Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 1990 4736 01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Liana Aida Lizarazo Vaca

Fecha: 2005-02-21

Sujetos procesales: GABRIEL ANTONIO RIVEROS MARTÍNEZ / OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. OXI.

��ࡱ�>�� vx����u��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������% ���wbjbj%�%� ,�G�G�2s�������l��������8H\d��*j��"������>*@*@*@*@*@*@*$), I.�d*������d*y�����y*yyy�^����>*y�>*y�y ��(����)�� `Aw~)��F'r)�)\�*0�*�)\-/'R-/�)y�������PERJUICIOS DERIVADOS DE PERTURBACI�N DE LA POSESI�N. PARA SU RECONOCIMIENTO ES NECESARIO PROBAR NO SOLO LA POSESI�N DEL PREDIO SINO EL PERJUIC QUIENES SE HALLAN LEGITIMADOS PARA RECLAMAR PERJUICIOS ART�CULO 2342 DEL C.C.  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SALA CIVIL DE DECISION Bogot�, D.C. Veintiuno (21) de Febrero de Dos Mil Cinco (2005) Ref: Ordinario de GABRIEL ANTONIO RIVEROS MART�NEZ contra OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. OXI.

No. Radicaci�n: 1990 4736 01 Magistrada Ponente: Dra. LIANA AIDA LIZARAZO V. Discutido y aprobado en la Sala del 11 de febrero de 2005. Procede resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha diecis�is (16) de diciembre de dos mil dos (2002), por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot�.

I.

ANTECEDENTES 1. Gabriel Antonio Riveros Mart�nez present� demanda contra Occidental de Colombia Inc. Oxi., a fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: 1.1. Que las obras carreteables de terraplenes y dem�s obras de arte que le son propias, que fueron llevadas a cabo en el predio rural denominado �DON FREDDY�, ubicado en el paraje de Bayonero, Municipio de Arauquita, comprensi�n de Arauca, fueron ejecutadas por Occidental de Colombia, Inc., a partir del 10 de junio de 1985, sin el consentimiento, permiso o autorizaci�n del su poseedor real y material, se�or Gabriel Antonio Riveros Mart�nez. 1.2.

Que se declare que la demandada est� obligada a reparar el da�o causado y por ende, a pagar al poseedor se�or Gabriel Antonio Riveros Mart�nez, 6 d�as despu�s de ejecutoria de la sentencia, la suma de $1.250.000.0000 por concepto de perjuicios que por da�o emergente se causaron con la realizaci�n de las obras, junto con sus intereses legales comerciales moratorios, a la tasa del 34.27% efectivo anual y en caso de mora, el doble, desde la fecha de iniciaci�n de dichos trabajos hasta cuando la obligaci�n sea descargada, y en subsidio, aquellas sumas de dinero que se tasen por peritos. 1.3.

Que se condene a la demandada a pagar al actor, 6 d�as despu�s de la ejecutoria de la sentencia, la suma de $500.000.000 por concepto de lucro cesante derivado de la inactividad, improductividad y consiguiente descapitalizaci�n que, por raz�n de aquellas obras, ha padecido el expresado predio rural �Don Freddy�, si su poseedor se�or Gabriel Antonio Riveros Mart�nez, lo hubiese explotado con mediana actividad, inteligencia y cuidado; o en subsidio, la que fije por peritos, junto con sus intereses legales comerciales y moratorios desde la fecha de su causaci�n hasta cuando la indemnizaci�n sea o fuere cancelada, a la tasa del 34.27% efectivo anual y en caso de mora, el doble. 2.

Como pretensiones subsidiarias la parte demandante solicit�: 2.1. Que se declare que Occidental de Colombia Inc. viol� clandestinamente la posesi�n real y material que ejerc�a el demandante se�or Gabriel Antonio Riveros Mart�nez Occidental de la finca denominada �Don Freddy�, ubicado en el paraje de Bayonero, Municipio de Arauquita, comprensi�n de Arauca, al atentar contra el derecho ajeno del actor, mediante el acontecimiento de las obras carreteables, de terraplenes y dem�s obras de arte que le son inherentes, cuya ejecuci�n inici� el 10 de junio de 1985 y debe ser condenada a restituirle la totalidad de la finca en cuesti�n, junto con todos sus frutos civiles y naturales que le eran propios en el momento de su violaci�n. 2.2.

Que como consecuencia de lo anterior, Occidental de Colombia Inc. debe ser condenada a pagar al actor, 6 d�as despu�s de la ejecutoria de la sentencia, la suma de $1.250.000.000 por concepto de da�o emergente junto con sus intereses legales moratorios y comerciales, a la tasa efectiva anual del 34.27% y en caso de mora, el doble, causados desde el 10 de junio de 1985 hasta cuando la obligaci�n sea descargada, porque la finca qued� totalmente inutilizada por la ejecuci�n de los trabajos descritos; subsidiariamente las sumas que fijen peritos. 2.3.

