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Magistrado Ponente: CARLOS JULIO MOYA COLMENARES. Ref. Abreviado de GERM�N RODR�GUEZ RICO y LUIS HERNANDO GONZ�LEZ ARDILA contra TRANSPORTES FONTIB�N S.A. Discutido y aprobado por la Sala en sesi�n de 14 de julio de 2004, seg�n Acta N� 27 de la misma fecha. Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que dict� en este asunto el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot�, D.C., el d�a nueve de julio de dos mil uno.
ANTECEDENTES Los se�ores GERM�N RODR�GUEZ RICO y LUIS HERNANDO GONZ�LEZ ARDILA, convocaron mediante proceso abreviado de Impugnaci�n de Acta de Asamblea, a TRANSPORTES FONTIB�N S.A. solicitando lo siguiente: PRIVATE �1. QUE SE DECLAREN NULOS LOS ACTOS DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES FONTIB�N S.A., CELEBRADA EL D�A 25 DE JULIO DE 1998, en cuanto se refieren a las siguientes decisiones tomadas dentro de la misma: a) La decisi�n consistente en modificar el art�culo 2� de los estatutos de TRANSPORTES FONTIB�N S.A., por cuanto para hacerlo se requer�a no s�lo aprobar una proposici�n presentada en tal sentido a la Asamblea General, sino tambi�n aprobar el nuevo texto del art�culo 2� del cuerpo estatutario reformado, es decir, con su redacci�n definitiva, lo cual no se hizo, tal como consta en el acta registrada en la c�mara de comercio (sic) que se anexa a la presente demanda. b) La decisi�n tomada por la Asamblea General consistente en aprobar para la oferta preferencial de las nuevas acciones a los actuales socios una relaci�n de �tres por uno (3,5x1) (Sic)�.
Esto por cuanto, en primer lugar, se incurri� en una abierta contradicci�n al se�alar en letras una cifra y en n�meros otra y as� qued� registrada en el acta, sin que haya hasta la fecha claridad sobre la relaci�n que pretend�a aprobar la asamblea general. En segundo lugar, por cuanto, en cualquiera de los dos supuestos (3x1 � 3,5 x 1) esta (sic) decisi�n violaba abiertamente el par�grafo del art. 3� de los estatutos, pues la relaci�n correcta era de 4,75 x 1.
De tal suerte que con esa contradictoria y en cualquier caso err�nea relaci�n supuestamente aprobada, se menoscabaron los derechos de los socios, pues en la primera vuelta las acciones a colocar en forma preferencial llegar�an a s�lo 10.300.000, cuando en realidad, con la relaci�n correcta, deber�an ascender a 14.000.000. c) La supuesta designaci�n de los se�ores LINOS PAEZ, JORGE GONGORA y AUDELO AVILA para integrar la comisi�n revisora del acta, seg�n aparece en el texto de la misma registrada en la C�mara de Comercio, por cuanto dicha designaci�n no fue realizada por la Asamblea General de Accionistas, y por ende la comisi�n no se integr� de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 16, numeral 5�, y 26� de los estatutos de la sociedad. 2- SE DECLAREN NULAS LAS SIGUIENTES DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES FONTIB�N S.A., RELACIONADAS CON LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL D�A 25 DE JULIO DE 1998. a - La decisi�n tomada por la Junta Directiva de aprobar el reglamento de colocaci�n de acciones, en su reuni�n del 2 de septiembre de 1998, por cuanto dicha aprobaci�n era de exclusiva competencia de la Asamblea General de Accionistas, seg�n el art�culo 3� de los estatutos y adem�s, el reglamento no pod�a entrar a regir sin que se hubiera registrado la supuesta reforma del art�culo 2� del Estatuto de la solidaridad, (sic) lo cual ocurri� con posterioridad a la decisi�n en cuesti�n de la Junta Directiva. b - La decisi�n de la Junta Directiva tomada el d�a 2 de septiembre de 1998 al expedir el supuesto reglamento de colocaci�n de acciones, consistente en ordenar colocar las acciones en oferta preferencial en la suma de 18.000.000 de acciones, en primera vuelta durante los d�as 10 de septiembre a 15 de octubre de 1998 y como consecuencia de esto, la venta y adquisici�n posterior de dichas acciones, por quienes las suscribieron.
Esto por cuanto no pod�a ordenarse dicha colocaci�n de acciones sin que el reglamento respectivo estuviera aprobado por la Asamblea General, como lo ordena el art. 3 de los estatutos de la sociedad; por cuanto, no se respetaba la relaci�n de 4.75 x 1, que era la que se ajustaba a la norma estatutaria anterior, para efectos de ofrecer de manera preferencial las acciones a a (sic) colocar a los propietarios de veh�culos afiliados a la sociedad; y por cuanto, la asamblea hab�a decidido 2.000.000 de acciones quedaran en reserva, es decir, no fueran colocadas.
