Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Pereira

Radicado: 66001310700120230011801

Sala: SALA PENAL

Ponente: Carlos Alberto Paz Zúñiga

Fecha: 2024-01-24

Sujetos procesales: Ángela María Restrepo Franco

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(�) debemos recordar que la Corte Constitucional ha reiterado que la procedencia de la tutela se halla igualmente condicionada a la previa utilizaci�n de los mecanismos de defensa ordinarios contemplados en el ordenamiento jur�dico, y ha dejado claro que la acci�n de amparo como medio residual y subsidiario tampoco puede emplearse con el fin de reemplazar las figuras procesales destinadas a obtener la satisfacci�n de los derechos, ni puede subsanar el abandono o negligencia en hacer uso de ellas� TUTELA / SUBSIDIARIEDAD / UTILIZAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA Se deduce de lo anterior que si la parte afectada no ejerce las acciones legales o no utiliza los recursos establecidos en el ordenamiento jur�dico para salvaguardar sus derechos presuntamente amenazados o vulnerados, como aconteci� en este espec�fico caso, la tutela no tiene la virtualidad de revivir los t�rminos vencidos ni se convierte en un recurso adicional o supletorio de las instancias previstas en cada jurisdicci�n. Si bien, el abogado de la accionante se�ala que la acci�n de tutela es procedente para resolver la controversia planteada, en atenci�n a la edad y los escasos recursos econ�micos que tiene su prohijada, debe advertirse desde ya, que esa sola manifestaci�n, per se, no acredita la existencia de un perjuicio irremediable� REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024) Radicaci�n: 66001310700120230011801 Acta de Aprobaci�n No 063 Hora: 8:15 a.m. 1.- VISTOS Procede la Sala por medio de este prove�do a desatar la impugnaci�n interpuesta por el apoderado judicial de la se�ora �ngela Mar�a Restrepo Franco, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta capital, con ocasi�n de la acci�n de tutela instaurada en contra de la ESE Hospital Santa Teresita de P�cora (Cdas.), Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant�as Protecci�n S.A, Unidad de Gesti�n Pensional y Parafiscal -UGPP-, Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, Colpensiones, a la que fueron vinculados el Departamento de Caldas y la Direcci�n Territorial de Salud de Caldas. 2.- SOLICITUD Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el abogado de la accionante, se pueden concretar as�: (i) la se�ora ANGELA RESTREPO labor� como bacteri�loga rural en el Hospital Santa Teresita de P�cora, desde mayo 21 de 1979 a mayo 22 de 1980;

(ii) en la actualidad cuenta con 67 a�os de edad y se encuentra afiliada en la AFP Protecci�n, y cumple con las semanas requeridas para iniciar el proceso de solicitud de la pensi�n m�nima de garant�a; (iii) en mayo de 2021 inici� proceso de acreditaci�n del tiempo laboral, y el certificado CETIL acredita el tiempo prestado en la ESE Hospital Santa Teresita de P�cora;

(iv) la AFP Protecci�n ha informado que no se puede continuar el con el tr�mite porque hay inconsistencias en los tiempos acreditados por el Hospital de P�cora, que existen inconvenientes con la entidad encargada de realizar los pagos de dichos aportes pensionales, y que la entidad a cargo de dicho pago es Colpensiones; (v) inici� proceso de correcci�n de historia laboral en Colpensiones, pero la entidad emiti� respuesta en la cual indic� que el tiempo solicitado no era responsabilidad de Colpensiones sino de Protecci�n;

(vi) en julio de 2023 la AFP Protecci�n le inform� que el proceso de conformaci�n de la historia laboral ya se encuentra finalizado, por lo que le solicit� el env�o de cierta documentaci�n para continuar con el tr�mite de la solicitud de pensi�n de garant�a, y que la entidad a cargo del pago de los aportes era la Unidad de Gesti�n Pensional y Parafiscal UGPP;

