Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 110013103009200009578 03

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Manuel José Pardo Caro

Fecha: 2007-06-06

Sujetos procesales: PEDRO JOSE BARON PINEDA / SOC. NON PLUS ULTRA S.A.

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Sentencia: C.No.13/07 Radicaci�n: No.110013103009200009578 03 Proceso: ORDINARIO Demandante: PEDRO JOSE BARON PINEDA Demandado: Soc. NON PLUS ULTRA S.A. Procedencia: JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO Motivo Alzada: APELACI�N SENTENCIA Disc. y Aprob.: SALA DECISI�N, 22 DE MARZO DE 2007 AVISO - SALA No 11 Decisi�n: CONFIRMATORIA Resuelve el Tribunal el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida en el asunto referenciado. 1 HISTORIA DEL PROCESO 1.1 Las Pretensiones: El Se�or PEDRO JOSE BARON PINEDA, por intermedio de apoderado, present� demanda contra la Sociedad NON PLUS ULTRA S.A., para que con su citaci�n, audiencia y el agotamiento del proceso ordinario de mayor cuant�a, en la sentencia que le ponga fin se hagan las siguientes o parecidas declaraciones y condenas: 1.1.1 �Declarar resuelto el contrato de compraventa� celebrado el 28 de enero de 1999 con la sociedad demandada -factura de venta 04711- �por incumplimiento de las obligaciones a cargo de la demandada, consistente en la ejecuci�n imperfecta o defectuosa en la calidad y funcionamiento del veh�culo objeto del contrato�. 1.1.2 Condenar a la sociedad demandada, consecuencialmente, a pagarle los perjuicios materiales y morales as�: 1.1.2.1 PERJUICIOS MATERIALES 1.1.2.1.1 �DA�O EMERGENTE: La suma de [�] ($24�257.670.oo) M/CTE, valor pagado como parte del precio del veh�culo objeto del contrato�. 1.1.2.1.2 �LUCRO CESANTE: La suma que corresponda por concepto de intereses moratorios a la tasa m�xima mensual [�] sobre el capital de [�] ($24�257.670.oo) M/CTE, desde la fecha en que la demandada haya recibido de [�l] proporcionalmente las mismas (sic) hasta cuando se verifique su pago total�. 1.1.2.1.3 �La suma de [�] ($3�300.000.oo) M/CTE, que corresponde al producido mensual, dejado de percibir por el veh�culo [�], a partir del 18 de noviembre de 1999 hasta la fecha que se produzca la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, descontando �nicamente dentro de dicho t�rmino los d�as laborados como fueron el 24, 26, 27 y 28 de Diciembre de 1999, y los d�as 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de Febrero de 2000�, m�s �Los intereses moratorios proporcionalmente� de ese producido. 1.1.2.1.4 �La correcci�n monetaria sobre las sumas liquidadas de dinero que se le impongan como condena a la sociedad demandada�. 1.1.3 �Declarar como consecuencia sin efecto jur�dico el contrato de prenda sin tenencia que se suscribi� sobre el veh�culo automotor [objeto de la resoluci�n], y las obligaciones derivadas de las letras de cambio aceptadas por [�l] y la sociedad COOTRANSI LTDA, ordenando la correspondiente restituci�n de las mismas [a �l].

Cancelando la inscripci�n de la prenda que afecta el [�] veh�culo�. 1.1.4 �Que se proceda a dar por restituido a favor de la sociedad demandada el veh�culo automotor [objeto de la resoluci�n], el cual se encuentra desde el 19 de Febrero de 2000 en los talleres N.T.S., ubicados en la calle 13 con Cra. 40 de esta ciudad, por orden de la demandada.

Disponiendo que [�l] suscriba el formulario de traspaso del dominio a favor de la demandada, la cancelaci�n y/o desvinculaci�n de la afiliaci�n como veh�culo de servicio p�blico a la empresa �COOFLOTAX DUITAMA LTDA.�. 1.1.5 Condenar a la demandada a pagar las costas del proceso. 1.2 El fundamento de las pretensiones: Expuso el demandante, en s�ntesis, los hechos siguientes: 1.2.1 El 28 de enero de 1999 la sociedad demandada le vendi� el �veh�culo automotor - microbus - modelo MT3000TI, modelo 1999, motor No. BD30D-LZ11350D, No. De serie CKDKE0558XC000658, tipo cerrado, color gris, verde, rojo; capacidad 16 pasajeros, con placas SKO-289.

Tal como se desprende la factura de venta No. 04711 de fecha de Enero 28 de 1999�. 1.2.2 El precio de la venta del automotor se acord� en la suma de $51�000.000,oo a pagar as�: a) la suma de $3�000.000,oo el d�a 21 de diciembre de 1998, �fecha en la cual se hizo el pedido�; b) la suma de $12�000.000,oo el d�a 19 de marzo de 1998 y, c) la suma de $36�000.000,oo, es decir, el saldo, la demandada le otorg� cr�dito personal �a cancelar mensualmente[�] (36) letras de cambio por la suma de [�] ($1�850.534.oo) cada una�. 1.2.3 Para garantizar el pago del cr�dito constituy� a favor de la sociedad demandada, prenda sin tenencia sobre el veh�culo objeto de la compraventa. 1.2.4 El veh�culo le fue entregado materialmente el d�a 19 de marzo de 1999 �empezando a d�rsele su destinaci�n normal el d�a 26 de marzo de 1999�, pero una semana despu�s de estar laborando fue necesario llevarlo �al taller para corregir una fuga de aceite que se presentaba en el compresor, la cual fue solucionada irregularmente�. 1.2.5 �Posteriormente se estallo (sic) una manguera del sistema de frenos, quedando sin frenos el automotor, lo que conllevo (sic) a colisionar el veh�culo contra el and�n y un �rbol gener�ndole da�os en la carrocer�a y en la parte delantera donde sufri� abolladuras el radiador.

Esto conllevo (sic) a que se ordenara su reparaci�n t�cnica en los talleres de la demandada ubicados en la calle 201 con autopista Norte de Bogot�, D.C.�. 1.2.6 �Como fue necesario hacer reparaci�n a las c�maras de aire que pegaban con el chasis, se hizo esta correcci�n quedando los yugos resentidos y maltratados, se partieron posteriormente, comunicando telef�nicamente a la secci�n de mantenimiento de la demandada, inclusive que se ha partido la campana delantera izquierda en dos ocasiones, la que ha sido repuesta por el instalador de la demandada, se�or RAFAEL RUEDA FULA�. 1.2.7 �Los yugos se encuentran en mal estado, por cuanto se hicieron remendar con soldadura seg�n instrucciones impartidas por el instalador y los materiales del sistema de freno que colocaron al veh�culo referido son de p�sima calidad�. 1.2.8 �Ante la reclamaci�n anterior y hecha por escrito, por orden de la demandada fue tra�do el automotor por segunda vez a la ciudad de Bogot�, D.C., concretamente al taller �MUNDIAL DE ADAPTACIONES EL P-30�, ubicado en la calle 7a.

