Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 110013103024201100338 01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Nancy Esther Angulo Quiroz

Fecha: 2014-09-04

Sujetos procesales: VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. –VISE LTDA.- / PREVIMEDIC S.A.

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Control oficioso de legalidad. No se alleg� documental que acredite la prestaci�n efectiva del servicio. Las facturas no fueron aceptadas por la demandada, adem�s en copia. REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� - SALA CIVIL Bogot� D.C., cuatro (4) de septiembre del a�o dos mil catorce (2014) REF.

PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. �VISE LTDA.- CONTRA PREVIMEDIC S.A. RAD. 110013103024201100338 01 Magistrada Ponente: NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ Discutido y aprobado en Sala de decisi�n del 2 de julio de 2014 Acta N�. I. ASUNTO Resuelve el Tribunal el recurso de apelaci�n formulado por la parte demandante contra la sentencia del 30 de enero de 2014, proferida por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Descongesti�n Bogot�.

II.

ANTECEDENTES 1). PETITUM: La Sociedad Vigilancia y Seguridad Ltda. �Vise Ltda.-, actuando por conducto de apoderado judicial, solicit� de la jurisdicci�n se librara mandamiento de pago a su favor y en contra de la sociedad Previmedic S.A., por las siguientes sumas de dinero incorporadas en las facturas cambiarias que se describen a continuaci�n, m�s los intereses de mora liquidados desde el d�a en que cada una de ellas se hizo exigible.

N�MERO DE FACTURAFECHA DE CREACI�NVALORFOLIOF 705371 � OCT � 2008 $51.062.8332F 709481 � NOV � 2008 $51.062.8333F 712631 � DIC � 2008 $51.062.8334F 717891 � ENE � 2009$31.336.4525TOTAL$184.524.951 Finalmente reclama se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho que se generen como consecuencia del presente juicio. 2).

CAUSA: Los fundamentos f�cticos de las pretensiones admiten el siguiente compendio: Sostiene que la Sociedad Previmedic S.A. suscribi� y acept� las facturas aportadas como base de la acci�n, las cuales se refieren a la prestaci�n de servicios de vigilancia y seguridad privada, por parte de la entidad demandante. Que los documentos aportados como base de la acci�n re�nen los requisitos exigidos por el art�culo 774 de C.Co., facturas que por dem�s fueron libradas por la demandante y recibidas a satisfacci�n por la demandada, quien en ning�n momento manifest� su inconformidad, aunado que el ordenamiento dispone que cuando las mismas no tienen fecha de vencimiento �sta ser� treinta d�as despu�s de haber sido recibidas.

Finalmente se�ala que a la sociedad demandada se le han hecho varios requerimientos para que los instrumentos sean descargados, a pesar de ello las obligaciones all� incorporadas aun se encuentran insatisfechas, por lo cual, acude al presente juicio a fin de obtener su recaudo. 3). ACTUACI�N PROCESAL: Mediante providencias del 1� de julio de 2011, el a quo en una libr� mandamiento de pago por las sumas que consider� procedentes respecto de las facturas F 70948, F 71263 y F 71789EN tanto que en el otro auto neg� la orden de apremio respecto del cartular F � 70537.

El mandamiento de pago orden� su notificaci�n al extremo demandado, quien enterado por conducta concluyente, se opuso a las pretensiones de la demanda formulando como excepciones de m�rito las que denomin�, �inexistencia de obligaci�n ejecutada�, �carencia de los requisitos del art�culo 488 del C.P.C.�, �cobro de lo no debido�, enriquecimiento sin justa causa�, �falta a la lealtad procesal por parte del demandante� y �prescripci�n�.

Agotada en debida forma la instancia el 30 de enero de 2014 se profiri� sentencia en la cual se dispuso la terminaci�n el proceso, el levantamiento de las medidas cautelares y se conden� en costas a la sociedad demandante, tras considerar que los documentos aportados como base de la acci�n no cumpl�an con las condiciones impuestas en el ordenamiento comercial para ser considerados t�tulos valores.

