Micelio

AUTO — Tribunal Superior de Pereira

Radicado: 66001600003620205263500

Sala: SALA PENAL

Ponente: Carlos Alberto Paz Zúñiga

Fecha: 2024-01-16

Sujetos procesales: MVEG

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PREVARICATO POR OMISI�N / TIPO PENAL DE CONDUCTA ALTERNATIVA / CARACTER�STICAS De acuerdo con lo predicado por la H. Corte Suprema, el prevaricato por omisi�n es un tipo penal de conducta alternativa, que se realiza cuando el servidor p�blico retarda, reh�sa, omite o deniega un acto propio de sus funciones, y esencialmente doloso, caracterizaci�n que implica que el comportamiento del sujeto agente debe ser consciente y deliberado.

Consciente, en cuanto debe tener conocimiento cierto de que con su accionar est� contrariando a la ley, y deliberado en cuanto requiere de la voluntad de inobservar el deber funcional que le compete como servidor p�blico, encontr�ndose en condiciones de proceder conforme a derecho. REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, diecis�is (16) de enero de dos mil veinticuatro (2024) Acta de aprobaci�n No 028 Primera instancia Radicaci�n: 66001600003620205263500 Indiciada: MVEGC�dula de ciudadan�a:Delito:Prevaricato por omisi�n.Asunto:Decide solicitud de preclusi�n. SE CONCEDE El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Dual, pronuncia la decisi�n en los siguientes t�rminos: 1.- hechos Y ACTUACI�N PROCESAL 1.1.- El ciudadano CARLOS HUMBERTO MART�NEZ OSPINA formul� denuncia penal en contra de la Dra. MVEG, en su condici�n de Fiscal� Seccional de esta capital, con ocasi�n de la solicitud de preclusi�n por atipicidad que esta elev� en favor de los se�ores JAIRO SANTANA CARDONA y JHONY ALEX�NDER LINCE CARMONA, ingenieros investigadores del CTI de la Fiscal�a, quienes hab�an sido denunciados por haber incurrido en el delito de falso testimonio en curso del juicio oral que se adelant� en el proceso penal seguido contra el se�or MART�NEZ OSPINA, petici�n que fue admitida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta capital en noviembre 06 de 2020.

Estim� el quejoso que no se realiz� una debida investigaci�n por parte de la funcionaria para reclamar la preclusi�n en favor de los aludidos servidores, quien la solicit� con el fin de favorecerlos, al existir pruebas que acreditan que incursionaron en el delito de falso testimonio. 1.2.- Con fundamento en lo anterior, el delegado de la Fiscal�a Primera Delegada ante esta Corporaci�n se puso a la tarea de incorporar los elementos de conocimiento para establecer si en cabeza de la referida fiscal se incurri� en la conducta endilgada y para tal efecto, entre otros: (i) escuch� de manera virtual en ampliaci�n de denuncia al se�or CARLOS HUMBERTO MART�NEZ OSPINA, quien se ratific� en lo expuesto;

(ii) se obtuvo copia del acta de la preclusi�n ordenada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira -con sus respectivos registros de audio y video-; (iii) se recibi� copia escaneada de la actuaci�n adelantada ante la Fiscal�a 28 Seccional de Pereira, en contra de JAIRO SANTANA y ALEX�NDER LINCE, en 446 folios, y (iv) se aport� la tarjeta de preparaci�n de la c�dula de la funcionar�a y certificado del �rea de Talento Humano que da cuenta de la funci�n que para la fecha del hecho desempe�aba la Dra. MVEG -como Fiscal 28 Seccional, cargo que ocupaba para ese momento -. 1.3.- Con soporte en las pruebas recaudadas, el delegado de la Fiscal�a General de la Naci�n, en audiencia celebrada en noviembre 03 de 2023, procedi� a solicitar ante esta Corporaci�n que se decrete la preclusi�n en favor de la exfiscal MVEG, por atipicidad de la ilicitud y para ello esgrimi�: Luego de hacer alusi�n a la situaci�n f�ctica planteada por el se�or MART�NEZ OSPINA, quien considera que los ingenieros JAIRO SANTANA y JOHNY ALEX�NDER LINCE incurrieron en falso testimonio en curso del juicio que se adelant� en su contra -lo relativo al haberse apagado un equipo de c�mputo port�til, el n�mero de evidencias encontradas y el referirse a unas que fueron excluidas-, as� como al tr�mite de preclusi�n elevada en favor de los mismos por la fiscal investigada, sostuvo que esta no encontr� irregularidad alguna de parte de los peritos investigadores y que por el contrario sus actuaciones fueron valoradas sin cuestionamiento alguno por el juez de conocimiento, quien les otorg� credibilidad para fundar con ellos el fallo de condena contra MART�NEZ OSPINA, y que confirmara el Tribunal.