No. 30-40 de Bogot� D.C., cancelando dicho servicio la sociedad demandada, [ ], cambi�ndole en esta oportunidad las campanas y los yugos�. 1.2.9 �El d�a 18 de Noviembre de 1999, cuando [�l] pretend�a guardar el veh�culo en su garaje de costumbre en la ciudad de Tunja - Boyac�, y desplaz�ndose por la avenida Oriental de dicha cuidad a una velocidad aproximada de 10 kil�metros por hora debido al gran flujo vehicular que se presentaba, de un momento a otro, sin ejecutar maniobra alguna, el veh�culo [ ] se desboco (sic) o aceler�, sufriendo da�os el motor, hecho que fue puesto en conocimiento telef�nicamente al d�a siguiente al se�or PABLO ELIAS RUEDA FULA, en su condici�n de representante legal de la demandada�. 1.1.10 El Se�or RUEDA FULA el 22 de noviembre orden� el desplazamiento desde Bogot� a Tunja del t�cnico WILLIAM GIL �quien determin� que el veh�culo presentaba fallas en el motor que requer�an ser atendidas en los talleres calle 201 de Bogot�, D.C., a donde fue tra�do el veh�culo la responsabilidad del mencionado t�cnico quien lo recibi� en la ciudad de Tunja y lo traslado (sic) en una gr�a hasta dicho taller en la capital de la Rep�blica�. 1.2.11 En el mencionado taller �permaneci� el veh�culo desde la precipitada fecha, hasta el 1o. de Diciembre de 1999, fecha en la cual la demandada lo trasladado (sic) a los talleres N.T.S, ubicados en la carrera 40 con calle 13 de Bogot�, D.C., lugar donde le efectuaron las reparaciones t�cnicas necesarias y le fue devuelto al demandante el d�a 23 de Diciembre de 1999.

Lo cual se demuestra con la autorizaci�n u orden de trabajo [�], dada por NON PLUS ULTRA S.A., y el pago por la suma de [�] ($9�419.689.oo) M/CTE. [ ].�. Igualmente con la comunicaci�n del 10 de diciembre mediante la cual le insiste a la demandada �en las fallas que ha presentado en veh�culo pluricitado y reclama su pronta soluci�n�. 1.2.12 El mismo 23 de diciembre condujo el veh�culo a la ciudad de Tunja, �procediendo a darle su uso normal como automotor de servicio p�blico los d�as 24, 26, 27 y 28 de Diciembre de 1999�, pero el d�a 29 de diciembre, �aproximadamente a las 7:00 A.M. cuando se iba a iniciar la ruta del d�a, volvi� a repetir el desboque o aceleramiento que anteriormente hab�a presentado� y �Ante esta situaci�n, [ ] procedi� a llamar telef�nicamente al ingeniero MIGUEL BENITEZ, encargado o jefe del taller N.T.S., donde se hab�a efectuado las reparaciones t�cnicas antes mencionadas, quien autorizo (sic) y ordeno (sic) el arreglo por parte de la seccional de Duitama � Boyac�, donde lo recibi� el se�or LUIS E. PEREZ el d�a 11 de Enero de 2000, y entregado al demandante el 22 del mismo mes y a�o�. 1.2.13 �El veh�culo funcion� normalmente hasta el d�a 19 de febrero de 2000, fecha en la cual [present�] nuevamente el mismo episodio de las dos veces anteriores, es decir el desboque o aceleraci�n, situaci�n que se le comunico (sic) v�a telef�nica al ingeniero MIGUEL BENITEZ, de talleres N.T.S., manifest� que coordinar�a con la demandada para tomar cartas en el asunto, y que trajera el veh�culo a los talleres de N.T.S., en Bogot�.

Calle 13 con Carrera 40, lo cual as� ocurri�. 1.2.14 �Una vez se encontraba el veh�culo en los talleres como se dijo anteriormente la sociedad demandada procedi� a enviarle a N.T.S. una orden para que fuera revisado el veh�culo y se rindiera el informe respectivo�. 1.2.15 En varias ocasiones verbal y personalmente requiri� al representante legal de la sociedad demandada �para que le diera soluci�n y se le reparara el veh�culo en legal forma�, pero como no se le atendi� prontamente, por correo le propuso la resoluci�n del contrato por incumplimiento de sus obligaciones como vendedora. 1.2.16 Como la productividad del veh�culo se vio afectada por los da�os que present�, el 14 de junio de 1999 le solicit� a la sociedad demandada la ampliaci�n del t�rmino para pagarlo, pues al no garantizarle el perfecto funcionamiento �ha conllevado a la imposibilidad absoluta para que [�] pueda pagar las letras de cambio a partir del 5 de Noviembre de 1999, pues ante el no poder hacer el uso, goce y usufructo normal, ha reducido a no poder cancelar dichas obligaciones�. 1.3 El desarrollo procesal: 1.3.1 El Se�or Juez Noveno Civil Circuito, a quien le correspondi� conocer por reparto, despu�s de subsanada la demanda como lo indic� en el auto inadmisorio (fls. 50, 65-68) la admiti� mediante auto del 5 de febrero de 2001 (fl. 69). 1.3.2 La sociedad demandada fue notificada de la demanda a trav�s de su apoderado (fls. 76-78) y oportunamente le dio contestaci�n oponi�ndose a las pretensiones y, para enervarlas, propuso la excepci�n de m�rito que denomin�: �CONTRATO NO CUMPLIDO� fundada, esencialmente, en que fue el demandante quien �abandon� su obligaci�n principal de pagar el precio del veh�culo� objeto de la compraventa y tampoco se allan� a cumplirla pues de conformidad con el contrato las partes deb�an cumplir obligaciones simult�neas, es decir, �eran exigibles en un mismo momento, �dando y dando�, aunque ella, en cambio, �sali� a sanear y garantizar el bien objeto del contrato en la forma y tiempo debido (sic)�.

En relaci�n con los hechos admiti� algunos parcialmente, manifest� que otros eran falsos, y otros desconocidos por ella luego deb�an probarse. Respecto del monto pagado por el demandante dijo que solamente hab�a sido la suma de $22�406.002,oo (fls. 79-86). 1.3.2.1 La demandada, adem�s, present� llamamiento en garant�a a la Sociedad NTS NACIONAL TRUCK SERVICE S.A., llamamiento que fue admitido y la llamada manifest� que no era responsable de los da�os del automotor porque antes de practic�rsele la primera reparaci�n �ya hab�a sido revisado en varias ocasiones por personas ajenas� a sus dependientes, personas que contrat� el mismo demandante (cdno. 3). 1.3.3 Ante el fracaso de la conciliaci�n (fls. 127-128), se decretaron las pruebas pedidas por las partes (fls. 147-149) y una vez agotado el debate probatorio se dispuso alegar de conclusi�n (fl. 200), derecho del que hicieron uso ambas partes y tambi�n la llamada en garant�a para insistir en sus posiciones iniciales (fls. 201-226).

Posteriormente el juez del conocimiento decret� la pr�ctica de algunas pruebas de oficio (fl. 227). 1.4 El se�or juez del conocimiento, finalmente, el 9 de junio de 2006 profiri� su fallo declarando probada la excepci�n de �CONTRATO NO CUMPLIDO� propuesta por la sociedad demandada y, consecuencialmente, neg� las pretensiones del actor a quien conden� en costas.

