Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pereira

Radicado: 66682310400120230033001

Sala: SALA PENAL

Ponente: Carlos Alberto Paz Zúñiga

Fecha: 2024-01-26

Sujetos procesales: Orbilo Arcángel Maya Ballesteros

��ࡱ�>�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������O ���rbjbjJJ i�q �eq �e�iW�����������% �%&&&����$&$&$&8\&�'D$&�DJ\'\'(�'�'�'�)"�) �)lDnDnDnDnDnDnD$7H��J��D&t*z)"�)t*t*�D&&�'�'��D�0�0�0t*&�'&�'lD�0t*lD�0�0:�5,|6�'����0�[l�����v,� 6 XD�D0�D*6R�K@-��K|6|6\�K&�6� �)�)�0�) *t�)�)�)�D�D(.��)�)�)�Dt*t*t*t*���������������������������������������������������������������������K�)�)�)�)�)�)�)�)�)� �$: $DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA / CAR�CTER FUNDAMENTAL / CONDICIONADO De acuerdo con las aseveraciones hechas por el accionante se le est�n vulnerando sus derechos fundamentales� a la vivienda digna, y ello, por cuanto considera que las entidades accionadas han dilatado en el tiempo el reconocimiento de un subsidio de vivienda que le fue reconocido por parte del Ministerio de Agricultura� As� las cosas, es de advertir que la garant�a a la vivienda digna no puede ser considerada per se como una de car�cter fundamental a no ser que est� estrechamente vinculada con otros que s� tienen tal categor�a, debido a que en nuestro Estado Social de Derecho no todas las prerrogativas que est�n estatuidas en la Constituci�n Pol�tica se pueden hacer efectivas a sus destinatarios de manera autom�tica.

DERECHOS SOCIALES Y ECON�MICOS / VIVIENDA / TUTELA / PROCEDE SI AFECTA OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES Para el caso de los derechos progresivos, como los sociales, econ�micos y culturales de la segunda generaci�n, categor�a dentro de la cual se encuentra el derecho a la vivienda digna, se precisa de una normativa y de un presupuesto espec�fico para ser materializados y, en consecuencia, no es susceptible en principio que por parte del juez de tutela se emita orden alguna, mientras no se encuentre que su carencia tambi�n est� ocasionando correlativamente una afectaci�n a un derecho con calidad de fundamental.

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA / V�CTIMA CONFLICTO ARMADO / PROCEDE LA TUTELA � ese subsidio que le fue reconocido al accionante tiene unas caracter�sticas especiales y es que el mismo est� dirigido para personas del conflicto armado, y ello hace el derecho a una vivienda digna para la poblaci�n desplazada sea un derecho fundamental de aplicaci�n inmediata.

Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado: �De otra parte, a la luz del derecho internacional, tambi�n podemos encontrar par�metros que orientan y delimitan las responsabilidades del Estado en materia de vivienda digna de la poblaci�n desplazada�� REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, veintis�is (26) de enero de dos mil veinticuatro (2024) Radicaci�n: 66682310400120230033001 Acta de Aprobaci�n N� 072 Hora: 11:15 a.m. 1.- VISTOS Desata la Sala por medio de este prove�do la impugnaci�n interpuesta por el Gerente Unidad de Gesti�n VISR � Fiduagraria S.A., contra la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), con ocasi�n de la acci�n de tutela presentada por el se�or Orbilio Arc�ngel Maya Ballesteros contra la entidad impugnante.

Fueron vinculadas al tr�mite el Ministerio de Agricultura, la Alcald�a Municipal de Santa Rosa de Cabal, la Secretar�a de Infraestructura del mismo municipio y la Unidad de V�ctimas. 2.- DEMANDA Los hechos que plantea la accionante se pueden sintetizar as�: (i) quince familias del conflicto armado entre ellas la del se�or ORBILO MAYA y quienes residen en Santa Rosa de Cabal est�n a la espera de la entrega de un subsidio de vivienda desde el a�o 2018;

(ii) la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario � Fiduagraria � era la entidad vocera y administradora del patrimonio aut�nomo VISR-MDR para llevar a cabo la ejecuci�n de las mejoras de vivienda y la construcci�n de viviendas nuevas; (iii) la alcald�a inform� que el contrato No 038-2019 no fue ejecutado y que proceder�a la liquidaci�n del mismo con la finalidad de liberar los recursos y poder iniciar un nuevo proceso de selecci�n;

(iv) en septiembre de 2022 en respuesta a derecho de petici�n, le informaron que el contratista no liquidar�a el contrato, sino que lo iba a ceder, y la Fiduciaria revisar�a para dar su aprobaci�n y continuar con el tr�mite pertinente; (v) en el mes de mayo de 2023 radic� un nuevo derecho de petici�n para que le informaran el estado del proceso y le comunicaron que el contrato hab�a sido liquidado en enero 31 de 2023;

(vi) se debi� iniciar nueva apertura, pero el proceso se declar� desierto, lo que se traduce que a la fecha no se han iniciado obras; (vii) han pasado cuatro a�os sin ning�n tipo de soluci�n, lo que vulnera su derecho fundamental al debido proceso administrativo, por cuanto no existe un plazo razonable, y se afecta el derecho a una vivienda digna.

