Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 110013103020200000282 01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Ana Lucía Pulgarín Delgado

Fecha: 2007-10-25

Sujetos procesales: MARIA HELENA GARCIA MURILLO Y MANUEL ANTONIO MOLINA / DORIS JIMENEZ, LUZ EDITH VELAZCO

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RADICACI�N: 110013103020200000282 01. RAD. INTERNA No. 2659. PROCEDENCIA: JUZGADO 20 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D. C. DEMANDANTE: MARIA HELENA GARCIA MURILLO MANUEL ANTONIO MOLINA. DEMANDADO: DORIS JIMENEZ, LUZ EDITH VELAZCO CLASE DE PROCESO: ORDINARIO. MOTIVO DE ALZADA: APELACION SENTENCIA. DISCUSI�N Y APROBACI�N PROYECTO: ASUNTO Resuelve el Tribunal el recurso de APELACI�N interpuesto por las partes contra la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2006, proferida por el Juzgado 20 Civil del Circuito de la Ciudad, dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES Los se�ores MANUEL ANTONIO MOLINA y MARIA HELENA GARCFIA MURILLO (padres sobrevivientes del se�or NORBERTO MOLINA GARC�A) por intermedio de apoderado judicial demandaron a los se�ores DORIS JIM�NEZ ORT�Z, DAVID MAURICIO ORT�Z JIM�NEZ y LUZ EDITH VELAZCO VALDERRAMA, para que previo el tramite de un proceso ordinario de Responsabilidad Civil Extracontractual de Mayor Cuant�a se hicieran las siguientes declaraciones: Que la se�ora Doris Jim�nez de Ort�z en calidad de madre del menor y Luz Edith Velazco Valderrama, propietaria del veh�culo son responsables civilmente de todos los da�os y perjuicios causados a Manuel Antonio Molina y Mar�a Helena Garc�a Murillo, con motivo de la muerte violenta de su hijo NORBERTO MOLINA GARCIA Estimaci�n de los perjuicios: Materiales: Los estima en la suma de cuatrocientos demandados son civil y solidariamente responsables de todos los da�os y perjuicios ocasionados a los demandantes, con ocasi�n de la muerte del se�or MARIO MESA ESCOBAR, insuceso acaecido y producto del accidente � choque de tr�nsito � el d�a 26 de mayo de 1995, en esta ciudad, en el cual colisionaron los veh�culos de placas XGB555 (de propiedad de ELIAS HERNANDO VILLATE JIM�NEZ, afiliado a la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA �COFLONORTE, y conducido por JOSE HERNAN AVILA CASTRO) y CHQ692 (de propiedad de GUIOMAR INGRID CORTEZ GONZALEZ y conducido por LUIS ENRIQUE PINZON). 2�.

Declarar como consecuencia de lo anterior, que los demandados deben pagarle a cada uno de los demandantes, las siguientes sumas de dinero: 2.1. A OBEIDA PARRA DE MESA, $132�000.000 por concepto de lucro cesante ($52�000.000 por lucro cesante consolidado y $80�000.000 por lucro cesante futuro), sin menoscabo de lo que se probare dentro del proceso. 2.2.

A MARTHA LUCIA MESA, la suma de $1�083.800.00, por concepto de gastos funerarios y servicios de exequias. 2.3. A OBEIDA PARRA DE MESA, FERNANDO MESA PARRA, MARIO MESA PARRA, MARIA CRISTINA MESA PARRA, MARTHA LUCIA MESA DE GRANJA y PATRICIA MESA PARRA, la suma de $66�000.000 a cada uno, por concepto de da�os morales equivalentes a 1000 gramos oro. 3�.

Que 3�. Que se condene a los demandados a pagar las sumas qqque resultaren de los numerales anteriores, m�s la devaluaci�n monetari�a del peso colombianao conforme lo tiene establecido la Corte Suprema de Justicia y el Cosnsejo d e Estado. 4�. Que se condene a los demandados a pagar a los demandantes los intereses a cada uno. Que sobre las anteriores sumas de dinero se condene a los demandados a pagarle a los actores, la devaluaci�n monetaria del peso Colombiano, mas los intereses corrientes comerciales de las sumas del lucro cesante consolidado del numeral 2.1., sobre el valor de las sumas de dinero correspondiente a lucro cesante consolidado y los da�os morales del numeral 2.3., desde el d�a del accidente, hasta cuando se efect�e el pago en forma real y efectiva., e intereses moratorios sobre el valor del da�o emergente. 5�.

Que se condene a los demandados a pagar los intereses moratorios de la suma contenida en el numeral 2.2 (da�o emergente)desde el d�a que se dicte sentencia y hasta cuando se efect�e el pago real y efectivo. 6�. 1.4 Que se condene en costas a los demandados. Los fundamentos de hecho que sirvieron de soporte a los pedimentos son los siguientes: Que eEl d�a 26 de mayo de 1995, el se�or MARIO ERNESTO MESA, con destino a Sogamoso (Boyac�a), abordo el veh�culo de servicio publico afiliado a la empresa de transportes COFLONORTE LTDA, identificadoa con la placa XGB-555, automotor que colision�o violentamente con el veh�culo de placas CHQ-692 a la altura del kil�ometro 15 de la Aautopista Nnorte de Bogot�, y como causa de dicho accidente perdi�o la vida el mencionado se�o Mesa Escobarr; que e. El se�or Mario Ernesto Mesa EscobarARIO ERNESTO MESA ESCOBAR, ejerc�a la profesi�n de abogado desde hacia mas de 35 a�os en las ciudades de Bogot� y Sogamoso y a la vez guiaba moral y espiritualmente tanto a sus esposa como a sus hijos; que c. Con ocasi�n del insuceso, la se�ora MARTHA LUCIA MESA PARRA, debi� cancelar de su peculnio; la suma de $883.800.00, por concepto de gastos funerarios y la suma de $200.000.00 por servicios de exequiasexequias; que e. El se�or ELIAS HERNANDO VILLATE, al momento del accidente figuraba como propietario del automotor de placas XGB-555, el cual estaba afiliado a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA NORTE LTDA �COFLONORTE� y conducido por el se�or JOSE HERNAN AVILA CASTRO, en tanto que como propietariao del veh�culo de placas CHQ-692, figura la se�ora GUIOMAR INGRID CORTES GONZALEZ, conducido por el se�or LUIS ENRIQUE PINZON AREVALO.; que el accidente se produjo como consecuencia del exceso de velocidad y la disputa entre los conductores por la v�a, resultando seriamente heridos los pasajeros del veh�culo de servicio p�blico, entre ellos el se�or Mario Ernesto Mesa Escobar, quien sufri� un paro cardio-respiratorio, gener�ndole encefalopat�a hipoxica (falta de oxigeno en el cerebro), permaneciendo desde el d�a accidente hasta el 1 de junio de 1995 en las unidad de cuidados intensivos de la Cl�nica Reina Sof�a, siendo traslado el 2 de junio de 1995 a la Fundaci�n Instituto Neurol�gico de Colombia, con el siguiente diagn�stico: �.

Estado Plan Obligatorio de Salud � reanimaci�n. 2. Encefalopat�a hipoxica. 3. S�ndrome convulsivo. 4. Neumon�a nosocomial por estafilococo �; que este tr�gico hecho trajo graves consecuencia en la salud y vida del difunto, ya que luego de padecer dolorosamente todas las consecuencia de salud por la colisi�n de los dos veh�culos, y de haberse complicado todo el organismo, falleci� el 14 de junio de 1995 en el mencionado centro asistencial, a consecuencia de edema pulmonar secundario a traumatismo craneoencef�lico, t�rmino secundario que significa seguido de, posterior a, luego de, que luego del shock del traumatismo craneano sufrido se le aviene un edema pulmonar que le trae lo que tem�a venir, su muerte, por el accidente tan grave que lo ocasiono un actuar imprudente e irresponsable de los conductores.

Que el se�or Mario Ernesto Mesa Escobar, era un esposo y padre ejemplar, conviv�a con su esposa OBEIDA PARRA DE MESA a quien sosten�a y manten�a econ�micamente, por lo tanto se ha visto privada de las prestaciones econ�micas, del apoyo moral y social que en vida le prodigaba el de Cujus; que as� mismo guiaba moral y espiritual tanto a su esposa como a todos sus hijos MARIO, FERNANDO, MARTHA LUCIA, PATRICIA y MARIA CRISTINA MESA PARRA; que con la p�rdida de su esposo y padre, los demandantes han debido sufrir las inclemencias del dolor moral y la ausencia de su �nico apoyo econ�mico.

