Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 11001 3103 044 2009 00367 01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Gamal Mohammand Othman Atshan Rubiano

Fecha: 2011-05-19

Sujetos procesales: ANA FELIZ ROMERO ARANZAZU / EDIFICIO PARÍS

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ANTECEDENTES ANA FELIZ ROMERO ARANZAZU mediante apoderada judicial constituida para la causa, impetr� demanda en contra del EDIFICIO PAR�S para que previos los tr�mites propios del proceso abreviado de impugnaci�n de actas se declarara primeramente la suspensi�n de la decisi�n contenida en el acta n�mero 01 de 2009 y en segundo lugar la nulidad del acto impugnado, correspondiente a la decisi�n contenida en el acta n�mero 01 de 2009, decisiones tomadas en la reuni�n de fecha 14 de marzo de 2009 por no cumplir los requisitos que deben contener las actas de Asamblea Ordinaria de las Copropiedades.

La parte demandante funda sus pretensiones en los siguientes hechos: 1�. El �EDIFICIO PAR�S� est� ubicado en la CALLE 34 No. 28 A 13 de Bogot� D.C., y se encuentra sometido al r�gimen de copropiedad, seg�n se desprende de las escrituras p�blicas de cada una de las �reas privadas de la construcci�n, el cual no se ha modificado hasta la fecha. 2�.

El d�a catorce (14) de marzo de dos mil nueve (2009), los copropietarios de trece (13) de las catorce (14) unidades que conforman el EDIFICIO PAR�S se reunieron, previa citaci�n que le fue comunicada a todos los copropietarios, salvo a la demandante, a pesar de que el acta indica que se le notific� personalmente. 3�. A pesar de que el reglamento proh�be que una sola persona firme en representaci�n de varias �reas, as� sucedi�.

En la reuni�n antes mencionada, se acord� hacer algunos arreglos a la copropiedad, los cuales han sido propuestos desde hace varios a�os, sin que se haya aceptado, toda vez se ni siquiera se ha cancelado una m�nima cuota de administraci�n. La demandante, como administradora del EDIFICIO PAR�S desde el 20 de septiembre de 1994 hasta la fecha, tuvo que prestar dinero de sus propios fondos para darle mejor presi�n al servicio de agua del edificio en el a�o 2008.

Que para no pagarle, las trece (13) unidades, entre las que se encuentran morosos y querellados suscribieron un acta de copropietarios del EDIFICIO PAR�S obviando lo que deb�an, a pesar de hab�rseles cobrado a trav�s de cuenta de cobro y carta abierta solicit�ndoles que paguen. Que la Asamblea guard� silencio al respecto. 4�. Que la aqu� demandante, antes de escuchar de o�das que se iba a programar una reuni�n, manifest� a la arrendataria del apartamento 301 y a la propietaria se�ora LUZ ELVIRA ZULUAGA, que para la fecha estaba viajando, que ser�a importante poder organizar una reuni�n en la que todos pudieran estar y as� enterar a la comunidad de las dificultades con que se sosten�a la copropiedad, por ausencia de pago de copropietarios desde 1996.

Por auto de fecha trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009), el Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Civil del Circuito de esta ciudad, admiti� la demanda, ordenando seguir el tr�mite del proceso abreviado, pero una vez se decret� la nulidad de todo lo actuado por cuanto al admitir la demanda se indic� el tr�mite verbal de mayor cuant�a. Tambi�n se orden� notificar a la parte demandada, corri�ndosele el respectivo traslado.

La providencia anterior fue notificada personalmente a la parte demandada el veintis�is (26) de octubre de dos mil nueve (2009), tal como se aprecia a folio 35. A trav�s de apoderada judicial el EDIFICIO demandado contest� la demanda aceptando el hecho primero de la demanda y alegando, aclarando y negando otros, todo ello sin proponer excepci�n alguna.