III.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA El Juzgador, tras examinar la actuaci�n surtida y citar jurisprudencia respecto de la viabilidad de revisar al momento de proferir sentencia que los documentos utilizados como base de la acci�n cumplan con las condiciones para servir como b�culo del proceso ejecutivo se�al� que �resulta dable al momento de dictar sentencia, revisar nuevamente los mismos a fin de verificar que realmente cumplan con las exigencias establecidas por el legislador, para fines de derivar su m�rito ejecutivo, pese a que se hubiese proferido en su momento la orden de ejecuci�n, lo cual no se constituye en obst�culo infranqueable que impida revisarlo nuevamente en esta etapa, ya que tal decisi�n se tom� en un auto y el mismo no hace tr�nsito a cosa juzgada, a pesar de que la parte ejecutada guarde silencio sobre tal aspecto tan trascendental en esta clase de acciones.� Por lo anterior y en ejercicio de ese deber de revisar nuevamente los documentos que se aportan como base de la acci�n consider� que los mismos no cumplen el requisito contenido en el numeral 2 del art�culo 774 del C�digo de Comercio �ya que ninguno de ellos contiene el nombre, identificaci�n o r�brica de la que persona que recibi� las facturas, sin que dicha falencia se enmiende con el simple sello all� impuesto, m�s aun que este dispone del respectivo espacio para que se incorpore el nombre de quien recibe el documento, el que se encuentra vac�o en todos los casos, y lo que de paso, refleja que ni siquiera fue objeto de dicho sello reemplazar la correspondiente firma, de manera que bajo ninguna perspectiva, puede predicarse cumplida tal exigencia o formalidad, lo que a la postre conlleva que tales facturas no pueden ser catalogados como t�tulos valores, conforme lo consagrado en el pen�ltimo inciso del art�culo 774 ejusdem, cuyo tenor literal dice: �No tendr� el car�cter de t�tulo valor la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos legales se�alados en el presente art�culo��.

Finalmente concluye se�alando �que al no haberse aportado unos documentos con los requisitos de ley, tal que se pudiera desprender de los mismos el m�rito ejecutivo necesario para pretender el cobro coactivo de su importe en uso de la presente acci�n, resulta imperioso como en efecto se har� denegar la ejecuci�n solicitada en este asunto, con las dem�s consecuencias que ello implica, es decir, la terminaci�n del proceso, el levantamiento de las medidas cautelares y la condena en costas y perjuicios en contra de la actora�.

IV. DEL RECURSO DE APELACI�N Como fundamento de inconformidad con el fallo de primer grado aduce el demandante, en lo medular que las facturas aportadas como base de la acci�n cumplen con los requisitos previstos en el ordenamiento comercial para ser considerados t�tulos valores y de ah� que los mismos resulten id�neos para ser utilizados como base de la acci�n ejecutiva.

As� mismo se�ala que las facturas �corresponden a una venta efectiva de mercader�as entregadas real y materialmente a la demandada, consistentes en la prestaci�n de servicios de vigilancia y seguridad privada por parte de la sociedad� �Vise Ltda.�� soportadas con base en la celebraci�n del contrato n�mero C-2002-011, celebrado entre las partes.

Lo anterior de conformidad con el Art.772 el C. Co., modificado por el art�culo 1�., de la Ley 1231 de 2008� (Sic). Finalmente sostiene que la demandada �debi� cancelar las facturas de venta, seg�n las fechas estipuladas para tal fin y que al tenor del numeral primero del art�culo 3�., de la Ley 1231 del 17 de julio de 2008, menciona que el art�culo 774 del Decreto 410 de 1971 del C�digo de Comercio, la fecha de vencimiento, sin perjuicio de los dispuesto en el Art.673, en ausencia de menci�n expresa de la factura de la fecha de vencimiento se entender� que debe ser pagada dentro de los 30 d�as calendario siguientes a la emisi�n. Deduci�ndose la existencia en consecuencia de una obligaci�n expresa, clara y exigible.� (Sic), aunado que se hicieron varios requerimientos a la demandada que no fueron atendidos.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 1). PRESUPUESTOS PROCESALES: Sea lo primero, advertir la presencia de los presupuestos procesales necesarios para considerar v�lidamente trabada la relaci�n jur�dico- procesal. En efecto, le asiste competencia al Juez de primer grado para conocer del proceso y al Tribunal para resolver la alzada; las personas enfrentadas en la litis ostentan capacidad para ser parte y procesal, dada su condici�n de personas jur�dicas en ejercicio de sus derechos; por �ltimo, la demanda re�ne los requisitos m�nimos de ley.

