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Magistrado Ponente: GAMAL MOHAMMAND OTHMAN ATSHAN RUBIANO (Proyecto discutido y aprobado en Sala del quince (15) de enero de dos mil quince (2015), seg�n Acta n�mero 01) Dec�dase el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha seis (6) de febrero de dos mil catorce (2014), proferida por el Juzgado Veintis�is (26) Civil del Circuito de Bogot�.
ANTECEDENTES RICARDO MAR�N NEIRA, con base en la sentencia dictada el veintisiete (27) de febrero de dos mil doce (2012), dentro del proceso abreviado de restituci�n de inmueble arrendado que promovi� en oportunidad, a trav�s de apoderada judicial, formul� demanda ejecutiva contra �SCAR EDUARDO ORJUELA RAMOS, ELIANETH AGUILAR CORRADINE, �SCAR MUN�VAR FORERO y MAXIMILIANO GONZ�LEZ PE�A con el prop�sito de obtener el pago de los c�nones de arrendamiento indicados en el libelo introductor, junto con los intereses moratorios desde la fecha en que se hizo exigible cada obligaci�n y hasta cuando se efect�e el pago; adem�s, por la suma de DOCE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($12�046.615.oo) por concepto de cl�usula penal pactada en el contrato de arrendamiento.
Por auto de fecha quince (15) de mayo de dos mil doce (2012), el Juzgado Veintis�is (26) Civil del Circuito de la ciudad libr� el mandamiento de pago, conforme a lo solicitado respecto a la renta adeudada, pero frente a la sanci�n penal convencional (cl�usula 11 del contrato de arrendamiento) expidi� la orden por la suma de nueve millones cincuenta mil ochocientos pesos ($9�050.800.oo).
Notificada la parte ejecutada, present� recurso de reposici�n contra el auto de apremio, el cual no fue acogido. Tambi�n formul� como excepciones las que denomin�: �canon mensual de arrendamiento real para los a�os 2007-2008-2009-2010-2011-2012�, �prescripci�n�, �enriquecimiento sin causa y cobro de lo no debido�, �pago� y �falta de causa para cobrar intereses moratorios�.
En prove�do de fecha once (11) de abril de dos mil trece (2013) se acept� la cesi�n de derechos litigiosos que el demandante realiz� a favor de ASESOR�AS OME LTDA en un 20% y de RICARDO SILVA MORENO en el 80%. La sentencia del A quo. El se�or juez a quo declar� NO probadas las excepciones propuestas por la demandada; orden� seguir adelante la ejecuci�n conforme al mandamiento de pago, pero previa imputaci�n de pagos que se indic� en la motiva, acorde a lo reglado por el art�culo 1653 del C�digo Civil; practicar la liquidaci�n del cr�dito, efectuar el aval�o y remate de los bienes embargados y secuestrados y conden� en costas a la pasiva.
Adopt� tal determinaci�n, tras se�alar que las obligaciones objeto de recaudo re�nen los requisitos que impone el art�culo 488 del C�digo de Procedimiento Civil y que dada la naturaleza de la ejecuci�n, en atenci�n a lo reglado por el art�culo 335 de la norma adjetiva en lo civil, el juzgador est� impedido para examinar los medios enervantes de las pretensiones llamados �canon mensual de arrendamiento real para los a�os 2007-2008-2009-2010-2011-2012�, �enriquecimiento sin causa y cobro de lo no debido� y �falta de causa para cobrar intereses moratorios�; bajo ese entendido, procedi� a estudiar los de �pago� y �prescripci�n�.
En relaci�n al primero, avist� que la acreencia no se solucion� con anterioridad a la presentaci�n del texto introductor, de donde deriv� su improsperidad. No obstante, una vez revis� el material probatorio, encontr� que luego de librado el auto ejecutivo se efectuaron abonos a la deuda, que aun cuando no alcanzan para cubrir el total de la misma, deben imputarse a ella conforme lo ordena el art�culo 1653 del C�digo Civil.