Pide la protecci�n de sus derechos fundamentales, y, en consecuencia, se ordene a las entidades accionadas adelantar en el menor tiempo posible las acciones pertinentes para hacer efectivo el derecho al mejoramiento de viviendas de las familias beneficiadas. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- Una vez admitida la tutela mediante auto de noviembre 23 de 2023, el juzgado de primer nivel corri� traslado a la Fiduagraria, y vincul� oficiosamente el Ministerio de Agricultura, la Alcald�a Municipal de Santa Rosa de Cabal, la Secretar�a de Infraestructura del mismo municipio y la Unidad de V�ctimas.

Posteriormente, mediante auto de diciembre 04 de 2023 vincul� al Consorcio La Bendici�n. Entidades que se pronunciaron en los siguientes t�rminos: - La Jefe de la Oficina Asesora Jur�dica de la Unidad para las V�ctimas manifest� que por parte de la entidad no ha existido vulneraci�n de derechos fundamentales del se�or ORBILO MAYA, por lo que no se encuentran legitimados en la presente acci�n de tutela. - El Secretario de Infraestructura de la Alcald�a de Santa Rosa de Cabal inform� que en el a�o 2018 el Ministerio de Agricultura dio apertura al programa denominado VISR-2018 el cual estaba dirigido a las v�ctimas del conflicto armado localizados en el sector rural de Santa Rosa de Cabal.

La Alcald�a acatando los lineamientos convoc� a la postulaci�n para 54 familias, y de estas el Ministerio de Agricultura asign� mediante Resoluci�n 178/18 siete subsidios para construcci�n de vivienda y ocho para mejoras de vivienda. El municipio realiz� las diferentes gestiones con los funcionarios encargados de la ejecuci�n del programa.

Entre las personas beneficiadas se encuentra el se�or EULO REINERIO CALLE LOAIZA quien interpuso una acci�n de tutela que le correspondi� por reparto al Juzgado Civil de Circuito de Santa Rosa, el cual tutel� los derechos fundamentales y le orden� a la Fiduciaria y al Consorcio La Bendici�n dar cabal cumplimiento al cronograma de ejecuci�n contractual del contrato 081 de 2023, y le orden� a la Unidad de V�ctimas realizar el proceso de identificaci�n de carencias.

La decisi�n fue impugnada, y el la Sala Civil del Tribunal Superior de Pereira confirmo la determinaci�n. - El Gerente Unidad de Gesti�n VISR Fiduagraria expres� que la entidad como vocera y administradora del Patrimonio Aut�nomo VISR hab�a adelantado las gestiones tendientes para realizar las fases de diagn�stico integral, estructuraci�n de proyectos y contrataci�n de obra, interventor�a y trabajo social.

En diciembre 16 de 2019 Fiduagraria suscribi� contrato de obra No 038-2019 con el consorcio Vivienda Saludables, el cual se denomin� FIDU-18M-RISARALDA-BV-02MBH-C. VIVIENDA SALUDABLE, el cual cont� con un acta de inicio, toda vez que el contratista declin� iniciar las obras aduciendo no contar con cierre financieros en los proyectos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por el incremento en los materiales de obra a consecuencia del Covid-19.

Y pese a que el contratista present� ajustes t�cnicos, no hab�a sido posible concretar dichas actuaciones. Por lo anterior, se procedi� con la liquidaci�n bilateral del contrato. Fiduagraria adelant� un nuevo proceso de selecci�n y el contrato No 081-2023 fue adjudicado al Consorcio La Bendici�n, y en la actualidad se encuentra a la espera de las p�lizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual por parte de dicho consorcio.

Posteriormente, se proceder� con el acta de inicio y terminaci�n de las viviendas. Solicita que se tenga en cuenta el reglamento del Programa de Vivienda de Inter�s Social Rural con el fin de garantizar el debido proceso y salvaguardar las actuaciones de esa entidad. Pide por tanto que se niegue las pretensiones de la tutela por no vulneraci�n de garant�as fundamentales. 3.2.- Vencido el plazo constitucional, la juez de primer nivel en decisi�n de diciembre 07 de 2023, protegi� los derechos fundamentales a la vivienda digna, igualdad y debido proceso del se�or ORBILO ARCANGEL MAYA BALLESTEROS, y emiti� las siguientes �rdenes: (i) al Ministerio de Agricultura, Fiduagraria y el Consorcio La Bendici�n, dar cumplimiento al cronograma de ejecuci�n contractual, y de esta forma garantizar los derechos al accionante; y (ii) a la Fiduciaria y el Consorcio La Bendici�n que un t�rmino de tres meses contados a partir de la notificaci�n del fallo, deben tener firmado el acta de inicio y de esta forma empezar a materializar el contrato.

Para llegar a la anterior decisi�n la juez a quo argument� que no se observa en el contrato cual es la fecha pactada por las partes para aportar dicha p�liza, tal y como se encuentra estipulado en el encabezado de �POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL�, por tanto, en el presente caso existe vulneraci�n al derecho fundamental de vivienda digna del accionante, quien a pesar de ser beneficiario del subsidio, �ste no ha sido materializado, toda vez que solo se dar� inicio al contrato de obra hasta tanto el consorcio aporte la p�liza. 4.- IMPUGNACI�N El Gerente Unidad de Gesti�n VISR Fiduagraria impugn� la decisi�n y solicit� se revoque la misma, a cuyo efecto present� similares argumentos a lo expuesto ante el juez de primera instancia en repuesta al traslado de la acci�n de tutela; sin embargo, adicion� que la juez a quo no tuvo en cuenta las obligaciones contractuales enmarcadas dentro del Contrato de la Fiducia Mercantil de Administraci�n y Pagos No 20180472 que fue celebrado con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la vigencia 2019, en su calidad de entidad otorgante de los subsidios de vivienda de inter�s social rural y Fiduagraria.