Destaca, como all� lo sostuvo la fiscal investigada, el proceder repetitivo e irreflexivo de MART�NEZ OSPINA para fundar inconformidad contra todo funcionario que haya intervenido en su proceso y que permitiera apoyar una circunstancia jur�dica adversa a sus intereses, en tanto han sido m�s de 200 denuncias contra funcionarios de la rama judicial y afines vinculados al asunto.

La manifestaci�n del denunciante no est� sustentada en argumento m�s all� de su disenso por las versiones de quienes fungieron como testigos en el proceso donde fue condenado, y las actividades que estos desarrollaron como miembros del CTI, luego de ser valoradas y discutidas en juicio, por lo que de ninguna manera se puede predicar por parte de la fiscal que solicit� la preclusi�n la existencia de conducta penal relevante, si se tiene como at�pica la intervenci�n de los se�ores SANTANA y LINCE.

Carece igualmente de argumento la posible incursi�n en un delito de fraude procesal, dada la expectativa de generar error en el juez que dict� la sentencia, ya que sus argumentos carecen de respaldo, pues las diligencias ense�an que el proceder de los investigadores lo fue conforme a derecho, y sus actuaciones fueron formalizadas ante juez con funci�n de garant�as, adem�s de actuar con absoluta correspondencia entre lo verificado por ellos y lo declarado en juicio, lo que desvirt�a la censura del falso testimonio.

En ese orden, no puede pregonarse como penalmente relevante la actuaci�n de la Fiscal 28 Seccional en el tr�mite de la preclusi�n elevada, ya que una vez constatado el comportamiento de los denunciados dentro del proceso penal que concluy� con la condena contra MARTINEZ OSPINA, ello le bastaba para proceder como en derecho lo hizo. Lo que pretende el denunciante es que la Fiscal�a reviva discusiones de car�cter probatorio en un escenario ajeno, dada la multiplicidad de denuncias -frente a fiscales, jueces, magistrados, procuradores-, que solo han conducido a un desgaste institucional, de ah� que no es posible decir, en los t�rminos formulados por la fiscal al pedir preclusi�n, que incurri� en actos contrarios a su funci�n constitucional.

V�ase que lo ocurrido en curso del allanamiento e incautaci�n de elementos y las manifestaciones de los testigos en juicio, lo valor� el juez que emiti� el fallo de condena, sin haber reserva alguna sobre su legalidad, alcance y contenido, lo que tambi�n estudi� la juez al decretar la preclusi�n, donde hizo un pormenorizado examen de la actividad de los funcionarios del CTI.

Mal puede decirse entonces que la Fiscal 28 Seccional obr� contra derecho, al pedir la terminaci�n del proceso ante la inexistencia de un hecho penalmente relevante por parte de los investigadores denunciados por CARLOS HUMBERTO MART�NEZ, y por consiguiente ante la manifiesta atipicidad de la conducta de la entonces fiscal MVEG pide se decrete la preclusi�n en su favor. 1.4.- Las dem�s partes e intervinientes con legitimaci�n e inter�s en participar en este asunto -apoderado de v�ctimas, defensor y la indiciada MVEG- al un�sono esbozaron que compart�an las argumentaciones presentadas por el se�or fiscal con miras a obtener por parte de la judicatura la preclusi�n de esta actuaci�n preliminar. -.