Tampoco acogi� la alegada prescripci�n, dado que el t�tulo ejecutivo es la sentencia del proceso abreviado de restituci�n de inmueble calendada el veintisiete (27) de febrero de dos mil doce (2012), el mandamiento se emiti� el quince (15) de mayo de la misma anualidad y se notific� dentro del t�rmino previsto por el art�culo 90 del C�digo de Procedimiento Civil, o sea, que no transcurri� el per�odo de decaimiento.
El recurso de apelaci�n. Inconforme con lo decidido, la demandada present� recurso de apelaci�n, soportado en que el juez de primer grado se equivoc� al aplicar el art�culo 335 del C�digo del rito, puesto que �la sentencia de fecha veintisiete (27) de febrero de dos mil doce (2012) decreta la terminaci�n del Contrato de Arrendamiento, ordena la restituci�n, pero obviamente no condena a pagar por cantidad de sumas por c�nones de arrendamiento�, y que en todo caso, debi� examinar todas las excepciones de fondo impetradas.
A�adi� que del tenor literal del otros� plasmado en el contrato el dos (2) de noviembre de dos mil cinco (2005), a trav�s del cual se cambi� el t�rmino y el precio de la renta, se desprende que �modifica el valor del contrato de arrendamiento a la cantidad de tres millones cuatrocientos mil pesos ($3�400.000.oo) pagaderos mes calendario� y que �se modific� el Numeral 3.3 (�) en el sentido que la duraci�n del contrato es de cinco (5) a�os y que el reajuste ser� del porcentaje relativo al I.P.C. del a�o inmediatamente anterior�, por lo que el clausulado restante qued� inc�lume.
Manifest�, frente al otros� adicional que se efectu�, que �salvo mejor opini�n (�) el reajuste del arrendamiento es en el 10% a la fecha de vencimiento, o sea cada cinco (5) a�os. De suerte que el valor del arrendamiento que va del primero (1�) de noviembre de dos mil cinco (2005) al primero (1�) de noviembre de dos mil diez (2010) es de tres millones cuatrocientos mil pesos ($3�400.000.oo) y del primero (1�) de noviembre de dos mil diez (2010) en adelante el valor del arrendamiento es con el diez por ciento (10%) de incremento, equivalente a tres millones setecientos cuarenta mil pesos ($3�740.000.oo)�.
Pone de presente que bajo los apremios del contrato inicialmente celebrado, el pago al arrendador tendr�a que hacerse los primeros cinco (5) d�as de cada mes, y no el veinte (20) de la mensualidad como se reclam� en la demanda ejecutiva. CONSIDERACIONES Los consabidos presupuestos procesales se hallan reunidos en el caso, motivo por el cual la actuaci�n se ha desarrollado normalmente y tampoco observa la Sala causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, de modo que ello, aunado a lo anterior, conlleva a la presente decisi�n, en los t�rminos y limitaciones que establece el art�culo 357 del C�digo de Procedimiento Civil y la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Del sustento del recurso de alzada se colige que el problema jur�dico a resolver es i) determinar si por no contener el fallo dictado dentro del proceso abreviado una especificidad frente a los valores adeudados por concepto de renta, existe una imposibilidad para ejecutar dicha providencia ante el mismo juez de conocimiento; y, ii) examinar si los t�rminos del contrato y sus modificaciones (precio, plazo, incrementos, etc.) fueron indebidamente interpretados por el a quo, y si de ser as�, se cobr� un mayor valor al realmente debido.
Desde ahora advierte la Sala que el fallo atacado ser� confirmado, acorde con lo que a continuaci�n se explica. Para resolver el primer argumento de censura, orientado a poner de relieve una imposibilidad de llevar a cabo la ejecuci�n por el precio de la renta debida con base en la sentencia dictada dentro del proceso de restituci�n de inmueble arrendado, baste con memorar lo que al respecto ha decantado la Corte Suprema de Justicia: �4.
