66170310500120220020501 · Tribunal de Pereira

��ࡱ�>�� !@�� U ��bjbj�n�n ;��a��a�� ! !!!��"!"!"!8Z! v%t"!�N��%(&(&(&(&$/$/$/7N9N9N9N9N9N9N$@Q��S^]N!$//"$/$/$/]N!!(&(&�rN�0�0�0$/!(&!(&7N�0$/7N�0�0�U=|�>(&�� o��~��$0d�=#N�N0�N�=�TT�0:TT$�>�>&TT!�>T$/$/�0$/$/$/$/$/]N]N�0$/$/$/�N$/$/$/$/��TT$/$/$/$/$/$/$/$/$/� �: $NULIDAD PROCESAL / NOTIFICACI�N POR ESTADO / REGULACI�N LEGAL Dispone el art�culo 289 del C�digo General del Proceso� que las providencias judiciales se har�n saber a las partes y dem�s interesados por medio de notificaciones, dentro de las que se cuenta la surtida por estado.

Esta forma de comunicar las decisiones en un proceso judicial se encuentra reglada en el art�culo 295 ib�dem, en el que se establece la informaci�n que de cada expediente debe constar en el listado que se elabora por el Secretario, quien deber� publicarlo al d�a siguiente de la fecha de la providencia a notificar. NOTIFICACI�N POR ESTADO / DECRETO 806 DE 2020 � con ocasi�n a la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Protecci�n Social en virtud de la pandemia originada por el Covid-19, el Gobierno Nacional declar� el Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica en todo el territorial nacional y decret� una serie de medidas tendientes a minimizar los efectos del referido virus� Esa as� que, en aras de dar continuidad a la prestaci�n del servicio a cargo de la administraci�n de justicia, se expidi� el Decreto 806 de 2020� Una de las medidas implementadas por la referida norma hace relaci�n a la notificaci�n por estados y traslados, disponiendo concretamente el art�culo 9� de la norma en cita que �Las notificaciones por estado se fijar�n virtualmente, con inserci�n de la providencia (�) Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservar�n en l�nea para consulta permanente por cualquier interesado�.

SISTEMA DE CONSULTA DE PROCESOS / DEBER DE LAS PARTES DE REVISAR LOS ESTADOS M�s recientemente, la Sala de Casaci�n Penal en la sentencia STP062-2022 se pronunci� haciendo referencia a que, con independencia de la existencia de un sistema de consulta de procesos, la obligaci�n de revisar los estados como medio de publicidad de las decisiones que se toman al interior de un proceso contin�a en cabeza de las partes.

En dicha providencia se�al� esa Alta Corporaci�n �Entonces, la informaci�n que se registra en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, no son un medio de notificaci�n, sino que tienen un car�cter meramente informativo, sin que las partes deban renunciar a su deber de verificar en los estados las notificaciones realizadas por la autoridad judicial correspondiente�.

Radicaci�n Nro.: 66170310500120220020501 Providencia: Auto de 13 de marzo de 2024 Proceso: Ordinario Laboral Demandante: Wilber Alexander Murcia Yepes Demandado: Transportes Saferbo S.A. Juzgado de origen: Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL� SALA LABORAL� MAGISTRADO PONENTE: JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ� Pereira, trece de marzo de dos mil veinticuatro Acta de Sala de Discusi�n No 038 de 11 de marzo de 2024 En la fecha, procede la Sala de Decisi�n Laboral a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por Transportes Saferbo s.a. contra el auto de fecha 4 de septiembre de 2023 mediante el cual el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas tuvo por no contestada la demanda por parte de esa sociedad dentro del proceso ordinario laboral que adelanta en su contra el se�or Wilber Alexander Murcia Yepes, cuya radicaci�n corresponde al N� 66170310500120220020501.

ANTECEDENTES Pretende el se�or Wilber Alexander Murcia Yepes que la justicia laboral declare la existencia de un contrato de trabajo entre �l y Transportes Saferbo S.A., el cual tuvo lugar entre el 01 de abril de 2001 y el 24 de junio de 2020 y que termin� sin justa causa por parte del empleador. Con base en esas declaraciones aspira que se condene a dicha sociedad al pago de la indemnizaci�n por despido injusto, lo que resulte probado conforme las facultades extra y ultra petita y las costas del proceso.

