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Por su parte, la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios, manifest� que efectivamente el actor radic� ante la entidad solicitud de actuaci�n administrativa por silencio administrativo contra la empresa de Energ�a de Pereira, y que se encuentra pendiente de resolver si inicia o no la actuaci�n. DEBIDO PROCESO / SUBSIDIARIEDAD / PROCESO ADMINISTRATIVO EN CURSO � para decidir el recurso de impugnaci�n interpuesto por el accionante, se aprecia con meridiana claridad, que se hace uso de la v�a constitucional como mecanismo judicial alternativo para intentar obtener algunas �rdenes por parte del juez de tutela en el escenario de un proceso administrativo, lo que al decir de la jurisprudencia nacional constituye una palpable violaci�n al principio de subsidiariedad que rige la acci�n de tutela, toda vez que para resolver esta clase de conflictos existen otras v�as en el �mbito administrativo.
REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, diecinueve (19) de enero de dos mil veinticuatro (2024) Radicaci�n: 66001310900820230015401 Acta de Aprobaci�n N� 045 Hora: 2:30 p.m. 1.- VISTOS Desata la Sala por medio de este prove�do la impugnaci�n interpuesta por el se�or Jair Antonio Tapasco L�pez, frente al fallo proferido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de esta capital, con ocasi�n de la acci�n de tutela impetrada contra la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios y la empresa de Energ�a de Pereira S.A. E.S.P. 2.- DEMANDA Lo narrado en el escrito de tutela por parte del accionante, se puede sintetizar de la siguiente manera: (i) es suscriptor del contrato de prestaci�n de servicio de energ�a el�ctrica suministrado por la empresa Energ�a de Pereira, seg�n matr�cula 2004838;
(ii) a trav�s de mandatario le ha realizado a la empresa Energ�a de Pereira varias reclamaciones por el costo de la factura; (iii) frente a esa reclamaci�n se configur� el silencio administrativo positivo; (iv) le solicit� a la dependencia competente de la Superintendencia la respectiva actuaci�n administrativa; (v) en la factura se observa que la empresa aplic� lo dispuesto en el art�culo 155 de la ley 142/94, y expidi� la factura sin las sumas reclamadas;
(vi) la empresa de Energ�a de Pereira indic� en la actuaci�n ante la Superintendencia, que �En el momento que la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios nos oficie sobre la apertura e investigaci�n del SAP daremos cumplimiento a lo que all� se indique�, lo que advierte que no aplicar� lo dispuesto en el art�culo 155 de la ley 142/92 hasta que la Superintendencia lo indique;
(vii) al momento de radicar la solicitud de actuaci�n administrativa ante la Superintendencia, �sta no emiti� el certificado de apertura, y ello conlleva a que se pague las sumas de dineros que se reclaman; y (viii) sus derechos se encuentran vulnerados ante la omisi�n de la Superintendencia de expedir el certificado de tr�mite y del cual depende la posibilidad de pagar la factura sin las sumas que se reclaman, lo que pone en riesgo de que el servicio sea suspendido.
Pide la protecci�n de los derechos fundamentales, y que en consecuencia se ordene a la Superintendencia la expedici�n inmediata del certificado de tr�mite de la �solicitud SAP�, que fue radicada en octubre 18 de 2023, o disponer la aplicaci�n del art�culo 155 de la ley 142/94. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- Una vez admitida la acci�n de tutela -noviembre 20 de 2023-, el juzgado de instancia dispuso correr traslado a la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliaros y a la empresa de Energ�a de Pereira.
Las entidades, se pronunciaron en los siguientes t�rminos: - La representante legal de la empresa de Energ�a de Pereira manifest� que en este asunto se presenta una acci�n temeraria, toda vez que el accionante ya hab�a presentado otra acci�n de tutela, la cual correspondi� en primera instancia al Juzgado Quinto Penal Municipal de Garant�as de Pereira, y en segunda instancia al Juzgado Sexto Penal del Circuito.
Hace un resumen de las reclamaciones que ha realizado la parte accionante tendientes a obtener la disminuci�n de los valores facturados en el mes de junio por concepto de consumo de energ�a el�ctrica, y de las actuaciones que ha llevado a cabo la entidad para resolver las peticiones. Indica que a la fecha de presentada la contestaci�n al traslado de la acci�n de tutela, no han recibido notificaci�n alguna por parte de la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios dando apertura a la actuaci�n administrativa por silencio administrativo positivo que alega el accionante.
