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SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 2005-00286

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Liliana Aída Lizarazo Vaca

Fecha: 2005-08-01

Sujetos procesales: BANCO DEL ESTADO / JULIO ALBERTO LAVERDE GONZÁLES Y C.I. CAMILA TRADING CO. DE COLOMBIA LTDA.

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Ref: Ejecutivo de Banco del Estado contra Julio Alberto Laverde Gonz�les y C.I. Camila Trading Co. de Colombia Ltda. Discutido y aprobado en sala 1� de julio de 2005. Magistrado Ponente: Liana A. Lizarazo V. Toda vez que el proyecto presentado por el H. Magistrado Jos� Alfonso Isaza D�vila fuera derrotado. Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte ejecutante contra la sentencia del 12 de marzo de 2003, proferida por el Juzgado 8� Civil del Circuito de esta ciudad, en el proceso ejecutivo singular de Banco del Estado contra Julio Alberto Laverde Gonz�lez y C.I. Camila Trading CO. de Colombia.

I. Antecedentes 1. El 22 de marzo de 2000, se promovi� demanda ejecutiva para el cobro de $ 200.000.000, representados en los pagar�s Nos. 546-034430 y 546-034660, m�s los intereses moratorios a la tasa m�xima establecida en la ley hasta cuando se verifique el pago y las costas del proceso. 2. En sustento de lo pedido la ejecutante anot� que los ejecutados se obligaron a pagar en cuatro cuotas trimestrales las cifras referidas y pese a que se extingui� el plazo acordado, no atendieron tales prestaciones. 3.

Por auto del 11 de abril de 2000, se libr� el mandamiento de pago en la forma solicitada y el extremo demandado, luego de su emplazamiento conforme al art�culo 318 del C�digo de Procedimiento Civil, fue notificado mediante curador ad litem el 21 de agosto de 2002 (fl. 37 cdno. 1), habiendo propuesto la excepci�n de "prescripci�n de la acci�n cambiaria". 4.

Surtidas las etapas procesales respectivas, el juzgado en la sentencia apelada declar� probada tal defensa; orden� la terminaci�n del proceso; el levantamiento de las medidas de embargo y conden� en costas y perjuicios al ejecutante. II. El fallo de primera instancia Consider� el fallador que como las obligaciones reclamadas ten�an como fecha de vencimiento los d�as "13 de marzo y 27 de febrero de 1998", sin que hubiere operado la interrupci�n civil o natural, el fen�meno alegado se tornaba pr�spero, dado que entre aqu�llas fechas y la �poca en que se notific� el auto ejecutivo al auxiliar de la justicia transcurri� un t�rmino superior al previsto por el art�culo 789 del C�digo de Comercio.

III. El recurso de apelaci�n A vuelta de historiar lo acaecido en el interior de la ejecuci�n promovida, argument�, en s�ntesis, que el Juzgador no tuvo en cuenta que los deudores trav�s de la escritura p�blica 1547 del 22 de julio de 2001, de la Notar�a 24 de Bogot�, efectuaron una daci�n en pago por valor de $ 150.554.460, que se aplic� a las obligaciones reclamadas, de modo que se estructur� la interrupci�n del acotado fen�meno. IV.

Consideraciones 1. Sea lo primero se�alar que se encuentran estructurados los presupuestos jur�dico procesales para que el proceso tenga existencia jur�dica y validez formal, y que no se advierte la configuraci�n de causal alguna de anulaci�n de la actuaci�n procesal. La sentencia, por tanto, debe ser de m�rito. 2. La excepci�n: PRESCRIPCION DE LA ACCION CAMBIARIA.

La Prescripci�n, seg�n voces de los arts. 2512 y 2535 del C�digo Civil, es uno de los modos como pueden extinguirse las acciones de otros requiriendo para ello el simple transcurso del tiempo que en cada caso fue fijado expresamente por el legislador. Ejerci�ndose aqu� la acci�n cambiaria derivada del pagar� se tiene que el t�rmino de su prescripci�n aparece fijado por el Art. 789 del C�digo del Comercio en tres a�os, contados a partir del d�a de vencimiento.

