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(2007) REF: Proceso ordinario de PABLO ELI�CER ALVARADO PRIETO contra BANCO CENTRAL HIPOTECARIO. Rad. No. 20010124501. Magistrada Ponente Doctora LIANA A. LIZARAZO V. Discutido y aprobado en la Sala del 19 de enero de 2007. Procede resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el d�a 5 de junio de 2006, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha � Cundinamarca, en descongesti�n del Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot� D. C., en el proceso ordinario adelantado por PABLO ELI�CER ALVARADO PRIETO contra BANCO CENTRAL HIPOTECARIO.
I.
ANTECEDENTES 1. El se�or PABLO ELI�CER ALVARADO PRIETO present� demanda en contra del BANCO CENTRAL HIPOTECARIO (en adelante, BCH) para que, previos los tr�mites de un proceso ordinario de mayor cuant�a, se hicieran las siguientes declaraciones: 1.1. Que se modifique la Escritura P�blica No 3618 en la inclusi�n de la se�ora TERESA RUIZ DE ALVARADO, pues se trata de su leg�tima esposa y con sociedad conyugal vigente, tal y como se hab�a acordado por asesor�a del Departamento de Cartera del BCH, al momento de hacer la negociaci�n; la inclusi�n de la se�ora se haga con afectaci�n a vivienda familiar. 1.2 Que la deuda sea convertida a plazo de sesenta meses (5 a�os), a partir del 26 de septiembre de 1997, sobre el saldo de $33�000.000, desembolsados por el BCH y contin�e bajo la modalidad de LIBRE INVERSI�N LIQUIDADA EN PESOS, no en UVR. 1.3 Que se le cobren al mandante cuotas mensuales de $350.000, m�s lo debido por los seguros tanto del se�or ALVARADO PRIETO como de su esposa, con base en los $33�000.000 prestados en 1997. 1.4 Que se ordene la REVISI�N TOTAL DEL CR�DITO desde 1997 y hasta la fecha. 1.5 Que se condene a los demandados al pago de indemnizaci�n por da�os morales y perjuicios causados a mi representado por las irregularidades cometidas por las entidades financieras, la cual se estima e $60�000.000. 1.6 Condenar a los demandados al pago de las costas y agencias en derecho. 2.
Fundamenta sus pretensiones en los siguientes hechos: 2.1. El 26 de septiembre de 1997, el BCH le concedi� al se�or PABLO ELI�CER ALVARADO un pr�stamo de libre inversi�n y consumo con garant�a hipotecaria seg�n las cuentas No 05519800009084-9 y su sustitutivo GRANAHORRAR, cuenta No 100401416395; adem�s de la escritura p�blica No 3618 de la Notar�a 45 de Bogot�, documentos firmados por el demandante quien acept� el desembolso y el pago del mismo en 240 meses (20 a�os) con cuotas mensuales de $350.000, m�s $50.000 por concepto de seguros, el cual es pagado por la esposa del representado, quien se acord� deb�a ser incluida dentro de la escritura p�blica de constituci�n de la garant�a. 2.2 El pr�stamo se otorg� bajo la modalidad mencionada y no la de adquisici�n de vivienda puesto que ya era el due�o de su vivienda antes de la negociaci�n y se hizo por concepto de una compraventa de un saldo con el FONDO NACIONAL DEL AHORRO �FNA-, que tambi�n hab�a concedido un pr�stamo de libre inversi�n y consumo con garant�a hipotecaria sobre este inmueble seg�n escritura p�blica No 736 del 5 de septiembre de 1990, la cual, no obstante haberse cancelado lo adeudado, no se ha protocolizado dicho paz y salvo por parte del FNA; raz�n por la cual el BCH se comprometi� a realizar esta gesti�n, seg�n poder otorgado en formato del banco demandado por el demandante. 2.3 El BCH hizo una escritura (No 3618) constituyendo hipoteca de primer grado, existiendo la garant�a real del FNA; aunque debi� haberla realizado como de segundo grado. 2.4 El valor de las cuotas acordadas por los hoy extremos litigiosos no fue cumplido, puesto que se le empez� a cobrar al se�or ALVARADO PRIETO $550.000 m�s $50.000 de los seguros y hoy cancela $663.000, por encima de lo convenido. 2.5 En septiembre de 1998, el BCH refinanci� la deuda del demandante a 120 meses (10 a�os); pero, el 5 de febrero de 1999, �ste acudi� a la entidad crediticia para una nueva liquidaci�n acord�ndose un plazo de 60 meses (5 a�os) puesto que la deuda ascend�a a $43�000.000.