Para sentenciar de esa manera expuso el juzgador, en sinopsis, que del estudio conjunto de la prueba recogida -documental, declaraci�n de terceros y de parte, la correspondencia cruzada- �se evidencia que el demandado entreg� materialmente el veh�culo automotor al demandante el d�a 19 de marzo de 1999. Igualmente cumpli� con el traspaso de la propiedad en cabeza del comprador, acto que fue registrado en la oficina de tr�nsito correspondiente.

Como se evidencia a folio 10 del cuaderno 1�, el se�or BARON PINEDA, solicita al vendedor el cambio del sistema de frenos del veh�culo ya que a su sentir es m�s efectivo y seguro instalar frenos de aire. A tal petici�n accede la entidad vendedora. Posteriormente al presentar problemas mec�nicos, la entidad cumpliendo con la garant�a y atenci�n a su obligaci�n de salir al saneamiento de la cosa vendida, procede a enviar el automotor al taller �Mundial de Adaptaciones el P-30�.

Como quiera que el automotor volvi� a presentar fallas mec�nicas, vuelve la entidad demandada a cumplir con sus obligaciones asumiendo los servicios para la reparaci�n. Posteriormente al presentar nuevos desperfectos del veh�culo en cuesti�n, es enviado a los talleres de la sociedad NATIONAL TRUCK SERVICE S.A, el cual es contratado por la demandada NON PLUS ULTRA S.A, para que proceda al arreglo del automotor.

Por tal labor, la parte pasiva cancela el valor de $9.413.689, al taller N.T.S., conforme se evidencia del recibo de caja No. 0002943 de fecha 23 de Diciembre de 1999 (folio 15 cuad. 1�). Por su parte, el demandante PEDRO JOSE BARON, ces� con sus obligaciones el d�a 5 de noviembre de 1999�. Ocurridos en ese orden la cadena de sucesos y teniendo en cuenta lo establecido en el art�culo 945 del C�digo de Comercio, concluy�, �no se configura el incumplimiento contractual de la sociedad NON PLUS ULTRA S.A.; en principio, porque como se acredita en el plenario �sta siempre estuvo dispuesta a cumplir en relaci�n a los arreglos del veh�culo; para tal fin contrat� con los talleres �Mundial de adaptaciones P-30� y N.T.S. En segundo lugar, no debe pasarse porque el cambio del sistema frenos del automotor no obedeci� a un acto oculto o clandestino por parte de la sociedad vendedora; como claramente se acredita ello fue producto de las propias instrucciones hechas por el comprador conforme se acredita con la prueba documental que milita a folio 10 del cuaderno 1�.

N�tese entonces que, el demandado cumpli� con sus obligaciones, incluso mucho despu�s que el demandante hab�a ya cumplido con los pagos pactados. Por lo tanto, cuando el extremo activo de la litis, el d�a 15 de marzo de 2000 decide pedir la resoluci�n del contrato de compraventa, �ste ya hab�a incumplido previamente con sus prestaciones a cargo que emanaban del contrato, lo que al parecer tampoco result� razonable al vendedor�.

En consecuencia, remat�, vistas �as� las cosas, las pretensiones del actor no est�n llamadas a prosperar, pues �ste incumpli� previamente a sus contraprestaciones (sic)�, situaci�n que �se refuerza acudiendo a la preceptiva del art. 945 del C.Co.� (fls. 244-252). 2 CONSIDERACIONES 2.1 Como los llamados presupuestos procesales no merecen reparo alguno y tampoco se observa irregularidad que tipifique causa de nulidad procesal e imponga la invalidez de lo actuado, procedente es resolver el recurso de apelaci�n que contra el fallo de primera instancia interpuso el demandante. 2.2 Pretende el recurrente la revocatoria de la sentencia de primer grado �y en su lugar se acceda a la totalidad de las s�plicas de la demanda�.

Alega, en compendio, que el contrato de compraventa objeto de las pretensiones no es de �naturaleza civil, sino comercial y por tal motivo no era aplicable el art�culo 1880 del C.C.� y s�, en cambio, los art�culos 905 y subsiguientes del C�digo de Comercio. La acci�n impetrada, resalta, lo fue la ordinaria de resoluci�n de contrato con indemnizaci�n de perjuicios consagrada en el art�culo 934 del C�digo de Comercio, por cuanto el automotor objeto de la compraventa con posterioridad a la entrega present� �vicios o defectos ocultos, cuya causa fue anterior al contrato, ignorados sin [su] culpa�, vicios que impidieron �que la cosa objeto de la venta cumpliera con su natural destinaci�n o para el fin previsto en el contrato� que lo fue el transporte de personas.

Como as� fue entendida la demanda, tambi�n en esas condiciones se admiti� habi�ndose tramitado, por tanto, por el procedimiento adecuado. Para la prosperidad de la acci�n entonces, en su consideraci�n, no se requiere �allanarse a cumplir con el saldo del pago de la cosa comprada, porque precisamente lo que solicit� fue la resoluci�n del contrato por los vicios o defectos ocultos de la cosa�, circunstancia por la que �Nadie puede obligarse a continuar pagando el precio de la cosa que presenta vicios o defectos ocultos que el comprador no conoc�a antes de la celebraci�n del contrato�.

El juzgador, por ello, err� �al dar aplicaci�n indebida a [ ] los art�culos 1546, 1609, y 1880 del C.C.�, pero a�n aceptando la aplicaci�n del art�culo 1880, la demandada �tampoco cumpli� las obligaciones de dicho orden legal [ ], porque si bien entreg� el veh�culo automotor materia de la venta, no respondi� por el saneamiento de la cosa vendida, ya que como se desprende de las pruebas y concretamente de la prueba testimonial, documental y de confesi�n de parte rendida por el demandante se infiere que en un principio pretendi� salir al saneamiento de la cosa vendida, pero lo hizo de manera irregular, hasta el punto que no acudi� a un taller autorizado por el concesionario de la NISSAN PATROL, sino que acudi� a un taller de la sociedad NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S.A., no autorizado por dicho concesionario�, hecho que se desprende del concepto emitido por un Ingeniero de la NISSAN PATROL �donde expone todas las novedades por las cuales no hay lugar a la garant�a para remplazar las partes ni las reparaciones a efectuar.

Habi�ndose dejado de sanear en definitiva los vicios de la cosa vendida�. Y si bien �es cierto que la demandada trat� de subsanar los vicios de la cosa vendida, no resulta ser menos cierto que no lo hizo adecuadamente, en raz�n a que el rodante objeto de la venta segu�a funcionando mal, sin que, por tanto, pudiera prestar el servicio para el cual fue adquirido y en la �ltima oportunidad hizo que lo dejaran en un taller para repararlo, pero nunca lo hicieron, siendo esta la causa por la cual [�] dej� de pagar las cuotas que le correspond�a pagar, esto es, que �l no cumpli� porque el vendedor no se allan� a cumplir sus obligaciones, pues, fue el vendedor quien primeramente incumpli� el contrato�.

Los vicios y defectos ocultos que present� el automotor, recalca, le impidieron �gozar del mismo y explotarlo econ�micamente; situaci�n que a la postre fue la que no le permiti� trabajarlo para cumplir con las cuotas mensuales acordadas�. De otra parte, el incumplimiento de la demandada se demostr� no solo con la confesi�n ficta de su representante legal sino tambi�n con las �otras de car�cter testimonial, especialmente la de FRANCISCO JAVIER GACHA CASTRO�, declaraci�n de la cual �podr� colegirse que todas las fallas fueron generadas por la demandada, al modificar partes genuinas u originales, para poder montar la carrocer�a de NON PLUS ULTRA, y venderle as� el veh�culo�.

