisprudencial sobre este tipo de acciones en nuestra legislaci�n nacional, la Corte Constitucional ha precisado: �1.
Como una de las tantas innovaciones introducidas por la Carta Pol�tica de 1991 al r�gimen constitucional colombiano de protecci�n judicial de los derechos de las personas, aparecen en los incisos primero y segundo del art�culo 88 de la Constituci�n el concepto de Acciones Populares con fines concretos y el de Acciones de Clase o de Grupo.
Estas disposiciones establecen que: "La ley regular� las acciones populares para la protecci�n de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p�blicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ�mica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
"Tambi�n regular� las acciones originadas en los da�os ocasionados a un n�mero plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. " ". Aspecto sustancial de esta innovaci�n es su fundamento constitucional directo y su extensi�n a �mbitos que no hab�an sido objeto de regulaci�n antecedente. Empero, cabe destacar que en nuestro sistema jur�dico ya se conoc�a de anta�o la figura de las acciones populares consagrada en el orden legal en varias disposiciones del C�digo Civil, y m�s recientemente en otras normas pertenecientes a regulaciones alejadas de aquel texto como se ver� en detalle m�s adelante. 2.
No sobra advertir, para los fines apenas ilustrativos de esta parte de la providencia, que las Acciones Populares y Ciudadanas con fines abstractos se conocen en Colombia desde los mismos or�genes de la Rep�blica como instrumentos para asegurar la legalidad y la constitucionalidad de los actos jur�dicos de car�cter legislativo y administrativo; aquellas acciones han sido, en su desarrollo pr�ctico, uno de los instrumentos procesales m�s destacados en toda nuestra historia jur�dico-pol�tica y aparecen reiteradas en el nuevo texto constitucional como uno de los aportes nacionales a la ciencia constitucional del mundo occidental. 3.
Ahora bien, por el contrario, nuestras acciones populares con fines concretos han sufrido las vicisitudes propias de un sistema jur�dico t�picamente jurisdiccional y legislado, que no ahond� en el fortalecimiento de las competencias del juez y de sus capacidades protectoras de los derechos de las personas y que limit� seriamente las v�as de acceso a la justicia; desde luego, este destino hist�rico no fue sufrido �nicamente por nuestro derecho, ya que buena parte de los reg�menes similares al nuestro y que segu�an sus mismas tendencias, se pueden catalogar dentro de estas caracter�sticas. 4.
S�lo a partir de la segunda mitad de este siglo, el movimiento constitucionalista continental europeo y latinoamericano paulatinamente se ocup� de reexaminar las condiciones estructurales del concepto de acceso a la justicia y recibi� parcialmente las influencias del derecho anglo-americano, incorporando en principio, y en distintas formas, los instrumentos que dan al juez un marco m�s amplio de competencias enderezadas a los fines propios de la defensa de las personas frente a los poderes del Estado, de la Administraci�n, de los gobiernos y de los grupos econ�micamente m�s fuertes dentro de las sociedades fundamentadas en la econom�a capitalista.
Con los mismos fines ilustrativos, se tiene que la Teor�a General del Proceso influenciada por el derecho constitucional contempor�neo, se ha ocupado de plantear la problem�tica judicial derivada de las siempre cambiantes condiciones de las sociedades, y en consecuencia, el viejo concepto de igualdad ha sido reexaminado de tal manera que en sus distintos aspectos, la regulaci�n del proceso ha avanzado de modo notable con instituciones ya recibidas en nuestro ordenamiento jur�dico; empero, las m�s profundas modificaciones en lo que hace a la problem�tica del acceso a la justicia han exigido al Derecho Constitucional y a la misma Teor�a General del Proceso el abordar nuevos y m�s grandes retos, desconocidos e inimaginados inclusive en las primeras etapas de evoluci�n del Estado demoliberal.
Lo que caracteriza estas evoluciones no es tanto la consagraci�n de las libertades sino su vigencia por virtud de la actividad procesal; en otros t�rminos, para el derecho contempor�neo no resulta suficiente consagrar los derechos de las personas en la Constituci�n para que estos sean respetados por las autoridades y por las personas en general. 5.
Naturalmente cabe destacar que dentro de nuestra tradici�n constitucional los remedios judiciales previstos para la protecci�n de los derechos de las personas se han dividido entre los que son espec�ficamente previstos para la protecci�n inmediata de los derechos constitucionales como el Habeas Corpus, las Acciones P�blicas de inconstitucionalidad y de nulidad y la Excepci�n de Inconstitucionalidad, y los que son ordinarios y comprenden los derechos subjetivos y los intereses leg�timos como el procedimiento civil y el procedimiento contencioso administrativo; en este mismo sentido se pronunci� la Carta de 1991, pero por voluntad expresa del Constituyente �sta fue mucho m�s all� al incrementar no s�lo el n�mero de los derechos fundamentales de la persona humana y al hacer extensiva su eventual protecci�n judicial a todas las personas, inclusive en algunas situaciones jur�dicas, a la persona moral, sino al establecer mayores y m�s efectivos medios espec�ficos de su amparo judicial, como ocurre con la denominada Acci�n de Tutela consagrada en el art�culo 86 de la Carta, enderezada de modo complementario pero directo hacia la protecci�n de los derechos constitucionales fundamentales de las personas.