Sin embargo, en vez de anotarse lo pactado, el banco escribi� que la obligaci�n ser�a cancelada en 180 cuotas (15 a�os) y el representado no se dio cuenta del error consignado en el pagar�, de manera oportuna. 2.6 El demandante ha venido cancelando intereses sobre intereses, incluyendo el DTF, para las deudas de libre inversi�n. Igualmente, las reliquidaciones se hicieron despu�s de vencido el t�rmino para cumplir lo ordenado en la Ley 546 de 1999, es decir, el 23 de marzo de 2000. 2.7 El se�or ALVARADO PRIETO, al percatarse del error ya mencionado, interpuso varios derechos de petici�n y recursos que no siempre fueron contestados; o la sociedad financiera se limitaba a decir que, pr�ximamente, estar�a enviando una respuesta que nunca envi�, vulner�ndole el derecho constitucional y fundamental de petici�n, m�xime cuando perdi� el silencio administrativo y la acci�n de cumplimiento a fin de lograr la correcci�n de la equivocaci�n consignada en el pagar�. 2.8 El 7 de abril de 2000 se le comunic� al demandante que el BCH le practic� un alivio, con base en la Ley de Vivienda, de $5�827.366,45; luego, el 20 de esa misma fecha, se dijo que era de $2�389.155,30; y, el 5 de octubre de 2000, por escrito se le notific� que la reliquidaci�n hab�a sido por $5�890.224,063, los cuales fueron abonados por el BCH, por lo que para el 31 de diciembre de 1999 la deuda era de $42�306.463,09.
No obstante, en febrero de 2000, la deuda se increment� inexplicablemente a $51�000.000. 2.9 El BCH, en LIQUIDACI�N, traspas� al BANCO GRANAHORRAR todos sus activos, pasivos y dem�s, incluyendo la cuenta del se�or PABLO ELI�CER ALVARADO, pero la deuda qued� registrada como UVR ANTIGUO UPAC; cuando realmente era en pesos, toda vez que se trataba de un cr�dito de libre inversi�n y consumo, no de vivienda. 2.10 Actualmente, el demandante cancela cumplidamente las cuotas, seg�n certificado de GRANAHORRAR, por un valor de $663.000, a pesar que su pensi�n es de $796.000, qued�ndole como $100.000 para subsistir �l y su esposa. 3.
La demanda correspondi� por reparto al Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot�, D. C., quien la admiti� mediante auto de noviembre 29 de 2001; providencia de la cual fue notificado el demandado, es decir, el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO � EN LIQUIDACI�N � y BANCO GRANAHORRAR, a trav�s de sus apoderados judiciales, contestando la demanda en t�rmino y oponi�ndose ambas entidades a los hechos afirmando que algunos no son ciertos, otros no le constan y el resto son parcialmente ciertos, ya que el BCH si le otorg� un cr�dito al demandante pero lo hizo para Adquisici�n de Vivienda; adem�s, la suma el otorgada por el Banco se liber� de una obligaci�n del FNA cuyos cr�ditos son s�lo para vivienda, raz�n por la cual el cr�dito se liquid� conforme a lo ordenado por la Ley de Marco de Vivienda aplicando los alivios que �sta mandaba.; como a las pretensiones del actor, raz�n por la cual formul� las siguientes excepciones: 3.1 En la misma oportunidad procesal la demandada BCH EN LIQUIDACI�N se opuso a la totalidad de las pretensiones interponiendo como excepciones de m�rito: a) Falta de legitimidad en la causa por pasiva; b) excepci�n de pago; c) imposibilidad del BCH de violar la ley vigente; d) la ignorancia de la ley no sirve de excusa; y, e) imposibilidad del BCH de expedir o modificar las normas que ordenaban liquidar los cr�ditos UPAC.
