Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 11001310304120020285-01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Luis Roberto Suárez González

Fecha: 2004-04-13

Sujetos procesales: FUNDACIÓN PROTEGER / BANCO SUDAMERIS COLOMBIA

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Rampa para minusv�lidos que faciliten su ingreso a entidades publicas y bancarias Espacio publico Inter�s particular si entra en conflicto con inter�s general se subordina a �steLey 361 de 1997 Ley 12 de 1987 Resoluci�n 14861 de 1985 Acci�n Popular Demandante: Fundaci�n Proteger Demandado: Banco Sudameris Colombia Apelaci�n Sentencia 41-02-285 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� D.C. SALA CIVIL MAGISTRADO PONENTE: LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisi�n del 10 de marzo de 2004.

Acta No. 9. Bogot� D.C., trece de abril de dos mil cuatro. Procede la Sala a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad, al no advertirse irregularidad constitutiva de nulidad en la rituaci�n del mismo y concurrir los presupuestos procesales para tal fin.

ANTECEDENTES 1. Asistido por profesional del derecho, el actor formul� acci�n popular por la que solicit� se ordene la protecci�n de los intereses y derechos consagrados en la ley 12 de 1987, 361 de 1997 y la resoluci�n 14861 de 1985, que considera vulnerados por el demandado, pretensi�n que se apoy� en el hecho de que la oficina principal de la entidad bancaria ubicada en la carrera 8 No. 15-42 de este Distrito, no cumple con las normas relacionadas con los sistemas de accesibilidad a personas discapacitadas, ya que �solamente se puede [entrar] subiendo las escaleras que preceden la entrada, y a lo largo del espacio en que est�n ubicados dichos escalones, no existe rampa alguna, o estructura a nivel con el anden peatonal � por medio de la cual las personas con deficiencia f�sica puedan ingresar al lugar. 2.

Mediante auto del 01 de abril de 2002 el Juzgado Cuarenta y Uno admiti� la demanda incoada, siendo notificada la entidad bancaria el d�a 18 de junio de 2002 por medio de apoderado judicial, quien propuso las excepciones de �no procedencia de la acci�n� y �los supuestos de hecho no corresponden a la realidad", arguyendo, por un lado, que no hay ning�n derecho colectivo violado, pues los derechos demandados los calific� como individuales de cada persona minusv�lida por lo que es improcedente el mecanismo de la acci�n popular y, por otro lado, que de todos modos no se configura tal vulneraci�n ya que no es cierto que s�lo exista la entrada descrita en la demanda sino que adem�s, la sucursal cuenta con un sitio de ingreso especializado para personas con deficiencias f�sicas en la que se encuentra ubicada una rampa conforme lo estatuye la ley. 3.

Durante el tr�mite de instancia la Defensor�a del Pueblo manifest� su inter�s en coadyuvar la acci�n popular que se examina �toda vez que en el presente caso si se est� vulnerando un derecho colectivo, pues se tata de proteger los derechos a la salud y a la vida de un grupo�, participaci�n que le fue aceptada por lo que se le reconoci� personer�a en el proceso.

Durante la diligencia del pacto de cumplimiento, intervino la Procuradur�a General de la Naci�n, solicitando que se oficiara a Planeaci�n Distrital para que determine si la rampa de acceso de la entrada se�alada por el demandado se ajusta a las condiciones de t�cnica que estatuye la ley. El Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, manifest� en diferentes oportunidades que el derecho presuntamente vulnerado es el �goce del espacio p�blico�, destacando que no estaba en discusi�n alg�n derecho relacionado con el medio ambiente. 4.

El recaudo probatorio, a m�s de los documentos allegados al plenario por ambas partes, se centr� en la confrontaci�n de la inspecci�n judicial sobre la entrada accesoria indicada por el banco, con el oficio dirigido por Planeaci�n Distrital conforme lo solicitara el representante de la Procuradur�a General, pues por el primero, el funcionario de primer grado valor� que exist�a facilidad para el acceso de las personas minusv�lidas a la edificaci�n y a la entidad bancaria, mientras que por el segundo, la oficina p�blica precitada manifest� que �el acceso al banco no cumple con las condiciones establecidas en la ley 361 de 1997�, en t�rminos del informe rendido por el Gerente del Taller del Espacio P�blico del Departamento Administrativo de Planeaci�n. 5.