Adem�s, no realiz� un an�lisis del tr�mite contractual y los procesos administrativos que se encuentran en curso y que van destinados a la materializaci�n de la vivienda del accionante, raz�n por la cual se llev� a cabo nuevo proceso de selecci�n, en el cual se le adjudic� al consorcio La Bendici�n el contrato de obra. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), de acuerdo con las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema jur�dico planteado Corresponde a este Colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto que contiene la providencia dictada por la juez de primer nivel, y de acuerdo con la impugnaci�n presentada establecer si en realidad fue errada la decisi�n de la a quo de proteger los derechos fundamentales que deprec� el se�or ORBILIO ARC�NGEL MAYA BALLESTROS. 5.2.- Soluci�n a la controversia Es de reiterar que la Constituci�n Pol�tica de Colombia en su art�culo 86 consagr� la acci�n de tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protecci�n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por cualquier autoridad p�blica, pero la condicion� a que: �solo proceder�a cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De acuerdo a las aseveraciones hechas por el accionante se le est�n vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, y a la vivienda digna, y ello, por cuanto considera que las entidades accionadas han dilatado en el tiempo el reconocimiento de un subsidio de vivienda que le fue reconocido por parte del Ministerio de Agricultura.

En s�ntesis, pide se haga efectivo el subsidio al que tiene derecho. As� las cosas, es de advertir que la garant�a a la vivienda digna no puede ser considerada per se como una de car�cter fundamental a no ser que est� estrechamente vinculada con otros que s� tienen tal categor�a, debido a que en nuestro Estado Social de Derecho no todas las prerrogativas que est�n estatuidas en la Constituci�n Pol�tica se pueden hacer efectivas a sus destinatarios de manera autom�tica.

Para el caso de los derechos progresivos, como los sociales, econ�micos y culturales de la segunda generaci�n, categor�a dentro de la cual se encuentra el derecho a la vivienda digna, se precisa de una normativa y de un presupuesto espec�fico para ser materializados y, en consecuencia, no es susceptible en principio que por parte del juez de tutela se emita orden alguna, mientras no se encuentre que su carencia tambi�n est� ocasionando correlativamente una afectaci�n a un derecho con calidad de fundamental.

En estos t�rminos, debe observarse una trasgresi�n de ese derecho con la entidad suficiente para que lo haga susceptible de ser protegido por este excepcional mecanismo. Sobre el particular, de tiempo atr�s la H. Corte Constitucional expres�: �El derecho a la vivienda digna adquiere rango fundamental, cuando opera el factor de conexidad con otro derecho fundamental, o cuando puede evidenciarse una afectaci�n del m�nimo vital, especialmente en personas que se encuentran en una situaci�n de debilidad manifiesta,�ya que, como lo ha reiterado esta Corporaci�n, el derecho a la vivienda adquiere importancia en la realizaci�n de la dignidad del ser humano. As�, la prosperidad de una tutela para la protecci�n de este derecho, depender� de las condiciones jur�dico-materiales del caso concreto en las que el juez constitucional determine si la necesidad de vivienda conlleva elementos que involucran la dignidad o la vida de quien acude a esta instancia judicial�.

El m�ximo Tribunal reiter� que no se puede admitir en sede de tutela cualquier pretensi�n relacionada con la vivienda digna, ya que solo procede en casos puntuales como ausencia de desarrollo legal o circunstancias de debilidad manifiesta en los que se encuentran los sujetos considerados de especial protecci�n constitucional. Al respecto se�al�: �[�] A este respecto, la Sala considera pertinente recalcar que, en desarrollo de la funci�n que la Constituci�n le ha asignado, el juez de amparo est� llamado a intervenir ante la inexistencia o la deficiencia del desarrollo legal o reglamentario en la materia, con el prop�sito no de definir en forma general pol�ticas p�blicas tendentes a la satisfacci�n del derecho a la vivienda digna para todos los asociados, pero s� bajo la idea de superar o suplir las falencias puntuales que advierta en la definici�n de �stas y que permiten resarcir el derecho fundamental en concreto.

Particularmente en aquellas hip�tesis en las cuales de conformidad con el mandato contenido en el art�culo 13 superior, se requiera la adopci�n de medidas que tornen posible una igualdad real y efectiva, en especial cuando la protecci�n se torne imperiosa en atenci�n a las circunstancias de debilidad manifiesta. [�]� En relaci�n con el caso concreto encontramos que el se�or ORBILO MAYA, solicita del juez constitucional se efectivice el subsidio que le fue reconocido por el Ministerio de Agricultura para vivienda nueva.