Sin embargo, la empresa ha atendido todas y cada una de las peticiones del accionante y su mandatario, quienes de manera temeraria han abusado de las actuaciones administrativas con el �nico fin de sustraerse de las obligaciones de cancelar unos valores facturados sobre los cuales se han agotado todas las actuaciones administrativas. Por tanto, no hay proceso vigente que se encuentre en debate o reclamaci�n de los valores cuestionados.
Solicita que se declare improcedente la acci�n de tutela. - El apoderado judicial de la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios inform� que de conformidad a lo se�alado en el art�culo 158 de la ley 142/92 en materia de silencio administrativo positivo, la Superintendencia tiene dos competencias, a saber: (i) la sancionatoria, que de conformidad con el art�culo 52 CPACA caduca en tres a�os; y (ii) la de adelantar acciones necesarias para hacer efectivo el acto presunto.
El ejercicio de estas dos competencias implica el agotamiento de una serie de etapas procesales que deben ser respetadas en aras de garantizar el debido proceso, tanto del usuario como de la empresa. Por lo que dichas actuaciones no constituyen una petici�n pura y simple que puede ser atendida en los t�rminos del art�culo 14 de la ley 1437/11.
Revisado el sistema de gesti�n documental se encontr� que el se�or JAIR TAPASCO present� solicitud de actuaci�n administrativa por silencio administrativo positivo, por la presunta transgresi�n del art�culo 158 de la ley 142/94, en contra de la empresa de Energ�a de Pereira. El expediente fue asignado a un profesional del derecho, y la Superintendencia procedi� a realizarle un requerimiento al usuario.
El proceso actualmente se encuentra en an�lisis conforme a la etapa preliminar, en aras de analizar el m�rito de iniciar o no la actuaci�n administrativa, por lo que una vez se adopte la decisi�n que en derecho corresponda, la misma se comunicar� a las partes oportunamente. El art�culo 155 de la ley 142/94 en concordancia con lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia C-558/01, las empresas de servicio p�blico domiciliarios, no pueden suspender, terminar o cortar el servicio a sus usuarios o suscriptores, mientras se encuentre pendiente de respuesta una reclamaci�n que est� siendo atendida por la prestadora o, como en el caso particular, por la Superintendencia. En el mencionado evento, la prestadora est� en la obligaci�n de emitir una factura provisional descontando los valores objeto de reclamo, y no podr� exigir la cancelaci�n total de la factura como requisito para atender un recurso relacionada con esta, salvo en los casos de suspensi�n en inter�s del servicio, o cuando est� puede hacerse sin que sea falle del servicio.
En todo caso, beber� el usuario pagar aquellas sumas incluidas en la factura provisional. Pide que se declare improcedente la acci�n de tutela, y subsidiariamente en caso de no prosperar la anterior pretensi�n, se declare la no vulneraci�n de derechos fundamentales por parte de la Superintendencia. 3.2.- Vencido el plazo constitucional, el a quo mediante sentencia de noviembre 28 de 2023 declar� improcedente la acci�n de tutela, con fundamento en que no se cumple el requisito de subsidiariedad de la tutela, por cuanto se acude a ella, cuando se est� dentro de un proceso administrativo con normas y procedimiento propio el cual se encuentra en tr�mite.
Adem�s, no se vislumbra la ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga urgente la intervenci�n del juez de tutela, aunque sea de forma transitoria. Sin embargo, desestim� la acci�n temeraria que aleg� la empresa de Energ�a de Pereira. 4.- IMPUGNACI�N El se�or JAIR ANTONIO TAPASCO L�PEZ se mostr� inconforme con la determinaci�n adoptada por el juez de primera instancia, motivo por el cual la impugn�, solicit� que se revoque la misma, y argument�: El instituto del debido proceso se encuentra consagrado en el art�culo 29 C.N. y su protecci�n no est� sujeto a la inminencia de un perjuicio irremediable; por tanto, dicho derecho no puede aplicarse de manera transitoria sino definitiva y durante todo el proceso.
La omisi�n en la expedici�n de la factura sin las sumas que se reclaman caus� la suspensi�n del servicio por dos semanas, lo que gener� el cierre del negocio del cual tiene sustento su familia, lo que demuestra la violaci�n de derechos fundamentales. Se dice que cuenta con otro medio de defensa id�neo y eficaz de protecci�n de sus derechos, pero no se se�al� cu�l, lo que advierte que no existen.
