11001310301920000436 01 · Tribunal de Bogotá

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MAGISTRADA PONENTE: ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO. RADICACI�N: No. 11001310301920000436 01. RAD. INTERNA 1787. PROCEDENCIA: JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA. DEMANDANTE: JOSE MAXIMILIANO BERNAL CARDENAS. DEMANDADO: ADRIANO SIERRA AVILA Y OTROS CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO. MOTIVO DE ALZADA: APELACION SENTENCIA. FECHA DISCUSI�N Y APRO- CI�N PROYECTO: 14-julio-2004.

ASUNTO Decide el Tribunal la apelaci�n, otorgada en el efecto suspensivo a la parte demandada, contra la sentencia de fecha 22 de julio de 2003, proferida por el Juzgado 19 Civil del Circuito de la ciudad, dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES El se�or JOSE MAXILIANO BERNAL CARDENAS, a trav�s de apoderado judicial, aportando como t�tulo base de la pretensi�n la primera copia de la Escritura P�blica No. 4.124 del 20 de agosto de 1998 de la Notar�a 20 del C�rculo de Bogot�, impetr� acci�n ejecutiva hipotecaria de mayor cuant�a en contra de ADRIANO SIERRA AVILA, FLOR MARIA SIERRA RODRIGUEZ, LUCIA SIERRA RODRIGUEZ, JAIRO ANTONIO SIERRA RODR�GUEZ, ENRIQUE SIERRA RODRIGUEZ, GLADYS SIERRA RODRIGUEZ y ALFONSO SIERRA RODRIGUEZ, con el fin de que previo el tr�mite de rigor se librara mandamiento de pago a su favor, por las siguientes sumas de dinero: $40.000.000 como capital, m�s los intereses moratorios pactados a una tasa del 5% mensual, liquidados desde el 21 de octubre de 1998 hasta su pago total, y el 15% de todo lo adeudado para el pago de los honorarios de abogado de acuerdo a lo pactado en cl�usula novena de la mencionada escritura publica; as� mismo, que previo embargo, se decretara la venta en p�blica subasta del inmueble hipotecado en garant�a de la obligaci�n, para que con el producto se pague la misma.

Las anteriores pretensiones se fundaron en que los demandados se constituyeron en deudores del demandante por la suma antes indicada, recibida en calidad de mutuo con intereses, de acuerdo a los t�rminos de la Escritura P�blica No. 4.124 del 20 de agosto de 1998 de la Notar�a 20 del C�rculo de Bogot�, registrada en el Folio de Matr�cula Inmobiliaria No. 50C -315588 de la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos de Bogot�; que la obligaci�n deb�a ser pagada en el t�rmino de un a�o a partir de la fecha de la mencionada escritura, esto es el 20 de agosto de 1999; que se pactaron intereses de plazo al 4% mensual y de mora al 5% mensual; estableci�ndose la cl�usula aceleratoria; que en uso de la cl�usula acelaratoria los deudores se encuentran en mora desde el 20 de octubre de 1998, ya que solo pagaron dos meses de intereses de plazo; que los demandados son los propietarios del bien inmueble hipotecado, conteniendo los documentos base de la acci�n una obligaci�n clara, expresa y actualmente exigible a cargo de los demandados, por prestar m�rito ejecutivo contra ellos (folios 13 a 16 C.1).

Repartida la demanda, y habiendo sido presentada con la plenitud de las formas, por auto del 5 de julio de 2000, se libr� el mandamiento de pago solicitado, orden�ndose el pago del capital, los intereses de mora desde el 21 de octubre de 1998 hasta la fecha en que se verifique el pago a la tasa del 5 % mensual, y el 15 % de la totalidad de lo adeudado, por concepto de pago de honorarios de abogado, pactados.

Tambi�n se decret� el embargo y posterior secuestro del inmueble hipotecado, perseguido dentro de la presente acci�n (folio 20 C.1). El demandado ADRIANO SIERRA AVILA, confiri� poder a abogado para que se notificara del mandamiento de pago y lo representara en el juicio (folios 35 y 36 C.1), quien adem�s atendi� la diligencia de secuestro del bien inmueble hipotecado (folio 45 C.1), a los dem�s demandados se les design� curador ad litem una vez agotado el tr�mite de los art�culos 318 y 320 del C�digo de Procedimiento Civil, quien contest� la demanda sin proponer excepciones, pidiendo al tenor del art�culo 492 del C�digo de Procedimiento Civil la regulaci�n de los intereses demandados por considerar que se cobran por encima de los autorizados por la Superintendencia Bancaria (folios 61 y 62 C.1).

