2002 - 3222 A · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� 9 ��bjbj�� $��l�)��lnnnnnnn�ZZZ8��D�6,x��.$$$$$$�(�(�(�(I?)<{*<�+$�- �/��+n$$$$$�+nn$$�+$pn$n$�($�(ft"�(hnn�($��FK��(��Z�Lh(�($,06,x(X�0�.�0�(�F��nnnn� REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL Bogot� D.C., Magistrado Ponente: RICARDO ZOPO MENDEZ REF: EMPRESA COLOMBIANA DE PETR�LEOS ECOPETROL VS MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. (Rad. 3222 A) Decidido en Sala de Mayo 7 de 2002 Acta No. 14 de la misma fecha.

Se pronuncia la Sala a prop�sito del recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de esta ciudad, en el proceso de la referencia. A N T E C E D E N T E S 1.- La Demanda Mediante gestor judicial, acudi� la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS �ECOPETROL� a formular demanda contra la sociedad MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., para que previos los tr�mites del proceso ordinario se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: 1.1.

Que se declare que la sociedad MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. (antes SEGUROS DEL CARIBE S.A.) incumpli� con sus obligaciones derivadas del contrato de seguros No 22569, p�liza de seguros de cumplimiento en favor de entidades oficiales. 1.2. Que se condene a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. al pago de treinta y nueve millones doscientos cuarenta y tres mil setecientos diez pesos con noventa y tres centavos ($ 39.243.710.93), como obligaci�n a su cargo. 1.3.

Que se condene a la parte demandada al pago de los intereses moratorios de que trata el articulo 1.080 del C. de Co. 2. Como fundamentos f�cticos que respaldan las pretensiones, expuso el demandante los que a continuaci�n se resumen: 2.1. Con fecha 25 de noviembre de 1.986 la Empresa Colombiana de Petr�leos ECOPETROL y la Societe Auxiliaire D�entreprises SAE suscribieron el contrato LEG (A) 259-86 para la construcci�n en tuber�a enterrada de un oleoducto. 2.2.

Con fecha 2 de diciembre de 1.986 la sociedad Societe Auxiliaire D�entreprises SAE en su calidad de tomador adquiri� la p�liza de cumplimiento n�mero 22569 de Seguros del Caribe S.A. (actualmente Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.) en la cual el asegurado y beneficiario es la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL. 2.3. La p�liza fue expedida para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surgieran por reclamaciones laborales de trabajadores vinculados al contrato LEG (A) 259-86, teniendo vigencia dicha p�liza durante la duraci�n del contrato, esto es dieciocho meses, y tres a�os m�s. 2.4.

Con fecha 15 de Enero de 1.987 se efectu� una pr�rroga de la p�liza 22569, extendiendo su vigencia hasta el 15 de Julio de 1.991. 2.5. Con fecha abril 20 de 1.989 se efectu� una nueva pr�rroga de la p�liza citada extendiendo su vigencia hasta el 11 de mayo de 1.992. 2.6. Con fecha 10 de octubre de 1.989 SEGUROS DEL CARIBE S.A. (actualmente MAPFRE S.A.) confirm� que en caso de un fallo adverso para ECOPETROL responder�a con la p�liza 22569 una vez quedara ejecutoriado el fallo de la justicia laboral que condenara al pago a la Empresa. 2.7.

El se�or Jorge Arturo Almonacid Galvis, extrabajador de SAE demand� en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogot�, a las sociedades ECOPETROL y SAE. 2.8. Con fecha 25 de marzo de 1.994 el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogot�, profiri� sentencia dentro del proceso de Jaime Almonacid Galvis contra Societe Auxiliaire D�ntreprises S.A. SAE y ECOPETROL; en dicha sentencia se conden� a SAE al pago de una suma determinada de dinero y se absolvi� del pago a ECOPETROL. 2.9.

La decisi�n del Juzgado fue apelada por las partes y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot�, profiri� fallo el 21 de abril de 1.995 en que se resolvi� declarar a ECOPETROL solidariamente responsable por el pago de todas las condenas. 2.10. Contra la decisi�n del Tribunal interpusieron tanto ECOPETROL como SAE recurso de Casaci�n. En el fallo proferido por la H. Corte Suprema de Justicia-Sala Laboral, el 25 de septiembre de 1.996, la Corte no cas� la sentencia proferida por el Tribunal y en consecuencia la sociedad SAE y ECOPETROL quedaron obligadas al pago solidario de la suma total de treinta y un millones quinientos setenta y ocho mil setecientos dieciocho pesos (31.578.718.97), m�s las costas. 2.11.

Ante este hecho, con fecha 3 de octubre de 1.996, ECOPETROL envi� a Mapfre (anteriormente Seguros del Caribe S.A.) una comunicaci�n por medio de la cual se present� la reclamaci�n de la p�liza 22569, a fin de que se efectuara el pago de las sumas relacionadas en el numeral anterior. 2.12. Dicha reclamaci�n no fue objetada ni en tiempo, ni en forma seria y fundada por Mapfre ni tampoco pag� la obligaci�n a su cargo. 2.13.