El BANCO GRANAHORRAR no propuso excepci�n alguna. 4. Citadas las partes a la audiencia del Art. 101 del C.P.C., se declar� fracasada la misma; raz�n por la cual, una vez decretadas y practicadas las pruebas solicitadas por ambas partes, el Juez decide correr traslado para que las partes presenten alegatos de conclusi�n, derecho ejercido por ambos extremos litigiosos.
II.
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA: El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha � Cundinamarca, en descongesti�n del Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot� D. C., el 5 de junio de 2006, profiri� la sentencia materia de apelaci�n, en la cual neg� las pretensiones de la demanda porque, en primer lugar, se declar� probada la excepci�n de legitimaci�n en la causa al encontrase plenamente demostrado que el BCH EN LIQUIDACI�N cedi� la totalidad de sus activos y pasivos a GRANAHORRAR, incluyendo la cuenta del demandante y, por ende, es �sta la entidad bancaria con la cual el actor sostiene una relaci�n crediticia que se encuentra en mora; en segundo t�rmino, porque el desembolso NO se hizo bajo la modalidad de Libre Inversi�n como aduce el actor, sino para adquisici�n de vivienda, no s�lo porque con el pr�stamo se cubri� la deuda que el se�or ALVARADO PRIERTO ten�a con el FONDO NACIONAL DEL AHORRO �FNA-, sino porque para eso se respald� el cr�dito con una hipoteca a favor del BCH, actualmente enti�ndase GRANAHORRAR.
En tercera instancia, en las escrituras p�blicas que respaldan el cr�dito no consta el acuerdo comentado por el demandante seg�n el cual se deb�a incluir a su esposa dentro del contrato de mutuo; ni siquiera se demostr� tal aseveraci�n dentro de las oportunidades procesales establecidas para ello. Lo que si se encuentra probado en el expediente es que la esposa del actor no es copropietaria del inmueble hipotecado y que �ste no tiene afectaci�n a vivienda familiar, lo que condujo a desestimar las pretensiones del libelo.
III. LA IMPUGNACION La apoderada del demandante interpuso recurso de apelaci�n contra la sentencia emitida por el a quo el 22 de junio de 2006, para revocar este pronunciamiento y hacer prosperar las pretensiones expuestas en el libelo, aduciendo las siguientes razones: En principio, luego de aportarse nuevas pruebas con el memorial de apelaci�n, indica el se�or ALVARADO PRIETO que el a quo coincide con la demandada en que la se�ora TERESA RUIZ DE ALVARADO no forma parte del contrato celebrado entre los hoy extremos litigiosos; sin embargo, la entidad bancaria (BCH en su momento; y, ahora GRANAHORRAR) vino cobrando desde 1997 hasta el 2003 (a�o en el cual se cancel� la totalidad del cr�dito) los seguros de vida, terremoto, etc., del actor y de su esposa, pagando, cada uno, $25.000 mensuales.
Por consiguiente, se solicita el reintegro de las sumas canceladas de m�s por este concepto y por el pago de intereses sobre intereses (con el DTF tambi�n), excediendo el l�mite establecido por la Ley de Vivienda 546 de 1999, adem�s de la indemnizaci�n pertinente causada por perjuicios morales ya alegados. Por otro lado, se se�ala que el cr�dito fue reliquidado tantas veces que al hacerse la cesi�n de la cuenta del BCH a GRANAHORRAR no se tuvo en cuenta que la entidad en liquidaci�n ya hab�a practicado un alivio al cr�dito otorgado al actor y, por esta raz�n, GRANAHORRAR volvi� a reversar la cuenta, pero esta vez la liquid� sobre el saldo vigente en ese momento que hab�a fluctuado en tantas ocasiones que lleg� a incrementarse en a�o y medio de $43.866.177 (antes del error cometido por el BCH al reajustar el plazo a 15 a�os de cuotas cuando se hab�a solicitado por 5 a�os) hasta la suma de $56.976.748.15.