Que la conducci�n de automotores es una actividad peligrosa, por lo que como lo ha determinado la doctrina y la jurisprudencia, se rige por la llamada responsabilidad objetiva; que el da�o causado en desarrollo de una actividad peligrosa presume su culpabilidad, no solo del conductor sino del due�o y empresario de la cosa con la cual se ocasion�; que la culpa de los actores-choferes es fruto o se origina en la generaci�n o por la responsabilidad aquiliana, base o fundamento de la violaci�n de una norma, conducta o comportamiento il�cito que irrog� un da�o a los demandantes, responsabilidad emanada o denominada aquiliana, t�tulo 34, libro 40, art�culos 2341 y ss. del C�digo Civil de la responsabilidad por el hecho propio y, 2346 a 2352 del C�digo Civil por el hecho ajeno, en concordancia con el art�culo 2356, por cuanto el da�o ha sido producido como consecuencia del desarrollo de la actividad peligrosa; que de acuerdo con el art�culo 2344 del C�digo Civil la culpa aqu� endilgada a los ch�feres, es solidaria legalmente; y que sus mandantes obran en ejercicio de la denominada acci�n personal extracontractual, originada por el desmedro patrimonial que con la muerte de su esposo y padre, se les acarreo (folios 55 a 75 C.1).

Admitida la demanda mediante auto del 13 de enero de 1998 se orden� su notificaci�n a los demandados (folio 77). Conformada la relaci�n jur�dico procesal, por parte de COFLONORTE LTDA, ELIAS HERNANDO VILLATE JIMENEZ yY JORGE HERNAN AVILA CASTRO, se dio replica a la demanda, negando la mayor�a de los hechos y formulando las excepciones de m�rito que denominaron: �inexistencia de culpa del transportador y/o propietario del automotor por responsabilidad civil extracontractual�, �fuerza mayor o caso fortuito�, �la indemnizaci�n de perjuicios reclamada no tiene la relaci�n causa efecto exigida por la ley, asisti�ndole mala fe a la parte accionante en procura de un enriquecimiento sin causa�, y �fraude procesal, falso testimonio y violaci�n de reserva sumarial�; excepciones de las que se dio traslado en la debida oportunidad; de igual manera, llamaron en garant�a a la �Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda, entidad Cooperativa� y �Colseguros S.A.�, para que dichas aseguradoras respondieran por el pago de los perjuicios a que resultaran condenadaos, en virtud de la existencia de las p�lizas de autom�viles por responsabilidad civil extracontractual Nos. 000214 y 0501610, de Aseguradora Solidaria y Colseguros, y en la p�liza No. 501-7029788 3 de seguro de da�os corporales causados a las personas en accidente de transito de Aseguradora Solidaria; �todas vigentes a la fecha del accidente y que amparan el siniestro del automotor de placa XGB-555, afiliado a Ccoflonorte Ltda., veh�culo de propiedad de ELIAS HERNANDO VILLATE JIMENEZ�.

Dicho llamamiento fue admitido por auto del 26 de septiembre de 1998, logr�ndose vincular primero a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA, ENTIDAD COOPERATIVA, sociedad llamada en garant�a, quien se opuso a las pretensiones de la demanda, indic� no constarle los hechos del in suceso, pidiendo su prueba, en cuanto a excepciones se acogi� y coadyuvo las formuladas por la demandada en su contestaci�n. En cuanto a los hechos del llamamiento en garant�a indic� ser ciertos; propuso las excepciones de m�rito que denomino: 1.

PRESCRIPCI�N DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO,; sustentada en que al efecto se�ala la ley (articulo 1081 C�digo de Comercio)del C. De Co.) que la prescripci�n ordinaria de las acciones que se derivan del contrato de seguro ser� de 2 a�os y empezar� a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acci�n; lo cual para el presente caso indica que el hecho que dar�a base a la acci�n fue el accidente ocurrido el d�a 26 de mayo de 1995, fecha desde la cual se debe contabilizar el termino de la prescripci�n.

2. LIMITE MAXIMO DE VALOR ASEGURADO PARA EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL; la p�liza de seguro de autom�viles No. A 000214, se�ala un limite m�ximo de valor asegurado en el amparo de responsabilidad civil, por tanto en el remoto evento de que la llamada resulte condenada, esta solamente responder� por el limite m�ximo del valor asegurado, �sea el valor de $10�.000.0 000.oo.

3. FALTA DE CAUSA PARA PEDIR UNA INDEMNIZACI�N QUE INCLUYE EL CONCEPTO DE LUCRO CESANTE; la parte demandante pretende que se reconozca el lucro cesante que corresponde a lo dejado de producir con ocasi�n de la muerte del causante, concepto que no esta cubierto bajo el contrato de seguros contemplado en la p�liza de autom�viles No. A 000214 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia LtdaLtda., por cuanto este concepto no se pacto como riesgo asegurable.

Posteriormente, de igual manera se vinculo a la tambi�n llamada en garant�a ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., quien no se pronuncio sobre los hechos de la demanda ni pretensiones de la demanda,, ni sobre los del los del llamamiento en garant�a, as� como tampoco se pronuncio frente a las pretensiones de la demanda, limit�ndose a simplemente proponer uso las siguientes excepciones de m�rito:; 1.

PRESCRIPCI�N ORDINARIA DE LA ACCI�N DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO; el llamamiento se basa en la existencia de la p�liza de seguro No. 04-0501610-85 vigente entre el 6 de marzo de 1995 y el 6 de marzo de 1996, en la cual esta previsto el amparo de responsabilidad civil extracontractual con cobertura de $10�.000.000.oo por el riesgo de muerte de una persona.

2. FALTA DE INTER�S ASEGURABLE EN COFLONORTE; no siendo Coflonorte propietariao del veh�culo comprometido en el accidente de transito, ni tenedor, ni arrendatario, no se aprecia c�omo pueda ser econ�micamente responsable de su operaci�n; ya que por los da�os que se causen a terceros en virtud de la operaci�n de un automotor, responden el conductor y el propietario. 3.

OOBLIGACI�NOBLIGACI�N DE CUOTA PROPORCIONAL; en el evento de que no prospere la excepci�n de prescripci�n propuesta, por virtud del llamamiento en garant�a, la aseguradora solo podr�a responder a nombre del asegurado hasta el monto de la cobertura correspondiente al riesgo seg�n la p�liza, dentro de los t�rminos que ella establece. Por su parte, la demandada GUIOMAR INGRID CORTES GONZALEZS, fue notificada a trav�s de curador ad litem previamente designado, quien oportunamente contest�o la demanda, sin formular excepciones de m�rito, ateni�ndose alo que se pruebe; de otro lado el se�or LUIS ENRIQUE PINZON AREVALO, al ser notificado personalmente de la demanda guard�o silencio (folios 143, 194, 197 y 198 C.1).

La parte actora descorri� cada una de las excepciones de fondo presentadas por el apoderado de los demandados COFLONORTE LTDA, ELIAS HERNANDO VILLATE yY JORGE HERNAN AVILA, manifestando su oposici�n a las mismas y advirtiendo que se atendr� a lo que resulte probado dentro del proceso (folios 116 a 122 C.1). (folios 44 y 45 C.1).. Citadas las partes para la celebraci�n de la audiencia prevista en el art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil, se precis� que no exist�an in excepciones previas que resolver, no hubo lograrse acuerdo conciliatorio, ni se consider� procedente fijar el litigio (folio 245 C1).