Tras los alegatos de conclusi�n, en los que el demandado se afirm� en lo dicho y el demandante, aunque reconoci� la existencia de una rampa empleada para el acceso de los minusv�lidos en una segunda entrada a las instalaciones del banco, insisti� que la misma no cumple con los par�metros establecidos legalmente; el a quo mediante sentencia del 2 de octubre de 2003 neg� la acci�n popular interpuesta y advirti� al banco demandado que �debe en todo momento tener libre de obst�culos la entrada a los ascensores y permitir de esa forma el ingreso de personas con limitaciones�, providencia atacada por la fundaci�n accionante mediante el recurso de apelaci�n que aqu� se resuelve, previas las siguientes: CONSIDERACIONES 1.

Las acciones populares son un mecanismo Constitucional y procesal desarrollado en la ley para la protecci�n de los derechos torales e intereses colectivos, dentro de los cuales se destacan el patrimonio, el espacio p�blico, el ambiente, la moralidad administrativa, la seguridad y la salubridad p�blica, la libre competencia y, en fin, los dem�s que, en su competencia y en la medida que las circunstancias lo exijan, el legislador juzgue conveniente as� definirlos.

Desde el punto de vista procedimental, la acci�n se erige como un instrumento c�lere y preferencial de protecci�n de los derechos colectivos violados o amenazados por una acci�n u omisi�n de una autoridad o de un particular y puede ejercerse ante el juez civil o el administrativo, teniendo en cuenta la naturaleza de la funci�n desarrollada por la persona o funcionario que ocasion� el da�o al inter�s o derecho comunitario, acudi�ndose, al efecto, al factor subjetivo, seg�n que el causante del perjuicio sea un particular o una persona p�blica � privada con funciones administrativas; nociones que aplicadas al caso concreto, en el que se denuncia la actuaci�n de un particular, determinan que la competencia se radica en esta Corporaci�n, dada la naturaleza de lo debatido, el factor funcional y el territorial. 2.

Uno de los objetivos b�sicos del Estado Social de Derecho es el disfrute de una mejor calidad de vida y la protecci�n de los derechos y libertades de las personas y en especial medida de las personas con disminuciones f�sicas, sensoriales y/o ps�quicas, afirmaci�n sustentada en la Carta Pol�tica, en donde se prev� un particular amparo por parte del Estado dirigido a las personas a quienes se considera requieren mayor protecci�n. En efecto, �el ordenamiento jur�dico nacional y el derecho internacional estructuran un sistema normativo para hacer merecedoras de un trato especial a las personas que padecen de alg�n grado de discapacidad f�sica�, destacando que �la Constituci�n Pol�tica contiene varios principios espec�ficos sobre discapacitados.

De una parte, consagra para todo colombiano el derecho a circular libremente por el territorio nacional. Adicionalmente prescribe que, con el fin de promover condiciones de igualdad real y efectiva de todos, el Estado tiene la obligaci�n de proteger especialmente a aquellas personas que por su condici�n f�sica, econ�mica o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.

As� mismo, establece que el Estado adelantar� una pol�tica de integraci�n social para los disminuidos f�sicos, sensoriales y ps�quicos y que prestar� la atenci�n especializada a quienes lo requieran. Por �ltimo, dispone que la educaci�n de personas con limitaciones f�sicas, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.

A lo anterior debe agregarse que uno de los fines esenciales del Estado, seg�n lo dispone el art�culo 2� de la Carta Pol�tica, es el de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constituci�n.� Con el prop�sito de lograr el evocado cometido el legislador ha expedido una variedad de normas sobre construcci�n de las edificaciones y con mayor especificidad con la reglamentaci�n sobre la accesibilidad pretendiendo garantizar que todos los ciudadanos, sin distinci�n, tengan derecho a la libre movilidad y al acceso a lugares abiertos al p�blico; tema que ampl�a su espectro a todos los inmuebles, bien sean de dominio p�blico o privado, en virtud de la prevalencia del inter�s general sobre el particular consagrado constitucionalmente. 3.