Ahora, ese subsidio que le fue reconocido al accionante tiene unas caracter�sticas especiales y es que el mismo est� dirigido para personas del conflicto armado, y ello hace el derecho a una vivienda digna para la poblaci�n desplazada sea un derecho fundamental de aplicaci�n inmediata. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado: �De otra parte, a la luz del derecho internacional, tambi�n podemos encontrar par�metros que orientan y delimitan las responsabilidades del Estado en materia de vivienda digna de la poblaci�n desplazada.

Por ejemplo, en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, emanados de la ONU, se establece en el principio 18, literal b, que las autoridades competentes deben proporcionar a los desplazados, entre otros componentes, �alojamiento y vivienda b�sicos�. Igualmente, en los Principios sobre la restituci�n de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas, emanados tambi�n de Naciones Unidas, se establece en el principio 8.2 que �los Estados deben adoptar medidas positivas para mejorar la situaci�n de los refugiados y desplazados que no tienen viviendas adecuadas�.

As� mismo, en la Observaci�n General N�mero 4 del Comit� de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, sobre el derecho a una vivienda adecuada se precisan como necesarios para la efectividad del derecho a la vivienda el cumplimiento de los siguientes criterios: �a) Seguridad jur�dica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (p�blico y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupaci�n por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupaci�n de tierra o propiedad.

Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protecci�n legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas (�). b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrici�n. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deber�an tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energ�a para la cocina, la calefacci�n y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminaci�n de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia. c) Gastos soportables.

Los gastos personales o del hogar que entra�a la vivienda deber�an ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacci�n de otras necesidades b�sicas (�). d) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del fr�o, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.

Debe garantizar tambi�n la seguridad f�sica de los ocupantes (�). e) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situaci�n de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Deber�a garantizarse cierto grado de consideraci�n prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los ni�os, los incapacitados f�sicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas m�dicos persistentes, los enfermos mentales, las v�ctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas (�). f) Lugar.

La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atenci�n de la salud, centros de atenci�n para ni�os, escuelas y otros servicios sociales (�). De manera semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminaci�n que amenazan el derecho a la salud de los habitantes. g) Adecuaci�n cultural.

La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcci�n utilizados y las pol�ticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresi�n de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernizaci�n en la esfera de la vivienda deben velar porque no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, entre otros, los servicios tecnol�gicos modernos�.

Como vemos, el derecho a una vivienda digna para la poblaci�n desplazada es un derecho fundamental de aplicaci�n inmediata que tiene un amplio desarrollo tanto a nivel interno como internacional, y que se encuentra dotado de precisos contenidos que el Estado debe asegurar a fin de garantizar la protecci�n real y efectiva de este derecho.� -Negrilla de la Sala- Y en cuanto a la posibilidad de acceder a dicho derecho, la Corte Constitucional ha dicho: �La asequibilidad en el derecho a la vivienda resulta aplicable, entre otros, cuando el titular es v�ctima de desplazamiento forzado.

Se trata de personas que requieren una especial protecci�n estatal porque han sido�obligadas�a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades econ�micas habituales, debido a que su vida, su integridad f�sica, su seguridad o libertad personales fueron vulneradas o amenazadas�y requirieron huir del conflicto armado y del dr�stico desconocimiento de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

Estas personas est�n expuestas a un grave estado de vulnerabilidad, debilidad e indefensi�n y, en su mayor�a, deben sobrellevar la falta de acceso oportuno a viviendas�que les permitan una subsistencia digna. � El �subsidio familiar de vivienda para poblaci�n en situaci�n de desplazamiento��ha sido una de las alternativas adoptadas por el Estado colombiano para hacer efectiva la protecci�n especial que requiere esta poblaci�n. Se trata de �un aporte estatal en dinero o especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una soluci�n de vivienda de inter�s social (�)�.

Su concreci�n est� guiada por un complejo marco normativo, integrado por principios constitucionales como la igualdad material y la determinaci�n de competencias a cargo de las autoridades para ejecutar el programa. La igualdad material exige aplicar un criterio diferencial para que sea real y efectiva. Para las v�ctimas, este principio constitucional se refleja en una priorizaci�n en su atenci�n y en la materializaci�n de derechos como el acceso oportuno a una soluci�n habitacional. � Al descender al caso concreto, se tiene que en efecto al se�or ORBILO MAYA quien se encuentra dentro del registro de v�ctimas por el conflicto armado le fue reconocido un subsidio para vivienda nueva.

No obstante, por parte de la Fiduagraria quien act�a como vocera y administradora del Patrimonio Aut�nomo por contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, y quien tiene a cargo la entrega del subsidio que se reclama mediante la ejecuci�n de un contrato de obra, no ha podido concretar dicho beneficio, como quiera que con el anterior contratista liquidaron el contrato, lo que conllev� a que Fiduagraria procediera a iniciar un nuevo proceso de selecci�n. Hasta aqu�, se puede observar que lo ocurrido por parte de Fiduagraria y el Ministerio de Agricultura ha sido propio de las vicisitudes que se presentan en un proceso contractual, y en principio esa solo situaci�n no podr�a interpretarse como una vulneraci�n de garant�as fundamentales del se�or ORBILO MAYA; empero, ocurre, que dicho ciudadano se encuentra desde el a�o 2018 a la espera del reconocimiento del subsidio.