Por auto del 31 de julio de 2000 se abri� a pruebas el proceso, as�: A) PEDIDAS POR LA PARTE ACTORA: Documental aportada; interrogatorio de parte a los demandados, excepto a la demandada Guiomar Ingrid Cortez Gonz�lez por estar representada por curador ad litem; testimonios de Augusto D�az P�rez, Rolando Andr�s Roncancio, Luisa Alberto Mesa Escobar, Jhon Jairo Zambrano Quijano, Pablo Emilio Aponte, Amanda Aguirre, Ricardo Gonz�lez, Marina Reina Mendilvelso Garc�a Leonor Acevedo Orduz, Julio Mendivelso y Alfonso Guevara Delgado; oficios a la Fiscalia 17 Unidad Segunda de Vida para que enviara copias de los documentos relacionados a folios 67 y 68 C.1, y a la sociedad demandada Clofonorte, para que certificara la vinculaci�n del veh�culo de placas XGB-555 para la fecha del siniestro y remitiera las planillas de despacho y control, as� como los itinerarios y rutas del mismo; a la cl�nica Reina Sof�a de esta ciudad para que remitiera los documentos, comunicados, historias m�dicas, antecedentes y relaci�n de pacientes que el 26 de mayo de 1995 ingresaron al centro asistencial, y en especial la historia m�dica.-cl�nica del se�or Mario Ernesto Mesa Escobar; al Instituto Neurol�gico de Colombia, para que remitiera la historia m�dica-cl�nica del se�or Mario Ernesto Mesa Escobar; dictamen pericial para establecer los perjuicios materiales para la c�nyuge Obeida Parra de Mesa, tomando como base los ingresos, y vida probable del difunto conforme a las tablas del DANE, as� como la determinaci�n y cuantificaci�n del da�o emergente, junto con sus intereses y actualizaci�n monetaria a favor de Martha Luc�a Mesa de Granja, teniendo en cuenta las pruebas de los gastos efectuados por ella con ocasi�n al hecho que origin� el deceso de su padre, desde la fecha de los hechos hasta la fecha probable de sentencia. B) PEDIDAS POR LA PARTE DEMANDADA: Documental aportada; interrogatorio de parte a los demandantes; testimonios de Miguel Acero, Juan Manosalva y Antonio Neisa; oficios a Caprecom para que allegara resumen de la historia cl�nica del afiliado Mario Ernesto Mesa Escobar y certifique si el difunto presentaba antes de su deceso infecci�n pulmonar y el tratamiento m�dico prestado; a la Fiscalia 17 Unidad Segunda de Vida para que certifique si en el proceso penal No. 228360 se present� y fue admitida demanda de parte civil, remitiendo copias de las mismas, y remitiera copia de las restantes piezas procesales no solicitadas como pruebas por la parte demandante; al DANE para que suministrara la tasa de mortalidad vigente y certificara el promedio de vida y de capacidad laboral de los colombianos; y se aplaz� la inspecci�n judicial conforme lo dispone el art�culo 244 del C�digo de Procedimiento Civil, hasta la practica de las dem�s pruebas, a los talleres de Clofonorte Ltda., para verificar lo relacionado con el mantenimiento a sus veh�culos afiliados (folios 1 a 3 C.2).

Sy superada la etapa de pruebas, el despacho mediante providencia de fecha 18 de marzo de 2002noviembre de 2001 (folio 122), declaro corri� errada la etapa probatoria y contraslado cedi� a las partes traslado para alegatos de conclusi�n (folio 385 C.2), derecho del que hicieron uso, al igual que la llamada en garant�a Aseguradora de Solidaria de Colombia Ltda., seg�n escritos a folios posteriores, ratificando los fines jur�dicos perseguidos las partes interesadas (folios 390 a 425 C.2).

La llamada en garant�a Aseguradora Colseguros S.A., aleg� fuera de tiempo (folio 445 vto. C.2) EL FALLO APELADO Mediante la sentencia apelada el a quo, luego de precisar el cumplimiento de los presupuestos procesales, as� como los presupuestos de la acci�n demandada y la clase de responsabilidad generada y la legitimaci�n de las partes seg�n las calidades en que fueron citados cada uno de los demandados en el proceso, decidi� la controversia declarando que los demandados son responsables civilmente de los perjuicios irrogados a los demandantes con la muerte del se�or MARIO ERNESTO ESCOBAR MESA (sic), ocasionada esta en accidente de transito de los automotores de placas XGB 555 y CHQ 692, ocurrido el 26 de mayo de 1995;, neg� las pretensiones segunda de la demanda, a excepto la del numeral 2.2, condenando a los demandados en forma solidaria a pagarle a la demandante MARTHA LUCIA MESA DE GRANJA, la suma de $2�399.272, por concepto de gastos funerarios y servicios de exequias, suma que debe ser actualizada en la forma indicada por los peritos, hasta cuando se pague la obligaci�n, concedi�ndoles un t�rmino de diez d�as siguientes a la ejecutor�a del fallo; as� como a pagarles en el mismo t�rmino a la c�nyuge demandante OBEIDA PARRA DE MESA, la suma de $15�000.000, y a cada uno de los hijos demandantes la suma de $3�000.000, por concepto de perjuicio morales; y conden� en costas del proceso a los demandados, en proporci�n del 70%.

Al efecto consider� que los se�ores ELIAS HERNANDO VILLATE JIM�NEZ y GUIOMAR INGRID CORTEZ CONZALEZ, se les endilg� la calidad de propietarios de los automotores de placas XGB-555 y CHQ-692, respectivamente, encontrando que figuran como tales en las oficinas de tr�nsito respectivas, con lo que le asiste legitimaci�n para recibir la demanda; respecto de JOSE HERNAN AVILA CASTRO y LUIS ENRIQUE PINZON AR�VALO, se les vinculo como las personas que el d�a del accidente actuaban como conductores de los referidos automotores, situaci�n que tampoco tiene reparo, pues del informe del accidente se verifica su presencia como tales al momento de la colisi�n, aclarando que el nombre correcto de uno de ellos es JORGE Hern�n y no JOSE Hern�n, como se indic� en la demanda, lo que en modo alguno afecta la legitimaci�n en la causa por pasiva, pues hay coincidencia en el nombre consignado en el mencionado informe con el de la persona notificada, quien no alego nada al respecto contestando la demanda, y solo se trat� de un error mecanogr�fico al momento de redactar la demanda; y que a la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA., se le demando en su condici�n de empresa afiliadora del veh�culo de placas XGB-555, hecho que se prob� con la certificaci�n de la autoridad de tr�nsito respectiva y se ratifica con la contestaci�n de la demandada por la persona jur�dica demandada.

Sobre el tema de los elementos que estructura la clase de responsabilidad demandada, indic� que cuando el da�o reclamado es ocasionado en el ejercicio de una actividad peligrosa, como es la conducci�n de veh�culos automotores, la jurisprudencia ha sostenido que la culpa se presume en cabeza del causante del perjuicio, por lo que al interesado le compete demostrar: a) la autor�a del perjuicio; b) el da�o y c) la relaci�n de causalidad ente �ste y el proceder del demandado, pues en este evento se presume el tercer requisito que es la culpa, r�gimen conceptual y probatorio cuya misi�n no es otra que la de favorecer a las v�ctimas de ciertos accidentes derivados de esta clase de actividades en las que el hombre ha utilizado fuerzas de las que no pude tener siempre absoluto control y por lo tanto capaces de romper el equilibrio antes existente, actividad que por tanto debe llevarse a cabo con pericia, observando toda la diligencia que ella exige, al punto de cercenar la posibilidad de que por su acci�n se produzca el da�o; siendo por ello que cabe la exenci�n de responsabilidad cuando se ha ejercicio con extremo cuidado, pero el suceso acaece por fuerza mayor, caso fortuito, el hecho o culpa exclusiva de la v�ctima o el hecho de un tercero, circunstancias cuya demostraci�n corre a cargo del agente (art�culo 2536 C�digo Civil).

