Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pereira

Radicado: 66001600003520230141401

Sala: SALA PENAL

Ponente: Carlos Alberto Paz Zúñiga

Fecha: 2024-03-12

Sujetos procesales: AVV Y CVV

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HURTO AGRAVADO / REBAJA PUNITIVA / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / L�MITES � debe empezar la Sala por sostener, que el principio de favorabilidad no puede ser desconocido por los operadores judiciales� No obstante, en punto de la aplicaci�n del principio de favorabilidad del inciso 2� del art�culo 16 de la Ley 1826/17�, que consagra un beneficio punitivo de hasta la mitad de la pena para los delitos a los que se les aplica el procedimiento penal especial abreviado, en los casos en que se haya aceptado cargos dentro del tr�mite ordinario previsto en la Ley 906/04, se tiene, sin duda alguna, que este solo procede por conductas punibles que hagan parte de las enlistadas en el art�culo 534�, y por consiguiente en lo atinente a los punibles no referidos all�, las rebajas a reconocer cuando se presente flagrancia� ser�n las previstas en el par�grafo del art�culo 301 del C.P.P. REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) Acta de aprobaci�n N� 231 Segunda instancia Radicaci�n: 66001600003520230141401 Imputados: AVV y CVV C�dula de ciudadan�a:Delito:Hurto calificado y agravado en grado de tentativaV�ctima:Wilson Eduardo Urbina OrtegaProcedencia:Juzgado Doce Penal Municipal con funci�n de conocimiento de Pereira (Rda.)Asunto:Decide apelaci�n interpuesta por la Fiscal�a contra la sentencia de octubre 26 de 2023 que reconoci� una rebaja del 50%.

MODIFICA SENTENCIA El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en los siguientes t�rminos: 1.- hechos Y Actuaci�n procesal 1.1.- Los hechos fueron plasmados de la siguiente manera en la sentencia de primera instancia: �El d�a 27 de mayo de 2023, fueron aprehendidos en flagrancia los se�ores CRISTIAN Y AVV en la carrera 26 # 66-41 porque ingresaron a la Ebanister�a de propiedad del se�or WILSON EDUARDO URBINA ORTEGA, e intentaron sustraer unos elementos avaluados en $250.000.

Los perjuicios se tasaron en $2.400.000, porque da�aron el techo y la alarma para poder ingresar�. 1.2.- Las audiencias preliminares se llevaron a cabo (mayo 27 de 2023) ante el Juzgado �nico Promiscuo Municipal con funci�n de control de garant�as de Marsella (Rda.), por medio de las cuales: (i) se declar� legal la aprehensi�n de los se�ores AVV y CVV;

(ii) se les imput� a los indiciados coautor�a en el punible de hurto calificado y agravado -art�culos 239, 240 inciso 1�, numerales 1� y 4�, y 241 numerales 10� y 11� C.P.- en grado de tentativa -art. 27 C.P.-, con la circunstancia de atenuaci�n del art. 268 C.P., cargos que aceptaron; y (iii) se les concedi� la libertad inmediata, toda vez que se retir� la solicitud de medida de aseguramiento. 1.3.- En virtud del allanamiento de los procesados, y luego de efectuada la verificaci�n correspondiente, el Juzgado Doce Penal Municipal con funci�n de conocimiento de Pereira (Rda.) llev� a cabo audiencia de individualizaci�n de pena (octubre 24 de 2023), y posteriormente sentencia (octubre 26 de 2023) por medio del cual: (i) declar� penalmente responsables a los se�ores ANDERSON y CVV de conformidad con los cargos endilgados y admitidos;

(ii) se les impuso como sanci�n privativa de la libertad la de 27 meses de prisi�n, e inhabilitaci�n en el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por un tiempo igual al de la sanci�n principal; y (iii) se les neg� el subrogado de la suspensi�n condicional de la ejecuci�n de la pena. 1.4.- La delegada Fiscal se mostr� inconforme con la decisi�n e interpuso recurso de apelaci�n que sustent� dentro del t�rmino de ley, en virtud de lo cual la actuaci�n fue remitida a esta Sala para desatar la alzada. 2.- Debate 2.1.- Fiscal�a -recurrente- Solicita se modifique la pena impuesta a los sentenciados y se les conceda la rebaja del 12.5% y no la del 50% como lo decidi� la A-quo.

