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Ref: Proceso ordinario No. 04200300817 01. (Discutido y aprobado en sesi�n de 27 de febrero de 2007). Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 25 de septiembre de 2006, proferida por el Juzgado 4� Civil del Circuito de la ciudad, dentro del proceso de la referencia.
ANTECEDENTES 1. En ejercicio de la acci�n subrogatoria, Seguros Comerciales Bol�var S.A. llam� a proceso ordinario a la sociedad Danzas AEI Intercontinental Ltda., para que se le declare responsable del incumplimiento del contrato de transporte de mercanc�a que celebr� con Distrago Qu�mica S.A. y, en consecuencia, se le condene a reembolsarle, debidamente actualizada, la suma de $48�738.622,oo que la demandante cancel� como indemnizaci�n, por la ocurrencia del siniestro que afect� la p�liza de seguro de transporte No. 1020500008601. 2.
Para sustentar sus pretensiones, la aseguradora invoc� los siguientes hechos: a) Entre la sociedad demandada y Distrago Qu�mica S.A. se celebr� un contrato de transporte multimodal, como �consta en la factura cambiaria de compraventa No. 35-128925� (sic; fl. 60, cdno. 1), en virtud del cual aquella se comprometi� a trasladar unas mercanc�as de Hamburgo (Alemania) a Bogot�, las que estaban amparadas contra los riesgos de falta de entrega por hurto, extrav�o, saqueo y aver�a, entre otros. b) Durante la ejecuci�n del contrato de transporte se produjo el extrav�o de la mercanc�a, lo que origin� que la aseguradora pagara a Distrago Qu�mica S.A. la suma de $48�738.622,oo, por concepto de indemnizaci�n. d) La sociedad demandada es la responsable de la p�rdida de la mercanc�a, por ser el operador del transporte multimodal. 3.
La parte demandada se opuso a las pretensiones, contra las cuales plante� la excepci�n que denomin� �inexistencia del derecho para pedir�, porque s�lo fue una mandataria de la sociedad remitente de la mercanc�a, motivo por el cual �jam�s se oblig� a transportarla o a hacerla transportar� (fls. 85 a 87). LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La juez de conocimiento deneg� las pretensiones de la demanda, luego de considerar que la sociedad demandante no acredit� �los elementos de la acci�n de subrogaci�n�, pues �se desconocen los t�rminos del contrato de seguro� para efectos de establecer si la indemnizaci�n pagada corresponde a un amparo cubierto por la p�liza correspondiente, y no �hay prueba del da�o a indemnizar�, toda vez que los documentos se aportaron en copias simples, sin m�rito probatorio, (fls. 149 y 150).
EL RECURSO DE APELACI�N La parte demandante solicit� la revocatoria del fallo, para cuyo prop�sito aleg� que, contrario a lo que afirm� la juez de primera instancia, en el proceso se demostr� no s�lo la existencia del contrato de seguro con la p�liza No. 10205000086-1, en el cual actu� como tomador, asegurado y beneficiario la sociedad Distrago Qu�mica S.A., sino tambi�n que la �cobertura completa� se encontraba vigente para la �poca del siniestro (fl. 6, cdno. 3).
Indic� que igualmente se prob� el pago v�lido que realiz� la aseguradora a la referida sociedad, seg�n se desprende de las �rdenes Nos. 1000002743 y 10000003140, por $39�117.601,oo y $9�621.021,oo, respectivamente. CONSIDERACIONES 1. Aunque en primera instancia las partes enfocaron la discusi�n al tema de la calidad en que actu� la sociedad demandada en el trasporte de las mercanc�as extraviadas, lo cierto es que con independencia de la posici�n que se adopte en torno a esa particular disputa, las pretensiones no pod�an prosperar porque la aseguradora demandante dej� de probar varios de los requisitos necesarios para el buen suceso de la acci�n subrogatoria (art. 1096 C.Co.), m�s concretamente, la cuant�a de los perjuicios ocasionados al asegurado Distrago Qu�mica S.A. y el pago de la indemnizaci�n acordada en el contrato de seguro, cuya prueba tambi�n es precaria.
