110013103029201000537 03 · Tribunal de Bogotá

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REF. PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE FRANCISCO RODR�GUEZ HU�RFANO Y OTRO CONTRA FERNANDO BARONA CORDOVEZ Y OTRA. RAD. 110013103029201000537 03 Magistrada Ponente. NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ Discutido y aprobado en Sala de decisi�n del 29 de enero de 2014 Acta N�03 I. ASUNTO Resuelve el Tribunal el recurso de apelaci�n formulado por el apoderado judicial del extremo demandado contra la sentencia del 30 de julio de 2013, proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot� D.C. II.

ANTECEDENTES PETITUM Francisco Rodr�guez Hu�rfano formul� demanda ejecutiva singular contra C.I. Cl�sicos de la Elite Ltda. en Ejecuci�n de Acuerdo de Reestructuraci�n, Fernando Barona Cordovez y Mar�a Mercedes Morales Melo a fin de obtener el pago de la obligaci�n insoluta contenida en la Letra de Cambio n�mero �08/08*10� suscrita por los demandados el 16 de junio de 2010, por valor de $162.733.000.00 junto con los r�ditos moratorios causados desde el 21 de septiembre de la misma anualidad y hasta cuando se produzca el pago.

Dentro del mencionado juicio Jos� Francisco Rodr�guez Maldonado present� demanda ejecutiva para que se acumulara a la inicial, a fin de obtener el pago de la obligaci�n insoluta contenida en la letra de cambio n�mero �03/03*10� suscrita el 9 de febrero de 2010 a cargo de los demandados, por valor de $101.484.220 junto con los r�ditos moratorios causados desde el 21 de septiembre de 2010 hasta cuando se satisfaga la obligaci�n. CAUSA Para sustentar sus pretensiones, los demandantes alegaron sustancialmente los hechos que a continuaci�n se compendian: 2.1 Demanda principal Los demandados suscribieron t�tulo valor �letra de cambio �08/08*10�- a favor de Francisco Rodr�guez Hurtado, por la suma de $162.733.000, para ser cancelados el 21 de septiembre de 2010.

Llegada la fecha del cumplimiento de la obligaci�n los demandados no descargaron el importe del t�tulo, ni con posterioridad han realizado abon� alguno. Demanda acumulada La sociedad C.I. Cl�sicos de la Elite Ltda. en Ejecuci�n de Acuerdo de Reestructuraci�n, Fernando Barona Cordovez y Mar�a Mercedes Morales Melo se obligaron a pagar a Jos� Francisco Rodr�guez Maldonado la suma de $207.147.000,00 como capital, tal y como consta en la letra de cambio n�mero �03/03*10� suscrita el 9 de febrero de 2010, pactando como fecha de vencimiento el 21 de septiembre de la misma anualidad.

Acreencia respecto de la cual los demandados realizaron algunos abonos quedando un saldo insoluto de $101.484.220, el cual a pesar de los m�ltiples requerimientos no ha sido pagado. ACTUACI�N PROCESAL El 1� de octubre de 2010 el a quo libr� orden de pago conforme a lo solicitado por Francisco Rodr�guez Hu�rfano y dispuso el enteramiento de los ejecutados, quienes una vez notificados en debida forma por conducto de apoderado judicial contestaron la demanda oponi�ndose a la prosperidad de las pretensiones, formulando las excepciones de m�rito que se denominaron �letra de cambio entregada en garant�a�, �falta de exigibilidad de la letra de cambio presentada como base del recaudo�, �perdida y/o regulaci�n de intereses�, �compensaci�n�, �pago parcial de la obligaci�n� y �cobro de lo no debido�.

El Juzgado de conocimiento al estimar procedente la acumulaci�n de demanda formulada por Jos� Francisco Rodr�guez Maldonado libr� mandamiento de pago el 22 de octubre de 2010, en los t�rminos solicitados, el cual fue notificado a los ejecutados en la forma que correspond�a, quienes a trav�s de procurador judicial se opusieron a las pretensiones formulando id�nticas excepciones y bajo los mismos argumentos planteados contra la demanda principal.

Posteriormente y al determinarse que la demandada C.I. Cl�sicos de la Elite Ltda., entr� en proceso de liquidaci�n judicial se orden� su exclusi�n de la presente acci�n continuando la misma solo respecto de las personas naturales demandadas. Agotado el tr�mite de la instancia, el 30 de julio de 2013 se profiri� sentencia en los t�rminos previstos en el art�culo 540 del Ordenamiento Procesal Civil, en la que se declar� no probadas las excepciones de m�rito planteadas por el apoderado de los demandados ordenando seguir adelante la ejecuci�n conforme se orden� en los mandamientos de pago pero solo respecto de los demandados Fernando Barona Cordovez y Mar�a Mercedes Morales Melo.

Inconformes con la anterior determinaci�n, los demandados antes referidos formularon en su contra recurso de apelaci�n, el cual fue concedido en el efecto de ley, situaci�n por la que se encuentra el expediente ante esta Corporaci�n. III.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA El Juzgador luego de hacer un recuento normativo y jurisprudencial acerca de los diferentes t�picos jur�dicos planteados, advierte que tanto en la demanda principal como en la acumulada se adosaron t�tulos �letras de cambio- que cumplen a cabalidad con los requisitos impuestos por el legislador para que presten m�rito ejecutivo; seguidamente analiz� cada uno de los medios exceptivos propuestos para finalizar concluyendo que ninguno se encuentra llamado a tener �xito puesto que no se aport� prueba que respaldara los fundamentos de estos, ni con la entidad suficiente para restarle el poder coercitivo de cada uno de los instrumentos que se acompa�aron a cada demanda.

Por lo anterior orden� seguir adelante la ejecuci�n conforme se hab�a resuelto en los mandamientos de pago as� como las dem�s determinaciones que decisi�n en tal sentido implica, excluyendo de la ejecuci�n �como antes de dijo- a la sociedad C.I. Cl�sicos de la Elite Ltda. IV. LA APELACI�N El apoderado judicial de los demandados luego de realizar un recuento de la actuaci�n surtida, as� como los fundamentos de la sentencia de primer grado, aduce que en el interrogatorio rendido por uno de los demandantes se reconoci� que las letras de cambio se giraron en garant�a e igualmente que el actor al momento de desembolsar el dinero mutuado al demandado conoc�a que la sociedad C.I. Cl�sicos de la Elite Ltda. se encontraba en proceso de reorganizaci�n empresarial, interrogatorio con el que a su juicio se comprueba el fundamento de las excepciones.

