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Se confirma. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisi�n en los siguientes t�rminos: 1.- hechos Y precedentes 1.1.- En el proceso surtido contra GFC por el delito de omisi�n del agente retenedor o recaudador, y una vez agotado el juicio oral, se dict� sentencia en diciembre 09 de 2019 por parte del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), por medio de la cual (i) se conden� a una pena de 48 meses de prisi�n y a multa de $6�360.000,oo;
(ii) se impuso inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por un t�rmino igual al de la pena principal de prisi�n; y (iii) se le concedi� el subrogado de la condena de ejecuci�n condicional. Contra dicha decisi�n al parecer no se interpuso apelaci�n, raz�n por la cual qued� debidamente ejecutoriada. 1.2.- En enero 14 de 2020 un abogado de la DIAN solicit� a la juez de conocimiento fijar fecha y hora para dar comienzo al incidente de reparaci�n integral. 1.3.- En audiencia realizada en octubre 01 de 2021, se dio inicio al incidente de reparaci�n integral, en el cual el apoderado de la DIAN hizo alusi�n a las pretensiones econ�micas a favor de la entidad -da�o emergente ($3.149.000,oo) y lucro cesante ($11.315.000,oo)-, para un perjuicio total de $14�460.000,oo, audiencia que se suspendi�, con miras a que se le diera traslado al defensor del incidentado de las certificaciones de las obligaciones, y dem�s EMP para su estudio y posterior pronunciamiento. 1.4.- En marzo 15 de 2023, al reanudarse la actuaci�n, la actual titular del despacho decret� la nulidad de lo actuado por su antecesor al haberse dado inicio al incidente y procedi� a rechazar el tr�mite presentado por la DIAN, al considerar, como de tiempo atr�s lo ha sostenido la misma Corte Constitucional en sentencia C-899/03, que cuando la v�ctima directa o indirecta promueve un proceso independiente ante la jurisdicci�n civil para obtener reparaci�n de los perjuicios, no le es dable acudir al incidente de reparaci�n en el proceso penal, de manera paralela, como ac� lo hizo en reemplazo de las v�as que tiene para ello, como lo consagra el art�culo 823 E.T., que dispone el cobro coactivo.
Se�ala que han sido diversas las decisiones que al respecto se han adoptado, entre ellas la 47446 de 2017, y de este mismo Tribunal, donde se reitera dicha posici�n, misma que incluso reiter� la Corte Constitucional en la Sentencia C-290 de 2019 al estudiar la Ley 1819 de 2016. 1.5.- La apoderada de la DIAN se mostr� inconforme con lo resuelto, por tanto, interpuso y sustent� recurso de apelaci�n, y al respecto se�al�: No es desconocido por la DIAN la sentencia SP8463 de 2017, rad. 47446 mencionada por la juez y su relevancia jur�dica, la petici�n va encaminada a que el Tribunal se aparte de ese prove�do por cuanto no constituye doctrina probable, y frente a la misma expone: (i) las citas jurisprudenciales de la providencia, en su mayor�a sino en su totalidad, hacen alusi�n a decisiones emitidas en vigencia de legislaciones procedimentales penales anteriores -Decreto 2700/91 y Ley 600/00-;
(ii) el sistema consagrado en la Ley 906/04 de tendencia acusatoria, difiere de los anteriores que eran innegablemente inquisitivos, y le ha dado a la v�ctima mayores garant�as, como el derecho a la verdad, justicia y reparaci�n; (iii) limitar el derecho fundamental a una reparaci�n integral es del resorte del poder legislativo, lo que desconoce la Corte Suprema en la interpretaci�n realizada en la referida sentencia, donde obvia analizar que el delito es fuente de obligaciones;
(iv) se vulnera el principio general del ordenamiento jur�dico colombiano por cuanto el art�culo 103 C.P.P. contempla como causal de rechazo si quien la solicita no est� reconocido como v�ctima o se demostr� el pago efectivo de los perjuicios, lo que se ha incumplido, la Corte interpreta la norma donde arguye que si se inici� el cobro de la obligaci�n coactiva no es procedente el incidente a pesar que no se haya logrado el pago de los perjuicios derivados de la conducta, con lo cual crea una causal adicional de rechazo; y (v) no se vulnera el principio del non bis in idem al haber acudido al tr�mite del cobro coactivo y es necesario que la DIAN acuda al incidente de reparaci�n, por cuanto las diligencias para el referido cobro no ha dado resultados y los esfuerzos adelantados no han permitido la recuperaci�n de las sumas adeudadas, de lo contrario no se insistir�a con el adelantamiento de este tr�mite.