Para determinar la fecha de vencimiento de la obligaci�n debe observarse lo estipulado al respecto en los pagar�s base de la acci�n. En uno de ellos los deudores se sometieron a efectuar el pago en 4 cuotas trimestrales de $ 25.000.000.oo, la primera de las cuales deb�a cancelarse el 13 de junio de 1997 y la �ltima el 13 de marzo de 1998; y en el otro pagar� los deudores se sometieron a efectuar el pago en 4 cuotas trimestrales de $ 25.000.000.oo, la primera de las cuales deb�a cancelarse el 27 de abril de 1997 y la �ltima el 27 de enero de 1998.

La prescripci�n entonces corre independientemente para cada una de las cuotas. Como la demanda se present� el 23 de marzo de 2000 se concluye que ninguna cuota estaba prescrita al momento de la presentaci�n de la demanda por lo que estudiar� la sala si respecto de ellas se dio la interrupci�n de la prescripci�n. 3. Siendo la prescripci�n extintiva susceptible de interrupci�n civil y natural, se impone analizar si en el sub-lite oper� alguna de estas modalidades.

Regla el Art. 2539 del C.C., que la prescripci�n extintiva puede interrumpirse natural o civilmente. Lo primero cuando el deudor, t�cita o expresamente reconoce su obligaci�n, y lo segundo, en el caso desarrollado por el Art. 90 del C. de P. Civil. Seg�n esta �ltima disposici�n, modificada por el decreto 2282 de 1989 vigente para la fecha en que se adelant� el proceso y se dict� sentencia de primera instancia, la prescripci�n se interrumpe con la presentaci�n de la demanda si dentro de los ciento veinte d�as siguientes a la notificaci�n del auto de mandamiento de pago al demandante se surte la notificaci�n a la parte demandada.

Sin duda alguna, debe entenderse que para el c�mputo del t�rmino en comento han de descontarse los d�as inh�biles judiciales (Art. 121 C.P.C.), y aquellos en que permaneci� el expediente al despacho, bajo las reglas establecidas en la ley (Art. 120 ibidem). Con todo, si realizados los descuentos respectivos, a�n el t�rmino no fue suficiente para lograr la vinculaci�n del sujeto pasivo, queda descartada toda posibilidad de ampliaci�n, porque con la reforma del Decreto 2282 de 1989, aplicable al caso, bastaba que objetivamente transcurrieran los ciento veinte d�as sin que se lograra la notificaci�n del demandado, para que se tomara inexorablemente como fecha de interrupci�n de la prescripci�n la de notificaci�n de la demanda y no la de su presentaci�n. 4.

Aplicando las anteriores premisas en el sub-lite, y teniendo en cuenta que el conteo del t�rmino inici� a partir del 14 de abril de 2000 a los demandados se surti� el 21 de agosto de 2002 esto es, cuando hab�an transcurrido con suficiencia los ciento veinte d�as referidos por el art. 90 del C.P.C., es preciso concluir que la presentaci�n de la demanda no fue suficiente para interrumpir el t�rmino de prescripci�n que ven�a corriendo, y en consecuencia cuando se notific� el mandamiento de pago al demandado ya se encontraba prescrita la acci�n. 5.

Ahora bien, se aleg� por el actor que la prescripci�n se interrumpi� en forma natural, alegaci�n que no encontrara probada el a-quo. Abordar� entonces la sala el estudio de �ste fen�meno. Se da la interrupci�n natural como lo se�ala el inciso segundo del art�culo 1539 del C�digo Civil por � el hecho de reconocer el deudor la obligaci�n ya expresa, ya t�citamente.� En el caso concreto el actor alega que la demandada hizo una daci�n en pago documentada en la escritura p�blica N� 1547 de 22 de junio de 2001 de la Notar�a 24 del c�rculo de Bogot� por medio de la cual se interrumpi� la prescripci�n y aport� copia simple de dicho documento.

En segunda instancia se decretaron pruebas de oficio y se orden� arrimar al proceso copia autenticada y completa de la escritura en menci�n.- Este documento fue aportado al proceso y se orden� tenerlo como prueba sin que fuera tachado de falso, por lo tanto tiene la eficacia probatoria suficiente para tener por demostrado que la demandada hizo un pago parcial de la obligaci�n cobrada.

