Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pereira

Radicado: 66001310700120230013001

Sala: SALA PENAL

Ponente: Carlos Alberto Paz Zúñiga

Fecha: 2024-02-14

Sujetos procesales: Guillermo López Giraldo

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No obstante, para llegar a tomar una decisi�n en tal sentido, en principio se debe superar el examen de procedibilidad de la acci�n de tutela, porque� se trata de un mecanismo de origen constitucional de car�cter residual, subsidiario y cautelar� El art�culo 86 C.P., en concordancia con lo previsto en los art�culos 1, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591/91, dispone los elementos que el operador jur�dico debe observar con el fin de determinar la procedencia de la acci�n de tutela�: (i) la legitimaci�n en la causa (activa y pasiva);

(ii) la inmediatez; y (iii) la subsidiariedad. ACCI�N DE TUTELA / REQUISITOS DE PROCEDENCIA / INMEDIATEZ Frente al segundo de los presupuestos -la inmediatez-, debe decirse que muy a pesar de no existir un t�rmino de caducidad establecido para interponer la acci�n de tutela, la misma debe ser utilizada oportuna y adecuadamente, en el entendido que, una vez amenazado o vulnerado el derecho, el ofendido lo exponga juez constitucional en forma pronta.

(�) El se�or Guillermo L�pez se�ala que hace m�s de un a�o la Fiduprevisora le hace un descuento por n�mina por solicitud de ExcelCredit, y en su sentir ese cr�dito est� inmerso en una estafa y fue concedido ilegalmente. (�) Surge entonces los siguientes interrogantes: �si el cr�dito al que hace menci�n el accionante en su sentir fue otorgado de manera ilegal y bajo estafa, por qu� tan solo un a�o despu�s por v�a de tutela advierte que ese descuento que le hacen por n�mina no se ajusta a la realidad? ACCI�N DE TUTELA / REQUISITOS DE PROCEDENCIA / SUBSIDIARIEDAD Y en lo referido con el tercer presupuesto de procedibilidad �la subsidiariedad-, debemos recordar que la Corte Constitucional ha reiterado que la procedencia de la tutela se halla igualmente condicionada a la previa utilizaci�n de los mecanismos de defensa ordinarios contemplados en el ordenamiento jur�dico, y ha dejado claro que la acci�n de amparo como medio residual y subsidiario tampoco puede emplearse con el fin de reemplazar las figuras procesales destinadas a obtener la satisfacci�n de los derechos, ni puede subsanar el abandono o negligencia en hacer uso de ellas� ACCI�N DE TUTELA / IMPROCEDENCIA / CONFLICTOS DE CAR�CTER ECON�MICO Adicionalmente, no se puede olivar que este mecanismo es improcedente cuando se trata de dirimir asuntos de naturaleza econ�mica.

A ese respecto se ha indicado�: �La Corte Constitucional ha entendido como regla general, que el �nico objeto de la acci�n de tutela es la protecci�n efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos fundamentales. De esta manera, se ha entendido que el presente mecanismo es improcedente para dirimir conflictos de naturaleza econ�mica que no tengan trascendencia iusfundamental, pues la finalidad del amparo constitucional es servir de instrumento de salvaguarda iusfundamental, m�s no como mecanismo encaminado a resolver controversias de estirpe contractual y econ�mico�� REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, catorce (14) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) Radicaci�n: 66001310700120230013001 Acta de Aprobaci�n No 126 Hora: 1:15 p.m. 1.- VISTOS Procede la Sala por medio de este prove�do a desatar la impugnaci�n interpuesta por el se�or GUILLERMO L�PEZ GIRALDO, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta capital, con ocasi�n de la acci�n de tutela instaurada en contra de la Fiduciaria La Previsora S.A. -en adelante Fiduprevisora- y donde fue vinculado oficiosamente la Cooperativa ExcelCredit S.A. 2.- SOLICITUD Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el accionante, se pueden concretar as�: (i) desde hace m�s de un a�o la Fiduprevisora S.A. le hace unos descuentos ilegales por n�mina de pensionados, cuyos valores no corresponden a la realidad, de conformidad con los soportes que se aportan en la tutela;