Una vez admitida la demandada se orden� notificar la demanda y correr el traslado respectivo. La Sociedad accionada, sin que mediara el acto de notificaci�n realizado por el Juzgado, dio respuesta en dos oportunidades al libelo inicial, una de ellas el d�a 31 de agosto de 2022 y la otra el 7 de septiembre de 2022. Mediante auto de fecha 1� de noviembre de 2022, al advertir la juzgadora de instancia que el poder otorgado por la demandada no fue conferido de conformidad con lo previsto en el art�culo 5� de la Ley 2213 de 2022, no autoriz� la notificaci�n por conducta concluyente y en su lugar, orden� que dicho acto procesal se surtiese de forma personal, publicidad que deb�a incluir tambi�n la providencia en la que se estaba tomando esa determinaci�n -numeral 10 del cuaderno digital de primera instancia-.

Esa orden se concret� el 9 de noviembre de 2022 cuando fue remitido, al correo electr�nico HYPERLINK "mailto:representantelegal@saferbo.com" \h representantelegal@saferbo.com, el mensaje con la informaci�n necesaria para que se surtiera la notificaci�n y el enlace a trav�s del cual se pod�a consultar el expediente digital. Esta comunicaci�n cuenta con acuse de recibo conforme se observa en la hoja 5 del numeral 11 del cuaderno digital de primera instancia. A pesar que dentro del t�rmino conferido para dar respuesta la demanda Saferbo S.A. guard� silencio, el Juzgado, en garant�a del derecho de defensa y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, procedi� a efectuar el control respectivo sobre la contestaci�n que inicialmente hab�a presentado la demandada, encontrando nuevamente como obst�culo para avalar la misma la ausencia de los requisitos establecidos en el art�culo 74 del C�digo General del Proceso o los previstos en la Ley 2213 de 2022 respecto del poder otorgado por la llamada a juicio para ser representada judicialmente en este asunto.

Consecuente con lo dicho, confiri� a la interesada el t�rmino de cinco (5) d�as para subsanar la falencia advertida Vencido dicho lapso sin pronunciamiento de la parte interesada, la a quo, por auto de fecha 4 de septiembre de 2023, procedi� a tener por no contestada la demanda, advirtiendo que tal omisi�n se tendr�a como indicio grave en contra de la llamada a juicio y fijando fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el art�culo 77 del C�digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Contra esa decisi�n, la parte demandada interpuso recurso de reposici�n y en subsidio apelaci�n haciendo notar que el sistema de consulta de procesos Justicia XXI alimentado por el juzgado estaba desactualizado, dado que al consultar el radicado asignado al expediente solo se aprecia la anotaci�n relativa al auto que admite la demanda, sin que se observe la publicaci�n del auto que inadmiti� la contestaci�n de la demanda.

Cuenta que el conocimiento que obtuvo en torno a la existencia de la acci�n devino de la notificaci�n que de la demanda y del auto admisorio realiz� la parte demandante directamente, siendo esta la raz�n por la que dio respuesta a la demanda el d�a 31 de agosto de 2022, actuaci�n que fue reiterada con posterioridad; que no obstante ello, el d�a 1� de noviembre de 2022 el Despacho profiri� auto mediante el cual orden� la notificaci�n personal de la demanda, del auto admisorio y de esa providencia, pero sostiene que dichos documentos no reposan en sus archivos.

Finalmente anota que, en la constancia secretarial que antecede a la decisi�n recurrida, se efect�a el conteo de t�rminos judiciales en el a�o 2020, cuando la admisi�n de la demanda se produjo en agosto de 2022. En providencia de 11 de octubre de 2023, el despacho se pronunci� manteniendo la decisi�n recurrida al verificar que el auto mediante el cual inadmiti� la contestaci�n de la demanda fue notificado correctamente, a trav�s del estado electr�nico No 039 de 12 de mayo de 2023, el cual fue publicado en el micrositio asignado al juzgado en la p�gina de la Rama Judicial, espacio en el que se pueden consultar las providencias notificadas en la fecha.

Indic� adem�s el juzgado que el sistema de gesti�n de procesos Siglo XXI no se encuentra implementado en ese municipio y que las actuaciones son registradas en el aplicativo �Siglo XXI web�, como herramienta prevista para brindar informaci�n a las partes sobre las decisiones y actuaciones que se surten en el proceso, pero no sustituye la notificaci�n prevista en el art�culo 41 del C�digo Procesal de Trabajo.

Frente a la irregularidad que el recurrente observa en la constancia secretarial que antecede al auto que tiene por no contestada la demanda, indica la a quo, que no deja de ser una imprecisi�n sin relevancia alguna en las decisiones adoptadas. ALEGATOS DE CONCLUSI�N Conforme se dej� plasmado en la constancia emitida por la Secretar�a de la Corporaci�n, solo la parte actora present� alegatos de conclusi�n, se�alando que, el argumento expuesto por la recurrente para atacar la decisi�n carece de fundamento, toda vez que el auto que inadmiti� la contestaci�n fue notificado por estado electr�nico el d�a 12 de mayo de 2023, por lo tanto se cumpli� con la publicidad de la decisi�n como garant�a del debido proceso y del derecho de contradicci�n y defensa que les asiste a las partes en litigio.