Finalmente, lo cancelado por el se�or PABLO ELI�CER ALVARADO por un cr�dito de $33�000.000 en 1997 fue la suma total de $86�701.000, por lo que se pide el reembolso de lo pagado de m�s con relaci�n a esta cantidad. IV. CONSIDERACIONES: 1. Se observan reunidos a cabalidad los denominados presupuestos procesales y no existen causal de nulidad que invalide lo actuado, situaci�n que impone proferir sentencia de m�rito. 2.
Como punto de partida para decir este recurso de apelaci�n conviene remembrar que si bien los pedimentos del libelo demandatorio con el cual se dio inicio a la controversia contienen la pretensi�n sexta que clam� por la revisi�n total del cr�dito, lo cierto es que dicha aspiraci�n en el fondo, qued� edificada en aspectos distintos a la ocurrencia de circunstancias imprevistas o imprevisibles, sobrevinientes que hayan provocado una excesiva onerosidad en detrimento del deudor demandante.
Por el contrario, si se revisan los fundamentos f�cticos de las pretensiones, ellos fundamentalmente expresan que hubo equivocaci�n de la entidad financiera que inicialmente otorgara el cr�dito, en el sentido de que el pr�stamo ofrecido y adquirido por el deudor lo fue de libre inversi�n y no para la adquisici�n de vivienda; y que, adem�s, la escritura p�blica contentiva del gravamen hipotecario ha debido constituirse en segundo grado y no en primer grado como sucedi�.
Aduciendo finalmente, que se present� yerro por la entidad bancaria al no incluir en el cr�dito como deudora a la se�ora Teresa Ruiz de Alvarado a quien se le cobraron cuotas de seguro del inmueble objeto de la hipoteca; pero que tambi�n el banco acreedor original no tuvo claridad sobre el plazo para el pago del cr�dito y la aplicaci�n del alivio financiero a que le dio derecho la ley 546 de 1999.
Con la precisi�n anterior, acomete la Sala el estudio de la apelaci�n, se�alando en primer orden que en relaci�n a los hechos que sirvieron de sustento a los pedimentos 1�, 2�, 3�, 4�, 5� y 7�, ning�n medio de prueba fue aportado a la actuaci�n para acreditar las afirmaciones del demandante en el sentido de haberse presentado enga�o por parte de los asesores de la entidad financiera que otorg� el cr�dito, en cuanto a la clase de cr�dito adquirido.
Ante la ausencia de los medios de prueba, es evidente que el contenido sustancial de lo consignado en la escritura p�blica que recogi� el mutuo con hipoteca no puede ser modificado como se pretendi� por el actor, y menos que en la documentaci�n que soporta la obligaci�n y su garant�a se incluya como deudora a la se�ora Teresa Ruiz de Alvarado, quien no figura comprometi�ndose en el referido cr�dito, y tampoco ser�a viable hacerlo a trav�s de este pronunciamiento judicial, pues no fue demandada en este asunto para que se hubiera podido defender frente a talas pretensiones.
De manera pues, que los reparos al fallo de primera instancia, en este sentido, no tienen �xito. Finalmente, para hacer referencia a la pretensi�n de revisi�n total del cr�dito, para esta Corporaci�n no queda asomo de duda que en virtud del postulado de la normatividad de los actos jur�dicos, en raz�n del cual los contratantes deben ajustar su conducta a la ley del contrato (pacta sunt servanda), tiene que ser atemperado cuando circunstancias imprevistas o imprevisibles y, desde luego, sobrevinientes, provocan excesiva onerosidad para una de las partes, evento que impone abrirle paso a la revisi�n del respectivo negocio jur�dico, con el fin de restablecer el equilibrio prestacional original, en aplicaci�n del principio rebus sic stantibus.