Luego de culminadas las intervenciones, el asunto pas� a despacho para la toma de la decisi�n de fondo que en derecho corresponda, y a ello se procede en los siguientes t�rminos: 2.- Para resolver, se considera 2.1.- Competencia La tiene esta Colegiatura de conformidad con el fuero especial que establece el inciso segundo del art�culo 34 de la Ley 906/04, al tener la persona indiciada la calidad de Juez Municipal para la fecha de ocurrido el hecho atribuido. 2.2.- Problema jur�dico planteado Se contrae b�sicamente a establecer si tiene fundamento la solicitud de preclusi�n presentada ante este Tribunal por parte del delegado de la Fiscal�a General de la Naci�n a favor de la indiciada Dra. MVEG, con sustento en la atipicidad objetiva del comportamiento atribuido. 2.3.- Soluci�n a la controversia En este evento en particular, el delegado fiscal ante esta Corporaci�n pretende el archivo definitivo de la actuaci�n preliminar adelantada en contra de la Dra. MVEG, con fundamento en la causal �atipicidad del hecho investigado�, para cuyo efecto sostuvo en esencia que la argumentaci�n que esta elev� ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta capital para argumentar una preclusi�n en favor de los investigadores del CTI, JAIRO SANTANA CARDONA y JHONY ALEX�NDER LINCE CARMONA, fue ajustada a derecho y acorde con el an�lisis de la informaci�n contenida en el proceso penal que se adelant� contra CARLOS HUMBERTO MART�NEZ OSPINA, as� como lo narrado en juicio por los denunciados, actuaci�n donde a la postre se dict� un fallo adverso a los intereses de este �ltimo y tales declaraciones se tuvieron como cre�bles.

No obstante, en sentir del denunciante, la fiscal no realiz� una debida investigaci�n para determinar, como as� lo considera el mismo desde su particular punto de vista, que los investigadores s� incursionaron en la conducta de falso testimonio y que por consiguiente la preclusi�n se pidi� con miras a favorecerlos. De conformidad entonces con la situaci�n f�ctica esgrimida por el representante del �rgano persecutor, la conducta en la que presuntamente y en principio pudo incursionar la funcionaria judicial es la de prevaricato por omisi�n que se encuentra tipificada en C�digo Penal en su art�culo 414, cuyo tenor literal es el siguiente: �El servidor p�blico que profiera, omita, retarde, reh�se o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrir� en prisi�n de treinta y dos (32) a noventa (90) meses de prisi�n, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios m�nimos legales mensuales vigentes, e inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas por sesenta (60) meses�; dispositivo que pretende resguardar el bien jur�dico de la Administraci�n P�blica, el cual, como desde otrora lo ha considerado la jurisprudencia nacional: �[�] protege diversos valores propios de la actividad estatal; en realidad, tiene una significaci�n estrecha con el funcionamiento del sistema, con la forma c�mo se act�a y c�mo se ejecutan las decisiones p�blicas.

No por otra raz�n, los tipos penales vinculados con el bien jur�dico de la administraci�n p�blica protegen el inter�s general, la igualdad, moralidad, eficacia, econom�a, celeridad, imparcialidad y publicidad, que son entre otros, valores esenciales de la administraci�n p�blica, a m�s de sus bienes materiales�. Del texto del tipo penal se desprende que contiene los siguientes elementos objetivos: (i) un sujeto activo calificado, servidor p�blico, y (ii) que profiera, omita, retarde o reh�se un acto propio de sus funciones.

La condici�n de servidora p�blica de la Dra. MVEG para la fecha de los hechos fue acreditada en el dosier, donde se da cuenta que se desempe�aba como titular de la Fiscal�a 28 Seccional de Pereira, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administraci�n P�blica cargo que asumi� desde marzo 1� de 2015, cuando fue reubicada por la Subdirecci�n Seccional de Apoyo a la Gesti�n de la Direcci�n Seccional de Risaralda de la Fiscal�a General de la Naci�n. De acuerdo con lo predicado por la H. Corte Suprema, el prevaricato por omisi�n es un tipo penal de conducta alternativa, que se realiza cuando el servidor p�blico retarda, reh�sa, omite o deniega un acto propio de sus funciones, y esencialmente doloso, caracterizaci�n que implica que el comportamiento del sujeto agente debe ser consciente y deliberado.

Consciente, en cuanto debe tener conocimiento cierto de que con su accionar est� contrariando a la ley, y deliberado en cuanto requiere de la voluntad de inobservar el deber funcional que le compete como servidor p�blico, encontr�ndose en condiciones de proceder conforme a derecho. En esa direcci�n, el �rgano de cierre ha se�alado que ni siquiera cabe la posibilidad del prevaricato por omisi�n con dolo eventual.

