Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 11001310304020070044001

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Carlos Julio Moya Colmenares

Fecha: 2007-09-12

Sujetos procesales: AMADEO GÓMEZ YÉPEZ / I. S. S. – E.P.S

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Magistrado Ponente: CARLOS JULIO MOYA COLMENARES Radicaci�n: 11001310304020070044001 Procedencia: Juzgado 40 Civil del Circuito Accionante: Amadeo G�mez Y�pez Accionado: I. S. S. � E.P.S Proceso: Tutela de Segunda Instancia Asunto Impugnaci�n Fallo Discutido y aprobado por la Sala en sesi�n del 12 de septiembre de 2007, seg�n Acta N�35 de la misma fecha.

Dec�dese la impugnaci�n formulada por AMADEO G�MEZ Y�PEZ quien act�a en calidad de agente oficioso de EDILBERTO G�MEZ RODR�GUEZ en contra del fallo que en este asunto dict� el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot�, D.C. el d�a trece de agosto de dos mil siete.

ANTECEDENTES Como se dijo, AMADEO G�MEZ Y�PEZ actuando como agente oficioso de su padre EDILBERTO G�MEZ RODR�GUEZ, formul� acci�n de Tutela contra el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL por considerar que dicho instituto le vulner� los derechos fundamentales del agenciado, a la salud y a la seguridad social de conformidad con los hechos que seguidamente, y compendiados, as� se relacionan: El se�or EDILBERTO G�MEZ RODR�GUEZ est� afiliado al sistema de seguridad social a trav�s de la E.P.S. del Instituto del Seguro Social y, hace diez a�os, se le diagnostic� c�ncer de pr�stata, encontr�ndose actualmente avanzada la enfermedad con compromiso metast�sico en todo el esqueleto axial, caus�ndole desde hace dos meses paraplejia y alteraci�n de esf�nteres.

El m�dico tratante le orden�, de manera prioritaria: SONDAS DE NELATON, PA�ALES PARA ADULTO, COJ�N ANTIESCARAS PARA SILLA DE RUEDAS, COLCH�N ANTIESCARAS Y SILLA DE RUEDAS CON SOPORTE TOR�XICO, RUEDAS NEUM�TICAS, PLEGABLE, ARO AUTOIMPULSOR APOYA PIES Y APOYA BRAZOS REMOVIBLES Y FRENOS CONVENCIONALES. Al solicitar dichos elementos la entidad accionada respondi�, en contestaci�n al derecho de petici�n de fecha 25 de junio de �ste a�o, que los mismos no se encontraban dentro del POS, por lo que deb�an ser pagados por el beneficiario.

Ante el alto costo de los elementos y el delicado estado de salud del accionante, estima el agente oficioso que se le est�n violando los derechos fundamentales a la vida y a la salud de aqu�l, ya que el paciente no tiene forma de solventarlos como quiera que los ingresos mensuales que percibe se reducen �nicamente a su pensi�n que destina a la manutenci�n propia y de su circulo familiar.

Se interpuso la acci�n de tula buscando la protecci�n de los derechos a la salud y a la seguridad social en conexidad con el fundamental a la vida, igualmente se solicit� el amparo como medida provisional en tanto se profiriera el fallo de fondo para que se entreguen algunos de los elementos para resguardar la calidad de vida del paciente.

El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot�, D.C., al que por reparto correspondi� el conocimiento de la acci�n, le orden� a la entidad accionada, como medida provisional, suministrar al beneficiario las sondas de nelat�n, negando los dem�s elementos mientras se pronunciaba respecto de los hechos materia de la acci�n. Requiri� tambi�n al Ministerio de la Protecci�n Social Fosyga para que se manifestara acerca de las pretensiones de la acci�n o las razones de su defensa en caso de tener acogida la tutela.

De igual manera el a-quo ofici� a la Superintendencia Nacional de Salud para que informara si los elementos ordenados se encuentran dentro del POS. En su respuesta el Seguro Social por conducto de su representante legal, manifest� que, en cumplimiento de lo ordenado como medida provisional, inici� los tr�mites para su compra conforme a los requisitos enunciados en la Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios y adujo que los entregar� una vez finalizados estos.

Afirma la accionada que el Decreto 806 de abril de 1998 se�ala en su articulo 28 los beneficios de los afiliados al r�gimen contributivo, en el que no se encuentran los elementos ordenados y, seg�n lo establecido en la Ley 100 de 1993 en su art�culo 162, en tal caso, �stos deben ser cubiertos por el propio beneficiario, pudiendo �l acudir a las entidades p�blicas o privadas con las que tenga contrato el Estado para que le suministre dichos elementos, por lo que su actuaci�n se encuentra ajustada a derecho.