(vii) la AFP Protecci�n, igualmente inform� que est� realizando las solicitudes ante la Oficina de Bonos Pensionales y la UGPP, con fecha de radicaci�n septiembre 25 de 2023; (viii) llevan m�s de 29 meses en el proceso de conformaci�n de la historia laboral, emisi�n y pago del bono pensional, lo que advierte que se han cumplido los tres meses que establece la ley para culminar con el tr�mite; y (ix) se trata de una persona de avanzada edad, que no labora, y no cuenta con ingresos o rentas, no tiene hijos, y su situaci�n financiera es delicada ya que tiene varias obligaciones crediticias atrasadas, por lo que la pensi�n se convierte en su �nica fuente de ingresos.

Pide en consecuencia la protecci�n de sus derechos fundamentales al debido proceso, petici�n, seguridad social y vida digna, y, en consecuencia, se ordene a las entidades accionadas finalizar el proceso de conformaci�n de su historia laboral, as� como el proceso de emisi�n, liquidaci�n, reconocimiento y pago del bono pensional. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- El despacho a-quo mediante auto de noviembre 09 de 2023 admiti� la demanda y corri� traslado al ESE Hospital Santa Teresita de P�cora (Caldas), a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant�as Protecci�n S.A, a la Unidad de Gesti�n Pensional y Parafiscal -UGPP-, al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, a Colpensiones.

Posteriormente; adicionalmente, se vincul� al Departamento de Caldas y la Direcci�n Territorial de Salud de Caldas. Las entidades se pronunciaron en los siguientes t�rminos: - La Directora Jur�dica de la UGPP manifest� que la solicitud por parte de la AFP Protecci�n fue objeto de respuesta mediante oficio de octubre 05 de 2023, y en ella se inform� la inexistencia de soportes de pago a la seguridad social en pensi�n durante el per�odo que se dice labor� la se�ora �NGELA RESTREPO en el Hospital Santa Teresita de P�cora.

Por tanto, la UGPP no puede asumir responsabilidades sobre la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad contenida en el RNA, como quiera que la misma se encuentra a cargo del Patrimonio Aut�nomo de Rentas de Cajanal, y antes a cargo de Cajanal. Solicita que se declare improcedente la acci�n de tutela por no existir acci�n u omisi�n atribuible a la UGPP. - La Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones indic� que es la AFP Protecci�n la entidad a cargo de adelantar las acciones tendientes a que se protejan los derechos fundamentales de la accionante.

Pide que se declare improcedente la acci�n de tutela, y que se desvincule a la AFP por falta de legitimaci�n en la causa por pasiva. - El apoderado judicial del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico expres� en cuanto al bono pensional tipo �A� que reclama la se�ora �NGELA RESTREPO, de acuerdo a la liquidaci�n provisional del Bono Pensional generada por el sistema interactivo en respuesta a la petici�n que fue presentada por Protecci�n en noviembre 08 de 2023, y de conformidad a la informaci�n presentada hasta la fecha, tanto por Colpensiones como por Protecci�n, concurrir�a como emisor �nico y contribuyente el Departamento de Caldas, seg�n certificado CETIL No 202307890801517000990006 de julio 18 de 2023 expedida por el Hospital Santa Teresita de P�cora.

Certificaci�n que modific� la informaci�n que previamente hab�a emitido la entidad empleadora en relaci�n con el responsable de los tiempos relacionadas en la certificaci�n, por cuanto en certificado expedido en enero 18 de 2022, se se�alaba que el Patrimonio Aut�nomo de la Direcci�n Territorial de Salud de Caldas, objet� su partici�n en el bono pensional, con el argumento que: �LA SE�ORA RESTREPO FRANCO NO ES BENEFICIARIA DEL EXTINTO FONDO DEL PASIVO PRESTACIONAL DEL SECTOR SALUD Y PUEDE INFERIRSE QUE NO FUERON FINANCIADOS POR EL CONTRATO DE CONCURRENCIA�.