En fin, en su consideraci�n, �est� demostrado en el plenario que se cumplen los presupuestos para que se resuelva el contrato de compraventa del veh�culo� (fls. 7-12, 18-22 cdno. 2� inst.). La parte demandada solicit� confirmar la sentencia �en aras a la verdad y la justicia� (fls. 13-14). 2.3 Para resolver la apelaci�n, ha de precisarse, de entrada, que de las obligaciones de saneamiento a cargo del vendedor consagradas en la ley sustancial -(arts. 1880, 1893 C.C. y 931 C. de Co.)-, nacen las acciones redhibitorias de las cuales el demandante ejerci� la tendiente a la resoluci�n del contrato con indemnizaci�n de perjuicios.

La acci�n redhibitoria en sus dos modalidades -resoluci�n del contrato y rebaja del precio- las desarrolla el C�digo Civil en sus art�culos 1914 a 1927 y el C�digo de Comercio en los art�culos 934 a 942. Indistintamente de la clase de contrato que se hubiere celebrado -compraventa civil o comercial-, de lo establecido en los art�culos 1915 del C�digo Civil y 934 del C�digo de Comercio, para que la acci�n redhibitoria tenga �xito se requiere que los �vicios o defectos ocultos� de la cosa vendida (i) hayan existido al momento de la venta -causa anterior al contrato-;

(ii) impidan el uso natural de la cosa -�hagan la cosa impropia para su natural destinaci�n o para el fin previsto en el contrato�-; (iii) que los vicios sean de tal naturaleza que si el comprador hubiera podido conocerlos no hubiera celebrado la compraventa o hubiere comprado la cosa por un precio mucho menor; (iv) que el vendedor no los haya dado a conocer al comprador y �ste �haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte� o ser de tal naturaleza que �no haya podido f�cilmente conocerlos en raz�n de su profesi�n u oficio�.

La Sala de Casaci�n Civil de la Corte Suprema de Justicia tiene por sentado, invariablemente y de vieja data, e independientemente de la naturaleza de contrato, que para que los vicios ocultos padecidos por la cosa vendida determinen la rescisi�n o resoluci�n del contrato �deben haber sido ignorados por el comprador por culpa suya, como reza el art�culo 934 del C. de Comercio o ser tales, como lo exige el art�culo 1915-3� del C�digo Civil, que el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o tales que �l no haya podido f�cilmente conocerlos en raz�n de su profesi�n. Para calificar un vicio como redhibitorio en materia civil, es menester que se llene las espec�ficas condiciones que enumera el art�culo 1915 citado.

Y para que en materia mercantil pueda calificarse como defecto oculto, h�cese indispensable que el vicio tenga causa anterior a la celebraci�n del contrato, que persista despu�s de la entrega de la cosa haci�ndola impropia para su natural destinaci�n o para el fin previsto en el contrato, y que, sin culpa del comprador, fuera ignorado por �ste� (Sent.

Oct.11/77; cita tomada num. 4377 C�digo Civil y Legislaci�n Complementaria, Legis, 1� ed. 1986, p�g. 739). En sentencia del 14 de enero de 2005 vuelve a reiterar: �1. Que el vicio sea grave y no leve pues �no consiste en imperfecciones o defectos que incomoden o desagraden al comprador, ni de factores extra�os al uso natural de la cosa vendida [por] estorbar del todo el uso ordinario del bien enajenado o por reducirlo en forma considerable�; 2.

Debe ser oculto para el comprador, es decir, que lo ignore sin culpa de su parte; 3. Tener causa anterior al contrato; 4. Hacerse patente despu�s de la entrega, y 5. Ser alegado dentro de la oportunidad concedida por el art. 938 del C�digo de Comercio, es decir, dentro de los seis meses contados a partir de la entrega� (exp. 7524, mag. pon.

Dr. Edgardo Villamil Portilla). 2.3.1 En el presente caso el actor opt� por la resoluci�n (rescisi�n) del contrato con indemnizaci�n de perjuicios, mas en la demanda no aleg�, expresamente, que lo era la consagrada en el art�culo 934 del C�digo de Comercio; all�, incluso, invoc� las disposiciones del C�digo Civil que la regulan (v�ase ac�pite �FUNDAMENTOS DE DERECHO�) (fl. 47).

En el escrito de sustentaci�n del recurso, empero, alega que la acci�n impetrada lo era la consagrada en el art�culo 934 del C�digo de Comercio. Ahora bien. Como antes ya se dijo, los supuestos para la prosperidad de la acci�n redhibitoria independientemente si el contrato es civil o comercial, son los mismos. Las diferencias que pueden encontrarse entre una y otra legislaci�n son las relativas a la carga de la prueba, pues en la civil se rige por la regla general -est� en cabeza del actor (art. 1757 C. C., 177 del C. de P. C.)-, mientras que en la comercial el art�culo 935 radica en el demandado la prueba de que �el comprador conoc�a o deb�a conocer el mal estado de la cosa vendida al momento del contrato�.

Asimismo existe la diferencia en relaci�n con los t�rminos de prescripci�n de la acci�n redhibitoria en sus dos modalidades, pues la ley civil entrat�ndose de bienes ra�ces lo fija en un a�o para la resoluci�n del contrato y en dieciocho meses para la rebaja del precio (arts. 1923, 1924, 1926 C.C.), mientras que la ley comercial, sin hacer distinci�n alguna, para una u otra modalidad de la acci�n se�ala un t�rmino prescriptivo de seis meses (art. 938 C. de Co.). 2.3.2 Pues bien.

La existencia del contrato de compraventa del automotor indicado en la demanda no ha sido desmentido por la sociedad demandada la que tampoco cuestion� su validez. Su existencia, adem�s, se demuestra con el pedido (fl. 2) y factura de venta (fl. 3), documentos presentados con la demanda y no cuestionados por la demandada la que al contestar la demanda, por lo dem�s, admite expresamente que el contrato se contrajo a venderle al demandante el automotor indicado en tales documentos.

El contrato, entonces es de car�cter mercantil en raz�n a que una de las partes es una sociedad comercial (art. 20-1, 18; 21, 22 C. de Co.). 2.3.3 Conforme al documento, tambi�n presentado con la demanda y denominado �FICHA TECNICA DE HOMOLOGACI�N-FORMATO FTH.OO1� del Ministerio de Transporte, contiene todas las caracter�sticas del automotor objeto de la compraventa y, entre ellas, se se�ala que tiene frenos �tipo HIDRAULICO� (fl. 6).

En la declaraci�n de importaci�n, documento igualmente allegado con la demanda al describir el automotor se indica: �FRENOS, EMBRAGUE Y SUSPENSI�N NISSAN� (fl. 8, 8 vlto). En comunicaci�n que el 14 de junio de 1999 env�a el demandante al representante legal de la sociedad demandada y allegada con la demanda (fls. 10-11), manifiesta que le expres� a aquel que le �parec�a m�s efectivo y seguro instalar frenos de aire� al automotor.