Y no puede argumentarse que su aportaci�n fue extempor�nea porque de conformidad con el art�culo 183 del C. de P.C. el juez de segunda instancia puede tener en cuenta pruebas documentales aportadas despu�s de que el proceso haya pasado para sentencia, siempre que les de el tr�mite que les falte para su contradicci�n, m�xime si es el mismo fallador de segunda instancia quien las ha decretado en virtud de los art�culos 179 y 180 del C. de P.C. En el caso concreto la escritura en menci�n da cuenta de que la sociedad Fiduciaria Empresarial S.A. suscribi� con el se�or Julio Alberto Laverde Gonz�lez un contrato de fiducia mercantil irrevocable de garant�a mediante el cual el segundo transfiri� a la primera el derecho de dominio sobre el bien inmueble identificado con el folio de matr�cula N� 307-0048095 con el prop�sito de constituir con el mismo un patrimonio aut�nomo afecto a las obligaciones adquiridas por el fideicomitente o por un tercero. Dice el documento que como consecuencia de lo anterior la fiduciaria expidi� a favor de terceros certificados de garant�a fiduciaria, y que se expidi� a petici�n de fideicomitente Julio Alberto Laverde y para amparar obligaciones adquiridas por la sociedad C.I. Camyla Trading de Colombia Ltda los certificados de garant�a N� 2308-34/97 de fecha 12 de marzo de 1997 con un valor de cobertura de $ 100.000.000.oo, y N� 0237-006/97 de 24 de enero de 1997 con un valor de cobertura de $ 100.000.000.oo, certificados expedidos a favor de la Corporaci�n Financiera de Desarrollo S.A., quien los cediera al Banco del Estado.

En la cl�usula quinta de la escritura en menci�n se dej� constancia de que con la daci�n en pago se cancelaban parcialmente las obligaciones a cargo de la sociedad C.I. Camyla Trading Co de Colombia Ltda., y en la cl�usula d�cima se dijo que en virtud de ese pago se efectuar�a el abono respectivo a las obligaciones a cargo de la sociedad C.I. Camyla Trading Co de Colombia Ltda. y a favor del Banco del Estado.

Adem�s se protocoliz� con la escritura de daci�n en pago la cesi�n de los certificados de garant�a N� 2308-34/97 de fecha 12 de marzo de 1997 con un valor de cobertura de $ 100.000.000.oo, y N� 0237-006/97 de 24 de enero de 1997 con un valor de cobertura de $ 100.000.000.oo, que fueran expedidos para garantizar el cr�dito otorgado a Julio Alberto Laqverde y/o sociedad C.I. Camyla Trading Co de Colombia Ltda. por la Corporaci�n Financiera de Desarrolllo S.A. cesi�n que se hiciera a favor del Banco del Estado, y que se deriva del endoso de los t�tulos de deuda ( pagar�s) en los cuales se instrument� el cr�dito en cuyo respaldo fueron constituidos los certificados de garant�a antes mencionados.

( fl.26 c3). Y, obran al plenario los pagar�s base de acci�n, con la correspondiente nota de endoso. De todo lo anterior se concluye que la daci�n en pago materializada en la escritura p�blica 1547 constitu�a un abono a las obligaciones cobradas dentro de este proceso, m�xime cuando como consta en el acta de rendici�n final de cuentas del fideicomiso, tambi�n protocolizada con la escritura de daci�n en pago, el Banco del Estado era el �nico acreedor beneficiario del contrato de fiducia mercantil. 6.

As� las cosas, la daci�n en pago efectuada por medio de la escritura p�blica N� 1547 de 22 de junio de 2001 de la Notar�a 24 del c�rculo de Bogot� constituye un abono a las obligaciones que se cobran en este proceso, pero como quiera que este abono se hizo despu�s de los tres a�os que ten�an los demandados para el pago de las cuotas convenidas, ha de entenderse que lo que hubo fue una renuncia a la prescripci�n, que no una interrupci�n, fen�meno que se configura cuando � el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del due�o o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripci�n, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazos.� ( art. 2514 del C. C. ). 7.