As� mismo y luego de citar doctrina y jurisprudencia en torno a la actividad probatoria que se debe desplegar para probar las alegaciones que se plantean al interior de un juicio, afirma que el juez de primer grado no valor� en debida forma los distintos medios probatorios que se adosaron al plenario a trav�s de los cuales se acredit� que el demandante recibi� los t�tulos utilizados como base de la acci�n en garant�a, e igualmente que sobre las sumas mutuadas se cobraron y pagaron intereses en exceso circunstancias por las cuales se debe revocar la sentencia apelada para en su lugar declarar probadas las excepciones de m�rito.

Concluye afirmando que �del conjunto de pruebas documentales y el interrogatorio de parte absuelto por el mismo demandante, se logr� probar las excepciones de fondo denominadas �LETRA DE CAMBIO ENTREGADA EN GARANT�A, FALTA DE EXIGIBILIDAD DE LA LETRA DE CAMBIO PRESENTADA COMO BASE DEL RECAUDO; P�RDIDA Y/O REGULACI�N DE INTERESES; COMPENSACI�N Y COBRO DE LO NO DEBIDO, cumpliendo de esta forma con la carga de la prueba a que se refiere el art�culo 177 del C. de P.C., por lo que en este orden de ideas, la sentencia proferida por el a-quo deber ser revocada �ntegramente� V. CONSIDERACIONES 1).

PRESUPUESTOS PROCESALES. Sea lo primero, advertir la presencia de los presupuestos procesales necesarios para considerar v�lidamente trabada la relaci�n jur�dico-procesal. En efecto, le asiste competencia al Juez de primer grado para conocer del proceso y al Tribunal para resolver la alzada; las personas enfrentadas en la litis ostentan capacidad para ser parte y procesal, dada su condici�n de personas naturales en ejercicio de sus derechos; por �ltimo, la demanda re�ne los requisitos m�nimos de ley.

Por lo dem�s, no se vislumbra vicio de nulidad que afecte la actuaci�n surtida, supuestos estos que permiten decidir de m�rito. Por su parte, la legitimaci�n en la causa, tanto activa como pasiva se encuentra acreditada con los documentos arrimados con el libelo introductorio, pues la parte actora alleg� instrumentos que demuestran la existencia de t�tulos ejecutivos a su favor y a cargo de los demandados.

En efecto, con la demanda principal Francisco Rodr�guez Hu�rfano aport� como t�tulo base de la ejecuci�n la letra de cambio �08-/08*10� por valor de $162.733.000 pagadera el d�a 21 de septiembre de 2010, en tanto que para la demanda acumulada Jos� Francisco Rodr�guez Maldonado ados� la letra de cambio �03-/03*10� por valor de $207.147.000 pagadera el 8 de octubre de 2010 las cuales cumplen con las exigencias de los art�culos 621 y 671 del C�digo de Comercio.

Satisfechos entonces los presupuestos de los art�culos 488 y 497 del C�digo de Procedimiento Civil, resultaba procedente la iniciaci�n y tr�mite de la presente ejecuci�n, sin embargo y dado que los demandados formularon excepciones de m�rito, es pertinente examinar el acervo probatorio que milita en el expediente a fin de establecer, si en efecto se acredit� por la pasiva los supuestos de hecho en que se fundan las defensas planteadas de suerte que con ellos se hayan enervado total o parcialmente las pretensiones de la demanda, no sin antes poner de presente los siguientes aspectos relevantes. 2).

DEL PROCESO EJECUTIVO Se ha definido por la doctrina y la jurisprudencia el proceso ejecutivo como la actividad procesal jur�dicamente regulada mediante la cual el acreedor fund�ndose en la existencia de un t�tulo documental que hace plena prueba contra el deudor demanda la tutela del �rgano jurisdiccional del Estado, a fin de que �ste coactivamente obligue al deudor al cumplimiento de una obligaci�n insatisfecha.

Valga decir el proceso ejecutivo tiene por finalidad la satisfacci�n de la prestaci�n no cumplida voluntaria y extrajudicialmente por el deudor; su objeto es la realizaci�n de un derecho privado reconocido en sentencia de condena o en otro t�tulo que lleve �nsita su ejecutividad, es una coacci�n dirigida a lograr el cumplimiento forzado de la obligaci�n. Por la naturaleza del proceso ejecutivo el t�tulo es presupuesto de la ejecuci�n en �l se plasma una voluntad concreta de la cual resulta la existencia de una obligaci�n a favor del acreedor y a cargo del deudor, siendo clara expresi�n de los documentos que re�nen a cabalidad estos requerimientos los t�tulos valores, cuando re�nen todos y cada uno de los requisitos necesarios para su existencia, dada su especial condici�n de bienes mercantiles. 3).

DE LOS T�TULOS VALORES Seg�n el art�culo 619 del C�digo de Comercio "[L]os t�tulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y aut�nomo que en ellos se incorpora ", definici�n de la cual emergen los conceptos de incorporaci�n, literalidad, legitimaci�n y autonom�a, de suerte que cuando quiera que un instrumento de esta naturaleza cumpla a cabalidad las exigencias de ley constituyen t�tulo de recaudo ejecutivo por excelencia, habida consideraci�n que cuando deviene cumplido y no pagado a m�s de otras circunstancias espec�ficamente se�aladas en el C�digo de Comercio o preestablecidas en el t�tulo mismo emerge de acuerdo a lo previsto en el art�culo 780 del mismo Estatuto el derecho del acreedor para procurar el pago de su importe, intereses y gastos de cobranza que pudieran generarse mediante el ejercicio de la acci�n cambiaria.

Dentro de los principios que regentan este tipo de instrumentos son de especial intereses para el sub-lite los dos primeros, que han sido concebidos por la doctrina de la siguiente manera: Literalidad: Hace referencia al contenido impreso en el t�tulo, la cual se debe examinar desde el punto de vista activo como del pasivo, pues conforme al primero, el tenedor de un t�tulo valor no podr� invocar m�s derechos de los que aparecen en el documento, ni puede pretender exigir derechos distintos de los all� insertados y desde el pasivo, el obligado o interviniente en un t�tulo valor no podr� ser forzado a atender prestaciones distintas de las que reza el documento y cumplir� su obligaci�n en la medida que pague la prestaci�n que describe el instrumento.

