110013103002199806926-01 · Tribunal de Bogotá

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Magistrada Ponente: DRA. CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA Proyecto discutido y aprobado en Sala del 24 de Enero de 2007. Acta No. 04.

1. DESCRIPCION DEL PROCESO: 1.1 N�MERO DEL PROCESO: 110013103002199806926-01.

1.2. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO: Agotado el tr�mite que le es propio a �sta instancia, se decide el recurso de apelaci�n interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot� el 15 de marzo de 2004, dentro del proceso ORDINARIO promovido por RAFAEL HUMBERTO BECERRA FONSECA contra FLOTA MAGDALENA S.A. y EXPRESO PAZ DEL RIO S.A. 2.

ANTECEDENTES 2.1. La Demanda. El se�or RAFAEL HUMBERTO BECERRA FONSECA, a trav�s de su apoderado judicial, formul� demanda en contra de FLOTA MAGDALENA S.A. y EXPRESO PAZ DEL RIO S.A, para que previos los tr�mites del proceso Ordinario de Mayor Cuant�a, se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: 2.1.1. Declarar a las demandadas civilmente responsables de los da�os y perjuicios ocasionados al veh�culo de su propiedad, avaluados en la cantidad de $5.380.000.oo. 2.1.2.

Condenar a las demandadas a pagar solidaria y mancomunadamente el lucro cesante en la suma de $9.900.000.oo, correspondientes a 110 d�as que estuvo inactivo el veh�culo de su propiedad, a raz�n de $90.000.oo, diarios que dej� de percibir. 2.1.3. Condenar a los demandados a pagar los perjuicios correspondientes a los da�os morales estimados en $5.000.000.oo, 2.1.4.

Condenar a los demandados a pagar los perjuicios correspondientes, desde que ocurri� el accidente hasta el d�a en que se cancele totalmente la obligaci�n. 2.1.5. Condenar a los demandados en costas del proceso. Subsidiariamente solicit�, el pago de la correspondiente indexaci�n de los dineros adeudados. 2.2. Como fundamento de sus pretensiones adujo en s�ntesis; que el 2 de agosto de 1997 se desplazaba por la v�a Tunja-Paipa en el veh�culo de su propiedad de placas SEE-216, cuando a la altura de la variante al municipio de Combita, lugar a donde se dirig�a, fue colisionado en la parte posterior por el veh�culo de placas XIB-138 conducido por el se�or Jos� Santos Torres y afiliado a la empresa Expreso Paz del Rio S.A; que en su conducci�n observaba todas las normas de tr�nsito; coloc� las respectivas direccionales por cuanto iba a girar a la izquierda, pero el bus se desplazaba a alta velocidad y lo colision� por la parte trasera lanz�ndolo fuera de la v�a; aduce que dentro de la investigaci�n adelantada por la Inspecci�n de Polic�a de Combita se orden� el aval�o de los da�os ocasionados a su veh�culo, nombrando un perito, el cual los estim� en la suma de $5.380.000.oo; que �sta autoridad declar� el 11 de diciembre de 1997 contraventor al se�or Jos� Santos Torres conductor del bus de placas XIB-138, conden�ndolo a pagar los da�os ocasionados. 2.3.

El Tr�mite Procesal. Admitido el libelo por auto del 26 de noviembre de 1998, se dispuso su traslado a la parte demandada, quienes oportunamente fueron notificados contestando la misma sin proponer medio exceptivo alguno. Cumplida la audiencia prevista en el art.101 del C. de P.C, se abri� a pruebas el proceso, y vencido el t�rmino probatorio se confiri� traslado a las partes para presentar alegaciones finales.