Mediante escrito del 3 de abril de 2001, la parte actora manifest� reformar la demanda, en cuanto a los hechos de la demanda; petici�n negada por cuanto no se encontraba trabada la relaci�n procesal, al faltar la notificaci�n del demandado ADRIANO SIERRA AVILA (folios 64 y 65 C.1). Notificado el apoderado del demandado SIERRA AVILA, interpuso recurso de reposici�n, y en subsidio el de apelaci�n, contra el auto de mandamiento de pago, en cuanto al cobro de intereses se refiere, pues el juzgado debi� o inadmitir la demanda o incluir en la orden de pago solamente el inter�s permitido por la ley, seg�n el art�culo 11 de la Ley 510 de 1999, en concordancia con el art�culo 884 del C�digo de Comercio; adem�s que no pod�a incluir en la orden de apremio el valor del 15% por concepto de honorarios de abogado, ya que ello constituye lesi�n enorme para el demandado, y la ley se�ala los mecanismos para fijar las agencias en derecho; decisi�n mantenida y concedido el recurso subsidiario de apelaci�n, por auto del 4 de octubre de 2001, al considerar el a quo que lo relativo a intereses es materia de la decisi�n final, y respecto a los honorarios de abogado, que a�n habi�ndose cometido la irregularidad al conceder un porcentaje fijo por tal concepto, ello debe asociarse con las agencias en derecho y por ende con las costas del proceso, raz�n por la cual no pod�a configurarse un vicio capaz de enervar el contenido mismo de la obligaci�n demandada (folios 69 a 74 C.1).

El apoderado de dicho demandado propuso las excepciones de m�rito que denomino �p�rdida de intereses por cobro excesivo�, �lesi�n enorme en el cobro de honorarios de abogado�, y la de �falta de identidad del derecho sobre el inmueble hipotecado�. La primera sustentada en que el art�culo 884 del C�digo de Comercio establece que en aquellos casos en que el inter�s sobrepase el monto establecido en dicha codificaci�n, el acreedor perder� todos los intereses, y para este caso el actor pidi� intereses de mora al 5% mensual, lo cual no era posible por cuanto seg�n la certificaci�n de la Superintendencia Bancaria, ese no era, ni es el inter�s autorizado para las operaciones mercantiles, en concordancia con el art�culo 111 de la Ley 510 de 1999, y el art�culo 305 del C�digo de Procedimiento Civil.

La segunda excepci�n fundamentada en que en la cl�usula novena de la escritura p�blica de hipoteca base de la acci�n, el acreedor incluy� la obligaci�n a cargo de los demandados de pagarle el 15% del valor adeudado como honorarios de abogado, por el simple hecho de presentar la demanda, sin perjuicios de lo que el juzgado se�ale; lo cual constituye una aut�ntica lesi�n enorme para los deudores y un abuso del derecho por parte del prestamista, lo cual deb�a evitarse al momento de proferir sentencia, pues la ley se�ala las pautas para fijar las agencias en derecho.

La tercera excepci�n la sustent� en que revisado el certificado de tradici�n del inmueble hipotecado, se observa que el 50% del inmueble figura como derecho real, y el otro 50% como derechos y acciones, por lo que resulta imposible secuestrar y rematar la totalidad del inmueble por expresa prohibici�n del C�digo Civil, ya que dichas acciones no son susceptibles de secuestro por tratarse de una simple expectativa (folios 76 a79 C.1).

Por auto del 4 de octubre de 2001, se admiti� la reforma de la demanda en cuanto a la inclusi�n de nuevos hechos, ordenado su presentaci�n integrada en un solo escrito (folio 82). Por auto del 7 noviembre de 2001 se libr� el nuevo mandamiento de pago de acuerdo con la reforma de la demanda, por la misma suma de capital e intereses de mora pedidos, neg�ndose los intereses de plazo, precisando que los honorarios de abogado no son una pretensi�n pertinente seg�n la naturaleza del proceso (folios 93 y 94 C.1).

Nuevamente el apoderado del demandado Adriano Sierra �vila, formul� reposici�n y en subsidio apelaci�n contra el nuevo mandamiento de pago, con el fin que se ajustaran los intereses a la tasa certificada por la Superintendencia Bancaria; petici�n negada por auto del 13 de diciembre de 2001, concediendo la alzada subsidiaria (folios 95 a 99 C.1).