Mediante comunicaci�n del 4 de marzo de 1.997 ECOPETROL orden� a la tesorer�a de dicha entidad el dep�sito de la suma de $ 39.243.710.93 por concepto de la condena y costas, dep�sito que se efectu� en el Banco Popular el 5 de marzo de 1.997 en el proceso de JAIME ARTURO ALMONACID GALVIS contra SAE y ECOPETROL del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito. 2.14.

El d�a 19 de junio de 1.997, a solicitud de Mapfre, se le enviaron al se�or Jos� Fernando Zarta copia de unos documentos por ellos solicitados, como consecuencia de conversaciones sostenidas sobre los hechos involucrados con la presente demanda. 2.15. El d�a 15 de julio de 1.997 Mapfre en respuesta al env�o de los documentos mencionados en el numeral anterior, envi� a Ecopetrol una comunicaci�n en la cual es evidente la mala fe y la falta de �tica de la aseguradora.

Tr�mite 3.1. Admitida la demanda, y notificado el auto admisorio de ella a la sociedad demandada por intermedio de su representante legal, dicha sociedad aseguradora se opuso dentro del t�rmino legal a la prosperidad de las pretensiones del libelo introductorio, formulando como excepciones de m�rito las que denomin� �Compensaci�n�, �Prescripci�n�, �Inexigibilidad de la indemnizaci�n� y �Gen�rica�, las cuales fundament� diciendo que desde la fecha de terminaci�n del amparo ( 11 de mayo de 1.992) hasta la presentaci�n de la demanda transcurri� el tiempo previsto por la ley para la prescripci�n de las acciones derivadas del contrato de seguro; que entre Ecopetrol y la sociedad SAE el 10 de octubre de 1.989 se suscribi� un acta mediante la cual la segunda cre� un fondo con sus propios recursos para atender el pago de las reclamaciones laborales y otras; que Ecopetrol mediante comunicaci�n DAL-548 calendada el 22 de octubre de 1.996, suscrita por Carlos E. Martelo Lozano, Jefe del Departamento de Asesor�a Legal, dirigida a Victoria Eugenia G�mez Marroqu�n se comprometi� a pagar la reclamaci�n de Jaime Arturo Almonacid Galvis con parte de los dineros depositados en el fondo creado el 10 de octubre de 1.989; que la actora no dio cumplimiento a las obligaciones contractuales para obtener el pago del siniestro; y finalmente que Ecopetrol es deudora de la Societe Auxiliaire D�entreprises.

Surtido el traslado de las excepciones formuladas por la sociedad demandada, el Juez de conocimiento cit� a las partes a la audiencia de que trata el art�culo 101 del C. de P.C., la cual fracasada permiti� que se abriera el proceso a pruebas, las que una vez recaudadas dieron paso a la etapa de alegaciones que aprovechada por ambas partes precedi� a la definici�n del litigio mediante sentencia en la que el juzgador de instancia declar� probada la excepci�n de prescripci�n presentada por el apoderado de la parte demandada y en consecuencia dio por terminado el proceso y conden� en costas a la parte actora.

Fund� su decisi�n el A-quo en que el siniestro se produjo con la providencia que profiri� el Tribunal Superior de Bogot� mediante la cual se conden� solidariamente a la Societe Auxiliaire D'entreprises SAE y a ECOPETROL a pagar al se�or Jaime Arturo Almonacid Galvis el valor de unas acreencias laborales, y no cuando se profiri� la sentencia mediante la cual la H. Corte Suprema de Justicia-Sala Laboral decidi� no casar el fallo de segundo grado, por cuanto el recurso de casaci�n no es una instancia sino un medio impugnativo de naturaleza extraordinaria, lo que permite afirmar que el fallo de la justicia laboral qued� ejecutoriado con la decisi�n del Ad-quem (21 de abril de 1.995), cumpli�ndose en tal �poca el evento previsto por las partes como configurativo del siniestro mediante oficio del 10 de octubre de 1.989 emanado de Seguros del Caribe S.A. (Hoy Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.); que en consecuencia los t�rminos prescriptivos de que trata el art�culo 1.081 del C. de Co. deben empezar a contabilizarse desde el momento en que Ecopetrol conoci� la ocurrencia del siniestro (21 de abril de 1.995), por lo que a la fecha de presentaci�n de la demanda (13 de enero de 1.998) hab�an transcurrido ininterrumpidamente dos a�os, lo que implica que prescribi� la acci�n derivada del contrato de seguro; que no puede admitirse la compensaci�n de obligaciones propuesta por Mapfre Seguros Generales de Colombia, puesto que de un lado, no existe reciprocidad de obligaciones entre tal aseguradora y la demandante, y del otro Mapfre admiti� su intenci�n de no compensar; y finalmente que mal podr�a Ecopetrol tomar dineros del fondo constituido por SAE para cancelar las acreencias laborales que se le deb�an al se�or Almonacid Galvis, cuando se determin� que solo se podr�an cubrir con tales dineros los cr�ditos que se relacionan en el acta suscrita el 10 de octubre de 1.989, dentro de la cual no se enlist� el del mencionado se�or. 3.2.