A ese respecto textualmente se dijo: �[�] se representa la posibilidad de realizaci�n del tipo penal y la acepta interiormente, lo que incluye aceptar el resultado de su conducta, conformarse con�, es evidente que una tal caracterizaci�n no se aviene en lo m�s m�nimo al elemento subjetivo que demanda el prevaricato, pues, siendo este un tipo penal de mera conducta, es claro que basta el simple comportamiento del agente, independientemente de las consecuencias que �l apareje, para que se tenga por punible.

No exige el prevaricato un determinado resultado y siendo ello as�, el dolo eventual deviene incompatible con la naturaleza de dicho delito, lo contrario ser�a pretender que en todo proferimiento de una decisi�n fuera impl�cito el riesgo de que resulte contraria a derecho y que tal posibilidad se aceptare, se estuviere ante un dolo eventual�. -negrillas excluidas-.

En este asunto en particular, se tiene que el se�or CARLOS HUMBERTO MART�NEZ OSPINA, formul� denuncia penal en febrero 21 de 2012, en contra de los investigadores del CTI, JAIRO SANTANA CARDONA y JHONY ALEX�NDER LINCE CARMONA, al considerar que faltaron a la verdad en desarrollo de los testimonios que rindieron en el juicio oral que se adelant� en su contra ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira (Rda.), donde se emiti� sentencia de condena en junio 26 de 2012, habi�ndosele sentenciado a una pena de 15 a�os de prisi�n y multa de $35.885.200,oo al haber sido hallado responsable, en primera instancia, por los il�citos de acceso carnal violento en concurso con la utilizaci�n o facilitaci�n de medios de comunicaci�n para ofrecer actividades sexuales con persona menor de 18 a�os de edad.

La investigaci�n, inicialmente le fue asignada a la Fiscal�a 14 Seccional de esta capital, donde se dispusieron las respectivas �rdenes a Polic�a Judicial, con el fin de recopilar los elementos de prueba pertinentes, entre ellos, los registros del proceso 660016000105-2011-00014 que se surti� contra MAR�NEZ OSPINA, las actas de allanamiento, registro e incautaci�n, as� como los informes de los peritos denunciados, se escuch� en entrevista a MAR�A LILIANA OSPINA POSSO, madre de MART�NEZ OSP�NA, as� como a quien fuera su defensor, Dr. ORLANDO GUTI�RREZ GUERRERO, se obtuvo el fallo de condena proferido en junio 26 de 2012 por el Juzgado Primero Penal del Circuito, as� como la orden de allanamiento de agosto 17 de 2011, y su pr�ctica llevada a cabo en agosto 23, e igualmente los informes de laboratorio, entre otros.

Luego de ello en septiembre 09 de 2015, solicit� la realizaci�n de audiencia para sustentar la preclusi�n en favor de los servidores denunciados, por atipicidad de la conducta. De lo anterior, puede decirse en principio, que contrario a lo sostenido por el denunciante, la Fiscal�a s� recopil� la informaci�n que en su sentir le era suficiente para establecer si por parte de los se�ores JAIRO SANTANA y ALEX�NDER LINCE, se hab�a cometido o no el punible de falso testimonio, y a la saz�n, que al no encontrar configurado tal il�cito, procedi� a sustentar en noviembre 05 de 2015, ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, la preclusi�n en favor de los mismos por atipicidad.

En curso de tal actuaci�n, la Delegada del ente acusador, Dra. MVEG, ahora denunciada, expuso con fundamento en los elementos de prueba recaudados que no existi� un accionar penalmente relevante en la que estuvieran inmersos los servidores del CTI, es decir, no cometieron fraude procesal, al no hacer incurrir en error a funcionario judicial alguno, no faltaron a la verdad bajo juramento en la audiencia de juicio oral ni cometieron prevaricato por acci�n, toda vez que los allanamientos que efectuaron y los an�lisis a los equipos estaban debidamente autorizadas y posteriormente fueron declaradas legales por un juez con funci�n de control de garant�as, por lo que al estar en presencia de una conducta at�pica pidi� su preclusi�n, como en efecto as� lo dispuso la titular del Juzgado Cuarto Penal del Circuito, mediante auto de diciembre 18 de 2015, contra el cual se mostr� inconforme el se�or CARLOS HUMBERTO MART�NEZ, quien interpuso recurso de reposici�n y en subsidio de apelaci�n, sin que se hubiera modificado la decisi�n respectiva, por lo cual se remiti� la actuaci�n a esta Corporaci�n para desatar la alzada.