Ello para no generar un desequilibrio econ�mico que conduzca a un enriquecimiento injusto de una de las partes. Por ello, el legislador de la materia comercial estableci� que �cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebraci�n de un contrato de ejecuci�n sucesiva, peri�dica o diferida, alteren a agraven la prestaci�n de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podr� esta pedir su revisi�n�, caso en el cual, �el Juez proceder� a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenar�, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretar� la terminaci�n del contrato�., pues, como de anta�o lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, �esta teor�a radicalmente distinta de la noci�n de error y de fuerza mayor, tiene por base la imprevisi�n, es decir, que se trata de hechos extraordinarios posteriores al contrato, que no hayan podido ser previstos por las partes, cuyo acontecimiento, sin hacer completamente imposible el cumplimiento de la obligaci�n, lo dificultan en forma extrema, haci�ndolo tan oneroso, que el contrato pierde para la parte obligada todo sentido y finalidad�.
Por ende, es claro que el demandante en una causa de esa �ndole, debe �establecer con creces que las nuevas circunstancias exceden en mucho las previsiones que racionalmente pod�an hacerse al tiempo de contratar, y que esos acontecimientos son de tal car�cter y gravedad que hacen intolerable la carga de la obligaci�n para una de las partes, am�n de injusta y desorbitante ante las nuevas circunstancias�.
Teniendo claro el postulado anterior, sabido es tambi�n que para el �xito de la pretensi�n revisoria de un contrato, es necesario que se cumplan varios requisitos, a saber: a) Debe tratarse de un contrato de �ejecuci�n sucesiva, peri�dica o diferida�, o, lo que es igual, de un negocio jur�dico de duraci�n, bien porque las diversas prestaciones se deban atender en el tiempo, o porque su cumplimiento fue aplazado.
No cabe, pues, demandar la revisi�n de un contrato de ejecuci�n instant�nea, como expresamente lo se�ala el inciso final del art�culo 868 del C. de Co., porque, como lo dijo la Corte, en tales casos �el acto jur�dico ya no existe�, mejor a�n, las obligaciones ya se ejecutaron o debieron ejecutarse. b) El rompimiento del equilibrio contractual debe tener su origen en �circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a su celebraci�n�, requisito que excluye la posibilidad de incluir como tales elementos normativos existentes al tiempo de ajustarse la convenci�n, o cualquier hecho que, por hipot�tico, sea de probable ocurrencia, pues la imprevisi�n no es motivo para excusar la falta de diligencia y cuidado en el perfeccionamiento de un contrato, ni sirve de escudo para quienes se presentan ingenuos a la celebraci�n del mismo, pues la ignorancia de la ley no sirve de excusa para alegar situaciones que conlleven el beneficio de uno de los contratantes. c) Se requiere que el contrato sea conmutativo y no aleatorio, justamente porque en �stos �ltimos, �el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o p�rdida� (art. 1498, C�digo Civil). d) Las circunstancias especiales ya referidas, deben provocar una excesiva onerosidad para una de las partes, de forma tal que se rompa de manera grave el equilibrio econ�mico del contrato.
No basta, entonces, identificar la mayor ventaja que uno de los contratantes haya podido obtener respecto del otro, sino que es indispensable la severa fractura del sinalagma gen�tico, al punto que de obligarse al deudor a cumplir su deber de prestaci�n en la forma acordada, el acreedor reportar�a un beneficio bastante mayor del que estaba previsto. e) Finalmente, es necesario que el deudor se encuentre al d�a en el pago de la obligaci�n, pues la revisi�n del contrato no tiene lugar cuando ha sobrevenido un comportamiento culposo de aqu�l. Desde luego que si a ese estado se lleg� por causa de las circunstancias extraordinarias e imprevisibles a que se hizo referencia, procede aplicar la teor�a de la imprevisi�n. Pero ella no se puede invocar para defender un incumplimiento culpable. 3.