Notificada la decisi�n, la parte actora interpuso recurso de apelaci�n el cual fundament� argumentando que entrat�ndose de la justicia laboral por su especial�sima naturaleza no se concibe la ejecuci�n provisional de las sentencias de segundo grado como s� se contempla en materia procesal civil, lo que implica que los fallos proferidos en segunda instancia atacados por v�a del recurso extraordinario de casaci�n quedan ejecutoriados una vez decidido el medio impugnativo de excepci�n contra ellos interpuesto, por lo que es desde tal �poca que deben empezar a contabilizarse los t�rminos de prescripci�n de las acciones contractuales derivadas del seguro; que se interrumpi� naturalmente el t�rmino prescriptivo por el reconocimiento expreso que de la obligaci�n de indemnizar hizo Mapfre en comunicaci�n del 7 de noviembre de 1.996, en la que adem�s solicit� una concesi�n a Ecopetrol, a saber, que afectara la p�liza y, mejor, que tomara dineros del fondo constituido por la empresa asegurada a fin de pagar la condena en favor del se�or Almonacid; y finalmente que el juez de primera instancia no ten�a facultades para reconocer una prescripci�n que no fue alegada por la demandada, en este caso la prescripci�n ordinaria, y cuyo silencio implica una renuncia t�cita.

C O N S I D E R A C I O N E S 1. Presupuestos Procesales No admiten reparo para esta Sala los llamados presupuestos procesales, presentes como se encuentran la capacidad procesal de las partes para acudir al proceso, la demanda en forma, la competencia del juez y el adecuado tr�mite impartido; todo lo cual permite, aunado a la ausencia de vicio con idoneidad anulatoria, proferir la decisi�n de fondo que corresponda. 2.

Del contrato de seguro Sustent�ndose la pretensi�n invocada en la existencia de un contrato de seguro y su posterior incumplimiento por parte de la entidad aseguradora, la Sala estudiar� la figura, y determinar� en primer lugar si en efecto se celebr� el referido contrato y en segundo lugar si hubo el incumplimiento alegado. 2.1. Como bien es sabido, nuestro actual estatuto mercantil no define el contrato de seguro, hecho este que no obsta para que se hayan intentado varias definiciones del mismo.

En efecto en reiteradas oportunidades nuestra jurisprudencia ha sostenido que el contrato de seguro es aquel negocio jur�dico �por virtud del cual una persona -el asegurador- se obliga a cambio de una prestaci�n pecuniaria cierta que se denomina �prima�, dentro de los l�mites pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, a indemnizar al �asegurado� los da�os sufridos, o dado el caso, a satisfacer un capital o una renta, seg�n se trate de seguros respecto de intereses sobre cosas, sobre derechos o sobre el patrimonio mismo, supuestos en que se les llama de �da�os� o de �indemnizaci�n efectiva�, o bien de seguros sobre las personas cuya funci�n, como se sabe, es la previsi�n, la capitalizaci�n y el ahorro.� (C. S. de J. Cas.

Civil 24 de Enero de 1.994, M.P. Dr Carlos Esteban Jaramillo Scholss) De la definici�n anterior, se tiene que siendo diversos los riesgos que pueden ser objeto de amparo, existen varias clases de seguros, entre los cuales cabe destacar merced a su importancia dentro del asunto bajo ex�men, el llamado seguro de cumplimiento. Dicho seguro, emana de la Ley 225 de 1.938, cuyo fin era hacer viable el amparo del riesgo de incumplimiento de las obligaciones y prestaciones derivadas de la ley o del contrato en que pudieran incurrir el obligado o una de las partes contratantes.

Es decir, que la obligaci�n de amparar el riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales, y en especial el riesgo de incumplimiento en el pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones, hunde sus ra�ces entre otros, en la Ley 225 de 1.938 que fue la primera que reglament� la materia, en el Decreto 222 de 1.983 y en las disposiciones del C�digo Sustantivo del Trabajo (art 34 modificado por el art. 3 Decreto-Ley 2351 de 1.961).

En la actualidad, el seguro de cumplimiento tiene sustento legal en los art�culos 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1.993, o Estatuto de la Contrataci�n Administrativa, y 16 del Decreto 679 de 1.994, que se�alan como una de las obligaciones del contratista prestar garant�a que avale el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato estatal a cargo de los contratistas, bien sea durante la fase precontractual, de celebraci�n del contrato, de ejecuci�n o de liquidaci�n del mismo.

As� las cosas como lo ha se�alado nuestra jurisprudencia, el seguro de cumplimiento en nuestro ordenamiento tiene como fin asegurar las entidades de la administraci�n p�blica �contra la eventualidad de incumplimiento por parte del contratista en cuanto a las estipulaciones pactadas sobre t�rminos, condiciones y especificaciones contractuales� (C. de E. Secci�n Tercera Sent.

