110013103041201100326 01 · Tribunal de Bogotá

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Magistrado ponente: MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA Proceso No. 110013103041201100326 01Clase:ORDINARIODemandante: LU�S CARLOS PARRA GONZ�LEZDemandada:SANDRA PATRICIA RODR�GUEZ LAMUS Y OTRA. Sentencia discutida y aprobada en sesi�n No. 33 de catorce (14) de julio de dos mil quince (2015). Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 31 de julio de 2014, proferida por el Juzgado 4� Civil del Circuito de Descongesti�n de Bogot�, a trav�s de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES Lu�s Carlos Parra Gonz�lez, instaur� demanda contra Yanet Li�vano Garz�n y Sandra Patricia Rodr�guez Lamus, para que a trav�s de proceso ordinario se declare, por existir objeto il�cito, la nulidad absoluta del contrato de compraventa contenido en la Escritura P�blica No. 105 de 24 de enero de 2011, otorgada en la Notar�a 76 de Bogot�, a trav�s del cual la se�ora Li�vano Garz�n, en representaci�n de sus menores hijas �ngela Mar�a Payan Li�vano y Ana Luc�a Payan Li�vano, transfiri� el dominio del 50% del local comercial No. 1-66 del Edificio Centro de Alta Tecnolog�a, ubicado en la carrera 15 No. 77-05/59 de esta ciudad a la se�ora Rodr�guez Lamus, por contravenir el derecho p�blico (art. 1519 C.C.), por no haberse efectuado la enajenaci�n en p�blica subasta como impone el inciso 2 del art�culo 653 del C. de P. C. y como lo ten�a ordenado el Juzgado Sexto (6�) de Familia de Bogot� - ante el cual se adelant� el proceso de jurisdicci�n voluntaria para obtener la autorizaci�n de venta del predio de las menores -, mediante su sentencia de fecha 7 de mayo de 2009, con lo que se afect� patrimonialmente al actor, pues se le impidi� participar de la almoneda, quien dada su calidad de arrendatario del bien aludido durante varios a�os, gozaba de leg�timo inter�s para hacerse a su propiedad.

Debidamente notificada, la se�ora Yanet Li�vano Garz�n, contest� la demanda oponi�ndose a las pretensiones con las defensas denominadas �inexistencia de la nulidad alegada�, �cumplimiento de los requisitos formales� y �falta de acreditaci�n del inter�s jur�dico para alegar nulidad�. Por su lado, la demandada Sandra Patricia Rodr�guez Lamus se pronunci� respecto de la acci�n sin proponer medio exceptivo alguno.

La sentencia de primer grado. La se�ora juez a quo neg� lo pedido y conden� en costas a la parte activa, fundada en que, acorde con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el se�or Parra Gonz�lez, en su condici�n de tercero en el negocio del cual reclama su anulaci�n absoluta, no tiene inter�s para elevar tal solicitud, aun so pretexto de salvaguardar el ordenamiento jur�dico, y por tanto �no se encuentra probado uno de los presupuestos de la acci�n, tal y como es la legitimaci�n en la causa, es forzoso, por consiguiente, declarar no prosperas las pretensiones de la demanda, y consecuentemente no es necesario seguir analizando las excepciones planteadas�.