Como fundamento de su petici�n expuso: La juez de primera instancia comete un error al aplicar un descuento del 50% en la pena a los acusados, con fundamento en la rebaja que establece el procedimiento abreviado, cuando en realidad fueron capturados en flagrancia y deber�an recibir solo un descuento del 12.5% seg�n la Ley 906/2004. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han aclarado que ciertos beneficios solo se destinan a delitos espec�ficos contemplados en la Ley 1826/2017 -sentencia C-225/19 C.C. y AP-2340/21, No 56793 CSJ-, lo que no ocurre en este asunto.

Sin embargo, la juez hace una interpretaci�n amplia del principio de favorabilidad, y aplica un beneficio de forma indebida, abri�ndose as� la puerta a malas interpretaciones y extender los beneficios a otras conductas punibles. 2.2.- Defensor de AVV -no recurrente- Pide que se confirme la sentencia de primera instancia, a cuyo efecto argument� que la sentencia C-225/19 de la Corte Constitucional determina la posibilidad de aplicar una rebaja mayor de pena en casos de flagrancia por favorabilidad.

En este asunto, su prohijado acept� los cargos voluntariamente, lo que justifica el descuento del 50%. Adem�s, la conducta fue en grado de tentativa y el bien jur�dico protegido no fue gravemente afectado, por lo que la rebaja del 50% es procedente. 2.3.- Defensor de CVV -no recurrente- Solicita que se mantenga inc�lume el fallo de primera instancia, por las siguientes razones: La Corte Constitucional en sentencia C-225/19 estableci� la aplicabilidad del principio de favorabilidad a asuntos del procedimiento ordinario, para concederse rebajas de hasta la mitad de la pena por aceptaci�n de cargos, incluso en casos de flagrancia. Adicionalmente, es obligatoria la aplicaci�n retroactiva del principio de favorabilidad, lo que justifica la pena impuesta a su prohijado.

Sobre la aplicaci�n retroactiva de leyes m�s favorables, la Corte Suprema de Justicia se pronunci� en providencia SP-3383-2019, rad. 51775. En el presente caso, el delito fue en grado de tentativa y no caus� un da�o grave al bien jur�dico protegido, y la v�ctima puede reclamar perjuicios en una etapa procesal posterior. 3.- Para resolver, se considera 3.1.- Competencia La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los art�culos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -modificado este �ltimo por el art�culo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelaci�n contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la Fiscal�a-. 3.2.- Problema jur�dico planteado Se contrae b�sicamente a determinar por parte de la Colegiatura si es viable aplicar por favorabilidad en el presente caso el descuento establecido por el art�culo 16 de la Ley 1820/17 como lo dispuso la juez A quo, o si, por el contrario, como lo se�ala la delegada fiscal, no hay lugar a conceder dicho descuento en el procedimiento ordinario, siendo posible la �nica rebaja por aceptaci�n de cargos en circunstancia de flagrancia el 12.5%. 3.3.- Soluci�n a la controversia Nos encontramos en presencia de un tr�mite abreviado por la temprana admisi�n de los cargos por parte de los imputados AVV y CVV en forma libre, voluntaria, consciente, debidamente asistidos por profesionales del derecho adscritos a la Defensor�a P�blica e ilustrados acerca de las consecuencias de hacer dejaci�n de su derecho a la no autoincriminaci�n, lo que no obsta para asegurar que adem�s de la aceptaci�n de cargos -v�a allanamiento- que despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el diligenciamiento en verdad obran elementos de convicci�n que determinan que la conducta il�cita que se pregona s� existi� y que los hoy involucrados tuvieron participaci�n activa en la misma.