Con fundamento en lo anterior, solicita se revoque la decisi�n y se ordene adelantar el respectivo incidente seguido contra GFC. 1.6.- La defensa -no recurrente- Pide se confirme lo decidido por la A-quo, en tanto precisamente pretend�a en sus alegatos para esta audiencia acudir a lo sostenido por la Corte en la sentencia SP8463 de 2017, donde entre otras, la Corte explic� lo atinente a la auto tutela que tiene la DIAN para que en curso del procedimiento que establece el Estatuto Tributario, pueda ejercer la acci�n de cobro coactivo, ante lo cual estima que el despacho fue claro en la motivaci�n de anular este incidente, al no ser el mecanismo para que la DIAN procure sus derechos a la verdad y justicia, m�xime contar con uno preferente y exclusivo.
Frente a lo expuesto por la apoderad de la DIAN, refiere que la judicatura no requiere de tres o m�s decisiones que constituyan doctrina probable para que pueda usar ese criterio orientador, en tanto puede hacer uso as� sea de uno solo, que como este es ilustrativo y hace un an�lisis detallado de lo pertinente, a la vez que la A-quo cit� las normas y jurisprudencia en que se apoy� para emitir su decisi�n por lo cual lo pedido por la recurrente no debe prosperar, aunado a las posturas recientes del Tribunal sobre este tema, a quien pide mantenga su postura. 1.7.- Sustentado en debida forma el recurso de apelaci�n, la A-quo lo concedi� en el efecto suspensivo, y dispuso remitir el expediente digital a esta Corporaci�n para desatar la alzada. 2.- Para resolver, se considera 2.1.- Competencia La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los art�culos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906/04 -modificado este �ltimo por el art�culo 91 de la Ley 1395/10-, al haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelaci�n contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la apoderada de la DIAN-. 2.2.- Problema jur�dico planteado El asunto que concita el estudio de la Sala se contrae b�sicamente a establecer el grado de acierto de la providencia emitida por la primera instancia, mediante la cual decret� la nulidad del tr�mite del incidente de reparaci�n integral promovido por la representante judicial de la DIAN, a la vez que procedi� a rechazar el mismo. 2.3.- Soluci�n a la controversia De conformidad con la tesis expuesta por la funcionaria de primer grado, donde se hizo alusi�n a pronunciamiento de la H. Corte Suprema de Justicia sobre el t�pico -CSJ SP, 14 jun. 2017, radicado 47446-, el cual ya ha sido acogido por este Tribunal en m�ltiples ocasiones, no hay lugar a iniciar el incidente de reparaci�n como quiera que la DIAN adelant� internamente un cobro coactivo, situaci�n que en consecuencia, la llev� a decretar la nulidad del tr�mite que su antecesor hab�a iniciado y que se hab�a suspendido para que la defensa pudiera conocer los elementos de prueba en los que la DIAN bas� su pretensi�n indemnizatoria.