Lo anterior, por cuanto los tiempos laborados por la accionante en el hospital desde mayo 16 de 1979 hasta agosto 31 de 1979 con �supuestos� aportes a Cajanal, no pueden ser incluidos en la liquidaci�n del bono pensional, por cuanto lo establecido en el par�grafo del art�culo 115 de la ley 100/93, para que los tiempos con aportes a pensi�n puedan ser incluidos en la liquidaci�n de un bono por tiempo, sin aportes a pensi�n -como el caso de estudio-, aquellos deben sumar como m�nimo 150 semanas, lo cual no ocurre en el caso de la se�ora �NGELA RESTREPO, dado que al revisar el tiempo certificado, se establece que los tiempos cotizados solo ascienden a 38.71 semanas, siendo insuficiente para que el mismo pueda ser incluido dentro de los tiempos v�lidos para liquidar el bono pensional.

Solicita que se declare la improcedencia de la acci�n de tutela, por inexistencia de la obligaci�n. - El gerente del Hospital Santa Teresita de P�cora, Caldas, manifest� que actualmente es una entidad descentralizada del orden municipal que surgi� a la vida jur�dica en el a�o 1998 por Acuerdo Municipal de noviembre 26 de 1998, por cuanto antes de esa fecha los hospitales no contaban con personer�a jur�dica y depend�an administrativamente de la seccionales de salud y los departamentos, quienes asum�an el pago de algunas obligaciones de contenido econ�mico.

El tiempo de servicios que se alega en la acci�n de tutela corresponde al per�odo comprendido entre mayo 16 de 1979 hasta mayo 22 de 1980, por tanto, la entidad que representa no hab�a surgido a la vida jur�dica. Siendo as�, el antiguo Hospital Santa Teresita era manejado por el Departamento de Caldas y la Seccional de Salud Caldas, y ninguna norma impuso a las nuevas ESE la obligaci�n de pagar los pasivos prestaciones del sector salud, ocasionados o causados por el personal de aquellas con antelaci�n a diciembre 31 de 1993, fecha de entrada en vigencia de la ley 100/93.

En todo caso, de acuerdo a la reglamentaci�n, el tempo laborado hasta 31 de enero de 1967 los asume el Departamento de Caldas. De febrero 01 de 1967 a diciembre 31 de 1978 lo asume Cajanal, seg�n contrato firmado entre dicha entidad y el Departamento de Caldas. Y de enero 01 de 1979 a junio 30 de 1995 se financia con recursos del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, seg�n contrato de concurrencia y de conformidad con el listado de beneficiarios avalado mediante Resoluci�n 02937 de noviembre 20 de 2000 firmado por el Ministerio de Salud. - El representante legal judicial de Protecci�n indic� que la entidad hospitalaria certific� que el responsable de los per�odos mencionados es el Patrimonio Aut�nomo Direcci�n Territorial de Salud de Caldas.

Ante la inconsistencia que se ha presentado con la emisi�n del bono pensional, la AFP ha utilizado la v�a judicial, tendiente a que por v�a de tutela se corrija la historia laboral; empero, la decisi�n por v�a de tutela no fue favorable a pretensiones. Por lo anterior, se le ha manifestado a la accionante que hasta tanto se presente la historia laboral completa y se acredite en la cuenta de ahorro individual todos los aportes a pensi�n obligatoria, junto al valor del bono pensional, se continuar� con la radicaci�n de la solicitud de la prestaci�n econ�mica por vejez. - El Subdirector Jur�dico de la Direcci�n Territorial de Salud de Caldas expres� que frene al per�odo comprendido entre septiembre 01 de 1979 hasta mayo 22 de 1980, el contrato de concurrencia No 083 de 2001, suscrito entre el ministerio de Salud, Departamento de Caldas, Municipio de Manizales y el Hospital, tiene como objeto primordial y esencial el pago de la deuda prestacional correspondientes a los funcionarios y ex funcionarios del sector salud, reconocidos como beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, mediante Resoluci�n No 2937 de noviembre 20 de 2000.