Igual predicado se hace sobre las Acciones Populares con fines concretos previstas espec�ficamente para la protecci�n de los derechos e intereses colectivos (art. 88 inciso primero) y sobre las Acciones de Grupo o de clase (art. 88 inciso segundo) para proteger todo tipo de derechos que resulten "da�ados" en un grupo amplio de personas. Estas disposiciones constitucionales se encuadran obviamente dentro del conjunto arm�nico y ordenado de las dem�s v�as, instancias y competencias judiciales ordinarias y especializadas que tienen igual fundamento constitucional; en este sentido, es claro el deber del legislador de proveer con sus regulaciones los desarrollos normativos que den a cada uno de estos instrumentos la posibilidad coherente y sistem�tica de su efectivo ejercicio por todas las personas.
Desde esta perspectiva, se tiene que las Acciones Populares, sin ser un instituto desconocido en nuestro medio, ahora aparecen ocupando un lugar preminente que irradia con sus proyecciones constitucionales una nueva din�mica al derecho p�blico colombiano; esto significa, principalmente, que aquellas dejar�n de estar en el olvido y que, tanto jueces como ciudadanos en general, podr�n ocuparse de estas con mayor efectividad que antes.
Ahora, la Corte Constitucional advierte que se hace necesario promover entre los ciudadanos y los operadores del derecho una s�lida conciencia c�vica para dar a estas previsiones el impulso pr�ctico que merecen en favor de la vigencia de la Carta y de los cometidos garant�sticos se�alados por el constituyente. Esta consideraci�n se hace teniendo en cuenta la situaci�n jur�dica planteada en el caso que se examina, puesto que, como se ha visto, el peticionario pretende en principio y de modo expreso la protecci�n por v�a de la Acci�n de Tutela de un Derecho e Inter�s Colectivo de los que enumera expresamente la Carta, como se ver� 6.
En este orden de ideas se observa que el inciso primero del art�culo 88 de la Carta, al consagrar las denominadas Acciones Populares como otro de los instrumentos de defensa judicial de los derechos de las personas, se�ala tambi�n el �mbito material y jur�dico de su procedencia en raz�n de la naturaleza de los bienes que se pueden perseguir y proteger a trav�s de ellas; estas aparecen previstas para operar dentro del marco de los derechos e intereses colectivos que son, espec�ficamente, el patrimonio p�blico, el espacio p�blico y la salubridad p�blica; igualmente, se se�ala como objeto y bienes jur�dicos perseguibles y protegidos por virtud de estas acciones, la moral administrativa, el ambiente y la libre competencia econ�mica.
Esta lista no es taxativa sino enunciativa y deja dentro de las competencias del legislador la definici�n de otros bienes jur�dicos de la misma categor�a y naturaleza. Queda claro, pues, que estas acciones, aunque est�n previstas para la preservaci�n y protecci�n de determinados derechos e intereses colectivos, pueden abarcar otros derechos de similar naturaleza, siempre que estos sean definidos por la ley conforme a la Constituci�n, y no contrar�en la finalidad p�blica o colectiva y concreta a que quedan circunscritas estas acciones, por sustanciales razones de l�gica y seguridad jur�dica.
Tambi�n se desprende de lo anterior que las acciones populares aunque se enderecen a la protecci�n y amparo judicial de estos concretos intereses y derechos colectivos, no pueden establecerse ni ejercerse para perseguir la reparaci�n subjetiva o plural de los eventuales da�os que pueda causar la acci�n o la omisi�n de la autoridad p�blica o del particular sobre ellos; para estos �ltimos fines el constituyente erigi� el instituto de las acciones de grupo o de clase y conserv� las acciones ordinarias o especializadas y consagr� como complemento residual la Acci�n de Tutela.
Dentro de este �mbito, a lo sumo, podr�a establecerse en la ley, como consecuencia de su ejercicio y del reconocimiento de su procedencia, una recompensa o premio a quien en nombre y con miras en el inter�s colectivo la promueva. Por su finalidad p�blica se repite, las Acciones Populares no tienen un contenido subjetivo o individual, ni pecuniario y no pueden erigirse sobre la preexistencia de un da�o que se quiera reparar, ni est�n condicionadas por ning�n requisito sustancial de legitimaci�n del actor distinto de su condici�n de parte del pueblo.
Caracter�stica fundamental de las Acciones Populares previstas en el inciso primero del art�culo 88 de la Constituci�n Nacional, es la que permite su ejercicio pleno con car�cter preventivo, pues, los fines p�blicos y colectivos que las inspiran, no dejan duda al respecto y en consecuencia no es, ni puede ser requisito para su ejercicio el que exista un da�o o perjuicio sobre los derechos que se pueden amparar a trav�s de ellas.
Desde sus m�s remotos y cl�sicos or�genes en el Derecho Latino fueron creadas para prevenir o precaver la lesi�n de bienes y derechos que comprometen altos intereses colectivos sobre cuya protecci�n no siempre cabe la espera del da�o; igualmente buscan la restituci�n del uso y goce de dichos intereses y derechos colectivos. En verdad, su poco uso y otras razones de pol�tica legislativa y de conformaci�n de las estructuras sociales de nuestro pa�s, desdibujaron en la teor�a y en la pr�ctica de la funci�n judicial esta nota de principio.
Los t�rminos del enunciado normativo a que se hace referencia en este apartado, no permiten duda alguna a la Corte sobre el se�alado car�cter preventivo y restitutorio y se insiste ahora en este aspecto dadas las funciones judiciales de int�rprete de la Constituci�n que corresponden a esta Corporaci�n. Adem�s, su propia condici�n permite que puedan ser ejercidas contra las autoridades p�blicas por sus acciones u omisiones y, por las mismas causas, contra los particulares; su tramitaci�n es judicial y la ley debe proveer sobre ellas atendiendo a sus fines p�blicos y concretos, no subjetivos ni individuales.� (Sent.T-508/92.