Por tanto, no se puede prolongar indefinidamente en el tiempo la efectivizaci�n de un derecho que dada las caracter�sticas que re�ne el actor debe considerarse como fundamental. Sin duda alguna, no se compadece con el se�or ORBILO MAYA que por cerca de cuatro a�os no tenga definida su situaci�n frente a la posibilidad de acceder al subsidio, y que en el nuevo proceso de selecci�n que se inici� por parte de la Fiduagraria no se tenga claramente establecido el cronograma para efectos de ejecutar el contrato y as� poder hacer entrega de los subsidios que ya fueron reconocidos, ni que se le informe al respecto al actor.

As� las cosas, es acertado cuando se le advierte a la Fiduagraria, al Ministerio de Agricultura y al Consorcio La Bendici�n que procedan a dar cumplimiento al cronograma de ejecuci�n contractual; no obstante, es totalmente desproporcionado fijarle a las accionadas un l�mite en el tiempo para llevar a cabo el acta de inicio de ese contrato, toda vez que el proceso contractual se puede ver sumido en infinidad de situaciones que rotundamente no puede invadir el juez de tutela, toda vez que la misma Fiduagraria ha manifestado que el acta de inicio no se puede suscribir hasta tanto se obtengan las p�lizas por parte del Consorcio La Bendici�n, y por ende limitar en el tiempo el perfeccionamiento de ese acto, ser�a desconocer eventuales liquidaciones del contrato previo a ese acta de inicio, siendo ello circunstancias que claramente podr�an ocurrir y de las cuales no existe prohibici�n legal.

En ese orden de ideas, es v�lido que se ordene a las accionadas cumplir el cronograma para el perfeccionamiento de ese contrato, pero no ser�a v�lido fijarles un l�mite a las accionadas para que se perfeccione el acta de inicio, por lo previamente indicado. Siendo as�, y en atenci�n a que el actor no conoce cu�les son los resultados del nuevo proceso de selecci�n y el cronograma del mismo, se mantendr� inc�lume la decisi�n en cuanto a que las partes den cumplimiento al cronograma, pero se adicionara la orden en el sentido de que hagan extensivo al accionante el cronograma que llevar� a cabo las partes contractuales, con la finalidad de que �l conozca el avance de la ejecuci�n del contrato para efectos de acceder al subsidio de vivienda que ya le fue reconocido.

Adicionalmente, se revocar� la orden adoptada en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia, como quiera que tiene injerencia sobre un tema propio del proceso de selecci�n que adelanta la Fiduagraria. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisi�n Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la determinaci�n adoptada por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), en cuanto protegi� los derechos fundamentales deprecados por el se�or ORBILO ARC�NGEL MAYA BALLESTEROS contra la Fiduagraria, el Ministerio de Agricultura y el Consorcio La Bendici�n.

SEGUNDO: SE MODIFICA el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia, para adicionar que la Fiduagraria, el Ministerio de Agricultura y el Consorcio La Bendici�n, le comuniquen al se�or ORBILO ARC�NGEL MAYA BALLESTEROS cu�l es el cronograma que llevara a cabo las partes contractuales. En lo dem�s, el numeral se mantendr� inc�lume.

TERCERO: SE REVOCA el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia, por lo expuesto en la parte considerativa de esta decisi�n.

CUARTO: Por secretar�a se remitir� el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado En ausencia justificada  Sentencia T-1091/05  Sentencia T-141/12.  Sentencia T-239/13  Sentencia T-009/21     Sentencia de tutela de 2� instancia N� 011 Radicaci�n: 666823104001 2023 00330 01 Accionante: Orbilo Arc�ngel Maya Ballesteros Confirma parcialmente P�gina  PAGE 2 de  NUMPAGES 9 ABLP��� �    ";