En orden a definir la autoridad jurisdiccional competente autorizada para conocer de un determinado asunto, el ordenamiento procesal civil ha consagrado los factores objetivo, subjetivo, funcional, territorial y de conexidad. Este �ltimo factor busca preservar los principios de econom�a y unicidad procesales, como se desprende del art�culo 335 ib�dem, modificado por la Ley 794 de 2003, conforme al cual �[c]uando la sentencia haya condenado al pago de una suma de dinero, (�) el acreedor deber� solicitar la ejecuci�n, con base en dicha sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuaci�n y dentro del mismo expediente en que fue dictada (�)�.
La norma transcrita estableci� como regla general e imperativa que el juez del conocimiento es el competente para adelantar el cumplimiento forzado de la sentencia, �ya que fue eliminada la alternativa que dicha disposici�n consagraba antes de ser modificada por el art�culo 35 de la Ley 794 de 2003, consistente en que se pod�a demandar la ejecuci�n ante el juez que la profiri� y en el mismo expediente o en proceso separado sujet�ndose a las pautas de competencia consagradas en el art�culo 23 del C�digo de Procedimiento Civil�, igualmente dispuso que ��el cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales est� a cargo de la autoridad que las profiere al margen, inclusive, de la �poca en que el interesado pida su materializaci�n o acatamiento�� (autos 286 de 2005, exp. 2005-01369-00; 14 de noviembre de 2008, exp. 2008-01335-00; 262 de 19 de diciembre de 2008; 20 de octubre de 2010, exp. 2010-01515-00 y 14 de marzo de 2011, exp. 2011-00176-00, entre otros). 5.
En ese orden de ideas y en l�nea de principio, para el caso de la ejecuci�n de la renta debida, las costas, perjuicios o cualquier otra suma derivada del contrato o de la sentencia dictada en el proceso de restituci�n de inmueble arrendado, el factor de competencia por conexidad fue reiterado en el art�culo 35 de la Ley 820 de 2003, condicionando eso s� su aplicaci�n a que se hubieren practicado medidas precautorias durante dicho juicio�.
Es claro el aparte jurisprudencial, al destacar que la ejecuci�n posterior a la decisi�n de fondo dentro del proceso encaminado a restablecer la restituci�n del bien dado en arriendo, procede, aun por c�nones debidos, siempre y cuando i) se adelante ante el juez que conoci� del asunto, como aqu� ocurre, y ii) que se hayan practicado medidas cautelares, las que efectivamente tuvieron lugar, tal como se ve, entre otras, en la anotaci�n n�mero 14 del folio de matr�cula inmobiliaria No. 50C-1161619 que indica: �Fecha: 21-06-2011 (�) JUZGADO 26 CIVIL DEL CTO de BOGOT� D.C. (�) ESPECIFICACI�N: 0427 EMBARGO EJECUTIVO CON ACCI�N PERSONAL PROCESO RESTITUCI�N #09-00119 (MEDIDA CAUTELAR) PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (�) DE: MAR�N NEIRA RICARDO (�) A: MUN�VAR FORERO OSCAR (�) A: AGUILAR CORRADINE ELIANETH (�)�.