En efecto, las deficiencias que presenta el proceso en torno a esos presupuestos, obligan a la Sala a realizar ciertas precisiones respecto a la eficacia probatoria de la prueba documental. a) En primer lugar, cumple destacar que un documento, p�blico o privado, s�lo puede ser apreciado por el juez cuando es aut�ntico, como se deduce de los art�culos 252, 253, 254, 264, 268 y 279 del C.P.C., entre otros.
S�lo en trat�ndose de documentos declarativos emanados de terceros, el legislador posibilit� su apreciaci�n sin necesidad de verificar su autenticidad, a condici�n que la parte contra quien se oponen no haya solicitado su ratificaci�n (num. 2�, art. 277, ib.). La valoraci�n de un documento requiere, entonces, que no exista duda sobre la persona que lo elabor�, manuscribi� o firm�, siendo �til relievar que esa autenticidad se presume para todo documento p�blico (inc. 1�, art. 252 C.P.C.), lo mismo que para los privados provenientes de las partes (inc. 4�, ib.), siempre que unos y otros sean originales, como emerge de la ley y lo tiene aclarado la jurisprudencia, pues si de copias se trata, ellas deben ajustarse a los requerimientos del art�culo 254 ib�dem. b) En segundo lugar, es necesario precisar que la naturaleza del documento, declarativa, dispositiva o representativa, no altera la exigencia de su autenticidad para que pueda ser apreciado por el juez, salvo el caso, ya referido, de los documentos declarativos emanados de terceros.
Cualquiera otro documento proveniente de �stos (dispositivo o representativo), o de las partes (sin importar su naturaleza), �nicamente puede ser ameritado si es aut�ntico (num. 1�, art. 277 C.P.C.). M�s aun, contrario a lo que sucede con los documentos originados de las partes, los que fueron elaborados, manuscritos o firmados por terceros, no se presumen aut�nticos, como expresamente lo refiere el inciso 4� del art�culo 252 del C.P.C.
Respecto de ellos es indispensable que medie reconocimiento, sea notarial (arts. 68 a 72 Dec. 960/70), sea por inscripci�n en un registro p�blico, sea expresa (art. 272 ib.), sea ficta o presunta (art. 274, ib.), o por declaraci�n judicial (art. 275, ib.). c) En tercer lugar, en el caso de las copias, ya se dijo que sobre ellas no recae la presunci�n de autenticidad, ni siquiera en los casos en que el documento reproducido proviene de una de las partes.
Ese car�cter lo adquieren por reconocimiento impl�cito (art. 276 C.P.C.), t�cito (num. 3�, inc. 2�, art. 252, ib.), expreso (art. 272, ib.); presunto (art. 274, ib.), o porque as� lo declare el juez (art. 275, ib.). Pero si la copia es de un documento emanado de tercero, dispositivo o representativo, �ste deber� ser citado al proceso a reconocimiento expreso, toda vez que, en su defecto, aqu�l no podr� ser valorado por el juez, en la medida en que, se insiste, no tiene car�cter aut�ntico. d) En cuarto lugar, se debe recordar que un documento extendido en idioma distinto del Castellano, s�lo puede ser apreciado si obra en el proceso con su correspondiente traducci�n, seg�n lo reclama el art�culo 260 del C.P.C. Sobre el tema de la valoraci�n de la prueba documental, la Sala de Casaci�n Civil de la Corte Suprema de Justicia ha precisado: �La eficacia probatoria de un documento privado depende, formalmente, de su origen y de su contenido.
Trat�ndose de documentos que emanen de las partes, su m�rito probatorio est� condicionado, en todos los casos, a su autenticidad (arts. 252 y 279 C.P.C.), puesto que mal podr�a generar convencimiento al Juez un documento del que no se sabe con certeza qui�n es su autor. En esta �ltima hip�tesis, apenas constituyen prueba sumaria, en la medida en que hayan sido suscritos ante dos testigos (inc. 2 art. 279 ib.).