Y no se diga que la daci�n en pago hecha por la fiduciaria es un acto de tercero que no compromete a los demandados porque el fiduciario cuando entrega en daci�n en pago los bienes fideicomitidos o los vende y paga las obligaciones garantizadas act�a por cuenta del fiduciante deudor. En efecto, en ninguna de estas hip�tesis act�a por cuenta propia pues lo hace con cargo al patrimonio fideicomitido en funci�n del servicio de una finalidad que no es otra distinta que la de servir de garant�a y fuente de pago de las obligaciones respaldadas con los certificados de garant�a correspondientes contra�das por el fideicomitente o por un tercero, en este caso la sociedad C.I. Camyla Trading de Colombia Ltda., siendo el fideicomitente la misma persona que entregara los bienes para que los administrara y enajenara con tal fin.

Si no fuera as�, esto es, si el fiduciario no actuara por cuenta del fideicomitente � tendr�an que darse los efectos propios del pago efectuado por un tercero; y es evidente que ni la subrogaci�n legal o convencional ( C.C., arts.1668 y 1669), ni mucho menos, las reglas de los art�culos 1631 y 1632 a prop�sito del pago por parte de terceros tienen aplicaci�n en estos supuestos, para no hablar de inveros�miles e imposibles actos propios y gratuitos del fiduciario o de un �ente� sin personalidad ni intereses propios.

No puede suponerse siquiera que el fiduciario exceda su objeto social excepcional para disponer de bienes propios para atender las obligaciones a cargo de ACERIAS; o que el fiduciario o el patrimonio aut�nomo- si se le da el tratamiento figurado de una �persona� distinta- se subroguen �a partir del pago en los derechos de los acreedores, o que pudieran ejercer alguna clase de reembolso por el hecho de haber cancelado las obligaciones amparadas por el fiduciante con los bienes fideicomitidos por el mismo.�( Superintendencia de Sociedades- Auto 410-6017 de 18 de diciembre de 1995 Concordato de Acer�as paz del Rio S.A. ) 8..

En ese orden de ideas, se revocar� la providencia apelada. V. Decisi�n Con base en lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot�, Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Revocar la sentencia del 12 de marzo de 2003, proferida por el Juzgado 8� Civil del Circuito de esta ciudad. 2 Declarar no probada la excepci�n de prescripci�n propuesta por la parte demandada. 3. Ordenar seguir adelante la ejecuci�n en la forma dispuesta en el mandamiento de pago. 4. Decretar el remate y aval�o de los bienes embargados. 5.

Pract�quese la liquidaci�n del cr�dito, teniendo en cuenta el abono efectuado a trav�s de la daci�n en pago documentada en la escritura p�blica N� 1547 de 22 de junio de 2001 de la Notar�a 24 del c�rculo de Bogot�. 6. Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandada. COPIESE Y

NOTIFIQUESE LIANA AIDA LIZARAZO V. Magistrada LUZ MAGDALENA MOJICA R. JOSE ALFONSO ISAZA D. Magistrada Magistrado TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA S A L A C I V I L Salvedad de voto del magistrado Jos� Alfonso Isaza D�vila. Ref.: ejecutivo de Banco del Estado contra Julio Alberto Laverde Gonz�lez y otros Magistrado Ponente: Liana A�da Lizarazo Vaca Con respeto por la decisi�n mayoritaria, presento salvedad de voto en este asunto, debido a que no estoy de acuerdo con la revocatoria de la sentencia apelada, ya que ciertamente est� acreditada la prescripci�n en el caso de autos, como fue expuesto en la ponencia que result� abatida.

No hay duda que la excepci�n de prescripci�n est� acreditada, y no fue interrumpida ni renunciada por los medios legales. Cuando fue presentada la demanda -22 de marzo de 2000- (folios 22 y 23, cuaderno 1), los pagar�s no estaban prescritos porque el vencimiento final de la primera obligaci�n -546-034430- era el 27 de enero de 1998 y de la segunda -546-034660- el 13 de marzo del mismo a�o, s� corri� luego el letal t�rmino, pues la notificaci�n de la orden de apremio a los ejecutados fue el 21 de agosto de 2002 (folio 37 cuad. 1).