Legitimaci�n: Es la calidad que tiene el tenedor de un t�tulo valor para ejercitar el derecho incorporado en �ste, se caracteriza por la identificaci�n del titular del derecho contenido en el documento. Toda obligaci�n cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un t�tulo-valor y de su entrega con la intenci�n de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulaci�n, presumi�ndose la entrega cuando el t�tulo se halle en poder de persona distinta del suscriptor (art. 625 C. de Co.), quien por su parte, quedar� obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles con su esencia (art. 626 ib�dem).

Adicionalmente, resulta oportuno recordar que en el derecho cambiario patrio se acepta que los t�tulos valores tienen una causa, es decir se parte del supuesto que toda emisi�n de un t�tulo valor, tiene como origen la celebraci�n de un negocio jur�dico, del cual surge entre las partes contratantes la denominada relaci�n cambiaria, la cual es definida como el v�nculo jur�dico que existe entre el leg�timo tenedor de un t�tulo valor y los obligados cambiarios, cuyas obligaciones incorporadas en el t�tulo corresponden a los derechos exigibles por ese legitimo tenedor, motivo por el cual el ordenamiento ha previsto como causal de excepci�n cambiaria, precisamente las derivadas del negocio jur�dico que dio origen a la creaci�n o transferencia del t�tulo, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio (art. 784-4), por ejemplo la ineficacia, incumplimiento etc., a fin de liberarse del cumplimiento de la obligaci�n demandada.

Lo anterior, sin embargo es sin perjuicio de la independencia entre el llamado negocio causal y la relaci�n cambiaria prevista en los art�culos 620, 643 y 882 del C�digo de Comercio, de modo que coexisten y cada una suministra fundamento legal para exigir las respectivas prestaciones, seg�n fuere el caso, pues debe entenderse que el instrumento se ha entregado en funci�n instrumental de garant�a de pago y no como soluci�n definitiva por la sola entrega, dada la condici�n resolutoria que en todo caso en ellos va inmersa en el evento que el instrumento no sea debidamente descargado por el obligado cambiario. 4).

DE LOS INTERESES Sea lo primero anotar que de acuerdo con la doctrina y partiendo del concepto de bien productivo que se tiene del dinero, se considera que los �intereses� son los frutos del dinero, lo que �l est� llamado a producirle al acreedor de la obligaci�n pecuniaria durante el tiempo que perdure la deuda, el c�lculo sobre la base de una cuota o porcentaje del capital.

De la noci�n anterior emanan las principales caracter�sticas de los intereses a saber: a). Son accesorios, debido a que la obligaci�n de pagarlos depende de una obligaci�n principal, sin la cual no surgen ni existen; b). Son homog�neos, puesto que son un bien fungible y consisten en algo de lo mismo; c). Periodicidad, ya que se devengan por unidades de tiempo, sean d�as, meses, a�os y; d).

Su proporcionalidad, pues su medida corresponde al monto del capital, y la tasa o rata es un porcentaje de �ste y, por lo mismo, el monto de los intereses resulta de multiplicar tal cuota o porcentaje por la cifra del capital y el n�mero de unidades de tiempo que sean. Resulta perentorio distinguir los denominados convencionales de los legales, en donde los primeros, son aquellos que pueden pactar libremente las partes, tomando en consideraci�n en todo caso las normas que fijan los l�mites m�ximos sobre la materia; y los segundos, aquellos que a falta de estipulaci�n convencional, son se�alados por la ley, atendiendo la naturaleza y alcance de la relaci�n sustancial existente entre las partes, valga decir, es aqu�l previsto o impuesto por la ley, para el caso de las obligaciones civiles, el C�digo Civil establece la tasa de inter�s en el 6 % anual, como una tasa de inter�s pura, mientras que el art�culo 884 del C�digo de Comercio se encarga de regular las tasas de inter�s cuando no medie acuerdo de voluntades en asuntos comerciales.

A su vez, tanto los intereses convencionales, como los legales pueden ser remuneratorios o moratorios, los cuales han sido definidos as�: REMUNERATORIOS: Corresponden al car�cter puramente retributivo, son los que se devengan durante el tiempo que media entre el surgimiento de la obligaci�n y el d�a en que ha de cancelarse, y corresponden al beneficio o ventaja que implica para el deudor tener a su disposici�n el dinero a �l prestado o no tener que satisfacer a�n el precio del bien o del servicio del que ya entr� a disfrutar.

MORATORIOS: Son aquellos que cumplen la funci�n de resarcimiento tarifado o indemnizaci�n de los perjuicios, que se presume padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida, de suerte que se reconoce al acreedor el perjuicio que injustamente est� recibiendo con la mora del deudor; perjuicio que no ser� menor del inter�s legal, dispensado de la prueba, pero que puede ser superior, caso en el cual ha acreditarse su realidad y cuant�a. Ahora bien, la tasa del inter�s como retribuci�n o compensaci�n a cargo del deudor de una suma de dinero que corresponde al acreedor por conservarla en su poder, puede tener en cuenta adem�s del monto adeudado, la periodicidad del pago y el tiempo transcurrido, el costo puro del dinero, el costo o precio del riesgo y el �ndice de depreciaci�n monetaria o inflaci�n, en este caso su composici�n ser� mixta, tendr� una doble funci�n, puesto que de un lado servir� como reconocimiento de los rendimientos de esa suma de dinero de la que se vio privado el acreedor, pero por otro lado, servir� para mantener el poder adquisitivo de la misma, es decir que operar� a modo de indexaci�n, par�metros que justifican las distintas modalidades de tasaci�n autorizadas, que pueden o no incluir varios de los factores enunciados o no como son las tasas efectivas, nominales, la DTF, el IPC y la UVR, pero en todo caso deben sujetarse a los topes legales autorizados, seg�n sea la destinaci�n del dinero mutuado.