Mediante acci�n popular la Fundaci�n Proteger solicit� �que se ordene al demandado realizar todas las construcciones y estructuras necesarias que garanticen el acceso f�sico ajustado a lo exigido por ley para las personas con discapacidades f�sicas en sus instalaciones� y, con posterioridad al recaudo probatorio, arguy� que si bien existe una entrada aleda�a a la oficina principal del Banco Sudameris Colombia distinta a la que se describi� en el escrito de demanda, �sta no cumple con las normas legales y t�cnicas exigidas para el acceso a disminuidos f�sicos y por lo tanto se debe ordenar su adecuaci�n; argumento que no obtuvo respaldo por parte del a quo, quien al dictar sentencia, consider� que �por la puerta sobre la carrera octava existe una v�a de acceso en rampa que lleva a las personas al sitio de los ascensores, con lo cual se permite la entrada sin discriminaci�n alguna�, por lo que resolvi� negar la acci�n interpuesta, posici�n que considera la Sala que no guarda conformidad con la juridicidad, tal como se procede a explicar. 4.

Delanteramente acomete la Sala la resoluci�n de los temas referidos a la legitimaci�n en la causa en cabeza de la fundaci�n demandante y sobre la condici�n de derecho colectivo que encarna la situaci�n debatida, aspectos que han sido definidos por la misma ley, poni�ndose de presente que las objeciones planteadas por el demandado no tienen el necesario sustento normativo: 4.1.

La precitada ley 472 regul� el t�pico de la legitimaci�n para interponer las acciones populares se�alando que cualquier persona natural o jur�dica, que pretenda la protecci�n de alguno de los derechos colectivos que est� siendo vulnerado o amenazado mediante acci�n u omisi�n de alguna persona de derecho p�blico o privado, puede intentarla; disposici�n que no deja duda alguna sobre la habilitaci�n de la fundaci�n para ejercer la acci�n que ahora se resuelve. 4.2.

En cuanto a la naturaleza del derecho reclamando, el art�culo 4 de la ley 472 relaciona una serie de derechos e intereses colectivos tutelables intermediando el ejercicio de las acciones populares, encontr�ndose dentro de ellos �la realizaci�n de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jur�dicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes�, norma que calza a plenitud en el sub lite conforme se deriva del libelo introductorio, en el que se pretende la construcci�n de una entrada a la oficina principal del banco demandado apta para personas con limitaciones f�sicas y, tras la evidencia de una segunda entrada a la entidad, se solicita la adecuaci�n de esta edificaci�n tendiente a que cumpla con los lineamientos de las leyes que regulan este t�pico.

En este sentido, de entrada observa la Sala que la acci�n popular ac� intentada si constituye el mecanismo id�neo para la protecci�n reclamada, pues este especial instrumento est� dirigido a la defensa y garant�a de los derechos colectivos consagrados en la Norma Superior, en la ley y en los tratados internacionales suscritos por Colombia, lo que a la postre conlleva claramente a circunscribir la pretensi�n reclamada por la actora como un derecho colectivo dada la especificaci�n hecha por la norma en cita.

A lo anterior se a�ade que no basta la afectaci�n o impacto que un hecho tenga sobre la comunidad para lograr esa protecci�n, sino que es necesario que ese inter�s haya sido calificado como tal por el legislador, condici�n que se verifica en el art�culo 4 de la ley 472 comentado en el cual encuadra el supuesto f�ctico en estudio. De otro lado, la tesis expuesta por el banco accionado tendiente a establecer que las pretensiones de esta demanda corresponden a una acci�n de tutela o a una de cumplimiento, no goza de soporte legal toda vez que jurisprudencialmente se ha definido que �los derechos colectivos, son aquellos mediante los cuales aparecen comprometidos los derechos de la comunidad, y cuyo radio de acci�n va m�s all� de la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos previamente definidos por la ley�, para cuya protecci�n se expidi� la Ley 472, �la cual no se limit� �nicamente a consagrar principios generales, sino que le otorg� al Estado y a los ciudadanos instrumentos efectivos para convivir dentro de un entorno ecol�gico sano. En efecto, estos intereses afectan de manera homog�nea a la comunidad, pero la titularidad de la acci�n cuyo prop�sito es volver las cosas al estado de normalidad la tiene cualquier persona, no obstante que podr� ser ejercida por un grupo determinado de personas a nombre de la comunidad cuando ocurra un da�o a un derecho o inter�s com�n, violado por la acci�n de los particulares o por el poder p�blico.�, As� mismo la jurisprudencia ha precisado que cuando se pretende proteger derechos individuales contra acciones u omisiones que amenazan o vulneran de manera particular a un sujeto, el mecanismo a ejercitar es la acci�n de tutela, al paso que cuando la afectaci�n supera la �rbita singular para perturbar derechos comunitarios el instrumento de defensa es la acci�n popular �porque la titularidad de una acci�n as� planteada recae en la comunidad afectada o en un n�cleo poblacional amplio y por ende indeterminado, cuyos intereses no pueden ser protegidos sino en acciones dise�adas especialmente para tal fin.� (Resalto intencional). 5.