Noviembre 22 de 1.989 M.P. Dr Carlos Betancur Jaramillo). Conforme el art�culo 16 del Decreto 679 de 1.994, la garant�a �nica que debe prestar el contratista a favor de la administraci�n debe ser suficiente para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Los riesgos amparados seg�n lo determina el decreto en cita ser�n exclusivamente aquellos que hagan relaci�n a las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato, tales como los de buen manejo y correcta inversi�n del anticipo, cumplimiento del contrato, estabilidad de la obra, correcto funcionamiento de los equipos y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

Con respecto al �ltimo de los riesgos citados debe tenerse en cuenta de un lado que, la p�liza de seguros que lo ampare se debe exigir en todos los contratos de prestaci�n de servicios y de construcci�n de obra en los que el contratista emplee terceras personas para la ejecuci�n de la labor encomendada o cuando la entidad estatal lo considere prudente en virtud de las disposiciones del C�digo Sustantivo del Trabajo y del otro que su vigencia debe extenderse por el t�rmino de duraci�n del contrato y tres a�os m�s. As� las cosas existen normas imperativas que obligan al contratista a contratar con empresas dedicadas a la actividad aseguradora la adquisici�n de p�lizas de seguro que amparen el riesgo de incumplimiento en el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores a su cargo, lo que se explica en la medida en que el art�culo 34 del ordenamiento sustantivo del trabajo subrogado por el art�culo 3� del Decreto Ley 2351 de 1.965 precept�a que los beneficiarios de las labores realizadas por personal contratado por contratistas independientes son solidariamente responsables por el valor de salarios, prestaciones e indemnizaciones que correspondan a tales trabajadores, esto siempre y cuando los trabajos desarrollados por dichos empleados tengan relaci�n con el giro ordinario de los negocios de la empresa o persona beneficiada.

El mencionado amparo, lo que asegura a la entidad estatal es que en caso de verse obligada a pagar suma de dinero alguna a los trabajadores del contratista en virtud de las normas de derecho laboral ya se�aladas, la compa��a aseguradora le reintegrar� el valor correspondiente al siniestro, que incluye no solo el monto de las acreencias laborales sufragadas por la entidad del Estado, sino adem�s las costas judiciales si existieren y la correspondiente correcci�n monetaria, todo claro dentro del marco de las estipulaciones contractuales.

Lo anterior implica para el beneficiario del seguro, que debe acreditar ante la aseguradora la existencia del siniestro y el detrimento patrimonial que �ste le caus�, es decir la extensi�n y la cuant�a del mismo, para que la compa��a de seguros una vez verificado que se dieron los eventos que configuran el siniestro y que hacen viable el pago, proceda a efectuarlo teniendo en cuenta que la cantidad a cancelar se deber� determinar al tenor de las disposiciones contractuales que rigen el contrato de seguro celebrado. 2.2.

Descendiendo al caso que ocupa la atenci�n de esta Sala de Decisi�n, a la luz del acervo probatorio recaudado en especial de los documentos que incorporan la p�liza referida, as� como los que contienen las pr�rrogas que ampliaron la vigencia de la misma,(fls 36 a 42 del C.1.); de la confesi�n del representante legal de Seguros Mapfre en el sentido de haber celebrado el contrato de seguros fundamento de este litigio (fl 371 C.1.); de la comunicaci�n de fecha octubre 10 de 1.989 suscrita por el vicepresidente ejecutivo de Seguros del Caribe (fl 212 C.1.); y de los documentos incorporados en diligencia de inspecci�n judicial practicada por el despacho de conocimiento el 29 de octubre de 1.998, no cabe duda que entre la Societ� Auxiliaire D'entreprises y Seguros del Caribe S.A. (hoy Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.) celebraron un contrato de seguro de cumplimiento el d�a 2 de diciembre de 1.986 que fue incorporado en la p�liza No 22569, por virtud del cual dicha compa��a aseguradora amparaba seg�n los t�rminos de las condiciones generales anexas a la p�liza, a la Empresa Colombiana de Petr�leos ECOPETROL del riesgo de incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones en que pudiera incurrir el contratista encargado de construir el oleoducto de que trata el contrato LEG (A) 259-86 suscrito entre Ecopetrol y la Societe Auxiliaire D�entreprises, para con sus trabajadores.

De tal suerte, admitida la existencia del contrato de seguro y habi�ndose precisado su especial naturaleza, es pertinente analizar las condiciones en que se expidi� el amparo a fin de determinar la procedencia de las excepciones formuladas por la compa��a aseguradora a fin de exonerarse del pago que de ella demanda la entidad actora, as� como la viabilidad de los argumentos esgrimidos por la parte demandante tendientes a que se reviertan las decisiones tomadas por el juez de conocimiento.

La prescripci�n en los contratos de seguro. En primer t�rmino, por haber sido la excepci�n triunfante en el curso de la primera instancia, la Sala se adentrar� en el estudio de la excepci�n de prescripci�n formulada por la sociedad demandada, para quien teniendo vigencia el amparo hasta el 11 de mayo de 1.992, a la fecha de presentaci�n de la demanda transcurrieron sin interrupci�n dos a�os, tiempo previsto por la ley para que opere la prescripci�n de las acciones derivadas del contrato de seguro.