Por su parte, la apoderada de la v�ctima solicita a esta Colegiatura que se aparte de lo resuelto por la A-quo, toda vez que las actividades desplegadas por la DIAN no han arrojado los frutos esperados, para lograr el pago de las obligaciones tributarias por parte del se�or GFC, raz�n por la cual se acudi� a la v�a judicial. El tema en cuesti�n ya ha sido objeto de an�lisis por esta misma Corporaci�n en decisiones de vieja data y que se han mantenido inc�lumes, sin que sea una postura reciente como as� lo dio a entender el defensor como no recurrente, motivo por el cual considera la Sala que al no existir situaciones nov�simas que hagan necesario recoger tal postura, m�xime cuando el argumento de la DIAN, sin que ahora sea la excepci�n, es igualmente repetitivo en todos los casos ya conocidos acerca de este tema en controversia, lo que ac� tambi�n sucedi�, por lo cual debemos retomar iguales argumentos que al respecto se han sostenido, y cuyos apartes m�s relevantes son los siguientes: �[�] como bien lo se�al� el funcionario de primer nivel, existe una nueva posici�n que sobre el t�pico ha adoptado la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuyos fundamentos y conclusiones son compartidos por este Tribunal, y por supuesto est� en el deber de acogerla, tal como lo hizo desde el auto de abril 27 de 2018 dentro del radicado 660160000036200904718 M.P. Manuel Yarzagaray Bandera, sin que sean atendibles los argumentos esgrimidos por la representante de la v�ctima para que la Corporaci�n se aparte de esa decisi�n. Al respecto lo primero que debe decirse es que la sentencia del m�ximo Tribunal a la que se ha hecho referencia es precedente vinculante para las autoridades judiciales al ser un �rgano de cierre que tiene entre sus funciones la unificaci�n de jurisprudencia, y por eso las reglas contenidas en la ratio decidendi de sus decisiones deben aplicarse en casos an�logos, entre otras cosas, en aras de materializar los principios de igualdad ante la ley y seguridad jur�dica, tal como lo ha precisado la Corte Constitucional en m�ltiples pronunciamientos. [�] En la referida sentencia -CSJ SP, 14 JUN. 2017, rad. 47446-, se analiz� lo atinente a las causales de rechazo del incidente de reparaci�n establecidas en el art�culo 103 C.P.P., y se concluy� que la interpretaci�n que debe hacerse de dicha norma en armon�a con el sistema, es que no puede considerarse que los motivos consignados de manera expresa all� son los �nicos que dan lugar a esa improcedencia, sino que tambi�n debe entenderse que el mismo es inviable cuando se han acudido a otras acciones con id�ntico prop�sito, independientemente de sus resultados.
Contrario a lo sostenido por la letrada, dicha determinaci�n no se bas� �nicamente en precedentes proferidos en anteriores procedimientos sino atinentes al sistema penal acusatorio, y en el estudio de la exposici�n de motivos del proyecto de ley que posteriormente se convirti� en la Ley 906/04, as� como de los informes de ponencia de cada uno de los debates en el Congreso, y luego de ese an�lisis dedujo que la intenci�n del legislador no fue en ning�n momento dotar a la v�ctimas de una facultad extraordinaria de promover junto con el incidente de reparaci�n otras acciones para asegurar el pago -como es el caso del cobro coactivo adelantado por la DIAN-, o acudir de manera opcional al tr�mite procesal penal cuando los resultados all� obtenidos no resulten favorables a sus intereses, lo cual no debe ser permitido.
Es cierto que con ese proceder no se afecta el non bis �dem que solo es aplicable en materia penal o sancionatoria, y no en la civil, y precisamente as� lo establece la Corte, pero de igual manera hace �nfasis la Alta Corporaci�n en que el derecho de las v�ctimas a ser reparadas integralmente no puede considerarse como una facultad abusiva de acudir en forma simult�nea, paralela o subsidiaria al incidente de reparaci�n en atenci�n a que el tr�mite coactivo -privilegio legal que es potestativo en la mayor�a de los casos- no tuvo �xito, puesto que las pretensiones de uno y otro son id�nticas, lo cual constituir�a un abuso del derecho, no solo porque el ordenamiento procesal penal proh�be ese doble cobro sino tambi�n los principios del procedimiento civil, entonces una vez la v�ctima escoja la v�a que estime pertinente, debe asumir los resultados obtenidos. [�] En este punto debe resaltar la Sala que por m�s que se diga que lo pretendido en el incidente de reparaci�n difiere de lo cobrado en el proceso coactivo, la realidad es que los perjuicios de la DIAN con la conducta por la que se procede son solo materiales, es decir, da�o emergente -sumas dejadas de percibir- y de lucro cesante -intereses moratorios-, por lo que no hay diferencia alguna en lo reclamado en ambos tr�mites, y de permitirse adelantar el incidente hasta culminar con sentencia, se le dar�a oportunidad a esa entidad de obtener un nuevo t�tulo ejecutivo sobre la misma obligaci�n, con el cual ya cuenta�. M�rese incluso que la Sala de Casaci�n penal, ha mantenido de manera uniforme la postura contenida en CSJ SP, 14 jun. 2017, Rad. 47446, cuando en algunas de sus providencias manifiesta: �El mecanismo de cobro coactivo, cuya finalidad se asemeja a la acci�n ejecutiva, es un instrumento del cual la ley dot� a algunas entidades de la administraci�n p�blica, entre ellas a la DIAN, para ejercer directamente el cobro forzoso de las deudas fiscales que tiene el deber de recaudar, sin necesidad de acudir a la jurisdicci�n ordinaria.