Despejados los iniciales cuestionamientos expuestos por el demandado, acomete la Sala el estudio de fondo sobre la transgresi�n de los derechos colectivos de los minusv�lidos con ocasi�n de la inexistencia de una rampa de acceso a la entidad bancaria en la entrada principal y la suced�nea por el sector de ingreso a los parqueaderos del edificio. 5.1.

Sobre el punto es necesario memorar que las leyes 361 de 1997 y 12 de 1987, as� como la Resoluci�n 14861 de 1985 consagran los par�metros legales que se deben observar en los lugares de acceso a los edificios en los que funcionan �instituciones bancarias, corporaciones financieras y afines�, normas que tienen como definida orientaci�n proporcionar a los disminuidos f�sicos las herramientas suficientes para que puedan valerse por s� mismos, de manera aut�noma, atenuando los efectos de su limitante f�sica o psicol�gica.

Sobre este primer tema conviene precisar que, como ya se ha reconocido en el tramite de instancia, el inmueble donde funciona el banco accionado est� obligado a cumplir con los precitados estatutos pues en su condici�n de instituci�n bancaria se gobierna por el art�culo 2� de la Resoluci�n 14861 de 1985, y el art�culo 2� de la ley 12 de 1987. 5.2.

Del material probatorio arrimado al plenario, observa la Sala que es completamente cierto e innegable el hecho de que la entrada principal de la sucursal del Banco Sudameris ubicada en la Avenida Jim�nez con carrera 8� no es apta para el acceso a personas con disminuci�n f�sica, toda vez que no cuenta con ning�n medio que les permita el ingreso a la entidad.

No obstante, la accionada argument� que el acceso para los minusv�lidos a la sucursal se efectuaba por una entrada aleda�a ubicada sobre la carrera 8�, por ende, esta Sala debe proceder a analizar s� la entrada que ofrece la entidad bancaria a las personas con disminuci�n f�sica se ajusta a las leyes que regulan la materia, anteriormente mencionadas.

En este orden es importante relievar que el art�culo 47 de la ley 12 de 1987 establece los requisitos que deben cumplir las rampas para la circulaci�n interior en las edificaciones, advirtiendo que �su pendiente no ser� mayor del 9%, su ancho no ser� menor de 1.50 metros, altura libre entre piso y techo o cieloraso de 2.20 metros, la longitud m�xima por tramo de rampa ser� de 9.00 metros, el descanso de rampas entre tramos tendr� como m�nimo las siguientes dimensiones: si no hay cambio de direcci�n o hay cambio a 90�, descanso de 1.50 metros de largo y el ancho de la rampa y, si hay cambio a 180�, descanso de 1.50 metros de largo con un ancho igual a dos veces el ancho de la rampa El piso de rampas ser� de material antideslizante y de textura diferente a los pisos adyacentes�.