En igual forma formul� las excepciones de �p�rdida de los intereses por cobro excesivo� y �falta de identidad del derecho sobre el inmueble hipotecado� (folios 100 a 102 C.1). La parte actora descorri� el traslado de las excepciones solicitando negarlas, con sustento en que la p�rdida de intereses por cobro excesivo no se ha incurrido en ella, pues para el momento del mutuo y la hipoteca eran totalmente legales y ajustados a derecho, circunstancia diferente es que posteriormente la ley orden� la regulaci�n de intereses, pero las autoridades directamente deber�an entrar a regularlos, pidi�ndose en este caso los intereses pactados por las partes; adem�s con el recurso contra el mandamiento de pago se orden� el pago de intereses de acuerdo a lo establecido en la ley, por lo que dicha excepci�n ya no tiene fundamento; as� mismo, sobre la excepci�n de lesi�n enorme en el cobro de honorarios de abogado, se�ala que el abogado de la contraparte parece olvidar que las cl�usulas contractuales tienen plena validez legal y jur�dica, y que por tal raz�n, si no existi� en ning�n momento alguna clase de vicio del consentimiento que llevara a cometer errores, su validez es plena en todo lo pactado en la escritura de hipoteca, y que como el juez ya orden� el pago de honorarios de acuerdo a la ley, o sea en el momento procesal determinado, de igual forma la excepci�n no tiene asidero legal; finalmente respecto a la excepci�n de falta de identidad del derecho sobre el inmueble hipotecado, precisa que la excepci�n fue resuelta dentro de los t�rminos legales, con la presentaci�n de la reforma integral de la demanda, la cual fue admitida por el juzgado, por lo tanto la excepci�n resulta impr�spera (folios 104 y 105 C.1).

Advertida la falta de notificaci�n de la demandada GLADYS SIERRA RODR�GUEZ, se procedi� a surtir dicho acto, guardando silencio (folios 106 y 111 C.1). La audiencia de conciliaci�n no se llev� a cabo por estar algunos de los demandados representados por curador ad litem, abri�ndose el proceso a pruebas por auto del 3 de julio de 2002, decret�ndose la documental aportada por las partes, interrogatorio al actor y al demandado Adriano Sierra �vila, y los testimonios de Omar Ca��n Romero, Giovanny Ca��n Romero y Alvier Aguirre, pedidos por la parte demandada (folios 115 y 116 C.1).

El interrogatorio al demandado Sierra �vila no se llev� a cabo por inasistencia del apoderado de la parte actora y no haberse aportado interrogatorio (folio 120); el interrogatorio al actor se llev� a cabo de acuerdo al cuestionario allegado, reconociendo que cobra intereses de acuerdo a lo pactado; que los intereses de mora pactados son al 5% mensual; que los demandados no le han presentado propuestas de pago; que desconoce la situaci�n econ�mica de los demandados; que los deudores solo le pagaron dos meses de intereses; que el arreglo propuesto es que cuando vendan el inmueble que est� hipotecado pagan, fecha que es incierta; que no sabe cuantos a�os tenga el demandado Adriano Sierra �vila, pero que considera que todav�a est� en condiciones de trabajar y los hijos son personas con plena capacidad de producir; y que su actividad no es el pr�stamo de dineros (folio 124 ).

A folio 125 obra constancia de la inasistencia de los testigos, y del apoderado de la parte pasiva que pidi� la prueba. Por auto del 2 de octubre de 2002, se acept� el desistimiento del interrogatorio al demandado Sierra �vila (folio 127 C.1). Corrido el traslado para alegatos de conclusi�n, la parte actora se remiti� al escrito por el cual descorri� el traslado de las excepciones, pidiendo su improsperidad y ordenar seguir adelante con la ejecuci�n (folio 133 C.1).

La parte demandada guard� silencio. EL FALLO IMPUGNADO Acto seguido se profiri� sentencia el 22 de julio de 2003, que declar� no probadas las excepciones de m�rito propuestas, decret� la venta en p�blica subasta del bien embargado en el proceso para que con su producto se pague al actor la obligaci�n demandada, practicar la liquidaci�n del cr�dito y conden� en costas a la parte demandada.

El a quo sustento la decisi�n de instancia precisando en primer lugar que los presupuestos procesales aparecen cumplidos y no aparece vicio capaz de invalidar lo actuado. Respecto a la primera excepci�n de perdida de intereses por cobro excesivo, indic� que a la fecha de la celebraci�n del contrato de mutuo, la legislaci�n comercial en su art�culo 884 establec�a la sanci�n de perdida total de los intereses en cuanto los intereses pactados sobrepasaran el inter�s bancarios corriente (para los intereses de plazo) o el doble de los mismos para los intereses moratorios.