Que la demandada debe ser condenada al pago de la suma de $500.000.000 por concepto de lucro cesante, junto con sus intereses legales comerciales y moratorios a la tasa del 34.27% efectivo anual y en caso de mora, el doble, desde el 10 de junio de 1985 hasta el d�a en que la cantidad de dinero sea pagada totalmente, por cuanto el predio estaba destinado a la explotaci�n agroganadera y por de la ejecuci�n de la obras en �l realizadas, el demandante se ha visto privado de la obtenci�n de la rentabilidad de su empresa que ven�a y hab�a venido atendiendo con mediana inteligencia, actividad y cuidado; en subsidio, las sumas que fueren se�aladas por peritos.

Que se condene a la demandada a las costas del proceso. 3. Fundamenta sus peticiones en los siguientes hechos: 3.1. La demandada por su propia esencia y objeto social ejerce entre otras actividades, la de la exploraci�n, explotaci�n, refinanciaci�n, venta y transporte de petr�leo, gas, hidrocarburos en general y dem�s minerales, en el suelo colombiano, por lo que particip� en la ejecuci�n y desarrollo de los trabajos de explotaci�n y excavaci�n de pozos de petr�leo para la instalaci�n del llamado OLEODUCTO CA�O LIM�N-COVE�AS, proyectado con antelaci�n a 1985 e iniciado y puesto en marcha posteriormente. 3.2.

Bajo estos planes, la sociedad Occidental de Colombia Inc. sin obtener ni contar con el permiso y la autorizaci�n que le son debidos, penetr� el 10 de junio de 1985 a la finca �Don Freddy�, ubicada en el paraje de Bayonero, Municipio de Arauquita, comprensi�n de Arauca, entonces pose�da real y materialmente por el se�or Gabriel Antonio Riveros Mart�nez, predio alindado en el libelo, en el que el actor ten�a como mayordomo al se�or Carlos Nieto, quien como tal estaba encargado del manejo y de la administraci�n general del mismo, bajo �rdenes y supervigilancia inmediata de aqu�l, pero con extra�eza, el mayordomo desapareci� de la zona sin explicaci�n alguna sin que haya vuelto a tener informaci�n de su paradero, habitaci�n, domicilio o vecindad. 3.3.

A partir del 10 de junio de 1985, tras la violaci�n clandestina de la posesi�n, la demandada llev� maquinaria y procedi� a iniciar trabajos en la finca, descarg� materiales, tuber�a e instal� campamentos y obreros privando al demandante de la posesi�n real y material, del uso, goce y disfrute y explotaci�n econ�mica que ejerc�a p�blica, libre y tranquilamente sobre el predio. 3.4.

Que con la anterior actitud, la demandada ejecut� y desarrollo en el fundo �Don Freddy� entre otras las siguientes obras: - Abri� carreteables, a lo largo y a trav�s del predio mencionado; - Efectu� excavaciones, para enterrar y dejar por debajo del suelo el material empleado en la trayectoria del Oleoducto Ca�o Lim�n-Cove�as atravesando la finca de oriente a occidente; - Paralelo al trazo del referido oleoducto, construy� el carreteable Ca�o-Lim�n-Arauquita, con zonas e expansiona lado y lado de la v�a o del citado carreteable; - Realiz� obras y trabajos de terraplenes, alzamiento de bancadas, extracci�n de materiales de afirmado y relleno, y tal� �rboles maderables; - Con los terraplenes que construy�, ocasion� represamiento de las aguas hasta el extremo que su estancamiento form� una laguna inservible y como aqu�llas no encontraron salida, termin� la inutilizaci�n del resto de la finca. 3.5.

Que el demandante pose�a real y materialmente la finca desde enero de 1976, la que cuenta con 1.250 hect�reas, donde ten�a plantadas mejoras de mucha significaci�n econ�mica como 7 casas para obreros; cultivos de arroz, pl�tano, cacao, ma�z, ca�a de az�car; trapiches; pastos artificiales; cr�a de ceba de ganado vacuno, mular, caballar, aves de corral, zoocriadero de chig�iros y, en general, otros rubros agroganaderos, todo lo cual se acab� con la consecuente verificaci�n de las obras por la demandada a partir de 10 de junio de 1985. 3.6.

Adem�s de lo anterior, el actor manten�a 120 bestias de cr�a, a precio cada una de $15.000; 7.000 chig�iros en un zoocriadero, cada uno $4.000; 360 vacas de orde�o Ceb� con Pardo Suizo a raz�n de $50.000 cada una, para entonces, y 120 marranas de cr�a Duro-Yersi, a costo para la �poca de $6.000 cada una, semovientes que desaparecieron de la finca sin que pudieran nunca ser recuperados. 3.7.