Que para destruir la presunci�n de culpa que gravita en cabeza de los demandados dada la clase de responsabilidad extracontractual y modalidad alegada, los demandados no demostraron eximente de responsabilidad alguno, pues no se acredit� que el da�o producido tuvo su origen en factor distinto a la actividad riesgosa por ellos desplegada. Bajo esa perspectiva y la orientaci�n de jurisprudencia que cita y transcribe parcialmente, el juez entr� a considerar cual es el alcance de la condena que por perjuicios dedujo en cabeza de los conductores el Juez 28 Penal del Circuito de Bogot�, cuyas copias fueron aportadas parcialmente al juicio, precisado que no pod�a ser apreciada como prueba trasladada, pues no se configuran los presupuestos contenidos en el articulo 185 del C�digo de Procedimiento Civil, resultando adem�s inoponible ya que no puede hablarse de las mismas partes cuando ninguno de los aqu� demandantes actu� o se constituy� en parte civil en tales diligencias, por lo que el fallo penal �nicamente da fe de su otorgamiento, de su fecha de celebraci�n y las declaraciones que a trav�s de los mismos se hicieron por parte de los funcionarios que conocieron de la causa penal (art�culo 264 C�digo de Procedimiento Civil), esto es, que los se�ores LUIS ENRIQUE PINZON AR�VALO y JORGE HERNAN AVILA CASTRO, fueron autores responsables del delito de condeno a los aqu� demandados a pagar de manera solidaria a favor de la se�ora MARTHA LUCIA MESA DE GRANJA, la suma de $2�3999.272.00, por concepto de gastos funerarios y servicios de exequias; suma esta que deber� ser actualizada en la forma indicada por los peritos al momento de rendir la pericia, hasta cuando se pague el total de la obligaci�n, al igual los condeno a pagar de manera solidaria a favor de cada uno de los demandantes que tienen la calidad de hijos del causante, la suma de $3�000.000.oo, por concepto de perjuicio moral y a pagar de manera solidaria a favor de la se�ora OBEIDA PARRA DE MESA, la suma de $15�000.000.oo, por concepto de perjuicio moral, as� como tambi�n los condeno en costas del proceso en proporci�n del 70%.

Decisi�n tomada por el a quo, conforme a las copias de la actuaci�n penal que a este proceso fueron aportadas de manera parcial, en donde los se�ores LUIS ENRIQUE PINZON AREVALO y JORGE HERNAN AVILA fueron identificados como los autores responsables del delito de homicidio culposo agotado en la persona de MARIO MESA ESCOBAR; por lo que superada, alcance �nico que puede darsele al fallo, ya que la prueba documental no puede ser apreciada como prueba traslada, pues no se configuran los presupuestos contenidos en el articulo 185 del Codigo de Procedimiento Civil, superado as� la realizaci�on del hecho y la autor�ia culposa de los conductores de los veh�culos, deb�a se seiguirse e con el estudio del nexo causal que pudiera unir en responsabilidad a los dem�s demandados con los mencionados conductores., o sin precisar que la responsabilidad se atribuye no tan solo respecto de quien involucra la cosa en su actividad personal, sino a quienes de una u otra manera tienen la posibilidad de controlar la actividad en cuesti�n y por consiguiente ejercer custodia de ella, obrando con diligencia a fin de suprimir la contingencia del perjuicio; evento en el cual el da�o causado ser�a prueba suficiente de la manera impropia como se ejerci� el deber de vigilancia, pues se trata de una obligaci�n de resultado que consiste en evitar que la cosa escape del control de quien se sirva de la actividad que con ella se realice; en otras palabras, por la v�a de presunci�n se le imputar�a el resultado lesivo a quien por los riesgos espec�ficos de determinada acci�n, ten�a el poder de dominar la actividad con la que se produjo el da�o Que en realidad, frente a la responsabilidad en estudio, se mira el poder-deber de control, direcci�n y gobierno de la cosa o actividad que con ella se realice, lo que abre la posibilidad de que frente a un mismo hecho lesivo concurra la responsabilidad de varias personas, quienes en virtud de mandato legal quedar�an vinculadas ante la obligaci�n de resarcimiento en forma solidaria (art�culo 2344 C�digo Civil).

Sobre el particular encontr� que obra prueba de que los se�ores ELIAS HERNANDO VILLATE JIMENEZ y GUIOMAR INGRID CORTEZ CONZALEZ, para la �poca del insuceso eran los due�os de los automotores de placas XGB-555 y CHQ-692, y conducidos por quienes fueron encontrados culpables dentro del rito penal, sin que obre prueba que los mencionados propietarios carec�an de la posibilidad de gobierno sobre el inmueble, o que el uso dado por los conductores escap� de su voluntad, por lo que se hallan vinculados, de manera solidaria, en los efectos que los actos realizados en la actividad peligrosa produjeron.

En cuanto a la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA., qued� demostrada su calidad de afiliadora del veh�culo de placas XGB-555, como se desprende del certificado de tradici�n, empresa que de acuerdo con el certificado de constituci�n y gerencia se dedica al ejercicio de la explotaci�n de la industria de transporte, que es su objeto; por lo que a�n sin prueba en contrario, se presume gozaba de la posibilidad de control, direcci�n y gobierno de la actividad que desarrollaban el propietario y el conductor demandados, facultad que, dada la peligrosidad de la actividad del transporte, se traduc�a m�s en un deber, cuya evaluaci�n, objetiva como se dijo, resulta descalificadora frente al resultado obtenido; por ello igual debe concurrir al resarcimiento de los da�os que en la actividad peligrosa realizaba.

Sobre el da�o como primera condici�n de responsabilidad civil, pues no puede existir responsabilidad sin da�o, el que para que sea objeto de reparaci�n debe ser cierto y directo, y como consecuencia inmediata del delito o de la culpa, indic� que la carga de la prueba y su cuant�a, pues no puede extenderse la condena m�s all� del detrimento padecido por la v�ctima, recae en quien demanda su indemnizaci�n. Sobre el da�o emergente, definido por el art�culo 1614 del C�digo Civil, lo consider� el a quo en este caso en todas las erogaciones m�dicas, quir�rgicas, farmac�uticas u hospitalarias, traslado de la v�ctima del sitio del accidente al centro m�dico, terapias, funerarios, exequias, etc., que los familiares, herederos o cualquier otra persona sufrague con ocasi�n del accidente, encontrando que en este caso se aportaron varios recibos de pago, documentos declarativos emanados de terceros, que no fueron tachados por la contraparte, ni se solicit� su reconocimiento, pudiendo ser apreciados por disposici�n del numeral 2 del art�culo 10 del la Ley 446 de 1999, que reflejan un gasto sufragado por la demandante MARTHA LUCIA MESA DE GRANJA, y por ello ser�a reconocido en suma de $1�083.644 para el momento de su erogaci�n, y que seg�n lo dictaminado por los peritos a folios 239 y 240, para la fecha del experticio ascend�a a $2�399.272, valor que deb�a ser reconocido actualizado hasta el momento del pago de acuerdo con los par�metros adoptados por los auxiliares de la justicia que rindieron la pericia. Respecto al lucro cesante demandado, consider� necesario revisar dos aspectos: si el fallecido Mario Ernesto Mesa Escobar, ejerc�a alguna actividad de la que reportara lucro, y a cu�nto equival�a esa retribuci�n; y si, los demandantes surt�an sus necesidades de lo que el ausente devengaba; encontrando que si bien ha sido admitido que el causante Mesa Escobar, ejerc�a la profesi�n de abogado litigante en las ciudades de Bogot� y Sogamoso, ning�n medio de prueba eficaz obra en el expediente que le diera certeza para determinar el valor de los ingresos promedios del extinto profesional, pues hace notar que el c�lculo que se hizo en el juicio penal se apoy� en los gastos probados de quienes ejercieron la parte civil y basado en que la prueba revelaba que el occiso los cubr�a, pero en ciencia cierta no se pudo valorar cuanto devengaba en total; adem�s dub�tase sobre la posibilidad de considerarla como prueba trasladada en este proceso, habida cuenta que no son las mismas partes obrantes en este proceso y aqu�l, y la posibilidad de contradicci�n no fue efectiva para todos los demandados; respecto del dictamen pericial rendido con ese fin, deb�a decirse que no cumple con las m�nimas exigencias consagradas en el art�culo 241 del C�digo de Procedimiento Civil, para poder ser apreciado como medio de prueba v�lido y coherente, al menos en este punto, pues seg�n el dicho de los peritos, la experticia en este �tem tuvo como soporte la actuaci�n adelantada dentro de la actuaci�n penal ya referida, y que ante la ausencia de otros documentos y medios de prueba, no contaron con los suficientes elementos de convicci�n que les permitiera puntualizar el valor del lucro cesante, indicando al respecto que � desafortunadamente no existe en el proceso prueba documental como declaraciones de renta, contabilidad, extractos bancarios, contratos de servicios, facturas o recibos de ingresos, sobre los cuales se pudiera fundamentar con precisi�n el ingreso base para efectuar la liquidaci�n de perjuicios� (folios 299 a 303 C.2); entonces la pericia en ese sentido nada aportaba; que sobre la prueba testimonial distinta a la del dicho de los demandantes la que no puede ser apreciada como confesi�n por no cumplirse los requisitos del art�culo 195 del C�digo de Procedimiento Civil, solo existe la versi�n del se�or Luis Alberto Mesa Escobar, que como hermano d la v�ctima aunque quiso colaborar sobre el monto mensual de los ingresos obtenidos por su hermano como abogado, sus respuestas no fueron contestes y coherentes; en igual sentido puede ser apreciada la declaraci�n del se�or Alfonso Guevara Delgado, yerno del De Cujus (folios 148 y ss C.12); por lo que al no existir los medios de pruebas suficientes que permitan objetivamente, as� sea de manera aproximada establecer, el valor de los ingresos promedio de la v�ctima, no se pod�a sostener por el despacho, tampoco por los peritos, que el fallecido obten�a determinada suma de dinero por ejercer la profesi�n de abogado; por lo que al no existir la posibilidad distinta de cuantificaci�n de que devengaba el m�nimo legal, pero que tales ingresos se encuentran ya incluidos en la condena de que fue materia del proceso penal, no eran del caso reconocerse en este proceso.