Tales previsiones, denotan que la voluntad del legislador mercantil fue reconocer como lucro para el acreedor de una obligaci�n dineraria y antes de que se estructure la mora del deudor el inter�s corriente, que para todos los efectos corresponde al inter�s legal comercial y en consecuencia, resulta viable el pacto de intereses comerciales remuneratorios y moratorios, sobre una misma suma de dinero, por considerar que estos incluyen un factor tendiente a restablecer la p�rdida del valor adquisitivo de la moneda.

De lo anterior se colige que el contenido del art. 884 del C�digo de Comercio, obedece a un criterio meramente supletivo, es decir, el quantum de las tasas de intereses se�aladas en dicha disposici�n, se aplica cuando quiera que no se haya hecho pacto expreso al respecto por las partes, sin perjuicio de los l�mites m�ximos que en ella se prev�n, al cual deben someterse los contratantes por ministerio de la ley, (tasa legal), dado el car�cter de normas de orden p�blico que tienen las disposiciones que los regulan y de su parte los funcionarios judiciales velar por su imperativo cumplimiento, adoptando todas las medidas que conforme a su competencia resulten indispensables.

El Consejo de Estado, en un concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de 5 de julio de 2000, precis� que, el cobro de intereses remuneratorios que sobrepasen el l�mite fijado por la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, da lugar a las sanciones establecidas en el art�culo 72 de la Ley 45 de 1990. Adicionalmente, y en un intento por esclarecer el tema de los l�mites a las tasas de inter�s en materia comercial, estim� que el art�culo 884 del C. de Co. es una disposici�n que suple la voluntad de las partes, cuando hayan de pagarse r�ditos de un capital y no se hubiere convenido expresamente por ellas la tasa de inter�s remuneratorio o moratorio, de all� que, a falta de estipulaci�n expresa de los intereses se aplicar� el inter�s bancario corriente como tasa de inter�s remuneratoria, sin exceder la tasa m�xima se�alada por la autoridad monetaria, y llegado el caso en que el l�mite no haya sido fijado por �sta, no existe uno distinto al pactado por las partes al tiempo de la convenci�n, sin que se pueda cobrar ni recibir intereses que excedan la tasa constitutiva del delito que reprime la ley penal con el nombre de �usura�.

En efecto, adujo: �Por ser la norma penal de orden p�blico no pueden desconocerla los contratos celebrados. Se impone entonces, en la pr�ctica, un l�mite a los intereses, cuya infracci�n tiene efectos penales�. Una interpretaci�n de la misma disposici�n (art. 884 del C. de Co.), hecha antes de la modificaci�n de su texto por el art�culo 111 de la Ley 510 de 1999, llev� a la Corte Suprema de Justicia a decir �Como las normas legales no pueden interpretarse de tal manera que su inteligencia conduzca al absurdo, se hace indispensable llegar a la conclusi�n de que, en el sistema del derecho mercantil colombiano, no es posible pactar como tasa de inter�s una que exceda del doble del inter�s corriente bancario�.

(Cas. Civ. de 29 de mayo de 1981), entendi�ndose hoy que tal l�mite es una y media veces el inter�s bancario corriente. Incluso en decisi�n posterior el M�ximo Tribunal de la Jurisdicci�n Ordinaria, haciendo un an�lisis de la incompatibilidad de solicitar a una misma oportunidad intereses comerciales y correcci�n monetaria, qued� reflejado su criterio en punto al l�mite a las tasas de inter�s: �(�) el inter�s tiene como frontera inquebrantable la tasa de usura (art. 305 C.P.), seg�n lo ha expresado la corporaci�n en forma repetida (Vid: cas. civ. de 30 de mayo de 1996, CCXL, p�g. 709 y cas. civ de mayo 11 de 2.000; exp: 5427)� (Cas.

Civ. de 19 de noviembre de 2001; Ref. Exp. 06094). Ahora, si bien es cierto que la ley pregona que existe libertad negocial de las partes para establecer el inter�s remuneratorio a reconocer a favor del acreedor, tambi�n lo es que dicha estipulaci�n en ning�n caso puede exceder la llamada �tasa de usura�, es decir, que corresponde a los sujetos respetar los topes m�ximos fijados por la ley �los cuales por ser determinados en normas de orden p�blico son de imperativo cumplimiento-, a m�s que ha sido prop�sito del legislador combatir dicho il�cito para impedir todo aprovechamiento injusto; luego ante un cobro excesivo de intereses el acreedor perder� los r�ditos remuneratorios o moratorios, o ambos, aumentados en un monto igual, a t�tulo de sanci�n, tal y como lo pregona el art�culo 72 de la Ley 45 de 1990. 5).

CASO CONCRETO 5.1. En el sub-judice la pasiva alega no estar obligada a descargar el importe de los t�tulos utilizados como base de la acci�n, argumentando que los mentados instrumentos fueron expedidos como garant�a de pr�stamos o mutuos otorgados por Francisco Rodr�guez Hu�rfano y que al momento de la celebraci�n de las diferentes negociaciones el actor sabia que la sociedad C.I. Cl�sicos de la Elite Ltda., se encontraba en estado de reestructuraci�n; as� mismo y que por haberse entregado los instrumentos como garant�a �stos se encontraban sin fecha de vencimiento, por lo cual la obligaci�n actualmente es inexigible.

Por �ltimo se adujo que sobre los diferentes contratos de mutuo celebrados con el demandante se cobraron intereses en exceso, los cuales deben ser compensados a la presente obligaci�n, circunstancia que trae aparejada como consecuencia la configuraci�n de las excepciones que denomin� �perdida y/o regulaci�n de intereses�, �compensaci�n�, �pago parcial de la obligaci�n� y �cobro de lo no debido�. 5.2.

En lo que hace a las excepciones planteadas tanto en la demanda principal como en la acumulada cobijadas bajo el argumento de haber sido expedidos los t�tulos para garantizar negociaciones existentes entre actores y convocados de distintos contratos celebrados entre las partes, dicha circunstancia no hace que la letra de cambio cumplido el plazo o la condici�n para ser descargada, resulte inexigible o sea imposible materializar el derecho en ella incorporado, pues qued� demostrado que las partes han celebrado pluralidad de negociaciones que fueron respaldadas con t�tulos cartulares en donde por dem�s los aqu� obligados no hicieron atestaci�n alguna que refiera que son solo como garant�a, pero incluso de haberse impuesto atestaci�n en ese sentido, tampoco se truncar�a su recaudo porque como se ha dicho los t�tulos valores son instrumentos de contenido crediticio necesarios y aut�nomos para reclamar el derecho que all� se incorpora, y a la larga como atr�s se indic�, la expedici�n de un instrumento de esta naturaleza a m�s que paralelamente se emite como consecuencia de un negocio causal, no encierra en s� mismo el pago de obligaciones insolutas, sino que por el contrario �stos se expiden con el prop�sito de garantizarlas.

