Micelio

AUTO — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 110013103016200300593 03

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Germán Valenzuela Valbuena

Fecha: 2006-02-22

Sujetos procesales: MEBO LTDA. / MANUEL URIEL BARRAGÁN

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PERDIDA DE SU EFECTO DE PLENO DERECHO. Ocurre cuando quien como titular del derecho marcario solicita la medida cautelar y no inicia la correspondiente acci�n dentro de los diez d�as siguientes a su ejecuci�n, sin que la intervenci�n del presunto infractor releve de esta obligaci�n al demandante. Demandado no proceso de justificaci�n de conducta MEDIDA CAUTELAR PREVIA.

FINALIDAD. posibilidad de asegurar de antemano la utilidad de la sentencia, que podr�a resultar inane ante el peligro que conlleva la duraci�n del proceso PREVALENCIA DE LA NORMA SUPRANACIONAL PROPIEDAD INDUSTRIALART�CULO 327 DEL C.P.C. Art�culo 570 del C.CO. DECISI�N 486 CAN. ART�CULO 248  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA DE DECISI�N CIVIL Bogot�, D.C., veintid�s de febrero de dos mil seis.

Magistrado Ponente: Germ�n Valenzuela Valbuena Radicado: 110013103016200300593 03 Procedencia: Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogot� Proceso: Medidas Cautelares de Mebo Ltda. Vs. Manuel Uriel Barrag�n. Asunto: Apelaci�n auto que decret� el levantamiento de medidas cautelares. Aprobaci�n: Acta N� 2 de 24 de enero de 2006. Decisi�n: Confirma.

Se resuelve el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra el auto de 28 de julio de 2005, por medio del cual se orden� el levantamiento de las medidas cautelares practicadas en el asunto del ep�grafe.

ANTECEDENTES 1. La sociedad Mebo Ltda. promovi� tr�mite sumario cautelar de mayor cuant�a contra el comerciante Manuel Uriel Barrag�n Saavedra, con el fin de que se practicaran las medidas cautelares que garanticen los derechos emanados de la Resoluci�n 37343 proferida el 6 de septiembre de 1994 por la Divisi�n de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual le concedi� a la demandante el registro de la marca nominativa TOT, por una vigencia de 10 a�os. 2.

Por auto de 12 de septiembre de 2003 el a-quo decret� las medidas cautelares solicitadas por la actora (f. 48 c.1), decisi�n que, apelada por el demandado, fue confirmada por este Tribunal en providencia de 2 de marzo de 2005 (fs. 12 y ss. ib). 3. Las cautelas fueron practicadas por comisionado en diligencia realizada el 15 de marzo de 2004 (fs. 66 y 67).

Con posterioridad, por conducto de apoderado el demandado pidi� al juez de conocimiento el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas, con fundamento en el art�culo 248 de la Decisi�n 486 de la Comisi�n de la Comunidad Andina (fs. 90 a 92), solicitud que fue negada por auto de 19 de agosto de 2004 (f. 100). 4. Contra tal determinaci�n interpuso el demandado recursos de reposici�n y de apelaci�n, arguyendo que para no acceder a la petici�n de levantamiento de las cautelas se invoc� el art�culo 570 del C�digo de Comercio que �indica el mecanismo que debe utilizar el afectado para probar la legalidad de su proceder�, sin tener en cuenta que tal norma se encuentra suspendida ante la prevalencia de las normas de la Decisi�n 486; que la negativa tambi�n se apoya en lo estatuido en el art�culo 248 de la aludida Decisi�n que concede la posibilidad de recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada, cuando ello ya se hizo ac� al solicitar ante el juez de conocimiento el levantamiento de las cautelas; que el citado art�culo 248 ordena que las medidas cautelares queden sin efecto de pleno derecho si la acci�n de infracci�n no fuere iniciada dentro de los 10 d�as siguientes contados desde la ejecuci�n de la medida, lo que acontece en el sub lite, dado que el demandante no instaur� dicha acci�n en el plazo legalmente establecido; que resulta contradictorio que para unos efectos se pretenda dar aplicaci�n al art�culo 570 del Estatuto Mercantil y para otros se d� vigencia a la Decisi�n 486; que en la providencia recurrida tambi�n se dijo que es al demandado a quien le corresponde iniciar la acci�n de infracci�n, conforme lo prev� el citado art�culo 570, cuando lo cierto es que tal precepto legal no es aplicable en este caso porque la norma vigente es la contenida en el inciso 2� del art. 248 de la Decisi�n 486, que es clara en establecer que es el solicitante de las medidas quien debe obrar, pues de otro modo se tendr�a que interpretar que si es el supuesto infractor quien debe accionar y no lo hace, las medidas igualmente deber�an levantarse, lo cual implicar�a �un absurdo jur�dico�, ya que a �ste le bastar�a abstenerse de accionar para que las medidas perdieran validez de pleno derecho. 5.