Reunida la Sala, lo que corresponde es la soluci�n al siguiente: PROBLEMA JUR�DICO �Se notific� en debida forma el auto por medio del cual se inadmiti� la contestaci�n de la demanda? CONSIDERACIONES Para resolver el interrogante formulado es necesario hacer las siguientes precisiones: DE LA NOTIFICACI�N POR ESTADO Dispone el art�culo 289 del C�digo General del Proceso, aplicable por integraci�n normativa al procedimiento laboral, que las providencias judiciales se har�n saber a las partes y dem�s interesados por medio de notificaciones, dentro de las que se cuenta la surtida por estado.

Esta forma de comunicar las decisiones en un proceso judicial se encuentra reglada en el art�culo 295 ibidem, en el que se establece la informaci�n que de cada expediente debe constar en el listado que se elabora por el Secretario, quien deber� publicarlo al d�a siguiente de la fecha de la providencia a notificar. Ahora, el par�grafo de esta �ltima disposici�n precisa que �Cuando se cuente con los recursos t�cnicos los estados se publicaran por mensaje de datos, caso en el cual no deber�n imprimirse ni firmarse por el Secretario� y que, una vez se �habiliten sistemas de informaci�n de la gesti�n judicial, la notificaci�n por estado solo podr� hacerse con posterioridad a la incorporaci�n de la informaci�n en dicho sistema�.

Pues bien, con ocasi�n de la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Protecci�n Social en virtud de la pandemia originada por el Covid-19, el Gobierno Nacional declar� el Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica en todo el territorial nacional y decret� una serie de medidas tendientes a minimizar los efectos del referido virus, siendo una de ellas el aislamiento obligatorio y preventivo desde el 25 de marzo de 2020, el cual se prorrog� hasta el 1� de septiembre de igual a�o, conforme el Decreto 1076 de 28 de julio de 2020.

Es as� que en aras de dar continuidad a la prestaci�n del servicio a cargo de la administraci�n de justicia, se expidi� el Decreto 806 de 2020, cuyo objeto consist�a en �implementar el uso de las tecnolog�as de la informaci�n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el tr�mite de los procesos judiciales ante la jurisdicci�n ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicci�n de lo contencioso administrativo, jurisdicci�n constitucional y disciplinaria, as� como, las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales, durante el t�rmino de vigencia del presente decreto.

Adicionalmente, este decreto pretende flexibilizar la atenci�n a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivaci�n de las actividades econ�micas que dependen de este�. � Una de las medidas implementadas por la referida norma hace relaci�n a la notificaci�n por estados y traslados, disponiendo concretamente el art�culo 9� de la norma en cita que �Las notificaciones por estado se fijaran virtualmente, con inserci�n de la providencia, y no ser� necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia. (�) Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservar�n en l�nea para consulta permanente por cualquier interesado�.

Esta disposici�n, junto con todo el cuerpo normativo del Decreto 806 de 2020, fue adoptada como legislaci�n permanente mediante la Ley 2213 de 2022. EL CASO CONCRETO De acuerdo con lo que es materia de cuestionamiento por parte de la recurrente, observa la Sala que el auto por medio del cual el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas inadmiti� la contestaci�n de la demanda, proferido el 11 de mayo de 2023 -numeral 12 de cuaderno digital de primera instancia-, fue notificado por estado electr�nico en el micrositio asignado a ese despacho judicial en la p�gina de la Rama Judicial, el d�a 12 de mayo de 2023, acto en el que fue incluida correctamente la providencia notificada - HYPERLINK "https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-001-laboral-de-dosquebradas/71" \h https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-001-laboral-de-dosquebradas/71-.

Lo anterior deja sin soporte alguno el argumento de la apelante, relacionado con el hecho de que la providencia que inadmiti� la contestaci�n de la demanda no fue publicitada, pues como pudo constatar la Sala, tal actuaci�n se surti� en debida forma, es decir al d�a siguiente de proferido se public� el listado elaborado por la secretar�a del despacho, el cual contiene la informaci�n necesaria como el radicado, la naturaleza del proceso, las partes, fecha de la providencia y el link que permite consultar la decisi�n, el cual se encuentra habilitado a la fecha.