Dicho contrato se celebr� espec�ficamente y limitadamente para cubrir los per�odos de septiembre 01 de 1979 hasta diciembre 31 de 1993, respecto a aquellos ciudadanos que ostentan la calidad de activos (bono pensional), jubilados (pensiones) y cesant�as. Es Decir, solo quienes hayan laborado al 31 de diciembre de 1993 tendr�n derecho a las partidas que el Patrimonio Aut�nomo tiene dispuestas dentro de las reservas pensionales y de activos, y solo aquellos que est�n pensionados a diciembre 31 de 1993 tendr�n derecho a las partidas que el Patrimonio Aut�nomo tenga dispuestas dentro de las reservas de jubilados.

Revisado el listado de beneficiarios del extinto fondo del pasivo prestacional del sector salud, se observ� que la se�ora �NGELA RESTREPO no fue reportada como beneficiaria, lo que implica que dentro del Patrimonio Aut�nomo no reposa partida presupuestal para cancelar el bono pensional causado. - El apoderado judicial del Departamento de Caldas manifest� que el certificado CETIL emitido por el Hospital Santa Teresita de P�cora fue emitido por la entidad de manera incorrecta y el tiempo asignado al Departamento de Caldas carece de soporte, y no se ajusta a lo establecido en el numeral 2.3 del art�culo 2.2.16.7.4 del Decreto 1833/16.

Luego, si la certificaci�n que dio origen a la liquidaci�n, no releja con exactitud la realidad de la historia laboral del funcionario, por cuanto no fue expedida por el funcionario competente para tal fin, y por tanto, descarga responsabilidad a una entidad que no la tiene, claramente ese no es el documento id�neo para efectuar liquidaci�n, y mucho menos un cobro.

Pide que se desvincule a la Gobernaci�n de Caldas de la presente acci�n de tutela. 3.2.- Agotado el tr�mite a seguir en fallo de noviembre 23 de 2023 y dentro del t�rmino constitucional, el juez a quo declar� improcedente la acci�n de tutela promovida por la se�ora �NGELA MAR�A RESTREPO FRANCO por intermedio de apoderado judicial, como quiera que no se cumple con la subsidiariedad de la acci�n de tutela.

En este asunto, estamos ante un escenario que desborda la capacidad de intervenci�n del juez de tutela, pues se trata de un conflicto litigioso que exige an�lisis reglamentarios y de amplio caudal probatorio; por lo que el accionante debe acudir a la jurisdicci�n dise�ada para zanjar el tipo de asunto que puso en consideraci�n del juez constitucional. 4.- IMPUGNACI�N El apoderado judicial del accionante se mostr� inconforme con la decisi�n, a cuyo efecto la impugn� y solicit� que se revoque el fallo.

As� argument�: Sobre lo manifestado por parte del juzgado en el que argumenta que la acci�n de tutela no es el mecanismo id�neo para la soluci�n de este conflicto, debe entenderse claramente que esta acci�n s� es el m�todo m�s id�neo, toda vez que se busca la protecci�n del derecho fundamental al debido proceso. En este asunto la entidad dispon�a de tres meses para resolver la solicitud, y aunque el proceso inici� desde mayo de 2021, las entidades accionadas no dan garant�a alguna del derecho que se reclama.

El problema en la acci�n de tutela no se centra en debatir si le asiste o no el derecho al pago del tiempo prestado como bacteri�loga, por cuanto ese derecho ya se encuentra certificado y acreditado como lo comprueba el certificado CETIL expedido por la ESE Hospital Santa Teresita de P�cora. El problema que se presenta ahora es por la negligencia y falta de claridad de las entidades encargadas, al desconocerse el pago, lo que vulnera el beneficio a la pensi�n a la cual tiene derecho la se�ora �NGELA RESTREPO.