C - La decisi�n de la Junta Directiva tomada el d�a 2 de septiembre de 1998 al expedir el supuesto reglamento de colocaci�n de acciones, consistente en ordenar colocar las acciones en segunda vuelta de manera proporcional a las acciones qu� poseyera cada uno de los accionistas participantes, durante los d�as 16 de octubre al 30 de octubre de 1998 y como consecuencia de esto, la venta y adquisici�n posterior de dichas acciones, por quienes las suscribieron.
Esto por cuanto no pod�a ordenarse dicha colocaci�n de acciones sin que el reglamento respectivo estuviera aprobado por la Asamblea General, como lo ordena el art. 3 de los estatutos de la sociedad; y por cuanto, las acciones a colocar inclu�an algunas que deber�an haberse ofrecido de manera preferencial a los propietarios de veh�culos en la primera vuelta, pero que por no haberse respetado la relaci�n de 4,75 x1, para dicha primera quedaron incluidas para la segunda vuelta, violando en esta forma el art. 3 de los estatutos. d - La decisi�n tomada por la Junta Directiva el d�a 2 de diciembre de 1998, en el sentido de continuar con la tercer vuelta de colocaci�n de acciones durante los d�as 9 a 21 de diciembre del mismo a�o para colocar las acciones restantes, por cuanto a�n no hab�a sido aprobado el reglamento de colocaci�n de acciones por parte de la Asamblea General, como lo ordena el art. 3� de los estatutos de la sociedad; ni se estaba respetando el monto de acciones que la Asamblea General hab�a ordenado dejar en reserva, el cual ascend�a a 2.000.000 de acciones. 3.
Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la C�mara de Comercio de Santaf� de Bogot� D.C. la cancelaci�n del registro e inscripci�n de los actos declarados nulos. 4. � 5. Que se condene en costas de este proceso a la sociedad demandada.� Los anteriores pedimentos aparecen soportados con los siguientes fundamentos de hecho: �1�) El pasado 25 de julio del presente a�o, se celebr� una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TRANSPORTES FONTIB�N S.A. La raz�n por la cual se convoc�, tal como puede observarse en el orden del d�a del acta N� 045 que se anexa a la presente demanda, fue la de aprobar una reforma estatutaria consistente en el aumento de capital de la sociedad debido a la exigencia en tal sentido contenida en el decreto 091 de 1998.
Dicho decreto fue derogado con posterioridad por el Decreto 1558 del 4 de agosto de 1998, revoc�ndose la exigencia del capital m�nimo, de tal suerte qu� en la actualidad no es legalmente necesario un aumento de capital de la empresa TRANSPORTES FONTIB�N S.A. 2�) Seg�n el Acta No 045 en la Asamblea realizada se aprob� lo siguiente: �1.El capital autorizado pasar� de 200 a 1.000 millones de pesos. �2.El capital suscrito y pagado pasara a novecientos millones. �3.
Como consecuencia de lo anterior la empresa pasar� en su capital autorizado de 4.000.000 de acciones a 20.000.000 de acciones y �4. En su capital por suscribir pasar� de 4.000.000 de acciones a 18.000.000 de acciones. �5. La modificaci�n de estatuto interno de la empresa se limita a dar cumplimiento a los cuatro puntos anteriores y reforma �nicamente el art�culo 2� del citado estatuto. �6.
La deuda que la empresa tiene con cada uno de las accionistas con veh�culo por la suma de $160.000 ser� subsanada con la expedici�n de 3.200 acciones de TRANSPORTES FONTIB�N a favor de cada uno. �7. La opci�n de compra de la nueva emisi�n de acciones en el reglamento de colocaci�n guardar� la relaci�n proporcional de 3,5 x 1, es decir, tiene derecho en la primera vuelta de comprar tres por cada una de las qu� a la fecha se posean.� (se resalta y se transcribe textualmente la incoherencia del acta en cuanto a la proporci�n) 3 - Ahora bien, sobre la colocaci�n de nuevas acciones, el art�culo 3 de los estatutos de la sociedad dispone textualmente: �ACCIONES: las acciones qu� est�n en reserva quedan a disposici�n de la junta Directiva con facultad de ordenar cuando lo estime conveniente, su colocaci�n conforme al reglamento que deber� ser aprobado por la Asamblea General.