(CSJ SP8463-2017, 14 jun. Radicado�47446). Este mecanismo aut�nomo que encuentra regulaci�n en el Estatuto Tributario, tiene como fin el cobro de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones de competencia de la Direcci�n General de Impuestos Nacionales (art. 823 E.T), mientras que la acci�n penal investiga la conducta desplegada por el agente retenedor o recaudador.
As� lo ha reconocido esta Corporaci�n: Distinta es la situaci�n cuando se trata de diferenciar entre la acci�n de cobro coactivo administrativo y la acci�n penal, respecto de lo cual la Sala (CSJ AP, 28 sep. 2011, rad. 37369) se�al� que aqu�l �de ninguna manera enerva lo actuado dentro del proceso penal, pues, huelga recordar, ese mecanismo apenas se encamina a obtener los dineros que dej� de consignar por impuestos el procesado, al tanto que el tr�mite hoy examinado tiene como objeto la comisi�n del delito inserta en esa omisi�n�; pero aclar�, a la vez, la imposibilidad de que �tanto en el proceso penal, a partir de la demanda de constituci�n en parte civil, como en tr�mite civil o administrativo diferente, se persiga el pago de ese da�o ocasionado con el il�cito, como claramente lo disponen los art�culos 48 y 52 del C. de P.P.� (CSJ SP8463-2017, 14 jun.
Radicado�47446)� Incluso de manera m�s reciente, la Alta Corporaci�n en CSJ AP895-2023, 29 mar. 2023, rad. 55956, retom� la postura planteada en la sentencia CSJ SP8463-2017, rad. 47446, luego de lo cual plasm�: �1. Como se observa, el precepto normativo al cual acude el censor para la postulaci�n de su cargo, no manifiesta la intenci�n del legislador de entender como pr�ctica admisible el otorgarle a las victimas la posibilidad de promover diferentes acciones con base en id�nticas pretensiones y derivadas de la comisi�n de un mismo delito, a fin de obtener un pago efectivo de sus perjuicios, como err�neamente lo entiende el demandante.
Al contrario, tal como lo enuncia la anterior jurisprudencia, ello va en contra de los principios civiles de preclusi�n, disposici�n, econom�a procesal, cosa juzgada y la prohibici�n de abuso del derecho.� Con fundamento en lo anterior, y sin lugar a mayores disquisiciones, al no existir a la hora de ahora circunstancias distintas que le permitan a la Corporaci�n variar su posici�n frente al tema objeto de debate, mismo que como se aprecia ha sido retomado por la Corte en otras determinaciones m�s recientes, se concluye que en este caso no pod�a accederse a la iniciaci�n del incidente de reparaci�n reclamado por la DIAN, como en su momento lo permiti� quien en su momento ejerc�a como titular del juzgado Sexto Penal del Circuito de esta capital, por lo cual se impon�a para quien actualmente dirige tal despacho la declaratoria de la nulidad del tr�mite previo adelantado y por lo mismo disponer el rechazo de la solicitud impetrada por la DIAN.