De acuerdo con el certificado CETIL, Protecci�n es la responsable de adelantar los requerimientos necesarios con el fin de que las entidades involucradas paguen y garanticen los bonos pensionales de sus afiliados, por cuanto lo que se busca es el reconocimiento de una pensi�n de vejez, por lo que resulta negligente que desde el mes de mayo de 2021 se hubiera iniciado el proceso y a la fecha no se ha resuelto nada.

Sobre la protecci�n por v�a de tutela en temas de bonos pensionales, la Corte Constitucional se pronunci� en sentencia T-0795/07. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo dictado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, de acuerdo con las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema jur�dico planteado Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en la sentencia impugnada, en cuanto declar� improcedente la acci�n constitucional presentada por la se�ora �NGELA MAR�A RESTREPO FRANCO por intermedio de apoderado judicial.

De conformidad con el resultado, se proceder� a tomar la determinaci�n pertinente, ya sea convalidando la decisi�n, revoc�ndola o modific�ndola. 5.2.- Soluci�n a la controversia La acci�n de tutela ha sido por excelencia el mecanismo m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todos los ciudadanos sin discriminaci�n alguna.

En este caso la se�ora �NGELA RESTREPO concurre ante el juez constitucional por intermedio de apoderado judicial, con la finalidad de que se ordene a las entidades accionadas finalizar el proceso de conformaci�n de su historia laboral, as� como el proceso de emisi�n, liquidaci�n, reconocimiento y pago del bono pensional. El titular del juzgado de primer nivel, luego de agotado el traslado de la acci�n de tutela, y una vez recibida la respuesta de las entidades accionadas, declar� improcedente la acci�n de tutela, especialmente por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.

Frente a esos t�picos el accionante manifest� en el recurso de impugnaci�n que, que se configura una vulneraci�n del debido proceso, toda vez que han transcurrido varios meses y ninguna de las entidades accionadas ha procedido a reconocer cu�l de ellas debe emitir el bono pensional, pese a que existe un certificado que reconoce que a la se�ora �NGELA RESTREPO le asiste el derecho al pago del tiempo que labor� como bacteri�loga en el Hospital Santa Teresita de P�cora.

Adem�s, la AFP Protecci�n no ha asumido su responsabilidad frente a las reclamaciones que debe realizar ante las entidades respectivas. Conforme a lo anterior, debemos recordar que la Corte Constitucional ha reiterado que la procedencia de la tutela se halla igualmente condicionada a la previa utilizaci�n de los mecanismos de defensa ordinarios contemplados en el ordenamiento jur�dico, y ha dejado claro que la acci�n de amparo como medio residual y subsidiario tampoco puede emplearse con el fin de reemplazar las figuras procesales destinadas a obtener la satisfacci�n de los derechos, ni puede subsanar el abandono o negligencia en hacer uso de ellas de la manera y dentro de los t�rminos previstos en la ley.

Al respecto el M�ximo Tribunal Constitucional dijo: �5. En relaci�n con la omisi�n de utilizar los medios alternativos de defensa judicial, esta Corporaci�n ha precisado lo siguiente: � �Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos.

De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove�dos sobre los cuales el interesado no ejerci� recurso constituya transgresi�n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi�n propicia. Es in�til, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop�sito de resarcir los da�os causados por el propio descuido procesal.� � En el mismo sentido, la sentencia T-924 de 2002 HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-778-12.htm" \l "_ftn4" \o "" �reiter�: � �Dado que la falta de reacci�n oportuna del presunto afectado, ante el quebrantamiento de sus derechos fundamentales, dentro de una actuaci�n determinada, imprime firmeza a las decisiones, y la existencia de un medio judicial apropiado hace innecesaria e impertinente la intervenci�n del juez constitucional. � Sobre la necesidad de que las partes utilicen dentro de los diferentes procedimientos los recursos que el ordenamiento prev�, con miras al restablecimiento de los derechos fundamentales conculcados, resulta pertinente resaltar que la acci�n de tutela corrige la arbitrariedad y el capricho del juzgador, siempre que el afectado no haya contribuido a la consumaci�n de la actuaci�n inconstitucional.