Mp. Dr. Fabio Mor�n D�az) Con sustento en la anterior cita jurisprudencial, y la normatividad vigente, no hay duda que el ejercicio de las acciones populares est� hoy regulado por la Ley 472 de 1998, incluidas las especiales preexistentes a su advenimiento (art�culo 45: �Continuar�n vigentes las acciones populares consagradas en la legislaci�n nacional, pero su tr�mite y procedimiento se sujetar�n a la presente ley�), que las define como los medios procesales para la protecci�n de los derechos e intereses colectivos, que se ejercen para evitar el da�o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci�n o agravio sobre tales derechos e intereses, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible (art�culo 2); esto es, la acci�n popular incoada en procura de lograr la protecci�n de los derechos a la seguridad y salubridad publica, a la seguridad y prevenci�n de desastres, la realizaci�n de construcciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jur�dicas de forma ordenada, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, que se dicen afectados como consecuencia de inactividad de la parte demandada en tal sentido, es procedente, entendidos y definidos como derechos colectivos sobre lo cual no hay discusi�n. As� pues, sabido que las disposiciones legales citadas anteriores a la expedici�n de la Carta Pol�tica de 1991, no le son contrarias y se armonizan entre s�; que la acci�n popular que nos ocupa fue instaurada con posterioridad al 6 de agosto de 1999 - fecha en que empez� a regir la Ley 472 de 1998-; que el tr�mite a seguir con anterioridad y despu�s a dicha ley es el abreviado (otrora vigentes art�culo 414 C�digo de Procedimiento Civil y art�culo 39 del Decreto 2651 de 1991, en concordancia con el art�culo T�tulo XIV Libro 2� C�digo Civil, la Ley 9� de 1989 y Decreto 2303 de 1989), tr�mite que en efecto reclam� la parte actora y que le imprimi� el a quo; y que la acci�n se dirige contra un particular ajeno al ejercicio de funciones administrativas; no hay duda que su conocimiento y juzgamiento corresponde a la jurisdicci�n ordinaria civil, jurisdicci�n y competencia sobre las cuales tampoco existe debate ni cabe hoy discusi�n (art�culo 16, Ley 472 de 1998).
De manera que si con la presente acci�n popular se propende que se declare que los copropietarios y administradores del complejo BARICHARA, ubicado en la Calle 19 No.3-10 (Torre B), Calle 19 No. 3-50 (Torre A), Calle 19 No. 3-16 y Carrera 4 No. 19-20 (Centro Comercial, �rea de oficinas, educaci�n y parqueadero), no cumplen las normas de seguridad y prevenci�n de desastres, contenidas en el C�digo de Construcci�n y de Edificaci�n, ocasionando peligro para la vida e integridad f�sica de las personas que conforman la poblaci�n fija y flotante de la edificaci�n al incumplir las medidas dictadas por el Cuerpo de Bomberos y la Inspecci�n 3 A Distrital de Polic�a, referente a la protecci�n contra incendios � detecci�n y extinci�n - y medios de evacuaci�n de orden distrital incluidos en el mencionado C�digo de Edificaci�n, en concordancia con las normas urban�sticas y el C�digo de Polic�a; y que se les ordene su acatamiento y cumplimiento, a m�s de pagar a favor del demandante el incentivo previsto en la citada Ley 472 de 1998; es necesario adentrarnos al estudio y an�lisis de fondo del asunto materia de la apelaci�n, estableciendo en primer lugar que la inconformidad con el fallo la limit� el apelante solamente a que el juzgador no hizo una valoraci�n total de la prueba al no tener en cuenta los trabajos realizados por los accionados en relaci�n con las medidas tomadas por los administradores con el fin de proteger la estructura, mejorando el control, seguridad y protecci�n contra incendios de las torres A, B, zona Comercial y zona de parqueaderos del Centro Comercial y Residencial Barichara, tales como los documentos aportados tanto en la contestaci�n de la acci�n, como la respuesta a los diferentes oficios obrantes en el proceso, arguyendo que la acci�n policiva iniciada y radicada bajo el numero 7131 de 2000 fue archivada por la correspondiente Inspecci�n 3 A Distrital de polic�a por cumplimiento de las recomendaciones puestas en ella, por lo que mal pod�a el juzgador tomarla como base cierta para la decisi�n, as� como los contratos aportados al proceso que demuestran que se dio cabal cumplimiento a las mencionadas recomendaciones; an�lisis que se arremete con atenci�n al principio de que para estas acciones son procedentes los medios de prueba establecidos en el C�digo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo que respecto de ellos disponga la ley que las rige, y que la carga de la prueba corresponde al demandante, salvo que por razones de orden econ�mico o t�cnico, dicha carga no pudiere ser cumplida, caso en el cual el juez impartir� las �rdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de m�rito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad p�blica cuyo objeto est� referido al tema materia de debate y con cargo a ella.