Bajo estos presupuestos, visto como qued� que la autorizaci�n para cobrar coactivamente el precio de la renta lo brinda el art�culo 35 de la Ley 820 de 2003, no se acoge la tesis de la alzada que se estudia. Ahora bien, respecto a la infertilidad de las excepciones de fondo que impetr�, baste se�alar, en relaci�n a las que llam� �prescripci�n� y �falta de causa para cobrar intereses moratorios�, que no hay lugar a alterar lo establecido por el a quo, toda vez que en rigor, al sustentar su alzada el apelante se abstuvo de ilustrar al Tribunal sobre las espec�ficas razones de hecho y de derecho por cuyo m�rito se hac�a procedente acoger cualquiera de esos medios defensivos, raz�n por lo cual, acorde con lo decantado por la Corte Suprema de Justicia, le est� vedado al ad quem pronunciarse sobre lo que no fue objeto del recurso, en tanto dicha autoridad se�al� en pret�rita ocasi�n: �A consecuencia del principio dispositivo que gobierna esencialmente el proceso civil, si bien en l�nea de principio la competencia del juez queda limitada a los temas propuestos en la demanda y en su contestaci�n, a las excepciones y a los asuntos que ex officio debe entrar a decidir, de suerte que si as� no procede �usurpa la iniciativa que s�lo corresponde al ciudadano, �nico que puede dar dimensi�n al da�o que recibe e identificar su fuente (Cas.
Civ. del 22 de marzo de 2007, exp. No. 05001-3103-000-1997-5125-01), ya en lo tocante con la competencia del juez de segunda instancia, se matiza a�n m�s esa �rbita de atribuciones, como quiera que principios como el del �inter�s para recurrir� y el de la �personalidad del recurso� exigen no s�lo entender que la apelaci�n se interpone �nicamente en lo perjudicial para el o los recurrentes (art�culo 357 del C�digo de Procedimiento Civil), sino que son �stos los que delinean, mediante protesta expl�cita asentada en la sustentaci�n de la alzada, aquellos aspectos de la sentencia impugnada que piden sean examinados por el ad quem.
De all� que el art�culo 352 del C�digo de Procedimiento Civil se�ale en su par�grafo 1� que �el apelante deber� sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo� siendo para ello �suficiente, que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia�, lo que viene en consecuencia a darle contornos precisos a la apelaci�n, que, de acuerdo con el art�culo 357 �dem, �se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podr� enmendar la providencia en la parte que no fue objeto de recurso�.
Al respecto, ha dicho la Corte que �cuando el superior conoce de un proceso en virtud del recurso de apelaci�n interpuesto por una sola de las partes, su competencia no es, en principio, panor�mica ni absoluta, cuanto que queda restringida a los puntos de inconformidad del recurrente de quien se entiende, cuando, como aqu� se ha expresado en t�rminos limitados, que consiente o acepta las dem�s determinaciones contenidas en la sentencia apelada.
Esta limitaci�n, le impide el juez de segundo grado ir m�s all� de lo que se le propone� (Sentencia Cas. Civ. de 12 de octubre de 2004, exp. No. 7922). Con mayor �nfasis explic� en ocasi�n posterior que �frente a los medios de impugnaci�n, el aludido principio dispositivo reserva a la parte afectada con una decisi�n judicial, la facultad de interponer el recurso, lo cual exige a la luz de la legislaci�n vigente, como ya qued� rese�ado, exponer los argumentos que soportan su inconformidad; as�, son ellas las encargadas de fijar el alcance de tales recursos, de manera que el acto de impugnaci�n constituye una conducta procesal que traza al juzgador ad quem los contornos del malestar y su propia competencia, y a la contraparte los m�rgenes definidos sobre los cuales discurrir� el debate en segunda instancia. �As�, dispone el art�culo 357 del C.P.C que �la apelaci�n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podr� enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en raz�n de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos �ntimamente relacionados con aqu�lla.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apel� hubiere adherido al recurso, el superior resolver� sin limitaciones� (subraya la Sala). �En un primer momento la norma establece que la apelaci�n se entiende interpuesta �en lo desfavorable al apelante�, regla de alto valor constitucional pues consagra la interdicci�n de la reformatio in pejus.