Puesto que resulta inadmisible premiar con una nueva oportunidad a quien advirtiendo la incorrecci�n deja de recurrir la providencia, para controvertirla ante el juez de tutela, una vez terminado el proceso, y atendiendo al resultado de la confrontaci�n. � Porque de permitirse la prosperidad de tales pr�cticas, se estar�an quebrantando gravemente los derechos fundamentales que el juez constitucional est� en el deber de salvaguardar, puesto que se revivir�an debates previa y debidamente definidos perpetuando los conflictos en perjuicio de la confianza y la firmeza que un orden justo reclama de las decisiones judiciales.� Se deduce de lo anterior que si la parte afectada no ejerce las acciones legales o no utiliza los recursos establecidos en el ordenamiento jur�dico para salvaguardar sus derechos presuntamente amenazados o vulnerados, como aconteci� en este espec�fico caso, la tutela no tiene la virtualidad de revivir los t�rminos vencidos ni se convierte en un recurso adicional o supletorio de las instancias previstas en cada jurisdicci�n. Si bien, el abogado de la accionante se�ala que la acci�n de tutela es procedente para resolver la controversia planteada, en atenci�n a la edad y los escasos recursos econ�micos que tiene su prohijada, debe advertirse desde ya, que esa sola manifestaci�n, per se, no acredita la existencia de un perjuicio irremediable, por cuanto ello requiere un an�lisis m�s profundo en cuanto a cu�les son las circunstancias que lo rodena y qu� tan urgente debe ser la intervenci�n del juez de tutela.

Se suma a lo anterior, que no se puede considerar acreditado tal perjuicio con la manifestaci�n del apoderado judicial de la accionante que la falta de resoluci�n por parte de las demandadas causa una situaci�n econ�mica grave a la se�ora �NGELA RESTREPO, pues no se prob� al menos sumariamente de qu� manera se est� afectando su m�nimo vital con el tr�mite que actualmente se adelanta, si claramente lo que se busca a trav�s de esta acci�n constitucional es el reconocimiento de un bono pensional el cual permitir� completar las semanas cotizadas necesarias para poder reclamar una pensi�n de vejez, es decir se trata de circunstancias a posteriori, lo que advierte que la situaci�n econ�mica que actualmente registra la accionante no se deriva precisamente del tr�mite que se adelanta, toda vez que no le ha sido reconocida a�n la prestaci�n econ�mica, y claramente lo que se presenta en su caso es una expectativa frente a la posibilidad de acceder a una pensi�n de vejez.

Ahora, igualmente le asiste raz�n al juez de primera instancia cuando se�ala que en este asunto existe una controversia litigiosa que no puede resolver el juez de tutela en el t�rmino perentorio que dispone la ley para fallar por v�a de tutela, toda vez que existe oposici�n por parte de todas las entidades accionadas en cuanto a la responsabilidad que recae en cada una de ellas, y sin duda alguna ese problema jur�dico requerir�a de un estudio a profundidad con el respectivo debate probatorio, tema que indudablemente contar� con un t�rmino m�s ampli� para su estudio ante la jurisdicci�n ordinaria.

As� las cosas, y como quiera que las pretensiones de la accionante tienen como finalidad el reconocimiento de un bono pensional, debe reiterarse que este mecanismo es igualmente improcedente cuando se trata de dirimir asuntos de naturaleza econ�mica. A ese respecto se ha indicado por la Corte Constitucional: �La Corte Constitucional�ha entendido como regla general, que el �nico objeto de la acci�n de tutela es la protecci�n efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos fundamentales.