Entonces, de 27 de enero y 13 de marzo de 1998 al 21 de agosto de 2002, transcurrieron m�s de los tres a�os de prescripci�n de la acci�n cambiaria, seg�n los art�culos 781 y 789 del C�digo de Comercio. La presentaci�n de la demanda no tuvo los efectos de interrupci�n consagrados en el art�culo 90 del C�digo de Procedimiento Civil, anterior a la ley 794 de 2003, merced a que comunicado el auto de rigor al ejecutante por estado de 13 de abril de 2000 (folio 24 vuelto), tal prove�do, se itera, s�lo fue notificado al auxiliar de la justicia que represent� a los ejecutados el 21 de agosto de 2002 (fl. 37), esto es, despu�s de treinta meses, cuando hab�an pasado m�s de los ciento veinte (120) d�as previstos en la norma procesal.

As�, los tres a�os de prescripci�n transcurrieron ampliamente, puesto que dicho precepto consagraba un t�rmino casi objetivo para tener por interrumpida la prescripci�n, y por otra, la notificaci�n de la parte ejecutada es en gran medida carga del ejecutante. Por dem�s, ese t�rmino de prescripci�n no es controvertido por el ejecutante, cuya inconformidad radica en que el juzgado no tuvo en cuenta que los demandados renunciaron a la prescripci�n cuando por escritura p�blica No. 1547 de 22 de junio de 2001 efectuaron una daci�n en pago a favor del ejecutante.

Y es verdad que el juzgado no hizo referencia al documento. Con todo, ese argumento no es aceptable para derrumbar la sentencia, ya que de acuerdo con las reglas civiles sobre renuncia de la prescripci�n (arts. 2514 y 2539 del C�digo Civil), de los documentos emanan dos dificultades que impiden el logro de esos efectos porque, a decir verdad, se echan de menos los supuestos relacionados con que el "deudor" por un "hecho suyo" hubiere reconocido "el derecho del acreedor".

La primera porque los escritos fueron aportados en copia simple e incompleta, y aunque por auto de 12 de noviembre de 2004 (folio 9 del cuaderno 3), se orden�, con apoyo en los art�culos 179 y 180 del C. de P. C., allegar en el t�rmino de diez d�as copia autenticada y completa de tal t�tulo escriturario, as� como el original o copia de las instrucciones impartidas por el fideicomitente-ejecutado, en torno a la daci�n aludida, lo cierto es que como lo registra la actuaci�n, el demandante no los alleg� en el t�rmino fijado (ver folios 9 y 10).

No comparto el criterio de la Sala sobre la aplicaci�n del art�culo 183 del C.P.C. para documentos allegados extempor�neamente, como aqu� ocurri�, porque dicho precepto se refiere a los documentos allegados fuera de tiempo en la primera instancia, caso en que "ser�n consideradas por el superior" (inciso 4). La otra dificultad estriba en que la documentaci�n no permite deducir que la daci�n en pago se hiciera para abonar, concretamente, a las obligaciones que dentro de este proceso se cobran, en cuanto que falta la debida conexidad entre el pago parcial all� consignado y el cr�dito aqu� cobrado, tanto m�s cuanto que, en puridad, no revela ese acto un comportamiento propio de los deudores que pueda calificar como reconocimiento de las prestaciones reclamadas, en los t�rminos que reclama el derecho sustancial, dado que all� no intervinieron los deudores - demandados, ni est� suficientemente claro que la fiduciaria hubiere obrando de acuerdo con las instrucciones de ellos, tampoco que por cuenta de los mismos hubiere extendido el acto a que alude el banco ejecutante.

Es m�s, en el auto que decret� pruebas de oficio tambi�n se orden� al ejecutante allegar copias de las instrucciones del fideicomitente para la daci�n en pago, y nada se hizo sobre el particular. De esa manera, en el caso no hace presencia un acto positivo de los deudores, valga decir, la exteriorizaci�n inequ�voca y unilateral de la voluntad de parte de ellos, de la que pueda inferirse el reconocimiento de la obligaci�n -t�cita o expresa-, tal como lo prev� el C�digo Civil, pues el mismo debe derivarse de la plena capacidad y determinaci�n de los obligados, de modo que la mera actitud de la fiduciaria, desplegada, se insiste, luego de que hab�a transcurrido el plazo prescriptivo, desprovista de todos modos, se destaca, de los soportes que conforme a las reglas contractuales - jur�dicas que la disciplinan todo el proceso de exigibilidad de esa clase de garant�a, no pueden ser un indicativos de la voluntad de pago de los obligados.