Debe dejar de una vez sentada la Sala que, en este caso, fue la delegada del ente acusador, quien interpuso el recurso de alzada, al considerar que la rebaja que le fuera concedida por la funcionaria de primer nivel a los sentenciados no proced�a, en tanto la aplicaci�n de la diminuente por aceptaci�n de cargos a que alude la Ley 1826/17 y que por favorabilidad se les otorg�, solo se aplica para los delitos all� enlistados, lo que ac� no ocurre.

A tal postura se oponen los defensores, al estimar que sus defendidos s� se hacen acreedores a la rebaja otorgada por la A-quo, ya que el il�cito lo fue en grado de tentativa y no se ocasion� mayor lesi�n con su accionar. En este asunto, como viene de verse, el �nico reparo que se present� por parte de la fiscal recurrente, lo fue por el hecho de que la funcionaria de primer nivel, en aplicaci�n de un precedente del Tribunal Superior de Bogot� -de la cual solo cit� su fecha de septiembre 19 de 2017, es decir proferido a escasos dos meses de entrada en vigencia de la Ley 1826/17-, decidi� conceder a los ac� procesados una rebaja del 50% y no la del 12.5% a que se hac�an merecedores, al haber sido capturados en situaci�n de flagrancia y dada su temprana aceptaci�n de cargos.

Con miras a resolver lo que en derecho corresponda, debe empezar la Sala por sostener, que el principio de favorabilidad no puede ser desconocido por los operadores judiciales, no solo en virtud de los postulados constitucionales -art�culo 29 inciso 3 superior- y legales -art�culo 6 inciso 2� C.P. y art�culo 6 inciso 2 Ley 906/04-, sino tambi�n de conformidad con lo que al respecto han dispuesto en su jurisprudencia tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, Corporaciones que han concluido que el mismo es aplicable tanto en materia sustancial como en la procesal con efectos sustanciales.

No obstante, en punto de la aplicaci�n del principio de favorabilidad del inciso 2� del art�culo 16 de la Ley 1826/17 -canon que cre� el art�culo 539 de la Ley 906/14-, que consagra un beneficio punitivo de hasta la mitad de la pena para los delitos a los que se les aplica el procedimiento penal especial abreviado, en los casos en que se haya aceptado cargos dentro del tr�mite ordinario previsto en la Ley 906/04, se tiene, sin duda alguna, que este solo procede por conductas punibles que hagan parte de las enlistadas en el art�culo 534, tambi�n adicionado al C.P.P. por la mencionada normativa, y por consiguiente en lo atinente a los punibles no referidos all�, las rebajas a reconocer cuando se presente flagrancia -como ac� sucede- ser�n las previstas en el par�grafo del art�culo 301 del C.P.P. El criterio diferenciador en raz�n de las conductas punibles objeto de juzgamiento, que es lo que determina la aplicaci�n del procedimiento ordinario y abreviado, con la salvedad de la aplicaci�n del r�gimen procesal ordinario en los eventos de concurso de delitos, seg�n el inciso 2� del art�culo 534 del C.P.P., fue tenido en cuenta en la exposici�n de motivos de la Ley 1826 de 2017, en cuyos apartes m�s relevantes se dijo lo siguiente: �[�] el tratamiento a las conductas punibles de menor lesividad para la sociedad colombiana, ha sido un tema recurrente en la discusi�n pol�tica y jur�dica, respecto del procedimiento penal.

Muestra de ellos son los m�s recientes intentos para consolidar un modelo penal que permita un tratamiento �gil y eficaz para la investigaci�n y juzgamiento de estas conductas, entre los cuales destaca el reciente proyecto de ley 224 de 2015 C�mara, as� como antes, los proyectos de ley 047 de 2012, 209 de 2012, y claro, la ley 1153 de 2007.