As�, para la fecha de celebraci�n del contrato la tasa de inter�s para los cr�ditos ordinarios, seg�n la certificaci�n de la Superintendencia Bancaria, correspond�a al 49.69% anual, la cual aumentada en la mitad arroja un total del 74.53% anual, lo que mensualmente representa el 6.21%, lo que estar�a en principio, por encima de la tasa pactada.

Que con la vigencia de la Ley 510 de 1999, que en su articulo 111 reform� el articulo 884 del Codigo de Comercio, se estableci� que el inter�s moratorio ser�a equivalente a una y media veces el bancario corriente, el cual estar�a supeditado a las fluctuaciones mensuales seg�n lo certificado por la Superintendencia Bancaria; as�, el a quo estableci� que el inter�s de mora a liquidar seria del 5 % mensual, siempre y cuando no supere la m�xima legal permitida para cada periodo, de lo contrario los puntos de mas ser�an perdidos autom�ticamente.

La segunda excepci�n propuesta por el demandado, falta de identidad del derecho sobre el inmueble hipotecado, la declar� impr�spera por cuanto el error fue subsanado con la reforma de la demanda, adem�s las excepciones como tales se dirigen a enervar la pretensi�n, que para el caso se trata del cobro coercitivo de una obligaci�n de contenido crediticio y el fundamento de la mencionada excepci�n no ataca la obligaci�n, sino su garant�a, aparte de que, como se dijo, dicha irregularidad fue subsanada en oportunidad.

La tercera y ultima excepci�n se�alada por el apoderado del demandado, esto es, lesi�n enorme en el cobro de honorarios, se abstuvo de considerarla el a quo en cuanto el nuevo mandamiento de pago no incluy� la suma correspondiente a la pretensi�n a que se hace referencia (folios 134 a 140 C.1). LA IMPUGNACI�N El apoderado de la parte demandada, recurrente en apelaci�n, sustent� su inconformidad parcial con el fallo de primera instancia, por las siguientes razones: La interpretaci�n incorrecta que llev� al a quo a considerar que la Ley 510 de 1999, en su articulo 111 -que reformo el articulo 884 del C�digo de Comercio-, estableci� que el cobro de inter�s por encima del m�ximo permitido por la ley, implica la perdida de los puntos de inter�s cobrados de m�s y no la totalidad de los intereses, y a considerar que el cobro de intereses debe hacerse a una tasa del 5% mensual siempre y cuando no supere la m�xima legal permitida para cada periodo, caso en el cual se liquidar� solo el tope perdiendo los puntos de inter�s de m�s, cuando es claro que el cr�dito de acuerdo a la norma enunciada, debe ser liquidado en forma fluctuante por cada periodo mensual, sin que exceda el tope m�ximo permitido, por lo que debi� dictarse fallo decretando la perdida de los intereses, por haberse excedido el acreedor en el cobro de los r�ditos (folios 5 y 6 de este cuaderno).

CONSIDERACIONES Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad y sobre ellos no hay lugar a reparo alguno; as� mismo, examinada la actuaci�n procesal, rituada en ambas instancias, no se observa irregularidad alguna que pueda invalidar lo actuado. Por lo anterior est�n presentes las condiciones necesarias para proferir sentencia de m�rito, que decida de fondo sobre la apelaci�n formulada.

Como se establece claramente del recuento de la impugnaci�n, sustenta el apelante su recurso en un solo aspecto puntual: la sanci�n por el cobro excesivo de inter�s moratorio implica la p�rdida total de los mismos y no solo los puntos cobrados de m�s y que el inter�s moratorio deber� liquidarse a una y media vez el inter�s bancario corriente, de acuerdo con lo topes m�ximos y fluctuantes para cada per�odo en mora indicados por la Superintendencia Bancaria.

Al respecto es importante poner de presente para el an�lisis y decisi�n del caso en concreto, que el contrato de mutuo base de esa demanda, al ser de car�cter civil, no est� regulado en los art�culos 1163 a 1169 del C�digo de Comercio, normas que prev�n el pacto y pago de intereses legales en el contrato de mutuo mercantil, raz�n por la cual tampoco se rige por los art�culos 65 y 72 de la Ley 45 de 1990; como equivocadamente orientaron el a quo y las partes el debate.