F T V { } ~ ~  �һ�������y�d�dOdO7��/h��h��5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )hUp�5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )h�q?5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,h ~�@���CJEH��aJmH sH ����x������3 � � � � � � 9 A S �!����ĵ���xh�X�xH�h�9� h ~�@���CJEH��aJ h @���CJEH��aJ h @���CJEH��aJ h @���CJEH��aJ h 6B6C6[6\6�6�6%7&7'7)7=7E7F7�7�7�������ࡒ�lYYYl�J�J� h @���CJEH��aJmH sH  h @���CJEH��aJ h �>�?�?lCmC;D �>�>�>�>�>�>���������d�U �>�?�?lCmC�C�C�C�C�C�C&D9D;D e?e@eAeBeCe�f�fDgFgog~gQi�����ô����������r_L_L_L_$h �33�P�$���C[a ܆ ��/ �� bXc��a�'SɃ���s%U�=)�PUz!��鮲e}�9���9�Jn�)��'��a�j IN7�y����;S��VU�(%/�ڽ+��%��9g�TV�j�m��ػ=5Pl �缦�������eg�?5�Hz(QX�s��r�o8DQ����~ޒ������R�pEz��[0�o�H�o�ݒj8���W@�'�sAU �q,NQ��I mc��G�#�:��=p�c�F7�#5��v��G�J�q�zE �;���[9yj��8E��-lU^U �'��(�M������~���8i�'�N�/L� ��� ���m��v3,u�4Wa6�p��}h�����e�o��J�{w*@1X vp ��U%���i*x�o���&!��Em�Z�|h��ϐ �*6-UNL[P�p� 0ޅ�6%��ɟN��έݭ )+]�&�ߏOQ�~Ꮓ�PM[L�D�e-HV�x��E�D�?�nv�)2p)��J�4�J߂ �sql 6����š��� �&���BPM�o6��aC�w�Xx��H��Xx�4��8w �"a�_ *�^ȣ6���o��y!��LTG V״0DC��x���#����\�� "˂�]��LT��.\��w��V1� F?���y�'�hw�7!�-�2Pc X= ��b�^eCV���e�~���d�THZ09�����wIl���:��Du� EH�%�P�w�����m�X�`,��W�VR*�� ��u�P�/��[y'q �"�0P�%���$ݞ���Rφ ��sq��„��T*ʍ��e � �|!Z�fV�;Q#�.u,O \��q �ڕG䚪���h7�Ov=�%* 8�n���O��TW�@}U9������T���� ǯ��w�F�Wh,��ND�"��k�� i�P�� ��w�pj Da/�wO�7�}%�{��h��xH!�\�P̫i3ljv�F/5��~�L��5B֩�0���jl��9S`�.�_�K��3�5 `{™cs�Z�V9G� �H|,�T���f���w������o� lޫ%/��a�T�Dc ��4p.D��֚�0ڙٜ�د�\1l3t�%��J�)�T\\������~��� 5p ���A�3��}�qh��`����� O���x*m&q�����a��]� Ff��Ibxo+GF�J�j�� ����X��Х�e�����]x�M����U ���e��P �'��������V..�X=�k�2� �p�GdžՕӣ F�������� �K�.w�Wj\� �Y2_��.��6-hn��ʇ � ]1�.�x�5 ����j(��p-���a��(\+������+�C���C� 8�r 0 >�Gx�e�rf��j�)y[�L�Sp!P�Tp'��"�F�b$$ ��ѓ����~������.(~�Hİ�i�|ȑ��'v ��'��݁� Pp��>7�r.���$ � �n ������LC]8G��5 �� 帵ܪ�]��kjm l��i��{=o�Zm����;y�O�g(��og*��S���F�rBr1{ژ�U��� ����ټ�����=�5�k�0���ﰳ�ҫu�i���{(Źv�ݖ�}�[�0�ԟ���)Ӫ��k�R�c��ԹPx-'��� �8�u��;�O�S�fN��Q���c� S-��'�O�s:¸ƤRQ�+�_�����{Yn��BL�"����' R'�y�o�����^e4��vg��mȑ�Nۋ}?����[�f-� D�մ8�e�����6dM��>���R�G$7k�6({���ۗ��ɓdVAb�� �malS�� �v.�8iȹ 9��5ڠ���Z ȪVsR��!�a�i������G�����4qSw�G�ߓ�_��X� R�Ł.�I@5�v��i4zc���� �7-��_~��t�S�� ���"_]����Fo���ˆY ����A'�6��� Ľ���600 �"�8�O�XѨ q}�3��!��E�K���_G[/����)/ȑ�J�:���P��M������D��T�eP*��8���OQ��:�NP�y����� �UL}�A[?���i��T�@��`u���B�:� v�qv��؎��|\p;1����WӖ�kg�c`[��v� X+jN��sט?��ם֯ ���׆���6���&r���]��>M�_�5��sY�׋��5�����h��˿/� e5�q�������-na �ō?\�6U�+ �� Q�̟!e����S���y\[ �T7V�h4̿C Ld=^�a�9ܝ(Q�q�0�ޜJd���h4RW��P�4'i �ؚ�Tn�&kX7^� ����B��E� �}^)[�N�p��e���رU��� �u�:��qwWj�h>L�xx"�����WQW�IU�è"� ��Ov�p�9h���Q�g+Ԣ*���l��Jp )���ߺ� �����鍳BU))W�E8M� :� ]�)�aj"�Q.[VV?Ъ��Wg���!�t��Z-�G�˿\�{"�(�KEs��3���[O���FW����lXB �φ+�hZ��RZ¾ ��}}�%�&��R�dA�� L��?T��P ��u[�e𰨯nbk6j��k��¼��,RM*��l �2 SY��ֆ�0�G� Q�(����:Մ�x�:��φ�T�`ž W5QP�U*⓸C��Ӗ����u� 3��6YbY�?�R��#hR���qj�Z�Y b�٢�e�ixH����W֞/���_Ui3��T�S��퇟(l������ƀaW_��jI�gs��>��z& ���3\v�\*'\q��� �}�]��c�X��]R ��\c�"����*vC�-��Q�$����N��'\m\a�������d � �\���`�>���@�>�y���v�F�MRB�����ԓuU�e�'b��am*6;P#���n>���q�s߷Q� �.O�Cs��V���#5� �+�o̺�+H����� �� L� ��a��-�*��w�(~ ��'Dk�z������v��F���� ��3@ ����4���ԕ�������ި�����`Z���F�G��`��٦e�=R�_���P��qb3�Z@?g �,�s�AӍ+�{��Tcߗ����o\�� � ��Fq+�=R�c�ە��F�}R� Т�>R����y ?