La prescripci�n conforme al art�culo 2.512 del C�digo Civil, aplicable en materia mercantil, �es un modo de adquirir las cosas ajenas (prescripci�n adquisitiva o usucapion) o de extinguir las acciones o derechos ajenos (prescripci�n extintiva o liberatoria), por haberse pose�do las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los dem�s requisitos legales.� Es entonces la prescripci�n extintiva o liberatoria, en t�rminos de Francisco Messineo aquel �modo (o medio) con el cual, mediante el transcurso del tiempo se extingue (y pierde) un derecho subjetivo -capaz de reiterado o prolongado ejercicio- por la falta de ejercicio.

Presupuesto de ella es, pues, la inactividad del titular del derecho prolong�ndose por el tiempo que est� fijado por la ley.� (Manual de Derecho Civil y Comercial. Doctrina General, 8� Edic, Milano 1.952, trad. Santiago Sent�s Melendo, Tomo II, Buenos Aires, 1.954, P�g 60). Para que opere la prescripci�n liberatoria, �nicamente se necesita que confluyan dos circunstancias a saber, que transcurra un determinado per�odo y que quien est� legitimado para ejercer las acciones o derechos asuma una conducta pasiva u omisiva frente a ellos.

Se deduce de lo expresado precedentemente que en la prescripci�n liberatoria ��el derecho subjetivo se ve afectado por el tiempo; dij�rase mejor que su eficacia opera en funci�n de �l y est� sometido a su decurso; en un comienzo para la determinaci�n de su vigencia y exigibilidad, y posteriormente, porque al cabo de un determinado per�odo sin haberlo ejercido (inercia) en numerosas oportunidades ya no es m�s valedero.� (Hinestrosa, Fernando.

La prescripci�n extintiva, Edit. Universidad Externado de Colombia, Bogot�, 1� Edic., 2.000, p�gs 14 y 15). As� entonces, la prescripci�n extintiva requiere para que tenga operancia que se re�nan cuatro requisitos a saber, 1.) Que le derecho o acci�n sea susceptible de prescripci�n; 2.) la actividad descuidada, negligente, del titular del derecho o de la acci�n, cuando no su inactividad; 3.) el devenir de un cierto per�odo determinado por la ley y 4.) La ausencia de reconocimiento del derecho, por parte de quien se ve favorecido con el efecto extintivo. 3.1.

En trat�ndose del contrato de seguro, el art�culo 1.081 del C�digo de Comercio establece que la prescripci�n puede ser ordinaria o extraordinaria; la primera opera frente quienes pueden derivar derechos del contrato de seguro, es decir frente a los interesados, como lo son el tomador, la aseguradora, el beneficiario y el asegurado, su t�rmino es de dos a�os contados a partir del momento en que conoci� o pudo conocer el interesado la realizaci�n del riesgo amparado; mientras que la segunda tiene operancia frente a toda clase de personas, su t�rmino es de cinco a�os, y comienza a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Sobre el punto ha se�alado nuestra H. Corte Suprema de Justicia que "En consecuencia, la prescripci�n ordinaria y la extraordinaria corren por igual contra todos los interesados. La ordinaria cuando ellas son personas capaces, a partir del momento en que han tenido conocimiento del siniestro o han podido conocerlo, y su t�rmino es de dos a�os; no corre contra el interesado cuando �ste es persona incapaz, seg�n los art�culos 2530 y 2541del C.C., ni tampoco contra el que no ha conocido ni podido conocer el siniestro.

"Pero contra estas personas s� corre la prescripci�n extraordinaria, a partir del momento en que nace el derecho, o sea desde la fecha del siniestro. Por tanto, las correspondientes acciones prescriben en contra del respectivo interesado as�: a) cuando se consuma el t�rmino de dos a�os de la prescripci�n ordinaria, a partir del conocimiento real o presunto del siniestro y b) en todo caso, cuando transcurran cinco a�os a partir del siniestro, a menos que se hay consumado antes la prescripci�n ordinaria; la extraordinaria �se repite- corre aun contra las personas incapaces o aquellos que no tuvieron ni pudieron tener conocimiento del hecho que d� origen a la acci�n" (Cas.

Civil Sent. de Julio 4 de 1.977). Ahora bien, en cuanto se trate de un contrato de seguro de cumplimiento que garantice el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, la regla anteriormente mencionada es v�lida. Con todo la dificultad se presenta en determinar cuando se ha verificado el siniestro y por tanto desde que instante empieza a transcurrir el t�rmino prescriptivo de las acciones.