Mediante escritura p�blica No. 097 de 24 de abril de 1975 de la Notar�a �nica del C�rculo de Arauca, el demandante protocoliz� declaraciones extraproceso sobre la posesi�n y las mejoras que ejercitaba y ten�a en el predio rural �Don Freddy�, t�tulo inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos de tal ciudad en el folio de matr�cula inmobiliaria No. 410-0009829.

Tal instrumento fue corregido en cuanto a los linderos generales y particulares a trav�s de la escritura p�blica No. 1028 de 28 de julio de 1989 de la Notar�a �nica del C�rculo de Arauca e inscrita en el mencionado folio. 3.8. Que las obras y trabajos realizados por la sociedad demandada le ocasionaron al demandante ingentes y grav�simos perjuicios de todo tipo calculados en las pretensiones por peritos, debido a que adem�s de lo anterior, se destruyeron potreros de pastos naturales y artificiales, se impidi� el paso del ganado hac�a el brazo del ca�o Bayonero en el costado o parte norte de la finca, lugar de abrevadero del reba�o. En general las plantaciones que exist�an fueron arrasadas, as� debe reparar a t�tulo indemnizatorio los da�os. 4.

Por reparto le correspondi� el conocimiento al Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, el que por auto de 22 de octubre de 1990 admiti� la demanda, ordenando la notificaci�n a la demandada. Notificada en forma personal la demandada, a trav�s de apoderado judicial, contest� la demanda oponi�ndose a las pretensiones, en tanto que formul� excepciones de m�rito que denomin�: �INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI�N, CARENCIA DE LA ACCI�N y PRESCRIPCI�N�.

El 1� de agosto de 1991 se no se logr� ning�n acuerdo en la audiencia de conciliaci�n, se declar� no pr�spera la excepci�n previa planteada, y mediante auto de 16 de septiembre de 1991 se abri� a pruebas el juicio, precluido el periodo probatorio como el de alegaciones y decretadas unas pruebas de oficio, se profiri� sentencia el 16 de diciembre de 2002, corregida 11 de febrero de 2003, en la que se declar� la prosperidad del medio exceptivo calificado como carencia de la acci�n, en consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda y se conden� en costas a la parte demandante.

II. Fundamentos del fallo de primera instancia Son fundamentos del fallo: Luego que el a-quo precisara que no exist�a la posesi�n inscrita por lo cual carec�an de poder demostrativo de tal fen�meno los t�tulos aportados por el actor para acreditarla, se�al� que no era posible admitir que sobre terrenos bald�os pueda existir posesi�n y sobre los cuales su tenencia solo pod�a ser desarrollada mediante la ocupaci�n de que trata el C�digo Civil, por lo que el actor estaba obligado a demostrar con prueba eficaz, que por un lapso superior a 5 a�os hab�a cultivado, introducido ganado, levantado cr�as y construido edificaciones, no bast�ndole afirmar que las hab�a realizado, pues si se aduc�a que desde 1976 el actor era poseedor de 1250 hect�reas, debi� haber cultivado o mejorado las dos terceras partes, sin que se advirtiera la raz�n para no reclamar su titularidad mediante el tr�mite de la adjudicaci�n, pues entre aquella fecha y el 10 de junio de 1985 medio tiempo suficiente para tal fin.

Advirti� el a-quo, luego de rememorar lo acontecido en la inspecci�n judicial y el dictamen pericial practicado, que acorde con los documentos p�blicos de adjudicaci�n, en la zona reclamada como integrante de la finca se encontraban ocupantes desde 1977 que hab�an ejercido actos de los reclamados por las leyes para obtener la adjudicaci�n, sin que existiera vestigio que con anterioridad el demandante hubiera ejercido actos similares, y si se supusiera que a en alguna �poca anterior en el lugar donde se instalaron los colonos existieron obras realizadas por el se�or Riveros, por el transcurso del tiempo las mismas desaparecieron al no continuar ejecut�ndose los actos de ocupaci�n. Agreg� el juez de primera instancia que de haber tenido bajo su cuidado las obras que dice efectu� el extremo activo, debi� ser informado de la �invasi�n� de su predio por la compa��a demandada, siendo ese momento en el que debi� por alg�n medio reclamar contra esa ocupaci�n, sin que haya prueba escrita en tal sentido, en tanto que dej� pasar el tiempo sin solicitar la titularizaci�n por el Incora, cuando menos de la parte del predio donde aduce cultiv�, mejor� con ganados o con un zoocriadero, a parte de las casas que se menciona edific�.

Por �ltimo el a-quo, concluy� que no se demostr� la existencia de las mejoras, y si estas no se acreditaron no puede imponerse la condena de perjuicios que descansa en la destrucci�n de aquellas. III.