El recurso de apelaci�n. Inconforme con dicha decisi�n, el demandante la impugn�, soportado en que no se tuvo en cuenta que la legitimaci�n en la causa para invocar pretensiones como las que se presentaron, no se restringe s�lo a los extremos negociales y el Ministerio P�blico para la preservaci�n de la moral y la ley, pues el art�culo 1742 del C�digo Civil faculta tambi�n a los terceros que demuestren inter�s concreto (deducible de las circunstancias particulares), serio (traducible en un eventual beneficio econ�mico o moral) y actual (existir al momento de demandar), en el decaimiento de lo pactado, el cual consiste en la posible ventaja o perjuicio que le pueda irrogar la convenci�n, y se evidencia que en el sub judice, al actor se le provoc� un da�o patrimonial al impedirle participar en la subasta p�blica del 50% del local comercial donde, desde el a�o 2004, funciona su establecimiento mercantil hasta la fecha, lo que elimin� de tajo su fundada expectativa de obtener la propiedad, con lo que se vislumbra la concurrencia del referido presupuesto (inter�s del tercero) que le otorga el derecho de acci�n. Adem�s se�al�, que la Corte Suprema de Justicia para desatar cuestiones como la ventilada, realiza un test para determinar si alguien que no suscribi� un trato est� facultado para acudir al aparato judicial a exigir su anulaci�n, con base en la pregunta �de prosperar el ruego de nulidad absoluta habr�a alguna modificaci�n en el patrimonio del tercero?, y en respuesta a dicho interrogante, la alta corporaci�n, autoriz� al poseedor de un inmueble a demandar la ineficacia plena del concurso de voluntades a trav�s del cual se enajenaba a favor de una entidad de derecho p�blico, lo que convert�a al bien en imprescriptible, situaci�n que a la postre podr�a frustrar la posibilidad de aquel de adquirir su dominio por v�a de usucapi�n. Agreg� que con el concurso de voluntades atacado se contradijo el derecho p�blico de la naci�n, acorde con lo estatuido por el art�culo 1519 �dem, a la vez que, tal como lo ense�a la jurisprudencia, era un deber del a quo, declarar de oficio la nulidad absoluta, por aparecer de manifiesto en el acto, en la medida en que por disposici�n legal ten�a que mediar una subasta p�blica de naturaleza judicial para la venta de los derechos reales de las menores, y dado que el contrato se invoc� en el litigio como fuente de derecho y obligaciones para las partes y la compradora no desdijeron que as� fuera; y �3.

Que al pleito concurran en calidad de partes, las personas que intervinieron en la celebraci�n de aquel o sus causahabientes (�)�. Indic� que al resolver, en primer grado, una tutela que impetr� el aqu� demandante la �Corte Suprema de Justicia (�) determin� inequ�vocamente que el camino para poder declarar la nulidad absoluta de tal negocio jur�dico (�) era este proceso ordinario, el cual pod�a iniciar el accionante Lu�s Carlos Parra Gonz�lez como tercero, pues le asiste inter�s en ello�; y a�adi�, que, al desatar la primera instancia de la referida acci�n constitucional el Tribunal Superior de Bogot�, resalt� que �debi� darse estricta aplicaci�n a lo normado en el inciso 2 del art. 653 del C. de P. C. (�) por lo que la venta no pod�a hacerse en forma distinta a la p�blica subasta�.

CONSIDERACIONES Los consabidos presupuestos procesales se hallan reunidos en el caso, motivo por el cual la actuaci�n se ha desarrollado normalmente y tampoco observa la Sala causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, de modo que ello, aunado a lo anterior, conlleva a la presente decisi�n, en los t�rminos y limitaciones que establece el art�culo 357 del C. de P.C. y la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Desde ahora advierte el Tribunal que la sentencia deber� ser confirmada, toda vez que el demandante no logr� acreditar el leg�timo inter�s que le asiste para demandar el pacto efectuado entre las encartadas, acorde con los lineamientos que al respecto ha trazado el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad civil; tampoco acredit� el objeto il�cito del citado acuerdo de voluntades, ni ninguna otra de las causales legalmente contempladas para que se configure la aludida ineficacia. En efecto, frente al primer argumento de alzada, relacionado con el tema de la legitimaci�n en la causa por activa que excepcionalmente tienen personas diversas a los contratantes para perseguir judicialmente la ineficacia plena del convenio celebrado por estos, es importante destacar que aunque su fundamento normativo (art. 1742 C.C.) y jurisprudencial - que se analizar� m�s adelante - es pertinente por estar vigente tanto el mandato legal como los criterios que a trav�s de �sta ha decantado la alta Corporaci�n, su sustento f�ctico no encuadra dentro de los presupuestos que aquellas contienen, en tanto del acervo demostrativo no se evidencia su �inter�s�.

Para soportar dicha afirmaci�n baste memorar que la Corte Suprema de Justicia ha determinado que: �[e]n punto del referido �inter�s�, es del caso precisar que la estructuraci�n del mismo, para que legitime al tercero en la petici�n de �nulidad absoluta� de un pacto en el cual no intervino, a m�s de econ�mico, debe ser serio, concreto, actual y ostentar una determinada relaci�n sustancial de la que aquel haga parte, e igualmente que en tal nexo tenga incidencia tanto el contrato cuestionado, como la sentencia que deba emitirse en el juicio de invalidez�.