Oportunamente se pronunci� sentencia de instancia. 2.4. La Sentencia Impugnada. El a-quo, luego de exponer los antecedentes de la demanda e historiar lo relativo al tr�mite del proceso, consider� en s�ntesis; que se demostr� la existencia del da�o; que no se aniquil� la presunci�n de culpabilidad en contra de los demandados, supli�ndose as� el elemento objeto de la culpa aquiliana directa que por su manejo y control ejercen sobre sus empleados, conductores, y aunado el nexo causal entre una y otra se debe declarar su responsabilidad; para la tasaci�n de los da�os acogi� la prueba pericial practicada, sin consideraci�n a la objeci�n planteada en raz�n a que aquella fue decretada de oficio; por cuanto no se alleg� prueba referente a los perjuicios morales, se neg� su reconocimiento, y al efecto resolvi� declarar civilmente responsables a los demandados, conden�ndolos a pagar al demandante la suma de $6.315.000.oo como perjuicios materiales, as� como las costas causadas en la instancia. 2.5.

El Recurso de Apelaci�n. Inconformes con tal decisi�n, los extremos procesales formularon recurso de apelaci�n, fund�ndose el propuesto por el actor, en el hecho de no haberse practicado dentro del proceso un nuevo dictamen pericial teniendo en cuenta la objeci�n planteada contra el inicialmente decretado; no observase en la sentencia un argumento s�lido respecto del dictamen; no haber tenido en cuenta las pruebas aportadas por la parte demandante, como tampoco lo manifestado al formular los alegatos de conclusi�n. A su turno, el apoderado judicial de Flota Magdalena S.A, manifest� que dentro del dictamen pericial practicado como prueba se suman los $4.400.000.oo del lucro cesante y el $1.915.000.oo de los da�os, para un total de $6.315.000.oo; que respecto del lucro cesante los peritos afirman que no obra prueba del tiempo que dur� el automotor en reparaci�n, situaci�n que es determinante para precisar la suma que dej� de percibir el propietario, remiti�ndose a la demanda, lo que permite inferir que no se prob� que hubiere estado en reparaci�n 110 d�as. 3.

CONSIDERACIONES 3.1. Presupuestos Procesales. Se satisfacen a plenitud los presupuestos jur�dico procesales requeridos por la ley adjetiva para la correcta conformaci�n del litigio, ya que se cuenta con una demanda correctamente formulada; con la capacidad de las partes para obligarse y para comparecer al juicio, e igualmente el juzgador tiene la competencia para dirimir el conflicto.

Tampoco observa la Sala vicio alguno capaz de engendrar nulidad de lo actuado y que deba ser decretada previamente. 3.2. Presupuestos Normativos y Jurisprudenciales. En punto de la responsabilidad civil extracontractual doctrina y jurisprudencia tradicionalmente han distinguido tres grupos: i). la responsabilidad originada en el hecho personal o directo, regulada en los art�culos 2341 a 2345 del C�digo Civil; ii). la responsabilidad por el hecho ajeno, contemplada en los art�culos 2346, 2347, 2349 y 2352 ibidem, y, iii). la responsabilidad por el hecho de las cosas animadas o inanimadas, prevista en los art�culos 2353, 2354, 2355 y 2356 esjudem, surgiendo con car�cter especial la contemplada en la ultima de las citadas normas, originada por el hecho de las cosas utilizadas en actividades peligrosas.

De la misma forma, se ha dicho que para que pueda imputarse responsabilidad aquiliana a una persona, y en consecuencia se le condene al pago de los perjuicios que con ella haya irrogado a otra, se requiere acreditar tres elementos, que por revestir un car�cter concurrente, deben demostrarse �ntegramente, y la ausencia de uno s�lo de ellos da al traste con las pretensiones del demandante, estos que se sintetizan en los siguientes: i) El da�o padecido con la ocurrencia de un hecho da�oso. ii) La culpa del autor del da�o, y, iii) La relaci�n de causalidad entre esta �ltima, y aquel.