Los accionistas tendr�n derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisi�n de acciones, una cantidad proporcional a la que posea en la fecha en la que se apruebe el reglamento. �PARAGRAFO: En la colocaci�n de las acciones que se encuentren en reserva, junto con las qu� se emitan posteriormente, en el reglamento se tendr�n en cuenta primero los socios propietarios de veh�culos afiliados a la Empresa, si sobran ser�n vendidas a socios sin veh�culo y por �ltimo a particulares.�(los resaltados son nuestros). 4�) Como se desprende claramente de la norma estatutaria citada, primero deb�a aprobarse el reglamento de colocaci�n de acciones por parte de la Asamblea General, antes de proceder a colocarlas.
Esto no ha ocurrido en TRANSPORTES FONTIBON S.A. La Junta Directiva elabor� un reglamento y lo aprob� ella misma el 2 de septiembre de 1998, public�ndolo posteriormente, sin someterlo a la consideraci�n de la Asamblea General. ( se anexa fotocopia del supuesto reglamento). No obstante lo anterior, la Junta Directiva est� actualmente colocando las acciones nuevas cuya emisi�n no ha reglamentado a�n la Asamblea General.
Lo anterior constituye una flagrante violaci�n de la ley y de los estatutos de la sociedad que desconoce los derechos de los socios y la buena fe de terceros, as� como compromete la responsabilidad personal de los administradores y del Revisor Fiscal de TRANSPORTES FONTIB�N S.A. 5� - Igualmente, seg�n el art. 3 de los estatutos ya citado, las acciones deben ser colocadas primero a los socios propietarios de veh�culos de la empresa, en segunda instancia a los dem�s accionistas sin veh�culo y finalmente a los particulares.
No se ha determinado a�n por la Asamblea, ni siquiera en el reglamento elaborado por la Junta Directiva, cu�l es el grupo de propietarios de veh�culos, a quienes deber�a ofrec�rseles en primera instancia las nuevas acciones. Adem�s, a este respecto, existen las siguientes inconsistencias y contradicciones: 5.1 En la Asamblea General Extraordinaria fue sometida a consideraci�n y aprobada una relaci�n de 3 x 1 para la oferta preferencial a los actuales socios, sin embargo, en el acta (ver punto 2.7. de este escrito) se escribe en n�meros �3,5 x 1� y despu�s, en letras solamente �tres�.
Esto constituye una clara contradicci�n. 5.2 De cualquier modo, posteriormente a la Asamblea General mis poderdantes pudieron constatar que ni lo uno ni lo otro era correcto, en efecto, mis poderdantes pudieron determinar con base en el listado de accionistas propietarios de veh�culos que la relaci�n correcta era de 4.75 x 1. En virtud de ese desfase, la suscripci�n preferencial de acciones llegar�a a s�lo 10.300.000, en la primera vuelta, cuando en realidad, con la relaci�n correcta, deber�a ascender a 14.000.000, menoscab�ndose se esta forma los derechos de los socios.
Aqu� se est�n violando nuevamente los estatutos (art. 3) y los derechos de los accionistas. 6 - Adem�s de lo anterior, es bien sabido que una reforma del capital autorizado y suscrito, implica una reforma de estatutos. Ahora bien, en el Acta de la Asamblea General Extraordinaria qu� se registro en la c�mara de comercio (sic) y cuya fotocopia anexamos a la presente, consta que la Asamblea General aprob� una proposici�n presentada en el sentido de reformar el art�culo 2� de los estatutos aumentando el capital autorizado y el suscrito.
Pero esto no era suficiente, pues adem�s, era necesario aprobar la versi�n exacta de la nueva redacci�n del art. 2� de los estatutos. Es decir, no bastaba expresar el deseo de reformar el art�culo 2� en uno u otro sentido, sino que se requer�a aprobar el texto reformatorio de los estatutos de la sociedad. Esto no lo hizo la Asamblea General.
Como puede observarse en los documentos que se anexan al presente escrito, las dos inscripciones en la C�mara de Comercio realizadas el d�a 14 de octubre de 1998 (tres meses y medio despu�s de la Asamblea, cuando el plazo legal es de solo dos meses), bajo los n�meros 00652872 y 00652873 del Libro 09, por parte de la administraci�n de TRANSPORTES FONTIB�N S.A., se refiere �nicamente al aumento de capital autorizado, suscrito y pagado.
No se inscribi� una reforma de estatutos, lo que era indispensable en primera instancia. Esto deja entrever que la misma administraci�n estaba consciente de que en realidad la Asamblea General no hab�a aprobado el texto reformatorio de los estatutos como deber�a haberse hecho. 7 - La Asamblea General es la encargada de aprobar el acta de la reuni�n Extraordinaria, seg�n lo dispone el Art. 16 de los estatutos.