No queda duda que las razones que adujo el actor acerca de su justificaci�n para acudir al aparato judicial no armonizan con los preceptos estudiados, como quiera que su condici�n de arrendatario no es obst�culo para que se lleve a cabo la transferencia del dominio, dado que la preexistencia del contrato de tracto sucesivo no impide al due�o valerse de los atributos de la propiedad, uso, goce y disposici�n, y precisamente amparado en �ste �ltimo, est� en capacidad de venderlo cuando a bien tenga.

Adem�s, valga destacar, que el negocio jur�dico atacado no le provoca un da�o econ�mico al accionante, debido a que el cambio de titular del derecho real no supone su salida autom�tica del predio, puesto que el legislador busc� garantizar la continuidad del empresario en el inmueble en que despliega su actividad comercial, ya que determin� que �Salvo estipulaci�n en contrario se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio: (�) 5.

Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenaci�n, el derecho al arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario (�)� (art. 516 C. Com.), motivo por el cual no se vislumbran las consecuencias nocivas que adujo en la alzada, y por ende, se echa de menos su legitimaci�n en la causa. Tampoco puede pasarse por alto, que la alta corporaci�n al evaluar si le asiste derecho de acci�n a una persona diversa de los contratantes para solicitar la ineficacia total de la convenci�n que entre ellos hubo, indic�: �Vistas as� las cosas, se advierte que el inter�s alegado no re�ne las condiciones necesarias para habilitar a las demandantes a hacer el reclamo de nulidad absoluta del contrato de compraventa, pues como se vio, la Corte ha precisado que el inter�s que otorga legitimidad a terceros para impetrar la nulidad absoluta es el econ�mico o patrimonial.

Y si ello es as�, carecen de inter�s los demandantes, porque si la sentencia en este proceso accediera a las pretensiones, de dicha providencia no dimanar�a ning�n beneficio material o econ�mico para aquellos, dado que esa sentencia �nicamente ordenar�a que el inmueble vendido a Almacenes �xito S.A. volviera al patrimonio del Banco Central Hipotecario, entidad que nunca estuvo obligada para con los demandantes, pues no hubo entre ellas ligamen contractual�.

Aplicado �ste rasero a la actuaci�n que ocupa a la Sala, se evidencia que el se�or Lu�s Carlos Parra Gonz�lez se apoy� en una mera expectativa o un deseo, raz�n por la cual no est� asistido del inter�s aludido a lo largo de este prove�do, puesto que en el hipot�tico caso de acceder al petitum, las �rdenes a impartir ser�an, que la propiedad del 50% del local comercial No. 1-66 del Edificio Centro de Alta Tecnolog�a, ubicado en la carrera 15 No. 77-05/59 de esta ciudad retorne al haber patrimonial de �ngela Mar�a Payan Li�vano y Ana Luc�a Payan Li�vano, y estas a su vez restituyan el precio recibido a la compradora, sin que tenga competencia el juez de la presente acci�n para imponer a las nuevamente due�as del fundo que lo pongan en venta y menos que esta se lleve a t�rmino a trav�s de subasta p�blica, y que forzosamente tenga que participar el aqu� inconforme, toda vez que, en primer lugar, se estructura una trasgresi�n a la autonom�a de la voluntad de aquellas y, en segundo t�rmino, se dejar�a sin efecto lo dispuesto en la decisi�n judicial en firme, emanada del juez de familia que autoriz� la transacci�n a nombre de las menores de edad sin necesidad de almoneda, eventos contrarios al derecho constitucional al debido proceso, en tanto no es esta la v�a para alcanzar tales cometidos, por lo que fracasa el primer fundamento de censura.

Tampoco se colige el inter�s del actor a partir del precedente que fij� la Corte Suprema de Justicia al considerar que: �seg�n el demandante, su inter�s jur�dico para pretender la nulidad de dicho contrato, surge de la situaci�n posesoria ejercida por m�s de veinte (20) a�os sobre parte del inmueble objeto del contrato, la cual permite alegar, como en efecto lo hizo antes de presentar la demanda de nulidad, la prescripci�n adquisitiva extraordinaria de dominio.