Sobre los perjuicios morales subjetivos, indic� que su existencia se presume en casos como el presente, por los lazos de afinidad y consanguinidad entre la victima y los demandantes, lo que hace presumir el sufrimiento moral que debi� causarles su muerte, deriv�ndose fundamentalmente este derecho de las relaciones de familia, por lo que le bastaba a los demandantes probar su relaci�n para legitimarse en la demanda de su resarcimiento.

Que la reparaci�n del da�o sufrido en el derecho lastimado se logra no propiamente con la cabal reparaci�n del mismo, por ser inconmensurable, sino con una equitativa satisfacci�n tendiente a, como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, �procurar algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido�, �permitiendo a quienes han sido v�ctimas del sufrimiento, hacerles, al menos, m�s llevadera su congoja�.

Que como tambi�n lo tiene definido la jurisprudencia en reiterada doctrina, la valuaci�n no puede ser objeto de regulaci�n mediante prueba pericial sino a trav�s del arbitrium judicis, bajo la advertencia que cualquier suma que se reconozca jam�s sustituir� la presencia de un ser querido y amado, pero, como se dijo, tender� a procurarle a la v�ctima algunas satisfacciones que meng�en el valor moral destruido; procediendo a tasar el valor de los perjuicios morales en la sumas ya indicadas, para lo cual tuvo en cuenta adem�s que la v�ctima era una persona que, cuando ocurri� su deceso, contaba aproximadamente con 78 a�os de edad, que conviv�a con su esposa y ayudaba a sus hijos y nietos a quienes con su trabajo les proporcionaba ayuda de tipo dinerario para subvencionar los gastos del m�nimo vital, igual se tuvo noticia del sost�n emocional que constitu�a su presencia; por ello se asum�a que su desaparecimiento les produjo un gran impacto emocional y ps�quico, una gran congoja, inmensa tristeza, fuerte dolor y grave aflicci�n, por raz�n que �l representaba para todo su n�cleo familiar el apoyo moral y econ�mico, am�n de no aparecer prueba en el expediente tendiente a evidenciar discordia, distanciamiento o enemistad entre ellos, de ah� que esa inmensa pena debe ser indemnizada, advirtiendo claro esta como lo dijo la Corte reiteradamente, � sin perder el norte de que el �arbritrium judicis� nunca puede servir de sendero para crear beneficios injustificados para nadie, sino corregir con sentido de justicia, satisfacer o desagraviar sentimientos leg�timos heridos sin derecho� (Sent.

Cas. Civil. 10 de marzo de 1994, sin publicar; Sent. Cas. Civ. 20 de junio de 2000, Jurisprudencia y Doctrina agosto 2000).; sobre este particular se aprecia que para la �poca en que ocurri� el accidente, los tambi�n demandados ELIAS HERNANDO VILLATE Y GUIOMAR INGRID CORTEZ, eran los due�os de los automotores de placas XGB 555 y CHQ 692, ambos involucrados en el insuceso y manejados por quienes fueron encontrados culpables en el rito penal; as� siendo que es natural de la propiedad la posibilidad del uso, goce y disposici�n, debe presumirse tanto la facultad de gobierno sobre el bien, como la responsabilidad que el uso del mismo pueda darle otra persona designada para el efecto, por lo que los propietarios se hallan vinculados, de manera solidaria, en los efectos que los actos realizados en la actividad peligrosa produjeron.

En cuanto a la empresa de transporte, COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA �COFLONORTE� quedo demostrada su calidad de afiliada del veh�culo de placa XGB 555, esto es que la afiliaci�n, como se desprende del certificado de constituci�n y gerencia, se presume deviene del ejercicio de la explotaci�n de la industria del transporte, as� sin prueba en contrario, se presume gozaba de la posibilidad de control, direcci�n y gobierno de la actividad que desarrollaba el demandado; por ello igual debe concurrir al resarcimiento de los da�os que en la actividad peligrosa realizaba.

Frente a los gastos sufragados por la dem�ndate MARTHA LUCIA MESA, en el sub-lite, se aportaron varios recibos de pago que no fueron atacados por la contraparte y que encajan dentro de la descripcion de marras, su importe, en cuanto a lo sufragado, ser� reconocido en cuant�a de $1�083.644.00 para el momento de su erogaci�n y que seg�n lo dictaminado por los peritos para la fecha de su trabajo ascend�a a $2�399.272.00, valor que deber� ser actualizado hasta el momento que se produzca el pago.

En cuanto al lucro cesante, en el sub judice, si bien ha sido admitido que el se�or MARIO ERNESTO MESA, ejerc�a la profesi�n de abogado litigante, ning�n medio de prueba eficaz obra en el expediente que le de certeza al fallador para determinar el valor de los ingresos promedio del extinto profesional del derecho, pues al respecto n�tese que el calculo que se hizo en el juicio penal se apoyo en los gastos probados de quienes ejercieron la parte civil y basado en que la prueba revelada que el occiso los cubr�a, pero en ciencia cierta no se pudo valorar cuanto devengaba en total.

Obs�rvese lo que al respecto indicaron los auxiliares de la justicia � desafortunadamente no existe en el proceso prueba documental como declaraciones de renta, contabilidad, extractos bancarios etc., sobre las cuales se pudiera fundamentar con mas precisi�n el ingreso base para efectuar la liquidaci�n de perjuicios; entonces la prueba pericial nada nos aporta al igual que la prueba testimonial, por lo que al no existir medios de prueba suficientes que permitan medir objetivamente, el valor de los ingresos promedio de la v�ctima, no se puede sostener que el fallecido obten�a determinada suma de dinero por ejercer la profesi�n de abogado.

En lo referente a los perjuicios morales subjetivados, su existencia se presume en casos como el presente, por los lasos de afinidad y consanguinidad entre la v�ctima y los demandantes, su evaluaci�n como bien lo tiene dicho la jurisprudencia no puede ser objeto de regulaci�n mediante prueba pericial sino a trav�s del arbitrium juidicis, bajo la advertencia de que cualquier suma que se reconozca jamas surtir� la presencia de un ser querido.

Para la tasaci�n de los perjuicios morales tiene en cuenta el juzgador que la v�ctima era una persona que cuando ocurri� su deceso, contaba c9on 78 a�os de edad, que conviv�a con su esposa y ayudaba a sus hijos, por ello se presume que su desaparecimiento les produjo un gran impacto emocional. Finalmente, en lo que respecta los llamados en garant�a propuestos, quedaba relevado el despacho de entrar a estudiar el punto, dado que las pretensiones de la demanda ser�an negadas respecto a la condena de perjuicios relacionados con el lucro cesante, ya que �nicamente se acceder�a a los perjuicios morales antes referidos, y como bien se observa en los seguros con los cuales se hizo el llamamiento, los mismos no fueron creados para amparar el pago de perjuicios morales (folios 426 a 441 C.2).

