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(Discutido y aprobado en sesi�n de 30 de julio de 2002.) Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por la sociedad llamada en garant�a, contra el auto calendado a 17 de agosto de 2001 proferido por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de la ciudad, dentro del proceso de la referencia,.
ANTECEDENTES 1. El Juez del conocimiento, mediante providencia de 6 de junio de 2001, decret� las pruebas que las partes solicitaron en su debida oportunidad, decisi�n que la Aseguradora Colseguros solicit� adicionar con el fin de que, de un lado, se dispusiera �que los documentos emanados de terceros fueran reconocidos por sus presuntos suscriptores�; y del otro, para que de conformidad con el numeral 1� del art�culo 10 de la Ley 446 de 1998, se tuviera en cuenta el �experticio t�cnico� que present� para suplir �cualquier peritazgo de esta �ndole� (fl. 241, cdno. 1). 2.
Mediante auto de 17 de agosto de la misma anualidad, la Juez del conocimiento deneg� la adici�n en cuesti�n y, en su lugar, decret� �la prueba pericial solicitada por la empresa demandada�, al considerar que �el referido experticio fue aportado como prueba documental (folio 408 del cuaderno 5), sin que se realizara menci�n alguna para que fuera tenido en cuenta como dictamen pericial, dentro de los t�rminos dados por el art�culo 10 de la ley 446 de 1998�.
A�adi� que el reconocimiento de los documentos no era procedente, pues el numeral 2� ib., �faculta a la parte contraria a la que aport� documentos emanados de terceros para solicitar su ratificaci�n, esto es, para solicitar el tr�mite previsto en el numeral 2� del art�culo 277 del C�digo de Procedimiento Civil, diligencia que dista sustancial y procesalmente de la de reconocimiento, establecida en el art�culo 272 ib�dem, y la cual s�lo puede ser solicitada por la parte que presente un documento, para que el autor de aqu�l lo reconozca� (fls. 244 a 247, cdno. 1). 3.
La aseguradora llamada en garant�a, interpuso contra dicho pronunciamiento los recursos de reposici�n y apelaci�n, sobre la base de que la Ley 446 de 1998, invirti� la carga de la prueba en cuanto a la ratificaci�n de documentos emanados de terceros, de imposible cumplimiento, porque �la parte contra que se aduce el documento, desconoce la identidad de su fuente� y porque �al desconocerse la persona quien produce el documento privado, no puede precisar cual es su nombre, su domicilio o residencia y las circunstancias precisas en que el documento se produjo� (sic), con lo cual �la parte contra quien se aduce el documento privado emanado de tercero est� en imposibilidad cognoscitiva de satisfacer los requisitos de los art�culos 277 y 219 ya citados� (fl. 254, cdno. 1).
En cuanto a la experticia, la parte recurrente sostuvo que debe darse en traslado �para que este se perfeccione a trav�s de la contradicci�n probatoria y asuma la forma de peritazgo�, t�rmino en el cual su contraparte puede pedir �la adici�n o aclaraci�n� de la misma u objetarla (fl. 256, cdno. 1). 4. Mediante providencia de 2 de abril de 2002, el Juzgador de primer grado deneg� el recurso de reposici�n y concedi� el subsidiario de apelaci�n, del cual se ocupa la Sala.
CONSIDERACIONES 1. Con miras a resolver el recurso de apelaci�n, en lo que tiene que ver con el reconocimiento solicitado por la sociedad llamada en garant�a, conviene se�alar que los requisitos que determinan la eficacia probatoria de los documentos emanados de terceros, no se identifican con los que se exigen para aquellos que provienen de las partes.
Mas a�n, las formalidades legales para que unos y otros puedan ser apreciados por el Juez, difieren en consideraci�n a su naturaleza, pues al paso que los de �ndole dispositiva o simplemente representativa, s�lo pueden ser estimados cuando son aut�nticos (num. 1 art. 277 C.P.C.), los meramente declarativos no requieren de ninguna formalidad especial, �salvo que la parte contraria solicite su ratificaci�n� (num. 2� art. 10 Ley 446 de 1998�.
De all� que esta Sala, en anterior oportunidad, haya precisado que �no se pueden entremezclar las distintas hip�tesis, como si fueran una sola, para exigir frente a todo tipo de documentos, los requerimientos que la ley demanda para la eficacia probatoria de los que provienen de las partes�, tesitura que se encuentra consonante con la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Civil de la Corte Suprema de Justicia, conforme a la cual, �cuando se trate de documentos declarativos, su eficacia probatoria estar� condicionada al car�cter aut�ntico del mismo, �nicamente cuando provenga de las partes, tanto m�s si son de contenido confesional; pero si dichos documentos emanan de un tercero, podr� el Juez estimarlos sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificaci�n� (se subraya). 2.
