Micelio

AUTO — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 372001089201

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Piedad Cecilia Manrique De Camacho.

Fecha: 2002-02-06

Sujetos procesales: BANCO DAVIVIENDA S.A / LUZ MARINA CANTOR CARVAJAL Y OTRO.

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Magistrada Ponente: Dra. PIEDAD CECILIA MANRIQUE DE CAMACHO. (Discutido y aprobado en sesi�n del 6 de febrero de 2002). Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte actora contra el auto del d�a 3 de octubre de 2001, proferido por el Juzgado Treinta y Siete del Circuito de esta ciudad. I.

ANTECEDENTES: 1. Al concluir que de la demanda de la referencia no pod�a conocer de ella por falta de competencia, el a quo la rechaz� in limine, disponiendo su devoluci�n junto con los anexos, sin necesidad de desglose. 2. Dicho rechazo se sustent� en que seg�n el ac�pite de notificaciones, los accionados residen en el Municipio de Fusagasuga (Cund), y que el inmueble hipotecado igualmente se ubica en dicha poblaci�n. 3.

Por la parte actora, se presentaron los recursos de reposici�n y apelaci�n. Estos se sustentaron en que el juzgado de primer grado, no tuvo en cuenta lo dispuesto en el numeral 5 del art�culo 23 del C. de P. Civil, mediante el cual, en los procesos a que diere lugar un contrato, ser� tambi�n competente el juez del lugar de su cumplimiento. 4.

Como quiera por auto del d�a 25 de octubre de 2001 se sostuvo por el funcionario de primera instancia el prove�do censurado, concedi� la alzada incoada subsidiariamente que le otorg� competencia funcional al Tribunal para conocer del presente asunto. II. CONSIDERACIONES: 1. La competencia es la medida o porci�n en que la ley atribuye la potestad de administrar justicia de la cual es titular el Estado, asign�ndola a los distintos despachos judiciales para conocer de determinados asuntos, y bien sabido es que, en esta distribuci�n, no son suficientes reglas de car�cter objetivo o las orientadas por la calidad de las partes, puesto que existe pluralidad de �rganos de id�ntica categor�a en el territorio nacional y se requiere de criterios de reparto horizontal de competencia entre ellos para saber a cu�l corresponde entender de cada asunto en concreto.

Para llegar a la aludida determinaci�n, entonces, ha creado la ley fueros que, en principio, se gu�an por relaciones de proximidad " sea del lugar donde se encuentran las partes o bien de la radicaci�n geogr�fica del objeto del litigio, con la circunscripci�n territorial dentro de la cual dichos �rganos est�n facultados para ejercer leg�timamente la potestad jurisdiccional ", y siguiendo este criterio general, es as� como en materia civil la ley estableci�, en el numeral primero del art�culo 23 del C�digo de Procedimiento Civil, un fuero general consistente en que "en los procesos contenciosos, salvo disposici�n en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado ", precepto acerca de cuyos alcances, la Corte Suprema de Justicia indic� en la sentencia de 18 de marzo de 1988 citada y transcrita por el a quo.

En s�ntesis, la regla general para tomar en consideraci�n en orden a fijar la competencia en raz�n del factor territorial, es la determinada por el fuero personal, b�sicamente consagrada, seg�n acaba de verse, en el referido numeral 1o del art�culo 23 del C�digo de Procedimiento Civil, es decir, el domicilio del demandado; a este precepto el numeral 3o. ib�dem agrega que siendo dos o m�s los demandados, ser� competente el juez del domicilio de cualquiera de ellos, a elecci�n del demandante. 2.

No obstante lo anterior, por expresa disposici�n legal y atendiendo las circunstancias propias de cada proceso, para determinar el factor territorial de competencia, junto con el referido fuero pueden operar de modo concurrente por elecci�n o concurrente sucesivamente, otros consagrados de modo espec�fico, como lo es el lugar de ubicaci�n del inmueble o el lugar convenido para el cumplimiento del contrato, entre otros.

Al efecto debe tenerse en cuenta que el r�gimen procesal colombiano hace distinci�n entre la competencia privativa o exclusiva y la preventiva o concurrente: "es de la primera especie la que se ejerce por determinado juez, con exclusi�n de los dem�s; y de la segunda, aqu�lla que puede ser ejercida por dos o m�s jueces distintos, m�s no simult�neamente sino en forma tal que el primero en ejercerla previene en el conocimiento". 3.

En el caso sub-ex�mine, es evidente que los ejecutados no tienen su lugar de residencia en el Distrito Capital dado que residen en la misma poblaci�n donde se localiza el inmueble objeto de hipoteca �Fusagasug� Cund-, lo que determina que por los fueros personal y real antes aludidos, de la acci�n no pod�a conocer el a quo, como tampoco lo pod�a hacer con fundamento en el fuero contractual, dado que aquella se sustent� en la falta de pago de la obligaci�n que recoge el pagar� n�mero 0570032100005878, esto es, que la fuente de recaudo es un t�tulo valor y no el contrato de mutuo alegado por la parte actora.