En el caso que ahora ocupa la atenci�n de la Sala, fue acreditado que el Banco Central Hipotecario, le aprob� �y desembols�- al se�or Pablo Eli�cer Alvarado un cr�dito individual que si bien no para la adquisici�n de la vivienda ubicada en la calle 66 Nos. 65-30/34 de Bogot�, por la suma de $20�000.000,oo, equivalentes a 2.313.9363 Upacs, para ser cancelado en un plazo de 15 a�os �contados a partir del 21 de mayo de 1996, en ciento ochenta (180) cuotas mensuales sucesivas, de acuerdo con la conversi�n a Unidades de Poder Adquisitivo Constante Upac�.
As� lo reconoci� la parte demandada en su contestaci�n a la demanda (fl. 46, cdno. 1), y lo demuestra la copia del pagar� No. 53875-3 aportada por dicha entidad (fls. 89 y 90, ib.), t�tulo �ste que tambi�n pone de presente que el cr�dito en menci�n fue garantizado con hipoteca constituida a trav�s de la escritura p�blica No. 0936 de 4 de marzo de 1996, otorgada en la Notar�a 5� de Bogot�.
As� mismo, est� probado que los deudores, con posterioridad a los referidos negocios jur�dicos, solicitaron y obtuvieron de la entidad demandada un segundo pr�stamo que destinaron para �abonar al cr�dito hipotecario No. 53875-3�, como se consign� en el pagar� No. 68964-8, suscrito el 31 de mayo de 1999 (fl. 91, cdno. 1). Sin embargo, aunque es cierto que dichos cr�ditos sufrieron alteraciones como consecuencia de circunstancias extraordinarias, imprevisibles y sobrevinientes que generaron una excesiva onerosidad para los deudores, hizo bien el Juzgado al desestimar las pretensiones planteadas por Jos� De Jes�s Beltr�n S�nchez y Aura Teresa Salom de Beltr�n, pues no probaron que, pese a la reliquidaci�n de los cr�ditos que hizo la sociedad demandada en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 546 de 1999, las condiciones econ�micas del contrato siguieron siendo excesivamente onerosas. a) Efectivamente, en lo que ata�e a las razones que justificar�an la revisi�n del contrato, se debe precisar que, en estrictez, a los deudores no les era extra�a la metodolog�a y el sistema de amortizaci�n que se aplicar�a a sus cr�ditos, desde luego que eran conscientes de que la obligaci�n se expresaba en Upac y, por ende, que dicha unidad de cuenta, para la �poca en que se perfeccion� el negocio jur�dico, se cuantificaba en funci�n de la tasa de inter�s y no �exclusivamente- del �ndice de precios al consumidor.
Con otras palabras, para el Tribunal es claro que los deudores conoc�an �o deb�an conocer- de antemano las condiciones generales y particulares en que el cr�dito les iba ser otorgado por parte de la entidad demandada, en la medida en que est� clase de contratos se encuentra sujeto a normas jur�dicas cuyo conocimiento se presume (art. 9, C.C.), entre ellas, por v�a de ejemplo, que la Upac se calculaba de acuerdo a las directrices que para el efecto impart�a la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, organismo encargado de procurar que esa unidad reflejara �los movimientos de la tasa de inter�s de la econom�a�, tal como lo dispon�a el literal f) del art�culo 16 de la Ley 31 de 1992.
Obs�rvese que para la fecha en que se firm� el primero de los mencionados pagar�s, ya esa Junta hab�a establecido a trav�s de la Resoluci�n No. 18 de 30 de junio de 1995, que �el Banco de la Rep�blica calcular� mensualmente para cada uno de los d�as del mes siguiente e informar� con id�ntica periodicidad a las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, el valor en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante �Upac-, equivalente al setenta y cuatro por ciento (74%) del promedio m�vil de la tasa DTF efectiva de que tratan las Resoluciones 42 de 1998 de la Junta Monetaria y Externa No. 17 de 1993 de la Junta Directiva de las cuatro semanas anteriores a la fecha del c�lculo� (art. 1�).