Importa recordar que el "reconocimiento de la deuda es un acto del deudor, su naturaleza jur�dica es la de un acto unilateral dispositivo (rectius, negocio jur�dico), que por lo mismo exige capacidad y poder de disposici�n", pues, "El reconocimiento, que es un acto de disposici�n de intereses (autonom�a privada) puede provenir del propio deudor o de un representante suyo: legal, negocial, o el org�nico, hip�tesis en la cual es menester examinar la suficiencia y pertinencia del poder de representaci�n con que obr� el agente." Y aqu�, cumple insistir, no hay presencia ni de lo uno, ni de lo otro, debido a que el acto constitutivo del patrimonio aut�nomo, ni las instrucciones que los demandados impartieron a la sociedad fiduciaria obran en el expediente al punto que ni siquiera por cuenta de la prueba de oficio decretada, fueron aportados as� hubiere sido extempor�neamente.

Fecha ut supra, JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA Magistrado  Hinestrosa Fernando, La Prescripci�n Extintiva, pags. 159 y 161.     PAGE  PAGE 12 Ejecutivo de Banco del Estado contra Julio Alberto Laverde I�����  � � ^ � 6 ` �23I�UX�� � �# /�1�1n4�9�9�9�9�99=S=d=�=�=�=������Ϳٳ������٥�����������������������CJOJQJ^JaJmH sH CJaJ CJ]�aJCJOJQJ]�^JaJ5�CJOJQJ]�^JaJ6�CJOJQJ^JaJ5�>*CJOJQJ^JaJ5�CJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ@���CJOJQJ^JaJ5�@���CJOJQJ^JaJ.3HI����234�����  ������������������$dha$ $ �@ �dha$$ �,@�,dh^�,a$ $ �@ @�dha$ $ �@dha$$ ���@ dh*$^�@ a$ $ ��dh*$a$�VWW��� $%  k l [ \ ] � � � 4 5 6 _ ` a ����������������������� $ �� �dha$ $ �@ @dha$ $ �@ �dha$ $ �@ dha$ $ �@ @dha$$dha$��DEF~�}~TU����b������������������� $ �O@ �@dha$ � � � �  $ �@ �dha$$ �@ @�Ldh`�La$ $ �@ @dha$$dha$$dha$bc^_�������������������������$ �@ ��:dh`�:a$$ �@ @�:dh`�:a$$ �@ ��:dh`�:a$ $ �O�dha$ $ �O@ ��dha$ $ �@ �dha$$dha$$ �� �Odh`�Oa$ $ �@ dha$���� � +","�#�#[(\(�)�)�,�,*-+-�.�����������������$ �� @ ���:dh`�:a$$ �@ ��:dh`�:a$$ �@ @�:dh`�:a$ $�:dh`�:a$$ �@ �:dh`�:a$$dha$$ �@ ��:dh`�:a$�.�.�1�1 5 5�9�9�9�9�9�9�9�9�:�������������� $ �p@ @�dha$ �@ �����dh^��`�� $ �pdha$ $ �p@ dha$$ �� ��:dh`�:a$$ �@ @�:dh`�:a$$dha$ $ �:@ @dha$ $�:dh`�:a$�:�:�:;;\;];�;�;�;�;�<�<===7=8=9=S=b=c=d=���������������������� $ �0�dh*$a$ $ �Odha$$ �O��dh`��a$$dha$ $ �p@dha$d=�=�=>>>>Y>Z>[>�>�>�>�>�?�?�B�B�E�E-G.G I IhLiL�������������������������$�p���dh^�p`���a$$dha$$dha$�=>>�>�?