En oportunidad legal se llev� a cabo la audiencia de que trata el art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil, con resultados negativos, se abri� el proceso a pruebas luego de lo cual se corri� traslado para alegar de conclusi�n. En estas condiciones, el Juzgado dict� sentencia el cinco (5) de noviembre de dos mil diez (2010) en la que se accedi� a las pretensiones declar�ndola SUSPENSI�N del acta n�mero 01 de 2009, de fecha 14 de marzo de 2009, contentiva de la Asamblea Ordinaria de Copropietarios del Edificio Par�s de Bogot� D.C. LA SENTENCIA APELADA En s�ntesis se�al� el A-quo que evidentemente el reglamento de propiedad horizontal vigente para la �poca en que se llev� a cabo la reuni�n objeto de la acci�n de impugnaci�n, contenido en la Escritura P�blica n�mero 917 de fecha 14 de mayo de 1986 de la Notar�a Veinticinco (25) de Bogot� D.C., establece la facultad que tiene el administrador del Edificio para convocar la Asamblea General de Copropietarios que se llevar� a cabo, en forma ordinaria en el mes de marzo de cada a�o y el derecho que tienen los copropietarios para reunirse en forma extraordinaria el primer d�a del mes de mayo de cada a�o en caso de no ser convocados a m�s tardar el d�a 22 de abril de cada a�o por el administrador.

Que igualmente el reglamento establece como qu�rum constituido el 51% del valor del edificio; que cada propietario de una unidad tendr� un voto y que quien est� en mora de m�s de un mes en el pago de las expensas de la copropiedad no tiene derecho a votar (art�culo 25 del reglamento). Que pese a lo manifestado por el EDIFICIO PAR�S, la demandante se�ora ANA FELIZ ROMERO ARANZAZU fue designada como administradora mediante acta n�mero uno (1) de fecha veinte (20) de septiembre de 1994, a pesar de no haberse registrado tal nombramiento ni haber obtenido el reconocimiento de personar�a por parte de la Alcald�a Local.

Por lo tanto, y toda vez que el reglamento de la copropiedad, gobernado en aquella �poca por la Ley 182 de 1948, establec�a que las convocatorias a las reuniones de car�cter ordinario deb�an ser citadas por el administrador de la copropiedad, lo cual evidentemente no sucedi�, raz�n por la cual la reuni�n del 14 de marzo de 2009 resulta a todas luces ilegal, a lo cual es necesario a�adir que la decisi�n fue aprobada por mayor�as conformada por deudores morosos.

Razones por las cuales es procedente la impugnaci�n de la decisi�n adoptada en el acta 01 de marzo 14 de 2009. EL RECURSO DE APELACI�N La parte demandada sustenta su recurso en denunciar el equ�voco en que incurri� el A-quo al aplicar la Ley 182 de 1948 como regente del presente asunto, toda vez que tal precepto legal fue derogado expresamente por el art�culo 87 de la Ley 675 de 2001.

Que por tal raz�n, la restricci�n para que los propietarios morosos del EDIFICIO PAR�S no pudieran votar durante la Asamblea, tambi�n qued� derogada. Insiste igualmente en que la aqu� demandante no solo no era administradora del EDIFICIO PAR�S sino que adem�s, la copropiedad no ten�a administradora, raz�n por la cual la sentencia de primera instancia no pod�a reconocer tal calidad a la aqu� accionante.

Tambi�n argumenta la recurrente que la convocatoria a la asamblea de copropietarios llevada a cabo el d�a 14 de marzo de 2009 se hizo dentro de los par�metros legales. Respecto al alegato presentado por la recurrente, en tiempo, la parte demandante expres� nuevos argumentos, obviamente en el sentido de obtener la confirmaci�n del fallo de primera instancia, basado en que las decisiones adoptadas por la asamblea se hizo sin el qu�rum decisorio m�nimo requerido.