De acuerdo con lo expuesto, al no ser el mentado auto de aqu�llos que deben ser notificados personalmente y que se encuentran relacionados en el art�culo 290 del C�digo General del Proceso, la forma de comunicar su contenido a las partes era por estado, actuaci�n que, como viene de verse, se encuentra surtida en el proceso. Ahora bien, en cuanto a la desactualizaci�n de la informaci�n en la p�gina web de la Rama Judicial � Consulta de Procesos, es claro que este no es el medio para notificar las actuaciones judiciales surtidas al interior del proceso, pues aun cuando el inter�s de la administraci�n de justicia es que a trav�s de estas bases de datos, las partes, sus apoderados, los interesados y los usuarios en general puedan acceder a informaci�n veraz, precisa y en tiempo real respecto a los procesos que se tramitan ante los juzgados y Corporaciones del pa�s, en realidad no est�n dise�adas para llevar a cabo el acto de notificaci�n en sus diversas modalidades -personal, por estado, por aviso, en estrados, entre otras-.

En este sentido se pronunci� la Sala de Casaci�n Civil en la sentencia de tutela STC7673-2020 de 23 de septiembre de 2020, en la que se�al�: �Ahora, no se entiende suplido ese deber del juzgador, al registrar el traslado de las diligencias en el sistema de datos que maneja su despacho, pues, como lo ha precisado la Corte en pret�ritas oportunidades, la informaci�n incorporada en dichas herramientas tecnol�gicas de seguimiento virtual de las actuaciones procesales, son simplemente una forma de comunicaci�n, por ende, no reemplaza las notificaciones judiciales.

Sobre el particular, esta Corporaci�n ha reflexionado: �(�) Es de ver que el sistema de gesti�n constituye una herramienta que facilita a la administraci�n de justicia el cumplimiento efectivo de sus cometidos, en particular, otorgar publicidad a las actuaciones judiciales, a la vez que permite a los ciudadanos el acceso a la administraci�n de justicia. Sin embargo, la informaci�n que se da conocer en los computadores (�) son �meros actos de comunicaci�n procesal� y no medios de notificaci�n, (�) los datos all� contenidos apenas dan cuenta de la historia y evoluci�n general de los procesos cuyo seguimiento interesa a las partes y no necesariamente informan de su contenido integral (�)�.� M�s recientemente, la Sala de Casaci�n Penal en la sentencia STP062-2022 se pronunci� haciendo referencia a que, con independencia de la existencia de un sistema de consulta de procesos, la obligaci�n de revisar los estados como medio de publicidad de las decisiones que se toman al interior de un proceso contin�a en cabeza de las partes.

Como puede verse, en el presente caso, aun cuando al consultar el expediente por medios virtuales �ste no estuviera actualizado, a la recurrente le correspond�a revisar los estados electr�nicos publicados en el portal de la Rama Judicial, para as� enterarse de las decisiones adoptadas en el proceso con posterioridad a la contestaci�n de la demanda, y como quiera que en esa direcci�n no encaus� su actuar dentro del tr�mite, la irregularidad advertida no alcanza a justificar su inactividad dentro del t�rmino que le fue conferido para subsanar la contestaci�n de la demanda.

De acuerdo con lo dicho, como quiera que no existe m�rito para variar la decisi�n de tener por no contestada la demanda, la misma habr� de confirmarse. Costas a cargo del recurrente. En m�rito de lo expuesto, la Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior de Pereira,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto interlocutorio de 4 de septiembre de 2023 proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas que tuvo por no contestada la demanda por parte de Transportes Saferbo S.A. y aplic� las consecuencias procesales previstas en el par�grafo 2� del art�culo 31 del CPT y SS.

SEGUNDO: CONDENAR en costas procesales a Transportes Saferbo S.A. Notif�quese por estado y a los correos electr�nicos de los apoderados de las partes. Quienes Integran la Sala, JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ Magistrado Ponente ANA LUC�A CAICEDO CALDER�N GERM�N DAR�O G�EZ VINASCO Magistrada Magistrado Con salvamento de voto Providencia: Auto de 13 de marzo de 2024 Radicaci�n No: 66170310500120220020501 Proceso: Ordinario Laboral Demandante: Wilber Alexander Murcia Yepes Demandado: Transportes Saferbo S.A. Magistrado Ponente: Dr. Julio C�sar Salazar Mu�oz Magistrada que salva voto: Dra. Ana Lucia Caicedo Calder�n TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA LABORAL SALVAMENTO DE VOTO Con mi acostumbrado respeto, manifiesto mi inconformidad frente a la providencia mayoritaria por las siguientes razones: En una sentencia de tutela de primera instancia, con Ponencia de la suscrita, en un caso similar al que ahora nos concita, en donde por un error de digitaci�n se trastoc� la fecha en la que se realizar�a una audiencia cuando se registr� en JUSTICIA XXI, la Sala ampar� el derecho al debido proceso, la defensa y el acceso a la administraci�n de justicia de la persona que se vio afectada por dicho yerro.