Por lo dem�s, no se vislumbra vicio de nulidad que afecte la actuaci�n surtida, supuestos estos que permiten decidir de m�rito. Por su parte, la legitimaci�n en la causa, tanto activa como pasiva se encuentra acreditada con los documentos acompa�ados con la demanda. 2). NATURALEZA Y ALCANCE DEL PROCESO EJECUTIVO: El proceso ejecutivo parte de la existencia del t�tulo base de ejecuci�n, con fuerza suficiente por s� mismo de plena prueba (nulla executio sine t�tulos), toda vez que mediante �l se pretende, obtener el cumplimiento forzado de la prestaci�n debida, con el producto de la venta en p�blica subasta de los bienes trabados, motivo por el cual junto con la demanda debe necesariamente anexarse t�tulo que preste m�rito ejecutivo, acorde con las previsiones contenidas en nuestro ordenamiento, es decir apoyarse inexorablemente no en cualquier clase de documento, sino en aquellos que efectivamente produzcan en el fallador un grado de certeza tal, que de su simple lectura queda acreditada, al menos en principio, una obligaci�n indiscutible que se encuentra insatisfecha, debido a las caracter�sticas propias de este proceso, en el que no se entra a discutir el derecho reclamado por estar o deber estar ya plenamente demostrado, sino obtener su cumplimiento coercitivo As� las cosas, el t�tulo ejecutivo que se anexe debe reunir los requisitos se�alados en la ley y la inexistencia de esas condiciones legales lo hace an�malo o incapaz de ser soporte de la acci�n ejecutiva, aclarando que en tales eventos no se niega la existencia del derecho o la obligaci�n misma, sino la idoneidad del documento para la ejecuci�n. Ello en raz�n a la naturaleza del juicio coercitivo que ha sido definido por la doctrina como el conjunto de actuaciones cuyo fin es obtener la satisfacci�n de una prestaci�n u obligaci�n a favor del demandante y a cargo del demandado, la cual debe estar contenida en una sentencia declarativa de condena o en documento emanado directamente del deudor o de su causante, valga decir, es la acci�n directa e inmediata del acreedor contra el deudor, a trav�s del �rgano jurisdiccional, la cual no requiere por regla general de procedimientos o juicios previos, para cuyo efecto pueden hacerse valer innumerables documentos, como son las certificaciones que expiden los administradores de las propiedades horizontales, las facturas de servicios p�blicos, el contrato de arrendamiento y los t�tulos valores entre muchos otros. 3).

DE LAS FACTURAS CAMBIARIAS Y SU EJECUCI�N: Dentro de los innumerables documentos que prestan merito ejecutivo, iterase, est�n los t�tulos valores, a los que ante el incumplimiento del deudor, por imperativo legal puede acudir el acreedor en ejercicio de la acci�n cambiaria para procurar su pago coercitivo a trav�s del juicio ejecutivo; siendo requisito indispensable para tal finalidad que el cartular cumpla a cabalidad las exigencias previstas en el Estatuto Mercantil.