Conocidos los antecedentes del litigio, de las pruebas obrantes al proceso y cuya valoraci�n hecha de menos el censor, se establece la confirmaci�n del fallo apelado, principiando porque la parte demandada viene aceptando su disposici�n a cumplir con las medidas y recomendaciones hechas por el Cuerpo de Bomberos y la Inspecci�n de Polic�a solicitadas en el tr�mite anteriormente referido, excus�ndose de su no acatamiento con sustento en que los recursos para cualquier adecuaci�n deben ser sufragados por los copropietarios, para lo cual es necesario establecer cuotas adicionales extraordinarias y que por reglamento y ley solamente pueden ser autorizadas por la asamblea general de copropietarios, aduciendo adem�s que instal� ascensores modernos, lo que ocurri� con antelaci�n a la actuaci�n de las autoridades de polic�a, sin que por lo dem�s tal medida pueda calificarse como id�nea para reemplazar las recomendaciones impartidas por dichas autoridades consistentes en se�alizaci�n de las v�as y salidas de evacuaci�n, sabido que trat�ndose de una emergencia, como lo es el caso de un incendio, no se recomienda el uso de ascensores; que los trabajos propios de la instalaci�n de la antenas se constataron mediante estudio t�cnico de ingenier�a; que contrat� con las firmas Elco Ingenier�a Ltda., Sima Distribuciones, Jero & Cia Ltda., con el fin de mejorar los programas de seguridad entre los que se encuentran se�alizaci�n fotoluminicentes, sistema antideslizante para escaleras, capacitaci�n de brigadas de emergencia y red el�ctrica para alumbrado, escaleras y sistema de alarmas; que ha cotizado con la firma Pirotec los equipos necesarios contra incendio, recarga y reinstalaci�n en los gabinetes de extinguidores ubicados en lugares estrat�gicos de f�cil acceso, despejar zonas de circulaci�n como escaleras y pasillos, instalaci�n de pasamanos, instalaci�n de curvas con su correspondiente configuraci�n tanto en las esquinas y su paralelismo con la huella en escalera, zonas comunes pintadas con color blanco reflectivo con el fin de mejorar la luminosidad de esas zonas, todo bajo la colaboraci�n y supervisi�n del Cuerpo de Bomberos de Bogot�; cotizaciones e instalaci�n de los elementos que si bien demuestran esa voluntad y permiten un determinado nivel de seguridad y protecci�n, no implican un cabal acatamiento a las recomendaciones dadas, como as� lo determina el concepto emitido por el mismo Cuerpo de Bomberos arrimado al juicio, visto a folio 346, sin que exista prueba que demuestre lo contrario ya que la inspecci�n judicial reclamada por el extremo pasivo y quien ten�a la carga de trasladar al personal del juzgado, no se evacu� por inasistencia teni�ndose por desistida.
En efecto, en dicho informe se consigna: �Realizaron trabajos en cuanto a se�alizaci�n del centro comercial y la torre B en todo su recorrido. La Torre �A� no ha cumplid el requerimiento�; �Los pasamanos se dise�aron y se instalaron, cumpliendo lo estipulado en el Anexo del Acuerdo 20 C�digo de la Construcci�n, En la Torre B, la Torre A, aun no cumplen el requerimiento�; �Se encontr� que la iluminaci�n de los medios de evacuaci�n, de la Torre B y el centro comercial ya se ajustaron al C�digo de la Construcci�n, art�culo B.3.9, efectuaron remodelaci�n de redes, En la Torre �A� a�n no se ha cumplido el requrimiento�; � para el cubrimiento de la iluminaci�n de emergencia. Este lo han alimentado con dos fuentes independientes de suministro; una tomada de la acometida del edificio derivada antes del control general de la edificaci�n. El centro comercial ha venido cumpliendo, la Torre A no ha iniciado acondicionamiento�; �ya se evitaron la sobrecarga de las tomas el�ctricas, el uso de extensiones en cables sin protecci�n fueron reparados, la Torre B ya e cumpli� con el requerimiento, la Torre A no ha cumplido�; �La elaboraci�n e implementaci�n del plan de emergencia y evacuaci�n y la organizaci�n de una brigada para la prevenci�n y atenci�n de emergencias, no se ha cumplido�; �El dise�o e instalaci�n del sistema hidr�ulico de protecci�n contra incendio Clase III con sus respectivos gabinetes No se ha cumplido, as� mismo el sistema autom�tico de detecci�n y alarma�; �CONCLUSI�N. Se pudo observar la disposici�n de los administradores y ocupantes de la torre �B� para el cumplimiento de los requerimientos planteados por el Grupo de Prevenci�n e Inspecciones T�cnicas del Cuerpo oficial de Bombeos de Bogot� D. C., argumentan que la infraestructura f�sica del edificio por su antig�edad presenta una inversi�n y complejidad muy alta, para dar estricto cumplimiento a las adecuaciones planteadas�; �Respecto a la Torre �A� y el centro comercial como se inform� anteriormente, sus instalaciones contin�an en la misma condici�n como fueron encontradas en la visita de verificaci�n anterior�.
Estableci�ndose que si bien es cierto los demandados han iniciado algunas de las adecuaciones recomendadas, en aras de implementar medidas de seguridad, buena intenci�n que tambi�n se refleja con las cotizaciones y contratos celebrados, no se demuestra el acatamiento cabal a las recomendaciones impartidas, asisti�ndole entonces raz�n a la parte actora cuando afirma que no existe prueba de que la parte demandada cuenta con los equipos suficientes para la prevenci�n, detecci�n y extinci�n de incendios como es sistema de mangueras y tomas fijas de agua, o hidrantes, o gabinetes contra incendio, y detectores autom�ticos, ni con las adecuaciones obligatorias requeridas por el C�digo de la Construcci�n; y por ende no es un edificio seguro para la vida e integridad de la poblaci�n flotante y fija de la edificaci�n; pues tal como lo precis� el a quo, si bien la construcci�n de la edificaci�n es antigua y no se somete a los lineamientos de la Ley 400 de 1997, que establece criterios y requisitos m�nimos para el dise�o construcci�n y supervisi�n t�cnica de edificaciones nuevas, si debe acatar normas de seguridad y prevenci�n de desastres como las demandadas.