En esa ocasi�n se resolvi� el siguiente problema jur�dico: �La informaci�n err�nea o incompleta consignada en el Sistema de informaci�n de gesti�n de procesos y manejo documental Justicia XXI puede dar lugar a la configuraci�n de una causal de nulidad? La respuesta fue POSITIVA. Teniendo en cuenta que los argumentos de esa decisi�n son aplicables a este caso, trascribo lo pertinente, as�: �2.

Del sistema de informaci�n de gesti�n de procesos y manejo documental Justicia XXI El acelerado desarrollo de la tecnolog�a en todos los procesos administrativos y operativos, tanto en lo p�blico como en lo privado, oblig� a la Rama Judicial a ponerse a tono con ese avance, y en ese prop�sito la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, introdujo el Sistema de informaci�n de gesti�n de procesos y manejo documental Justicia XXI a trav�s del Acuerdo 1591 de 2002, que obliga a los servidores judiciales a registrar todas las actuaciones procesales surtidas en cada proceso, seg�n se desprende del art�culo 5�, so pena de de las sanciones disciplinarias y administrativas a que haya lugar, como lo disponen la Ley 734 de 2002 y el Acuerdo 1392 de 2002. En principio, la utilizaci�n de esta herramienta comenz� con la posibilidad de consultar los procesos en los monitores instalados en los palacios de justicia, pr�ctica que a�n subsiste, y que evita la consulta f�sica del expediente a menos que sea estrictamente necesario, todo lo cual redunda en la descongesti�n de las secretar�as de los despachos judiciales.

Sin embargo, desde hace unos a�os la Rama Judicial cuenta con su propio link en el ciberespacio ampliando la posibilidad de que la consulta se haga desde cualquier lugar del mundo, lo que de suyo no solo ahorra tiempo y dinero a los usuarios de la administraci�n de justicia, sino que les garantiza un efectivo control del proceso d�a a d�a sin moverse de su casa o de su oficina, y de paso reduce la aglomeraci�n de gente en las instalaciones de los respectivos despachos judiciales.

Todav�a falta mucho por hacer con respecto a los lugares m�s apartados de Colombia donde todav�a no hay acceso al internet, pero es una verdad de a pu�o que esta herramienta tecnol�gica salvaguarda el principio de transparencia, garantiza el acceso a la administraci�n de justicia, asegura la publicidad de los actos judiciales y hace m�s eficaces y efectivos los tr�mites procesales.

Sobra decir que la tecnolog�a facilita la vida de las personas, porque lleva la informaci�n hasta su casa, desaparece las barreras geogr�ficas, ignora los horarios de oficina, aminora la brecha entre pobres y ricos, abarata enormemente los costos y nos pone en igualdad de condiciones a todos. Por todas estas bondades, el legislador expidi� en el a�o 2011 dos leyes, la 1437 de 2011 �Nuevo C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la 1150 �Nuevo C�digo General del Proceso-, mediante las cuales dio v�a libre a la digitalizaci�n de los expedientes judiciales, complementando con ello lo que ya se hab�a iniciado y se hab�a ganado con el Sistema de informaci�n de gesti�n de procesos y manejo documental justicia XXI, quedando claro en todo caso que la vigencia de estos nuevos estatutos procesales en nada cambian las cosas respecto al sistema siglo XXI y sus efectos ante la comunidad. 2.

Precedente jurisprudencial respecto a la informaci�n registrada en el Sistema de informaci�n de gesti�n de procesos y manejo documental Justicia XXI No se puede negar que la posibilidad de consultar los procesos desde la comodidad de nuestra casa u oficina a trav�s del link del sistema Siglo XXI genera en el imaginario colectivo la confianza leg�tima de que lo que se consigna en cada proceso corresponde a lo que realmente sucede en el expediente, seg�n lo ha pregonado en reiteradas veces la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado al existir una �equivalencia funcional entre dicha informaci�n y la que consta en el expediente�, a tal punto que la omisi�n o el error en el sistema siglo XXI puede vulnerar los derechos al debido proceso, la defensa y el acceso a la administraci�n de justicia e incluso puede dar lugar a la configuraci�n de una causal de nulidad, seg�n las circunstancias propias de cada caso.