En el interrogatorio de parte que absolvi� (fls. 52-54 cdno. 4), dijo que el veh�culo le fue ofrecido tambi�n con freno hidr�ulico porque ven�an con ese sistema, pero que el representante legal de la demandada le aconsej� el sistema de aire neum�tico, sistema este con el que recibi� el automotor. La prueba antes referenciada basta para dar por sentando que el demandante, al momento de recibir el automotor, ten�a pleno conocimiento que lo recib�a con freno de aire neum�tico, sistema que no era el original pues el fabricante, como �l dijo saberlo, no produc�a el automotor con ese sistema, sino con freno hidr�ulico.

Como el automotor present� fallas en el sistema de frenos que el mismo demandante, se infiere de la comunicaci�n que le env�a el 10 de diciembre de 1999 al representante legal de la demanda y que alleg� con el libelo de la demandatorio (fls. 12-13 cdno.1), fue quien solicit� modificarlo, es decir, que el freno hidr�ulico cual era el original de fabricaci�n lo cambiaran por el de aire neum�tico, en su calidad de transportador mal pod�a ignorar las consecuencias t�cnicas que tambi�n pod�an sobrevenir con la modificaci�n. En otras palabras, el actor no desconoc�a la modificaci�n pues fue �l quien la solicit�, al igual tampoco pod�a ignorar las consecuencias que esa modificaci�n pod�a ocasionar porque es una persona calificada en materia de automotores pues se dedica al transporte.

Como si fuera poco, la Distribuidora NISSAN revis� el automotor a pedido de la Sociedad NATIONAL TRUCK SERVICE N.T.S., esto es la que efectuaba la reparaci�n por cuenta de la demandada, revisi�n en la que encontr� �la presencia de una exagerada cantidad de contaminante (tierra) dentro del ducto de admisi�n de aire entre la carcasa del filtro de aire (filtro que no es el original) y el turbo alimentador.

Contaminante que se ha introducido al sistema a trav�s del ducto pl�stico que une la carcasa del filtro de aire con el turbo. Este ducto pl�stico presenta en sus extremos una deformaci�n bastante pronunciada la cual es un canal de suministro permanente de arena al interior del motor, que sin lugar a dudas provocara el desgaste prematuro de sus partes internas tales como; anillos, gu�as de v�lvulas, camisas de cilindros, etc y desde luego el da�o inmediato del turbo cargado por ser este, el primer componente que deteriora la entrada de tierra en su devastador recorrido al interior del motor.

La deformaci�n del mencionado ducto, como se puede apreciar en las fotograf�as adjuntas, fue provocado por quien en alg�n momento removi� este sistema, y por desconocimiento e irresponsabilidad instal� el componente defectuoso sin medir las graves consecuencias�. En la revisi�n tambi�n encontr� otras aver�as y finalmente concluy�: �Las aver�as que ha presentado el turbo cargador, y los posibles da�os que presenta el motor, no son otra cosa que el producto de la intervenci�n del veh�culo por manos inexpertas, y por falta de mantenimiento adecuado� (la negrilla no corresponde al texto) (fls. 26-27 cdno. 3).

La conclusi�n de la Distribuidora NISSAN S.A. en relaci�n con la �intervenci�n del veh�culo por manos inexpertas�, se demuestra con el documento que el demandante tambi�n alleg� con la demanda y visto el folio19 del cuaderno uno, obs�rvese que en un taller que, no se acredita hubiera sido autorizado por la demandada, le hicieron �arreglos� al automotor y, precisamente, soldaron �yugos y collarines�.

Adem�s la falla definitiva, conceptu� tambi�n la referida entidad especializada, se debi� a �falta de mantenimiento adecuado�, circunstancia que no puede constituir propiamente un vicio de la cosa al momento de la entrega sino m�s bien negligencia del comprador, pues el debido y oportuno mantenimiento lo es, sin duda, para el buen desempe�o del automotor, carga que no le correspond�a, al menos no se prob�, al vendedor.

En las condiciones antes apuntadas, entonces, la acci�n redhibitoria estaba llamada al fracaso, independientemente la naturaleza del contrato de compraventa. Finalmente, necesario es precisar que si no estaban dados los supuestos de la acci�n redhibitoria no era pertinente estudiar la excepci�n de contrato no cumplido propuesta por la sociedad demandada, m�xime que su procedencia frente a la acci�n en este caso no es absolutamente clara.

Es que, no puede soslayarse que si el legitimado para ejercer la acci�n es el comprador, obviamente, por vicios ocultos de la cosa vendida, vicios que debe tener la cosa al momento de la entrega, entonces el vendedor mal podr�a defenderse alegando incumplimiento contractual del comprador por no pagar parte del precio, pues tal circunstancia no hace relaci�n con la causa de la acci�n. CONCLUSI�N Lo brevemente expuesto en la parte motiva impone la confirmaci�n de los numerales primero y tercero de la sentencia de primera instancia y la revocatoria del numeral segundo. Por la improsperidad del recurso, adem�s, se condenar� en costas al apelante.

Sin m�s consideraciones, el Tribunal Superior de Bogot�, D. C., Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE Primero: CONFIRMAR los numerales primero y tercero de la sentencia de primera instancia y REVOCAR, en cambio, el numeral segundo, por expuesto por la parte motiva. Segundo: CONDENAR en costas al apelante.

Liqu�dense. Tercero: REMITIR el expediente, una vez cumplida la ritualidad secretarial, al juzgado de origen. Notif�quese y C�mplase MANUEL JOS� PARDO CARO Magistrado ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO Magistrada ARIEL SALAZAR RAM�REZ Magistrado 2.3.2 En el caso especifico que ocupa al Tribunal, d�gase de entrada, el contrato del cual se deriva el litigio, es de aquellos que para su validez no requiere solemnidad especial y las partes, adem�s, no lo cuestionan por vicio alguno que lo afecte.

Es, entonces, un contrato v�lido. La sociedad demandada tampoco ha negado que lo haya suscrito. Las partes, por tanto, han de estarse a lo estipulado en el contrato y lo que es de su naturaleza. 2.3.2.1 Pues bien. En el contrato y dem�s documentos que dan cuenta de la existencia de �ste (fl. 2,3,5 y 9) se convino que el comprador - demandante-, se compromet�a a cancelar 36 letras de cambio a favor de la sociedad demandada Non Plus Ultra S.A., por valor de $ 1.851.534.oo, �LA PRIMERA LETRA DE CAMBIO TIENE VENCIMIENTO EL DIA 05 DE MAYO DE 1999 Y LAS SIGUIENTES CADA 30 D�AS�, para lo cual suscribi� un contrato de prenda sin tenencia a favor de la sociedad demandada como garant�a, siendo �sta su �nica obligaci�n del contrato de venta, es decir, cumplir sagradamente los primeros cinco (5) d�as de cada mes con el pago hasta cancelar la totalidad del pr�stamo. 2.32.2.

La parte demandante a fin de demostrar su cumplimiento y que estuvo presto a cumplir allego al plenario las siguientes pruebas: 2.3.2.3 Cinco letras de cambio por valor de $ 1.851.534.oo, cada una canceladas desde el 5 de mayo hasta el 5 de octubre de 1999 (fl. 20-26). La confesi�n hecha por la misma sociedad demandada del pago de la suma de $ 1.851.534.oo hasta el 5 de noviembre de 1999 al dar contestaci�n a la demanda (ver hecho 1.2. literal f) pruebas esta m�s que eficiente para tener por sentado que el se�or BARON PINEDA siempre estuvo prest� a cumplir con sus compromisos como comprador. 2.4.