As� mismo, el concepto de perjuicio comprende el da�o emergente y el lucro cesante, eventos a los cuales se extiende la indemnizaci�n, (art�culo 1613 del C�digo Civil). El primero abarca la p�rdida misma de elementos patrimoniales, los desembolsos que hayan sido necesarios, o que en el futuro sean indispensables, y el advenimiento del pasivo patrimonial, proveniente de los hechos generadores de responsabilidad, al paso que el segundo, o sea el lucro cesante, est� constituido por todas las ganancias ciertas que el afectado dej� de percibir, o que no pudo recibir debido al da�o sufrido, como se desprende del tenor del art�culo 1614 idem.

Los perjuicios morales son aquellos provenientes de las secuelas econ�micas originadas por las angustias o trastornos s�quicos y tambi�n los originados en los dolores internos, en los padecimientos que afectan a la persona, como la perdida de un ser querido, o por raz�n de las lesiones que haya sufrido, y comprenden los da�os morales objetivados y los da�os morales subjetivos o pretium doloris. 3.3.

Problema Jur�dico. Vistos los fundamentos a los cuales se contrae la alzada, habr� de pronunciarse la Sala �nicamente respecto del monto fijado como condena por perjuicios, al estarle vedado examinar la providencia en los puntos que no fueron materia del recurso, tal y como lo dispone el art.357 del C. de P.C, dando entonces por descontado lo relativo a la responsabilidad civil extracontractual radicada en cabeza de los enjuiciados, como quiera que las conclusiones a que en �ste sentido arrib� el a-quo no fueron controvertidas. 3.4.

El Caso en Concreto. Con el petitum del libelo genitor, reclama el demandante el pago de $5.380.000.oo, correspondiente a los da�os causados al veh�culo de su propiedad, $9.900.000.oo, por concepto de lucro cesante, y $5.000.000.oo, derivados de los perjuicios morales. Para que obrara como prueba dentro del expediente, (fls.2 ss, c.1), se acompa�� copia de la resoluci�n No.009 del 11 de diciembre de 1997, expedida por la Inspecci�n Municipal de Polic�a de Combita, en la que se declar� al se�or Jos� Santos Torres, conductor del veh�culo automotor de placas XIB-138, contraventor de las normas de tr�nsito contenidas en el numeral 12�, art�culo 179 del C�digo Nacional de Tr�nsito, se le impuso multa pecuniaria, y se le conden� a pagar a favor del se�or Rafael Becerra Fonseca, propietario del automotor de placas SEE-216, la suma de $5.380.000.oo, derivados de los da�os ocasionados a dicho rodante.

Del informe presentado por el perito Mario L�pez Fonseca, en el que se tasaron los da�os en la suma de $5.380.000.oo. A folios 53 y 54 del cuaderno principal, milita certificaci�n expedida por el gerente de la sociedad Taxis Verdes S.A, en la que da cuenta que el automotor marca Chevrolet, modelo 1995, placas SGP-406 afiliado a esa empresa reportaba un ingreso bruto promedio de $1.500.000.oo, as� como certificaci�n expedida por el sub-gerente de Radio Taxi Autolagos, en la que se�ala que el veh�culo taxi marca Hyundai, modelo 1998, placas SHB-305, afiliado a esa sociedad reporta un ingreso mensual de $1.600.000.oo.

Igualmente, a folios 108 y ss. del cuaderno principal obra el experticio rendido por los peritos designados, quienes conceptuaron que el monto de los perjuicios causados al demandante ascienden a la suma de $6.315.000.oo, los que se descomponen en $4.400.000.oo, como lucro cesante determinado a partir 110 d�as que se peticionan en la demanda a raz�n de $40.000.oo diarios de producido, y el da�o emergente correspondiente al arreglo de las piezas averiadas que asciende a $1.915.000.oo.