As� lo sostuvo el Consejo de Estado, Secci�n Tercera Subsecci�n B, en auto proferido el 11 de junio de 2013, con Ponencia del Consejero Dr. DANILO ROJAS BETANCOURT, Radicado interno No. 43105, en los siguientes t�rminos: �15.3. En el orden de ideas anteriormente expuesto, se observa que es uniforme la l�nea jurisprudencial relacionada con los datos que deben ser consignados en el Sistema de Gesti�n Judicial Siglo XXI, construida a partir de pronunciamientos emanados tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado en sus diferentes secciones, cuya tesis principal es que las imprecisiones respecto de los datos que pueden hacerse constar en dicho sistema inform�tico, bajo ciertas circunstancias, dan lugar a la vulneraci�n de los derechos fundamentales de quienes acceden o pretenden acceder a la administraci�n de justicia. Tal planteamiento est� fundamentado en las siguientes premisas: Existe una obligaci�n a cargo de los despachos judiciales de incluir en forma correcta los datos del proceso en el Sistema de Gesti�n Judicial Siglo XXI, esto es, abarcando toda aquella informaci�n que sea necesaria para que los usuarios de la administraci�n de justicia puedan llevar a cabo una adecuada gesti�n de sus respectivos negocios, datos que deben ser concordantes con los que reposen en el expediente.

La informaci�n que debe ser consignada en el Sistema de Gesti�n Judicial Siglo XXI, es aquella que tiene una equivalencia funcional respecto de los datos que reposan en el expediente. Los usuarios de la administraci�n de justicia tienen el leg�timo derecho de presumir que es correcta y completa la informaci�n consignada en los mensajes de datos del sistema inform�tico, lo cual constituye un presupuesto indispensable para que a los intervinientes en el tr�mite judicial se les permita acceder a la prestaci�n del servicio y, de esa forma, puedan hacer efectivos sus derechos fundamentales, en especial los derechos a la defensa y al debido proceso.

Es importante precisar que los pronunciamientos que componen la l�nea jurisprudencial a la que antes se ha hecho menci�n, est�n referidos a aquellos casos en los que la informaci�n incluida en el sistema inform�tico de gesti�n no es coincidente con la que es observable en el expediente, bajo el supuesto de que es necesaria la existencia de ambos tipos de datos �inform�ticos y f�sicos- para que se pueda hablar de una equivalencia funcional entre ellos, en los t�rminos en que dicha caracter�stica ha sido interpretada por la Corte Constitucional�.

En la jurisprudencia a�n no existen pronunciamientos relacionados con aquellos eventos en los que se omite la inclusi�n de alguna informaci�n que, obrante en el expediente, deber�a haberse incluido en el Sistema de Gesti�n Judicial Siglo XXI, casos en los cuales no es posible hablar de equivalencia funcional, pues son inexistentes los elementos respecto de los que podr�a predicarse tal caracter�stica.

En este tipo de casos surge la pregunta de si, en determinadas condiciones, pueden vulnerarse las garant�as de los usuarios de la administraci�n de justicia, al haberse omitido la inclusi�n de cierta informaci�n en el sistema de gesti�n, interrogante que se resuelve afirmativamente con base en las siguientes precisiones:� Para responder esa inquietud, el Consejo de Estado analiza varias normas como el art�culo 95 de la Ley 270 de 1.996, el Acuerdo 1591 de 2002 y el Acuerdo PSAA06-3334 de 2006 ambos del Consejo Superior de la Judicatura, luego de lo cual concluye: 15.5.7.

As� las cosas, este despacho considera que la incorporaci�n del Sistema de Gesti�n Judicial Siglo XXI como herramienta de gesti�n en un despacho, tribunal o alta Corte de justicia �lo cual supone superadas etapas como la valoraci�n t�cnica y tecnol�gica en cada caso para su adopci�n y entrada en funcionamiento, su conocimiento como instrumento que facilita el trabajo judicial y la capacitaci�n de los funcionarios a cargo de su operatividad, mantenimiento y permanente actualizaci�n-, comporta la obligaci�n de consignar la totalidad de los datos que tengan que ver con el tr�mite del expediente, y el incumplimiento de la misma puede llevar a la vulneraci�n de los derechos procesales de los usuarios de la administraci�n de justicia. Ello quiere decir que la informaci�n incluida en el Sistema de Informaci�n de Gesti�n de Procesos y Manejo Documental (Justicia XXI), adem�s de ser correcta �equivalencia funcional-, tambi�n debe ser completa, en especial frente a los datos que implican la comunicaci�n de actos procesales a las partes pues, de lo contrario, quedar�an en imposibilidad que ejercer un adecuado control respecto de las decisiones judiciales que las afectan�.