Por el contrario, si el documento proviene de un tercero, la posibilidad de apreciarlo est� dada por su naturaleza, como quiera que s�lo cuando son de contenido dispositivo o representativo, se requerir� que sean aut�nticos (nral. 1 art. 277 ib.), mientras que si son simplemente declarativos, podr� el Juez concederles valor, siempre que la parte contra quien se oponen no solicite, oportunamente, su ratificaci�n (nral. 2 art. 10 ley 446/98, derogatorio del nral. 2 del art. 277 ib.)�.
Por su parte, la Corte Constitucional puntualiz�: �Un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser aut�nticas. Ese es el principio consagrado en las normas del C�digo de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportaci�n de copias de documentos.
De otra parte, la certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con copias de documentos, est� en relaci�n directa con la autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administraci�n de justicia, y en �ltimas, constituye una garant�a de la realizaci�n de los derechos reconocidos en la ley sustancial.
En trat�ndose de documentos originales puede el art�culo 25 �se refiere al Decreto 2651/91- ser explicable, porque su adulteraci�n es m�s dif�cil, o puede dejar rastros f�cilmente. No as� en lo que tiene que ver con las copias, cuyo m�rito probatorio est� ligado a la autenticidad�. 2. En el caso que ocupa la atenci�n de la Sala, la mayor�a de los documentos aportados con la demanda carecen de eficacia probatoria, por las siguientes razones: a) La factura No. 201/38026077 y el documento de 17 de junio de 2003, ambos expedidos por Biesterfeld Siemsgluss International GMBH, son documentos emanados de un tercero en el proceso, de car�cter dispositivo toda vez que se refieren a un contrato de compraventa y a la entrega de las mercanc�as por parte del vendedor, que adem�s de carecer de autenticidad, obran en copias simples (fls. 9 a 12, cdno. 1).
Por eso no sirven, por ejemplo, al prop�sito de acreditar la cuant�a del da�o. b) El �Bill of Lading� tambi�n obra en copia simple y, en adici�n, no fue traducido del Ingl�s al Castellano (fl. 13, cdno. 1). c) Los documentos expedidos por la DIAN visibles a folios 14, 19, 21, 22 y 70, tambi�n se allegaron en copia sin autenticar (art. 254 C.P.C.), una de ellas ilegible (fl. 19, cdno. 1), por lo que no pueden recibir el beneficio de la presunci�n de que trata el art�culo 252 ib�dem, relativa a los documentos p�blicos.
Pero si, en gracia de discusi�n, pudieran ser apreciados, de ellos tan solo podr�a deducirse que Danzas AEI Intercontinental Ltda. fungi� como �Operador de Transporte Multimodal� y que la mercanc�a objeto de transporte se recibi� �con una cantidad de 88 bultos y un peso de 485.96 Kilos de menos� (fls. 14 y 21, cdno. 1). Incluso, la declaraci�n de importaci�n no aparece firmada por la sociedad demandada, sino por terceros en el proceso, por lo que no le es oponible a aquella. d) Las comunicaciones de 17 de junio y 16 de julio de 2003, suscritas por la Jefe de Comercio Exterior y el Revisor Fiscal de Distrago Qu�mica S.A. (fls. 23 y 26, cdno. 1), aunque originales, no son aut�nticas, sin que se pueda presumir su autenticidad en la medida en que provienen de un tercero en el juicio.