Puntualizado lo anterior, cumple anotar que, en el caso sub lite, la sociedad llamada en garant�a no solicit� la ratificaci�n en cuanto a los documentos emanados de terceros que fueron aportados como prueba al proceso, aduciendo desconocer el nombre, domicilio o residencia de los suscriptores de los mismos. Empero, para el Tribunal es claro que dicho argumento no es suficiente para justificar que, a cambio de la ratificaci�n, se hubiere solicitado el reconocimiento, toda vez que esta diligencia, cuyo objeto es verificar la autenticidad del documento, no cumple el prop�sito que se persigue a trav�s de aquella otra, consistente en establecer, por v�a testimonial, si la versi�n de los hechos plasmada en el documento, corresponde a la que realmente tiene el testigo.
Al fin y al cabo, el documento declarativo emanado de terceros es, en �ltimas, un testimonio. De all� que la ley no afinque la eficacia probatoria de dichos documentos, en la autenticidad de los mismos, sino en su ratificaci�n, caso de ser solicitada por la contraparte, lo que permite arribar a la conclusi�n, de que la mencionada diligencia de reconocimiento, no quita ni pone ley, por lo que es ineficaz al prop�sito que busca el legislador.
Por supuesto que la circunstancia de que no se conozca el lugar de residencia de la persona que firma el documento, no autoriza transmutar la diligencia de ratificaci�n por otra, toda vez que lo relevante es que, solicitada esta �ltima, mientras ella no se practique, el documento no podr� ser valorado por el Juzgador. Importa destacar que esa formalidad no se predica para todo tipo de documentos emanados de terceros, como atr�s se indic�, pues en lo que ata�e a los de �ndole dispositiva, como son, por ejemplo, la mayor�a de las facturas aportadas con la demanda, el Juez debe acudir a las reglas que le sean propias para este tipo de documentos, sin que, por ende, le sea permitido apreciarlos al amparo de las disposiciones especiales que gobiernan la eficacia probatoria de los que emanaron de terceros, que sean meramente declarativos (num. 2� art. 10 Ley 446 de 1998).
En consecuencia, como la parte apelante no solicit� la ratificaci�n en cuesti�n, sino el reconocimiento de unos documentos, con espec�fica referencia a los declarativos provenientes de terceros y no a los dispositivos, es clara la improcedencia de la prueba solicitada, lo que significa que la providencia apelada, por lo menos en cuanto al punto analizado, debe confirmarse. 3.
Ahora bien, en lo que toca con el documento aportado por la aseguradora llamada en garant�a para que sea tenido en cuenta como prueba pericial, es importante puntualizar que, ciertamente, la Ley 446 de 1998, consagr� la posibilidad de que �cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas�, presente �experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados� (num. 1�, art. 10, ib.), caso en el cual, para que esos dict�menes tengan eficacia probatoria, �nicamente se requiere que sean sometidos a contradicci�n. Por supuesto que la sola circunstancia de que se aporten bajo el ep�grafe de prueba documental, no les quita el car�cter de prueba pericial, como equivocadamente lo indic� el a quo.
A este respecto, resulta �til precisar que, en la hora actual, la peritaci�n no exige a manera de conditio sine qua non que, en todos los casos, sea el Juez quien designe los peritos (nral. 1�, art. 9� y nral. 2�, art. 236 C.P.C.); tampoco es indispensable que �previamente- se les posesione (nrles. 2 y 3, 236, ib.), o que, para su pr�ctica, sea necesario permitir a las partes o a sus apoderados, hacer observaciones y precisar los ex�menes y experimentos (nral. 4�, art. 237 ib.).
M�s a�n, en el estado actual de la legislaci�n, el concepto unilateral que un experto rinda a una de las partes, no tiene el simple valor de alegaciones, como lo establec�a el numeral 7� del art�culo 238 del C.P.C. A partir de la vigencia del decreto 2651 de 1991, y luego a trav�s de la Ley 446 de 1998, se habilit� a las partes para que, de com�n acuerdo, presentaran dict�menes periciales �emitidos por cualquier persona natural o jur�dica� (nral. 1�, art. 21, Dcto. 2651/91), sin perjuicio de que cualquiera de ellos, �en las oportunidades procesales para solicitar pruebas�, pueda �presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados� (nral. 1�, art. 10 Ley 446/98), casos en los cuales no es necesario, por sustracci�n de materia, que se satisfagan las mencionadas exigencias previas para la producci�n del dictamen pericial, que deber� ser sometido a contradicci�n, en los t�rminos de los art�culos 238 y ss. del C.P.C. De manera que no es extra�a la presentaci�n de experticias por alguna de las partes, para que surta los efectos del dictamen pericial correspondiente.
Y ello puede acontecer en cualquier proceso, sea de naturaleza declarativa, como el ordinario, el abreviado o el verbal, o de estirpe ejecutiva, como el singular o el hipotecario (por ejemplo: para el aval�o de bienes), casos en los cuales, bastar� que la experticia se presente dentro de la oportunidad prevista para ello, para que el Juez se vea relevado de decretar otra sobre el mismo punto (art. 233 C.P.C.), a menos que exista contradicci�n entre los varios que se presenten.