Sin embargo, una cosa es la legalidad en una acci�n de nulidad, y otra la garant�a al debido proceso. Al juez de tutela le corresponde simplemente analizar si el debido proceso se vulnera o est� en riesgo de vulneraci�n con la omisi�n de aplicar el art�culo 155 de la ley 142/94. Con la tutela no se trata de evitar la suspensi�n del servicio, como aquellos casos donde se interpone la acci�n de tutela por personas con tratamientos especiales, o de cl�nicas u hospitales como lo asumi� el a quo, sino por el contrario se busca la protecci�n del debido proceso.
Si bien es cierto, con la interposici�n de la acci�n de tutela logr� el cometido -expedici�n de la factura sin las sumas reclamadas en aplicaci�n del art�culo 155 de la ley 142/94-, tambi�n lo es que el fallo impugnado debe ser objeto de revisi�n porque, aunque se habr�a dado �hecho superado�, la causal de improcedencia analizada por el juez de primera instancia no es la acertada.
Adem�s, se debe prevenir a las empresas para que no requieran a los usuarios el certificado de tr�mite del proceso ante la Superintendencia, por cuanto no es un requisito exigido por la ley. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo proferido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Pereira (Rda.), seg�n las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema jur�dico planteado Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en el fallo impugnado, en cuanto declar� improcedente la acci�n de tutela interpuesta por el se�or JAIR ANTONIO TAPASCO L�PEZ.
De acuerdo con el resultado, se proceder� a tomar la determinaci�n pertinente, ya sea convalidando la decisi�n, revoc�ndola o modific�ndola. 5.2.- Soluci�n a la controversia La acci�n de tutela ha sido por excelencia el mecanismo m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminaci�n alguna.
De acuerdo con lo informado por el se�or JAIR TAPASCO, se solicita que a trav�s de la acci�n de tutela se ordene a la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios la expedici�n inmediata del certificado de tr�mite de la �solicitud SAP�, que fue radicada en octubre 18 de 2023, o disponer la aplicaci�n del art�culo 155 de la ley 142/94, tal como lo pide la empresa de Energ�a de Pereira, con la finalidad de que se genere la factura sin las sumas reclamadas y se evite la suspensi�n del fluido el�ctrico.
Frente a esa especial solicitud del accionante, la Empresa de Energ�a de Pereira indic� las actuaciones adelantadas frente a las reclamaciones del actor. Por su parte, la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios, manifest� que efectivamente el actor radic� ante la entidad solicitud de actuaci�n administrativa por silencio administrativo contra la empresa de Energ�a de Pereira, y que se encuentra pendiente de resolver si inicia o no la actuaci�n. Por lo anterior, el despacho consider� que la acci�n de tutela era improcedente como quiera que se encuentra un proceso en tr�mite ante la Superintendencia y no se acredit� la subsidiaridad de la acci�n constitucional.
No obstante, el actor se mostr� inconforme con la decisi�n de primera instancia, y argument� que es v�lida la protecci�n del debido proceso por v�a de tutela, toda vez que se busca que las entidades accionadas no act�en por fuera de lo dispuesto en la ley, en este caso del art�culo 155 de la ley 142/94. Adicionalmente, se�al� el accionante que, si bien la entidad procedi� con la emisi�n de una factura sin la suma de los costos reclamados, se hace necesario que el juez de tutela analice con detenimiento la procedencia de la acci�n de tutela, y que se prevenga a la empresa de Energ�a de Pereira que no exija como requisito para expedir facturas provisionales por reclamaci�n que se aporte el certificado de solicitud de actuaci�n ante la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios.
As� las cosas y para decidir el recurso de impugnaci�n interpuesto por el accionante, se aprecia con meridiana claridad, que se hace uso de la v�a constitucional como mecanismo judicial alternativo para intentar obtener algunas �rdenes por parte del juez de tutela en el escenario de un proceso administrativo, lo que al decir de la jurisprudencia nacional constituye una palpable violaci�n al principio de subsidiariedad que rige la acci�n de tutela, toda vez que para resolver esta clase de conflictos existen otras v�as en el �mbito administrativo.