Ciertamente la circunstancia descrita por el demandante, aunada a la condici�n de la entidad compradora del bien (Municipio de Manizales), llevan a dejar por averiguado que el contrato de compraventa objeto de la pretensi�n, produjo un efecto jur�dico negativo en el patrimonio del actor al hacer inocua la alegada posesi�n material que sobre parte del bien enajenado ven�a ejerciendo como hecho precedente al acto impugnado, pues a partir de �l y por virtud de la tradici�n que de la propiedad se hizo al Municipio de Manizales (entidad de derecho p�blico), el inmueble se hizo imprescriptible al tenor de lo dispuesto en el art�culo 407 del C. de P.C. En esta afectaci�n, radica entonces, el inter�s jur�dico del demandante para pretender la nulidad absoluta del contrato de compraventa (�) porque en tanto ese contrato conserve su validez y con ella la de la tradici�n efectuada (�) la pretensi�n de usucapi�n carece de tutela jur�dica�.

Lo anterior, toda vez que el asunto examinado por el m�ximo ente y el puesto en conocimiento de �ste Tribunal, no son casos an�logos, pues son abismales las diferencias que median entre un poseedor, como fue all� el asunto, y un mero tenedor, como pasa aqu�, no solo en su definici�n, sino en los alcances que cada calidad apareja para posibilitar la adquisici�n del dominio, pues el primero, gracias a la detentaci�n material, por s� o por interpuesta persona, con �nimo de se�or y due�o, acompa�ado del paso del tiempo legalmente exigido, le permite ganar la propiedad por usucapi�n, por lo que la celebraci�n de un convenio que le cercene dicha posibilidad le causa un perjuicio econ�mico, mientras que para el segundo, �El simple lapso de tiempo no muda la tenencia en posesi�n� (art. 777 C.C.), por lo cual, para cambiar su condici�n a la de titular del dominio, debe partir de un acuerdo de voluntades con quien la ostente, es decir, est� en la misma posici�n que cualquier ciudadano que quisiera hacerse propietario, lo que a todas luces imposibilita equiparlos y trasplantar los postulados que para esa discusi�n emple� la mencionada autoridad a los que se presentan id�neos ahora.

Igualmente fracasa la lucubraci�n del inconforme acerca de que era dable decretar la nulidad absoluta de la Escritura P�blica No. 105 de 24 de enero de 2011, otorgada en la Notar�a 76 de Bogot�, por llevar inmersa una contradicci�n al derecho p�blico de la Naci�n, conforme a lo reglado por el art�culo 1519 del C�digo Civil, porque, no es ostensible el motivo de invalidez que se le enrostra, dado que el pacto estuvo precedido, se itera, de autorizaci�n judicial en firme, y en tanto el se�or Lu�s Carlos Parra Gonz�lez no est� facultado para ello, tal como lo determin� la Corte Suprema de Justicia: �Delanteramente, siguiendo los derroteros trazados en la norma precedentemente reproducida, debe excluirse como tal, el inter�s que se concrete en la defensa de la moral o de la ley, pues en estos supuestos el precepto, por una parte, radic� en el juez la potestad de disponer la nulidad oficiosamente, siempre y cuando el vicio que la produzca aparezca de manifiesto en el acto o contrato; y, por otra, otorg� la potestad de pedir su invalidaci�n al ministerio p�blico.

Por consiguiente, un tercero al contrato no puede reclamar que se declare su nulidad absoluta pretextando que �l contradice el orden jur�dico, la moral o las buenas costumbres�. Respecto a la disidencia fincada en las supuestas consideraciones que hizo en sede de tutela �ste Tribunal y su superior jer�rquico, es necesario poner de presente, que las mismas no restan autonom�a al juzgador de conocimiento ni lo obligan a orientar su decisi�n en tal o cual sentido, lo que unido a la falta de prueba de tales sentencias constitucionales, impide que haya un pronunciamiento a este tenor por parte de esta Sala.

En conclusi�n, al no evidenciarse que el instrumento p�blico atacado a trav�s de la demanda es nulo absolutamente, el fallo apelado deber� confirmarse, con la condena en costas al apelante (art. 392 C. de P.C.). En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot� en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE Primero. Confirmar la sentencia de fecha y origen preanotados, por las razones consignadas en la parte motiva.