Lo anterior es equivalente a decir que los derechos indicados en los literales l) y m) del art�culo 4 de la ley 472 de 1998 se encuentran ciertamente amenazados por no cumplir el Centro Comercial y Residencial Barichara, con las prescripciones legales sobre prevenci�n de incendios. Esos derechos de linaje colectivo est�n consagrados as� por los ordinales en menci�n: "l) El derecho a la seguridad y prevenci�n de desastres previsibles t�cnicamente; m) La realizaci�n de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jur�dicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes".
Acreditado entonces el peligro para la colectividad, hay lugar a confirmar la sentencia impugnada, puesto que como se vio, s� est� acreditada la amenaza de los ya citados derechos colectivos previstos en la ley 472 de 1998. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot�, D. C., Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. - CONFIMAR la sentencia apelada de fecha 13 de septiembre de 2004, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- No hay lugar a costas en ninguna de las instancias (art�culo 38 Ley 472 de 1998). TERCERO.- En firme la presente decisi�n, devu�lvase el expediente a la oficina de origen. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE.
Los Magistrados, ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO RAD. No. 110013103010200200650-01. ARIEL SALAZAR RAM�REZ RAD. No. 110013103010200200650-01. EDGAR CARLOS SANABRIA MELO RAD. No. 110013103010200200650-01. PAGE 2 ,-oq�����89A!12#4>VW111�1�7�����Ǿdz�����xk�kf�k�fW�RR�mH sH B*CJOJQJmH phsH B*ph5�B*CJOJQJphB*CJOJQJph5�B*OJQJph5�B*CJOJQJph5�B*CJOJQJphB*CJOJQJphB*CJOJQJphB*OJQJphB*OJQJph6�@���B*ph @���B*phj@���B*UphB*mH phsH 5�B*OJQJph-./Wqrs���������*5Z������������������������������$�� ��^�� `��a$$a$$a$���]���T�b���$789:ABCD!"#$1234yz{|}~��� ���������������������������$dha$$a$$a$� � � ���"#5678ghijklmQRS����������������������������$ �a$$ �a$$a$���������IJK<=>?VWXY�������������������������������������$ �a$�) * + {(|(}(~((�(�(�(�(***�+�+�+ 1 1111111�1���������������������������$a$ �$ �a$�1o2p2q2r2�7�7�7�7�7�7�7�7�8�8�8S:T:y:z:�;�;M<T<�<������������������������$�7�7]�7^�7a$$ ��7�7]�7^�7a$ �$a$$��a$�7�7�7�7�7�8�8Afmf h^hah-i�wVzWz�z�z{�Ց$�%�)�*��H�j�m�P�l������Z��������� �`�������֗�������������������������׆�~���~��~�v�v�v5�CJOJQJ5�CJOJQJ5�B*CJOJQJph 6�B*CJOJQJ^JaJphB*CJOJQJ^JaJph6�CJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ6�B*CJOJQJphB*CJOJQJphCJOJQJB*CJOJQJphmH sH CJOJQJ.�<�<+>,>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�>�@�@CC�E�E�H�H�H"J#J�N�N����������������������������$�7�7]�7^�7a$�N9P:P=Q>Q?Q@QAQBQCQDQEQFQGQHQRRMVNV�Y�Y�[�[�[�]�]�_�_�d����������������������������$�7�7]�7^�7a$�deeeeeeeee e ekflfmfWkXkYk%o&o'o_q`qaqbqcqdq��������������������������$ �a$$a$$�7�7]�7^�7a$dqeqfqgqhqUzVzWz'()*+,-./���������������������������������������������������$ �a$$a$��@�A�B�ӑԑՑm�n�o�O�P�Q�����������K�L�M�N�O�P�Q���������������������������$ �a$d�$a$$ �a$Q�R�S�T����������^�_�`�a���������������֗חؗٗ��������������������������������$a$$a$��0�S�T�U�[�\�]�^�_�b�c������������0JmHnHu0J j0JU5�CJOJQJB*CJOJQJph��0�S�T�_�`�a�b�c��������������&`$a$ 0 0 000&PP��/ ��N!��"��#��$��%��Dd�������H� � c�$������A�����2���_n:L~�L{Q����<��D�`!���_n:L~�L{Q����<�=9��)��)��x���o$�u�Y����9�E\�`���Ȁ,��|�O�9��,#���>��}�)�Glu��K��� �7S [��-�}YUݚ��^�@�Z�j$U}�E>�_|�$�B��_ ����/��ϳ�����O�o�{ ����y"��?>T�P��7���?��}u�}W"^��o^�?