(ii) el valor mensual que recibe por la pensi�n es de $646.427, lo que no le alcanza para sobrevivir ni una semana, situaci�n que le ha generado necesidades econ�micas; (iii) los cobros que hace la Fiduprevisora por solicitud de ExcelCredit le afecta sus derechos fundamentales a la dignidad humana y a la salud, como quiera que es una persona con una p�rdida de capacidad laboral del 96%, la cual certifica el m�dico de salud ocupacional de Cosmitet con fecha de estructuraci�n de septiembre 15 de 2008;

(iv) la situaci�n que se presenta le causa estr�s, y ha perdido siete kilos de peso, por lo que su salud mental se ve afectada, raz�n por la cual recibe tratamiento psiqui�trico con recomendaciones de internaci�n por depresi�n, nerviosismo, p�nico, apnea de sue�o, trastorno afectivo bipolar, trastorno de ansiedad, v�rtigo parox�stico, insomnio, hiperplasia de pr�stata, entre otras m�ltiples complicaciones de salud que presenta.

Pide en consecuencia la protecci�n de sus derechos fundamentales, y, en consecuencia, se impongan medidas cautelares a la Fiduprevisora S.A. mediante las cuales se suspendan los descuentos mensuales de $468.173 por n�mina con destino a la Cooperativa ExcelCredit S.A, hasta tanto una medida judicial lo ampare. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- El despacho a-quo mediante auto de diciembre 05 de 2023 admiti� la acci�n de tutela contra la Fiduprevisora S.A. y vincul� oficiosamente a la Cooperativa ExcelCredit.

Las entidades se pronunciaron en los siguientes t�rminos: - La Coordinadora de Tutelas de la Fiduprevisora S.A. manifest� que el pago de obligaciones originadas de las relaciones contractuales o de derechos litigiosos se sale del �mbito de protecci�n de la acci�n de tutela -sentencia T-528/98-. Por tanto, la presente acci�n de tutela resulta improcedente para resolver la controversia planteada por el accionante. - El representante legal para asuntos judiciales de ExcelCredit S.A. inform� que el se�or GUILLERMO L�PEZ accedi� a los servicios ofrecidos por la entidad, por lo que celebr� un contrato de mutuo inter�s desde el mes de junio de 2022, siendo una obligaci�n crediticia que adquiri� en calidad de pensionado a trav�s de la entidad Fiduprevisora, y en la actualidad el cr�dito se encuentra vigente.

Las deducciones realizadas por la Fiduprevisora a favor de ExcelCredit se generan en cumplimiento a la orden de descuento de mesada pensional, libranza debidamente suscrita por el se�or GUILLERMO L�PEZ que opera dentro del marco de voluntades con �l previamente establecidas y que se enmarca en el cumplimiento de l�mites, montos y condiciones que se�ala la norma.

El cr�dito bajo la modalidad de libranza adquirido en junio de 2022 reporta descuentos por n�mina a partir de septiembre de ese mismo a�o, pero dichos descuentos no representen m�s del 50% de su mesada. As� las cosas, resulta inadmisible que el se�or GUILLERMO L�PEZ GIRALDO invoque una afectaci�n al m�nimo vital a trav�s de la presente acci�n de tutela, cuando el descuento por libranza se efect�a de conformidad a la obligaci�n voluntariamente adquirida por �l. Pide se declare la improcedencia de la acci�n de tutela. 3.2.- Agotado el tr�mite a seguir en fallo de diciembre 18 de 2023 y dentro del t�rmino constitucional, la juez a quo declar� improcedente la acci�n de tutela promovida por el se�or GUILLERMO L�PEZ GIRALDO como quiera que no se cumple con la subsidiariedad y no se acredit� la existencia de un perjuicio irremediable. 4.- IMPUGNACI�N El accionante se mostr� inconforme con la decisi�n, a cuyo efecto la impugn� y solicit� que se revoque el fallo.

As� argument�: Con la f�rmula m�dica de EMI se evidencia la gravedad de su enfermedad, por el c�ncer que presenta. El an�lisis debi� centrarse en la estafa y los mecanismos ilegales que utilizaron para validar el cr�dito, por cuanto la Cooperativa utiliz� artima�as y logr� que la Fiduprevisora le diera de manera expedita un c�digo de descuento sin tener en cuenta los requisitos m�nimos.