Es entendido que tales dict�menes, adem�s de la firmeza, precisi�n y calidad de sus fundamentos (art. 241 C.P.C.), deben indicar el nombre del perito o peritos que emiten el concepto, e igualmente se�alar los datos que permitan establecer la competencia de aquellos, en orden a garantizar su contradicci�n. Pero adem�s, por expreso requerimiento legal, es indispensable que se presenten �autenticados como se dispone para la demanda� (inc. 2, nral. 1�, art. 21 Dcto. 2651/91), lo que permite establecer con certeza, qui�n es el autor de la experticia. En el caso que ocupa la atenci�n de la Sala, de las copias de la actuaci�n procesal surtida en primera instancia, se colige que la supuesta experticia aportada por la aseguradora (fls. 18 al 69, cdno. 5), no aparece firmada por la persona o personas que la elaboraron, ni por el representante legal de la sociedad que se anunci� como autora de la misma, esto es, Estudios y Asesor�as Ltda. (cuyo certificado de existencia y representaci�n, tampoco se acompa��) y, menos a�n, cumple con el requisito de autenticidad exigido por la ley.
Aunado a lo anterior, la referida experticia no se refiere a todos los aspectos sobre los cuales la parte demandada solicit� el dictamen pericial que fue decretado por el a quo, toda vez que aquella �nicamente se dirigi� a establecer las posibles causas que dieron lugar a �la inundaci�n ocurrida el 14 de mayo de 1996, en el barrio San Benito de Bogot� ocasionada por el r�o Tunjuelito, espec�ficamente los �tems que da cuenta la p�gina 2 del documento (fl. 20, cdno. 5), sin que, por ende, se extienda a temas como �la clase de materiales que aportan como contaminantes y obstructores de las redes de alcantarillado; las industrias del cuero ubicadas en el sector; el estado de las redes de alcantarillado, la verificaci�n de las respectivas licencias de funcionamiento y de la invasi�n de las zonas de la ronda, as� como la verificaci�n de los mantenimientos realizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot� �Esp-, en el sector, para la �poca de los hechos� (fl. 203, cdno. 1), puntos sobre los que, obviamente, se deben pronunciar los peritos designados por el Juzgado. 4.
Surge de todo lo anterior que el auto apelado debe confirmarse. DECISI�N En m�rito de las motivaciones que preceden, el Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogot�, D.C., en Sala Civil de Decisi�n, CONFIRMA el auto de 17 de agosto de 2001, proferido por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de la ciudad, dentro del proceso de la referencia. Costas del recurso a cargo de la sociedad apelante.
Liqu�dense.
NOTIFIQUESE. MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ Magistrado RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS Magistrado CLARA BEATRIZ CORTES DE ARAMBURO Magistrada. Tribunal Superior, auto 31 de julio de 2002. Exp. 0981. Sentencia, marzo 18 de 2002, exp. 6649. PAGE 5 Rep�blica de Colombia 3019980266 02 Tribunal Superior de Bogot� D.C. Sala Civil PAGE 10 Rep�blica de Colombia 3019980266 02 Tribunal Superior de Bogot� D.C. Sala Civil J��L;Hv����������� h$m$�$�$x1}1f2k2W5_5�5s6�6�6�6B7C7D7F7~77�7�7�7�7�7�7���������������������㿴����������㪣����������0J j0JUCJOJQJ^J j0JUOJQJ^JOJQJ\�]�^J6�OJQJ\�]�^JOJQJ\�^J>*OJQJj0JOJQJU5�OJQJ\�]�^JOJQJ]�^J<�OJQJOJQJ5�OJQJ]�^J3(3JK_{|��KLP:;HI{}������u���������������������������dh$dha$$dha$C7�7:���uv������89�� �!�!o$p$**�,�,�.�.�0�055���������������������������dh$dha$$dha$5U5V5W5`5a5r6s6�6�6�6�6�6�6�6�6�6777767C7~7�7�7�������������������������$a$$dha$$dha$$dha$dh�7�7�7�7�7�7�7Q8_8�8�89 9999979G9H9�9�9�9�9�9�9�9::����������������Ț��OJQJ]�^JCJOJQJ@���CJOJQJ]�^J@���CJOJQJ]�j?6�@���CJOJQJUCJOJQJ^J@���CJOJQJ]�^Jj6�@���CJOJQJU6�@���CJOJQJ0J j0JU0JmHnHu�7�7�7�7�7_8�8�8�8�8�8�89979�9�9�9�9:::::�����������������������$dha$$a$����&`#$2 00&P P��. �I!��"��#�� $��%�����?Dd�t=�T� � ��0����Y���_���_���A�����2��,N�R����:�<A�sDW`!�k�,N�R����:�<A�=9��� 9�x��Mo�FzNj�=���p�@Q9�,0�\��V�M��Sr���1�X-2)��o��2_$���A��\ 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