Textualmente se ha indicado: �[�] dada la naturaleza supletiva de la acci�n de tutela, la misma no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos en el ordenamiento jur�dico para la defensa de los derechos de manera preferente, como quiera que, a trav�s de su ejercicio, no se busca reemplazar los procedimientos ordinarios o especiales y, menos a�n, pretermitir los mecanismos que dentro de estos se han establecido para controvertir las decisiones que se adopten.� -negrillas excluidas-.
La jurisprudencia constitucional es contundente al resaltar el car�cter subsidiario y residual de la acci�n constitucional, y que la misma solo es procedente de manera supletoria, es decir, cuando no existan otros mecanismos ordinarios de defensa judicial a los cuales se pueda acudir, y que no sea usada como una forma de evadirlos: �[�] La acci�n de tutela es un mecanismo de protecci�n de derechos fundamentales cuyas caracter�sticas y condiciones son definidas por la misma Carta Pol�tica.
Dentro de estos requisitos se encuentran la subsidiariedad y la inmediatez. El primero est� relacionado con la necesidad que en cada caso concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de protecci�n de sus derechos o que, en raz�n a la inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prev� la procedencia excepcional y transitoria. El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta perspectiva, consiste en impedir que la acci�n de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicaci�n, se convierta en un mecanismo principal de protecci�n de los derechos fundamentales�. -resaltado nuestro- Como se indic� previamente, en la demanda de tutela se plantea como pretensi�n que se ordene a la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios la expedici�n inmediata del certificado de tr�mite de la �solicitud SAP� que fue radicada en octubre 18 de 2023, ello con la finalidad de que se emita una factura provisional por parte de la empresa de Energ�a de Pereira que no incluya el costo de los valores reclamados, y evitar que se lleve a cabo la suspensi�n del servicio el�ctrico.
Sin embargo, esa pretensi�n en la acci�n de tutela indudablemente tiene una relaci�n directa con lo que puede resolver la Superintendencia, e incluso se trata de una solicitud que se puede realizar dentro del mismo proceso. Por tanto, no puede el juez de tutela invadir esa �rbita funcional, m�xime cuando la misma entidad se�ala que se encuentra en an�lisis de documentos en etapa preliminar, con la finalidad de decidir si acepta o no la solicitud.
As� las cosas, no podr�a el juez de tutela ordenar emitir un certificado, cuando claramente ni la entidad ha decidido si acepta o no dar inicio a la actuaci�n administrativa por silencio administrativo. Lo dicho, aunado a que la Sala de Decisi�n de tutelas de la H. Corte Suprema ha reiterado, que al juez constitucional no le es permitido inmiscuirse en �procesos en curso�, tal como se expres� en la sentencia CSJ SP, 6 may. 2015, Rad. 79314, donde concretamente se sostuvo: �Ha sido criterio definido y reiterado de la Sala de Casaci�n Penal de la Corte que no es procedente acudir a la solicitud de protecci�n constitucional para intervenir dentro de procesos en curso, no s�lo por cuanto ello desconoce la independencia de que est�n revestidas las autoridades judiciales para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal proceder desnaturaliza la filosof�a que inspir� la acci�n de amparo como mecanismo residual de defensa de los derechos superiores, mas no para su declaraci�n. [�] Al interior de dicho diligenciamiento, los accionantes podr�n ejercer todas las potestades que la ley les confiere para satisfacer su pretensi�n, a trav�s de los mecanismos ordinarios con que cuentan, tales como las solicitudes de nulidad, el ejercicio de los medios de impugnaci�n, etc.
En consecuencia, al existir un escenario natural de discusi�n sobre el asunto sometido al conocimiento del juez constitucional, la tutela demandada se torna improcedente, en los t�rminos previstos por el art�culo 6-1 del Decreto 2591 de 1991�. -negrillas de la Sala- V�ase igualmente, que de tiempo atr�s se tiene claro que es en el interior de la actuaci�n donde se deben ventilar las presuntas trasgresiones a los derechos y garant�as fundamentales que se reclaman, en cuanto: �no obstante la posible irregularidad que se hubiere presentado en el tr�mite del proceso correspondiente, al no estar culminada la actuaci�n, existen normas en el procedimiento para que el afectado alegue oportunamente estas deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, interponiendo recursos, interviniendo en el proceso, todo con el fin de defender sus derechos.