El no tener para comer y afectarse su m�nimo vital se pone en riesgo su derecho fundamental a la salud. En su caso no se trata de un dilema jur�dico sino de una certeza absoluta irrefutable. Su situaci�n es claramente un perjuicio irremediable Pide que se acceda a las pretensiones de la acci�n de tutela. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo dictado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, de acuerdo con las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema jur�dico planteado Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en la sentencia impugnada, en cuanto declar� improcedente la acci�n constitucional presentada por el se�or GUILLERMO L�PEZ GIRALDO.

De conformidad con el resultado, se proceder� a tomar la determinaci�n pertinente, ya sea convalidando la decisi�n, revoc�ndola o modific�ndola. 5.2.- Soluci�n a la controversia La acci�n de tutela ha sido por excelencia el mecanismo m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todos los ciudadanos sin discriminaci�n alguna.

En este caso el se�or GUILLERMO L�PEZ concurre ante el juez constitucional por considerar que por parte de la Fiduprevisora y la Cooperativa ExcelCredit S.A. se le est�n vulnerando sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud y al m�nimo vital, toda vez que las accionadas le realizan un descuento por n�mina de manera ilegal, por lo que pide que a trav�s de la acci�n de tutela se suspenda dicho cobro.

El titular del juzgado de primer nivel, luego de agotado el traslado de la acci�n de tutela, y una vez recibida la respuesta de las entidades accionadas, declar� improcedente la acci�n de tutela, especialmente por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad. Frente a ese t�pico el accionante manifest� en el recurso de impugnaci�n que, de no pronunciarse el juez de tutela sobre las pretensiones de la acci�n de amparo, se configura un perjuicio irremediable, no solo por su salud, sino tambi�n por la falta de recursos econ�micos para poder sobrevivir en atenci�n a la cantidad de dinero que le descuenta por n�mina de un presunto cr�dito que no adquiri�.

En este asunto y de acuerdo con las manifestaciones esbozadas por el accionante, entiende la Sala que su solicitud est� dirigida b�sicamente a que las entidades accionadas suspendan el cobro de un cr�dito. No obstante, para llegar a tomar una decisi�n en tal sentido, en principio se debe superar el examen de procedibilidad de la acci�n de tutela, porque como bien lo ha planteado en varias ocasiones la Corte Constitucional, se trata de un mecanismo de origen constitucional de car�cter residual, subsidiario y cautelar, encaminado a la protecci�n inmediata de los derechos fundamentales.

El art�culo 86 C.P, en concordancia con lo previsto en los art�culos 1, 5, 6, 8, 10 y 42 del Decreto 2591/91, dispone los elementos que el operador jur�dico debe observar con el fin de determinar la procedencia de la acci�n de tutela, entendiendo que estos son: (i) la legitimaci�n en la causa (activa y pasiva); (ii) la�inmediatez; y (iii) la subsidiariedad.

En cuanto al primero de ellos -legitimaci�n en la causa-, no existe ninguna controversia al respecto, por lo que la Sala no se pronunciar� al respecto. Frente al segundo de los presupuestos -la inmediatez-, debe decirse que muy a pesar de no existir un t�rmino de caducidad establecido para interponer la acci�n de tutela, la misma debe ser utilizada oportuna y adecuadamente, en el entendido que, una vez amenazado o vulnerado el derecho, el ofendido lo exponga juez constitucional en forma pronta.

Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: �7.�Esta Corporaci�n ha resaltado que de conformidad con el art�culo 86 de la Constituci�n, la acci�n de tutela no tiene t�rmino de caducidad. Sin embargo, como se mencion� con anterioridad, la solicitud de amparo debe formularse en un plazo razonable desde el momento en el que se produjo el hecho vulnerador.

Esta exigencia se deriva de la finalidad de la acci�n constitucional, que pretende conjurar situaciones urgentes que requieren de la actuaci�n r�pida de los jueces. Por ende, cuando el mecanismo se utiliza mucho tiempo despu�s de la acci�n u omisi�n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt�a su car�cter apremiante.� El se�or GUILLERMO L�PEZ se�ala que hace m�s de un a�o la Fiduprevisora le hace un descuento por n�mina por solicitud de ExcelCredit, y en su sentir ese cr�dito est� inmerso en una estafa y fue concedido ilegalmente.