Respecto de ellas, la parte interesada debi� solicitar su reconocimiento, como qued� acotado. De all� que tampoco sean �tiles para acreditar el costo de las mercanc�as extraviadas. Lo propio debe afirmarse en relaci�n con el informe de ajuste final visible a folios 27 a 30, supuestamente emanado de la sociedad Consultores de Riesgos C & S., quien tambi�n es tercero, documento que tampoco puede apreciarse porque incluso carece de firma (art. 269 C.P.C.). e) M�s a�n, si se miran bien las cosas, los documentos con los cuales se pretendi� acreditar el pago de la indemnizaci�n por la ocurrencia del siniestro (fls. 53 a 58, cdno. 1), no pueden valorarse porque en ese espec�fico aspecto tienen origen en un tercero (Distrago Qu�mica S.A.), son dispositivos (en cuanto guardan relaci�n con una manifestaci�n de la voluntad que produce efectos jur�dicos sustanciales), y carecen de autenticidad como lo reclama el numeral 1� del art�culo 277 del C.P.C. Pero adem�s, el �recibo de indemnizaci�n� que obra a folio 53 y los recibos que militan a folios siguientes, son simples copias, sin m�rito probatorio alguno. Y aunque a folios 55 y 57 se hallan los originales de las �rdenes de pago expedidas por Seguros Comerciales Bolivar S.A., no sirven para probar que Distrago Qu�mica S.A. recibi� el valor de la indemnizaci�n, justamente porque respecto de ella el documento no es aut�ntico, ni puede presumirse su autenticidad, dado que dicha sociedad no es parte en el proceso. f) Incluso, si en el contrato de seguro son parte la aseguradora y el tomador (art. 1037 C.Co.), es incontestable que la copia simple de la p�liza que aparece a folios 51 y 52 del cuaderno principal, no sirve al prop�sito de acreditar ese negocio jur�dico, habida cuenta que no aparece firmada por Distrago Qu�mica S.A., sin que en el expediente obre otra prueba que permita afirmar su existencia, circunscritas como estuvieron las partes a debatir el tema de la calidad en que actu� la sociedad demandada. g) Los restantes documentos, como el acta de inconsistencias, la mal llamada factura cambiaria de compraventa y las comunicaciones de 27 y 28 de agosto de 2003 (fls. 15, 16, 18, 24 y 25), aunque aut�nticos por reconocimiento t�cito, tan s�lo respaldan el extrav�o de la mercanc�a transportada, pero no acreditan la cuant�a del da�o, que es uno de los pilares del buen suceso de la acci�n subrogatoria concedida al asegurador por el art�culo 1096 del C�digo de Comercio.
En estas condiciones, fuerza colegir que la demanda no pod�a prosperar, porque la aseguradora demandante no prob� algunos de los presupuestos b�sicos de su pretensi�n, los cuales, trat�ndose de seguros de transporte, consisten en la prueba de los contratos de transporte y de seguro, la prueba del incumplimiento del transportador, la prueba del pago del monto de la indemnizaci�n por parte del asegurador y la prueba de los perjuicios, as� como de la cuant�a de los mismos, como lo ha sostenido la jurisprudencia.
Es cierto que se acredit� la existencia de un contrato de transporte, en el que Danzas AEI Intercontinental Ltda. obr� como mandataria de Distrago Qu�mica S.A. �no como transportadora-, seg�n se desprende de la propia contestaci�n de la demanda (fl. 85, cdno. 1), del interrogatorio de parte que absolvi� su representante (fl. 109, ib.) y de la declaraci�n de Maritza Rodr�guez �lvarez (fls. 120 a 122, ib.).
Tambi�n es cierto que se prob� la p�rdida de 20 de los 26 tambores transportados (fls. 15, 16, 24 y 25, ib.). Sin embargo, ello resulta insuficiente para abrirle paso a la acci�n subrogatoria, pues era menester, adem�s, probar el contrato de seguro, la cuant�a del da�o sufrido por el asegurado y el pago de la indemnizaci�n, siendo claro que a�n si se diera por probada esta �ltima, ese solo hecho no permite suponer que el perjuicio causado ascendi� a la suma cancelada por la sociedad demandante.
En torno a la referida carga probatoria, la Sala de Casaci�n Civil de la Corte Suprema de Justicia, precis�: ( ) el asegurador que por pago de una indemnizaci�n, en virtud de la subrogaci�n legal a que se aludi�, demanda al responsable del siniestro para el resarcimiento de da�os, debe demostrar en el proceso el quatum de �stos, desde luego que el monto del da�o resarcible por el responsable del siniestro no puede determinarse por el importe que el asegurado haya recibido del asegurador, porque este monto fue fijado a espaldas del responsable; esa regulaci�n del da�o causado es para �ste res inter alios acta que, por lo tanto, no puede obligarle� (Cas. civ. de 17 de marzo de 1981). 4.