En suma, esta primera regla impide desmejorar la posici�n del apelante �nico; no obstante, esa parte del precepto no puede leerse como una autorizaci�n al juez de segundo grado para hacer escrutinio y ad nutum y determinar libremente �qu� es lo desfavorable al recurrente�, pues a regl�n seguido la norma establece una segunda prohibici�n complementaria, seg�n la cual �no podr� el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso� (resalta deliberadamente la Sala). �Puestas las cosas en esta perspectiva, ha de admitirse que el recurso de apelaci�n tiene un objeto gen�rico tratado en el art�culo 350 de C.P.C. y un objeto espec�fico y concreto definido, ya no por el legislador sino por el propio recurrente.
Y en ese prop�sito de dar contornos al �objeto del recurso�, presta su concurso definitivo el art�culo 352 de C.P.C., que seg�n la reforma que introdujo la Ley 794 de 2003, establece la necesidad de sustentar la inconformidad, pues de ese modo se conf�a y se ordena a la parte fijar el �objeto del recurso� de apelaci�n. Pero adem�s del deber general de sustentaci�n, reeditado en la reforma de 2003, la regla comentada establece que para dicha sustentaci�n es suficiente expresar �las razones de su inconformidad con la providencia�, y de ese modo, el recurso de apelaci�n tiene un �objeto� delimitado, de modo que la inclusi�n de las �razones de la inconformidad�, deja zonas del litigio fuera de la impugnaci�n, a las cuales el juez no puede acceder mediante una actividad inquisitiva que le permita sustituir al recurrente en la delimitaci�n del �objeto� del recurso� (Cas.
Civ. del 8 de septiembre de 2009, exp. No. 11001-3103-035-2001-00585-01).� Por lo tanto, si la parte recurrente no sustent� seriamente la apelaci�n impetrada respecto de las excepciones de prescripci�n e improcedencia de los intereses moratorios, la Sala no puede ocuparse de tales reproches. As� las cosas, al no encuadrar el particular dentro de los espec�ficos presupuestos f�cticos en que el superior est� facultado para decidir acerca de lo que no fue puesto a su consideraci�n, habr� de mantenerse inc�lume el fallo apelado en lo aludido.
Tambi�n es importante se�alar que las excepciones denominadas �canon mensual de arrendamiento real para los a�os 2007-2008-2009-2010-2011-2012�, �enriquecimiento sin causa y cobro de lo no debido�, en todo caso, est�n llamadas al fracaso, ya que guardan �ntima correlaci�n con los fundamentos de la apelaci�n que restan por ser analizados, en la medida en que su soporte f�ctico se centra en la supuesta interpretaci�n inadecuada de los t�rminos de la convenci�n y sus modificaciones, tal como en adelante se expone.
Para despachar la inconformidad, es pertinente recordar la forma en que se suscribi� el pacto inicial. �(�) 1.1. Arrendador: RICARDO MAR�N NEIRA (�) 1.2. ARRENDATARIOS: �SCAR EDUARDO ORJUELA RAMOS, ELIANETH AGUILAR CORRADINE, �SCAR MUN�VAR FORERO, MAXIMILIANO GONZ�LEZ (�) SEGUNDA. Del t�rmino. 2.1. El t�rmino del arrendamiento ser� de doce (12) meses a contar del PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE DEL A�O DOS MIL CINCO (2005) AL TREINTA (30) DE OCTUBRE DEL A�O DOS MIL SEIS (2006) (�) TERCERA.
Del precio. 3.1. El valor del arrendamiento ser� de TRES MILLONES DE PESOS ($3�000.000) M/CTE., que los arrendatarios se obligan a pagar por cada mes calendario, anticipadamente, dentro de los primeros cinco (5) d�as de la respectiva mensualidad (�) 3.3.Convienen expresamente las partes que vencido el t�rmino original de �ste contrato y as� sucesivamente cada doce (12) meses, en forma autom�tica y sin necesidad de requerimiento alguno, el canon correspondiente al a�o inmediatamente anterior ser� reajustado en un porcentaje igual a la proporci�n que certifique el DANE, como �ndice de Precios al Consumidor (I.P.C.) para el a�o inmediatamente anterior (�) D�CIMA: Exclusivamente para efectos del presente contrato de arrendamiento, nosotros los Arrendatarios nos facultamos mutuamente para que cualquiera de los nombrados en mandato de los dem�s, pueda modificar las condiciones del presente contrato, especialmente las relacionadas al precio y aceptaci�n de la cesi�n del contrato.