CONSIDERACIONES Procede a resolver la instancia, advirtiendo que no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado y que est�n reunidos los presupuestos procesales. Sea lo primero advertir que la legitimaci�n en la causa es un elemento de la pretensi�n, y por lo tanto necesario para el �xito de la misma. Seg�n la doctrina procesal �La legitimaci�n solo existe cuando demanda quien tiene por ley sustancial facultad para ello, precisamente contra la persona frente a la cual la pretensi�n de que se trata tiene que ser ejercitada.

De modo que la cualidad en virtud de la cual una pretensi�n puede y debe ser ejercitada contra una persona en nombre propio se llama legitimaci�n para obrar, activa para aquel que puede perseguir judicialmente el derecho y pasiva para aquel contra el cual �sta se ha de hacer valer. La legitimaci�n para obrar o en causa determina lo que entre nosotros se denomina impropiamente personer�a sustantiva, y es considerada como general como sin�nima de la titularidad del derecho invocado.

Por eso si el demandante no prueba su calidad de due�o perder� la demanda por falta de legitimaci�n activa.� Trat�ndose de impugnaci�n de actos de la asamblea general de copropietarios el art�culo 49 de la ley 675 de 2001 se�ala quienes est�n legitimados para impugnar tales decisiones y advierte que lo son: el administrador, el revisor fiscal, y los propietarios de bienes privados.

Quiere lo anterior significar que trat�ndose de copropietarios de unidades privadas, estos est�n plenamente legitimados para impetrar esta clase de acciones, pero no les basta con invocar esa calidad, sino que �sta tiene que estar debidamente acreditada en juicio. En el caso concreto, la demandante afirma ser propietaria del apartamento 203 del EDIFICIO PAR�S y en esa condici�n elev� la demanda de impugnaci�n de actas, m�s sin embargo no aport� al proceso prueba de la propiedad de la mencionada unidad privada.

As� las cosas, y toda vez que no cumpli� la demandante con la carga de la prueba que impone el art�culo 177 del C�digo de Procedimiento Civil, forzoso es concluir que no se acredit� la legitimaci�n en causa, lo que imped�a el �xito de las pretensiones invocadas. Pero, la demandante tambi�n invoca la calidad de administradora del EDIFICIO PAR�S para incoar la presente acci�n. Si bien es cierto, la calidad de administradora no es clara dentro del proceso, toda vez que la Alcald�a Local de Teusaquillo, zona en la cual se encuentra ubicado el EDIFICIO PAR�S, no ha certificado tal calidad, tambi�n lo es que dentro del proceso obra el acta n�mero 1 de fecha 20 de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), la cual fue oportunamente aportada al proceso y que la parte demandada no cuestion�, por lo cual se debe partir de su aceptaci�n. Agotado este punto, encuentra la sala que la accionante pide la SUSPENSI�N de las decisiones adoptadas en la asamblea de copropietarios n�mero 01 de fecha 14 de marzo de 2009 del EDIFICIO PAR�S y como consecuencia la nulidad del acto impugnado (folio 42).

La pretensi�n incoada por la demandante expresamente dice: �Solicito, Se�or Juez, se suspenda el acto impugnado, acta de fecha 14 de marzo de 2009 ya que no cumple con los m�nimos requisitos exigidos sobre actas de asambleas, en este caso seg�n exposici�n del se�or Giovanni Murillas Gil, encontrada en la Internet, con el fin de que se aplique la justicia y no se permita que copropietarios morosos y querellados, quienes para no cancelar lo debido de un solo trazo revocan mandatos por ellos no otorgados� Quiere decir la demandante que la anomal�a que se present� durante la asamblea de copropietarios de fecha 14 de marzo de 2009 del EDIFICIO PAR�S consisti� en que algunos copropietarios votaron durante la misma a pesar de estar en mora en el pago de las expensas propias del Edificio, as� como tambi�n de algunos copropietarios que fueron querellados, todo ello con el prop�sito de no pagar lo debido.