FUNDAMENTOS DE LA APELACION Inconforme con el fallo, la parte demandante interpuso recurso de apelaci�n el que sustenta con los siguientes argumentos: 1. Tanto la ocupaci�n como la prescripci�n adquisitiva como modos de adquirir el dominio de las cosas son fen�menos que gozan de elementos propios, sin embargo la demanda se encamin� a la declaraci�n judicial indemnizatoria por las obras realizadas por la demandada, sin que pueda interpretarse como dirigida a obtener la prescripci�n adquisitiva inmobiliaria, as� el a-quo se alej� del petitum y la causa petendi. 2.

El fallo se basa �nicamente en las declaraciones de ciertos testigos, quienes manifiestan no saber nada de la finca Don Freddy ni conocer el actor, d�ndoles total credibilidad dejando de lado declaraciones de otro grupo de personas frente a las cuales no hubo pronunciamiento, siendo aquellos marcados por un alto grado de parcialidad que les resta total credibilidad.

Tampoco apreci� todos los dict�menes practicados como quiera que solo dio valor al primero el que fuera objetado por error grave por lo que carec�a de firmeza debiendo previamente resolver la objeci�n, teniendo en cuenta las restantes experticias. 3. Acorde con las declaraciones y las inspecciones realizadas es indiscutible que el actor estaba legitimado por activa para reclamar el pago de los perjuicios ocasionados por la demandada con las obras ejecutadas, as�, ten�a derecho sobre el inmueble en cuesti�n aun cuando no se hubiera concretado el acto administrativo de adjudicaci�n por el Incora; igualmente est� acreditada la legitimaci�n por pasiva porque la sociedad fue quien ejecut� y desarroll� las obras carreteables, terraplenes, perforaciones y dem�s afines en el predio, sin consentimiento o autorizaci�n de su poseedor real y material. 4.

La expedici�n de las resoluciones de adjudicaci�n por el Incora del predio Don Fredy a terceros no son de suyo suficientes para enervar los derechos del leg�timo poseedor material porque le son inoponibles, actos que son irregulares pues los invasores no pod�an demostrar, sin falsear a la verdad, que llevaban m�s de cinco a�os explotando econ�micamente el bien. 5.

La presencia en la finca de personas ajenas a ella tiene una explicaci�n pr�ctica pues para la �poca de la subienda de pescado por el r�o Arauca, a lado y lado del afluente se aposaban pescadores que no eran invasores sino temporales ocupantes con la �nica finalidad de obtener provecho de la pesca, circunstancia de la que se aprovecharon los adjudicatarios de los predios pertenecientes a la finca �Don Fredy� para hacer notar la supuesta condici�n de poseedores y a los que la demandada procedi� a indemnizar a sabiendas de que eran invasores y que el propietario era el demandante quien ten�a inscrito el dominio en el folio de matr�cula inmobiliaria.

IV. CONSIDERACIONES 1. Procede la Sala a resolver el presente asunto teniendo en cuenta que se encuentran reunidos todos los presupuestos procesales, y no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado. 2. Primeramente ha de analizarse si el demandante se encuentra legitimado en causa. Analizando las partes en el juicio y los t�rminos de la demanda ha de decirse que en ella el actor demanda la responsabilidad civil extracontractual bajo el supuesto de que sufri� un perjuicio por los da�os causados al inmueble Don Fredy como consecuencia de las obras ejecutadas por la demandada con motivo de la instalaci�n del oleoducto Ca�o Lim�n- Cove�as.

En lo que toca con la responsabilidad civil extracontractual en punto a la legitimaci�n en causa por activa ha de anotarse que el art. 2342 del C.C. dispone que la legitimaci�n para demandar la indemnizaci�n por el da�o a las cosas la tiene no solo el que es due�o o poseedor de la cosa sobre la cual ha reca�do el da�o o su heredero, sino el usufructuario, el habitador, o el usuario, si el da�o irroga perjuicio a su derecho de usufructo, habitaci�n, o uso.

Puede tambi�n pedirla en otros casos, el que tiene la cosa, con la obligaci�n de responder de ella; pero solo en ausencia del due�o. Trat�ndose de da�os a las cosas, cuando �sta no est� sometida a limitaci�n de dominio alguno, el propietario es el legitimado jur�dicamente para reclamar no s�lo el valor de la cosa destruida o deteriorada, sino las eventuales ganancias que se perdieron a causa del da�o. En general lo que se dice del propietario tambi�n puede predicarse del poseedor, porque este es considerado por la propia ley como se�or y due�o, mientras otro no demuestre lo contrario.

En todo caso quien demande indemnizaci�n por los da�os causados con la destrucci�n o deterioro de una cosa deber� probar la calidad en que act�a. Y es indispensable que la prueba de la titularidad con que se act�a se acredite en forma legal, porque la raz�n de esta prueba es vincular procesalmente al responsable con la verdadera v�ctima del perjuicio, de tal suerte que la reparaci�n del da�o sea un pago leg�timo y no quede expuesto el autor del da�o a la posibilidad de un doble pago.