No obstante, aparece una comisi�n verificadora del acta aprob�ndola, cuyos integrantes no fueron designados por la Asamblea General, tal como se demostrar� durante el proceso. Luego el acta no est� aprobada y sinembargo, (sic) fue registrada en la c�mara de comercio. (sic). 8 - Debido a todas la irregularidades hasta aqu� se�aladas, mis poderdantes y varios accionistas solicitaron con fecha 2 de octubre del presente a�o a la Junta Directiva, al Gerente y al Revisor Fiscal de la sociedad, la convocatoria urgente a una Asamblea General Extraordinaria.
Se anexa fotocopia de la carta con su respectivo recibido. A esta carta han adherido un total de accionistas que representan m�s de la cuarta parte del total del capital social, no obstante lo cual, la Junta Directiva se ha rehusado a convocar a una nueva Asamblea General Extraordinaria, como se lo ordena imperativamente el art. del C de Co.
(sic). 9 - En reuni�n del 6 de Noviembre de 1998, la Junta Directiva, ante los reclamos escritos y verbales de varios accionistas, acord� suspender la tercera vuelta de colocaci�n de acciones, inicialmente programada para los d�as 31 de octubre al 17 de noviembre de 1998, esperando el concepto de la Superintendencia de sociedades (sic) qu� absolviera la consulta elevada por la misma sociedad, con el n�mero 312565 del 9 de octubre de 1998, sobre la necesidad o no de otorgar un derecho preferencial a los accionistas en la suscripci�n de las acciones a colocar. 10 - Con oficio 220-73778 de noviembre 24 de 1998, la Superintendencia de Sociedades absolvi� la consulta y dejo muy en claro que el derecho de preferencia es de origen legal, pero se sujeta a lo que se disponga en los estatutos.
As� mismo fue tajante en se�alar que el reglamento de colocaci�n de acciones deb�a ser aprobado por la asamblea general, si as� estaba contemplado en los estatutos. 11 - No obstante lo anterior, con fecha 2 de diciembre de 1998, la Junta Directiva decidi� continuar con la locaci�n (sic) de acciones en tercera vuelta, sin haberse aprobado el reglamento respectivo por la Asamblea General de la Sociedad, contraviniendo el art�culo 3 de los estatutos e inclusive, el supuesto reglamento que ella misma hab�a expedido, en cuanto a la fecha de la tercera vuelta.� La acci�n correspondi� por reparto al Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de esta capital, quien avoc� su conocimiento, la admiti� y procedi� al enteramiento personal de la encartada quien, por medio de apoderado judicial, se opuso a todas y cada una de las pretensiones y, adem�s, propuso las siguientes excepciones de m�rito: �A) FALTA DE CAUSA PARA PEDIR: Si analiz�mos (sic) la demanda nos encontraremos ante el disidente acontecer de que en realidad no existe una causa jur�dica en la forma como se pretensiona.
No se da la pretendida responsabilidad atribuible para la prosperidad de la impugnaci�n de actos y decisiones de Asamblea General y Junta Directiva. B) INEXISTENCIA DE RAZONES JURIDICAS: No existen hechos acaecidos real y verdaderamente que permitan siquiera pensar que existi� violaci�n legal o estatutaria alguna por parte de la demandada como para siquiera pensar en responsabilidad atribuible a la misma.
La demandada se sujet�, �nica y exclusivamente como es su deber y obligaci�n legal, a las disposiciones tanto estatutarias como legales que rigen el desarrollo de la actividad comercial de una sociedad an�nima. C) DEFINICI�N POR ORGANO COMPETENTE DE LO DEMANDADO: La concurrencia a la v�a judicial est� excediendo todo lo que tiene que ver con la forma de aprobaci�n y soluci�n de conflictos que se generan con origen y causa de una Asamblea General.
Este aspecto fue debidamente finiquitado teniendo en cuenta la competencia de la Asamblea General, como se habr� de demostrar en la secuencia procesal. D) INEXISTENCIA DE DA�OS Y PERJUICIOS: No es posible que se solicite condena de perjuicios materiales ocasionados por la decisi�n o decisiones adoptadas en debida y legal forma por la Asamblea General de la demandada.
Adem�s no es posible la procedencia de esta pretensi�n ya que ella es antijur�dica, escueta y sin ning�n sustento de orden legal. E) PEDIMENTO DE CONDENA SIN FUNDAMENTOS: Baso esta excepci�n en el hecho de que es imposible demostrar la cuantificaci�n de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($185.000.000.oo) en la forma como se solicita.