Acompasando la pretensi�n de la demandante, como administradora de la copropiedad, con los hechos de la demanda, el tercero de ellos precisamente y aun que en forma desordenada, hace referencia a tal situaci�n, en la cual se denuncia que en el a�o 2008 se tuvo que hacer un arreglo para darle presi�n al agua del edificio, pero la administradora tuvo que prestarle a los dem�s copropietarios lo necesario para tal fin, expensa que no le ha sido cancelada hasta la fecha.

Tambi�n tenuemente la demandante hace referencia en los hechos de la demanda a una irregularidad que se present� en la convocatoria a la Asamblea General de Copropietarios, a la cual no se le convoc�. Hechas las anteriores presiones, necesarias para desatar el recurso de apelaci�n, es necesario empezar por rectificar a la sentenciadora de primera instancia, toda vez que el presente asunto est� gobernado por la Ley 675 de 2001 y no por la Ley 182 de 1948 como lo indica en el aparte 4 de los considerando de la sentencia, que obra a folio 373.

La asamblea se llev� a cabo el d�a 14 de marzo de 2009 y el art�culo 87 de la Ley 675 de 2001 expresamente se�ala: �Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de su publicaci�n y deroga las leyes 182 de 1948, 16 de 1985 y 428 de 1998, as� como los decretos que se hayan expedido para reglamentarlas.� Ley que fue publicada el d�a 3 de agosto de 2001.

Por lo tanto, es claro que la Ley 182 de 1948 no estaba vigente para cuando se llev� a cabo la asamblea de copropietarios que dio origen al acta 01 de 2009 del EDIFICIO PAR�S. Tambi�n es necesario precisar que el art�culo 49 de la Ley 675 de 2001, que gobierna el presente asunto, establece que el procedimiento establecido en el art�culo 194 del C�digo de Comercio le es aplicable a las impugnaciones de las decisiones de las Asambleas Generales de las Copropiedades, y que las razones para ello obedecen a que las decisiones no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal.

A su vez, el segundo inciso del art�culo 37 de la Ley 675 de 2001 establece claramente que la Asamblea General la integran TODOS LOS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN EL EDIFICIO O CONJUNTO, quienes tendr�n derecho a participar en sus deliberaciones y a votar en ellas. Quiere ello decir que as� el propietario de una unidad privada est� en mora en el pago de las cuotas de administraci�n, sean ordinarias o extraordinarias, as� haya sido querellado, puede participar en la asamblea, deliberar y decidir, esto es votar durante la misma.

Argumento suficiente para revocar el fallo de primera instancia y negar la prosperidad de las pretensiones. El argumento de la accionante, quien como administradora cuestion� que la asamblea general llevada a cabo el d�a 14 de marzo de 2009 del EDIFICIO PAR�S permiti� que los propietarios morosos y querellados pudieran votar, carece de fundamento de acuerdo a lo previsto en la Ley 675 de 2001 y n�tese que fue el �nico argumento que expres� la accionante en el ac�pite de las pretensiones.

Ahora bien, es conveniente analizar el contenido de los hechos segundo y cuarto de la demanda, a fin de interpretar la demanda, que si bien es cierto la �nica pretensi�n busca la SUSPENSI�N de las decisiones por no cumplirse los m�nimos requisitos exigidos ya que se le permiti� a los propietarios morosos y querellados votar, tambi�n lo es que es deber del juez interpretar la demanda.

La labor hermen�utica del juzgador no se restringe al sentido que tienen los textos normativos, sino que se extiende hasta hallar la genuina inteligencia del escrito con que se abre el proceso, todo con el prop�sito de evitar que los derechos reclamados resulten nugatorios por la formulaci�n inadecuada de las pretensiones, por parte del demandante, o la exigencia de f�rmulas sacramentales para reconocer los pedimentos, por parte del juzgador, pues como ha reconocido la jurisprudencia, �no se ajusta a los tiempos que corren, ni al postulado que pregona privilegiar el derecho de acceso a la justicia, exigir expresiones rituales de a�ejo sabor formulario como la �nica manera de comunicarse con el juez.