Agregaron que en �ste tipo de procesos es improcedente la tasaci�n de perjuicios morales, dictamen que fue objetado por el extremo demandante. Por consiguiente, habr� de emprenderse el estudio del sub-lite, no sin antes advertir, como se hiciera al momento de determinar el problema jur�dico planteado, que no hay lugar a examinar los presupuestos f�cticos que estructuran la responsabilidad endilgada a las encartadas, a saber, el da�o, la culpa, y el nexo de causalidad, habida cuenta que si bien es cierto el fallo de primera instancia se fundamenta en la efectiva comprobaci�n de aquellos, la conclusi�n a que sobre tal t�pico arrib� el a-quo no fue rebatida, impugnada, por el aqu� recurrente quien concreta el recurso de alzada a la condena al pago de perjuicios que le fuera impuesta, ya que en su sentir no obra prueba del monto del da�o, circunstancia que al rompe delimita, �nicamente a �ste aspecto, el �mbito de pronunciamiento del Tribunal, como se desprende del contenido del normado 357 del C. de P.C. Se ocupar� por tanto, y en primer t�rmino la Sala, de la objeci�n planteada contra el dictamen pericial practicado como prueba dentro del proceso.

Aduce el objetante, que los peritos no tuvieron en cuenta las facturas que el demandante cancel� en el a�o 1997 por los da�os ocasionados, las que en todo caso pudieron ser objetadas por la demandada dentro del proceso adelantado ante la Inspecci�n de Transito, y que al no haberlo hecho quedaron en firme; que tampoco se tuvo en cuenta el aval�o de los da�os estimado por el perito nombrado por la Inspecci�n de Tr�nsito de Combita; que los peritos no examinaron las fotograf�as aportadas que demuestran el estado en que qued� el veh�culo.

El numeral 6�, art�culo 237 del C�digo de Procedimiento Civil, fija como condiciones b�sicas para la eficacia del dictamen pericial, la claridad, firmeza, precisi�n y calidad de los fundamentos en que se apoyan las conclusiones, las cuales como lo ha precisado la jurisprudencia patria, habr�n de valorarse por el juzgador con amplia potestad dentro de la autonom�a que le es propia, a�n cuando el experticio no haya sido materia de objeci�n por los sujetos procesales.

As� mismo, en punto de la objeci�n por error grave, tiene dicho la doctrina de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que �..los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetici�n de la diligencia con la intervenci�n de otros peritos..� (G.J.LII,pag.306), pues lo que caracteriza desaciertos de �ste linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observaci�n y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia de dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente ser�n err�neos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven�. Como se desprende del examen del precitado aval�o, los peritos establecieron los da�os sufridos por el automotor de placas SEE-216 a partir de lo se�alado dentro de la actuaci�n contravencional por la Inspecci�n de Polic�a de Combita, procediendo a estimar aquellos bajo el supuesto de su reparaci�n. En cuanto al lucro cesante, partieron del estimativo de inmovilizaci�n del veh�culo durante un periodo de 110 d�as, conforme lo afirmado por el actor, aplicando a �ste un producido diario de $40.000.oo, seg�n la certificaci�n expedida por la empresa transportadora a la que se encontraba afiliado, (fl.114 c.1).

S�guese de lo anterior, que en efecto se avalu� por los auxiliares de la justicia el bien que fuera objeto de los da�os, y que los aqu� determinados corresponden a los efectivamente causados, en la medida que se apoyan en lo informado por el perito nombrado ante la inspecci�n de tr�nsito, quien tuviera la oportunidad de apreciar en forma directa y personal el veh�culo, por tanto, reposa sobre datos f�cticos correctos, lo que de entrada excluye la configuraci�n de un error grave.

Es decir, que contrario a lo afirmado por el objetante, s� tuvieron en cuenta los da�os estimados ante la inspecci�n de polic�a; adem�s, n�tese que para el momento en que se practic� la experticia no obraba en el plenario material fotogr�fico alguno, como tampoco las facturas que aduce tuvo que cancelar, las que reci�n se allegaron con el escrito de objeci�n, es decir, extempor�neamente.