De esta manera, se ha entendido que el presente mecanismo es improcedente para dirimir conflictos de naturaleza econ�mica que no tengan trascendencia iusfundamental,�pues la finalidad del amparo constitucional es servir de instrumento de salvaguarda iusfundamental, m�s no como mecanismo encaminado a resolver controversias de estirpe contractual y econ�mico, por cuanto para esta clase de contiendas, existen en el ordenamiento jur�dico las respectivas acciones y recursos judiciales previstos por fuera de la jurisdicci�n constitucional.

Los �nicos casos en que excepcionalmente la acci�n de tutela pueda llegar a desatar pretensiones y conflictos de tipo econ�mico o contractual, es porque consecuencialmente concurre la defensa de una garant�a fundamental, de manera que, para lograr su efectiva protecci�n, el juez de tutela debe definir aquellas controversias�. En ese orden de ideas, ninguna circunstancia excepcional se percibe que lleve a estimar que la intervenci�n de la justicia constitucional se haga indispensable, toda vez que no se vislumbra la inminencia, urgencia y gravedad de la situaci�n presentada; en consecuencia, se debe acompa�ar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad.

En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida en noviembre 23 de 2023 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, que declar� improcedente la acci�n de tutela invocada por la se�ora �NGELA MAR�A RESTREPO FRANCO contra la ESE Hospital Santa Teresita De P�cora (Cdas.), Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant�as Protecci�n S.A, Unidad de Gesti�n Pensional y Parafiscal -UGPP-, Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, Colpensiones, fueron vinculadas el Departamento de Caldas y la Direcci�n Territorial de Salud de Caldas.

SEGUNDO: Por secretar�a se remitir� el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado  Sentencia T-778/12.  Sentencia T-903 de 2014.     Sentencia de tutela 2� instancia N� 009 Radicaci�n: 660013107 001 2023 00118 01 Accionante: �ngela Mar�a Restrepo Franco Confirma P�gina  PAGE 9 de  NUMPAGES 9 ABCN^y ~ n o p q w z � ���������mX�E/+hsd"h�j�5�CJOJQJ^JaJmH sH %h�j�5�CJOJQJ^JaJmH sH (h~ BhbycCJOJQJ^JaJmH sH (h�+_h~ BCJOJQJ^JaJmH sH (h�+_h�+_CJOJQJ^JaJmH sH (h~ Bh�+_CJOJQJ^JaJmH sH (h~ Bh~ BCJOJQJ^JaJmH sH "h�+_CJOJQJ^JaJmH sH +hsd"hbyc5�CJOJQJ^JaJmH sH +hsd"hsd"5�CJOJQJ^JaJmH sH Bp q � ��������$>?���������������������������dgdbyc $da$gdbyc $d�a$gdbycd�gd5X�d�gd�j�d�gd�+_d�gd~ B� � � ���������$������o�`F2F%hbychbycaJmH sH 'hbychbyc5�CJ OJQJaJ mH sH 3hbychbyc5�:�B*CJ OJQJaJ mH phsH hbychbycCJaJ mH sH 4jhbychbycPJU^JaJmHnHsH tH u hbychbyc5�CJaJ mH sH (h~ BhbycCJOJQJ^JaJmH sH "h5X�CJOJQJ^JaJmH sH (h5X�h5X�CJOJQJ^JaJmH sH +hsd"hsd"5�CJOJQJ^JaJmH sH %h�ZY5�CJOJQJ^JaJmH sH $>?GHNUVWXYZ]cntz{��������������ʿ�ʿ��ʞ��������}ujbj}W�}hbychgCJ^JhbycCJ^JhbychbycCJ^Jh,X�CJ^Jhbych,X�CJ^JhbychI,:CJ^Jhbych��CJ^Jhbych�Y�CJ^Jhbych 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