Mediante providencia de 28 de julio de 2005, la juez a quo desat� el recurso de reposici�n, revocando la decisi�n atacada, para en su lugar ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas, por considerar que el tema en controversia se encuentra regulado por la Decisi�n 486 del Acuerdo de Cartagena que por su indiscutible naturaleza supranacional cobra preponderancia frente al ordenamiento interno de los pa�ses en los cuales tiene aplicaci�n. 6.

Inconformes, las partes apelaron lo as� decidido. El demandante adujo que los supuestos del art�culo 248 de la Decisi�n 486 del Acuerdo de Cartagena no se estructuran en este asunto, como quiera que el demandado s� intervino en la ejecuci�n de las medidas, de lo cual son muestra elocuente los recursos formulados contra el auto que las decret�, am�n que en nuestro ordenamiento legal existe norma en contrario, como lo es el art�culo 570 del C�digo de Comercio.

Y el demandado pidi� que se condene a la actora al pago de los da�os y perjuicios causados y a las costas del proceso. CONSIDERACIONES 1. El estudio de la apelaci�n se har� �nicamente en relaci�n con las inconformidades expresadas por el actor, toda vez que el demandado no sustent� en oportunidad la alzada, dando lugar a que por auto de 31 de octubre de 2005 el Tribunal declarara desierto su recurso (f. 7 c. 2). 2.

Las medidas cautelares responden a dos circunstancias concurrentes: el fumus bonis juris y el periculum in mora, que en materia como la que versa el presente asunto se concretan con la acreditaci�n que debe hacer quien las pide de la legitimidad que le asiste para ello, adem�s de demostrar la existencia del derecho infringido, y aportar las �pruebas que permitan presumir razonablemente la comisi�n de la infracci�n o su inminencia� (art. 247, Decisi�n 486 CAN).

Y por otro lado, con la posibilidad de asegurar de antemano la utilidad de la sentencia, que podr�a resultar inane ante el peligro que conlleva la duraci�n del proceso, librado a las contingencias de un debate regido por el principio de audiencia bilateral, que en s� mismo hace que la decisi�n final se adopte luego de transcurrido un tiempo prolongado. 3.

Por regla general nuestro sistema procesal no contempla un proceso cautelar aut�nomo, y en tal virtud las medidas cautelares siempre tributan a un proceso en el cual se dirime la controversia respecto de un derecho subjetivo, en cuya sentencia se dispone de modo definitivo sobre tales medidas, ratific�ndolas de manera que servir�n para materializar el derecho que se discut�a, o cancel�ndolas, si quien la solicit� carece de ese derecho sustancial. 4.

El art. 327 del C. de P. C., prev� que �las medidas cautelares se cumplir�n inmediatamente, antes de la notificaci�n a la parte contraria del auto que las decrete�. Y advierte que �si fueren previas al proceso, se entender� que dicha parte queda notificada el d�a en que se apersone en aqu�l o act�e en ellas o firme la respectiva diligencia�. 5.