Por tal raz�n, no podr� prosperar la objeci�n planteada. El monto de los da�os estimados dentro de la actuaci�n adelantada ante la autoridad policiva no podr� valorarse probatoriamente en �ste asunto; en primer lugar, por cuanto de la misma se alleg� una reproducci�n mec�nica simple que no re�ne las exigencias del num.1�, art�culo 254 del C. de P.C, por lo que no es viable otorg�rsele el car�cter de copia autenticada; en segundo lugar, porque las sociedades demandadas no intervinieron dentro de dicha investigaci�n, en la que se vincul� �nicamente al conductor del bus implicado Jos� Santos Torres, por lo que no contaron, por consiguiente, con la oportunidad para controvertir dicho experticio.

Con relaci�n al lucro cesante, la jurisprudencia nacional ha sido reiterativa en afirmar, que debe valorarse desde un concepto restrictivo, es decir que la reparaci�n de �sta clase de da�o procede siempre y cuando obre en el expediente prueba concluyente sobre la entidad del mismo y su extensi�n cuantitativa, tarea exigente por antonomasia que debe cumplir el demandante, como lo manda el art�culo 177 del C. de P. C., �lo que significa rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener, apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios c�lculos que no pasan de ser especulaci�n te�rica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido�. Se demostr� dentro del plenario, que el automotor de placas SEE-216, estaba afiliado para la �poca de los hechos a la sociedad Radio Taxi Internacional S.A, como lo consigna el certificado de tradici�n expedido por la Secretar�a de Tr�nsito de �sta ciudad, (fl.26 c.1), es decir que se trata de un bien destinado a prestar una servicio p�blico.

De la misma forma, al folio 114 de la actuaci�n obra certificaci�n expedida por el gerente de la precitada empresa de transporte, en la que consta que para el a�o 1997 dicho automotor reportaba una productividad de $1.200.000.oo, mensual. No obstante lo anterior, brilla por su ausencia dentro del expediente medio de convicci�n alguno que permita establecer el tiempo que el veh�culo de marras permaneci� efectivamente inmovilizado sin producir rentabilidad como consecuencia del choque, o mejor a�n, que aqu�l se hubiere extendido por 110 d�as como lo afirma el demandante, de donde se colige con meridiana claridad, que no se demostr� en debida forma la cuantificaci�n del lucro cesante, carga que le compet�a al actor seg�n viene de verse, debiendo en consecuencia denegarse la condena por �ste concepto.

Am�n de lo anterior, n�tese que los peritos allegaron sendas cotizaciones expedidas por establecimientos del ramo, (fls.113 y 115 c.1), de las que se desprende que el tiempo requerido para la reparaci�n del automotor oscilaba entre ocho (8) y veinte (20) d�as, m�s no de 110 d�as como lo sostuvo el demandante. En punto de los perjuicios morales, patente es la falta de demostraci�n en la modalidad de moral objetivado, m�s a�n si se tiene en cuenta que el actor reclama aquellos sin exponer fundamento f�ctico concreto, y sin allegar o solicitar prueba que le brinde soporte, siendo de su exclusivo resorte ocuparse de tal aspecto, pues como es sabido, �sta clase de perjuicio exige su plena demostraci�n al interior del proceso.