En punto a lo anterior, cabe destacar que una posici�n a asumir es que el siniestro se presenta en el momento en que el contratista incumple con sus obligaciones; mientras que conforme a otra, el surgimiento del derecho se da �nicamente cuando mediante fallo debidamente ejecutoriado la jurisdicci�n ha declarado tal incumplimiento. La primera vertiente funda su posici�n entre otras razones en que siendo el seguro un contrato en que prima la buena fe, los ajustadores de seguros en representaci�n de la compa��a pueden verificar el incumplimiento del contrato amparado; que en el seguro de cumplimiento lo asegurado es la ejecuci�n de una obligaci�n de resultado, lo que hace que el solo incumplimiento per se genere la obligaci�n de pagar el seguro y finalmente que la concreci�n del siniestro y el pago del seguro se encuentran condicionados al hecho puro y simple del incumplimiento y no a la comprobaci�n judicial de la ocurrencia del mismo.

Frente a dichas posiciones considera la Sala que es procedente hacer dos reflexiones en torno al punto, la primera de ellas que si bien es cierto que en algunas ocasiones el incumplimiento de las obligaciones contractuales de una de las partes se puede verificar f�cilmente, en otras tal determinaci�n es dif�cil; y la segunda que si bien en algunos eventos lo �nico que hace el fallo es confirmar la existencia de una conducta disconforme a derecho, tambi�n lo es que en muchas otros si bien subjetivamente una de las partes contractuales estima que su contraparte no cumpli� con sus obligaciones y con tal convencimiento demanda, la jurisdicci�n encuentre que tal incumplimiento no se produjo.

Por tanto, en caso de presentarse controversia entre las partes contractuales, estima la Sala que el momento que brinda el suficiente grado de certeza para determinar si se cumplieron las obligaciones pactadas es aquel en que la jurisdicci�n competente decida definitivamente el asunto. As�, en el caso que ocupa la atenci�n de la Sala, obligado a cancelar ECOPETROL una suma de dinero por concepto de salarios y prestaciones que omiti� pagar la sociedad contratista a favor de uno de sus trabajadores, merced a la solidaridad ya referida en los p�rrafos precedentes y consagrada en el art�culo 34 del C�digo Sustantivo del Trabajo, la fecha del siniestro est� dada por el momento en que la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Laboral, mediante fallo del 25 de septiembre de 1996, resolvi� no casar la sentencia de condena que hab�a proferido el Tribunal el 21 de abril de 1995.

Y es que es a partir de la fecha de la sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia y no de la del Tribunal, por cuanto el recurso de casaci�n en materia laboral se surte en el efecto suspensivo y por consiguiente la ejecutoria del fallo no se adquiere sino una vez resuelto el aludido recurso extraordinario. Sin perjuicio de lo ya dicho, es necesario anotar que el siniestro debe ser cubierto por la aseguradora siempre y cuando los hechos que dan origen al mismo se hayan presentado dentro del t�rmino de vigencia del amparo y no con posterioridad a �l. Para el caso sub ex�mine es claro que los hechos que provocaron la condena a ECOPETROL ocurrieron en vigencia de la p�liza de seguro No.22369, lo que lleva a concluir que conforme lo expresado en principio, el riesgo debe ser asumido por la compa��a aseguradora. 3.2.

Precisado cu�ndo debe entenderse verificado el siniestro en el caso del seguro de cumplimiento, espec�ficamente el que ampara el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones por parte del contratista a sus trabajadores, resulta innegable que siendo tal momento aquel en que la entidad estatal afecta su patrimonio para cancelar en favor del trabajador las acreencias laborales impagadas por su patrono (el contratista), es desde tal �poca y no desde otro instante que debe empezar a contabilizarse el t�rmino de prescripci�n extintiva de las acciones derivadas del seguro; por lo que en el presente litigio habi�ndose proferido la sentencia el 25 de septiembre de 1996, no resulta v�lido aseverar que transcurrieron dos a�os desde el momento que ECOPETROL tuvo conocimiento de la ocurrencia del siniestro y la fecha de presentaci�n de la demanda (Diciembre 19 de 1.997), lo que cierra las puertas a la prosperidad de la excepci�n de prescripci�n ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro, si este tipo de prescripci�n fue la alegada por la aseguradora demandada.

Ahora bien, si la prescripci�n alegada por la parte pasiva fue la denominada extraordinaria, debe decirse igualmente que est� llamada al fracaso, por cuanto la demanda se present� mucho antes que transcurriera un quinquenio contado desde el momento en que se produjo el siniestro. 4. Dado que la excepci�n de prescripci�n formulada por la aseguradora demandada no puede triunfar de acuerdo con lo se�alado en los p�rrafos precedentes, se impone a continuaci�n ocuparse de los dem�s medios exceptivos invocados, como lo son los denominados "inexigibilidad de la obligaci�n" y "compensaci�n".