Igualmente, para la demostraci�n de que la sociedad Non Plus Ultra S.A, fue la que incumpli� el contrato, alleg� con el escrito de la de la demanda una carta enviada al gerente de la sociedad demandada inform�ndole sobre las fallas que ya presentada el veh�culo automotor recibida por �ste el 14 de junio de 1999 (fl. 10-11), una comunicaci�n dirigida al se�or PABLO ELIAS RUEDA gerente de la sociedad demandada sobre los desperfectos que presentaba el veh�culo automotor recibida el 20 diciembre de 1999(fl. 12-13), Constancia de retiro del veh�culo automotor de placas SKO 289 de los talleres N.T.S, despu�s de haber sido reparado (fl. 16). 2.4.1 Aunado a lo anterior Se recibi� declaraci�n al Se�or MIGUEL JHONSON BENITEZ quien dijo ser jefe del taller NTS.

Manifest�, que el veh�culo objeto de la resoluci�n del contrato ingreso a las instalaciones del taller en diciembre del a�o 1999 �por problemas e inconvenientes en el motor�. Afirm� que pasado un mes el se�or Bar�n llamo a NTS inform�ndole que se hab�a presentado una falla en el veh�culo atendi�ndolo en una sede de NTS en Duitama. Adujo que pasado un mes m�s o menos volvi� a llamar el demandante inform�ndole nuevamente desperfectos recomend�ndosele traerlo a Bogot�, Asever� que el veh�culo automotor fue retirado despu�s de unos meses y que � el veh�culo fue retirado en gr�a porque le hacia falta un componente al motor el turbo el turbo le faltaba en ese momento al veh�culo porque se hab�a removido en Tunja por JOSE BARON y lo hab�a enviado a NTS para ir agilizando el proceso como garant�a como repuesto, pero este repuesto, aunque el veh�culo salio en gr�a fue entregado a NON PLUS ULTRA� (fls 11-16 cuad. 6). 2.4.2 Del mismo modo se recepcion� la declaraci�n al se�or JAVIER GACHA quien adujo haber sido empleado del taller NTS expresando que en diciembre de 1999 el veh�culo de placas SKO 289 ingreso al taller remitido directamente por la sociedad demandada.

Manifest� que el automotor presentaba fallas de potencia y consumo de aceite, existiendo insatisfacci�n por parte del cliente, porque � posteriormente present� algunas fallas y que estuvo alg�n tiempo detenido por lo mismo ya que nosotros hab�amos revisado el veh�culo 2 veces y se presentaba el problema nuevamente. Sostuvo que exist�a un mal acoplamiento en el ducto de admisi�n del motor, lo que conlleva a la entrada de impurezas como polvo que desgastan aceleradamente el componente mec�nico.

Afirmo compartir la opini�n de NISSAN que la falla se presentaba era por el mal acoplamiento al o existir hermeticidad en el sistema de admisi�n, y a lo que se refer�a �sta era a malos acoplamientos en el ensamble de la carrocer�a y no a errores en el cambio del turbo. ( fl.20-27) 2.4.3 Del mismo modo, quedo probado que el veh�culo permaneci� en el taller desde el 1� diciembre de 1999 hasta el 23 de diciembre de ese mismo a�o, el 11 de enero de 2000 hasta el 22 de enero de 2000 y que solamente funcion� hasta el 19 de febrero de 2000, hechos que quedaron probados con la confesi�n derivada de la inasistencia del representante legal de la sociedad demandada a absolver interrogatorio de parte decretado a instancia de la parte actora (arts. 210, conc. 194-195 C. de P. C.), confesi�n que no fue desvirtuada y, por el contrario, m�s bien confirmada con las declaraciones rendidas. 2.4.3.

En lo que concierne al medio exceptivo � de contrato no cumplido� presentado por la sociedad demandada de entrada ha decirse que esta llamada al fracaso, por cuanto el comprador y aqu� demandante, al momento de celebrar el contrato de venta, pag� totalmente el precio convenido lo cual hizo con dinero en efectivo y t�tulos valores -cuota inicial- y el saldo, cancel�ndolo con un cr�dito que el mismo vendedor le otorg�, cr�dito para cuyo amparo debi� entregarle 36 letras de cambio por valor de 1.851.534 La entrega de t�tulos valores, recu�rdese, constituye pago de una obligaci�n si no se acuerda cosa distinta (arts. 882 del C. de Co.).

Si uno o varios de esos t�tulos valores que el comprador entreg� al vendedor para pagar el precio no fue descargado o fueron rechazados, en todo caso el vendedor y aqu� demandado opt� por reclamar judicialmente su pago, conforme lo manifest� al contestar la demanda y, precisamente, en tal hecho fundament� la excepci�n de �contrato no cumplido�.

Con tal comportamiento, puede concluirse sin incertidumbre, ha optado por exigir el cumplimiento del contrato y no por su resoluci�n. El no pago a la fecha del vencimiento de algunos t�tulos valores entregados para pagar el precio, pago que ha reclamado judicialmente, no puede constituir, por tanto, una defensa v�lida o leg�tima del demandado para enervar la resoluci�n pretendida por el actor.

En otras palabras, el demandado no puede acudir al art�culo 1609 del C�digo Civil para proponer como excepci�n el incumplimiento del contrato. 3.- Probado el incumplimiento de la sociedad demandada, la declaraci�n de resoluci�n del contrato se abre paso, consecuencialmente con las restituciones mutuas a que tienen derechos los contratantes.

Sobre este t�pico ha sostenido la Honorable Cortes Suprema de Justicia �El art. 1932, referente a las prestaciones o restituciones mutuas entre el vendedor y comprador cuando se declara la resoluci�n de la venta, se limita a establecer una regla de equidad o proporci�n entre los frutos de lo recibido y lo pagado; por donde se colige que si el comprador recibi� la cosa materia de la venta y el vendedor, parte del precio �nicamente, los frutos de esta partes (intereses) se compensan con los producidos por la parte correspondiente de la cosa, y la restituci�n debe tan solo contraerse a la diferencia resultante (Cas., 26 febrero 1930, XXXVII, 488) En el caso aqu� analizado, tenemos que el aqu� demandante PEDRO JOSE BARON PINEDA recibi� como ingresos durante el periodo laborado en la Cooperativa en la que se encontraba afiliado el veh�culo automotor objeto del contrato la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS mensuales, seg�n se desprende de la certificaci�n (fl 20 Cua. 1), teniendo en cuenta que �ste trabaj� el microb�s de manera ininterrumpida 7 meses y 22 d�as, recibi� como ingresos la suma de $ 25.520.000.oo, cantidad esta que entr� netamente a su patrimonio, de los cuales cancel� la suma de $ 9.257.670.oo ( 5 letras de cambio), como parte de pago, tenemos que el demandante tendr�a que devolver a la sociedad demandada la suma de $ 16.262.330.oo, pero sin intereses y por su parte la sociedad demanda tendr� que devolver al aqu� demandante BARON PINEDA la suma de $ 24.257.670,oo (parte del precio cancelado) actualizado teniendo en cuenta el �ndice de Precios al Consumidor y la fecha de cada desembolso, es decir, la suma $ 3.000.000.oo desde el 21 diciembre de 1998, el valor de $ 12.000.000.oo desde el 19 de marzo de 1999, el monto de $ 1.851.534 desde mayo de 1999, la cantidad de $ 1.851.534 desde julio de 1999, $ 1.851.534 desde agosto de 1999, la suma de $ 1.851.534 desde septiembre de 1999 y el valor de $ 1.851.534 desde octubre de 1999, hasta la fecha en que se efect�e la restituci�n (pago) 4.- En lo concerniente a los posible perjuicios ocasionados al demandante por el incumplimiento del contrato por parte de la sociedad demandada, la Sala se aparta del dictamen rendido (44 a 49), por cuanto �ste a pesar de analizar los temas de da�o y emergente, que en principio ser�an los detrimentos sufridos por el actor, en la referida experticia se procedi� a hacer c�lculos del rendimiento del dinero que dio como parte de pago el demandado, lo cual es improcedente a todas luces, por cuanto no debe olvidarse que al prosperar la pretensi�n de resoluci�n las cosas deben devolver al estado que se encontraban antes de contratar.