Adem�s indica que �se colocar�n barandas con altura entre 0.75 metros y 0.85 metros en los lados de rampas cuando den espacios libres. Se aceptar�n otras configuraciones arquitect�nicas siempre y cuando la separaci�n entre sus elementos no sea mayor de 0.12 metros. Se colocar�n pasamanos a altura de 0.90 metros�. Sobre este t�pico, en primer t�rmino se destaca que como la entrada principal a la edificaci�n no est� a nivel con el and�n y su �nico acceso se practica mediante escaleras, se infiere que s�lo est� habilitada para el ingreso de personas sin deficiencia alguna, circunstancia que hace necesaria la existencia de una rampa al efecto, la cual debe ajustarse a la ley y no como lo sostuvo el funcionario de primer grado en la providencia impugnada al decir que, de acuerdo al art�culo 53 de la ley 12 de 1987, como el edificio tiene ascensor, no requiere de rampas, pues esa permisi�n se refiere a las edificaciones de varios niveles y precisamente para acceder a esos pisos, pero no a la entrada principal al edificio, la cual debe estar a la misma altura de la v�a p�blica o en caso de no estarlo, procurarse la facilidad del acceso a los discapacitados mediante rampas.

A lo anterior se agrega que la disposici�n transcrita, esto es, el art�culo 47 de la ley 12 de 1982, tiene operancia en el caso sub examine pues consagra las condiciones t�cnicas que deben cumplir las rampas por las que han de movilizarse los disminuidos f�sicos, tema que constituye el objeto de decisi�n, por lo que resulta oportuno observar la presencia de dichas condiciones en ella.

A. Establece la norma en comento unas condiciones de accesibilidad que no se observan en la rampa habilitada al efecto, pues ella no cuenta ni con las barandas ni con los pasamanos que exige la ley para cada uno de sus lados, necesarios para que las personas desvalidas puedan sostenerse y desplazarse con mayor facilidad por ella. B. En cuanto a la pendiente, no resulta claro a la Sala la equivalencia entre los 30 grados que determin� la funcionaria en la inspecci�n judicial y el 9% de que trata la ley, lo cual ser�a materia de una experticia pero que en todo caso y dadas las anteriores precisiones, no se hace necesario pues los dem�s incumplimientos legales imponen ordenar al banco accionado la construcci�n de una rampa adecuada para el acceso a la entidad de las personas con deficiencias f�sicas de la manera como lo estatuye la ley y no s�lo en lo concerniente a la rampa sino adem�s a las escaleras, los ascensores y dem�s instalamentos que all� se regulan.

C. El referido art�culo estipula que el material de construcci�n de las rampas debe ser antideslizante y de textura diferente a los pisos adyacentes, situaci�n que no se cumple en el sub judice, pues la rampa en toda su anchura, calculado por la se�ora jueza en 5 metros aproximadamente es de textura y material uniforme no antideslizante, precisando que lo que se consider� en la inspecci�n judicial como antideslizante fueron �sus lados� construidos en granito al igual que el centro de la rampa que est� �cubierta con ladrillo antideslizante� (fl. 129).

Sin embargo de examinar el material fotogr�fico arrimado al plenario, fluye que ambos extremos de la rampa, pero tan s�lo en una peque�a extensi�n, se hallan cimentados en granito, mientras que el centro y en general el resto de la rampa est� construido en ladrillo, material que no ofrece la necesaria seguridad a las personas con discapacidad que pudiesen desplazarse por all�.

D. A lo expuesto se adiciona que la construcci�n que la accionada se�al� en su defensa como acceso para personas con deficiencias f�sicas es una zona que, como qued� establecido, no s�lo irrespeta los par�metros legales, sino que es adem�s un �rea de alta peligrosidad en raz�n de que tambi�n es la v�a de entrada vehicular al edificio, sometiendo a los usuarios a innecesarios e injustificados riegos que dadas sus singulares condiciones agravan su situaci�n, la que, por el contrario, la ley quiso proteger de manera especial, argumentos todos que imponen la obligaci�n de ordenar a la entidad demandada que construya el acceso de los disminuidos f�sicos a la entidad en un lugar distinto, que, en procura del derecho fundamental a la igualdad de todos los ciudadanos sin discriminaci�n alguna, habr� de ser la entrada principal a sus instalaciones, ubicada sobre la Avenida Jim�nez.