Si bien el art. 248 de la Decisi�n 486 precept�a que �cuando se hubiere ejecutado una medida cautelar sin intervenci�n de la otra parte, ella se notificar� a la parte afectada inmediatamente despu�s de la ejecuci�n�, y que �salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervenci�n de la otra parte quedar� sin efecto de pleno derecho si la acci�n de infracci�n no se iniciara dentro de los diez d�as siguientes contados desde la ejecuci�n de la medida�, ello no significa que la �intervenci�n de la otra parte� difiera la necesidad de que se promueva �la acci�n de infracci�n� en el t�rmino all� previsto. 6.

Como se dejara puntualizado en auto de 2 de marzo de 2005, el derecho de integraci�n de la comunidad latinoamericana es de tal vigor, que desde el propio Pre�mbulo de la Carta nuestra sociedad consagra como uno de sus anhelos impulsarlo, de donde resulta que los tratados internacionales en esa materia tienen tanta vigencia, como prelaci�n sobre normas internas, por lo cual carece de fundamento el argumento del demandante en cuanto a que seg�n norma del C�digo de Comercio es la parte cautelada quien debe instaurar el proceso de justificaci�n de conducta, escenario en el que se resuelve sobre el eventual levantamiento de las cautelas.

En efecto, el art. 570 del C. de Co. y el art. 248 de la Decisi�n 486 no son compatibles, puesto que aquel impone el deber de acci�n al presunto infractor y �sta al titular del derecho marcario. Y como la existencia de este derecho la debe acreditar el solicitante desde el principio para que sea viable la cautela, debi�ndose dar prelaci�n a la norma supranacional no puede considerarse que sea el demandado quien deba acudir a justificar su conducta infractora, a riesgo de que en cuatro meses ya no pueda hacerlo por caducidad de �su derecho�, como reza el art. 570. 7.

Entonces, es el demandante de las cautelas quien deber� promover la �acci�n de infracci�n�, en cuyo fallo se resolver� sobre esas medidas, sin que la �intervenci�n� del demandado en ese tr�mite pueda convertirlas en definitivas, puesto que en nuestro derecho interno las medidas cautelares siempre se �ejecutan� de manera inmediata, sin necesidad de notificaci�n a la parte afectada, por lo cual, si no se inicia esa acci�n �dentro de los diez d�as siguientes contados desde la ejecuci�n de la medida�, �quedar� sin efecto de pleno derecho�. 8.

Finalmente, que se haya interpuesto y decidido un recurso de apelaci�n, no constituye una exoneraci�n al demandante del deber de instaurar la �acci�n de infracci�n�, pues esa alzada no excluye el tr�mite de la demanda respectiva, la cual tiene el prop�sito �nico de que se �revise la medida ejecutada� (art. 248, Dec. 486). Y la �intervenci�n de la otra parte� a que se refiere la norma comunitaria, no es la actuaci�n ulterior, una vez notificado de la medida cautelar, o si presenci� su ejecuci�n dentro del tr�mite adelantado como medida previa, sino si se practic� dentro de un proceso en el cual se supone garantizada su intervenci�n plena y el ejercicio panor�mico del derecho de defensa.