En cuanto al primero de ellos, es decir el de inexigibilidad de la obligaci�n, debe decirse que si bien se cre� un fondo mediante Acta suscrita el 10 de octubre de 1.989 entre ECOPETROL y la Societe Auxiliaire D'entreprises SAE (fls 180 191 C.1.) el cual ten�a como prop�sito el garantizar el pago "tanto de las reclamaciones laborales, como las de propietarios, poseedores o tenedores de predios afectados", tambi�n lo es que las partes estipularon que en trat�ndose de acreencias laborales los dineros depositados por SAE en el fondo se destinar�an �nica y exclusivamente a cubrir en caso de eventuales fallos adversos las reclamaciones laborales de los empleados enlistados en el acta �dentro de los cuales no figura el se�or Jaime Almonacid Galvis- y que "En caso de reclamaciones de car�cter laboral que no aparezcan relacionadas en la presente acta, debe entenderse que si ECOPETROL es exigida al pago de alguna obligaci�n de este tipo, la Empresa se encuentra amparada con la p�liza N� 22569, antes mencionada".

Tal entendimiento se desprende no solo de los claros t�rminos contractuales, sino de lo manifestado en declaraci�n rendida por la se�ora Victoria Eugenia G�mez, apoderada general de la Societ� Auxiliaire D'entreprises SAE, quien sostuvo que "Fue as� como en la misma acta de acuerdo se cre� un fondo con dineros de SAE y que manejaba ECOPETROL para cancelar o garantizar el pago de las reclamaciones enumeradas, detalladas y enunciadas en la misma acta de acuerdo" agregando m�s adelante que "No sobra anotar que en este caso espec�fico, es decir el del se�or ALMONACID, no estaba incluido en el citado fondo" (fls 217 a 220 C.1.).

Mal har�a entonces ECOPETROL en tomar dineros del Fondo a sabiendas que �stos tienen una destinaci�n espec�fica para afectarlos al cubrimiento de reclamaciones y condenas laborales diversas de las taxativamente se�aladas en el acta constitutiva del multicitado fondo, como lo pretende la demandada. Con todo debe decirse que en comunicaci�n DAL 548 de 22 de octubre de 1.996 (fls 145 y 146 C.1.) ECOPETROL acepta la posibilidad que con los dineros retenidos en el fondo se garanticen y paguen condenas contra tal empresa y SAE proferidas en cualquiera de los procesos laborales en curso, e incluso la condena proferida en virtud de la demanda del se�or Jaime Almonacid Galvis, pero condicionando esa posibilidad a que el representante legal de SAE autorizara tal operaci�n, situaci�n que no solo no aparece acreditada, sino que se descarta por la misma apoderada general de SAE, se�ora Victoria Eugenia G�mez en comunicaci�n obrante a folios 355 y 356 del cuaderno principal e incorporada a la actuaci�n en diligencia de inspecci�n judicial practicada a las instalaciones Mapfre Seguros Generales de Colombia, lo que a las claras indica que no se modific� lo pactado en el acta suscrita el 10 de octubre de 1.989, y consecuentemente que no prospera la excepci�n analizada.

Tampoco puede esgrimirse como argumento para predicar la inexigibilidad de la obligaci�n que no se expidi� por parte de ECOPETROL la resoluci�n administrativa que declarara la realizaci�n del riesgo amparado (cl�usula cuarta de las condiciones generales del contrato de seguro fl 38 C.1.), por cuanto tal regulaci�n contractual apuntaba a la declaraci�n unilateral o administrativa del siniestro por parte de la entidad estatal y no puede extenderse al evento en que el siniestro devenga de una decisi�n judicial que declare el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y que suponga un detrimento patrimonial para la administraci�n. Finalmente en lo que concierne a la excepci�n de compensaci�n no tiene reparo alguno esta Sala frente a lo manifestado por el juez de conocimiento en el sentido que ella no se abre paso en tanto no existen obligaciones exigibles, l�quidas y rec�procas entre la demandante y la aseguradora demandada. 5.

Impr�speras las excepciones formuladas por la parte pasiva, estima la Sala conveniente puntualizar que la aseguradora deber� ser condenada a pagar no solo el valor del siniestro sino adem�s, al tenor de lo preceptuado en el art�culo 1.080 del C. de Co. modificado por las Leyes 45 de 1.990 y 510 de 1999, los intereses moratorios liquidados sobre la cantidad de dinero a que equivale el siniestro a la m�xima tasa legal permitida.

Sabido que el asegurador tiene la obligaci�n de pagar el siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el beneficiario o asegurado por cualquiera de los medios de prueba existentes acredite a�n extrajudicialmente la concreci�n del riesgo amparado y su derecho, los intereses moratorios por el no pago oportuno del siniestro se generar�n una vez vencido el plazo se�alado, lo que conduce a que en el caso sub ex�mine los intereses de mora deben liquidarse a partir del 3 de noviembre de 1.996, es decir un mes despu�s que ECOPETROL presentara formalmente la reclamaci�n a MAPFRE Seguros Generales de Colombia como se desprende del documento visible a folios 107 y 108 y 210 y 211 del cuaderno principal.

D E C I S I O N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C., administrando Justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, R E S U E L V E 1.- REVOCAR en su integridad la sentencia apelada. 2. DECLARAR que MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. (antes Seguros Caribe S.A.) incumpli� el contrato de seguro de cumplimiento contenido en la p�liza No 22569, suscrito con la Sociedad Societe Auxiliaire D'entreprises el 2 de diciembre de 1.986, al no pagar dentro del t�rmino legal al beneficiario del amparo, esto es, la Empresa Colombiana de Petr�leos ECOPETROL el valor equivalente al siniestro. 3.