Para estas modificaciones el Tribunal le otorga al accionado el t�rmino de 2 meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, para que adecue el �rea ocupada a las disposiciones legales, que regulan la protecci�n, seguridad, salud y bienestar de los minusv�lidos. En consecuencia y reunidas como est�n las condiciones para la prosperidad de la Acci�n Popular es de rigor declararlo en ese sentido, puesto que tal como se ha expresado, los derechos y los intereses privados, sin importar su origen el cual puede ser la ley, la concesi�n, el acto administrativo, etc.; si entran en conflicto con el inter�s p�blico, se subordinan a �ste. 6.

Puestos de presente los argumentos que inequ�vocamente se�alan la revocaci�n de la decisi�n impugnada y el reconocimiento de la necesidad de la protecci�n popular, procede la Sala a resolver el t�pico de la condena al pago del incentivo solicitada por el accionante, situaci�n regulada por el art�culo 39 de la ley 472 de 1998 que otorga el derecho a quien promueva acci�n popular de recibir un estimulo monetario por su proceder, mandato que la Sala estima como suficiente para condenar a la entidad bancaria al pago de diez (10) salarios m�nimos mensuales como recompensa. 7.

Como quiera que esta gesti�n obedece a normas de orden p�blico y que el Alcalde Mayor de Bogot� es la primera autoridad de polic�a de la ciudad �ste, por medio de la entidad competente debe velar porque el cumplimiento de esta sentencia se adecue a las normas vigentes que regulan el t�pico, esto es, las leyes 361 de 1997 y 12 de 1987 y la Resoluci�n 14861 de 1985 del Ministerio de Salud.

D E C I S I � N Corolario de lo expuesto, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C., Administrando Justicia en nombre de la Rep�blica y por Autoridad de la ley: R E S U E L V E 1. REVOCAR la sentencia proferida el dos de octubre de dos mil tres, por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad. 2.

DECLARAR impr�speras la excepciones propuestas por el demandado. 3. DECLARAR la prosperidad de la acci�n popular propuesta por la Fundaci�n Proteger contra el Banco Sudameris Colombia. 4. Ordenar al Banco Sudameris que en el t�rmino de dos meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a adecuar el �rea de acceso principal al edificio para personas con disminuci�n f�sica a las disposiciones legales que regulan la materia, para lo que ejecutara todas las construcciones y estructuras necesarias para el libre y f�cil acceso de los discapacitados. 5.

Condenar al accionado al pago de diez (10) salarios m�nimos mensuales como incentivo. 6. Of�ciese al Alcalde Mayor de Bogot�, para que en uso de sus facultades, vele porque el cumplimiento de esta decisi�n se adecue a las normas vigentes que regulan el t�pico. 7. Of�ciese a la Defensor�a del Pueblo, para que vigile el cumplimiento de esta sentencia. 8.