DECISI�N Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogota, en Sala de Decisi�n Civil, CONFIRMA el auto apelado, de fecha y origen preanotados. NOTIF�QUESE Los Magistrados, GERM�N VALENZUELA VALBUENA RICARDO ZOP� M�NDEZ DORA CONSUELO BEN�TEZ TOB�N PAGE 1 PAGE 4 Apelaci�n auto 2003 0593 03 ^)+Z{�� "#CDH���) m v w x V W e f g J L @ B D E �:������������������ԾԸԱ����׏��y�����m�m�6�OJQJ]�mH sH 6�OJQJmH sH 5�OJQJ\�mH sH OJQJmH sH 5�CJ\�6�]�5�CJ\�mH sH OJQJ CJOJQJ 5�CJ\�5�CJOJQJ 6�CJ]�5�CJCJ\�CJCJ5�CJ CJOJQJ OJQJ^JCJOJQJ^JaJCJOJQJ^J*�;�*+CZz{|����������@������$IfX$$If�F����� � �0�������6��������4� Fa� $$Ifa${/�/��������"#M��) [ w x V W e f g K M E F ������������������������1$7$8$H$ � ���d�^� `��� $1$7$8$H$a$ $1$7$8$H$a$��tu������#$� � F"G"�$�$F'G'�)�)�+�+�������������������������$dha$$a$$a$$a$1$7$8$H$�����tu������6GM^#$�$�$a.j.k.�.�.//$/&/(/C/G/^/_/{/|/�/�/�/�/�/�/������������̺̺��̮��ɔ����̀~�~�~wtwtwt0J j0JU\� 5�CJ\�5�@�OJQJaJmH sH @�OJQJaJmH sH CJOJQJ\�CJaJ5�CJOJQJ\�aJ 5�6�CJ\�CJ\�5�CJCJ 5�CJ\�5�OJQJ\�OJQJ6�OJQJ]�mH sH OJQJmH sH 5�OJQJ\�mH sH *�+`.a.j.k.////$/%/&/'/(/C/D/E/F/G/[/\/]/^/_/�����������������������$���]���a$1$7$8$H$ $1$7$8$H$a$*$ $1$7$8$H$a$$dha$_/{/�/�/�/�/�/�/�/�/����������h]�h����&`#$$���]���a$ �/�/�/�/�/�/�/�/�/�/��������\�5�6�mH sH 0JCJmHnHu0JCJj0JCJU # 0&P��/ ��I!��"��#��$��%� i8@��8 NormalCJ_HaJmH sH tH @@@ T�tulo 1$$@&a$5�OJQJaJB@B T�tulo 2$1$7$8$@&H$ 5�CJaJL@L T�tulo 3$$1$7$8$@&H$a$5�6�CJ\�]�H@H T�tulo 4$$1$7$8$@&H$a$ 5�CJaJFA@���F Fuente de p�rrafo predeter.rB@�r Texto independiente$dh*$1$7$8$H$a$@���CJOJQJaJmH sH B>@B T�tulo$1$7$8$H$a$5�OJQJaJVP@V Texto independiente 2$dha$ 5�CJaJ<@"< Encabezado  �C�"CJaJ0)@�10 N�mero de p�gina: B: Pie de p�gina  �C�"PQ`RP Texto independiente 3$a$ OJQJ^J�+F�����;�*+CZz{|������"#M��)[wxVWefgKME F   ��tu������#$��FG� � F#G#�%�%�'�'`*a*j*k*++++$+%+&+'+(+C+D+E+F+G+[+\+]+^+_+{+�+�+�+�+�0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��(0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��0���0���0���0���0���0���0���0���0��0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��80���0���0���0���0��0��0��0��0���0��0���@0���@0���@0�� 0 555558��/�/"��+_/�/ !�/ 8!����!����19)<ATX����=?vz3 5 < > @ B � � � � ��6;<ABGMVh#j#$$�(�(�*+{+�+�+��+#M��a*j*{+�+�+�+�+��recoveryrecoveryrecoveryrecoveryrecoveryevillamprecovery�C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Guardado con Autorrecuperaci�n de 03-593-3 Levant cautelas -prop ind-Mebo Ltd Vs Manuel Uriel Barrag�n.asdrecovery�C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Word\Guardado con Autorrecuperaci�n de 03-593-3 Levant cautelas -prop ind-Mebo Ltd Vs Manuel Uriel Barrag�n.asdrecovery|\\BOG19TSBC01\german\apel autos levan cautelas 2006\03-593-3 Levant cautelas -prop ind-Mebo Ltd Vs Manuel Uriel Barrag�n.docConsejo Superior�C:\TRIBUNAL 2006\SALA CIVIL\PROVIDENCIAS\VALENZUELA V. GERMAN\CLASIF 2006VVG\02 Febrero\03-593-3 PROPIEDAD INDUSTRIAL.

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