A continuaci�n, el Consejo de Estado entra a analizar si la omisi�n de un dato en el sistema de gesti�n, puede en determinados casos configurar una causal de nulidad, concluyendo que cuando la omisi�n en el tr�mite de un proceso trae como consecuencia que se le impida a las partes hacer uso de las oportunidades para pedir pruebas, se configura la causal sexta de nulidad.

Para claridad del asunto conviene recordar que, en el caso analizado por ese Alto Tribunal, el tr�mite de fijaci�n en lista para el traslado de la demanda, no fue consignado en las actuaciones del proceso que aparece en el sistema de gesti�n, en virtud de lo cual la parte demandada cay� en la errada convicci�n de que a�n no se le hab�a abierto la oportunidad para dar contestaci�n a la demanda, absteni�ndose de proponer excepciones y solicitar la pr�ctica de pruebas.

Pese a que la fijaci�n en lista se hizo en la respectiva Secretar�a del Despacho judicial cuestionado, de todos modos el Consejo de Estado consider� que se configur� la causal sexta de nulidad. Contrario a lo expresado por la propia Corte Constitucional, la Sala de Casaci�n Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia T-42003 del 18 de marzo de 2013, sostiene, palabras m�s, palabras menos, que la herramienta tecnol�gica Justicia XXI a�n no ha sido autorizada para sustituir los tipos convencionales previstos en la normatividad vigente, de modo que los sujetos intervinientes deben asumir la carga de examinar y hacer el seguimiento de rigor al respectivo expediente.

Frente a esta tesis �que esta Sala no comparte- basta contraponer el precedente del �rgano de cierre de la jurisdicci�n constitucional en Sentencia T-686 de 2007, con Ponencia del Dr. Jaime C�rdoba Trivi�o, en la que dijo: �16. Tan loables prop�sitos s�lo se satisfacen si los datos registrados en dichos sistemas computarizados tienen car�cter de informaci�n oficial, de modo tal que puedan generar confianza leg�tima en los usuarios de la administraci�n de justicia. De lo contrario, la implementaci�n de tales sistemas adem�s de no contribuir a lograr mayores niveles de eficiencia, publicidad y acceso a la administraci�n de justicia, puede incluso resultar contraproducente para alcanzar tales fines.

Si, no obstante destinar recursos financieros y tiempo de trabajo de los empleados judiciales encargados de alimentar el sistema que contiene el historial de los procesos, se considera que su consulta no releva a los usuarios de la administraci�n de justicia de la revisi�n directa de los expedientes, es evidente entonces que la implementaci�n de tales medios tecnol�gicos no s�lo pierde su raz�n de ser, sino que adem�s entorpece el logro de las finalidades que con ellas se persiguen: por un lado, torna ineficiente la utilizaci�n de los recursos financieros y del tiempo de trabajo de los funcionarios.

Por otra parte, representa un obst�culo adicional para los usuarios de la administraci�n de justicia, al aumentar el tiempo que han de invertir y los filtros que deben sortear para acceder a la informaci�n y revisar los procesos de su inter�s. Como puede constatar quien acude a los despachos judiciales de las principales ciudades del pa�s para indagar por la suerte de un proceso, tras la implementaci�n de estos sistemas de informaci�n, ahora los ciudadanos deben esperar el turno para consultar los computadores; deben esperar adem�s para ser atendidos por los empleados judiciales encargados de mostrarles el expediente, quienes en ocasiones condicionan el acceso al mismo a que aparezca alguna nueva actuaci�n en la pantalla del computador.

Si a todo lo anterior se a�ade el que dicha informaci�n puede ser una potencial fuente de error, porque las autoridades judiciales no se hacen cargo de la veracidad de los datos registrados en los computadores de sus despachos, relacionados con el historial de los procesos sometidos a su conocimiento, la consulta de tales sistemas de informaci�n ya no s�lo deviene in�til sino incluso peligrosa para los usuarios de la administraci�n de justicia, pues en caso de que decidan acudir a las pantallas deben asumir la tarea adicional de constatar la veracidad de la informaci�n en ella suministrada.

Bajo estas condiciones, no cabe duda que resulta m�s racional para los ciudadanos ahorrarse el tiempo de filas y de consulta de los sistemas computarizados de los juzgados y volver, como antes, a congestionar las barras para requerir de los empleados judiciales el acceso directo a los expedientes. Siendo as�, se habr�n dilapidado recursos valiosos y escasos sin haber ganado nada en t�rminos de eficacia, publicidad y facilidad en el acceso a la administraci�n de justicia. En definitiva, la utilizaci�n de los sistemas de informaci�n sobre el historial de los procesos y la fecha de las actuaciones judiciales s�lo se justifica si los ciudadanos pueden confiar en los datos que en ellos se registran.