�O�}rp��×��O�,�}|���������Ã�-��Ev�����$�����L�7}����[�3�S��7�?��ڄ��̅�����o�օO�O���t=]O���t=]O���t=]O���t=]O���t=]O���t}�W�7�Bo~/��3��z� !�pq=a�h=r%�6�TX��*�"{�(�K�~�k���R����t;�n{�F�������dx��Q��"���sUx��1�>.��ͨ#ѓ���d�3Ѕ�}���:z� �#"<����!�PܠZz���)�И I�m���ϧ���&E��1R!J=���ᅬ��\��BM���EM��!t�N�﵄D��gޯ�]�P��Nu bqEsFck�q�q_sBw�EF���4b�݅,�u�{Bw��0[�R��ȪiB#�����9@~ �DZ���N���2OI�s�� V����-�IR�eS?������0��d�;�!��0`d��P�W��ҩ�k9V��'#����Z�4 ����!\� ���xF�)ݡoC-k01*m���8N�)�]d�#�\ֺa(�s� ��'(f�IE��� ?�u���O'�2H3^ Q�<-����,��2�ŭ�!�����%��×%F�;_DF�0�Ҁl\��Iŷ�2N))B?�v� ���.t��iq!�aP��*�����Hg�..)Rbd����ŨG�10���Y:2�����^��ŦiR�&4R~\k�#�rX���Ͼ��K�^'$ �'�"��h����1�$5H#K�FN��+X�G��&���kI~�̦�x� <�*H����d`�uA�#!%@�߯I�J����U*gF!Hf�=��TF�0�O�91ϹM��Ȕ�d`�� @%��Jm��� �1s��p/�ެbF��?^�VA���=O�,�4�H{���]z.�\��\�s���F��]D10�5K!*�2�X�3f��$e��|HT�n�jf��)}��bH!�n���xF�q�>Vu*�C��@�+�G���2���*�;5�/[�b�.���(��bC��~FxO�N��z��3�Ro�7]j�s^�;bp'���"e����r���%���$��L���{����Vw���^�\�ʔ� �1`5Mw�sؼ�S����M���4FN�`s�q��=O^�,H��562��n ��%M����O��)1D`�mt��^��� 4=��H�� k#�6��&��L��A��ʤ��UZ�̨�Gځ�F]�^�r`�c�?�i�|�]#(k�C��t��*hf�6l����e���H(��KZ��B<�_/�ح�x�!���/x��Ma����KyF�x�I�N�Nž�4�}�0g�U0��/K���D���YT�Q���J��9?IV"ڧ�&��h�,�Sօ5���&Y>4�.����p�/��?"!u�.�!-D~�/�$?#O&��N=^���{<����s��r&#C7S n���͠�#�]_S�AS��B#�;�l�v2�s�F�eq�Q;���Fs,d{�K(��� 0��h�Y� ���A�T`�Kݙf��d���f=Y �8����wH�&[����â�Ǻ�$д�O4�Ty�9 N��`�@���y1�(��(ZF!8۠��8<�y�?f�Ae�Q����n����3%[����0�ͧ�w�����h���p�}3���*a�g��f˖�~W�S��k}�X��Q�˂�/�]K ��� >`�6����� hXW=v���k�?W�|�H�^?7c�����N N|�wq:�1���X�b�o��C��:�`��A,�88������ ��r��5�n��8��6Z�!��OQ�%Qŋ/�� ���PXɷ���"3�F~:�a"#FT:�L�S�!͌H��vh��i�#+��#�R� CSJ�q$�7)12w��y��Y�S��|��g� /����ő�$��Cq�� #�c�Fb���vA�;���Z<Û�s�)l�!��,"c�l���-���z�X(�%���n���sg�/r����`�B3�A �=Jbi��p(�����ڗ�QF�D�K���\`$FŌ��Ġ�/[��C�2N�.��{!��D{�S�EH|�Ȫ�A�\��W)3�9^�(0tˠV:�ܕ��.�ˣ��ې:�>��p���:��d-�(����ߒ�ɯ�"���j%�r����ع=�Px��� z^������O����ȽT~���Z���8�h�j�̤��r���������U+Q%��Ud���$C]�[>�̯��<m�~ȎXU��Nwy h��Bo��@ޕ�3�A�S�F�f�2����R6nr�20�GFɰ���-{�����PX �� լl���p��53vOd�C�銗���Xie�EoC�@C�! &�wH�;1Ң]�CR��9�'���P��uR��Qפ������9�6װ�=撌�5j��E�Ẕp��xD��@t��|���@�[������6⇥$��&x����qP�Cm䍊�+��������>�`�c���.�h��֣��&ATaE�ud��J)0�60�ތ� Y�*�}� q�Y"a��w!�c������h�IE���y��צF��S�rK�Ͱu2s�t����j�ٚ�zCl%gN}5Ȱ� =�o��\� =�ԑ��y|p�1�G�3�������J�����D�`'1���e���I�q�+���7X$5!;��}D�6��m�A���l�I�7R�2R0�w�N.��S0ȁ;K�?`$`����!� ��T�8�`y+#�v�A ����]t�Ab,����e$�9��ɚ���#C�b�p�90�,v�dX�Y-=��e?������PDqKU�;u6布g���g!�)�bH����PV���|�h7�YN0jŋ�����/ʍe���S��*ɨ7��ω�_�q[m2�(�A�C?�&�M;F֤QеG�@{�W.c'g��D04���X��E�rT�p6�2=w� ��)�#h�s��0����`(b(���QO��Ab(���{t3x�S�^H�|�@B����d#G�u�Y�[���:�b��$=���l0��+���5'8W�/��R{A����d��О�Pْ����<���"���Y���Z3���[�a�Eà�\U����.�!�C[R�_A7�D�3��a�8qɌo�7M���'g�T��!9�'X`FM�����Q�о?��0j��Vϋ��e� �"F֟��I)�fE�+�,2γЀ=T#BbFM~��&����Wa�����(�)�e\0�<0����?=gO����_� �} �5�fPt*��A�R~��y��j�6�,�p�6t�5Yi�b�#2��v]��[K���u���r�'�������~Fqb8� � � c��3��:�����OT``=�J��T��� �/���%��eXM�eǨQ�B����8��M�).�^P�`��59z�H�B{7�M�B���*�fՋ�K)�@;���Mݤ'1K���qe �[%1b�3fm2(�bd�M�"}���_�U�;b��6��̙�m0��������ܻ\G��İ�it�b��#ƚ�Bk`�&zk�~F�;'yѳjx���sy��x��&��K�>�vfe���2k r���"c1�(N�GƟ̇�������2��YOM3$�!B[�}J� T:�_��W��ݦ�p,g�U�_l@N(���_��iO�l�؞�z��[dJ��m���c����o�?!���&'��Q*�������������0C$`�1.�V�[7ׁ��#��+f/��bj���W��R�d@>��hd/ͮvn+�/�`$n�QE������ˣ�*�k��q���+ޣ�h�!|���.C���ME�._�k�z�7�66����]/��0�� �յ{ ���Af��%�����y��%�p�sˠ�����x3̰����N;Ƴ�>/]� 1~�j��Ϗ:��F���#X��@���־8jC��?d����`Ƨ�[Q� �V6��g8�nC�']e������3{Ņ���0����͛��)3�b�q�$�6ô%G`��%�C��G��怲��N(g�Mel,3#�dPt���q�a���b���)53�3�0�ڪ�M:b��?