En esas condiciones si un t�tulo valor resulta impagado, nada impide al acreedor una vez cumplido el plazo para que se descargue la obligaci�n garantizada con �l incluso reclamar coercitivamente mediante juicio ejecutivo el pago de los rubros insolutos, pues, garant�a no es sin�nimo de inexigibilidad como parece entenderlo la pasiva, de lo cual se desprende el fracaso del medio defensivo as� planteado, porque como qued� visto en esencia la expedici�n de un t�tulo valor es garantizar la obligaci�n de la prestaci�n en el contenida.

Ahora frente al argumento que las letras utilizadas como base de la acci�n se suscribieron sin el lleno de todos los requisitos, porque la fecha de exigibilidad se dej� en blanco y que, por el contrario, �las partes pactaron en forma libre y voluntaria que dichos espacios se llenar�an previa carta de autorizaci�n por parte de los demandados, la cual nunca se hizo, por lo que el t�tulo presentado como base de recaudo carece del requisito de exigibilidad�, preciso es ratificar su fracaso toda vez que prueba respaldado dicha afirmaci�n brilla por su ausencia, por lo que la misma carece de entidad para restarle validez y eficacia a la literalidad a los instrumentos utilizados como base de la acci�n. Por el contrario de la copia del contrato de mutuo allegado por el demandante al descorrer el traslado de las excepciones, el cual por dem�s se encuentra suscrito por los demandados, quienes dentro de la oportunidad no lo desconocieron, e incluso existe concordancia en lo manifestado tanto por el apoderado del extremo actor, como por el de la pasiva que como consecuencia del referido negocio es que se libraron los t�tulos aqu� ejecutados, documento que en la cl�usula segunda se pact� �el deudor se obliga a cancelar los cr�ditos desembolsados�, en un plazo comprendido entre sesenta (60) y hasta ciento cincuenta (150) d�as como m�ximo y cancelados mediante abonos parciales que ser�n efectuados durante el plazo concedido seg�n los documentos negociados, hasta cubrir la totalidad de la deuda por concepto de capital e intereses�, de lo cual se desprende que los deudores se encontraban obligados a pagar las sumas de dinero que los actores les hubieren entregado a titulo de mutuo m�ximo dentro de los 150 d�as siguientes a su desembolso, encontr�ndose incluso en la obligaci�n de amortizar capital junto con los intereses de plazo.

En consecuencia sin respaldo probatorio que mitigue la literalidad de los instrumentos base de la ejecuci�n la defensa que en esa direcci�n se present� resulta fallida. 5.3. De otra parte, en lo que hace a las excepciones que se titularon �p�rdida y/o regulaci�n de intereses, compensaci�n, pago parcial de la obligaci�n y cobro de lo no debido� los cuales se fundaron b�sicamente en que las obligaciones de las cuales se demanda su pago en el presente juicio resultan inexigibles porque en los diferentes mutuos celebrados con los demandantes se pagaron intereses en exceso en cuant�a de $754.253.784,00 a pesar de que la sociedad C.I. Cl�sicos de la Elite Ltda., se encontraba en estado de reestructuraci�n, lo cual era de conocimiento del acreedor, rubro que incrementado en una suma igual alcanza a cubrir los valores reclamados quedando incluso saldo a favor de los demandados, por lo que a juicio de los deudores bajo esta �ptica se debe poner fin a la presente ejecuci�n, solo tiene vocaci�n de prosperidad de forma parcial la referida a la regulaci�n y perdida de intereses, respecto de la letra �08/08*10�, por la suma de $3.780.992.88 y en la �03/03*10 en $10.898.892.86, conforme se explica a continuaci�n. Inicialmente se aclara que si bien el cobro excesivo de intereses por parte del acreedor, habilita al deudor para reclamar la devoluci�n de las sumas pagadas en exceso m�s un rubro igual, la discusi�n en el presente juicio ejecutivo se circunscribe exclusivamente a las acreencias de las cuales se persigue aqu� su pago coercitivo, tanto en la demanda principal como en la acumulada, no as� con relaci�n a obligaciones distintas, puesto que tales circunstancias se deber�n ventilar bien frente a cada una de �stas o dentro de un proceso independiente que promuevan directamente los deudores si consideran haber pagado en exceso intereses a sus acreedores.

Dicho lo anterior y en consideraci�n que los medios defensivos tienen similares argumentos tanto en la demanda principal como en la acumulada, debe indicarse de manera liminar que tanto de las pruebas alegadas como de la propia manifestaci�n de los extremos en contienda se reconoce haberse recibido la suma incorporada en los t�tulos como consecuencia de un contrato de mutuo, existiendo discusi�n es en relaci�n a las sumas que fueron canceladas por intereses aleg�ndose por el extremo pasivo que se cobraron tasas que exceden los topes m�ximos certificados por la Superintendencia Financiera.

Para acreditar dicha afirmaci�n se alleg� certificaci�n suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad C.I. Cl�sicos de la Elite Ltda. en Reestructuraci�n y la contadora Elsy Janeth Venegas Gualteros, donde se afirma que respecto de la suma mutuada por el beneficiario del t�tulo 08/08*10 se pagaron $17.380.899,49 por conceptos de inter�s corriente entre junio y septiembre de 2010, suma dentro de la cual se excedi� en $7.002.669.67 al tope m�ximo autorizado y respecto de la 03/03*10, que por el mismo concepto se cancelaron $47.360.464,00, afirmaci�n que en principio por provenir de contadores p�blicos se presume veraz, pues deben corresponder fielmente a los balances contables tomados de los libros de la sociedad demandada, aunado a que conforme lo establece nuestro ordenamiento legal los Contadores P�blicos son personas naturales habilitadas para dar fe p�blica de hechos propios relacionados con su profesi�n y aunque �sta se encuentra suscrita por la contadora de la sociedad, lo cual no se encuentra permitido, por su condici�n de dependencia laboral para la �poca, dicha inhabilidad no cobija al Revisor Fiscal, que igualmente tiene la facultad de dar fe sobre actos propios de su competencia con relaci�n a la empresa para la cual presta sus servicios. No obstante si bien aluden a que se cancelaron intereses por encima de los topes autorizados, no es posible acoger a plenitud sus manifestaciones, habida consideraci�n que de acuerdo con la documental que se ados� se incluyen como intereses otros conceptos como son �servicios�, que no pueden ser calificados con car�cter absoluto como intereses, debido a la pluralidad negocial existente entre los extremos en contienda, lo que genera duda sobre los valores que fueron imputados por tal concepto.