Y ello puede ocurrir siempre y cuando dichos mensajes de datos puedan ser considerados como equivalentes funcionales de la informaci�n escrita en los expedientes�.� CASO CONCRETO: Recu�rdese que, en este caso, tal como se dice en la providencia de la cual me aparto, el auto que INADMITI� la contestaci�n de la demanda no fue registrado en el sistema Justicia XXI WEB, como lo hace el juzgado de instancia con todas las actuaciones judiciales que realiza, como es su obligaci�n, registro que crea en los usuarios la confianza leg�tima de que toda actuaci�n judicial en cualquier proceso se registrar� en dicho sistema.

Dicha omisi�n afect� gravemente el derecho de defensa de la parte demandada al no percatarse de la decisi�n ni del t�rmino que ten�a para subsanar. Y si bien el auto se notific� estados, de acuerdo a lo visto precedentemente debe existir una equivalencia funcional entre los datos que reposan en el expediente, verbigracia, en los estados electr�nicos, y lo que se consigna en el sistema de Gesti�n Judicial Siglo XXI, m�xime ahora cuando en virtud de la Ley 2213 del 2022 se adopt� como legislaci�n permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020 que a su vez implement� el uso de las tecnolog�as de la informaci�n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales.

En efecto, esa omisi�n INJUSTIFICADA indujo a la parte demandada a un error en la contabilizaci�n del t�rmino para subsanar la contestaci�n de la demanda, raz�n por la cual debi� revocarse la decisi�n de primera instancia y en su lugar ordenar que se retrotraiga la actuaci�n al inicio del t�rmino de 5 d�as para subsanar. En estos t�rminos sustento mi salvamento de voto.

ANA LUC�A CAICEDO CALDER�N Magistrada Sentencia de tutela de primera instancia del 18 de noviembre de 2014, Radicaci�n No. 66001-22-05-000-2014- 00182-00, Accionante: Carlos A. Casta�eda y C�a. S.C.A., Accionado: Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira; Magistrada ponente: Dra. Ana Luc�a Caicedo Calder�n Wilber Alexander Murcia Yepes vs Transportes Saferbo S.A. Rad. 66170310500120220020501 PAGE \* MERGEFORMAT7 =>tu� Q R S � � � � � g i � � �ʯ��dddK1h�X�5�CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4hpj�h� R S � � � DCm�� $d��1$7$8$H$a$gd�.�$d��1$7$8$H$a$gdL1$d��1$7$8$H$a$gd�0&$d��1$7$8$H$a$gd�q�$d��1$7$8$H$a$gd� 1�0J&OJQJ^J h�.�h��0J&OJQJ^J h�.�h\ �0J&OJQJ^J h�.�h2DI0J&OJQJ^JG)Y+Z+�+�+�+�+,,&,',~,,�,�,�-�-�.�� $�3�]�3a$gd�.� $ & F��>��^��`�>�a$gd�.� $da$gd�.�$�j� �]�j^� a$gd�.� $�a$gd�.� $�a$gd�.�%d��9D[$\$gd�.�i+j+q+}+~+�+�+�+�+�+�+�+�+,,,,��ǴǞ�wdwK2Kwd0h�.�h�5�6�CJOJPJQJ\�]�^JaJ0h�.�h{#5�6�CJOJPJQJ\�]�^JaJ$h�.�h{#CJOJPJQJ^JaJ h�.�h{#CJOJQJ^JaJ*h�.�h{#5�CJOJPJQJ\�^JaJ*h�.�h!}5�CJOJPJQJ\�^JaJ$h�.�hZh� CJOJPJQJ^JaJ$h�.�h�SJCJOJPJQJ^JaJ$h�.�h�� RCJOJPJQJ^JaJ$h�.�h 3�dCJOJPJQJ^JaJ,&,',},~,�,�,�,�,�-!.��ӷ�{�`E*4h�.�hxrXCJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4h�.�hxrXCJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH 4h�.�h{#CJOJPJQJ^JaJmH nH sH tH:h�.�h-:5�CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH:h�.�h{#5�CJOJPJQJ\�^JaJmH nH sH tH 6h�.�h{#5�CJOJQJ\�^JaJmH nH sH tH h�.�h{#CJOJQJ^JaJh�.�h{#CJ^JaJh�.�h{#5�CJ^JaJ 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