Modificaciones o convenciones a las cuales y por mandato nos obligamos todos los coarrendatarios que suscribimos el presente contrato (�) D�CIMA PRIMERA. De las sanciones (�) 11.2. En caso de incumplimiento (�) los arrendatarios ser�n deudores del Arrendador, a t�tulo de CL�USULA PENAL, de una suma igual al duplo del arrendamiento vigente en el momento de iniciar la acci�n judicial (�) Para constancia se firma en Bogot� a los VEINTIS�IS (26) D�AS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2005 ante testigos h�biles.
(�)�. La literalidad del trato no presenta dificultades para su entendimiento en torno al precio ($3�000.000.oo mensuales), duraci�n (12 meses), incremento (anual conforme al I.P.C.), la facultad de cualquiera de los coarrendatarios para modificar junto al arrendador las condiciones inicialmente establecidas y el monto de la sanci�n en caso de incumplimiento.
Tampoco se resiste a la comprensi�n el otros� suscrito el d�a 2 de noviembre de 2005, que a la letra refiere: �CL�USULA PRIMERA. Modificar el numeral 3.1 de la cl�usula tercera �Del precio� del contrato de arrendamiento celebrado en su oportunidad, el cual quedar� as�: TERCERA: DEL PRECIO. El valor del arrendamiento ser� de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($3�400.000 m/te), que los Arrendatarios se obligan a pagar cada mes calendario, anticipadamente, dentro de los primeros cinco (5) d�as de la respectiva mensualidad (�) CL�USULA SEGUNDA: Modificar el numeral 3.3 de la Cl�usula tercera �Del precio� del contrato de arrendamiento mencionado, el cual quedar� as�: TERCERA: Del precio. 3.3.
Convienen expresamente las partes que vencido el t�rmino original de �ste contrato y as� sucesivamente cada sesenta (60) meses, en forma autom�tica y sin necesidad de requerimiento alguno, el canon correspondiente al a�o anterior, ser� reajustado en un porcentaje relativo al I.P.C. del valor de dicho canon, y as� sucesivamente. CL�USULA TERCERA: Las dem�s cl�usulas contin�an vigentes (�)�.
Es n�tido, que en uso de las facultades que la cl�usula d�cima del primigenio pacto, el arrendador y uno de los arrendatarios, mutaron el precio de la renta de tres millones de pesos ($3�000.000.oo) a tres millones cuatrocientos mil pesos ($3�400.000.oo) mensuales, lo que no fue desconocido por la pasiva en su escrito de excepciones, de donde nace una confesi�n judicial espont�nea (art�culo 194 del C�digo de Procedimiento Civil).
As� mismo, se alter� la duraci�n del arrendamiento de doce a sesenta meses. Posteriormente, tambi�n se concert� entre el se�or RICARDO MAR�N NEIRA y el se�or �SCAR EDUARDO ORJUELA RAMOS, un cambio en la forma de hacer el incremento del precio, tal como se lee en la copia aut�ntica vista a folio 17 vuelto: �De com�n acuerdo, arrendador y Arrendatario, modifican en la cl�usula 3, el punto 3.3 referente al incremento anual, que ser� del 10%, diez por ciento y no el I.P.C. como se dijera en �ste punto (�)� Sin vacilaci�n se colige, de la expresi�n �incremento anual� que el valor del arrendamiento subir�a cada a�o un 10%, y no cada sesenta meses como adujo la encartada, con lo que quedan despejadas las discordias que con el fallo de primer grado tuvo la enjuiciada en relaci�n a la interpretaci�n del concurso de voluntades y sus reformas.