Por su parte, la entidad crediticia manifiesta que las deducciones realizadas por la Fiduprevisora a favor de empresa se generan en cumplimiento a la orden de descuento de mesada pensional autorizada por el accionante, y que los descuentos se enmarcan en el cumplimiento de l�mites, montos y condiciones que se�ala la norma. Surge entonces los siguientes interrogantes: �si el cr�dito al que hace menci�n el accionante en su sentir fue otorgado de manera ilegal y bajo estafa, por qu� tan solo un a�o despu�s por v�a de tutela advierte que ese descuento que le hacen por n�mina no se ajusta a la realidad? Es decir, �cu�l fue la raz�n para tardar cerca de un a�o para solicitar la protecci�n de su derecho fundamental al m�nimo vital? Al respecto, el se�or GUILLERMO L�PEZ no justifica su inactividad, y guarda total silencio del motivo por el cual dej� pasar m�s de un a�o para reclamar el presunto acto irregular por parte de la Fiduprevisora o la empresa crediticia. Y en lo referido con el tercer presupuesto de procedibilidad �la subsidiariedad-, debemos recordar que la Corte Constitucional ha reiterado que la procedencia de la tutela se halla igualmente condicionada a la previa utilizaci�n de los mecanismos de defensa ordinarios contemplados en el ordenamiento jur�dico, y ha dejado claro que la acci�n de amparo como medio residual y subsidiario tampoco puede emplearse con el fin de reemplazar las figuras procesales destinadas a obtener la satisfacci�n de los derechos, ni puede subsanar el abandono o negligencia en hacer uso de ellas de la manera y dentro de los t�rminos previstos en la ley.

Al respecto el M�ximo Tribunal Constitucional dijo: �5. En relaci�n con la omisi�n de utilizar los medios alternativos de defensa judicial, esta Corporaci�n ha precisado lo siguiente: � �Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos.

De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove�dos sobre los cuales el interesado no ejerci� recurso constituya transgresi�n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi�n propicia. Es in�til, por tanto, apelar a la tutela cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop�sito de resarcir los da�os causados por el propio descuido procesal.� � En el mismo sentido, la sentencia T-924 de 2002 HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-778-12.htm" \l "_ftn4" \o "" �reiter�: � �Dado que la falta de reacci�n oportuna del presunto afectado, ante el quebrantamiento de sus derechos fundamentales, dentro de una actuaci�n determinada, imprime firmeza a las decisiones, y la existencia de un medio judicial apropiado hace innecesaria e impertinente la intervenci�n del juez constitucional. � Sobre la necesidad de que las partes utilicen dentro de los diferentes procedimientos los recursos que el ordenamiento prev�, con miras al restablecimiento de los derechos fundamentales conculcados, resulta pertinente resaltar que la acci�n de tutela corrige la arbitrariedad y el capricho del juzgador, siempre que el afectado no haya contribuido a la consumaci�n de la actuaci�n inconstitucional.

Puesto que resulta inadmisible premiar con una nueva oportunidad a quien advirtiendo la incorrecci�n deja de recurrir la providencia, para controvertirla ante el juez de tutela, una vez terminado el proceso, y atendiendo al resultado de la confrontaci�n. � Porque de permitirse la prosperidad de tales pr�cticas, se estar�an quebrantando gravemente los derechos fundamentales que el juez constitucional est� en el deber de salvaguardar, puesto que se revivir�an debates previa y debidamente definidos perpetuando los conflictos en perjuicio de la confianza y la firmeza que un orden justo reclama de las decisiones judiciales.� Se deduce de lo anterior que si la parte afectada no ejerce las acciones legales o no utiliza los recursos establecidos en el ordenamiento jur�dico para salvaguardar sus derechos presuntamente amenazados o vulnerados, como aconteci� en este espec�fico caso, la tutela no tiene la virtualidad de revivir los t�rminos vencidos ni se convierte en un recurso adicional o supletorio de las instancias previstas en cada jurisdicci�n. Si bien, el accionante se�ala que la acci�n de tutela es procedente para resolver la controversia planteada, en atenci�n a su estado de salud y los escasos recursos econ�micos que tiene, debe advertirse desde ya, que esa sola manifestaci�n, per se, no acredita la existencia de un perjuicio irremediable, por cuanto ello requiere un an�lisis m�s profundo en cuanto a cu�les son las circunstancias que lo rodean y qu� tan urgente debe ser la intervenci�n del juez de tutela, y al respecto solo se hace una afirmaci�n, incluso sin la debida justificaci�n del motivo por el cual se considera que un a�o despu�s si existe una afectaci�n del derecho fundamental al m�nimo vital, como quiera que en la demanda se�ala que durante ese tiempo la Fiduprevisora le ha hecho un descuento por n�mina.