Ahora bien, tr�tese de mutuo civil o comercial, existe libertad contractual para convenir los intereses, pero esa autonom�a de la voluntad o libertad contractual no es ilimitada y menos irresponsable, porque en nuestro ordenamiento, con disposiciones de car�cter imperativo, la voluntad privada est� adecuadamente subordinada al orden p�blico, para que prevalezcan principios generales como el respeto, la moral y las buenas costumbres, en caso contrario su infracci�n da lugar a una sanci�n legal proporcionada a la gravedad, unas veces consistente en la nulidad, otras en la p�rdida o graduaci�n de los intereses que se cobren en exceso, con obligaci�n de devolverlos (art�culo 72 Ley 45 de 1990; art�culo 2231 C�digo Civil) y en algunas una sanci�n penal.

Esto es, que en materia de intereses, �nico punto de la apelaci�n que aqu� se resuelve, las referidas normas de orden p�blico son tanto las que determinan la configuraci�n de las tasas m�ximas de inter�s por la ley o por la autoridad monetaria, como las que establecen las consecuencias del quebrantamiento de dichas tasas; y como los l�mites no est�n expl�citos en la ley, �sta remite a una t�cnica que habilita a la administraci�n para se�alarlos o comprobar los del mercado, en orden a fijar el contenido del derecho a cobrar intereses; entre ellas los actos administrativos de la Junta Monetaria del Banco de la Rep�blica sobre tasas m�ximas de intereses remuneratorios, o la Superintendencia Bancaria sobre las tasas del inter�s bancario corriente, que han de apoyarse por fuerza del principio de legalidad en las leyes que habilitan especialmente para ello, como son el literal e) del art�culo 16 de la Ley 31 de 1992, el art�culo 884 del C�digo de Comercio, los art�culo 1617 y 2231 del C�digo Civil, y el art�culo 305 del C�digo Penal.

La sumisi�n de los contratantes a las normas vigentes al tiempo de la celebraci�n del contrato de mutuo, implica su ejecuci�n a las normas sobre intereses con las caracter�sticas ya mencionadas, para este caso, esas normas de orden p�blico, en blanco en la medida que difieren su complemento a una autoridad administrativa que los se�ala o certifica, existen desde hace varios a�os, como ocurre con las leyes y normas mencionadas, lo que en principio podr�a significar que son anteriores a la celebraci�n de muchos de los contratos de mutuo que subyacen al problema planteado en el fallo; concluyendo en fin, que la limitaci�n de la tasa de inter�s que puede pactarse, cobrarse o recibirse, y la aplicaci�n subsidiaria de la ley cuando se deben intereses pero no se hubiere convenido la tasa por las partes, nos coloca frente al tema de las normas imperativas y supletivas en materia contractual.

Se afirma que si se ha celebrado un contrato, el principio del pacta sunt servanda establece que el mismo debe cumplirse en los t�rminos que fue pactado; y que deben obedecerse s�lo las leyes que limiten los montos de los intereses para la �poca en que se celebre el contrato. Tesis que parte de la premisa de que s�lo restringen la autonom�a de la voluntad las normas de orden p�blico vigentes al tiempo de la celebraci�n del contrato, y que si con posterioridad a la celebraci�n del contrato las normas adquieren un nuevo contenido contrario al contrato, ellas no obligar�n a los contratantes, pero tampoco �stos podr�n derogarlas.

En el caso en concreto no est� en discusi�n la retroactividad de las leyes sobre intereses, las que regulan son preexistentes a los contratos, vigentes al tiempo de su celebraci�n y ejecuci�n, s�lo que la comprobaci�n de los hechos que les imprimen contenido material se produce peri�dicamente en vigencia de los contratos, por lo que los intereses pactados dentro de un contrato de mutuo o instrumento negociable no pueden sobrepasar los l�mites fijados por el legislador, precisando que en este caso, dentro de la escritura p�blica de hipoteca contentiva del contrato de mutuo civil al que accede, los deudores se obligaron a cancelar intereses de mora a la tasa determinada del 5% mensual permitida por la ley, y si bien que por las condiciones propias del giro de la econom�a nacional esta tasa de inter�s que en un principio estaba dentro de los limites legales quedare fuera de el, no se determina por este solo hecho que se deba ignorar el pacto consagrado en la escritura, lo que significa como lo pone de presente el a quo, que en la fluctuaci�n mes a mes, se debe revisar el acuerdo teniendo que si se acomoda a lo legalmente permitido se cumpla y cuando exceda al m�ximo legalmente permitido se acomode a este, para no incurrir en usura, pues lo contrario ser�a tanto como afirmar que no pueden existir acuerdos al respecto por cuanto seria impensable tener la posibilidad de determinar el rumbo de la econom�a, las altas y bajas de las tasas, a fin de acordar una que nunca pueda salirse de los topes m�ximos permitidos por la ley.