Como bien lo sostuvo el juez de instancia retomando los criterios que al respecto ha esbozado nuestro m�ximo Tribunal de Justicia en lo que respecta a la Jurisprudencia ordinaria, el lugar donde ha de realizarse el pago de la obligaci�n, no es procedente para determinar la competencia, dado que aqu�l s�lo muestra es ese espec�fico aspecto de aquella, m�xime cuando el t�tulo valor como tal, no denota por s� solo una relaci�n de tipo contractual como para que sea predicable la competencia preventiva consignada en el numeral 5 del art�culo 23 del C. de P. Civil.

Al respecto, la Corte expres�: 2.- Ahora bien, en lo tocante a la ejecuci�n para la cancelaci�n forzada de un t�tulo valor, como es el caso de la letra de cambio, rige la regla general aludida anteriormente, dado que los par�metros que fijan los art�culos 621, 677 y 876 del C�digo de Comercio se refieren al fen�meno sustancial del pago voluntario del importe del t�tulo valor y no de su cobro compulsivo.

Sobre el punto dijo esta Corporaci�n en auto del 9 de Octubre de 1.992 lo que sigue: "contrario a las previsiones de los art�culos 621, 677 y 876 del C�digo de Comercio sobre el lugar de cancelaci�n del importe de un t�tulo valor como la letra de cambio, disposiciones atinentes al fen�meno sustancial del pago voluntario del instrumento, la acci�n de cobro compulsivo consagrada en favor del titular del cr�dito en �l incorporado (Art.488 del C. de P.C.) descarta la aplicaci�n de dichos preceptos, porque el �ltimo de esos fen�menos se enmarca dentro de los postulados del C�digo de Procedimiento Civil, que regula en su art�culo 23 lo concerniente al lugar en que ese cobro ejecutivo debe efectuarse, al prever en su numeral 1o. como regla general que, salvo disposici�n legal en contrario, es el juez del domicilio del demandado el competente para conocer de los "procesos contenciosos", al acogerse all� el principio "actor sequitur forum rei". 3.- Igualmente, ha sostenido la Corte, que para el cobro de una obligaci�n contenida en un t�tulo valor, tampoco puede darse aplicaci�n al numeral 5o. del art�culo 23 del C�digo de Procedimiento Civil, que da la posibilidad de presentar la demanda en el lugar de cumplimiento de la obligaci�n o en el lugar del domicilio del demandado, a elecci�n del demandante, como quiera que tal numeral se refiere a los procesos que tengan origen en una relaci�n contractual y si bien el t�tulo valor puede corresponder a una relaci�n de este tipo, no siempre lo es, "y mientras la acci�n instaurada sea la cambiaria de cobro y no alguna de tipo contractual, no hay raz�n para aplicar esta disposici�n".

(auto del 15 de Junio de 1.994). 4. Fluye de las anteriores consideraciones que el auto objeto de alzada ha de sostenerse. Empero, como se observa que el juez de primera instancia aplic� indebidamente el inciso 4 del numeral 7 art�culo 85 del C. de P. Civil, dado que a pesar de encontrar que el competente lo era el Juzgado con sede en Fusagasuga, dispuso la entrega de la demanda y sus anexos a la parte actora cuando debi� disponer su remisi�n a aqu�l, dado que el rechazo no se debi� a la falta de jurisdicci�n, como es el supuesto que reclama la norma para que se obre tal lo hizo el a quo ante el rechazo del libelo inicial.

III. DECISI�N. Por m�rito de las motivaciones que preceden, este Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogot�, D.C., en Sala Civil de Decisi�n,

RESUELVE

1. MODIF�QUESE la decisi�n adoptada en el auto materia de apelaci�n, en el sentido de que en virtud al rechazo por falta de competencia, el a quo REMITAR� la demanda y sus anexos al Juzgado Civil del Circuito de Fusagasug� (Cund), para que conozca de ella. 2. Sin costas de la instancia, al no aparecer causadas (num. 8 art. 392 C. de P. Civil).

C�PIESE Y NOTIF�QUESE. PIEDAD CECILIA MANRIQUE DE CAMACHO Magistrada JOS� DEL CARMEN VEGA SEP�LVEDA EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Magistrado Magistrado.  Providencia de 18 de octubre de 1989.  Auto de 20 de enero de 1984). (Cas. Civil, auto A-005/96, Magistrado Ponente Dr. Dr. CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS.  Auto A-011/96 Mag. Ponente Dr. Pedro Lafont Pianetta.

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