Puestas de este modo las cosas, se confirmar� la sentencia apelada. Y como la parte contraria no realiz� actuaci�n alguna en segunda instancia, no se condenar� en costas (num. 9, art. 392 C.P.C.). DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 25 de septiembre de 2006, proferida por el Juzgado 4� Civil del Circuito de esta ciudad en el proceso de la referencia. Sin costas en esta instancia.
NOTIFIQUESE MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ Magistrado RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS Magistrado JOSE DAVID CORREDOR ESPITIA Magistrado Cas. Civ. de 20 de noviembre de 2000. Exp. 5664. Cfme: Corte Constitucional. Sent. C-023 de 1998. �En todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputar�n aut�nticos, sin necesidad de presentaci�n personal ni autenticaci�n. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relaci�n con los documentos emanados de terceros� (se subraya) Cas.
Civ. de 4 de septiembre de 2000; exp. 5565. Sent. C-023 de 1998. �Af�rmase que los documentos en cuesti�n son de naturaleza dispositiva �y no declarativa- puesto que contienen un acto de voluntad destinado a crear un efecto jur�dico determinado, consistente en la extinci�n por pago de la obligaci�n del asegurador, expresi�n de la cual brota ope legis el derecho de �ste a reclamar del tercero �el transportador- la restituci�n de lo pagado �hasta la concurrencia de su importe� (Cas.
Civ. de 6 de noviembre de 1990. Cfme: sent. ago. 6/85; sent. 22 de enero de 1991. PAGE 13 Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Bogot� D.C. Sala Civil PAGE PAGE 13 M.A.G.O. Exp. 04200300817 01 Rep�blica de Colombia Tribunal Superior de Bogot� D.C. Sala Civil (>?����U����CT�sy~TU�x d$e$g$�$a'}'�'�'�'�'�������������������������~��slblbl5�CJ\�^JaJCJ^JaJCJOJQJ^JaJj0JCJOJQJUCJOJQJj0J@���U^J@���^J6�@���CJOJQJ]�^J!j0J@���CJOJQJU^J@���CJOJQJ^J\�^J^JaJmH sH CJOJQJ^JCJOJQJ^J^J 5�\�^J5�CJOJQJ\�^J"(?@Tpqr���������`a� �������������������������$��dh`��a$$dha$dh$dha$�D�HK���� � � SU��������jkCDTU����}~������������������������� $dh*$a$dh$dha$~~deXY����w x � � g$h$�$�$��������������������$����]��^��a$$�������]��^��`���a$$��dh]��a$ ��dh*$`��dh*$ $��dh*$`��a$�$�%�%`'a'�(�(-).)++�+�+�,�,�.�.�0�0�1�1�3�3�5�5������������������������ ��dh*$`��dh*$�����;�*$]��^��`�;�$�����;�]��^��`�;�a$�'�'�(�(�(�,�,^3_3�7�;�;�?�@�@�A�A�ABB�B�B�B�C�C�D�D�D,E-E/EFmF��������غ������������znzg^g^T>*CJOJQJ^JCJOJQJ^J j0JU5�CJOJQJ\�^JCJOJQJ^J5�CJOJQJ^J^J6�@���CJOJQJ]�^J@���CJOJQJ^J!j0J@���CJOJQJU^J@���CJOJQJ^Jj0J@���U^J6�@���]�^J@���^J^JaJj0JCJU^JaJCJ^JaJ6�CJ]�^JaJ �5�7�7�9�9�;�;8?9?�?�?BB�B�B�B�BD D?D@DADMDNDOD������������������������$dha$$�����;�*$]��^��`�;�a$ 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CAPuted!D)2002-junio-accidente a�reo 3519970274 01ordCSJ109Microsoft Word 9.0e@J��&@�h ]�@0J�@�v� ]�^ i5�� ��՜.��+,��0(hp�������� � �CONSEJO SUPERIOR JUDICATURAq�A� ) TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIALT�tulo !"#$%&'()*+,-./01234����6789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQR����TUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmn����pqrstuv����xyz{|}~�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �F ��� ]���Data 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