De vieja data se ha decantado que un documento podr� apreciarse como t�tulo-valor si en efecto cumple con los presupuestos se�alados por el legislador para as� colegirlo, teniendo en cuenta que de conformidad con el art�culo 620 del C�digo de Comercio �Los documentos y los actos a que se refiere este T�tulo -referente a los t�tulos valores- s�lo producir�n los efectos en �l previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley se�ale�� En lo que hace a la factura de venta, la Ley 1231 de 2008 reglamentada mediante el Decreto 3327 de 2009, dispone la obligaci�n no s�lo de dejar constancia de su aceptaci�n -sin perjuicio de la aceptaci�n t�cita que de la misma consagra dicha normativa- sino adem�s del �recibo de la mercanc�a o del servicio por parte del comprador del bien o beneficiario de �ste, en la factura y/o en la gu�a de transporte, seg�n el caso�, manifestaci�n que puede ser realizada por quien reciba la mercanc�a o el servicio prestado, exigi�ndose para la materializaci�n de este particular acto la atestaci�n del nombre, identificaci�n o firma de quien recibe y la fecha de �ste, sin que sea permitido al comprador o beneficiario alegar falta de representaci�n cuando estos requisitos los cumpla una persona que act�e en nombre suyo.

Respecto de la aceptaci�n de las facturas cambiarias, si bien su omisi�n en el t�tulo no afecta la validez del negocio jur�dico que le dio origen, genera que el documento no adquiera la condici�n de t�tulo-valor, como lo precisa el inciso segundo del art�culo 774 de la misma compilaci�n. En este orden de ideas y -atendiendo la remisi�n normativa que hace el art�culo 779 del Estatuto Mercantil referente a las aplicaciones en estos t�tulos de las disposiciones que regulan la letra de cambio-, se evidencia que para efecto del surgimiento de la obligaci�n cambiaria es indispensable la aceptaci�n del obligado, la cual trat�ndose de t�tulos con vencimiento a d�a cierto se debe realizar �a m�s tardar el �ltimo d�a h�bil anterior al del vencimiento�; entendi�ndose la aceptaci�n como �un acto abstracto que se constituye mediante la firma como requisito esencial y �nico� �el acto del librado mediante el cual manifiesta con su firma, el asentimiento a la orden de pago librada por el librador, aceptaci�n que lo obliga en forma directa al pago de la letra por su valor, o por la cantidad aceptada�; la cual por dem�s determinar� el alcance y contenido de la prestaci�n debida.

Si bien el C�digo de Comercio no contempla f�rmulas sacramentales para que se surta la referida aceptaci�n, es imperioso que la misma se realice sin condicionamiento alguno, so pena de que se tenga el t�tulo por no aceptada, de acuerdo al contenido del art�culo 687 del mismo estatuto, que a la letra dice: �ARTICULO 687. INCONDICIONALIDAD DE LA ACEPTACI�N DE LA LETRA DE CAMBIO.

La aceptaci�n deber� ser incondicional, pero podr� limitarse a cantidad menor de la expresada en la letra. Cualquiera otra modalidad introducida por el aceptante, equivaldr� a una negativa de aceptaci�n; pero el girado quedar� obligado, conforme al derecho com�n, en los t�rminos de la declaraci�n que haya suscrito�. 4). CASO CONCRETO: Estima la Sala necesario de manera preliminar, dadas las anteriores exigencias sustanciales y procesales recordar que, el Juez de la causa al momento de proferir mandamiento de pago y a�n al momento de dictar sentencia tiene la obligaci�n de revisar que los documentos que como t�tulo se alleguen con la demanda cumplan a cabalidad con las exigencias que se le predican a los documentos habilitados para la ejecuci�n, tarea que con m�s ah�nco son avocados por el fallador cuando los medios de defensa enrostrados al ejecutante apuntan a desvirtuar los requisitos que del t�tulo se creyeron observados desde los albores del juicio por el Funcionario, pero que hasta el momento de la valoraci�n de los medios de prueba, con los que se intenta demostrar los hechos en que se fundan las excepciones de fondo, es que vienen a revelarse con todo �mpetu como consecuencia de ese re-examen.