Por tanto, la circunstancia de que el Consejo de Estado hubiere declarado la nulidad de la mencionada disposici�n, en sentencia de 21 de mayo de 1999, no quita ni pone ley al momento de establecer la posibilidad de revisar los contratos de mutuo, por lo menos al amparo de la teor�a de la imprevisi�n, toda vez que, se itera, esa Resoluci�n deb�a ser conocida por los demandantes al tiempo en que celebraron la operaci�n de cr�dito (21 de mayo de 1996), por lo que no puede calificarse como circunstancia extraordinaria o imprevisible.
De igual forma, tampoco se puede colacionar como fundamento de las pretensiones, la declaraci�n de inexequibilidad de la frase �procurando que �sta �la Upac- tambi�n refleje los movimientos de la tasa de inter�s de la econom�a�, contenida en el literal f) del art�culo 16 de la Ley 31 de 1992 (Sent. C-383 de 1999), o el fallo de 16 de septiembre de 1999, a trav�s del cual la Corte Constitucional separ� del ordenamiento jur�dico las normas del Decreto 663 de 1993 que regulaban el sistema de unidades de poder adquisitivo constante (Sent.
C-700), pues en uno y otro caso lo imprevisible, si se quiere, eran las decisiones de la Corte que, antes bien, generaron un efecto ben�fico para los deudores. Dicho de otro modo, la vigencia de las normas aludidas al tiempo de perfeccionarse el contrato de cuya revisi�n se trata, excluye el buen suceso de la pretensi�n, como que se trata de circunstancias previstas, que no imprevistas o imprevisibles, menos a�n extraordinarias.
Y el hecho de haberse planteado con posterioridad, serios cuestionamientos constitucionales y legales a las disposiciones que regulaban esos especiales contratos de pr�stamo, no puede invocarse para pedir su revisi�n, pues los pronunciamientos respectivos, por el contrario, generaron una modificaci�n que repercuti� favorablemente en los cr�ditos concedidos para la adquisici�n de vivienda a largo plazo.
Concluyese de lo dicho que se encuentra ajustada a derecho la sentencia del a-quo y en consecuencia deber� ser confirmada. V. DECISION En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1. Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha, en descongesti�n del Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de esta cuidad calendada el 5 de junio de 2006. 2. Costas del recurso a cargo de la parte apelante. T�sense. COPIESE,
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE LIANA A. LIZARAZO VACA Magistrada LUZ MAGDALENA MOJICA R. CARLOS JULIO MOYA C. Magistrada Magistrado Cas. civ. de 23 de mayo de 1938. Cfme: Sent. de 29 de octubre de 1936; GJ. No. 1918, pag. 457; Sent. de 25 de febrero de 1937; G.J. No. 1920-21, pag. 616. G.J. No. 1918, p�g. 457. Ordinario. PABLO ELI�CER ALVARADO PRIETO contra BANCO CENTRAL HIPOTECARIO. J������,@� � 8 k ��� � � � � � � � �!