El Ministerio de la Protecci�n Social indic� que de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y toda la normatividad al respecto, los elementos ordenados no se encuentran dentro del POS y le corresponde a las entidades territoriales la financiaci�n de la prestaci�n de los servicios de salud de la poblaci�n pobre que no est�n incluidos dentro del mencionado plan.

La decisi�n del A-quo El Juzgado en su decisi�n ampar� los derechos a la salud en conexidad con la vida, ordenando al Instituto de los Seguros Sociales, autorizar el suministro de los pa�ales para adulto y las sondas de negat�n y facult�ndolo para exigir del Estado a trav�s del Fosyga el reintegro de los valores en que deba incurrir para dar cumplimiento a su fallo.

No accedi� al suministro de los dem�s elementos por considerar que ��del informativo no se desprende que resulten indispensables para la recuperaci�n o mejoramiento del c�ncer que padece o que contribuyan al diagn�stico, tratamiento y rehabilitaci�n de dicha enfermedad�. La impugnaci�n El accionante impugn� la decisi�n del a-quo, explicando que los elementos ordenados por el m�dico tratante cuyo suministro fue denegado tienen como finalidad el desplazamiento y la detenci�n de las escaras que ya aparecieron, pues el paciente, por sufrir de cuadraplejia debe permanecer acostado, siendo necesarios dichos elementos para garantizar la vida en condiciones de dignidad.

El Ministerio de la Protecci�n Social impugn� de manera extempor�nea la decisi�n del a-quo motivando sus razones en que la prestaci�n de los servicios de salud excluidos del POS debe correr a cargo de las instituciones p�blicas prestadoras de salud o las privadas con las que la entidad territorial tenga contrato por lo que es �sta �ltima la responsable a trav�s de las IPS con recursos propios de la oferta y no el Fosyga.

Por lo tanto, solicita se revoque el fallo en la parte que faculta a la E.P.S. para repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garant�as. CONSIDERACIONES La Declaraci�n Universal de Derechos Humanos de 1948, proclam� que �Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los Tribunales Nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci�n y la ley�.

Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos de las Naciones Unidas, de 1966, incorpor� tambi�n el llamado recurso efectivo, con el mismo prop�sito. Se ve as�, que la tendencia moderna en punto de los derechos que se consideran esenciales al individuo, no es tanto la de definirlos y clasificarlos como la de procurar la efectividad de los mismos.

Los derechos fundamentales son inherentes al ser humano, a su esencia, a su naturaleza, y, por tanto, son inalienables. Surgen, para la persona, desde el momento mismo en que �sta nace; por consiguiente, no est�n supeditados a ordenamientos de rango legal o de procedimiento. Deben ser respetados y observados por todos, de suerte que para su reconocimiento s�lo se exige la presencia del individuo en una sociedad organizada.

A tono con ello, el Constituyente de 1991 estableci� la acci�n de tutela como mecanismo sui-generis para evitar el desbordamiento o la inercia de los funcionarios p�blicos o de los particulares en los precisos eventos previstos en la Ley, cuando tal actividad u omisi�n pone en peligro o vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos. En materia de tutela est� suficientemente decantado que con este especial mecanismo se procura, ante todo, hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas, mediante un procedimiento breve y expedito que sirva para alcanzar tal objetivo.

La Constituci�n Nacional, al introducir la herramienta que cristalizase la justa aspiraci�n de los asociados de ver amparados sus derechos fundamentales, sent� los derroteros para que fuese posible erradicar de nuestro medio los atentados, por acci�n o por omisi�n, a tan preciados derechos. Ser�a del caso decidir respecto de la impugnaci�n formulada por la entidad accionada, pero por haberse presentado de manera extempor�nea, �sta Sala de decisi�n no se pronunciar� al respecto.

Con todo y ante el evento de haberla presentado en la oportunidad debida, los argumentos tampoco son de recibo, pues ello equivaldr�a a imponer cargas a los usuarios del servicio de salud convirti�ndolo en engorroso y de dif�cil acceso, cuando es deber del Estado garantizarlo. Como viene de decirse en los antecedentes, el accionante impugn� la decisi�n por considerar que el no suministro de los dem�s elementos ordenados por el m�dico tratante conculca sus derechos fundamentales a una vida digna, sobre todo si se tiene en cuenta que dichos dispositivos sirven para su movilidad y para detener o controlar las escaras que aparecen al permanecer la persona postrada en una cama por padecer cuadraplejia.

Siendo as� las cosas, debe recordarse que la H. Corte Constitucional, ha se�alado en repetidas oportunidades que el derecho a la Salud cuando se encuentra en conexidad manifiesta con el derecho fundamental a la vida adquiere ese mismo car�cter y son las empresas pertenecientes al sistema se salud las encargadas de no s�lo brindar el tratamiento sino tambi�n de llevar a cabo lo dispuesto en las normas reguladoras de dichos procedimientos.