CONDENAR a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. (antes Seguros Caribe S.A.) a pagar a favor de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL la suma de Treinta y nueve millones doscientos cuarenta y tres mil setecientos diez pesos con noventa y tres centavos ($ 39.243.710,93) dentro de los cinco d�as siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, suma equivalente al monto del siniestro. 4.

CONDENAR a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. (antes Seguros Caribe S.A.) a pagar a favor de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL intereses de mora liquidados sobre la suma de dinero referida en el numeral precedente, a la tasa m�xima legal fluctuante, sin que excedan los l�mites se�alados en los art�culos 884 del C. de Co y 111 de la Ley 510 de 1.999, desde el 3 de noviembre de 1.996 hasta el momento del pago, teniendo en cuenta el periodo de vigencia de esta ley. 5.

CONDENAR en costas de ambas instancias a la aseguradora demandada. Las correspondientes a esta instancia, liqu�dense por secretar�a del Tribunal. NOTIF�QUESE RICARDO ZOPO MENDEZ Magistrado 3222 (continuaci�n firmas al respaldo) MARCO ANTONIO ALVAREZ GOMEZ Magistrado ROLFO ARCINIEGAS CUADROS Magistrado 3222 PAGE PAGE 23 PAGE '+Re��Wnwz{�� u}R0r0�022�A�A�B�B�K�K�S�SA\J\Ebpb�cd�u��Z�i�w��b�n��ڷڭ��ڟ��CJOJQJ^JmH sH 5�CJOJQJ^JmH sH 5�CJOJQJ^JCJOJQJ^J5�CJOJQJ\�^J6�]�5�CJOJQJ^JCJOJQJ^Jj5�@��OJQJU@��OJQJ5�@��OJQJ9'()Refxy��?ikMNpq��$�L�dh^�L`�a$$dha$$a$l�� [ \ � � ��0 1 jk��xy��.��$dha$./��Z[tutu}~� � }#~#A+B+I0J0q0r0�0�022��$ &Fdha$$dha$222n3o3�7�7\;];,?J?�C�C�I�I�K�KeQ�Q�S�S�S�S�U�UhWiW��$ &Fdha$$dha$$�Ldh^�La$iW�Y�Y]]�^_�c�c�f�f�o�o�o�o�o`s~s�u�u{{l|m|��$dha$��O�P�k�l��D�E��ʗ˗̗͗Η��$dha$$��dh^��`��a$n��#�!�-��ʗΗ��2�A�Z�j�k�l�m�s�t�u�w�x�~��׳��0JmHnHu0J j0JUOJQJ^J 5�CJ\�CJCJOJQJ\�^JCJOJQJ\�^JCJOJQJ\�^J5�CJOJQJ^J5�CJOJQJ\�^JCJOJQJ^J$��2�=�>�?�@�A�Z�e�j�k�l�u�v�w��&`#$�h]�h��&`#$$dha$$a$dh$a$��h]�h��&`#$" 00��/ �"I!��"��#��$��%��Ddh��tD��H� � 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Autorrecuperaci�n de ecopetrol vs mapfre.asdCONSEJO SUPERIOR JUDICATURAA:\ecopetrol vs mapfre.docCONSEJO SUPERIOR JUDICATURAA:\ecopetrol vs mapfre.docCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA)C:\Mis documentos\ecopetrol vs mapfre.docCONSEJO SUPERIOR JUDICATURAA:\ecopetrol vs mapfre.docCONSEJO SUPERIOR JUDICATURAA:\ecopetrol vs mapfre.docw!�0��:7�B��.��'E<.j��[|�T<.j��?�p��6��@� ��^� `��56>*CJOJQJo(. �� ^�� `��o(.��{��{^�{`��.��K�L��K^�K`�L�.��^�`��.��^��`��.��L��^��`�L�.��^��`��.��[��[^�[`��.��+ �L��+ ^�+ `�L�.@� ��^� `��56>*CJOJQJo(. @�m ��^�m `��56>*CJOJQJo(. �� ^�� `��o(.��{��{^�{`��.��K�L��K^�K`�L�.��^�`��.��^��`��.��L��^��`�L�.��^��`��.��[��[^�[`��.��+ �L��+ ^�+ `�L�.[|�Tw!'E?�p:7�B��0� j�� j�l��@HP LaserJet 6P/6MP - MejoradaLPT1:HPBXLAHP LaserJet 6P/6MP - MejoradaHP LaserJet 6P/6MP - MejoradaD��)��ә.��X��)HP LaserJet 6P/6MP - MejoradaD��)��ә.��X��)�k�k�T Xk�k��@��Unknown��G��:�Times New Roman5��Symbol3&��:�ArialE&��Century Gothic9V�AlgerianA&��Arial Narrow"1��!gf�Zg�#�e��M{?�!��xx�0l��O*2�Q��) 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