No puede pasarse por alto, que ni el valor de la renta, ni el modo en que se aumentar�a, fueron modificados con el contrato que celebr�, con los arrendatarios, el se�or secuestre designado dentro de la ejecuci�n que curs� en el Juzgado 15 Civil del Circuito en contra del arrendador, porque en ese sentido se pronunci� la Corte Suprema de Justicia al desatar la impugnaci�n de tutela que dentro del litigio de restituci�n de inmueble arrendado tuvo lugar, donde indic� la citada autoridad judicial: �En efecto, al tenor de lo estipulado por el art�culo 683 del C�digo de Procedimiento Civil, ��l secuestre tendr� la custodia de los bienes que se le entreguen��, lo que de suyo implica que su funci�n dentro del proceso se limita a la de un simple tenedor o administrador que funge a nombre del propietario, por lo que no le est� permitido, como no lo est� a ning�n tercero que obre sin facultades para ello, modificar los contratos que se hayan celebrado sobre los bienes respecto de los cuales ejerce su custodia.
De hecho, al tenor de lo normado por el art�culo 2023 del C�digo Civil, �si por el acreedor o acreedores del arrendador se trabare ejecuci�n y embargo de la cosa arrendada, subsistir� el arriendo, y se sustituir�n el acreedor o acreedores en los derechos y obligaciones del arrendador�� (Se resalta)�. (Subraya y negrita originales) Al amparo de tales disertaciones, se encuentra ajustado a derecho el pedimento de la ejecutante y la orden librada por el juez de primer grado, sin que haya lugar a reprocharlo, ni la sentencia que emiti�, como quiera que no logr� la demandada acreditar que sufrag� los valores que se le reclaman.
Valga precisar, que ninguna consecuencia jur�dica o econ�mica reviste el que se cobren los c�nones desde el d�a veinte (20) de cada mensualidad hasta el d�a diecinueve (19) de la siguiente, por cuanto el valor a pagar es el mismo y la medida temporal (mes) tambi�n, por lo cual no hay lugar a variar lo decidido. En conclusi�n, se confirmar� el fallo y se condenar� en costas de la instancia a la apelante (art�culo 392 del C�digo de Procedimiento Civil).
En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot� en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: Confirmar la sentencia de fecha y origen preanotados.
SEGUNDO: Costas de esta instancia a cargo de la apelante. El Magistrado ponente fija como agencias en derecho la suma dos millones de pesos ($2�000.000.oo) NOTIF�QUESE Los magistrados, GAMAL MOHAMMAND OTHMAN ATSHAN RUBIANO MAGISTRADO PROCESO N�MERO 11001 3103 026 2009 00119 02 CONFIRMA GERM�N VALENZUELA VALBUENA MAGISTRADO PROCESO N�MERO 11001 3103 026 2009 00119 02 CONFIRMA �SCAR FERNANDO YAYA PE�A MAGISTRADO PROCESO N�MERO 11001 3103 026 2009 00119 02 CONFIRMA Ver folios 499 a 510 del cuaderno 9. Ver folios 28 a 44 del cuaderno 11. Ver folios 45 a 61 del cuaderno 11. Ver folios 82 a 84 del cuaderno 11. Ver folios 62 a 69 del cuaderno 11. Ver folio 104 del cuaderno 11. C.S.J., sentencia del 28 de junio de 2013, expediente 11001-31-03-014-1998-05970-01, Magistrado ponente JES�S VALL DE RUT�N RUIZ. Autos de 30 de septiembre de 1993; 6 de octubre de 1994; 9 de octubre de 2008, exp. 2008-01336-00; 9 de junio de 2009, expedientes 2009-00511-00 y 2009-00727-00; 2 de diciembre de 2009, exp. 2009-01602-00, entre otros. C.S.J., auto del 2 de septiembre de 2013, expediente 11001-0203-000-2013-00700-00, Magistrado ponente.