El apoderado de los demandantes interpuso recurso de apelaci�n contra la sentencia de primera instancia, en la parte que neg� la pretensi�n correspondiente al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante tanto como consolidado como futuro; por el reconocimiento y tasaci�n de los perjuicios morales que consider� aislado de la evoluci�n jurisprudencial, del material probatorio y de la cosa juzgada (folios 450 y 451 C.2).

Con posterioridad al fallo e impugnaci�n, se inform� el deceso del demandado El�as Hernando Villate, por parte de su c�nyuge, sin allegarse prueba id�nea de tal hecho, renunciando a continuaci�n su apoderado (folios 446 a 449 C.2), renuncia aceptada en los t�rminos del art�culo 69 del C�digo de Procedimiento Civil, poniendo en conocimiento los anexos aportados sobre el deceso del mencionado demandado que estuvo representado por apoderado, solicit�ndose a los interesados para efectos de la citaci�n correspondiente, indicar el nombre de los herederos, albacea con tenencia de bienes y curador de la herencia yacente (folio 453); lo cual finalmente consider� el a quo de la orbita de la segunda instancia, procediendo a conceder la alzada (art�culos 168 y169 C�digo de Procedimiento Civil) - folio 465 C.2 -.

Finalmente respecto de los llamamientos en garant�a propuestos, el despacho queda relevado de entrar a estudiar este punto, dado que las pretensiones de la demanda ser�n negados respecto a la condena de perjuicios relacionados con el lucro cesante, pues �nicamente se condeno a los demandados a pagar el monto de los perjuicios morales. LA IMPUGNACI�N Concedida la impugnaci�n al fallo de primera instancia propuesto por la parte actora, su nueva apoderada judicial procedi� a sustentarlo en esta instancia, as�: Solicita se El apoderado de los demandantes interpuso recurso de apelaci�n contra la sentencia de primera instancia, con el fin de que se revoquen los numerales tercero TERCERO en cuanto �neg� las pretensiones segunda de la demanda, a excepto de la pretensi�n del numeral 2.2� y modificar los numerales quinto, sexto y s�ptimo QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO de la sentencia apelada, para que en su defecto y con fundamento en las bases jur�dicas que se exponen, proceda: en el numeral tercero TERCERO al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante; y en los numerales quinto y sexto QUINTO Y SEXTO ordene el reconocimiento y pago de unos perjuicios morales ajustados a una realidad jur�dica probatoria y real, al igual que la condena en costas del numeral s�ptimoSEPTIMO. Que eEn lo relacionado al lucro cesante, consider�o el juzgado de origen: �para este estudio es necesario revisar; si el fallecido ejerc�a alguna actividad de la que reportara lucro, y a cuanto equival�a esa retribuci�n; y si los demandantes surt�an sus necesidades de lo que el ausente devengaba�.

EQue en el sub judice, se admiti� que el se�or MARIO ERNESTO MESA, ejerc�a la profesi�n de abogado litigante, pero que ning�n medio de prueba eficaz obra en el expediente que le de certeza al fallador para determinar el valor de los ingresos promedio del extinto, pues al respecto n�tese que el calculo que se hizo en el juicio penal se apoyo en los gastos probados de quienes ejercieron la parte civil y basado en que la prueba revelaba que el occiso los cubr�a, pero en ciencia cierta no se pudo valorar cuanto devengaba en total, pero adem�s, dubiitase sobre la posibilidad de considerarlos como prueba trasladada en este proceso, habida cuenta de que no son las mismas partes laos obrantes en este proceso y aquel, y la posibilidad de contradicci�n no fue efectiva para todos los demandados.

Que respecto del Respecto del dictamen pericial que en tal sentido fue rendido con ocasi�n de esta actuaci�nactuaci�n, debe decirse que el mismo no cumple con las exigencias consagradas en el articulo 241 del Cogido de Procedimiento Civil, para ser apreciado como medio de prueba, pues seg�n el dicho de los peritos, la experticia en este item tuvo como soporte la actuaci�n adelantada dentro de la actuaci�n penal, y que ante la ausencia de otros documentos, no contaron con los suficientes elementos de convicci�n que les permitiera puntualizar el valor del lucro cesante; pero frente a esta pretensi�n y a las pruebas evacuadas en debida forma, se separa de manera arbitraria el juez de primera instancia, ya que no es cierto que los peritos hubieran acogido solamente los testimonios recepcionados en el proceso penal, pues dentro de este proceso civil tambi�n se evacuaron testimonios, en los cuales se declararon sobre los ingresos percibidos por el fallecido, e indicaron que en promedio percib�a la suma de $5�000.000.oo por concepto de honorarios profesionales y haber ejercido la profesi�n por mas de 30 a�os; declaraciones que no fueron apreciadas ni valoradas conforme a las normas procesales; que hubo una verdadera falta de valoraci�n de la prueba testimonial sobre los ingresos y la ayuda econ�mica del difunto a los perjudicados; que en efecto, el a quo no efect�o tachas subjetivas, al momento de la recepci�n de los testimonios, ni en su fallo, que conlleven a establecer la no idoneidad de alg�n testigo; la sentencia de primera instancia simplemente se limit�o a decir que no exist�a prueba suficiente que permitiera medir objetivamente los ingresos de la v�ctima y que si se tomara el salario m�nimo legal, este ya se encontraba incluido en lo que hab�a sido materia del proceso penal, por lo que no pod�a reconocerse aqu�; decisi�n err�nea ya que se debi� cuantificar promediando con los valores expuestos por los deponentes.

Que fFrente al da�o moral, se ha comprobado la total dependencia moral y econ�mica de la esposa de la v�ctima y se ha determinado el dolor y sufrimiento de ella y sus cinco hijos, con ocasi�n del desaparecimiento del se�or MESA; que no hubo cuestionamiento a los testimonios recepcionados en este aspecto, en cambio ameritan las razones que sustentaron la reclamaci�n para el reconocimiento de perjuicios morales, pero se deben aumentar las cuant�as se�aladas, teniendo en cuenta que, aunque siempre sobre la base de que jam�as se podr�a reparar el da�o moral, de todos modos la jurisprudencia no ha estado ajena al hecho de que los montos se�alados en el pasado devienen hoy irrisorios y de hay que en muchos casos se han reconocido cantidades superiores, particularmente cuando esta demostrado, como en el presente caso, el lazo intimo que en la vida afectiva ligaba al fallecido con sus seres queridos.

Finalmente, r Respecto a las costas del proceso, en donde el a quo estableci� que estar�n a cargo de la parte demandada, en proporci�n del 70% ante la negativa parcial de las pretensiones de la demanda, solicita el apelante estas sean reconocidas en cuant�a del 100%, ya que no tiene fundamento alguno la consideraci�n del a quo al considerar que se reconocen en el 70%, cuando los gastos en que han incurrido los demandantes se hicieron en un 100 (folios 6 a 25 de este cuaderno). %, adem�s por el fundamento del recurso impetrado.

CONSIDERACIONES Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad y sobre ellos no hay lugar a reparo alguno; as� mismo, examinada la actuaci�n procesal, rituada en ambas instancias, no se observa irregularidad alguna que pueda invalidar lo actuado. Por lo anterior est�n presentes las condiciones necesarias para proferir sentencia de m�rito, que decida de fondo sobre la apelaci�n formulada.