Si en el prop�sito de plantear las pretensiones, el demandante logra trasmitir adecuadamente el sentido y alcance de la intervenci�n que clama de la justicia, ello resulta bastante, as� no emplee las palabras o formas id�nticas a las que usa el legislador para definir determinado fen�meno jur�dico� (Sent. Cas. Civ. de 27 de marzo de 2007, Exp.

No. 00082-01). La demandante reclama que no fue convocada a la asamblea general de copropietarios llevada a cabo el d�a 14 de marzo de 2009. Y se dijo que carece de legitimidad la demandante para reclamar como propietaria por no haber acreditado dentro del proceso tal calidad y que se le escucha es como administradora que fue hasta el d�a 14 de marzo de 2009.

Asume la sala que como tal reclama que la decisi�n no se ajust� a las prescripciones legales al no haberse efectuado la convocatoria en legal forma. Pero pronto se ve el fracaso de su reclamo toda vez que en el mismo hecho cuarto de la demanda confiesa que sab�a de la reuni�n que se avecinaba. Indica la demandante: �CUARTO: Antes de que se escuchara de o�das que se iba a programar una reuni�n, manifest� a una arrendataria del apartamento 301, se�ora MARTHA y a su propietaria LUZ ELVIRA ZULUAGA, que para esa fecha estaba viajando, que ser�a importante poder organizar una reuni�n en donde todos pudi�ramos estar y as� enterar a la comunidad de la copropiedad las dificultades con que se sosten�a la copropiedad, por ausencia de pago de copropietarios por mucho tiempo, prueba de ello hay morosos desde el (sic) 1996 y cuando se les solicita cancelar optan por ponerse bravos para no hacerlo y si exigir de lo que nunca han dado.� De lo anterior se extrae f�cilmente que la demandante sab�a de la reuni�n y que ser�a el d�a 14 de marzo de 2009, pero que para esa fecha ten�a que viajar.

Por lo tanto, quiere ello decir que la copropiedad le notific� la fecha mediante la fijaci�n del aviso que obra a folio 60 del proceso y al cual se tuvo acceso, o por alg�n medio se enter�, que su deber era asistir y que en caso de no hacerlo bien pod�a hacerse representar. Por lo tanto, no existi� irregularidad en cuanto a la convocatoria que diere pie a la declaraci�n de ineficacia de la decisi�n de la Asamblea General de Copropietarios.

Por otro lado, la sentenciadora de primera instancia, al resolver el presente asunto consider�, con base en el reglamento de propiedad horizontal que obra en la Escritura P�blica n�mero 917 de fecha 14 de mayo de 1986 de la Notar�a Veinticinco (25) de Bogot� D.C., que la �nica persona que pod�a convocar la asamblea general era el administrador de la copropiedad.

Al respecto manifest�: �Si como viene de verse, existiendo un administrador designado por la asamblea en sus reuniones ordinarias, era a �ste a quien tanto la ley que viene de citarse como el propio reglamento de la propiedad horizontal autorizaba para convocar ese m�ximo organismo, ninguna otra persona pod�a abrogarse esa facultad�.� Si bien es cierto, el acta impugnada claramente indica que se trata de una asamblea ordinaria de copropietarios, su contenido permite inferir que por el contrario era extraordinaria.

La diferencia entre una reuni�n ordinaria y una extraordinaria nos la suministra el art�culo 39 de la Ley 675 de 2001. En legislaciones de otros pa�ses el criterio para diferenciar las ordinarias de las extraordinarias se basa en la materia que cada una de ellas puede considerar, pues atribuyen exclusivamente la adopci�n de determinados acuerdos a unas u otras.

En Colombia, la distinci�n entre la ordinaria y la extraordinaria reside en la periodicidad, es decir, que la caracter�stica de la ordinaria es por la �poca de su celebraci�n. En efecto, �sta se lleva a cabo una vez al a�o, en la fecha se�alada en el reglamento de propiedad horizontal (primer inciso del art�culo 39 de la Ley 675 de 2001).