Adicionalmente, no se puede olivar que este mecanismo es improcedente cuando se trata de dirimir asuntos de naturaleza econ�mica. A ese respecto se ha indicado por la Corte Constitucional: �La Corte Constitucional�ha entendido como regla general, que el �nico objeto de la acci�n de tutela es la protecci�n efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos fundamentales.

De esta manera, se ha entendido que el presente mecanismo es improcedente para dirimir conflictos de naturaleza econ�mica que no tengan trascendencia iusfundamental,�pues la finalidad del amparo constitucional es servir de instrumento de salvaguarda iusfundamental, m�s no como mecanismo encaminado a resolver controversias de estirpe contractual y econ�mico, por cuanto para esta clase de contiendas, existen en el ordenamiento jur�dico las respectivas acciones y recursos judiciales previstos por fuera de la jurisdicci�n constitucional.

Los �nicos casos en que excepcionalmente la acci�n de tutela pueda llegar a desatar pretensiones y conflictos de tipo econ�mico o contractual, es porque consecuencialmente concurre la defensa de una garant�a fundamental, de manera que, para lograr su efectiva protecci�n, el juez de tutela debe definir aquellas controversias�. En ese orden de ideas, ninguna circunstancia excepcional se percibe que lleve a estimar que la intervenci�n de la justicia constitucional se haga indispensable, toda vez que no se acredit� al cumplimiento de dos de los requisitos de procedibilidad -inmediatez y subsidiariedad-; y por tanto, no se vislumbra la inminencia, urgencia y gravedad de la situaci�n presentada; en consecuencia, se debe acompa�ar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad.

En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida en diciembre 18 de 2023 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, que declar� improcedente la acci�n de tutela invocada por el se�or GUILLERMO L�PEZ GIRALDO contra la Fiduprevisora y ExcelCredit.

SEGUNDO: Por secretar�a se remitir� el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado  Sentencia T-087/17  Sentencia T-778/12  Sentencia T-903 de 2014.     Sentencia de tutela 2� instancia N� 025 Radicaci�n: 660013107 001 2023 00130 01 Accionante: Guillermo L�pez Giraldo Confirma P�gina  PAGE 8 de  NUMPAGES 8 JK� �   " # � � ^ _ ` q ~ � � � � � �Ӿ���������s`�`�M�8(h�2Wh�2WCJOJQJ^JaJ mH sH %hb�5�CJOJQJ^JaJ mH sH %h {m5�CJOJQJ^JaJ mH sH "h,eCJOJQJ^JaJ mH sH (h�h,eCJOJQJ^JaJ mH sH "h,:�CJOJQJ^JaJ mH sH "hn 4CJOJQJ^JaJ mH sH (hn 4hn 4CJOJQJ^JaJ mH sH +h,:�h,e5�CJOJQJ^JaJ mH sH +h,:�h,:�5�CJOJQJ^JaJ mH sH K_ ` � ��/tu�{|}~����������������������������� $da$gd,e $d�a$gd,ed�gd {md�gdb�d�gd,:�d�gdn 4d�gd,e� � � � ��� ./rstu���į��t�taK�9��"hb�CJOJQJ^JaJ mH sH +h,:�hb�5�CJOJQJ^JaJ mH sH %hb�5�CJOJQJ^JaJ mH sH +h,:�h {m5�CJOJQJ^JaJ mH sH %h {m5�CJOJQJ^JaJ mH sH "h,eCJOJQJ^JaJ mH sH (hb�h,eCJOJQJ^JaJ mH sH (hb�hb�CJOJQJ^JaJ mH sH (h�2Wh�2WCJOJQJ^JaJ mH sH "h�2WCJOJQJ^JaJ mH sH u������XYxz|}~���������į���ċvfKf G H I J K O _ ` � � � ��;ͯ͠���s�s�dUdF7� h,eh�C�@���CJEH��^J h,ehtE@���CJEH��^J h,eho A@���CJEH��^J h,eh�z�@���CJEH��^J h,ehnI@���CJEH��^J 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