Empero, esa incertidumbre respecto al cobro de intereses por encima de los l�mites autorizados vino a ser despejada a causa de las manifestaciones que con fuerza de confesi�n en los t�rminos del art�culo 197 del C.P.C., hizo el apoderado judicial del extremo actor, quien al descorrer traslado de las excepciones luego de aludir al error contenido en los documentos allegados por el extremo pasivo en relaci�n a que se suman como pago de intereses valores correspondientes a otros conceptos e indicar que �toman una tasa (tasa de Inter�s Legal) que corresponde a la tasa efectiva mensual del inter�s bancario corriente (1.87% Efectivo Mensual) tasa nunca utilizada entre particulares, sino �nicamente dentro del sector bancario�, expresamente manifiesta que se les factura y cobra la Tasa M�xima Legal Vigente autorizada por la Superfinanciera, que seg�n su apreciaci�n �para el trimestre comprendido entre Julio a septiembre de 2010 es igual al 33.93% Efectivo Anual e igual al 2.46% Efectivo Mensual (resalto ajeno al texto), informaci�n que podemos corroborar con las facturas expedidas a los deudores�, realizando incluso el mandatario unos ejercicios aritm�ticos en el escrito para dar mayor claridad a su exposici�n, en los que efectivamente se establece que la tasa a partir de la cual se hicieron los cobros fue del 2.46% efectivo mensual.

Tal confesi�n permite a la Sala afirmar que efectivamente se cobraron intereses excediendo el l�mite legal, por cuanto confrontada la tasa de inter�s que reconoce el apoderado de los demandantes cobraron sus prohijados, �sta supera los topes m�ximos autorizados y certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia para cada uno de los periodos.

Ello es as�, toda vez que s� la tasa de usura corresponde a aquella que exceda el uno y media vez al que la mentada autoridad certifique como inter�s bancario corriente, ninguna persona jur�dica o natural, podr� cobrar tasas que excedan dicho l�mite, por lo que si para el periodo comprendido entre febrero y septiembre 2010 se certific� el mentado inter�s corriente en los siguientes t�rminos: 2039 30-dic-0901-ene-1031-mar-1016,14%069930-mar-1001-abr-1030-jun-1015,31%1311 30-jun-1001-jul-1030-sep-1014,94% Tomando en consideraci�n las limitantes que consagran los art�culos 884 del C.P.C., y 305 de la Ley 906 en cuanto define el delito de usura la tasa m�xima legal efectiva mensual que acorde con las normas de matem�tica financiera pueden cobrarse ser�an los siguientes: RES. FECHADESDEHASTAT.E.A.TASA MORA MAXT.E.M.2039 30-dic-0901-ene-1031-mar-1016,14%24.21%�1.82%069930-mar-1001-abr-1030-jun-1015,31%22.97%1.74%1311 30-jun-1001-jul-1030-sep-1014,94%22.41%1.70% Y no se diga que estas tasas son vinculantes solo para el sector financiero, toda vez que por la naturaleza de normas de orden p�blico que tienen las disposiciones que regulan el tema, a las mismas est�n sometidas todas las personas naturales o jur�dicas que en el territorio nacional pretendan obtener rendimientos econ�micos de un capital, de suerte que de exceder tales valores el infractor se har� acreedor a las sanciones que al respecto ha previsto la ley.

Siendo entonces que el acreedor cobr� intereses mensuales a la tasa del 2.46% resulta imperativo concluir que efectivamente estos fueron superiores a los legalmente autorizados en un exceso de aproximadamente m�s del 1% de acuerdo a los siguientes ejercicios matem�ticos: LETRA 08/08*10�INTERESES COBRADOS�INTERESES AUTORIZADOS�DIFERENCIA EN EXCESOJul-10162.733.000,004.003.232,002.742.901,041.260.330,96Ago-10162.733.000,004.003.232,002.742.901,041.260.330,96Sep-10.162.733.000,004.003.232,002.742.901,041.260.330,96TOTALES12.009.696,008.228.703,123.780.992,88 LETRA03/03*10INTERESES COBRADOSINTERESES AUTORIZADOSDIFERENCIA EN EXCESOfeb-10207.147.000,004.705.206,493.494.067,081.211.139,41mar-10207.147.000,005.209.335,763.868.431,411.340.904,35abr-10207.147.000,005.041.292,673.743.643,301.297.649,37may-10207.147.000,005.209.335,763.688.630,541.520.705,22jun-10207.147.000,005.041.292,673.569.642,461.471.650,21jul-10207.147.000,005.209.335,763.688.630,541.520.705,22ago-10146.140.079,003.845.402,332.545.331,111.300.071,22sep-10129.068.251,002.004.695,731.232.768,70771.927,03sep-10101.484.220,001.205.374,47741.233,64464.140,8337.471.271,6426.572.378,7810.898.892,86 Incluso los recibos aportados con la contestaci�n de las excepciones que corresponden a intereses de los meses de agosto y septiembre sobre la letra N� 03 ratifican el cobro de $3.845.176,00 y $3.209.490,00, montos que como qued� anotado en precedencia son fruto de la aplicaci�n de una tasa nominal y que en todo caso es superior a la autorizada.