Fue as�, que por auto de febrero 05 de 2016, esta Corporaci�n con ponencia del Dr. MANUEL YARZAGARAY BANDERA -hoy separado del conocimiento de este asunto-, decret� la nulidad de lo actuado, al considerar que lo expuesto en sede de alzada y al confrontarlo con la apelaci�n que tanto MART�NEZ OSPINA como su defensor interpusieron contra el fallo de condena, se evidencian escenarios comunes donde se formulan reproches frente a los investigadores JAIRO SANTANA y JHONY ALEX�NDER LINCE, por lo cual f�cil es concluir que lo que se decida en la apelaci�n del fallo de condena tendr�a incidencia en la preclusi�n, y ello ameritaba que la a-quo acudiera al fen�meno de la prejudicialidad, dada la incidencia que la decisi�n de la Sala al desatar el recurso de apelaci�n contra el fallo puede tener en este asunto, pero al no haberlo hecho, el Tribunal dispuso la suspensi�n del mencionado tr�mite por el lapso de un a�o. Una vez la Sala profiri� sentencia de segunda instancia en junio 25 de 2019, por medio del cual confirm� el fallo de primer nivel emitido contra el se�or MART�NEZ OSPINA, al quedar en firme, por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito mediante prove�do de noviembre 06 de 2020, se decret� la preclusi�n de la actuaci�n en favor de los se�ores JAIRO SANTANA CARDONA y JHONY ALEX�NDER LINCE CARMONA, determinaci�n frente a la cual el denunciante nuevamente interpuso los recursos de reposici�n y de apelaci�n, y al no haber sido variada la decisi�n por parte de la funcionaria de primer nivel, el asunto fue enviado a esta Corporaci�n para que se desatara el recurso de apelaci�n.

Con fundamento en esa secuencia procesal, advierte la Sala, en contrav�a de lo denunciado por el se�or CARLOS HUMBERTO MART�NEZ, que por parte de la Fiscal�a s� se adelantaron las investigaciones pertinentes para establecer si los investigadores del CTI hab�an incurrido en conducta alguna atentatoria contra el bien jur�dico de la eficaz y recta impartici�n de justicia, y a la saz�n que del estudio de los EMP recopilados, as� como de los fallos que se dictaron tanto en primera como en segunda instancia en el aludido proceso, se pod�a apalancar tal prove�do.

Y es que la exposici�n que realizaron en sede de juicio oral, los se�ores JAIRO SANTANA CARDONA y JHONY ALEX�NDER LINCE CARMONA, no solo fue objeto de an�lisis por parte del Juez Primero Penal del Circuito en el fallo emitido en junio 26 de 2012, sino que igualmente esta Corporaci�n, al proferir la sentencia de segundo grado en junio 12 de 2019, se pronunci� al respecto y soport� lo referido por la v�ctima, con las labores adelantadas por los peritos del CTI, al sostener que la �prueba pericial conduce a otorgar mayor credibilidad a lo dicho por la v�ctima�, y que del informe rendido por LINCE CARMONA, se tiene que lo hallado �constituye una evidencia que no fue desvirtuada por la defensa y confirme que el acusado CHM fue el que cre� esa cuenta luego de haber accedido carnalmente a esa menor a efectos de indiciarla a realizar actos de prostituci�n y que las otras cuentas proven�an de la misma direcci�n IP asignada al acusado seg�n la informaci�n que recibi� de la empresa Microsoft [�]�.

Incluso al cotejar tal prueba pericial, con aquella que se present� por un perito en inform�tica adscrito a la Defensor�a P�blica, determin� que la arrimada por el testigo de cargo revest�a mayor credibilidad. Fue precisamente tal prove�do, lo que le permiti� a la juez Cuarta Penal del Circuito de esta capital, fundamentar la decisi�n preclusiva adoptada en noviembre de 2020, al considerar que dado que lo expuesto por los referidos servidores y que fuera tenido en cuenta por el Tribunal como cre�ble, ello per se, hac�a indiscutible que ninguno de los investigados minti� ante el despacho frente al cual rindieron su declaraci�n jurada.