Adem�s donde podr� salir jur�dicamente hablando la condena a favor de los demandantes si ellos como socios no podr�n jam�s en forma unilateral obtener el resultado que se pretende, puesto que si se irrogaron perjuicios ser�an estos extensivos a la sociedad en general que fue demandada y no a uno o unos pocos como particulares. En el hipot�tico caso de alg�n perjuicio este recaer�a �nicamente al monto en el cual fue afectado �nicamente el o los se�ores demandantes de conformidad con su capacidad accionaria en la sociedad, pero mal podr�a demandar por los dem�s socios que en su gran mayoria, (sic) por no decir absoluta, no tienen ning�n tipo de comentario, duda o inquietud al respecto del procedimiento adelantado y aqu� demandado.
F) PETICION INADECUADA: Como colorario (sic) de la precedente excepci�n su Despacho debe admitir que el derecho de postulaci�n que asumen los demandantes no les corresponde en la forma presentada ya que no es posible que se peticione en forma personal. G) NO CITACION DE NORMAS LEGALES POSIBLEMENTE VIOLADAS: Si analiz�mos (sic) la demanda en los ac�pites referidos al hecho octavo de la demanda, a los fundamentos de derecho, a la indicaci�n de qu� clase de proceso corresponde la demanda, a la determinaci�n de la competencia para establecer el juez de procedimiento, nos encontramos que brillan por su ausencia razones de �ndole legal y procedimental en la demanda presentada, no indicada en debida, legal y procesal forma por parte del se�or apoderado de los demandantes.� Surtida la audiencia de que trata el art�culo 101 del C. de P.C. y estando el rito en la etapa probatoria, comparecieron Heliodoro Sierra Prieto y Jairo Ernesto Romero Rubio, formulando intervenci�n adhesiva y solicitando no se acojan las pretensiones del libelo demandatorio, la que fue admitida por el Juzgado de primera instancia. Seguidamente, una vez agotada la etapa probatoria y habi�ndose concedido a las partes t�rmino para presentar alegatos de conclusi�n, el juez de primera instancia dict� sentencia. LA SENTENCIA IMPUGNADA El juzgado de conocimiento, luego de historiar el proceso y considerar que los presupuestos que se requieren para dictar sentencia de m�rito se re�nen a cabalidad, decidi� declarar probada, oficiosamente, la excepci�n de caducidad de la acci�n respecto de los actos adoptados por la Junta Directiva el 2 de septiembre de 1998, indicando para ello que la demanda fue presentada el 14 de diciembre de esa misma anualidad, es decir, cuando ya hab�a vencido el t�rmino de dos meses previsto en el art�culo 421 del C�digo de Procedimiento Civil.
En cuanto a la decisi�n tomada por la Junta Directiva el d�a 2 de diciembre de 1998, se�al� que supera los l�mites del contrato social (art. 3�) por no contar con la aprobaci�n del reglamento de colocaci�n de acciones por parte de la Asamblea General de accionistas, lo que implica su declaratoria de nulidad, m�s aun cuando tal acuerdo de voluntades no ha sido modificado.
Por otro lado determin� la falta de caducidad en relaci�n con los actos de la Asamblea General extraordinaria celebrada el 25 de julio de 1998, toda vez que fueron registrados en la C�mara de Comercio el 14 de octubre siguiente mientras que la acci�n se inici� el 14 de diciembre, esto es, dentro de los dos meses que para impugnar concede el art�culo 421 del C. de P.C. si se tiene en cuenta que es a partir de la inscripci�n que se cuenta tal t�rmino. Aludiendo a la decisi�n de reformar los estatutos por un aumento de su capital, afirm� que fue tomada por la mayor�a requerida de los accionistas de Transportes Fontib�n S.A., a m�s de que no era necesario incluir en el acta o en texto alguno la nueva redacci�n de los art�culos reformados.
Agreg� que la contradicci�n en la cifra aprobada para la oferta preferencial de las nuevas acciones, se vislumbra al contabilizar las que se van a colocar, el n�mero de ofertadas y el de t�tulos a colocar, concluy�ndose que corresponde a 3,5 x 1. Y que la falta de aprobaci�n por parte de la Asamblea sobre la preferencia de los accionistas en la adquisici�n de las nuevas acciones es asunto concerniente al reglamento de su colocaci�n, lo que corresponde a la Junta Directiva con aprobaci�n de la Asamblea de socios, de donde se obtiene la inexistencia de violaci�n de las normas sociales.
As� mismo consider� que la designaci�n de la comisi�n revisora del acta tampoco denota ilegalidad alguno o violaci�n a los estatutos de la encartada, por tratarse de una funci�n de la asamblea de accionistas. Por ende, concluy� que las pretensiones basadas en estos supuestos vicios estaban llamadas al fracaso y as� lo declar�. Ante la prosperidad parcial de la demanda, conden� en costas a la en causada pero s�lo en un 14.3%.