En el caso concreto el demandante alega su calidad de poseedor, la cual debi� acreditar para dar por establecida su legitimaci�n en la causa. 3. Por otra parte, la posesi�n supone cosas sobre las cuales se pueda tener el �nimo de se�or y due�o, es decir cosas susceptibles de apropiaci�n o de propiedad privada. Por ello y previo al estudio de si el actor prob� por otros medios probatorios distintos de la escritura antes mencionada la posesi�n que alega lo legitima para pedir la indemnizaci�n, conviene precisar la naturaleza jur�dica del bien del que se proclama poseedor.

Sea lo primero advertir que el mismo demandante en la escritura p�blica 097 de 1975 ( fl. 13 c2) acept� que el bien denominado Don Fredy era un bien bald�o, lo que se encuentra corroborado con los distintos elementos de prueba arrimados al expediente, entre ellos el dictamen pericial que da cuenta que � actualmente el que fue fundo Don Fredy se encuentra dividido por cercas de alambre de p�as de 3 y 4 hilos con postes de madera y parte en cerca viva, en parcelas que fueron adjudicadas por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria INCORA�.

( fl. 42 C dictamen pericial). A��dase a lo anterior que no existe en el proceso certificado de Registro que de cuenta de la propiedad del fundo en cuesti�n. En consecuencia, no queda duda para la sala de que el bien sobre el cual el actor se dice poseedor era un bien bald�o, que es aquel que estando dentro del territorio nacional carece de due�o. Ahora bien, la propiedad de los bald�os solo puede adquirirse mediante t�tulo traslaticio de dominio otorgado por el Estado a trav�s del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades p�blicas en las que delegue esta facultad.

( art. 65 de la ley 160 de 1994). El inciso segundo del art�culo en menci�n advierte que � los ocupantes de tierras bald�as, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al C�digo Civil, y frente a la adjudicaci�n por el Estado solo existe una expectativa.� Luego, por propia disposici�n legal el demandante no puede ser considerado como poseedor y en tal virtud no est� legitimado para demandar atribuy�ndose esa facultad.

De otro lado, si pudiera decirse que la sola ocupaci�n del bald�o lo legitimaba para implorar la responsabilidad deprecada en este juicio, correspond�a al demandante acreditar la ocupaci�n del terreno con cultivos, edificaciones, plantaciones, sementeras o ganado. 4. As� las cosas, abordar� la sala el an�lisis de los medios probatorios que el actor cuestiona como mal apreciados por el a-quo en orden a determinar si el actor prob� o no su calidad de ocupante, explotador del predio bald�o. En primer lugar debe advertirse que tal y como los sostuviera el juez de primera instancia los documentos portados por el actor a fin de probar posesi�n carecen merito probatorio por si solos para demostrarla, porque en el derecho colombiano no existe la posesi�n inscrita, y la �nica y verdadera posesi�n es la material.

Por ello, la escritura 097 de abril 24 de 1975 por medio de la cual se protocolizan una mejoras en donde el demandante acepta que tiene la posesi�n de un globo te terreno bald�o denominado Don Fredy ( fl. 13 c2) y su posterior registro, as� como la escritura aclaratoria de aquella, no son por s� solas plena prueba de su alegada posesi�n. De otro lado, las pruebas arrimadas al proceso no dan cuenta de la ocupaci�n del predio por el demandante, pues como se desprende de la inspecci�n judicial efectuada en el bien, este est� siendo explotado por sus actuales propietarios, quienes adquirieron por adjudicaci�n del Incora y quienes manifestaron no conocer como poseedor de los predios inspeccionados al demandante.

La juez que efectuara la diligencia dej� la constancia de que todos los predios eran explotados por sus actuales propietarios, que no se observaron rastros de la existencia de casas de propiedad del se�or Gabriel Riveros Mart�nez, que sus propietarios no reconocieron la posesi�n del actor y que la parte sur del predio a inspeccionar correspond�a a terrenos bald�os donde se encuentran esteros pantanosos.( fl. 180 c3).

El hecho alegado por el demandante de que las resoluciones de adjudicaci�n de los predios tengan fechas posteriores a la iniciaci�n de las obras por parte de la demandada no quita ni pone rey, porque las resoluciones de adjudicaci�n solo reconocen el derecho preexistente de la ocupaci�n con explotaci�n de por lo menos cinco a�os atr�s. En concepto de esta Sala si bien las declaraciones que se recepcionaron en la diligencia provienen de los actuales propietarios del terreno, por lo que puede considerarse que se encuentran en circunstancias que afectan su credibilidad, lo cierto es que se encuentran respaldadas a trav�s de las correspondientes resoluciones de adjudicaci�n que de parte del bien se hizo a terceros -quienes se supone acreditaron que hab�an ejercido durante el tiempo que la ley exige los actos de explotaci�n que se requieren para obtenerla- resoluciones que no pueden ser desconocidas por tratarse de leg�timos t�tulos de propiedad legalmente otorgados por el Estado.