�B�B,G.G I IhLiL0P2P S"S�S�S4U5U�V�V�V�V�V�V�VWWWWWWWW W"W#W)W*W+W-W.W4W����������������ʾʭ��򟑊zzzzspspsp0J j0JU jUOJQJ^JmH $sH $ j0JU5�@���CJOJQJ^JaJ5�@���CJOJQJ^JaJ!j0JCJOJQJU^JaJCJOJQJ]�^JaJCJOJQJ^JaJCJOJQJ^JaJ"5�CJOJQJ\�^JaJmH sH 5�CJOJQJ\�^JaJ,iL1P2P!S"S�V�V�V�V�V�V�V�VWWWWWWWW!W"W+W,W�������������������������h]�h����&`#$ �0�dh*$$dha$$dha$,W-W9W@WAW}W~WW�W�������� �0�dh*$$�h]�ha$����&`#$4W5W7W8W9W@WW�W������5�@���CJOJQJ^JaJ5�CJ0J0JmHnHu j0JU* 00&Py��/ �"I!��"��#��$��%��n i@@��@ Normal5$7$8$9DH$_HmH sH tH b@b T�tulo 1$$$dh5$7$8$9D@&H$a$CJOJQJ^JaJmH sH FA@���F Fuente de p�rrafo predeter.4@�4 Encabezado  ��8!0)@�0 N�mero de p�gina: @: Pie de p�gina  ��8!H@"H Texto nota pie5$7$8$9DH$mH sH:&@�1: Ref. de nota al pieH*rB@Br Texto independiente$dh5$7$8$9DH$a$CJOJQJ^JaJmH sH 4Q�SDG�Sz�����4 5 6 _ ` a � � �    D E F ~  � } ~ TU����bc^_��������������+,��[$\$�%�%�(�(*)+)�*�*�-�- 1 1�5�5�5�5�5�5�5�5�6�6�677\7]7�7�7�7�7�8�8999798999S9b9c9d9�9�9::::Y:Z:[:�:�:�:�:�;�;�>�>�A�A-C.C E EhHiH1L2L!O"O�R�R�R�R�R�R�R�RSS-S9S@SAS}S�S�0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0�� 0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���0���@0�� 0�@0���@0���@0���@0���@0�� 0 ++hhhk�=4W�W/9< �b��.�:d=iL,W�W02345678:;W1 !k!�!���QT����������QY������������� �;FH47|nt���������z � � � M!O!�"�"�"�"�"�"�"###0#2#{#�#�#�#�#�#�#�#%%% % %%%%�%�%�%�%�%�%�%�%a&c&�&�&�&�&�&''']'e's'v'x'~''�'�'�'�'�'�*�*++�-�-�.�.�.�.S/`/n0q0s0y0z0�0�1�1�1�1�4�4�45�5�5�8�8W9a9�9�9�9�RSSSSSSSSSS!S"S*S-S8StS{S~S�S3H�&*�  G ~ � � �����*�*�5�5�5�5�5�5�9�9�9�RSSSSSSSSSS!S"S9S?S~S�S��llizaravpcjC:\Mis documentos\Relatoria\EJECUTIVO 2000-00286 prescripci�n y renuncia daci�n fiducia.Salvamento de Voto� C ���%�-5�5:>SSSS!SAS�S!B �!�0OAL/�!0�@��@�@����@�@�S�@��Unknown������������G��:�Times New Roman5��Symbol3&� �:�ArialA���Book Antiqua5&� �:�Tahoma"1���� ��bR�f$ ��� ID"���0hY�������0�S�92�Q��HP��1TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTAJose Alfonso Isaza Davilapc�� �����Oh��+'��0����� $8 DP l x � ������2TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTAlfRIBJose Alfonso Isaza DavilaRIoseose Normal.dotopcm27mMicrosoft Word 9.0D@�NZ@hXc~�@���b~�@<����� ID�� ��՜.��+,��0< hp���� ���� � �"CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA �"�S� 2TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA T�tulo  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=����?@ABCDEFGHIJK����MNOPQRS����UVWXYZ[��������^����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �F��S����`�1Table������������>1WordDocument��������,zSummaryInformation(����LDocumentSummaryInformation8������������TCompObj����kObjectPool��������������S������S���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q