En el caso en estudio es claro que nos encontramos ante uno de los llamados procesos de conocimiento en el cual se pretende la demostraci�n de los presupuestos de la responsabilidad extracontractual que consagra nuestro C�digo Civil. Como se se�al�, la pretensi�n del actor est� encaminada a obtener la indemnizaci�n por los perjuicios que, se�ala, fueron ocasionados por los conductores de los veh�culos automotores de placas buces de servicio p�blico de placas SGB-555 y CHQ-692, los cuales seg�n las certificaciones del jefe de secci�n automotores de transito y transportes de las respectivas ciudades (folio 32 y 33 C1), son de propiedad de los demandados ELIAS HERNANDO VILLATE JIMENEZ yY GUIOMAR INGRID CORTEZ GONZALEZ; el automotor de placas XGB-555 se encontraba afiliado a la empresa tambi�n demandada COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA NORTE LTDA �COFLONORTE�, indic�ndose en el libelo que quienes conduc�an los veh�culos; eran los se�ores JORGSE HERNAN AVILA (placa SGB-555) yY LUIS ENRIQUE PINZON (placa CHQ-692), accidente de tr�nsito ocurrido el d�a 26 de mayo de 1995, con ocasi�n del cual en el que perdi� la vida el se�or MARIO ERNESTO MESA ESCOBAR, a quien el actor lo menciona como un abogado prestante desde hace mas de 30 a�os, quien guiaba moral, espiritual y econ�micamente tanto a su esposa la se�ora OBEIDA PARRA DE MESA, como a sus hijos los demandantes MARIO, IO, FERNANDO, MARTHA LUCIA, PATRICIA yY MARIA CRISTINA MESA PARRA; esto es, como lo plantean y aceptan las partes, y lo demuestran los antecedentes relatados, se trata de la acci�n de responsabilidad civil por culpa aquiliana o extracontractual prevista por la legislaci�n civil, conforme a la cual quien ha cometido un delito o culpa, que ha inferido da�o a otro, es obligado a la indemnizaci�n. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia nacional, varios son los elementos esenciales que configuran dicha responsabilidad: el hecho da�ino, el da�o, la culpa del autor del da�o y la relaci�n de causalidad necesaria entre �sta y aqu�l. Quien invoca esta clase de responsabilidad, con el fin de obtener el resarcimiento de un perjuicio sufrido, no solo debe afirmar la concurrencia de estos tres elementos, concretados a la situaci�n f�ctica respectiva, sino la culpa del autorque conforme a la regla consagrada en el art�culo 177 del C�digo de Procedimiento Civil, que informa sobre la carga de la prueba, debiendoe demostrarlos plenamente ("onus probandi incumbit actori"); excepto en aquellos casos en que, la culpa como fundamento de la responsabilidad, se presume, como acontece en el caso de la responsabilidad directa o indirecta de quien ha causado un da�o que se presume cometido por su negligencia o malicia, en virtud de originarse en el desarrollo de una actividad que de por s� implica riegos o que puede catalogarse como una actividad peligrosa, donde para obtener la indemnizaci�n basta probar el da�o padecido y la relaci�n de causalidad entre �sta y la acci�n u omisi�n del autor del da�o (art�culo 2356 del C�digo Civil).

Como se mencion�, un presupuesto necesario de la responsabilidad es el nexo causal o relaci�n de causa a efecto del hecho y el resultado o da�o. La causa puede ser �nica o m�ltiple; en este �ltimo caso debe indagarse la forma como los diversos hechos o circunstancias influyen o participan en el da�o; pero hay circunstancias que rompen el v�nculo causal entre el hecho y el da�o: el hecho de la v�ctima, la fuerza mayor o caso fortuito y el hecho de un tercero. Cuando la conducta de la v�ctima influye en el resultado, ella debe graduarse de tal forma que se establezca si es causa total de �l o simplemente es agravante o concurrente.

En el primer caso la culpa de la v�ctima produce efectos liberatorios al demandado, porque no hay nexo causal entre el hecho y el da�o, en raz�n de que �ste se produjo por el hecho de la misma v�ctima; pero cuando el hecho de la v�ctima concurre con otras causas el art�culo 2357 del C�digo Civil establece la rebaja en el monto de la indemnizaci�n; por tanto, corresponde al juzgador establecer en qu� medida el hecho de la v�ctima interviene en el resultado.

Cuando el hecho da�oso se produce como consecuencia de fuerza mayor o caso fortuito no hay agente a quien se le pueda imputar el da�o y las consecuencias las sufre el perjudicado. Tampoco hay lugar a responsabilidad cuando el hecho proviene de un tercero; en este caso la causa del hecho est� en �ste y no en el demandado. Para que el hecho del tercero exonere de responsabilidad se requiere que no haya ninguna relaci�n de dependencia entre el causante y el tercero; as� el hecho del menor, del dependiente, trabajador o pupilo no exonera de responsabilidad al padre, empleador o curador (art�culo 2347 del C�digo Civil).

En s�ntesis, para que el hecho del tercero exima de responsabilidad se requiere que sea la causa �nica del da�o, que el tercero se encuentre debidamente identificado, que no haya v�nculo de dependencia con el causante del da�o, que el hecho del tercero no haya sido provocado por el causante. Respecto a la ocurrencia del hecho y los da�os, no se advierte discusi�n alguna, como quiera que obra al proceso el croquis levantado con ocasi�n del accidente de transito en el cual se produjeron los hechos materia de la controversia, ratificado con las copias de las dem�s diligencias cumplidas en la actuaci�n penal seguida contra los conductores de los automotores de placas XGB-555 Yy CHQ-692, involucrados en los hechos, donde se determina su ocurrencia; accidente de tr�nsito que tampoco es discutido por las partes, lo corrobora la misma actuaci�nactuaci�n penal penal,, as� como las declaraciones e interrogatorios recibidos en esta causa, de lo cual se establecen las lesiones sufridas por MARIO MESA ESCOBAR, quien posteriormente falleci� a consecuencia de las mismas, como as� se desprende de las historias y certificados m�dicos aportados por la Cl�nica Reina Sof�a y el Instituto Neurol�gico de Colombia, del mismo registro civil de defunci�n y del protocolo de necropsia en el que se concluye que fallece por edema pulmonar secundario a traumatismo craneoencef�lico, ciertamente desencadenado por las lesiones sufridas en el accidente de tr�nsito.