Env�ese al Juzgado de origen, advirti�ndole que debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el art�culo 80 de la ley 472 de 1998. Notif�quese. LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ Magistrado Ponente Rad. 11001310304120020285-01 GERM�N VALENZUELA VALBUENA Magistrado Rad. 11001310304120020285-01 RICARDO ZOP� M�NDEZ Magistrado Rad. 11001310304120020285-01  Art�culo 24 de la Constituci�n Pol�tica.  Art�culo 13 de la Constituci�n Pol�tica.  Art�culo 47 de la Constituci�n Pol�tica.  Art�culo 68 de la Constituci�n Pol�tica.  Sentencia T-206 de abril 2 de 2003, Corte Constitucional.  Art�culo 12, numeral 1�.  Acci�n Popular AP- 165, de febrero 8 de 2001, Consejo de Estado.  Sentencia T-1639, de 28 de noviembre de 2000, Corte Constitucional. PAGE 5 PAGE 19 LRSG 41-02-285 PAGE \# "'P�gina: '#' '"  �Cu�l es? ��i����� g����������1 2 O!P!""�"�"�#�#�#�$�%�%�%9(@(�)�)�+�+.�.������������������ʩ�����푞��������v��%j0JOJQJUmH nH sH tH 6�CJOJQJj0JCJOJQJUCJOJQJmH sH OJQJmH sH OJQJmH nH sH tH CJOJQJmH sH OJQJmH sH OJQJnH tH 5�OJQJCJOJQJmH $sH $ CJOJQJOJQJ CJOJQJ,8����� &'(7Vz������������������dh�dd��dX$$If�F����{��0�������6��������4� Fa� d��d$IfCc�de1e�����������ij������  fg���������������������������� ��dh�d`�� $dh�da$dh�d $dh�da$ $dh�da$dh�d���������������#�%�%�)�)������������������$dha$$dha$ $��dh]��a$$ � ��dh�da$ $dh�da$ $dh�da$dh�d$a$dhdh�d ��dh�d`���)?+@+--p0q0q2r2�3�32838�:�:<<">#>|?}?MBNB�F�F������������������������ $��dh`��a$$dha$ $���dh]���a$  � ��dh�d�.�.�3�4.8/8�9�94:�:�:�:�:y<!>">F?S?�V�W�WYY Y�ZJ[K[�\�\�\�]�]�]�����Ҿ�������������҈xoxj_x�TCJOJQJmH $sH $CJOJQJmH sH mH sH @�CJOJQJ CJOJQJ@�CJOJQJOJQJmH sH @�OJQJB*CJOJQJphj0JB*OJQJUph>*B*OJQJphB*OJQJphj0JOJQJUOJQJOJQJnH tH OJQJmH nH sH tH $j0J<�CJOJQJUmH sH �F J J�K�K�L�L`O SS�W�WYYK[L[�\�\�\������������������ $�Odh]�Oa$ $�'dh]�'a$$ �& ��L � �\ ��ldh�da$dh�d$ � ��dh�da$  � ��dh�d�\�\�]�]�]�]0^1^u^v^�^�^w`x`�`�`�a�a�a�a`babnbob����������������������� $dh�da$dh�d $dh�da$dh�d$dha$ $�Odh]�Oa$�]0^8_w`nbobqb�b�b�b�bc&cBcCcDcpcqc�c�c�c�c�c�c5d6dPdQd�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d�d�deee e!e#e$e�����������������������������������������0J jU CJOJQJCJOJQJmH sH CJOJQJmH sH 0JmHnHu0J j0JU j0JU CJOJQJ CJOJQJ 5�OJQJOJQJ@�CJOJQJ CJOJQJOJQJmH nH sH tH 4obpbqb�b�b�b�b�b�b�b�bccccc&cCcpc�c�c�c5dPd�d�d�d��������������������������$���]���a$dh�d $dh�da$�d�d�d�d�d�d�d�deee0e1e2e������������� $dh�da$�h]�h����&`#$ $e%e1e2e�� CJOJQJ j0JU# 01�h��/ �I!�� "��#��$��%� i0@��0 Normal_HmH sH tH T@T T�tulo 1$$@&a$#CJOJQJ^JaJmH $sH $tH uV@V T�tulo 2$$d�@&a$CJOJQJaJmH sH tH uJ@J T�tulo 3$$d�@&a$5�CJOJQJ^JJ@J T�tulo 4$$dh�d@&a$5�CJOJQJJ@J T�tulo 5$$�Odh@&]�Oa$ CJOJQJFA@���F Fuente de p�rrafo predeter.fB@�f Texto independiente$d�a$CJOJQJ^JmH $sH $tH u`Q@` Texto independiente 3$a$CJOJQJmH $sH $tH u~R~ Sangr�a 2 de t. independiente$��d�`��a$CJOJQJmH $sH $tH udP@"d Texto independiente 2d�CJOJQJ^JmH sH tH uR @2R Pie de p�gina  �C�"CJaJmH $sH $tH u:&@�A: Ref. de nota al pieH*@@R@ Texto nota pieaJmH sH urCbr Sangr�a de t. independiente$��dh`��a$CJOJQJ^JaJ0)@�q0 N�mero de p�gina4�4 Encabezado  ��8!8'@��8 Ref. de comentarioCJ4@�4 Texto comentario1O���'.4�62a-[��� Q��Consejo Superior�*2aCS����(+2a�����8�����&'(7Vz��������ij������f g � � � � � � ��������������!�!�%�%?'@'))p,q,q.r.�/�/2434�6�688":#:|;};M>N>�B�B F F�G�G�H�H`K OO�S�SUUKWLW�X�X�X�X�Y�Y�Y�Y0Z1ZuZvZ�Z�Zw\x\�\�\�]�]�]�]`^a^n^o^p^q^�^�^�^�^�^�^�^�^_____&_�`�`�`�`a3a�0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���������������������������������������0�����������(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@��������������������������H0���0���0���������������������������������������������������������������������8�����������������������������������������0���@���@0���@0���@0�� +++.�.�]$e2e6<?B���)�F�\ob�d2e79:;=>@A1e8 .!t���!����+!��8�@�����������0�( ���4P ��B �S ���� ?�!%gp��qtO!Z!1#:#�)�)�*�*�*�*+(+�0�0'737'<0<�F�FLLL"L�M�M�X�XFYIY[[C_�`aa3a %(7_B_C_�`�`�`�`aaa/a3a��Consejo SuperiorTC:\Temporal\Gloria\A. Sentencias\TS3 ACCPOP ACCESIBILIDADMINUSV�LIDOS 41-02-285.docConsejo SuperiorTC:\Temporal\Gloria\A. Sentencias\TS3 ACCPOP ACCESIBILIDADMINUSV�LIDOS 41-02-285.docConsejo SuperiorTC:\Temporal\Gloria\A. Sentencias\TS3 ACCPOP ACCESIBILIDADMINUSV�LIDOS 41-02-285.docConsejo SuperiorTC:\Temporal\Gloria\A. Sentencias\TS3 ACCPOP ACCESIBILIDADMINUSV�LIDOS 41-02-285.docCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA_\\Sc_lsuarez2\temporal\Gloria\A. Sentencias\TS3 ACCPOP ACCESIBILIDADMINUSV�LIDOS 41-02-285.docCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA[C:\1.