Es precisamente en este sentido que la legislaci�n que regla este caso concreto ha sido clara, especialmente la mencionada en los art�culos 2230 y 2231 del C�digo Civil, que permite que en el contrato de mutuo o pr�stamo de consumo se pueden estipular intereses en dinero o cosas fungibles, fijando un tope a los intereses convencionales, normas a las cuales, como se dijo, debi� ce�ir el a quo la cuesti�n debatida, para concluir su an�lisis desde esta perspectiva que ineludiblemente lo hubiera llevado a establecer que en la causa no se configura violaci�n alguna al l�mite m�ximo que sobre intereses se permite estipular en materia civil: �El inter�s convencional que exceda de una mitad al que se probare haber sido inter�s corriente al tiempo de la convenci�n, ser� reducido por el juez a dicho inter�s corriente, si lo solicitare el deudor� (art�culo 2231).

En efecto, si para el 20 de agosto de 1998, fecha del contrato de mutuo, el inter�s bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria - art�culo 191 del C�digo de Procedimiento Civil, y dem�s normas concordantes -, era del 48.41% anual, o sea, el 4.03% mensual - folio 12 C.1-, es indudable que en la causa puede afirmarse que la tasa pactada por inter�s moratorio (.5% mensual) no excede el m�ximun del inter�s permitido estipular, l�mite que para este evento era del 6.04% mensual, seg�n voces del art�culo 2231 del C�digo Civil, antes trascrito, por lo que no es procedente acoger la regulaci�n o p�rdida de intereses reclamada por la parte demandada.

As� las cosas infundada la inconformidad del apelante, habr� de confirmase la sentencia apelada, en cuanto declar� no probada la defensa de la parte pasiva y orden� seguir adelante la ejecuci�n, pero por las consideraciones aqu� expuestas, modificando el numeral 4 de la parte resolutiva para reiterar que la liquidaci�n del cr�dito all� ordenada deber� hacerse atendiendo al clase de contrato celebrado (mutuo civil) y que en ninguno de los per�odos en mora la tasa de inter�s convenida podr� superar el m�ximo legal permitido, ni el de usura consagrado en el art�culo 305 del C�digo Penal.

DECISI�N En m�rito de lo expuesto el Tribunal Superior del distrito Judicial de Bogot� D. C., en Sala de Decisi�n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - CONFIRMAR el fallo apelado de fecha y procedencia preanotadas, con la modificaci�n relativa a intereses conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte apelante. T�sense. TERCERO.- Devu�lvase el expediente al Juzgado de origen, para lo de su cargo.

C�PISESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE. Los Magistrados, ANA LUCIA PULGAR�N DELGADO RAD. No. 11001310301920000436

01. ARIEL SALAZAR RAM�REZ RAD. No. 11001310301920000436

01. EDGAR CARLOS SANABRIA MELO RAD. No. 11001310301920000436 01. 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ok - mutuo civil - l�mite intereses no usura - mora entonces no contrato seguro - BCH VS.NESTOR GALINDO.doc�h_�b�b�b�bQQ�@HP LaserJet IIILPT1:HPPCL5MSHP LaserJet IIIHP LaserJet III�@g,,@MSUDNHP LaserJet III�d HP LaserJet III�@g,,@MSUDNHP LaserJet III�d �b@@��Unknown��G��:�Times New Roman5��Symbol3&��:�ArialQV� AlgerianCourier New"��W��X��X�$�CPQ)��C"�Y��xx�0d�c�O 3��H��7TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCACONSEJO SUPERIORCONSEJO SUPERIOR JUDICATURA��Oh��+'��0�� 0 T` |�� 8TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCARIBCONSEJO SUPERIOR DEONSONSNormal CONSEJO SUPERIOR JUDICATURA36SMicrosoft Word 9.0D@>y�@r:`�+�@�=��@r:`�+�CPQ��՜.��+,��0<hp�� JUZGADO 32 CIVIL DEL CIRCUITOE�)�c� 8TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCAT�tulo !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@A��CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\��^_`abcd��fghijkl��o��Root Entry�� F�0g�+�q�1Table��Be5WordDocument��,�SummaryInformation(��]DocumentSummaryInformation8��eCompObj��kObjectPool��0g�+��0g�+�� FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q