Por ello las declaraciones que el recurrente dice omiti� valorar el a-quo no tienen el suficiente peso como para quebrar la sentencia de primera instancia, porque las resoluciones de adjudicaci�n reconocen la ocupaci�n del bien por sus adjudicatarios sin que haya prueba en el proceso de que el demandante hubiera ejercido alguna acci�n para defender sus derechos, ni que se hubiera opuesto a la adjudicaci�n dentro del tr�mite correspondiente o que hubiera interpuesto frente a ellas acci�n de nulidad.

Si bien el demandante pudo haber sido el ocupante del predio materia de acci�n, como lo rese�an los testigos Luis Am�n Torres Betancourt ( fl. 136 c3), Miguel Mateus ( fl.115 c3), lo cierto es que ya no lo era como lo afirma el testigo Luis Torres ( fl. 137 c3) quien dijo que el actor abandon� la finca en 1984; el declarante Luis Am�n Torres Betancourt, quien manifest� que el actor abandon� la fina en el 84 u 85 por razones de orden p�blico ( fl. 138 c3), y como lo manifest� su mismo apoderado en la audiencia del art�culo 101 del C. de P. C ( fl. 108 C2); y lo reconoci� el actor en la diligencia de interrogatorio de parte en la que confes� que estuvo en posesi�n de la finca hasta diciembre de 1989 ( fl. 281 C2) y que no ha tomada ninguna medida para recuperar la posesi�n de las dos terceras partes de la finca que est�n desocupadas; luego, prevalece la posesi�n ejercida por los actuales propietarios del bien quienes una vez cumplido el t�rmino legal solicitaron la adjudicaci�n, la que les fuera reconocida con respectivas resoluciones, quienes no solo se reputan como poseedores sino como propietarios, calidad que debe ser respetada en virtud de lo dispuesto por el art. 58 de la C.P. Y es que el conflicto entre la ocupaci�n anterior, del demandante y la posterior de terceros quienes est�n respaldados con sus respectivos t�tulos se resuelve a favor de estos �ltimos quienes en virtud de las resoluciones de adjudicaci�n est�n amparados con la presunci�n de dominio, que en el caso concreto no aparece desvirtuada con las declaraciones que el recurrente alega no fueron valoradas, pues estas dan cuenta de que aquel fue ocupante en �poca pasada, pero no de que continuara si�ndolo en la actualidad.

Y no puede el actor alegar que tales resoluciones le son inoponibles porque el art�culo 6� de la ley 97 de 1946 estableci� como presunci�n de derecho que todo terreno adjudicado por el estado ha sido bald�o, cuando la resoluci�n de adjudicaci�n haya tenido como base una explotaci�n con cultivos o establecimiento de ganados por un periodo no menor de cinco a�os con anterioridad a la fecha de la adjudicaci�n; y, a�adi� que �la presunci�n de derecho que aqu� se consagra, no surtir� efectos contra terceros sino despu�s de un a�o, a partir de la fecha de la inscripci�n de la providencia de adjudicaci�n en la oficina de registro competente�; y en el caso concreto de la diligencia de inspecci�n judicial se desprende que las resoluciones de adjudicaci�n fueron registradas con m�s del a�o de anticipaci�n que regula la ley ( fls. 164 y siguientes del C3, y 213 y siguientes del C3 ), y, el actor no acredit� el derecho de propiedad sobre el bien a trav�s de los correspondientes t�tulos de dominio ni acredit� plena prueba de tener mejor derecho.

As� las cosas, las distintas resoluciones de adjudicaci�n dan cuenta de que los bienes a que ellas se refieren han sido ocupados por personas distintas del demandante, luego si �ste no ha sido ocupante de la totalidad del predio, mal puede arrogarse la calidad de poseedor de las 1110 hect�reas que lo componen. Pretender desconocer las resoluciones de adjudicaci�n bajo el supuesto de que los adjudicatarios actuaron de mala fe es argumento que carece de respaldo probatorio alguno m�xime cuando la Constituci�n Pol�tica establece una presunci�n de buena fe tanto de los particulares como de las autoridades ( art. 58 C.P.) que en el caso concreto no aparece desvirtuada.

El dictamen pericial que se presentara como consecuencia de la diligencia de inspecci�n judicial corrobora lo en ella verificado como lo es el hecho de que parte del bien se�alado en la demanda est� ocupado y explotado por sus actuales propietarios, y que el resto corresponde a terrenos fangosos y pantanosos. Bajo la premisa de que en la inspecci�n judicial no se constat� que el demandante hubiera sido ocupante del predio se abstuvieron los expertos de justipreciar el valor de los perjuicios alegados.