� 7����f�� ��K�7���f+���M���t���h�*��u��i���?zp7*��e�(�, �j�)6n���I �od�� *ph�R��R  ��Texto de globo d�CJOJ QJ ^J aJ`�/��` ��Texto de globo Car$CJOJ PJQJ ^J aJmH sH tH V�/��V �$�Pie de p�gina Car CJOJPJQJmH sH tH &�/��!& G1�0�Texto nota pie Car,Texto nota pie Car1 Car,Footnote Text Char Char Char Char Char Car Car,Footnote Text Char Char Char Char Car Car,Footnote reference Car Car,FA Fu Car Car,Footnote Text Char Char Char Car Car,texto de nota al pie Car Car Car,Ca Car OJ PJQJ ^JmH sH tH b�/��2b kMDefault #7$8$H$-B*CJOJ QJ ^J _HaJmH $phsH $tH $FBBF %�Texto independiente$�xj�/��Qj $�Texto independiente Car$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH >W ��a>  o�`Texto en negrita5�\�PK!���� [Content_Types].xml���N�0E�H���-J��@%�ǎǢ|�ș$�ز�U��L�TB� l,�3��;�r� �Ø��J��B+$�G]��7O٭V�� G���R���U1�a$�N�%� ��ʣꂣKЛ�j�VkUDR�KQjg �-��x�$s��۪ S�#�B �)�*�8�1���B��R�] ��a������(���5��W�ݭ��\�����D��r��⼡���Y1i�A�_��*�q���5n�4��Ҍ����9�e�ݣ��Y����� �~�>^�2�� ~2�-�e�p ����_�2|k߮�GA�үA1%�� �����j Ȓ�c'��v#W^� ��RS,Y*�Z�^0>�R$I��� /� �x�(9��;!Q ��B)0\k�&�&�W�@?i��#� i� ���!��sNV��?��y���o^����Oo������skU��1J#S����o~����o����Իxa����w���������x��������?��_�ڡ��љ �� �����������$f1"�D?�J��š,c �h�(r�ض�s����~a��|-�C��8������N+ �(�(�)�����c�X��Xv=%s�[J� � q�dFάh*��I~ٸ��-ۜ>���V=�6���3L-3�Gk���J�i�$c���M�XH�t�)��,�K�1��Ni���S�Il$��ܥ�1f"G�|�d��NI����9�(�0邟2{��w�J��9���?� �A�5)���Ys�/�cf��tC��RM�'V��s⌎�:�B�c�.�c�����l^�~CV9Ʈ�z��XU�)����~� ���ijAi��!͏����P�W ��I���ޅ;^7���U����+�K��ז��nʼ�63D� ʀ�!�2\�D,��"��j��Snio�� � YMOB�v@;�O���}��x��o ����;n�V��f�s(� ��7�p�]͐�����Z�O0ԑ��u����4��}Osh?�v2����NƇ㶓�W>N'S6/�ר��G �$O}��ҩ�P|"�����3� *9}手S�U ����.�H�x���Oc��ӡ���D"W o� �a�n����-���z] lf�U Y���b �d�n���B�f��-%{ �d6���D{;����u�hze �E�����o]���^� � �L��a" �qМ/��2Wo����1=}ȘV@������]������P���-F��$�et�'b��G�� ����[�Ԣ�L���*i�;�cqS_��nn���)h�]��V3����U�_¡1 ��o����J�����xq��5� ��v]pA� �3k.\������”�]�6J�P6��*FyE1�yש���� o�����I�Bx�kժ�E��8 �� R�3�fY3�����;�Y3l���-oV� V[CN3+|��wSnw��v���J�� �9�� �A��̢��a���Q�vl�jW)F�om��ح���`�F� �v���۾R[Zߛ����$�t�k*�v%\[s �T�$Yڀ-�R�[��5'=��Z���pX�u�q%h�J'�7+�0l��a�64^Aa�qR�;� \`�M~s���n�� ͝9K�L��W5q}{_oX���M�7S��G �|�jL���U�6��J0t*�akP����d4;��+߻��� �q�Ҫ���US�;�J;h4�A���Wy+��Gn 0��u���PK! ѐ��'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels��M �0���wooӺ�&݈Э���5 6?$Q�� �,.�a��i����c2�1h�:�q��m��@RN��;d�`��o7�g�K(M&$R(.1�r'J��ЊT���8��V�"��AȻ�H�u}��|�$�b{��P����8�g/ ]�QAsم(����#��L�[������PK-!���� [Content_Types].xmlPK-!�֧��6 0_rels/.relsPK-!ky��� theme/theme/themeManager.xmlPK-!�%��� �theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ��'� theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]� �6�6�OwV�j,AVY�j^����� ������ ��3Y��!�(i0�2�7�>BD�W�_Qi�n�q�q�r�r: @ABCDFGHIKLMOQRTUVX��!3�H�Wym�q�r;?EJNPSW�������!t���t����t�  �,b�$�)���� o3�ls���#F���@ ���������H ��0�( � �� ���( � ���� � s � *�urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags �PersonName� �la Sala �ProductID�=�=�=�=�=�>�>D?Q?f?r?�?