Si ello es as�, no podr�a sostenerse como lo hace el ahora denunciante, que la exfiscal MVEG incurri� en conducta atentatoria contra la administraci�n p�blica, por cuanto el accionar de la misma al pedir la preclusi�n en favor de los investigadores del CTI denunciados, estuvo enmarcada en los EMP probatorios que recopil� y los cuales ense�aban que el accionar de estos siempre estuvo ajustado a derecho, y de ello, a no dudarlo, se percat� no solo el juzgado que emiti� la sentencia de primer grado en contra de MART�NEZ OSPINA, sino igualmente la Sala Penal de este Tribunal -integrada por otros magistrados diferentes a quienes ahora adoptan este prove�do-, luego del an�lisis respectivo, al estimar que lo expuesto por los peritos apalancaban los dichos de la v�ctima.

En este asunto en particular, considera la Sala Dual que en momento alguno la exfiscal MVEG retard�, rehus� u omiti� el cumplimiento de las funciones que tiene a su cargo, y que por v�a constitucional se le imponen, conforme el canon 250 Superior; por el contrario, lo que esta realiz� una vez cont� con los elementos de prueba necesarios, fue acudir a la judicatura para solicitar la terminaci�n del proceso seguido frente a los servidores del CTI denunciados por el se�or CARLOS HUMBERTO MART�NEZ, al estimar que la conducta a ellos atribuidos era at�pica.

No existi� en cabeza de la aludida fiscal una actitud consciente, dirigida a omitir el ejercicio de sus actividades, con miras a beneficiar a los se�ores SANTANA y LINCE y procurar impunidad, sino que la funcionaria apreci� que estos dieron cuenta de manera pormenorizada de las actuaciones que como polic�a judicial efectuaron en curso de la diligencia de allanamiento, registro e incautaci�n de los elementos que se encontraban en poder del se�or MARTINEZ OSPINA, tr�mites que fueron declarados legales por un juez con funci�n de control de garant�as, y que por lo mismo no incurrieron en ilicitud alguna.

Aunado a ello, itera la Corporaci�n, contaba como soporte adicional para llegar a tal conclusi�n, la decisi�n que en su momento dict� el juez que emiti� condena contra MART�NEZ OSPINA, determinaci�n judicial que como viene de verse, fue avalada posteriormente por la Sala Penal de este Tribunal, al confirmar el aludido prove�do. En ese orden, y como incluso as� lo sostuvo la juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, al precluir la investigaci�n contra los servidores del CTI, el hecho de que lo expuesto por los investigadores fuera dado por cierto, esto es, que en momento alguno se advirtiera mendacidad alguna en sus exposiciones, ello per se, conllevaba a predicar, en contrav�a de lo sostenido por el quejoso, que los mismos no mintieron, y de ah� surge la atipicidad de la conducta atribuida a la Dra. MVEG, al acudir ante la judicatura a pedir la preclusi�n en favor de estos, en tanto no advierte la Sala que esta de manera deliberada, como as� se entiende de los planteamientos subjetivos del denunciante, haya pretendido a toda costa beneficiar a SANTANA y LINCE con una decisi�n que hiciera tr�nsito a cosa juzgada.

Si la referida exfuncionaria elev� tal pretensi�n a la judicatura, lo fue, reitera la Sala, por cuanto en su sentir, y acorde con los EMP que tuvo a su alcance, observ� sin lugar a hesitaci�n alguna que los por ella investigados no hab�an cometido la ilicitud por la que fueron denunciados por el se�or MART�NEZ OSPINA. En ese orden, mucho menos podr�a llegar a pregonarse que los mismos hicieron incurrir en un presunto fraude procesal al Juez Primero Penal del Circuito al dictar sentencia, toda vez que lo expuesto por ellos, se itera, se ajust� a la verdad.

En conclusi�n, y sin lugar a mayores discernimientos, considera la Sala que no encuentra opci�n diferente que avalar la solicitud preclusi�n debidamente presentada y soportada por parte del delegado fiscal ante esta Corporaci�n, en favor de la exfiscal MVEG con fundamento en la causal atinente a la atipicidad de hecho investigado. De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), en Sala Dual de Decisi�n Penal,

RESUELVE

PRIMERO: SE CONCEDE la petici�n de PRECLUSI�N de la acci�n penal en los t�rminos en que fue presentada por el delegado fiscal ante esta Corporaci�n a favor de la Dra. MVEG, en su condici�n de exfiscal Veintiocho Seccional de esta capital, por los hechos presuntamente constitutivos del punible de prevaricato por omisi�n, que fueran denunciados por el ciudadano CARLOS HUMBERTO MART�NEZ OSPINA.