\#]#^#�#@&P&x'�)�)�)�*�*+ +(1F1�12�;�;"<'<N<\<�<�<�<�< ==F>Z>[>�������������������������������������������������������դ 6�]�^J^JB*OJQJ^Jph��OJQJ]�^J6�OJQJ^J5�B*OJQJ^Jph�6�CJ]�^JaJ6�OJQJ]�^J CJ^JaJ OJQJ^J5�OJQJ^J?3JKL����AB{|}��������������������� $ �� �dha$ $ �j dha$$ ���ndh^�na$ $ ��dha$dh$dha$�hXi�i���j k ] ^ m n H I � � � � � QRS������p�������������������������� $ �j dha$ $ �j / dha$pq��jkpq��� � � :; """\#]#^#�#�#x'y'�)�)�������������������������� $ �j / dha$ $ �j dha$�)�)�)�*�*�-�-&1'1(1A1B1C1�1�1�1]7^7�;�;�>�>�D�D�E������������������������ $ ��dha$$ � �O/ dha$ $ �j dha$[>e>�A�A�D�DpGqG�`�`UeVeYe�e�ef�f�f�f�g�gh@h�h�h�h�h:i;i<iWiXiYi[i\i^i_iaibi�i�i����������ɾ�ɷɷɷɷɷ������}}}}� jUCJOJQJ^JaJ!j0JCJOJQJU^JaJCJaJmH sH CJaJj0JCJUaJ OJQJ^JB* OJQJ^Jph��5�OJQJ^J6�CJ]�^JaJj0JCJU^JaJ6�CJ^JaJ CJ^JaJCJ]�^JaJ(�E�E�G�GjJkJ7K8KWMXMOO�R�RTTPVSV\X]X[[�]�]�_�_�b�bTeUe����������������������������� UeVeZe�e�e�e�e�e�e�f�f�f�fzg{g�g�g�g�g�g�ghh���������������������� $ �j dha$$ �j �j dh`�j a$ $ �j dha$ $ ��dha$hhh@h�h�h�h�h:i;iWiXiZi[i]i^i`iaicidiei�i�i�i�i�i������������������������� &dP��$a$d� �j dh2 00&P P ��/ �"I!��"��#��$��%��S�S i8@��8 NormalCJ_HaJmH sH tH R@R T�tulo 1 $$ �j dh@&a$5�CJ OJQJaJFA@���F Fuente de p�rrafo predeter.J @�J Pie de p�gina ��8!CJaJmH sH ^B@^ Texto independiente$ �j dha$CJ OJQJaJ4 4 Encabezado �C�"vC"v Sangr�a de t. independiente$��dh`��a$CJ OJQJaJmH $sH $fP2f Texto independiente 2$ ��dha$5�B* OJQJph��:&@�A: Ref. de nota al pieH*>*@�Q> Ref. de nota al finalH*L @bL Texto nota pie1$7$8$H$CJOJQJaJ�@pC�e��������������������� �� �� �� �� �������� �e����� ��Vg� ��Vg� ��Vg� ��Vg� ��Vg� ��Vg� ��Vg� ��Vg� �� Vg� �� Vg� �� Vg� �� Vg� �� Vg� ��Vg�Q �}�"o*�2a;�C�K�T�]�c�eS������� � 4 � 3JKL����AB{|}jQ R S � � ����pq��jkpq�����: ; \ ] ^ � � x#y#�%�%�%�%�&�&�)�)&-'-(-A-B-C-�-�-�-]3^3�7�7�:�:�@�@�A�A�C�CjFkF7G8GWIXIKK�N�NPPPRSR\T]TWW�Y�Y�[�[�^�^TaUaVaZa�a�a�a�a�a�a�b�b�b�bzc{c�c�c�c�c�c�cdddd@d�d�d�d�d:e;eWeXeZe[e]e^e`eaecedeee�e�e�e�0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��0���0���0���0���0������0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0������0������0������0������0������0���0���0����� ZZZ][>�i7=p�)�EUeh�i8:;<>?@�i9*%* C CILKLgLlL>MBM�M�M�M�M�M�M�M�MPPP PXQ]Q�S�S�U�U�U�U�X�XP\_\�\�\�d�d�d�d�d�d�dee(e+e>eAeXe�e ���/-C-PP�c�cNd�d�d;eVeXe�e��recovery1A:\ORDINARIO - PABLO ELIECER ALVARADO VS BCH..docK8uDSR�Y�^Ta�d�d�d;eWeXe�e�e�@���8�dLL���e@@��Unknown������������G��:�Times New Roman5��Symbol3&� �:�Arial71�Courier"q����BQ��BQ��xU3�xU3���������>0\d\d� 3�Q��HX��2TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTACSJrecovery�� �����Oh��+'��0������� (4 P \ ht|��� 3TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA RIB CSJ SJ SJ NormalL recoverySUP 2co Microsoft Word 9.0E@F�#@�h��L�@�h��L�xU�� ��՜.��+,��0 hp|��� ���� � �� csj�3\d� 3TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA T�tulo !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@A����CDEFGHIJKLMNO����QRSTUVW����YZ[\]^_��������b������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �F@ʜ�L�d�1Table������������BMWordDocument��������4�SummaryInformation(����PDocumentSummaryInformation8������������XCompObj����kObjectPool������������@ʜ�L�@ʜ�L������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q