Las reuniones extraordinarias se celebran cuando lo exigen las necesidades imprevistas o urgentes de la copropiedad. La reuni�n ordinaria, prevista en el art�culo 39 de la ley 675 de 2001 tiene un prop�sito espec�fico: considerar las cuentas del �ltimo periodo, aprobarlas, considerar las condiciones generales de la copropiedad, hacer los nombramientos correspondientes y aprobar el presupuesto del siguiente a�o. Si observamos el orden del d�a del acta n�mero 01 de 2009, encontramos que precisamente all� no se consideraron cuentas ni se aprobaron, ni se elabor� ni aprob� el presupuesto del siguiente a�o. Principalmente se adopt� la decisi�n de someter al edificio a la Ley 675 de 2001, nombrar nuevo administrador y adoptar una serie de medidas respecto a la copropiedad.

Por lo tanto, se trataba en realidad de una reuni�n de car�cter extraordinaria que pod�a ser convocada por los copropietarios. Por lo tanto, resulta leg�timo que los copropietarios, en un porcentaje del 20%, convoque una reuni�n de car�cter extraordinario como sucedi� el d�a 14 de marzo de 2009 en el EDIFICIO PAR�S. Por �ltimo, resta estudiar los nuevos argumentos expuestos por la demandante al descorrer el traslado del recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandada.

Si bien es cierto se trata de un medio nuevo, que no puede ser considerado por no haberse discutido en primera instancia, ya que se vulnera el derecho de defensa de la parte contraria que no ha tenido oportunidad de controvertirlo, la sala se pronunciara ante la improsperidad del mismo. Alega la parte demandante en esta instancia que la decisi�n adoptada el d�a 14 de marzo de 2009 por la Asamblea General de Copropietarios del EDIFICIO PAR�S se tom� sin el qu�rum decisorio suficiente.

Que la decisi�n fue aprobada tan solo por el 13.02% de los porcentajes de la copropiedad. Al respecto se debe se�alar que el qu�rum decisorio para aprobar una decisi�n al interior de la Asamblea General de Copropietarios es m�s del 50% de los coeficientes en que se encuentre dividida la copropiedad (art�culo 45 de la Ley 675 de 2001). La demandante pretende restarle al qu�rum decisorio un porcentaje del 20.75% correspondiente a los copropietarios que no asistieron y que no se hicieron representar, es decir que quienes manifestaron representarlos lo hicieron sin mandato.

Pretermite la demandante los poderes de representaci�n que obran a folios 62, 63 y 64 del plenario, aportados por la demandada al contestar la demanda, los cuales no fueron objeto de cuestionamiento alguno por parte de la accionante, raz�n por la cual adquirieron toda su eficacia probatoria. All� encontramos el poder conferido por el se�or GUSTAVO MERCH�N, propietario del LOCAL 27-59 de la Carrera 27;

REBECA LEYVA SOTELO, propietaria del apartamento 207; y de ALFONSO TRILLERAS MATOMA, propietario del local 204. Por lo tanto, no es posible descontar el 20.75% que quiere desconocer la demandante. Por lo tanto, computando el qu�rum de los asistentes 48.75% m�s el qu�rum de quienes se hicieron representar (20.75%), tenemos un total de 69.50%, qu�rum m�s que suficiente para aprobar, v�lidamente las decisiones adoptadas el d�a 14 de marzo de 2009.

Y bien puede la demandante descontar del anterior qu�rum el correspondiente al apartamento 301 y 302 (que representan el 14.98%) y a pesar de ello quedar�a un 54.52%, suficiente para desconocer su afirmaci�n. Por lo tanto, no queda otro camino que revocar la decisi�n del A-quo y negar las pretensiones de la demanda, condenando a la demandante a pagar las costas procesales.