Por tal raz�n, no se impondr� condena al respecto. A la saz�n, tampoco se estructura dicha clase de perjuicio en la modalidad subjetiva, que deba presumirse por la Sala, ya que conforme lo visto en el plenario �nicamente se causaron da�os al automotor del demandante. Bajo el anterior estado de cosas, la indemnizaci�n por concepto de perjuicios corresponder� �nicamente a los da�os ocasionados al automotor de propiedad del demandante, es decir, al da�o emergente como perjuicio material, que seg�n la estimaci�n del dictamen pericial asciende a $1.915.000.oo, valor al cual se aplicar� la correspondiente correcci�n monetaria liquidada desde la �poca en que ocurrieron los hechos hasta la fecha en que se profiere �ste fallo, conforme lo ha sostenido la Honorable Corte Suprema, seg�n la cual, �En el campo de la indemnizaci�n de perjuicios por culpa aquiliana, la doctrina fundada en el principio rector de que la indemnizaci�n debe ser �completa�, ha sostenido que en el evento de que en la fecha de ocurrencia del hecho causante del da�o y la fecha de su reparaci�n o indemnizaci�n haya variado el poder adquisitivo de la moneda, la soluci�n o pago de la correspondiente indemnizaci�n debe comprender el fen�meno de la depreciaci�n monetaria, esto es, debe verificarse con el consiguiente ajuste �. La correcci�n monetaria se debe determinar con base en la siguiente f�rmula: R = Rh (IPC Final /IPC Inicial), en donde R, es igual al valor presente, que resulta de multiplicar el valor hist�rico, o RH, que para el caso corresponde al valor de los da�os, o sea la suma a indexar ($1.950.000,oo), por el �ndice de precios al consumidor final, que corresponde al certificado por el DANE a enero de 2007, (fecha de �ste fallo), o sea, 168.38, dividido por el �ndice de precios al consumidor inicial, que corresponde al certificado en agosto de 1997, esto es 82.62.

Efectuada la respectiva operaci�n se determina, que la condena que se debe imponer a los demandados asciende a la suma de $3�974.110.38, m�s la correcci�n monetaria que se cause a partir de los diez (10) d�as siguientes a la ejecutoria de la sentencia, hasta cuando se produzca el pago, la que se actualizar� como lo indica el �ltimo inciso, art�culo 308 del C. de P. C. En consecuencia, se modificar� el numeral 2� de la parte resolutiva de la sentencia materia del recurso, confirm�ndola en todo lo dem�s, e imponiendo condena en costas de la instancia a la demandante por resultarle desfavorable el recurso. 4.

DECISI�N En m�rito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota, en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

4.1. MODIFICAR el numeral 2� de la sentencia apelada, condenando a los demandados a pagar al demandante la suma de $3�974.110.38, derivados de los perjuicios materiales ocasionados, suma que deber� actualizarse a partir del vencimiento del t�rmino concedido para pagar, hasta cuando aqu�l se verifique, en la forma indicada en la parte considerativa. 4.2.

CONFIRMAR los numerales 1�, 3�, y 4� de dicha providencia, en atenci�n a lo expresado en la parte motiva. 4.3. CONDENAR en costas de la instancia a la parte demandante. Liqu�dense conforme al art.393 del C. de P. C. 4.4. DEVOLVER el expediente a su Despacho de origen, una vez cumplido lo anterior. Of�ciese y d�jese constancia. NOTIF�QUESE, CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA MAGISTRADA JOSE DAVID CORREDOR ESPITIA MAGISTRADO JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS MAGISTRADO Sala de Casaci�n Civil, auto del 8 de septiembre de 1993, m.p. Carlos E. Jaramillo Scholls. Corte Suprema, Cas.Civil, sentencia de 4 de abril de 2001, Casaci�n Civil, sentencia del 14 de abril de 1987, m.p. Alberto Ospina Botero. PAGE PAGE 2 PAGE Ordinario. 2-98-6926-01 6789HIKLM��Ƿ�Ƿ��vl^P^P^PBPlv��h^Wh^W5�OJQJ^Jh^WhI` 5�OJQJ^Jh^WhDl�5�OJQJ^JhI` OJQJ^JhI` hI` OJQJ^JhI` hI` 5�CJOJQJ^JhI` 5�CJOJQJ^J-j�.�C hI` hI` 5�6�OJQJUV^JhI` hI` 5�6�OJQJ^J'jhI` hI` 5�6�OJQJU^JhI` 5�OJQJ^JhI` hI` 5�OJQJ^JhDl�5�OJQJ^J78LM��C D E a b ��$&dP��a$gdI` $dha$gd^W $dha$gdI` $dha$gdI` gdI` $�2dh]�2a$gdI` l_]`�`�� " # ', 3 4;

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