El a-quo se abstuvo de analizar los dict�menes periciales que como prueba del presunto error grave del primero fueron decretados pues en su concepto ello era innecesario en virtud de que no se probaron las mejoras alegadas por el actor. En concepto de esta Sala acertada resulta la posici�n del a-quo porque si la finalidad de los dict�menes era cuantificar los perjuicios, era requisito indispensable que se acreditara la legitimaci�n del actor para pedirlos, circunstancia esta que no encontr� respaldo probatorio.

Es m�s, dictamen rendido por decreto oficioso del juez da cuenta tambi�n de la existencia en el predio de personas distintas al demandante y a quienes se les adjudic� parte del mismo por el Incora. ( fl. 329 C 6). 5. En conclusi�n, si el demandante no prob� ser ni poseedor, ni ocupante del predio en el que dice se causaron da�os por la demandada con motivo de la construcci�n del oleoducto Ca�o Lim�n- Cove�as, no se encuentra legitimado en causa para pedir la indemnizaci�n proveniente de la alegada responsabilidad civil extracontractual de la demandada.

V. DECISION Por lo antes expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C. en Sala Civil de decisi�n administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley

RESUELVE

1. Confirmar la sentencia proferida diecis�is (16) de diciembre de dos mil dos (2002), por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot�. 2. Condenar en costas a la parte recurrente. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE. LIANA AIDA LIZARAZO V. Magistrada LUZ MAGDALENA MOJICA R. CARLOS JULIO MOYA C. Magistrada Magistrado PAGE  PAGE 2 ----------------------- Ordinario.

GABRIEL ANTONIO RIVEROS MART�NEZ contra OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. OXI. �����0p�����!\7IOp����f�])#1* +_-�-�-�-L1N1�6�67�;>"B9B;B<B�DGG.H0H�H�ImK~T�������������ְֻֻֻֻֻֻ��ѣ��������ߓ�������aJCJOJQJ^JaJmH sH CJOJQJ^JmH sH @���CJOJQJ^JCJOJQJ\�^J5�CJOJQJ\�^J^J5�CJOJQJ^J5�CJOJQJ^JCJOJQJaJmH sH 5�OJQJ^J8������./0pq���d�������tn�^� $ �O�dha$ $ �O�dha$ ��8!$5$7$8$9DH$IfX$$If�F�����!�!�0�������6��������4� Fa�$If 2w�w��qr���� !\]^234GHI��� � � � � � ��������������������������$dha$ $ �O���dha$�L^�L�^������������jkl�����������^_`�����������������������������$dha$��)*����  !!!)#+#,#�$�$�$'''4)5)***+ +����������������������������$dha$$a$ + +]-^-_-�-�-�-�-�-L1M1N1444)6*6+6�6�6�677����������������������� �O��� $ ����dha$��^����dh`�� $ �O�dha$$dha$77�7�7�7=9>9?9�;�;�;>>>�?�?BB B6B7B8B�B�BC������������������������ $ �Odha$ $ ��� ��dha$ �O��� $ ����dha$CVCWCXC�D�D�DGGG.H/H0H�H�H�H�I�J�J�JmKnKoK%M����������������������� $ ���dha$ $ ��dha$ $ � dha$ $ �Odha$%M&M'MpOqOrO�O�O�O�P�P�P�Q�Q�R�RpSqS|T}TTfUgU�WX"[#[�������������������������� $ �Odha$ $ ���dha$~T�T�U�WX�]�]�]�^`�`�g�ghh�k�k�k�t�t�t�t�t�u�uevgvhv�v�v�v�vw2w3w9w:w;w=w>wDwEwFwGwHwKwcw�w�w�w��������������������������������������������CJOJQJ^J CJOJQJ0JCJOJQJ^JmHnHu0JCJOJQJ^Jj0JCJOJQJU^J0J j0JUCJ5�CJOJQJ^JCJOJQJ^JCJOJQJ^JaJ5�CJOJQJ^JaJ1#[%[x\y\ _ _aaa�e�e�e�g�g�k�k�k"m#m$m�n�n�n�p�p�p������������������������� $ ���dha$$ �O��dh`��a$ $ �Odha$�p�r�rpsqsrs�t�t�t�t�t�t�t�u�u�u4v5v6vevfvgvhv���������������������� $ � �dha$$dha$$dha$ $ �O�dha$$ � �a$ $ ���dha$hv�v�v�v�v�v�v�v�v�v�v�vw0w1w2w;w<w=wHwIwJwKwcw�w�������������������������^��h]�h����&`#$dh$dha$$dha$�w�w�w�w���dh* 00 &Py��/ �"I!��"��#��$��%��� i8@��8 NormalCJ_HaJmH sH tH D@D T�tulo 1$@&5�9�CJOJQJ^JaJB@B T�tulo 2$$dh@&a$ CJOJQJd@d T�tulo 32$$ & F �" ��dh@&^�`�a$5�CJOJQJFA@���F Fuente de p�rrafo predeter.@>@�@ T�tulo$dha$5�CJOJQJ^JzC@z Sangr�a de t. independiente!$ �vO���� dh^�� a$CJOJQJ^J^B@^ Texto independiente$ �O�dha$CJOJQJ^Jx�O"x Body Text Indent 2&$�Odh5$7$8$9DH$`�Oa$CJOJQJaJmH sH ud�O2d Body Text 2 ��dh5$7$8$9DH$`��CJOJQJaJmH sH u0)@�A0 N�mero de p�gina\@R\ Encabezado ��8!5$7$8$9DH$OJQJaJmH sH ub @bb Pie de p�gina ��8!5$7$8$9DH$OJQJaJmH sH uvR@rv Sangr�a 2 de t. independiente$ ����Ldh`�La$ CJOJQJ8@�8 Texto nota pieCJaJ:&@��: Ref. de nota al pieH*8�O8 $�Ldh`�La$CJOJQJaJ�s �����������./0pqr���� !\]^234GHI��������� � � � � � � � � ��jkl�����������^_`��)*����)+,� � � ###4%5%&&&' ' '])^)_)�)�)�)�)�)L-M-N-000)2*2+2�2�2�2333�3�3�3=5>5?5�7�7�7:::�;�;>> >6>7>8>�>�>?V?W?X?�@�@�@CCC.D/D0D�D�D�D�E�F�F�FmGnGoG%I&I'IpKqKrK�K�K�K�L�L�L�M�M�N�NpOqO|P}PPfQgQ�ST"W#W%WxXyX [ []]]�a�a�a�c�c�g�g�g"i#i$i�j�j�j�l�l�l�n�npoqoro�p�p�p�p�p�p�p�q�q�q4r5r6rerfrgrhr�r�r�r�r�r�r�r�r�r�r�rs0s1s2s=sHsIsJsKscs�s�s�0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0��0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���0���@0���@0���@0���@0���@0���@0���@0�� 0 ����~T�w=Gq�� +7C%M#[�phv�w�w>@ABCDEFHIJK�w? �!!���8�@�����������0�( � ��B �S ���� ?����M�MUU�]�]ggVo\o2s�s�s��7G">6>�M�M�r�r2s�s�s��pcpcpcpcpcpcpcpcllizaravConsejo Superior�C:\TRIBUNAL 2005\SALA CIVIL\PROVIDENCIAS\LIZARAZO V. LIANA A\clasificando 2005 lvla\Ordinario.