LA IMPUGNACI�N Mostr�se inconforme la parte demandante con el fallo, por lo cual interpuso el recurso de apelaci�n se�alando que la decisi�n de reformar los estatutos sociales fue consecuencia de la propuesta del se�or Pedro Luis Boh�rquez, m�s no provino del an�lisis de la comisi�n nombrada para el efecto, lo que implica que se trat� de un tema no incluido en el qu�rum del d�a como tambi�n lo fue el nombramiento de la comisi�n verificadora del acta.
Adem�s, que la propuesta sometida a consideraci�n era la de aumentar el capital en $400.000.000 y, sin embargo, se acord� la aprobaci�n de un capital superior que no fue deliberado ni decidido. Tambi�n indic� que la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de facultad de control, determin� que el porcentaje de 3,5 x 1 en la colocaci�n de acciones no se ajust� a lo dispuesto en el art�culo 3� de los estatutos sociales, que no se incluy� el derecho previsto en el par�grafo de tal norma y que no hubo renuncia al derecho de preferencia por parte de los accionistas, de lo que se desprende errada la providencia atacada en lo que respecta a la legalidad que dio a dichas decisiones.
Agreg� que si exist�an 3390 acciones en reserva de la compa��a y fueron emitidas 14.000.000, ello totaliza 14.003.390 que dividido por los t�tulos en circulaci�n (3.996.610), arroja un total de 3,503816985 y no 3,5 como se indic� en el fallo. As� mismo anot� que el reglamento deb�a tener en cuenta a los accionistas propietarios de veh�culos as� como la proporci�n, lo cual no se realiz� porque no qued� incluida la cantidad de acciones que pose�a cada uno, m�s aun cuando s�lo existen 604 automotores afiliados.
Por �ltimo arguy� que la emisi�n de acciones es ineficaz por no haberse aprobado el reglamento necesario para el efecto, por lo que resulta inaplicable la caducidad de la acci�n que declar� el fallador de primer grado, pues se trata de un acto que no naci� a la vida jur�dica. CONSIDERACIONES Avala el Tribunal los planteamientos del juez de primera instancia en relaci�n con los presupuestos procesales y la ausencia de vicio con entidad suficiente para conducir a sentencia distinta de m�rito o a declaratoria de nulidad.
La legitimaci�n por activa y por pasiva est�n debidamente acreditadas pues as� lo dejan ver los documentos de folios 135 y 136 del cuaderno N� 2 del plenario. De tales medios de prueba se desprende que GERM�N RODR�GUEZ RICO y LUIS HERNANDO GONZ�LEZ ARDILA son socios de la demandada, TRANSPORTES FONTIBON S.A. A trav�s de este recurso ordinario de apelaci�n pretenden los actores se acceda a la declaratoria de nulidad deprecada en los literales a., b. y c. de las pretensiones 1� y 2� de la demanda, en los que se deprec� la nulidad de las decisiones tomadas por la Asamblea General Extraordinaria de accionistas y por la Junta Directiva, respectivamente, de Transportes Fontib�n S.A., en sesiones del 25 de julio y 2 de septiembre de 1998, en su orden.
Siendo as� las cosas debe indicar esta Corporaci�n que en relaci�n con tales pedimentos la acci�n se encontraba llamada al fracaso por haber caducado. En efecto, se entiende por caducidad el �plazo acordado por la Ley, por la Convenci�n o por la autoridad judicial, para el ejercicio de una acci�n o de un derecho�. La caducidad se caracteriza por extinguir la acci�n por la no presentaci�n oportuna de la petici�n, por no ser susceptible de renuncia ni de suspensi�n, es decir, transcurrido el tiempo se producen autom�ticamente sus efectos.
Respecto de la caducidad la H. Corte Suprema de Justicia ha sostenido: �La caducidad, en concepto de la doctrina y la jurisprudencia, est� ligada con el concepto de plazo extintivo en sus especies de perentorio e improrrogable, el que vencido, la produce sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria. De ah� que pueda afirmarse que hay caducidad cuando no se ha ejercido un derecho dentro del t�rmino que ha sido fijado por la ley para su ejercicio.
El fin de la prescripci�n es tener extinguido un derecho que, por no haberse ejercido, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; mientras que el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho puede ser �ltimamente ejercido. Por ello, en la prescripci�n se tiene en cuenta la raz�n subjetiva del no ejercicio del derecho, o sea la negligencia real o supuesta del titular; mientras que en la caducidad se considera �nicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del t�rmino prefijado, prescindiendo de la raz�n subjetiva, negligencia del titular, y aun la imposibilidad del hecho� Pues bien: el art�culo 28 del C�digo del Comercio trata de las personas y actos sujetos a registro y en su numeral noveno consagra que son objeto de registro �la constituci�n, adiciones o reformas estatutarias y la liquidaci�n de sociedades comerciales, as� como la designaci�n de representantes legales y liquidadores, y su remoci�n�.