SEGUNDO: Contra esta determinaci�n proceden los recursos ordinarios de ley, cuya interposici�n y sustentaci�n debe hacerse dentro del tr�mite de la audiencia. Esta providencia queda notificada en estrados, y una vez en firme se ordena su archivo definitivo. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado  Una inicial decisi�n en ese mismo sentido se adopt� en diciembre 18 de 2015 por el referido despacho, pero esta Sala por auto de febrero 05 de 2016 decret� la nulidad de lo actuado, para dar aplicaci�n a la prejudicialidad penal, y orden� suspender tal actuaci�n hasta tanto el Tribunal resolviera la apelaci�n impetrada contra el fallo de condena que dict� en junio 26 de 2012 el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta capital, contra el se�or CARLOS ALBERTO MART�NEZ OSPINA, al tener incidencia en dicho asunto, lo que finalmente tuvo ocurrencia en junio 25 de 2019, donde se procedi� a su confirmaci�n.  Cfr. C.S.J., sentencia de �nica instancia del 13 de octubre de 2004, radicaci�n 18911.  CSJ SP, 29 sep. 2005, rad.23914.  CSJ SP, 03 sept. 2011, rad. 30592 y CSJ SP, 15 may. 2000, rad. 13601, entre otras.  Conforme la informaci�n de la Secretar�a de la Sala, el mismo se encuentra actualmente a cargo del Despacho 003, sin haberse emitido decisi�n de fondo.  Aprobada por acta N� 533, M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz.  Jairo Ernesto Escobar Sanz, Jorge Arturo Casta�o Duque y Manuel Yarzagaray Bandera.     Prevaricato por omisi�n Radicaci�n: 660016000036 2020 52635 00 Indiciada: MVEG Precluye A N� 001 P�gina  PAGE 2 de  NUMPAGES 9 235XY� � 5 6 7   ^ _ � � U \ � ��пп��б���n]K]7]&h�h�5�CJOJQJ\�^JaJ #h�h�6�CJOJQJ^JaJ h�h�CJOJQJ^JaJ #h�Mhd�5�CJOJQJ^JaJ hd�5�CJOJQJ^JaJ h�)mh�)mCJOJQJ^JaJ h�Mh�MCJOJQJ^JaJ h�MCJOJQJ^JaJ hyF�hyF�CJOJQJ^JaJ hyF�CJOJQJ^JaJ #h�Mh�)m5�CJOJQJ^JaJ h�M5�CJOJQJ^JaJ 3  _ � � � � � 6MNa{|�������������������������� $da$gd�,gdgd�)m $da$gd�)m $d�a$gd�)md�gd�d�gdd�d�gd�)m� � - 7 � �  56Ma{|����������˿������ym^QD7Q7Dh�)mhH]5CJ^JaJh�)mh��CJ^JaJh�)mh- �CJ^JaJ h�)mh�)mCJEH��^JaJh�)mh�)m5�CJaJ h�)mh�)m h�)mh�)m5�CJ OJQJaJ +h�)mh�)m5�:�B*CJ OJQJaJ phh�)mh�)mCJaJ jh�)mUmHnHuh�)mh�)m5�CJaJ h�)mh�)mCJOJQJ^JaJ h�h�CJOJQJ^JaJ #h�h�5�CJOJQJ^JaJ �������� #$% H J O U � � � � � � 8 F r s � ��������̲̥̘̘̿̋�~̘�̲̲̋̋̋�q̲̋̋�h�)mhT>�CJ^JaJh�)mh�fCJ^JaJh�)mh-Z�CJ^JaJh�)mh CJ^JaJh�)mh� RCJ^JaJh�)mh$ CJ^JaJh�)mh��CJ^JaJh�)mh�FOCJ^JaJh�)mh�yfCJ^JaJh�)mh,4�CJ^JaJh�)mh�D�CJ^JaJ,� �  ' G L � � � !;!U!�!�!�!�!" 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