Sobre el punto particular, la Corte Suprema de Justicia ha decantado que: �la orden de impulsar la ejecuci�n, objeto de la sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario an�lisis de las condiciones que le dan eficacia al t�tulo ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuaci�n procesal; por lo tanto, no funda la falta de competencia la discrepancia que pueda surgir entre la liminar orden de pago y la sentencia que, con posterioridad, decida no llevar adelante la ejecuci�n por reputar que en el t�tulo aportado para la misma no militan las condiciones pedidas por el art�culo 488 del C. de P.C.�.

De igual forma ha de tenerse presente que si bien el art�culo 29 de la Ley 1395 de 2010 adicion� un inciso al art�culo 497 del C�digo de Procedimiento Civil en el cual se prev� que, �Los requisitos formales del t�tulo ejecutivo solo podr�n discutirse mediante recurso de reposici�n contra el mandamiento de pago. Con posterioridad, no se admitir� ninguna controversia sobre los requisitos del t�tulo, sin perjuicio del control oficioso de legalidad.� (Negrillas fuera del texto), es decir que si bien, en principio, solo es procedente cuestionar los requisitos del t�tulo mediante el recurso de reposici�n formulado contra el mandamiento de pago, una vez desatado resulta improcedente realizar cualquier nuevo cuestionamiento, dicha circunstancia no releva al fallador para que ejerza incluso oficiosamente control de legalidad sobre el cumplimiento de dichos requisitos.

Ese nuevo estudio puede generar la reiteraci�n de las razones que llevaron a librar orden de apremio, o a la manifestaci�n de que dichos instrumentos no alcanzan a tener los m�ritos suficientes para configurar un t�tulo con el que pueda seguir la ejecuci�n, lo que desde luego, implica que el mandamiento de pago resulte inane, muy a pesar que hubiese adquirido ejecutoria formal.

En el caso sub-judice, de la revisi�n efectuada a cada una de las �facturas� allegadas con el libelo inicial respecto de lo que se libr� orden de pago, teniendo en cuenta el marco conceptual expuesto en precedencia se advierte de manera prematura la necesidad de confirmar la sentencia objeto de alzada, toda vez que como consider� el a-quo no se dan los presupuestos que permitan afirmar la existencia de documento capaz de soportar la presente acci�n coercitiva.

Lo anterior en raz�n que ninguno de los cartulares aparece aceptado por la demandada Previmedic S.A., pues en el cuerpo de los mismos tan solo se refleja el recibo del t�tulo, puntualizando que �el recibido del presente documento no implica su aceptaci�n de nuestra parte�, constancia que resulta inadmisible para los efectos de la acci�n cambiaria en la medida que lleva impl�cito un condicionamiento que ri�e con su esencia, y por tanto, a partir de ella se debe tener por no aceptada.

As� las cosas y en consideraci�n que la firma del creador del t�tulo es ��la expresi�n del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que la integren o de un signo o s�mbolo empleado como medio de identificaci�n personal�, tal y como ense�a el art�culo 826 del C. de Co., no se advierte en las �facturas� adosadas con la demanda la imposici�n de una firma atribuible a Previmedic S.A., ausencia que por ser inadmisible afecta la eficacia de cada uno de dichos documentos, pues no tienen la virtud de producir efectos de t�tulo valor.

En este orden de ideas los documentos en s� mismos no pueden ser acogidos como base de la acci�n, habida consideraci�n que la normativa que regula la materia particularmente la Ley 1231 de 2008 es enf�tica al disponer que �No podr� librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito�, empero en el caso de autos no se alleg� la documentaci�n que acredite esa prestaci�n efectiva del servicio de que las mismas tratan.