De otro lado, en cuanto al lucro cesante el perito simplemente se limito a reconocer la utilidad del producido bruto que reportaba el veh�culo, junto con los intereses moratorios, lo cual se torna inadecuado, en primer lugar al olvidar las deducciones o porcentajes que son de ley (mantenimiento, rodamiento, gasolina, aceite, etc), y en segundo lugar porque realmente estos valores vendr�an a ser frutos dejados de percibir, pero a favor del vendedor, en virtud de que el microb�s no fue cancelado en su totalidad. 4.- En lo atinente al llamamiento en garant�a hecho a la sociedad NTS NACIONAL TRUCK SERVICE S.A. se observa que esta fue llamada al proceso por haber intervenido en el proceso de reparaci�n general del motor del veh�culo objeto del contrato de resoluci�n conforme a las facturas de venta (fls 5-8), pero no solo por �ste motivo debe atribu�rsele responsabilidad alguna, y de paso condenarla al reembolso total o pago parcial de lo que tiene que devolver la sociedad aqu� incumplida, en virtud de que conforme al acopio probatorio aquella sociedad no fue la que directamente vendi� el motor a la demandada NON PLUS UTRA y por tal motivo no tiene que salir al saneamiento ( art. 1893 C.C.). 3 CONCLUSI�N El corolario de lo discurrido en el ac�pite considerativo impone a la Sala la revocatoria �ntegra de la sentencia objeto de la apelaci�n. En su lugar se decretar� la resoluci�n del contrato de compraventa suscrito por las partes y objeto del pleito y, consecuencialmente, se condenar� al demandante JOSE BARON PINEDA restituir a la sociedad demandada NON PLUS ULTRA S.A., la suma de $ 16.262.330.oo, pero sin intereses por los frutos percibidos durante el tiempo que el veh�culo estuvo en funcionamiento y a �sta restituir a su demandante dentro de los seis d�as siguientes a la ejecutoria del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, la suma de $ 24.257.670,oo actualizada teniendo en cuenta el �ndice de Precios al Consumidor y la fecha de cada desembolso, es decir, la suma $ 3.000.000.oo indexada desde el 21 diciembre de 1998, el valor de $ 12.000.000.oo indexada desde el 19 de marzo de 1999, el monto de $ 1.851.534 indexado desde mayo de 1999, la cantidad de $ 1.851.534 indexada desde julio de 1999, $ 1.851.534 indexada desde agosto de 1999, la suma de $ 1.851.534 indexada desde septiembre de 1999 y el valor de $ 1.851.534 indexada desde octubre de 1999, hasta la fecha en que se efect�e la restituci�n (pago) Adicionalmente se condenar� a la sociedad demandada a pagar al demandante intereses a la tasa del 6% anual sobre las anteriores sumas desde las citadas fechas y hasta cuando la restituyan.

Igualmente se condenar� a la sociedad Non Plus Ultra al pago de las costas en primera instancia. Sin m�s consideraciones, el Tribunal Superior de Bogot�, D. C., Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: REVOCAR la sentencia objeto de la apelaci�n. Segundo: DECLARAR no probada la excepci�n de contrato no cumplido propuesta por la sociedad demandada. Tercero: DECRETAR la resoluci�n del contrato de compraventa suscrito por las partes y que ha sido objeto del litigio por incumplimiento de la sociedad demandada NON PLUS ULTRA S.A. Cuarto: Consecuencialmente, se condenar� a la sociedad demandada NON PLUS ULTRA S.A., restituir a su demandante dentro de los seis d�as siguientes a la ejecutoria del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, la suma de $ 24.252.670,oo actualizada teniendo en cuenta el �ndice de Precios al Consumidor y la fecha de cada desembolso, es decir, la suma $ 3.000.000.oo desde el 21 diciembre de 1998, el valor de $ 12.000.000.oo desde el 19 de marzo de 1999, el monto de $ 1.851.534 desde mayo de 1999, la cantidad de $ 1.851.534 desde julio de 1999, $ 1.851.534 desde agosto de 1999, la suma de $ 1.851.534 desde septiembre de 1999 y el valor de $ 1.851.534 desde octubre de 1999, hasta la fecha en que se efect�e la restituci�n (pago) Adicionalmente se condenar� a la sociedad demandada a pagar al demandante intereses a la tasa del 6% anual sobre las anteriores sumas desde las citadas fechas y hasta cuando la restituyan.

Quinto: CONDENAR a JOSE BARON PINEDA restituir a la sociedad demandada NON PLUS ULTRA S.A., por concepto de frutos percibidos la suma de $ 16.262.330.oo, sin intereses Sexto: ORDENAR al demandante restituir a la sociedad demandada el veh�culo de placas SKO 289 el cual fue el objeto del contrato de venta. S�ptimo: FACULTAR a las partes para hagan las respectivas compensaciones de las anteriores sumas.

Octavo: DENEGAR el reconocimiento de da�os y perjuicios por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Noveno: CONDENAR en costas en primera instancia a la parte demanda. D�cimo: REMITIR el expediente, una vez cumplida la ritualidad secretarial, al juzgado de origen. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci�n Civil Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel�squez Bogot� D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil seis (2006) Ref: expediente No. 110010203000-200601487 Dec�dese la acci�n de tutela promovida por Pedro Pablo Barriga Chibuque contra el tribunal superior del distrito judicial de Cundinamarca, sala civil-familia-agraria, integrada por los magistrados Alberto Rafael Prieto Cely, Luis Ernesto Vargas Silva y Pablo Ignacio Villate Monroy, y el juzgado promiscuo del circuito de Guaduas remitido por descongesti�n del juzgado 2� civil del circuito de Zipaquir�.

I.-Antecedentes 1. Aduciendo vulneraci�n de los derechos fundamentales de igualdad, al debido proceso y propiedad, el accionante solicita modificar la sentencia de segunda instancia proferida por el tribunal superior de distrito judicial de Cundinamarca, en el sentido de dejar sin efecto la adici�n ordenada en el numeral segundo de la sentencia y condenar en costas de instancia al demandado, dentro del proceso ordinario de resoluci�n de contrato que adelanta contra Miguel Pach�n. 2.