�?2@7@�@�@�A�A�A�A�B�B�C�C�C�C�D�D�E�E�E�E�F�F�F�F�G�GHH�H�H�I�I�J�J�K�KQLRL�L�L�M�M3N9N�N�N�O�O�O�O�Oy]�]8_C_giqi�i�i�i�i�i�i�i�i�i�ij^jdj�j�j    �=�@�@�A�A�C�C�E�E�F�FHH�J�JPLRL2N4N�O�i�i�i�i�i�i�i�i�i�ij�j�jTVpp{}������+%+reyezi�i�i�i�i�i�i�i�i�i�i�i�ijj�j�j�j�j�j�j�j����������      : \ A A � � � � � � � � � � � � --ZZ++�-�-�4�4�6�6�6�6k;k;l;l;�@�@�O�O�Q�Q3R3RSSSSXSXS�T�T�U�UzVzV|V|V&]>]�^�^D_F_o_~_rere�h�i�i�i�i�i�i�i�i�i�i�i�i�i�i�ij*j+j5j6jQjRj\j]j�j�j�j�j�|d�k�����������x� ������������������^��`���OJPJQJ^Jo(-������^��`���OJQJ^Jo(�h�Ho��p���^�p`���OJQJo(�h�H����@ ���^�@ `���OJQJo(�h�H�������^�`���OJQJ^Jo(�h�Ho������^��`���OJQJo(�h�H��������^��`���OJQJo(�h�H��������^��`���OJQJ^Jo(�h�Ho��P���^�P`���OJQJo(�h�H�������^��`���OJPJQJ^Jo(-������^��`���OJQJ^Jo(�h�Ho��p���^�p`���OJQJo(�h�H����@ ���^�@ `���OJQJo(�h�H�������^�`���OJQJ^Jo(�h�Ho������^��`���OJQJo(�h�H��������^��`���OJQJo(�h�H��������^��`���OJQJ^Jo(�h�Ho��P���^�P`���OJQJo(�h�H���x� �|d������������s $ $ $ $ $ $ $ $d@�4 $ $ $ $ $ $ $ $+ R:�M�IW=Q�RuX�o}gZ�YB,RM�X�wWx' s[�-�.(kjAU@OZ.b��E~� �9�C�`�o�v�� ��a�I�S/]�fp|%2.5 �C �Y ?k Y �/ Qr � q �j �y � z7+Y�uOw}#M��/�L�jiq~7�QzT�i� fLS^�&A)+A�\�Nb�>YT^u;�IWJ�K�[|mp�;a �0.8� e>2 >�->�0>�F>�k>�p>wk?�q?�v?�F@Rb@�i@ |@)|A�B8UB� CmMC�ZC�kC�;D,cDkD:#E�)E�CE�JE@VE�F�'FPYFG�eGH�5H ]H�fHdIIeIrI_IeaI�kI@J�IJO[J"K�3K @KXK L@L|TLoaL�LkMwNIN�PN]O�CO�HO�Pp1P� Q�+Q�jQ�mQ�rQ�vQ�{QL+RzDR 9S� +f ?f�GfJf� g�NgLygh8h>h�i eiHhifj� j&j�:jkj~j�3kkEk�Mkcl� l�Nl{Yl�sl|l`&mrmnn�Zn�fn ln�Bo�Io�Po�ho�ro6{o! pZ_p fpip�vp�q� �~F��J�U���� �$�)�2O�M �� �m ����$��-��N�&R���"�`5��[��~��.��\���X���� �|,�>��W�Rg��~� X�q1�T_��4��C�zF��v�'��7���� �]?��a��h�Up��P���N`� ��z��!�:��D��K�VO��p�� �&+�*v�����"�,�uX��]�un��Q��Z� G��\�D`�lf��$��/�6V��\�r�_~�����>~��"�6D�1��_�� �I �x ���L��(�S2��i�p ��j��j�wk���z �2#��P�QC��]�=j��t��t�\���� ��;��d����?����K� R��_� �I$��h�)�"I��k�Dn�� �\O�d�G1��N�,=�� ��A��C��J��k��$��� ��"��&��1��?���Y$��*��J�T����2�e$��t���V)�j9��C��D��P�~U��F� "�� � �.�_5�\S��Z�$�g1�.;��_��n��A�AE�/�W�9E��G�~e� ~�/$�4�h|�{6�9�[D��X��c��z���64�PA�1x���B'��7���e��(�L*�RX�ej���� ��(�Sr�S7��i�i�@��i�i�i�i�j�@��Unknown������������G ��.�[x� �Times New Roman5 ��Symbol3.� �.�[x� �Arial9^� Algerian5.��.�[`�)�Tahoma; �����|�i0�Batang���;���(SimSun�[SO?=� �.�Cx� �Courier New;��Wingdings7.� ��[ @�Verdana9.� �.��� �Segoe UI7.��.�{$� �CalibriC.,�.�{$� �Calibri LightA ����$B�Cambria Math"q����c��'5 ç*x'?^Y 5�?^Y 5���OONj��r0hihi3�q���HP �� ����������������������JtS2! xx� ��2 ���REP�BLICA DE COLOMBIAGloriapa1Relatoria Tribunal Superior - Risaralda - Pereira  �� �����Oh��+'��0�������� 0 ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abc����efghijk����mnopqrstuvwxyz{|}~���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �Fp��[l��@Data ������������d1Table��������l�KWordDocument ����i�SummaryInformation(�������������DocumentSummaryInformation8���������MsoDataStore����������[l�0�[l�VF��BXN�4EKB�4���I����==2����������[l�0�[l�Item ���� ����2Properties������������UCompObj���� v���������������� ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ���� �F$Documento de Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.8�9�q