En la Sentencia S U- 532/99 se expres� al respecto lo siguiente: �Que la salud es un servicio p�blico, y adem�s esencial, no tiene la menor duda porque los art�culos 48 y 49 expresamente dicen que la salud es servicio p�blico, el art�culo 366 C.P. presenta como objetivo fundamental del estado la soluci�n a la salud, y la ley 100 de 1993 tambi�n lo indica en su art�culo 2�.

Uno de los principios caracter�sticos del servicio p�blico es el de la eficiencia. Dentro de la eficiencia est� la continuidad en el servicio, porque debe prestarse sin interrupci�n." En reciente sentencia se se�al�: �Aunque no aparecen expl�citamente consagrados en la Carta, la Corte ha entendido que la Constituci�n incorpora tambi�n los principios de unidad e integralidad de la seguridad social, en virtud de los cu�les, la ley no s�lo debe amparar a las personas frente a las principales contingencias que afectan la salud, la capacidad econ�mica y en general las condiciones de vida de la poblaci�n (integralidad) sino que, adem�s, esa protecci�n debe hacerse de manera que haya articulaci�n y cohesi�n entre las pol�ticas, las instituciones, los reg�menes, los procedimientos y las prestaciones destinadas a alcanzar los fines de la seguridad social (unidad).

Y esto es as�, no s�lo porque el sistema de seguridad social debe proteger a las personas frente a los riesgos sino que debe hacerlo de manera eficiente �. Las instituciones encargadas de brindar atenci�n a los afiliados al sistema de seguridad social y a sus beneficiarios, en especial si, como en el caso del Seguro Social, tienen naturaleza p�blica, no pueden escoger entre prestar y no prestar los servicios, pues, al negarlos y dilatarlos, faltan de manera grave a sus obligaciones m�s elementales, menos todav�a cuando resulta evidente que de la pr�ctica de un examen o de una intervenci�n quir�rgica puede depender la integridad f�sica o inclusive la vida del paciente.� Por consiguiente, el derecho a disfrutar de la Salud cae dentro del radio de acci�n de la tutela cuando su reconocimiento no se produce, porque se pierde en el laberinto de la tramitoman�a o de la inercia o inacci�n de los funcionarios encargados de proferir un acto administrativo, con grave quebranto de un derecho fundamental, como que debe haber �ntima relaci�n de conexidad entre el derecho a la salud y uno cualquiera de los derechos fundamentales que tenga incidencia directa con �ste, si se entiende que aqu�l, per se, no ostenta tal linaje.

La Corte ha se�alado tambi�n que los beneficiarios del sistema de salud no deben soportar las dificultades de tipo presupuestal que soportan las entidades encargadas de prestar el servicio de salud, ni aguantar los largos tr�mites internos que alargan el normal desarrollo de los tratamientos m�dicos. Todos esos tr�mites no deben ser del conocimiento de los usuarios y nunca deben entorpecer la prestaci�n del servicio ofrecido por el Estado.

A tono con ello, cabe pues decir que la H. Corte Constitucional ha se�alado enfrente de peticiones como las que relata esta acci�n, que: �En tal medida, cuando por razones de car�cter administrativo, una entidad encargada de garantizar el servicio de salud demora un tratamiento m�dico al cual la persona tiene derecho, para atender una enfermedad catastr�fica, viola los derechos a la vida y a la salud de �sta, pues dentro de un Estado Social de Derecho como el nuestro, fundado en el respeto de la dignidad humana y la conservaci�n del valor de la vida, resulta inaceptable que se pueda tolerar que, ante el apremio de una persona de recibir un tratamiento m�dico para conservar su existencia, se antepongan intereses de car�cter econ�mico o legal, consideraciones subalternas que ponen en peligro la vida humana, supremo derecho fundamental, garantizado en el art�culo 11 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia.� T-274/04 M.P. Jaime Araujo Renter�a En el caso que nos ocupa, la impugnaci�n a la decisi�n proferida por el Juzgado Cuarenta Civil de Circuito tiene por objeto que el Juez constitucional ordene a la entidad encartada el suministro para el se�or EDILBERTO G�MEZ RODR�GUEZ de todos los implementos ordenados por el m�dico tratante.

Para la Sala los beneficiarios del sistema de salud no deben padecer las complicaciones de tipo presupuestal afrontadas por las entidades encargadas de prestar el servicio de salud, ni verse sometidos a los interminables tr�mites internos y burocr�ticos que interfieren en el normal desarrollo de sus tratamientos m�dicos. Todos estos tr�mites deben ser ajenos a la prestaci�n del servicio y, por lo mismo, no deben obstaculizar la protecci�n ofrecida por el Estado en esta materia.