En general, las iniciativas tienen en com�n la filosof�a de buscar un sistema que, garantizando el respecto a los derechos fundamentales de las partes involucradas, permita procesar de manera �gil y expedita a quienes parte en conductas delictivas de frecuente ocurrencia en la comunidad, que congestionan el sistema judicial de manera notoria.

La justificaci�n emp�rica del intento recurrente de descongestionar el sistema judicial a trav�s de la creaci�n de un proceso especial compuesto por mecanismos �giles y desprovistos de mayores ritualidades que permita ofrecer un trato diferenciado para conductas de menor lesividad, es a todas luces evidentes. Seg�n datos aportados por la Fiscal�a General de la Naci�n hay un total de 273.987 procesos activos a 2015 por delitos querellables seg�n inventario.

Cabe notar que solamente el a�o pasado (2014), ingresaron 234.765 noticias criminales por v�a de querella. Comparativamente, los datos muestran que un 21% de todos los procesos penales que actualmente se encuentran activos se adelantan por delitos querellables. Frente a esta realidad, este proyecto busca descongestionar el sistema judicial a partir de la consagraci�n de un procedimiento especial abreviado para aquellas conductas punibles de menor lesividad para la sociedad colombiana.

Estas �ltimas conductas pueden ser delitos o contravenciones penales categor�a que se incorpora ahora a la parte especial del C�digo Penal Colombiano, como desarrollo del art�culo 19 de esa codificaci�n; para ambas hip�tesis, las contravenciones penales y algunos delitos que pese a generar un gran impacto en la sociedad suponen individualmente un grado reducido de afectaci�n al bien jur�dico, se dise�a un procedimiento abreviado que haga m�s f�cil su juzgamiento [�]� Resaltado no original.

De conformidad con lo anterior, debe concluirse que en el caso sometido a estudio le asiste raz�n a la fiscal recurrente en cuanto a que en este caso la juez A-quo no debi� aplicar por favorabilidad el art�culo 16 de la Ley 1826/17 en lo atinente al descuento punitivo por allanamiento a cargos, toda vez que una de las circunstancias de agravaci�n espec�fica del delito de hurto por el cual se procede en contra de los se�ores VV, no se encuentra enlistada en la aludida normativa, y por consiguiente, no se daban los presupuestos para dar paso al principio de favorabilidad.

Lo anterior lo sostenemos, por cuanto la jurisprudencia del Tribunal de Cierre en materia Penal, ha sido enf�tica en sostener desde tiempo atr�s y en fechas m�s recientes que, en caso de aceptaci�n de cargos, cuando se trata de conductas delictivas distintas a aquellas contenidas en el art�culo 534 de la Ley 906 de 2004, no hay lugar a predicar la aplicaci�n por favorabilidad de las reformas a que hace alusi�n la Ley 1826 de 2017.

Y si bien en principio hubo decisiones de la misma Corte que fueron contradictorias, ello conllev� a que esa Alta Corporaci�n, con criterio unificador, sostuviera lo siguiente: 6.6. En consecuencia, la Sala debe modular los razonamientos expuestos en la providencia CSJSTP, 31 oct. 2018, rad. 101256 y puntualizar que conforme par�grafo del art�culo 539 de la Ley 906 de 2004, adicionado por la Ley 1826 de 2017, las rebajas conferidas por el allanamiento a los cargos, no aplican para delitos distintos de los enlistado en la misma, que fija como excepci�n en el par�grafo del art�culo 16, �las prohibiciones previstas en la ley, referidas a la naturaleza del delito�.

As� mismo, la Corte encuentra necesario precisar que remitidos a los antecedentes de la Ley 1826, los criterios teleol�gicos que la informaron, as� como a las razones de pol�tica criminal que le dieron origen, seg�n ya se dej� visto, lo abreviado del procedimiento y los beneficios sustanciales derivados de su aplicaci�n, especialmente en materia de justicia premial, se explican por la naturaleza de las conductas punibles que, en opini�n razonable del legislador, dentro de la libertad de configuraci�n que se le confiere, representan una gravedad menguada, criterio diferenciador, que justifica el trato m�s benigno, as� como la no inclusi�n en su �mbito de cobertura de otros delitos, haciendo selecci�n de las primeras para someter su investigaci�n y juzgamiento al procedimiento especial.