��4 Nu�fq��a@Tf��Z���F<�*1J�v�q�k}�|/7Rv��p���C7��+��e���]v3¸���Qed;�� 9?�X`\6�l�D;��7�M��M�"U��(#��{��T_����)�7ĸj�.:F���m�b�MF3.L�h;B�0�d���Y?#D:��|���#m�#�z�Sf��/7�I�� ���j즜��w^�[W*�Ϛ�`����5���k��h�H6��r�a}�t�,�����j�a��ĺ��2Z=��� �j#sY�(���CM`�iU�_�j�c6�Q�ێanUè�3 �mY^e�,�-�w�ڱ� �����ˊ����d�,�c>�Qf��U�3�n�=&K�p��>Ĩ����;4n@�U���C�f?�PBB�0(�m�J3o>�����&]ۢ��2ʆAvu�d���H�Y�n4����ih�~���؝�e@"Q���t>a=�q�wZ7��!f`�2\`�/:�sU V�_��Q����~k��V)�E�����:�E�c�Xηu����ޝ�Hd�p���D�8�K�z'�a�$ 2�ü@w�b�c^~�u�`s8�֬�'0Qk �P@f��~ �G��Ɔ��x09k>�����^�-�>d����� ij�ne#�SPl��;������� ��]��j���F��㚁�%m�HǼ|dP�>�t��u*CF�}�=��>��0��J�Z��q*�(��V�|�ki#c9Ș��K���a�0��Q�*02��:l���,�'288#iZ�\l>Y�Md����z�1+3bdr�a��91���a�$0��b@~5�p�-3֤)�l�a3�4��:��*2�;�)f��AN+j�+�,i_�N͆�Z-!|�s� 3X�q] 9v�=�b�^Q4b����j��.Z6g��'�؏��5vaT��1�-�)��j�&#Ù4|�Z'/G� sXl��]IlЪN2�tjC��$�u��4���7cU���ۮ7r�i��Hdn��4����D�B�-���]q�vԚ���8�:��x�a�~�[(o7d&f�+5xF{9�-و�e�f���Y6q����λ�l� W�\ӛa� U�r�!q��ی���<2d�������C�*����-G���1Ό���f��֙2�#�aƊ�q��[uܞ��M��N�!��2�$�l"&Xb\NdܱQ��*��\7�:�*̂Q�:22{�%�b ��|�T���qST�/��x�TS���}Xל��a�@��V0�A��^p^���E1y�d�l��0+T����:L�I��w�Q2F@�w�Ux?f^�l�s�4��|,���n� �$Yh8,g��}xx�x�!�w4k.$��oibv�zd�9YXV��|T`�\fE�9�Gqu#�Ă0k(IK�_�(�Uᴮ�NwKc�d�i�)�a+0�|�� ��i���#��\�aMbjkn�g�;�ױC+ ��W{�~��[+��]��Oc����JxsDI��馍�m6̰��afV��ϣt�*Si����C4�!�!�\���,��ÈPM�^��S�P6+���1����y���M72�LgFSQ�4�E���QNb��_#2F���BҰi�=)��'�N���[�P�\�E�e1F�dG��O��8[����D�܌�D� {]|ލ5��"E�Ts����a8²4a�.1�Q�����=� �¡���)dX�����pS����/B�n�� GX����:\q�l.&Mx���j�.���l�P$��2+aUh���ًc.�a?6���yկ�v<����\O��IS��� '������:lh�]�x��M9Y�?J��\�7k��,S�,��d�E��}���yS3��¶� Ҍ[����EG���c�� O>Ԏ��$��z���؉��݂O<���U<@��r�h[>Tɺc������,�F�t<�̪51�{M.V�'섡���O3��,�5;j�[��as;��n�EY^�� �����0 �Ęٲ��áB�iǎ�NuF\ȥ�����*�ڼIj#-M�s�++���Șx�l{������&LH3��'QZ/��z^�|�f�)�f�4<k�M`�I�e�����4�'i�(+�Yq�.:�S�)H�b\f*<?�D�p@&밆�7��N|�pB�����z2�7�ٵ�?�m�;@�6��2[�����^U�7�3ì�G\���ʘqe�~�k]1c�'C��X������tu�]�C�܇1�(��Qu}�+�C�a�F�>Q�20���+�`�}=߇Q��1߃�E����a\��X�=�����a?�a���b,�}͌=H`,�ޙ�(c�2����xc'Ĵ١����.fo���W`������e���d����R||�Vi�]�n1�=���`p��]�{08�Q�~܃ae�}04)�=8iF��b/�T~�Z�7�!Q�6*7r�?c�gԧ�3���~^rٗ�LHB�FT�=�x ���pB�'��&���dx!��������t=]O����������LJJ�_��ן��'|V�AS��J���ꒄ�Q��~�� i@@��@Normal5$7$8$9DH$_HmH sH tH F@FT�tulo 1$$�L@&^�La$6�mH sH uR@RT�tulo 5$$ �@&a$5�CJOJQJmH sH u\\T�tulo 6$$ �@&a$#5�B*CJOJQJmH phsH uJJT�tulo 7$$@&a$5�CJOJQJmH sH uFA@���FFuente de p�rrafo predeter.B�O�BBody Text 2CJOJQJmH sH u^�^ Block Text$�7�7]�7^�7a$ B*CJOJQJmH phsH u^B@^Texto independiente$ �dha$CJ mH sH uZ���"ZFR2$1$5$7$8$9DH$a$&6�CJ OJQJ_HmHnHsH tH uT���2TFR3$�x1$5$7$8$9DH$a$CJOJQJ_HmH sH tH P���BPFR1$1$5$7$8$9DH$a$CJ,OJQJ_HmH sH tH D�RDBody Text 2$ �a$CJOJQJZ�bZBody Text 2$�@�����^�@`���a$B*CJOJQJph4@r4 Encabezado �C�"0)@��0N�mero de p�ginac� �����-./Wqrs���������*5Z����$789:ABCD!"#$1234yz{|}~������ � � " # 5 6 7 8 ghijklmQRS���������IJK<=>?VWXY���������)*+{$|$}$~$$�$�$�$�$&&&�'�'�' - -------�-o.p.q.r.�3�3�3�3�3�3�3�3�4�4�4S6T6y6z6�7�7M8T8�8�8+:,:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�<�<??�A�A�D�D�D"F#F�J�J9L:L=M>M?M@MAMBMCMDMEMFMGMHMNNMRNR�U�U�W�W�W�Y�Y�[�[�`aaaaaaaaa a akblbmbWgXgYg%k&k'k_m`mambmcmdmemfmgmhmUvVvWv'{({){*{+{,{-{.