En ese orden se acompa�ar� la decisi�n proferida por parte de la funcionaria de primera instancia. Por lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisi�n Penal, CONFIRMA el auto de marzo 15 de 2024, por medio del cual el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, decret� la NULIDAD, de lo actuado en el incidente de reparaci�n integral pretendido por la DIAN en contra del se�or GFC, a la vez que orden� su RECHAZO, lo cual fue motivo de la presente impugnaci�n. En atenci�n a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el art�culo 4� del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020, la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, y la Ley 2213 de junio 13 de 2022, no se realizar� audiencia de lectura de decisi�n, y por ende esta sentencia se notificar� por la Secretar�a de la Sala v�a correo electr�nico a las partes e intervinientes, determinaci�n frente a la cual no procede recurso alguno. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado De ello no aparece constancia alguna en el dossier, pero as� se entiende, en tanto al incidente de reparaci�n puede acudirse cuando el fallo se encuentra debidamente ejecutoria. TSP AP, 27 abr. 2018, Rad. 660160000036200904718, M.P. Manuel Yarzagaray Bandera, reiterado en TSP AP, 10 sept. 2018, rad. 6617060000662010-01540-01 M.P. Jorge Arturo Casta�o Duque. Sentencias C-335/08, C-816/11, SU-053/15, entre otras. Cfr. TSP AP, 29 mar. 2019, Rad. 6600160000362014-07101-01, reiterado entre muchas otras, en TSP AP, 11 jun. 2019, Rad. 6600160000362011-02223-01;
TSP AP, 23 Jun. 2022, Rad. 6600160000362010-06274-01, TSP AP, 31 mar. 2023, rad.6600160000362015-04660-01 y m�s recientemente TSP AP, 07 mar. 2024, rad. 660016000036-2018-03774-01. Determinaci�n a la que igualmente hizo alusi�n la Corte Constitucional en la Sentencia C-290 de 2019, donde declar� exequible una de las expresiones contenidas en el art�culo 339 parcial de la Ley 1819 de 2016 �Por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasi�n y la elusi�n fiscal, y se dictan otras disposiciones��que modific� el art�culo 402 de la Ley 599 de 2000��Por la cual se expide el C�digo Penal�. Cfr. CSJ AP, 05 ago. 2019, Rad. 53823, cuyo �ltimo p�rrafo igualmente fue retomado en CSJ AP, 29 ene. 2020, Rad. 53659 Omisi�n del agente retenedor Radicaci�n: 660016000036 2009 05205 01 Sentenciado: GFC Confirma nulidad y rechazo incidente A N� 015 P�gina PAGE 2 de NUMPAGES \*Arabic 7 VX��S U � � ). � � � � �Կ������t_tJ5(h��h��CJOJQJ^JaJ nH tH (hVh��CJOJQJ^JaJ nH tH (h j h j CJOJQJ^JaJ nH tH "h j CJOJQJ^JaJ nH tH (hVhVCJOJQJ^JaJ nH tH "h.#�CJOJQJ^JaJ nH tH "hVCJOJQJ^JaJ nH tH (h.#�h.#�CJOJQJ^JaJ nH tH (h!�h!�CJOJQJ^JaJ nH tH +h!�h!�5�CJOJQJ^JaJ nH tH V� � � � � � � " # 6 P Q � � � � ������������������dgd� $da$gd� d*$gd�� $d*$a$gd�� $d�*$a$gd�� d�*$gd�� d�*$gdV d�*$gd!�� � � � � " 6 P Q Y ` a b d i o z ���˯���zgZM@ZMZ3Zh�h�6�CJ^JaJh�hqb�CJ^JaJh�h�V�CJ^JaJh�h�T�CJ^JaJ$h��h��CJEH��^JaJnH tH #h��h��5�CJ^JaJnH tH h��h��^JnH tH +h��h��5�CJ OJQJ^JaJ nH tH 7h��h��5�:�B*CJ OJQJ^JaJ nH phtH h��h��CJ^JaJ nH tH jh��h��UmHnHu#h��h��5�CJ^JaJ nH tH z � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 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