Esa realidad mencionada desautoriza cobijar por virtud del principio de favorabilidad los delitos que no hacen parte del plexo limitado por la Ley 1826, am�n de que al relacionar el contenido de los art�culos 539 y 534, en cuanto se refieren a los hechos regidos por la norma, en el �mbito procesal y sustancial, es inequ�voco que convergen exclusivamente al listado de las conductas punibles ya enunciadas, por los motivos a los cuales se viene haciendo referencia. 6.8.

Por lo anterior se reafirma que frente a conductas delictivas distintas de las enlistadas en el art�culo 534 de la Ley 906 de 2004, no hay lugar a predicar la aplicaci�n favorable de las reformas introducidas por la Ley 1826 de 2017, espec�ficamente en relaci�n con las rebajas por aceptaci�n de cargos, respecto de las cuales reitera la norma, se aplicar�n en las proporciones dispuestas, de acuerdo con el momento en que se produzca la aceptaci�n de cargos: [�]. 6.10.

Consecuentes con todo lo que viene de exponerse, la Corte precisa, frente a las razones que se expusieron sobre el tema en decisiones anteriores, que la Ley 1826 de 2017, se aplicar� de preferencia, respecto de las rebajas de pena por allanamiento a cargo, en los casos de captura en flagrancia que no se gobernaron por la misma, como sucedi�, por ejemplo, en el tratado en la sentencia CSJSP, 23 may. 2018, rad. 51989, siempre que se proceda por alguna de las conductas punibles expresamente previstas en la misma ley, en cuanto para la entrada en vigencia de �sta no se hubiera fallado en forma definitiva, si no se presenta alguna de las prohibiciones de beneficios por allanamiento.�  Y esa determinaci�n, que consolida el criterio la Sala de Casaci�n Penal, ha sido reiterado, adem�s de la expresada por la fiscal en su recurso, en muchas otras decisiones (AP3748-2019, rad. 55476;

SP3383-2019, rad. 51776; SP830-2020, rad. 53252, SP031-2023, rad. 58720 y CSJ AP896-2023, rad. 58654). En todas ellas, sin excepci�n, la Corte ha indicado que en lo atinente a la rebaja de pena por allanamiento a cargos, este solo tiene cabida cuando se procede por uno de los delitos enlistados en el art�culo 10 de la Ley 1826/17, y por ende no es aplicable a los que all� no se encuentren previstos.

Pues bien, en este caso se tiene que a los se�ores AVV y CVV, con ocasi�n de los hechos acaecidos en mayo 27 de 2023, cuando ingresaron a la Ebanister�a de propiedad del se�or WILSON EDUARDO URBINA ORTEGA, donde intentaron sustraer unos elementos avaluados en $250.000oo, les fueron endilgados en audiencia preliminar de formulaci�n de imputaci�n la coautor�a a t�tulo de dolo, en el il�cito de hurto calificado y agravado -art�culos 239, 240 inciso 1�, numerales 1� y 4�, y 241 numerales 10� y 11� C.P.- en grado de tentativa -art. 27 C.P.-, cargos que en esa primera salida procesal fueron aceptados, y donde se les comunic� con la debida claridad, como as� lo hizo el fiscal, el A-quo e incluso sus apoderados, que con ello recibir�an como contraprestaci�n una rebaja solo del 12.5% de la pena a imponer, dada su captura en situaci�n de flagrancia. No obstante, como se ha indicado, la juez una vez procedi� a verificar la aceptaci�n de cargos, anunci� que por favorabilidad les conceder�a a los ac� procesados una diminuente del 50% de la pena, como en efecto as� lo hizo al momento de emitir el fallo de condena.