Tampoco hay discusi�n frente a la legitimaci�n en la causa por pasiva, extremo de la litis que no impugn� el fallo de primera instancia; vale decir, la calidad de conductores, propietarios y empresa a la cual estaba afiliado uno de los automotores causantes del accidente.. As� pues, delimitada la inconformidad de la parte actora con el fallo de primera instancia, es de advertir que fFrente al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante,; en efecto consider�o el juzgado que para su estudio eras necesario revisar, si la v�ctima ejerc�a alguna actividad de la que reportara lucro, y a cuanto equival�a esa retribuci�n; y si los demandantes surt�an sus necesidades de lo que el ausente devengaba;, apreciaciones que como bien lo manifiesta el a quo no fueron probadas dentro del proceso, pues no existe medio de convicci�n que permita dar seguridad lo cy ual no da ccerteza a tales interrogantes para determinar el valor de los ingresos promedio del extinto profesional del derecho, y aunque en verdad se practic�o dictamen pericial con esa finalidad, los, en tal sentido debe decirse que no cumple con las exigencias consagradas en el articulo 241 del Codigo de Procedimiento Civil, para ser apreciado como medio de prueba valido, pues como manifestaron los mismos peritos tuvieron como soporte otra actuaci�n similar, la experticia tuvo como soporte la actuaci�n adelantada dentro del proceso penal que no puede ser tenida como prueba trasladada por cuanto, si bien pudo haberse practicado v�lidamente, en su formaci�n no particip� la parte contra quien aqu� se aduce o con audiencia de ella (art�culo 185 C�digo de Procedimiento Civil), y no obran otros documentos que cuenten con los suficientes elementos de juicio que permitan puntualizar el valor del lucro cesante demandado, como los que echaron de menos los peritos, vale decir: declaraciones de renta, contabilidad, extractos bancarios, contratos de servicios, facturas o recibos de ingresos, as� como certificaciones de los estrados donde adelant� su actividad, o de las personas jur�dicas, p�blicas o privadas, o de los particulares a quienes prest� sus servicios, sobre los cuales se pudiera fundamentar con precisi�n el ingreso base para efectuar la liquidaci�n de los perjuicios reclamados; y en realidad la prueba testimonial distinta a la del dicho de los demandantes quienes no pueden crearse a su favor su propia prueba mediante simples manifestaciones o confesi�n, vale decir, los testimonios del hermano y yerno del occiso, se�ores Luis Alberto Mesa Escobar y Alfonso Guevara Delgado, a m�s de estar afectados de credibilidad por esos lazos que los un�a y une con el causante y los demandantes, no refieren un conocimiento directo y real de los ingresos del De cujus que permitieran establecer la cuant�a o monto del da�o que se reclama debe ser indemnizado, por lo que no puede afirmarse que el fallecido ten�a determinados ingresos diarios, semanales o mensuales, por ejercer la profesi�n de abogado; ni la presunci�n de devengar el salario m�nimo mensual vigente para el momento del insuceso puede conllevar al reconocimiento de los perjuicios materiales reclamados por v�a del recurso de apelaci�n, porque de as� considerarlo esos ingresos m�nimos estar�an involucrados dentro del reconocimiento hecho por la autoridad penal en la demanda de parte civil formulada por otros herederos, excluyendo de su beneficio a los aqu� demandantes, siendo ineludible concluir que al no probarse el quantum de los perjuicios reclamados no era procedente su reconocimiento, as� se hubiera admitido que el occiso era un profesional del derecho que ejerc�a en forma independiente, pues no basta que se cause un perjuicio, sino que debe demostrarse que �ste es real y cierto y su monto demostrable, esto es, determinado o determinable, lo que aqu� no acontece; por lo que, como lo decidi� el a quo, y mal har�a este Tribunal concederlos cuando realmente no hay prueba alguna de la cuant�a de dicho lucro, m�xime si se tiene en cuenta que el honorable se�or MARIO ERNESTO MESA ESCOBAR, era abogado independiente, es decir no tenia un promedio mensual exacto por el cumplimiento de su labor y es que realmente una persona de 78 a�os dif�cilmente se encuentra produciendo como lo sostiene el apoderado de sus descendientes, por que tampoco de las pruebas testimoniales rendidas en este proceso se aprecia de manera clara que el mencionado se�or ostentaba determinada suma de dinero como producto del ejercicio de su profesi�n; planteado lo anterior el Tribunal comparte la decisi�n tomada por el juzgador de primera instancia en el sentido de no era procedente condenar a los demandados al pago del lucro cesante, por falta de prueba fehaciente que demosuestrara cabalmentee tal perjuicio; esto es, que. as� aparezca determinada la prueba de culpabilidad de los conductores de los veh�culos a quienes se endilgan dichos da�os, personas bajo la contrataci�n, vigilancia y dependencia de los dem�s demandados; culpa que se presume para el desarrollo de actividades peligrosas, no procede condenarlos para su reconocimiento y pago, ya que no basta que el demandante alegue que sus bienes han sufrido un da�o, y que los causantes de los mismos sean los demandados, es imprescindible que se demuestre, con prueba atendible, adem�s de la culpa de la parte pasiva, los da�os realmente infringidos, en virtud del principio procesal que gobierna la carga de la prueba; observ�ndose que ni de los documentos aportados, ni de las declaraciones de testigos e interrogatorios, ni del experticio practicado en el proceso, se determina a cu�nto asciende el monto de los perjuicios materiales reclamados; asisti�ndole raz�n al juez del conocimiento para negar la condena para resarcirlos, dada la falta de comprobaci�n de su cuant�a. Trat�ndose de los perjuicios morales sufridos por los actores, al resultar incuestionable que afrontaron el dolor que la desaparici�n de su compa�ero y padre les produjo, dado el estrecho vinculo que los ataba, establecido con los medios de prueba id�neos como son las correspondientes actas eclesi�sticas de matrimonio y de nacimiento, y el apoyo moral que les brindaba, acreditado con la declaraci�n de los testigos; vinculo que da lugar a que se presuma aflicci�n y angustia con los hechos narrados; presunci�n que al no haber sido motivo de cuestionamiento alguno por los demandados mantiene plena vigencia, dando entonces lugar a que se acceda a resarcir el perjuicio moral sufrido por los demandantes; considera la Sala para tal prop�sito, dado el afecto resultante del lazo que los un�a con la victima, de padre, y la edad adulta de todos los demandantes con quienes no conviv�a, y el promedio de vida calculado del occiso, que de acuerdo al arbitrio judicium las sumas se�aladas por el a quo para cada uno de los hijos deben aumentarse a $10�000.000 para cada uno de ellos, no como una cabal reparaci�n del mismo, por ser inconmensurable, sino como una satisfacci�n tendiente a procurar el desagravio al sentimiento herido, equivalentes al valor moral destruido, que no a un beneficio injustificado; encontrando, de acuerdo a dicho arbitrium judicium, que con relaci�n a la demandante, esposa del causante, dados los 68 a�os de edad con que contaba para la �poca del fallecimiento de su esposo y el ser privada de vivir con su compa�ero por el resto de vida que le fuera promediado, adem�s del dolor y angustia por su desaparici�n imprevista, es dable aumentar con la misma finalidad la condena por concepto de perjuicios morales a la suma de $20�000.000.

Lo anterior, esto es, la no prosperidad de la totalidad de las pretensiones demandadas, y la no apelaci�n de la contraparte, conlleva a mantener la condena en costas a la parte demandada en la proporci�n se�alada por el a quo, que encuentra soporte legal en el art�culo 392 del C�digo de Procedimiento Civil. Respecto a los perjuicios morales sufridos por los demandantes, su existencia se presume en casos como el presente, por los lazos de afinidad y consanguinidad entre la v�ctima y los demandantes, lo que hace presumir el sufrimiento moral que les debi� causar su muerte y lo cual adem�s se demostr� en la litis; presunci�n que al no haber sido motivo de cuestionamiento alguno por los demandados mantiene plena vigencia, dando entonces lugar a que se acceda a resarcir el perjuicio moral sufrido por los demandantes, pero no en la cuant�a que ellos solicitan en la demanda ya que considera la Sala que la cuant�a establecida por el juzgador de primera instancia es justa y equitativa para las partes, teniendo en cuenta el promedio de vida de los ciudadanos, la cual fue superada por la v�ctima; por lo que la suma estipulada de $3�000.000 para cada uno de los demandantes que tienen la calidad de hijo del se�or MARIO ERNESTO MESA ESCOBAR y la suma de $15�000.000 a la esposa de la v�ctima por concepto de perjuicios morales, es una suma que resulta justa a tal efecto.

DECISI�N En m�rito de lo expuesto, la Sala de Decisi�n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - � Modificar los numeral Quinto y Sexto de la parte resolutiva del fallo impugnado de fecha 12 de Marzo de 2003, proferida por el Juzgado 10� Civil del Circuito de Bogot� D. C., aumentando el valor de la condena all� se�alada a la suma de $20�000.0000 por concepto de perjuicios morales a favor de la demandante OBEIDA PARRA DE MESA; y a $10�000.000 para cada uno de los hijos, FERNANDO MESA PARRA, MARIO MESA PARRA, MARIA CRISTINA MESA PARRA, MARTHA LUCIA MESA DE GRANJA y PATRICIA MESA PARRA.

SEGUNDO. - Confirmar en todo lo dem�s la su totalidad la sentencia apelada de fecha y procedencia preanotadas. TERCEROS�GUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte apelante, en un 30%. CUARTO.- Ejecutoriada la presente providencia y cumplido lo ordenado, devu�lvase el expediente al Juzgado de origen. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE.

Los Magistrados, ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO RAD. No. 110013103010199757973819980785

01. ARIEL SALAZAR RAM�REZ RAD. No. 11001310301019975797 01. RAD. No. 11001310303819980785 01 EDGAR CARLOS SANABRIA MELO RAD. No. 11001310301019975797 01. RAD. No. 11001310303819980785 01 P�GINA 5 2>MNO�ABCJ-1>A�� ����������� !3456z{|}����������Ⱦ���������������������{�{{�Hh�V&H�cHdh�V&gH�cHdh�V&gH�Hh�V&H�cHdh�V&gH�Hh�V&H�Hh�V&HB*CJ5�B*CJOJQJ#�5�B*CJOJQJcHdht���gH �B*CJOJQJcHdht���gHB*CJOJQJ5�B*CJOJQJB*.2=>NOPQ������It����0?@ABCJ���������������������������$$�� ��$$2=>NOPQ������It����0?@ABCJKLM./01>?@A��� ! ? ����������������������������������������ɂw���  ��� L��� N������������������� ���������������������������������������������������/���M���u��������������6���S���|���}���~�������������������������������,JKLM./01>?@A��� ! ? � � � Z [./��������������������������� ��$���V�$ & F $ & F$$? � � � Z [./�������������������� nop45*+  #$FGH� � � � � � � � � �!�!�!y&z&{&|&�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,S4T4U4:::::::::::�;�;������������������������������������������������������������������������������������������������l���m��� ���� `��������������\��H� ��Eƀ�V&J�C$ ��Eƀ�V&�C$ ��� ���������kkdd� ��J�C$ ��Eƀ�V&J�C$ ��Eƀ�V&���������DW������  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