Coligase de lo anotado que para la letra de cambio aportada como base de la ejecuci�n inicial se cobraron en exceso intereses por valor de $3.780.992,88 M/cte., los cuales incrementados en un rubro igual -atendiendo las sanci�n prevista en el art�culo 72 de la Ley 45 de 1990- alcanzan la suma de $7.561.985,76 que deben ser restados al importe del t�tulo valor, lo cual arroja una diferencia insoluta a cargo del obligado saldo de $155.171.014,24, monto por el cual debe seguir adelante la ejecuci�n de la demanda principal; en tanto que respecto de la demanda acumulada el exceso alcanz� un monto de $10.898.892,86 M/cte., que doblados conforme lo impone el art 72 citado alcanza la suma de $21.797.785,72 que restados al importe del t�tulo valor da una diferencia insoluta a cargo del obligado de $79.686.434,28, lo que impone acoger parcialmente la excepci�n que bajo estos argumentos se sustent�, reformando en lo pertinente la sentencia apelada. 5.4.

Corolario de lo expuesto se tiene que la sentencia apelada debe ser modificada parcialmente en cuanto se abre paso la excepci�n de �p�rdida y/o regulaci�n de intereses� resultando consecuencia obligada la imposici�n de la sanci�n pecuniaria que el legislador ha previsto para tal procede y que en virtud de la misma la ejecuci�n se deber� continuar por concepto de capital por las sumas de $155.171.014,24 respecto de la demanda principal y $79.686.434,28 en lo que hace a la acumulada y no el valor que por capital se indic� en los mandamientos de pago librado en cada una de dichas ejecuciones.

VI. DECISI�N POR LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� D.C., EN SALA DE DECISI�N CIVIL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP�BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE:

PRIMERO. Modificar el numeral primero de la sentencia del 30 de julio de 2013 proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot� D.C. en el sentido que se declara probada parcialmente la excepci�n de �p�rdida y/o regulaci�n de intereses�. En consecuencia dada la aplicaci�n de la sanci�n prevista en el art�culo 72 de la Ley 45 de 1990 referida en precedencia se modifica igualmente el numeral segundo ordenando que la ejecuci�n se contin�e por concepto de capital por las sumas de $155.171.014,24 respecto de la demanda principal y $79.686.434,28 en lo que hace a la acumulada y no como se hab�a indicado en el mandamiento de pago librado respecto de cada ejecuci�n. En todo lo dem�s la decisi�n se CONFIRMA.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia ante la prosperidad parcial del recurso de apelaci�n. TERCERO.- Rem�tase el expediente al juzgado de origen para lo de su tr�mite y competencia CUARTO.- An�tese su salida. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE, LOS MAGISTRADOS, NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA Folio 10 Cd.1. Folios 31-32 ib�dem. Folio 7 Cd. 3. Folios 108-114 Cd.3. Folios 457 Cd. 1 y 208 Cd.3 Folio 525 a 536 Cd.1. Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil. 5 de julio de 2.000 Rad. 1276.

Solicitante: Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico. Folios 259 a 262. Folio 69 a 70 Cd.1. Folio 148 Cd 1 Folios 71 y 72 Cd.1 Art. 10 Ley 43 de 1990 �La atestaci�n o firma de un Contador P�blico en los actos propios de su profesi�n har� presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en casos de personas jur�dicas.

Trat�ndose de balances, se presumir� adem�s que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que �stos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situaci�n financiera en la fecha del balance�. Facultad frente a la cual la Jurisprudencia Nacional ha se�alado que� �el contador es un profesional que goza y usa de un privilegio que muy pocos de los dem�s profesionales detentan, que consiste en la facultad de otorgar fe p�blica sobre sus actos en materia contable.

Tal circunstancia particular lo ubica t�cnica, moral y profesionalmente en un contexto personal especial, que le exige, por lo mismo, una responsabilidad tambi�n especial frente al Estado y a sus clientes, si se tiene en cuenta la magnitud de sus atribuciones, porque no todo profesional puede, con su firma o atestaci�n, establecer la presunci�n legal de que, salvo prueba en contrario, los actos que realiza se ajustan a los requisitos legales.

Corte Constitucional, Sentencia C-530 del 10 de Mayo de 2000, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell. Conforme se afirm� en la contestaci�n de la demanda, ver folio 147 Cd.1. Art�culo 1� de la Ley 145 de 1961 el cual indica ��La relaci�n de dependencia laboral inhabilita al contador para dar fe p�blica sobre actos que interesen a su empleador, salvo en lo referente a las funciones propias de los Revisores Fiscales de las sociedades.

Art�culo 1 Ley 40 de 1990. �Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesi�n de Contador P�blico y se dictan otras disposiciones �Del Contador P�blico. Se entiende por Contador P�blico la persona natural que, mediante la inscripci�n que acredite su competencia profesional en los t�rminos de la presente Ley, est� facultada para dar fe p�blica de hechos propios del �mbito de su profesi�n, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las dem�s actividades relacionadas con la ciencia contable en general.

La relaci�n de dependencia laboral inhabilita al Contador para dar fe p�blica sobre actos que interesen a su empleador. Esta inhabilidad no se aplica a los revisores fiscales, ni a los Contadores P�blicos que presten sus servicios a sociedades que no est�n obligadas, por la ley o por estatutos, a tener revisor fiscal. Art. 197 C.P.C. La confesi�n por apoderado judicial valdr� cuando para hacerla haya recibido autorizaci�n de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones y la audiencia de que trata el art�culo 101�. Art�culo 72.

Sanci�n por el cobro de intereses en exceso. Cuando se cobren intereses que sobrepasen los l�mites fijados en la ley o por la autoridad monetaria, el acreedor perder� todos los intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos, seg�n se trate, aumentados en un monto igual. En tales casos, el deudor podr� solicitar la inmediata devoluci�n de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, m�s una suma igual al exceso, a t�tulo de sanci�n. Par�grafo.

Cuando se cobren intereses que sobrepasen los l�mites fijados en la ley o por la autoridad monetaria, el acreedor perder� todos los intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos, seg�n se trate, aumentados en un monto igual. En tales casos, el deudor podr� solicitar la inmediata devoluci�n de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, m�s una suma igual al exceso, a t�tulo de sanci�n. Par�grafo.

Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, cuando se trate de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, �sta velar� porque las mismas cumplan con la obligaci�n de entregar las sumas que de conformidad con el presente art�culo deban devolverse.� Resultado que se obtiene de sumar $3.780.992,88 X 2 = 7.561.985,76 � 162.733.000 = 155.171.014,24 Resultado que se obtiene de sumar $10.898.892.86 X 2 = $21.797.785,72 � $101.484.220 = $79.686.434,28.Tomando en consideraci�n que el capital adeudado de $207.147.000,00, en virtud de los abonos que en cuant�a de $61.006.921, $17.071.828,00 y $27.584.031,00 se hicieron a capital, como lo indica el propio acreedor qued� reducido a $101.484.220,00. RI. 13411 Rad. 110013103029201000537 03 Ref.

Proceso Ejecutivo Singular de Francisco Rodr�guez Hu�rfano y Otro vs. Fernando Barona Cordovez y Otra PAGE 1 PAGE 18 RI. 13411 &'Oefgu��Ųs�s�s�g�g�XH;h�.�5�CJOJQJaJ h�rChi �5�CJOJQJaJ h�rChS &CJOJQJaJh _�CJOJQJaJha+CJOJQJaJ h�rChi �CJOJQJaJhi �CJOJQJaJ.h�rChi �5�@��CJOJQJ]�aJmH sH %h�rChi �5�CJOJQJ\�]�aJ hi �5�CJOJQJ\�]�aJ0jhi �5�CJOJQJU]�aJmHnHu"h�rChi �5�CJOJQJ]�aJ%&'Ofgh�� 8 9: i j k � � � � � � �� dh`��gdi � $dha$gd�4�gdi �dhgdi � $dha$gdi �� ) 7 8: N i � � � � � � � � � � � � � � � ��縉��wk_�wSw�S�_w��h _�CJOJQJaJhu;qCJOJQJaJh: �CJOJQJaJhi �CJOJQJaJ)h�rChi �5�>*CJOJPJQJ\�aJ h�rChi �CJOJPJQJaJ h�rChi �CJOJQJaJh�=#5�CJOJQJaJhi �5�CJOJQJaJh�.�5�CJOJQJaJ h�rCh�.�5�CJOJQJaJ h�rChi �5�CJOJQJaJ� � � * + A B C E I N U V q v � � � � � � � � � � � � � ��߻��߻�߮��~kY"h)@;CJOJQJ^JaJmH $sH $%hi �6�CJOJQJ^JaJmH $sH $+h�l2hi �6�CJOJQJ^JaJmH $sH $hi �CJOJQJ]�aJh�l>*CJOJQJaJhi �>*CJOJQJaJh�t�CJOJQJaJh��CJOJQJaJhi �CJOJQJaJ h�rChi �CJOJQJaJ"h�rChi �5�>*CJOJQJaJ � � � � � � � � � � wx~��{$ ��"��dh@&`��a$gdy4v & F ��dh^��`�gdi � $ ��dh�`��a$gdi � $ ��dh�a$gdi � $ & F ��dh�^�`��a$gdi � $dha$gdi � ��dh`��gdi �� Y Z � � � � � � � � � � � � ) 9 F ��˽˯˯��w��˯��k_�˯˯hIHCJOJQJaJhi �CJOJQJaJh�t�CJOJQJ^JaJh�4�CJOJQJ^JaJh�YaCJOJQJ^JaJhIHCJOJQJ^JaJhi �CJOJQJ^JaJh)@;CJOJQJ^JaJ h}T�hi �CJOJQJ^JaJ"h)@;CJOJQJ^JaJmH $sH $"hi �CJOJQJ^JaJmH $sH $"F G n p z � � � � � � � � � � � � � � � � 57;EKLvwx}~��´¦И��ЊЊЊ��{hR*h�rChi �6�CJOJQJ]�aJmH $sH $$hi �6�CJOJQJ]�aJmH $sH $ h�rChi �CJOJQJaJh�s�CJOJQJ^JaJh�*�CJOJQJ^JaJhh>DCJOJQJ^JaJh�4�CJOJQJ^JaJhIHCJOJQJ^JaJhi �CJOJQJ^JaJ h}T�hi �CJOJQJ^JaJ h� hi �CJOJQJ^JaJ ~�� 8GHIQR_z�� 125Gbcdew��ȸȬ��ȠȠȈxȠ�i��i�\hi �6�CJOJQJaJ h�rChi �CJOJQJaJ h�E�hi �6�CJOJQJaJh�E�CJOJQJaJh�4�CJOJQJaJh0NCJOJQJaJh�+SCJOJQJaJ h�l2hi �6�CJOJQJaJhi �CJOJQJaJhy4vOJQJ^JhK�hy4vOJQJ^J'h�rChi �6�CJOJQJaJmH $sH $$�� dewx��;��3��]�3^�`��gdi � & F��dh^��gdi ��dh^��`��gdi � & Fdhgdi � ��dh`��gdi ��S��dh^�S`��gdi � ��dh`��gdi �wx�� ANYZ\��庮宺��宺��xk_hi �CJOJQJ^Jhi �CJOJQJ]�aJ"h�rChi �6�CJOJQJ]�aJh�_CJOJQJaJho(�CJOJQJaJh�*�CJOJQJaJh�4�CJOJQJaJhi �CJOJQJaJ h}T�h-.�CJOJQJaJ h-.�CJOJQJaJmH $sH $h-.�CJOJQJaJ hQ �hi �CJOJQJaJ"�� 15QX[^��NP��ྮ��~�n��^�Rhi �CJOJQJaJ h# CJOJQJ^JmH $sH $ hR"�CJOJQJ^JmH $sH $$hgh'hgh'CJOJQJ^JmH $sH $ h?7CCJOJQJ^JmH $sH $hi �6�CJOJQJ^J h�{�hi �6�CJOJQJ^Jhi �CJOJQJ^J+jhi �0JCJOJQJU^JmH $sH $ hi �CJOJQJ^JmH $sH $ hgh'CJOJQJ^JmH $sH $ Puv89; DCJOJQJ^JaJmH $sH $"h )CJOJQJ^JaJmH $sH $ h�rChi �CJOJQJ^JaJ"hi �CJOJQJ^JaJmH $sH $hi �CJOJQJ^JaJ"hi �CJOJQJ^JaJmH sH h�rChi �>*CJOJQJaJhi �CJOJQJaJhi �CJaJh�s�CJaJh�rChi �CJaJhi�CJaJ �� J � � /;

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