Segundo. Costas de esta instancia a cargo del apelante. Liqu�dense. El Magistrado ponente fija como agencias en derecho la suma de $1.500.000.oo. NOTIF�QUESE Los magistrados, MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA (Rad. 110013103041201100326 01) JORGE HERN�N VARGAS RINC�N (Rad. 110013103041201100326 01) �SCAR FERNANDO YAYA PE�A (Rad. 110013103041201100326 01) Ver folios 140 a 146 del cuaderno 1. Ver folios 151 a 153 del cuaderno 1. Ver folios 207 a 217 del cuaderno 1. Ver folios 220 a 225 del cuaderno 1 y 7 a 17 del cuaderno 2. C.S.J., sentencia del 28 de junio de 2013, expediente 11001-31-03-014-1998-05970-01, Magistrado ponente.

JES�S VALL DE RUT�N RUIZ. C.S.J. sentencia de 31 de agosto de 2012, expediente No. 11001-31-03-035-2006-00403-01, Magistrada Ponente: Ruth Marina D�az Rueda, reiterada en C.S.J., sentencia del 28 de junio de 2013, expediente 54001-3103-003-2005-00027-01, Magistrado ponente. ARTURO SOLARTE RODR�GUEZ. Calidad que no fue controvertida y contrario sensu fue ratificada por la demandada Li�vano Garz�n en interrogatorio de parte al indicar: �estaba como hasta hoy lo est� LU�S CARLOS PARRA GONZ�LEZ en el local en su 100% (�) pero entonces ella quer�a que se lo entregara sin el arrendatario (�)�, ver folio 180 del cuaderno 1. Art. 669 C.C. El dominio es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o derecho ajeno. (�) C.S.J., sentencia del 25 de abril de 2006, expediente 05001-3103-007-1997-10347-01, Magistrado ponente.

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA. �(�) por haber hecho preterici�n de la P�blica subasta el Juzgado 6� de Familia le conculc� a mi poderdante su derecho constitucional fundamental de la igualdad, como quiera que deseaba participar (�)�. Hecho 9 de la demanda, ver folio 115 del cuaderno 1. Ver folio 103 del cuaderno 1. C.S.J., Sentencia del 2 de agosto de 1999, exp. 4937, Magistrado ponente: Jos� Fernando Ram�rez G�mez. Art. 762 C.C. La posesi�n es la tenencia de una cosa determinada con �nimo de se�or o due�o, sea que el due�o o el que se da por tal, tenga la cosa por s� mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de �l. El poseedor es reputado due�o mientras otra persona no justifique serlo. Art. 775 C.C. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como due�o, sino en lugar o a nombre del due�o. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de habitaci�n, son meros tenedores de la cosa empe�ada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitaci�n les pertenece.

Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. C.S.J., sentencia del 28 de junio de 2013, expediente 54001-3103-003-2005-00027-01, Magistrado ponente. ARTURO SOLARTE RODR�GUEZ. Sentencia en el proceso No. 110013103041201100326 01 Clase: Ordinario ----------------------- PAGE \* MERGEFORMAT2 ./12?@g��岓yY�y<y 6hb:hb:5�6�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH 9hb:hb:5�6�CJ OJPJQJ\�aJ mH nH sH tH ?jL��V hb:hb:6�CJ OJPJQJUaJ mH nH sH tH 3hb:hb:6�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH <jhb:hb:6�CJ OJPJQJUaJ mH nH sH tH 6hb:hb:5�6�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH -hb:5�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH 3hb:hb:5�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH 2@hstu�� $d��$Ifa$gdb: d��gdb:$d��a$gdb:$d��a$gdb:$$ ��d��@&a$gdb:$d��<5$7$8$9D@&H$a$gdb:$d��<5$7$8$9D@&H$a$gdb:ghs�� +, F G H R S z | } ~ �ƭ�|�|�|�|ƭ|�f�_|�_|�f�_|�f�_|hb:hb:*hb:CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH 3hb:hb:6�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH -ht]j6�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH 0hb:hb:CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH 6hb:hb:5�6�CJ OJPJQJaJ mH nH sH tH 9hb:hb:5�6�CJ OJPJQJ\�aJ mH nH sH tH , G ��F��Tkdi$$If�l�0X�^ i� t��6��4�4� la��ytHz�$d��$Ifa$gdb:Tkd$$If�l�0X�^ i� t��6��4�4� la��ytHz�G H S | } ~ ��F9$d��a$gdb:Tkd $$If�l�0X�^ i� t��6��4�4� la��ytHz�$d��$Ifa$gdb:Tkd�$$If�l�0X�^ i� t��6��4�4� la��ytHz�~ � 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