Es decir, la improcedencia de la acci�n de tutela, en estos casos, radica en la existencia de otro medio de defensa judicial, dentro del propio proceso�. Ahora, el mismo accionante en la impugnaci�n se�ala que con ocasi�n a la presentaci�n de la acci�n de tutela la empresa de Energ�a de Pereira expidi� la factura provisional sin los costos reclamados, y que, aunque ello da lugar a declaratoria de un hecho superado, la acci�n de tutela es procedente y se debe prevenir a la empresa de Energ�a para que no le exija a los usuarios allegar una certificaci�n de inicio de actuaci�n administrativa ante la Superintendencia de Servicios P�blicos.
En ese orden de ideas, se itera, ante la existencia de un proceso en tr�mite el juez de tutela no puede invadir competencias propias de la Administraci�n, y menos a�n para que se emita un certificado que claramente depende del estudio que haga la Superintendencia en cuanto a la admisi�n o no la actuaci�n administrativa. Finalmente, la emisi�n de la factura provisional en los t�rminos que lo anuncia el accionante, aunque �l lo configura como un hecho superado, debe decirse que, para declarar tal circunstancia, necesariamente tuvo que existir por parte del juez de primera instancia un an�lisis de afectaci�n o no de garant�as fundamentales, pero como se ha indicado la acci�n de tutela result� improcedente para resolver de fondo la pretensi�n del se�or JAIR TAPASCO.
Adem�s, de lo anterior, no hay lugar a emitir �rdenes a la empresa de Energ�a, tendientes a no exigir certificaciones de procesos ante la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios, ante la clara improcedencia de la acci�n de tutela. As� que al considerarse que la sentencia proferida en noviembre 28 de 2023 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Pereira (Rda.) se encuentra ajustada a derecho, se le dar� cabal confirmaci�n. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida en noviembre 28 de 2023 por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Pereira (Rda.), por medio de la cual se declar� improcedente la acci�n de tutela impetrada por el se�or JAIR ANTONIO TAPASCO L�PEZ.
SEGUNDO: Por secretar�a se remitir� el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado Consultar, entre otras, las Sentencias T-500 de 1995 y T-285 de 2010. Sentencias T-582 de 2016. En relaci�n con la subsidiariedad de la acci�n de tutela pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltr�n Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Sentencias T-315/05. Ver tambi�n los radicados T-45900/10, T-53421/11 y T-70719/13 Corte Constitucional, T-418 de 2003. Sentencia de tutela 2� instancia N� 007 Radicaci�n: 660013109008 2023 00154 01 Accionante: Jair Antonio Tapasco L�pez Confirma P�gina PAGE 8 de NUMPAGES 8 ,-2 � � � % & ( ? �Ҿ������{cO8,hx_�hx_�CJOJPJQJ^JaJ nH tH &hx_�CJOJPJQJ^JaJ nH tH /h��h��5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH )hx_�5�CJOJPJQJ^JaJ nH tH ,h CJaJh�l#h� 6CJaJh�l#h�)'CJaJh�l#h)TCJaJ nv������ 45JKXY���� [ \ � � ��������������������������dgdBIIdgd�l# $da$gdBII���������3=CWgqry|�������ĵ�▇ӵx�hY���I�I h�yh~j]5�@���CJEH��aJ h�l#h5$�@���CJEH��aJ h�yht3+5�@���CJEH��aJ h�l#hdM @���CJEH��aJ h�l#h�f�@���CJEH��aJ h�l#hS =@���CJEH��aJ h�l#h�y5�@���CJEH��aJ h�l#hpgE@���CJEH��aJ h�l#h~j]@���CJEH��aJ h�l#h\�@���CJEH��aJ h�l#ht3+@���CJEH��aJ h�l#hJtS@���CJEH��aJ����� !,-.7ABX] ��˸���l�X�E�2�l$h�l#h1o@���CJEH��aJmH sH $h�l#h�E�@���CJEH��aJmH sH 'h�l#hM!O5�@���CJEH��aJmH sH $h�l#h~j]@���CJEH��aJmH sH $h�l#h\�@���CJEH��aJmH sH $h�l#h�nO@���CJEH��aJmH sH $h�l#hM!O@���CJEH��aJmH sH $h�l#hJtS@���CJEH��aJmH sH (h�d�hJtSCJ OJPJQJaJnH tH h�l#ht3+@���CJEH��aJ 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