Riveros Vs. Ocidental ocupaci�n predios baldios.doc�#$d����������_��N��,j$� �����������!7E�z��+�W��ڿ���������&)>_����"�_B�Z���" �0��" ^�" `�0�o(.��� ����� ^�� `���.��Z�L��Z^�Z`�L�.��*����*^�*`���.��������^��`���.����L���^��`�L�.��������^��`���.��j����j^�j`���.��: �L��: ^�: `�L�.@�m ���^�m `���56>*CJOJQJo(. �" �0��" ^�" `�0�o(.� �� ����� ^�� `����h�H.� �Z�L��Z^�Z`�L��h�H.� �*����*^�*`����h�H.� �������^��`����h�H.� ���L���^��`�L��h�H.� �������^��`����h�H.� �j����j^�j`����h�H.� �: �L��: ^�: `�L��h�H.@�m ���^�m `���56>*CJOJQJo(. �� ����� ^�� `���OJPJQJ^Jo(-� �� ����� ^�� `���OJQJo(o� �Z����Z^�Z`���OJQJo(��� �*����*^�*`���OJQJo(��� �������^��`���OJQJo(o� �������^��`���OJQJo(��� �������^��`���OJQJo(��� �j����j^�j`���OJQJo(o� �: ����: ^�: `���OJQJo(��@����^�`���56>*CJOJQJo(. @�m ���^�m `���56>*CJOJQJo(. �_��!7E&)>_�"�_�+�W�,j$���������������������������������r�,�        zϴK        ����0� 'I2sKs�s�s��!�0�@���� �����@��{�s�@��Unknown������������G��:�Times New Roman5��Symbol3&� �:�Arial71�Courier?5� �:�Courier New;��Wingdings"q�����r��m��ߓ��}n��^0���`1�!������20d�t�q 3�Q���H��2TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA CONSEJO SUPERIOR JUDICATURAConsejo Superior�� �����Oh��+'��0����� $4 P\ x � � ������3TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SRIBCONSEJO SUPERIOR JUDICATURAONSONSNormal Consejo SuperiorJUD381Microsoft Word 9.0D@k�@����@LNaR��@>�v)���^�� ��՜.��+,��04 hp���� ���� � �CONSEJO SUPERIOR JUDICATURA�0�t 3TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA T�tulo  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKL����NOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcd����fghijkl����nopqrst��������w������������������������������������Root Entry�������� �F��~~)�y�1Table������������M-/WordDocument��������,�SummaryInformation(����eDocumentSummaryInformation8������������mCompObj����kObjectPool��������������~~)���~~)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8�9�q