JES�S VALL DE RUT�N RUIZ. Ver folio 94 del cuaderno 10. CSJ, sentencia de fecha 28 de junio de 2013, expediente 1998 � 05970, M.P. JES�S VALL DE RUT�N RU�Z. Ver folios 35 a 37 del cuaderno 1. Ver folio 17 del cuaderno 1. �La demanda tiene como base el contrato de arrendamiento suscrito el 26 de octubre de 2005, con vigencia a partir del 1 de noviembre de 2005.
El canon mensual de arrendamiento pactado son TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($3�400.00.oo) PESOS M/CTE�. Ver folio 62 del cuaderno 11. PROCESO EJECUTIVO N�MERO 11001 3103 026 2009 00119 02 PAGE \* MERGEFORMAT14 PROCESO N�MERO 11001 3103 026 2009 00119 02 DEMANDANTE: RICARDO MAR�N NEIRA Y OTRO DEMANDADOS: OSCAR EDUARDO ORJUELA RAMOS y OTROS. 9Xegkmnsz���, @ & �Ͻ���������ϬtY=7h�)�hE 5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4h�)�hE CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH h�u�CJOJQJ^JaJh��CJOJQJ^JaJhcb�CJOJQJ^JaJh�CJOJQJ^JaJ h�)�hE CJOJQJ^JaJ#h�)�hE 5�CJOJQJ^JaJ&h�)�hE 5�CJOJQJ\�^JaJ8jh�)�h�#CJOJQJU^JaJmHnHtH $u9XY����A B ' ( 2 ��67���������������������$�Sdh�`�Sa$gdpF�$�Sdh�`�Sa$gd�)�$dh�a$gd�)�$dh�a$gd�)�$d��a$gd�t1& ' (; � � 6QSmo���/ �Ȭ�p�T6T6T6T6T:h�)�hE 5�CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH 7h�)�hE CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH @jh�)�hE CJH*OJPJQJU^JaJmH nH sH tH 4h�)�hE CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 7h�)�hE 5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH:h�)�h*N5�CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH 1hE 5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH / 1 2 ��+,b346���� #$�ʯ������r�r�V�V���=V�1h�u�5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 7h�)�hE 5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 7h�)�hE 6�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH @jh�)�hE CJH*OJPJQJU^JaJmH nH 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���, 0 Sin listaV@�V E 0Texto nota pied��CJaJmHsHtH`�o��`E 0Texto nota pie Car$CJOJPJQJ^JaJmHsHtHL @LE 0 Pie de p�gina �C�"d��J�o��!JE 0Pie de p�gina CarOJPJQJ^JF@2FE 0 Encabezado �C�"d��D�o��ADE 0Encabezado CarOJPJQJ^J�&`��Q�E �Ref. de nota al pie,FC,Texto de nota al pie,Ref. de nota al pie 2,Appel note de bas de page,Footnotes refss,Footnote number,referencia nota al pie,BVI fnr,f,4_G,16 Point,Superscript 6 Point,Texto nota al pie,Pie de P�gina,Texto de nota al piH*V�@bVE Texto de globod��CJOJQJ^JaJT�o��qTE Texto de globo CarCJOJPJQJ^JaJrB@�r�(WTexto independiente$d��a$ CJOJPJQJaJmH sH tH b�o���b�(WTexto independiente CarCJOJPJQJmH sH tH PK!����[Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r��Ø��J��B+$�G]��7O٭V��<a������(7��I��R�{�pgL�=��r����8�5v&����uQ�뉑8��C����X=����$�?6N�JC�������F�B.ʹ'�.�+���Y�T���^e5�5�� ��ð�_�g -�;�����Yl�ݎ��|6^�N��`�?���[��PK!�֧��6_rels/.rels���j�0���}Q��%v/��C/�}�(h"���O� ������=������ 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