Pues bien, al respecto v�ase que el art�culo 534 de la Ley 1826/17, dispone que el procedimiento especial abreviado en menci�n se aplica a las conductas punibles que requieren querella para el inicio de la acci�n penal y a los delitos que se enlistan en el numeral 2� de tal normativa, entre los cuales se encuentran: �[�] hurto (C.P. art. 239); hurto calificado (C.P. art. 240), hurto agravado (C.P. art�culo 241, numerales del 1 al 10) [�]�.

De ah� que si a los se�ores VV, se le atribuy� entre otras, la agravante contenida en el numeral 11� del art�culo 241 C.P., esto es, por haberse cometido la conducta en un establecimiento p�blico o abierto al p�blico, como lo era la ebanister�a de propiedad del se�or WILSON EDUARDO URBINA, misma que como viene de verse se halla excluida del �mbito de aplicaci�n de dicha norma, no proced�a en momento alguno, por favorabilidad, la rebaja del 50% que les fuera concedida por la funcionaria de primer nivel.

Lo que ac� se aprecia es que la A-quo, en un claro desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales sobre la materia, sin ir m�s all� de una simple consulta de un caso del a�o 2017, resuelto por la Sala hom�loga del Tribunal Superior de Bogot�, D.C., �poca en la que en efecto exist�an posturas dis�miles sobre la aplicabilidad o no de la rebaja contemplada en la Ley 1826/17, situaci�n en la que incluso incursion� la misma Sala de Casaci�n Penal -tanto en sede ordinaria como de tutelas-, su deber era ahondar m�s all� y a la saz�n que de haber realizado una consulta un poco m�s pormenorizada sobre el tema objeto de estudio, habr�a encontrado diversas decisiones que iban en contrav�a de aquella adoptada por la aludida Corporaci�n, y que la habr�an llevado a tomar una decisi�n acorde a derecho.

En ese orden, y si bien para la Sala, la determinaci�n emitida por la funcionaria de primer nivel, en cuanto dict� un fallo de condena en contra de los se�ores AVV y CVV, dada la aceptaci�n de cargos que de manera libre, voluntaria, conscientes y debidamente asistidos efectuaron ante un juez constitucional, estuvo acertada, no lo fue as� en cuanto a la dosificaci�n punitiva, ya que la misma les otorg�, sin que estos tuvieran derecho a ello, una rebaja mayor a la permitida, que por haber sido capturados en flagrancia no pod�a ser superior al 12.5% de la pena a imponer.

Por tal motivo, la Sala se ve en la obligaci�n de modificar el fallo proferido en punto de la sanci�n que deber�n purgar los se�ores VV, sin que con ello se vea comprometido el principio de la non reformatio in peius, por cuanto en este caso quien mostr� su inconformidad con la decisi�n dictada por la A-quo fue la delegada del ente persecutor, por ende los condenados no fueron apelantes �nicos.

Por tal motivo, con miras a preservar el principio de la autonom�a judicial, la Sala tendr� en cuenta para la referida redosificaci�n, los mismos par�metros que fueron tenidos en cuenta por la funcionaria de primer nivel, con la salvedad que el descuento a concederle a los sentenciados, lo ser� solo del 12.5% y no del 50% como lo dispuso de manera equ�voca la A-quo.

As� las cosas, se tiene que la juez consider� que en este caso la pena que deb�an purgar a los se�ores AVV y CVV, ser�a de 54 meses de prisi�n, y tal cifra como consecuencia de la aceptaci�n temprana de cargos, toda vez que fueron aprehendidos en situaci�n de flagrancia -par�grafo �nico, art. 301 C.P.-, se disminuir� en el 12.5%, lo que equivale a 6.75, meses y por consiguiente la pena a imponer a los mismos quedar� en 47.25 meses, o lo que es igual, en 47 meses y 8 d�as de prisi�n. En similar lapso, se modificar� la inhabilitaci�n en el ejercicio de derechos y funciones p�blicas.