La demandante debe tener en cuenta que las razones para impugnar las decisiones de la asamblea general de copropietarios de un edificio debe obedecer a razones objetivas, previstas en el art�culo 49 de la Ley 675 de 2001, esto es, cuando las decisiones no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal, y no a razones subjetivas.

Tampoco se puede utilizar este tipo de acciones para obtener el pago de una obligaci�n como pareciere entenderlo la accionante en la pretensi�n de la demanda, o para retener la administraci�n de la copropiedad. En m�rito de todo lo expuesto, la SALA CIVIL DE DESCONGESTI�N DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� D.C., administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley;

RESUELVE

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia de fecha cinco (5) de noviembre de dos mil diez (2010) proferida por el Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Civil del Circuito de Bogot� D.C. dentro del proceso en referencia. SEGUNDO.- NEGAR la pretensi�n de la demanda. TERCERO.- CONDENAR en costas de esta instancia al extremo actor. T�sense las de esta instancia. CUARTO.- INCLUIR en la liquidaci�n de costas de esta instancia, por concepto de agencias en derecho, la suma de UN MILL�N QUINIENTOS MIL PESOS ($1�500.000.oo) que deber� pagar la demandante al EDIFICIO PAR�S. QUINTO.- DEVOLVER la actuaci�n surtida al Juzgado de origen, una vez en firme este prove�do y cumplido el numeral anterior.

C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE GAMAL MOHAMMAND OTHMAN ATSHAN RUBIANO PROCESO N�MERO 11001 3103 044 2009 00367 01 LUZ STELLA ROCA BETANCUR PROCESO N�MERO 11001 3103 044 2009 00367 01 JAIME CH�VARRO MAHECHA PROCESO N�MERO 11001 3103 044 2009 00367 01  Hernando Morales Molina. Curso de derecho Procesal Civil. Parte General. Octava Edici�n.     PROCESO ABREVIADO NO 11001 3103 044 2009 00367 01 PAGE  PAGE 17 PROCESO ABREVIADO NO 11001 3103 044 2009 00367 01 DEMANDANTE: ANA FELIZ ROMERO ARANZAZU DEMANDADO: EDIFICIO PAR�S UVWdopr��������� �Ѽ��������ucO>����� h.Z�5�CJOJQJ\�^JaJ&h1F�h.Z�5�CJOJQJ]�^JaJ#h1F�h.Z�CJOJQJ\�^JaJ&h1F�h.Z�CJOJQJ\�]�^JaJ&h1F�h.Z�5�CJOJQJ\�^JaJh.Z�CJOJQJ^JaJ h1F�h.Z�CJOJQJ^JaJ)h1F�h.Z�5�CJOJQJ\�]�^JaJ#h~6f5�CJOJQJ\�]�^JaJ8jh^Yh~6fCJOJQJU^JaJmHnHtH $uUVW������# $ %; < S T ����������������� �ndh`�ngd�o�$ � �ndh`�na$gd�o�$�3dh*$]�3a$gd�4O�3�ndh*$]�3`�ngd�o�dhgd[k�dhgd/%2 $dha$gd[k� $dha$gd/%25i�ibj��� ! # $ %; < � � � � � � � �   S T ` a b { | � � � A 4 6: G L � � � � ��ν�ព�����������ug�g�g�g�g�g�g�g�h.Z�CJOJQJ^JaJh.Z�5�CJOJQJ^JaJ#h1F�h.Z�5�CJOJQJ^JaJh.Z�^JaJh1F�h.Z�^JaJ'h�P�h�4O5�@���CJOJQJ^JaJ!h�4O5�@���CJOJQJ^JaJ$h1F�h.Z�@���CJOJQJ^JaJ h1F�h.Z�CJOJQJ^JaJh�1�CJOJQJ^JaJ%T a b � � � �  IJ����12��������������������������$ � dha$gd\i$ � �ndh`�na$gd�WE$ � �ndh`�na$gd�o�$ � dh9Da$gd�|�  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11001 3103 044 2009 00367 01 · Tribunal de Bogotá — Micelio