Expone que el juzgado promiscuo del circuito de Guaduas, mediante sentencia de 7 de mayo de 2004, desat� la litis desestimando las excepciones propuestas por el demandado, declarando resuelto el contrato de compraventa del automotor de placas N.G.A. 600 y orden� al demandante restituir el automotor, al demandado restituir el precio recibido con la correspondiente indexaci�n, como obligaciones restitutorias y como obligaci�n resarcitoria conden� al demandado a pagar la cl�usula penal por $3.000.000,oo; la sentencia fue recurrida �nicamente por el demandado y confirmada por el tribunal, quien actualiz� la indemnizaci�n del precio a 31 de mayo de 2006 a la cantidad de $19.366.217,oo, adicion� la sentencia de primer grado para imponer al demandante la obligaci�n resarcitoria de restituir al demandado incumplido, por concepto de supuestos frutos producidos por el automotor, la cantidad de $11.286.000,oo, para el precio a devolver y los frutos a restituir orden� la indexaci�n, por ello considera que hubo v�a de hecho en la decisi�n del tribunal. 3.

Los accionados no hicieron pronunciamiento alguno al respecto. Consideraciones 1. No luce irrazonable u opuesto al orden jur�dico, que es como se estructura la v�a de hecho, el criterio esbozado por el tribunal accionado en la providencia de 23 de junio de 2006 que aqu� se cuestiona toda vez que el mismo tuvo sustento objetivo en razonamientos que no pueden tildarse de arbitrarios, que no hay norma concreta que regule c�mo deben restituirse los frutos cuando la resoluci�n del contrato de compraventa se origina en el incumplimiento del vendedor, pues la compensaci�n prevista en el art�culo 1932 del C.C. tiene como presupuesto que el incumplimiento provenga del comprador y asigna una sanci�n para el incumplido consistente en recibir la suma que entreg�, sin correcci�n monetaria ni frutos, la cual no podr�a aplicarse de manera anal�gica al vendedor incumplido.

En esas circunstancias, se atiene a las reglas generales en materia de resoluci�n de contratos con las restituciones mutuas, y con fundamento en ellas considera que la parte vendedora incumplida que entreg� el veh�culo tiene derecho a percibir sus frutos, en raz�n a la naturaleza de su destino que es la carga, y adem�s porque es la propia demandante la que aporta unos recibos de mantenimiento que acreditan que desde la entrega fue utilizado, pues no pod�a colegirse otra cosa que cinco meses luego generara gastos de reparaci�n y mantenimiento, para permanecer improductivo.

Por lo dem�s no hay evidencia que demuestre la imposibilidad absoluta de utilizar el veh�culo originada del incumplimiento del vendedor. Para ese fin decret� en esa instancia un dictamen pericial que finalmente fij� dichos frutos en $11.286.600,oo a favor de la parte actora. 2. Es evidente, entonces, que las reflexiones de los accionados no son caprichosas, sino que tienen sustento objetivo en una interpretaci�n de las respectivas normas aplicables y los hechos del caso concreto, circunstancia que impide su desconocimiento por v�a constitucional, toda vez que como se ha decantado por la jurisprudencia, la v�a de hecho en los campos de la hermen�utica jur�dica y de la evaluaci�n probatoria tan s�lo puede darse por establecida cuando el administrador de justicia incurre en una irrefutable y grosera arbitrariedad, ya que en dichos t�picos debe tener plena eficacia el soberano contorno funcional de los administradores de justicia, quienes no pueden estar sometidos al escrutinio del juez de tutela, porque de lo contrario se desconocer�an los principios de autonom�a, independencia y desconcentraci�n judicial, reconocidos por los art�culos 228 y 230 de la Carta Pol�tica. 3.

Por manera que la tutela debe ser denegada. Decisi�n Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, deniega el amparo constitucional solicitado. Comun�quese mediante telegrama y rem�tase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi�n. JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ RUTH MARINA D�AZ RUEDA CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA CESAR JULIO VALENCIA COPETE EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Como en el escrito de tutela se afirma que el se�or CESAR IVAN PORRAS OTALVARO Lo SOMETIERON A EXAMENES PARA SU RECLUGTAMEITNO en el comando de reclutamiento de la guardia presidencial, solic�tese a esa dependencia que informe si en efecto ha dicho ciudadano identificado con la.C.C.No.107367724 de Bogot� el 17 de octubre y 28 de noviembre de 2006 le practicaron los ex�menes para su reclutamiento y cu�l fu su resultado, es decir, si lo encontraron o no apto para la prestaci�n del servicio.

Adem�s, informar si en ese Comando de Reclutameitno se tuvo conocimento que el joven PORRAS OTALCVARO se encontraba cursando el grado 11 en el Colegio Julio Garavito Armero y en tal calidad le practicaron los ex�mees de reclutamiento. L�brese oficio al Comandante al reclutamiento de la Guardia Presidencial y concedasel�e el te�rmino de un d�a para que rinda la informaci�n.. PAGE  PAGE 1 Sent./07 Proceso ORDINARIO PEDRO JOSE BARON PINEDA contra NON PLUS ULTRA S.A. @Aop���ij��  ����� Ma)X�e � �   9 > � � � � ', b g � � � � � � � � w } � � FM��+0>L����9R�������x����������������������������������������������������������������������������� 6�mH sH mH sH 6�CJ CJCJ 5�6�CJ6�CJCJmH $sH $6�CJCJ6�CJ6�CJO5@Aop����.T���������������������dh $�Ldh^�La$ ����Ldh]���^�L�Ldh^�Ldh ����dh^��`�� �3dh  �C�"d�$dha$$dha$������  ��������d e � � � � � � � � � �����������������������$dha$$a$  �7$8$H$  �d�7$8$H$$����dh^��`��a$� BC���� :;xz���78��CD����d��������������������������� $ �dha$$dha$���<����������� ��GN������������bdeo����^u����� ' (,!2!o!q!u!�!""-"2"f"k"6#H#h#x#�#�#�#�#�#�#>$@$D$�$%!%=%B%�%�%�����������������������������������������������������mH sH 6�CJmH sH 6�CJmH sH  6�mH sH CJ6�CJ6� 6�mH sH Tde��q!r!@$A$['\'B)C)"*#*k+l+L-M-N-n-o-f.g.%1&1+2,2�3�3���������������������������� $ �dha$�% &&5&:&�&�&�&�&�&'Y'['_'f'�'�'C(H(e(t(�(�())@)B)C)M)�)�) 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Plus Ultra.docCSJ�C:\Olivetti\Archivo\A�o 2007\Segundo trimestre\Apelaci�n Sentencia\Ordinario\Responsabilidad contractual Vicios redhibitorios\Pedro B Vs Soc Non Plus Ultra.doc�������@�����d���@@��Unknown������������G��:�Times New Roman5��Symbol3&� �:�Arial"q����������EJ�&�{T߬Xp�%�E"!�������0dL������TRIBUNAL SUPERIOR Consejo SuperiorCSJ�� �����Oh��+'��0��������  $ @ L X dpx���TRIBUNAL SUPERIOR RIBConsejo Superior onsonsNormal CSJ399Microsoft Word 9.0@��x|@���z�@f?�� �@z����T߬�� ��՜.��+,��0  hp���� ���� � ��Consejo SuperiorRpXL�� TRIBUNAL SUPERIOR T�tulo  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