A su turno el numeral 10� del citado art�culo determina adem�s que son objeto de registro, todas aqu�llas expresas situaciones que determine la Ley. Por manera que no es regla de hermen�utica la que se�ale que todas las actas de asambleas o de junta de socios deben ser sometidas a inscripci�n en el registro mercantil, si es que la formalidad del registro es apenas excepcional para los casos que expresamente se�ale la Ley.
En este caso, el acta impugnada corresponde a la N� 45 de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Transportes Fontib�n S.A., celebrada el 25 de julio de 1998, en la que se dispuso modificar los estatutos de la sociedad mediante un aumento de capital. Y ello sin duda es acto que conforme con el art�culo 158 ib�dem, es objeto de reforma estatutaria como que la ley es clara al mandar que los actos que la impliquen requieran escritura p�blica y que ella debe ser registrada.
Por tanto, la fecha a partir de la cual debe correr el t�rmino de caducidad de la acci�n de impugnaci�n de actas es la del registro del acta. As� lo impone el art�culo 191 del C�digo de Comercio que se�ala lo siguiente: �Los administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes podr�n impugnar las decisiones de la asamblea o de la junta de socios cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos.
La impugnaci�n s�lo podr� ser intentada dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la reuni�n en la cual sean adoptadas las decisiones, a menos que se trate de acuerdos o actos de la asamblea que deban ser inscritos en el registro mercantil, caso en el cual los dos meses se contar�n a partir de la fecha de la inscripci�n.� (Resaltado ajeno al texto).
Tal previsi�n legislativa aparece rubricada en el inciso inicial del art�culo 421 del C�digo de Procedimiento Civil, el cual es del siguiente tenor: �La demanda de impugnaci�n de actos o decisiones de asambleas de accionistas o de juntas directivas o de socios de sociedades civiles o comerciales, s�lo podr� proponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha del acto respectivo, y deber� dirigirse contra la sociedad; si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el t�rmino se contar� desde la fecha de la inscripci�n.� (Resaltado de la Sala).
En el caso de autos, seg�n se desprende de la certificaci�n de folios 46 a 101 del cuaderno N� 1 del plenario expedida por la C�mara de Comercio de esta capital, se vislumbra que el acta impugnada en la pretensi�n N� 1 de la demanda fue registrada el d�a 14 de octubre de 1998. En consecuencia y sabi�ndose que el t�rmino de caducidad de dos meses previsto en el ordenamiento se contabiliza a partir de tal data, necesario resulta colegir que su fenecimiento ocurri� el 13 de diciembre del a�o en cita (1998), esto es, un d�a antes de la presentaci�n del libelo introductoria g�nesis de esta acci�n (14 de diciembre de 1998.
Fls. 32 y 40, cuad. 1) En efecto, resulta necesario memorar que el art�culo 67 del C�digo Civil, modificado por el art�culo 59 del C. P. y M., se�ala que �Todos los plazos de d�as, meses y a�os de que se haga menci�n legal, se entender� que terminan a la media noche del �ltimo d�a del plazo.�Por a�o y por mes se entienden los del calendario com�n, por d�a el espacio de veinticuatro horas, pero en la ejecuci�n de las penas se estar� a lo que disponga la ley penal.� Es decir, que un t�rmino que comienza el 1� de enero termina el 31 del mismo mes y no, como erradamente lo contabiliz� el a-quo, el 1� de febrero.
Ello porque un mismo mes o un mismo a�o, seg�n se trate, no tiene dos veces el mismo d�a y por ende, no resulta l�gico afirmar que un plazo o t�rmino de un a�o que inicia el 1� de enero termina el mismo d�a 1� de enero del a�o siguiente. Ser�a un contra sentido porque n�tese que, de entrada, se esta afirmando que la segunda fecha corresponde al a�o siguiente.