{/{�����������������������@�A�B�ӍԍՍm�n�o�O�P�Q�����������K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T����������^�_�`�a���������������֓דؓٓ�����0�S�T�_�`�d�0���@0��@0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0��0���0��0��0��0��0�H0�H0��0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0���0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>�0�>H0��0�-�0�-�0�-�0�-�0�-�0�-�0�-�0�-�0�-�0�-H0�H0�H0��0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0���0���0���0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��3�0��3�0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0��3�0���0���0��3�0��3�0��3�0���0���0��3�0��3�0���0���0���@0���@0�� 0 �7�c�MU\� ���1�<�N�ddq��Q��c�NPQRSTVWXYZ[]b�O !����NY��HJ��BM��fo��>%G%))�*�*pD|D�D�D�N�N�P�PQbSbWfbf0n9nsq|q�u�ub{f{�{�{�{�{�{ |�|�|} }L~V~W�c�q�z�����*�5�S�T�^�a�d���--�3�3��֓���/�0�S�T�a�d���CONSEJO SUPERIOR JUDICATURA}C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Guardado con Autorrecuperaci�n de 2075 accion popular prevenci�n incendios Vs.asdCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA}C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Guardado con Autorrecuperaci�n de 2075 accion popular prevenci�n incendios Vs.asdCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA}C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Guardado con Autorrecuperaci�n de 2075 accion popular prevenci�n incendios Vs.asdCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA}C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Guardado con Autorrecuperaci�n de 2075 accion popular prevenci�n incendios Vs.asdCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA}C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Guardado con Autorrecuperaci�n de 2075 accion popular prevenci�n incendios Vs.asdCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA}C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Guardado con Autorrecuperaci�n de 2075 accion popular prevenci�n incendios Vs.asdCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA}C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Guardado con Autorrecuperaci�n de 2075 accion popular prevenci�n incendios Vs.asdCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA�C:\Archivos Computador Olivetti\Mis documentos\SENTENCIAS (CIVILES)\ACCION POPULAR\2075 accion popular prevenci�n incendios Vs. Centro Comercial Barichara.docCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA�C:\Archivos Computador Olivetti\Mis documentos\SENTENCIAS (CIVILES)\ACCION POPULAR\2075 accion popular prevenci�n incendios Vs. Centro Comercial Barichara.docConsejo Superior|C:\RELATORIA GENERAL\1 TRIBUNAL SUPERIOR\SALA CIVIL\A-z 1994-2005\2004 Acci�n popular. peligro para la colectividad pdal.doc0�S�d�55�@IBM Proprinter IIILPT1:PROPRINTIBM Proprinter IIIIBM Proprinter III�@f���@MSUDIBM Proprinter III�dIBM Proprinter III�@f���@MSUDIBM Proprinter III�d���c��@��Unknown������������g��:�Times New RomanTimes New Roman5��Symbol?&��:�ArialArial9R�Algerian"������f��fĘa�tNz>�� `�Y����xx�02���2�Q����H��Rep�blica de ColombiaCONSEJO SUPERIORConsejo Superior�� �����Oh��+'��0�������,8 T`l x�����Rep�blica de Colombia9ep�CONSEJO SUPERIORmbiONSONSNormal Consejo Superiormbi2nsMicrosoft Word 9.0i@ �@Xڿ��@��vh��@��vh��tNz�� ��՜.��+,��0hp|������� ��� l>2� Rep�blica de ColombiaT�tulo !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^����`abcdefghijklm����opqrstuvwxyz{|}~���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �FE��h����Data ������������_�1Table��������n(7WordDocument����2�SummaryInformation(�������������DocumentSummaryInformation8���������CompObj����kObjectPool������������E��h��E��h�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q