En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, MODIFICA el fallo objeto de recurso en el sentido de imponer como pena principal a los sentenciados AVV y CVV, la equivalente a cuarenta y siete (47) meses y ocho (8) d�as de prisi�n, como autores responsables del delito de hurto calificado y agravado, en la modalidad de tentativa.

En el mismo t�rmino se aumentar� la pena accesoria de inhabilitaci�n en el ejercicio de derechos y funciones p�blicas. En lo dem�s el fallo permanecer� inc�lume. De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el art�culo 4� del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020, la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, y la Ley 2213 de junio 13 de 2022, no se realizar� audiencia de lectura, y por ende esta sentencia se notificar� por la Secretar�a de la Sala v�a correo electr�nico a las partes e intervinientes, medio por el cual los interesados podr�n interponer el recurso extraordinario de casaci�n, dentro del plazo de ley.

NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado  La misma finalmente no la tuvo en cuenta la juez en el fallo, por cuanto a los implicados les figuraban antecedentes penales.  La juez otorg� por favorabilidad la rebaja del 50% de la ley 1826/17, y no el descuento del 12.5% establecida para el procedimiento ordinario.

Para justificar dicha disminuci�n, hizo menci�n a una decisi�n del H. Tribunal Superior de Bogot�, Sala Penal de septiembre 19 de 2017.  No orden� su captura, por cuanto se encuentra privados de su libertad, por cuenta de otro proceso.  Sentencias C-200/02 y C-592/05 y T-019/17, entre otras.  CSJ AP, 13 abr. 2011. rad 35946, CSJ SP., 01 feb. 2012, rad. 36907, CSJ SP, noviembre 14 de 2007, rad. 26190.  CSJ AP5266-2018, 5 dic. 2018, rad. 52535.     Hurto calificado y agravado Radicaci�n: 66001600003520230141401 Procesados: AVV y CVV Modifica sentencia S. N� 009 P�gina  PAGE 2 de  NUMPAGES 9 LMOlm� � J K    5 Y Z \ � � N O � � AB���пппп���q`qOAOAOAOh�dCJOJQJ^JaJ h�dh�dCJOJQJ^JaJ h�3uh�3uCJOJQJ^JaJ h�3uCJOJQJ^JaJ #h�3uh�3u5�CJOJQJ^JaJ h�d5�CJOJQJ^JaJ hn(PCJOJQJ^JaJ h1shhn(PCJOJQJ^JaJ h1shh1shCJOJQJ^JaJ h1shCJOJQJ^JaJ #h�3uhn(P5�CJOJQJ^JaJ h�3u5�CJOJQJ^JaJ M  Z ����������  [\]y��������������������� $da$gdU�dgdU� $da$gdn(P $d�a$gdn(Pd�gd�dd�gd�3ud�gd1shd�gdn(P�����������  )-./���Ķī���|paTG:-hU�h�^�CJ^JaJhU�h�{CJ^JaJhU�hKT#CJ^JaJhU�h$DCJ^JaJ hn(Phn(PCJEH��^JaJhn(Phn(P5�CJaJhn(Phn(PaJ hn(Phn(P5�CJ OJQJaJ +hn(Phn(P5�:�B*CJ OJQJaJ phhn(Phn(PCJaJ jhn(PUmHnHuhn(Phn(P5�CJaJ hn(Phn(PCJOJQJ^JaJ hn(PCJOJQJ^JaJ h�dhn(PCJOJQJ^JaJ /01456; $$If�F���0J �#J ��0��������#�������� ��� ���4�4� Fa�Fyt'4�DER��{{ $Ifgd'4�{kd�$$If�F���0J �#J ��0��������#�������� ��� ���4�4� Fa�Fyt'4����2�{{ $Ifgd'4�{kd|$$If�F���0J �#J ��0��������#�������� ��� ���4�4� Fa�Fyt'4�234����  ���||t||||d||����d�]��^��gd'4�dgdU�dgdU�{kd$$If�F���0J �#J ��0��������#�������� ��� ���4�4� 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