Ahora y si bien la demandante al momento de descorrer el traslado de las excepciones alleg� el documento que milita a folios 85-91 Cd.1, con el cual se acredita que entre las partes existe un contrato de prestaci�n del servicio de vigilancia privada, el mismo solo alude a que este ser� prestado en las instalaciones de la demandada ubicadas en Yopal �Calle 16� y Cartagena, con un costo mensual de $5.166.430; no obstante revisando los documentos aportados con la demanda, �stos hacen referencia a valores superiores y a la prestaci�n de servicios, adem�s de las ciudades aludidas en el contrato, en Bogot�, Villavicencio, Melgar, Girardot, entre otras, a m�s que el propio actor arrima comunicaciones dirigidas a la demandada donde cuestionan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y el 10 de junio de 2008 (fl. 22) le comunica la decisi�n de dar por terminado el contrato de manera unilateral y �en consecuencia proceder al levantamiento del servicio prestado a partir del pr�ximo quince (15) de junio de 2008�, esto es, con anterioridad a la emisi�n de las facturas cobradas por lo que indiscutiblemente la demandante estaba obligada a demostrar que los servicios que est� facturando fueron efectivamente prestados, lo que para el presente asunto no aconteci�, aunado a que como antes se dijo las pretensas �facturas� ni siquiera fueron aceptadas por la demandada.

Pero si lo anterior fuere poco, la parte actora no cumpli� con la carga de allegar a la ejecuci�n el original de cada uno de los instrumentos mencionados, por cuanto, las referidas �facturas� se aportaron en copia �a excepci�n de aquella identificada con el n�mero 70948-, pero que igualmente adolece de aceptaci�n, circunstancia que impide que �stas puedan ser consideradas t�tulos valores.

El art�culo 772 ib�dem, reformado por la Ley 1231 de 2008, en procura de zanjar las discusiones en torno a la efectividad de las copias de las facturas como soporte de la acci�n cambiaria, dispuso en su art�culo 1� la obligaci�n del vendedor o prestador del servicio de emitir un original y dos copias de la factura y se�al� de manera expresa que �Para todos los efectos legales derivados del car�cter de t�tulo valor de la factura, el original firmado por el emisor y el obligado, ser� t�tulo valor negociable por endoso por el emisor y lo deber� conservar el emisor, vendedor o prestador del servicio.

Una de las copias se le entregar� al obligado y la otra quedar� en poder del emisor, para sus registros contables� (subraya fuera de texto). Por lo tanto, cuando se allegue este tipo de documentos en ejercicio de la acci�n cambiaria, �stos no s�lo deben ser originales sino que adem�s deben ir acompa�ados de la firma impuesta por el vendedor -como creador del t�tulo- y por el comprador en su calidad de obligado, sin perjuicio de cumplir con los requisitos especiales dispuestos en los art�culos 774 del C. de Co. y 617 del Estatuto Tributario, exigencias que como antes se vio, se hayan ausentes en los documentos que se pretendieron utilizar como base de la acci�n. En conclusi�n, las facturas que se pretendieron ejecutar por esta v�a, no tienen la connotaci�n de ser t�tulos valores, porque no cumplen de manera cabal con los requisitos establecidos por el legislador para tal efecto, lo cual impone confirmar la sentencia apelada que neg� las pretensiones de la demanda.

VI- DECISI�N EN M�RITO DE LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� D.C., EN SALA DE DECISI�N CIVIL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP�BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Descongesti�n de esta ciudad, el 30 de enero de 2014 por las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo del apelante, para lo cual se se�alan como agencias en derecho de esta instancia la suma de $1.200.000.00 M/Cte.

Por secretar�a liqu�dense. TERCERO.- Devu�lvase el expediente al Juzgado de origen para lo de su tr�mite y competencia. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE, LOS MAGISTRADOS, NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS CLARA IN�S MARQUEZ BULLA Ausente con permiso  Folio 31-32 Cd.1.  Folio33 Cd. 1.  Por auto del 26 de septiembre de 2012 �fl.81-.  Aplicable en este caso dada la fecha de expedici�n de los instrumentos cartulares que se pretenden hacer efectivos.  Lopera Salazar Lu�s Javier.

T�tulos Valores -Teor�a General y Especial. Segunda edici�n p�g. 80.  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, Sentencia de casaci�n 068 del 7 de marzo de 1988.     RI. 13500 Rad. 110013103024201100338 01 Ref. Proceso Ejecutivo Singular de Vigilancia y Seguridad Ltda. �Vise LTDA.- vs Previmedic S.A. 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