Es m�s, de aplicarse la interpretaci�n que en tal sentido plasm� el juzgado de primera instancia en su fallo a la cotidianidad, se desembocar�a afirmando que el fin del a�o calendario no es el 31 de diciembre sino el 1� de enero. Sobre el particular el tratadista Hern�n Fabio L�pez Blanco ha esbozado lo siguiente: "( ) Necesario es, dada la costumbre tan frecuente en nuestro medio de dejar las actuaciones para �ltima hora, que para efectos de precisar cu�ndo vence el t�rmino del mes o del a�o se�alado por la providencia judicial o la ley misma, recordar que el �ltimo d�a del plazo no es el mismo a partir del cual empez� a contar el mes o el a�o, sino el d�a inmediatamente anterior, lo cual debe ser tenido muy en cuenta para efectos de desterrar el equ�voco que en ocasiones se da respecto a la forma como se computan los t�rminos para asuntos mercantiles.�Ciertamente, si el plazo del mes empieza a contarse el d�a 14 de marzo su vencimiento operar� al finalizar las horas de despacho judicial el 13 del mes de abril, y si de un plazo de un a�o se trata, si empieza a correr el d�a 2 de abril de 1996, vencer� el d�a 1� de abril de 1997, regla que adem�s se aplica igualmente para los plazos de caducidad y prescripci�n que son de neto contenido procesal.�La raz�n es evidente; si se contara el mismo d�a que empez� a correr el t�rmino ya estar�amos frente al primer d�a del segundo mes o a�o seg�n la hip�tesis que se tome.�As�, si el t�rmino de un mes empieza a contarse el primero de junio de 1996 no vence el primero de julio del mismo a�o sino el 30 de ese mes o, para resaltar la idea, si un t�rmino de un a�o comienza el d�a 1� de enero de 1996, no vence el primero de enero del a�o inmediatamente siguiente sino el 31 de diciembre del mismo a�o, pues el primero de enero de 1997 estaremos ya frente al primer d�a del segundo a�o. Y es que, no faltan quienes buscan apoyo en el C�digo de Comercio para sostener que el t�rmino del a�o o del mes vence no el d�a inmediatamente anterior sino el mismo d�a en que empez� a correr, debido a que el art�culo 829 de tal estatuto dispone en su numeral tercero que: Cuando el plazo sea de meses o de a�os, su vencimiento tendr� lugar el mismo d�a del correspondiente mes o a�o", olvidando que esta norma rige para los plazos que se se�alen con ocasi�n de negocios jur�dicos de �ndole mercantil, pero nunca para que se deban computar de acuerdo con el C�digo de Procedimiento Civil, que se rigen de acuerdo con el calendario ". Se tiene, entonces, que la excepci�n de caducidad que encontr� probada en forma oficiosa el Juzgado de primera instancia, no s�lo cobija a las decisiones adoptadas el 2 de septiembre de 1998 sino a las registradas el 14 de octubre del mismo a�o, esto es, que la caducidad abriga todos los pedimentos contenidos en los literales a., b. y c. de las pretensiones 1� y 2� de la demanda.
No obstante, alegan los demandantes que la caducidad de marras no se aplica en trat�ndose de decisiones ineficaces por tratarse de actos que no han nacido a la vida jur�dica. Pero tal argumento no es de recibo para la Sala habida cuenta que, tal y como ya se consider� y adem�s lo ratifica la sentencia de 19 de noviembre de 1.976 trascrita parcialmente en esta providencia, la caducidad se considera �nicamente en relaci�n con el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del t�rmino prefijado, prescindi�ndose de la raz�n subjetiva de tal omisi�n, de la negligencia del titular y aun de la imposibilidad del hecho.
En suma, se concluye la improsperidad de la alzada pues para derribar la excepci�n de caducidad que encontr� probada parcialmente el a-quo y a la cual se hizo alusi�n, la censura s�lo aleg� el argumento acabado de desechar por esta Corporaci�n. Por lo considerado se confirmar� el fallo de primer grado pero aclar�ndose, en relaci�n con lo dispuesto en el numeral 3� de su parte resolutiva, que ello se hace con base en las motivaciones plasmadas en esta providencia, m�s no en las indicadas por el Juzgado del conocimiento.
Ante la improsperidad de la alzada se condenar� en costas a los recurrentes. Por m�rito de lo expuesto el Tribunal Superior de Bogot�, D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando Justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot�, D.C., el d�a nueve de julio de dos mil uno, aclarando que en relaci�n con lo dispuesto en el numeral 3� de su parte resolutiva ello se hace con base en las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. Condenar en las costas de esta instancia a los recurrentes. Notif�quese, CARLOS JULIO MOYA COLMENARES Magistrado. HUMBERTO ALFONSO NI�O ORTEGA Magistrado. MANUEL JOS� PARDO CARO Magistrado. Corte Suprema de Justicia, sent. 8 de noviembre de 1.955, G.J. T LXXXI, p�g. 953. Citado en L�PEZ BLANCO, Hern�n Fabio Institucional de Derecho procesal civil colombiano, p�g. 375. Corte Suprema de Justicia, sent. 19 de noviembre de 1.976,.
Citado en L�PEZ BLANCO, Hern�n Fabio Institucional de Derecho procesal civil colombiano, p�g. 379. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I. Apelaci�n Sentencia. Abreviado de Germ�n Rodr�guez Rico y otro contra Transportes Fontib�n S.A. 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