TRIBUNAL\1. SENTENCIAS\4. POPULARES\TS3 POP ACCESIBILIDAD MINUSV�LIDOS 41-02-285.docConsejo Superior~C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Guardado con Autorrecuperaci�n de TS3 POP ACCESIBILIDAD MINUSV�LIDOS 41-02-285.asdConsejo SuperiorzC:\PROVIDENCIAS SALA CIVIL 2004\SUAREZ G. LUIS R\CLASIFICANDO\SENTENCIA\TS3 POP ACCESIBILIDAD MINUSV�LIDOS 41-02-285.docConsejo SuperiorzC:\PROVIDENCIAS SALA CIVIL 2004\SUAREZ G. LUIS R\CLASIFICANDO\SENTENCIA\TS3 POP ACCESIBILIDAD MINUSV�LIDOS 41-02-285.docConsejo SuperiorkC:\PROVIDENCIAS SALA CIVIL 2004\SUAREZ G. LUIS R\SENTENCIAS\ACCION POPULAR\1100131030412002028501 SGLR.doc8+U�S������������r�>bj>����������U�[�а����������U"\��Z��)f4�pN�2�m �E}�r�L7����������������^��`���6o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.�������^��`���6o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.@�Q���^�Q`���56CJOJQJo() @����^�`���56CJaJ- �h����h^�h`���o(.�������^��`���o(.��������^��`���.��p�L��p^�p`�L�.��@ ����@ ^�@ `���.������^�`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��������^��`���.��P�L��P^�P`�L�.2�m)f�r�>E}�r8+U�U�[U"\����������������������������������&'B_C_�`�`a3a���@ �$$�d$#2a`@��Unknown������������G��:�Times New Roman5��Symbol3&� �:�ArialK,��Bookman Old StyleA&� ��Arial Narrow?1�Roman 10cpi"1�����pb�&b͒�pb�&� �N(�] ;~!�� �Kf��0dv`sE2�����Acci�n PopularGLORIAConsejo Superior�� �����Oh��+'��0��������� $ @ L X dpx���Acci�n PopularcciGLORIAPLORLORNormalPConsejo Superiord5nsMicrosoft Word 9.0@xA�@Po&� �@Po&� �@������ �N�� ��՜.��+,��0 hp���� ���� � ��Windows 98� Internet Explorerop�(v` Acci�n Popular T�tulo  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABC����EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[����]^_`abc����efghijk��������n������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �F` ���p�1Table������������D/WordDocument��������%�SummaryInformation(����\DocumentSummaryInformation8������������dCompObj����kObjectPool������������` ���` ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q