Dentro de un Estado Social de Derecho como el nuestro es inconcebible que a la realizaci�n y efectivizaci�n de derechos fundamentales como la vida digna en conexidad con otros se antepongan intereses de car�cter econ�mico o legal. Claro est� que no se puede desconocer que buscando que el Sistema de Salud fuera posible financieramente se dispuso un r�gimen de exclusiones, por ser los recursos escasos, pues, cubrir las necesidades de toda la poblaci�n resulta muy costoso, tanto para las entidades p�blicas como las privadas que los prestan.

Sin embargo, como lo ha sentado la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, cuando ocurra que al aplicarse el POSS, se causa un perjuicio a quien solicita uno de los procedimientos excluidos, de manera tal, que de dicho servicios dependen derechos fundamentales como la vida digna y otros conexos, se ha dispuesto por parte de esa corporaci�n que se inaplique la normatividad respectiva en beneficio del ciudadano, ordenando el servicio y evitando as� que una disposici�n legal o administrativa impida el goce de las garant�as constitucionales.

En el caso concreto no se puede olvidar que el paciente es una persona de setenta y un a�os, diagnosticada con c�ncer de pr�stata, con par�lisis de los miembros inferiores, incontinencia urinaria y p�rdida de control de esf�nteres, quien, seg�n lo expresado por su hijo, no posee las condiciones econ�micas para costear el tratamiento hecho que no ha sido desmentido por la accionada.

Adem�s, de acuerdo con las pruebas allegadas, si bien es cierto que la negaci�n de algunos de los elementos no disminuye su probabilidad de vida, s� la desmejora notablemente. A tono con ello, cabe pues decir que la H. Corte Constitucional ha se�alado enfrente de peticiones como las que relata esta acci�n, que: �El ser humano, necesita mantener ciertos niveles de salud para sobrevivir y desempe�arse, de modo que, cuando la presencia de ciertas anomal�as en la salud, a�n cuando no tenga el car�cter de enfermedad, afectan esos niveles, poniendo en peligro la dignidad personal, resulta v�lido pensar que el paciente tiene derecho, a abrigar esperanzas de recuperaci�n, a procurar alivio a sus dolencias, a buscar, por los medios posibles, la posibilidad de una vida, que no obstante las dolencias, pueda llevarse con dignidad. (T-1344 de 2001, M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis).

Considerando que en el presente caso se han visto desmejoradas las condiciones del paciente, como quiera que se trata de una persona de la tercera edad, que merece una protecci�n especial, considera la Sala que fue pertinente pero insuficiente el amparo concedido pues aunque se cumplen los requisitos jurisprudenciales para la inaplicaci�n de las normas que excluyen tratamientos del POSS, no se est� ordenando la totalidad de lo requerido por el m�dico tratante del accionante.

Entonces, proceder� la Sala como en situaciones similares lo ha preceptuado la Honorable Corte Constitucional (sentencia T- 190 de 2000) al se�alar que los derechos fundamentales de una persona de la tercera edad priman sobre otra de rango legal, sobre todo cuando es manifiesta su debilidad como acontece en el caso estudiado: �Las personas de la tercera edad tienen derecho de nivel constitucional a una especial protecci�n, particularmente en lo relativo a la preservaci�n de su vida en condiciones dignas y justas, a su salud y a su seguridad social (arts. 13 y 46 C.P.).

El Estado, por perentorio mandato constitucional, se encuentra comprometido a garantizar a los ancianos la protecci�n de los servicios de la seguridad social integral (art. 46). La Corte considera necesario subrayar que la actividad de las entidades responsables de mantener la seguridad social en cuanto se refiere a las personas de la tercera edad est�n sujetas a la exigencia espec�fica de cobijar todos los aspectos de la salud de los beneficiarios, que no otro es el significado de la expresi�n "integral", usada por el Constituyente para referirse al contenido de la seguridad social que debe brindarse a los ancianos. Por tanto, el alcance de la protecci�n y de los servicios a cargo de tales entes va mucho m�s all� del puro tr�mite de citas y consultas m�dicas, pues comprende el diagn�stico, la prevenci�n, los tratamientos, los cuidados cl�nicos, los medicamentos, las cirug�as, las terapias y todos aquellos elementos de atenci�n que aseguren la eficiente cobertura de la seguridad social a favor de las personas de la tercera edad�.

Imponi�ndose el suministro de todos los elementos ordenados que aunque no se consideran de car�cter vital, s� mejoran las condiciones de vida de EDILBERTO G�MEZ RODR�GUEZ logrando para �l aliviar en alguna medida su situaci�n y su nivel de vida, lo que se traduce en el restablecimiento de su derecho a una vida digna en la medida de lo posible.

Por lo dicho se modificar� el numeral segundo de la providencia impugnada, confirm�ndose en los dem�s aspectos. Por m�rito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando Justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - Modif�case en su numeral segundo el fallo proferido por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot�, D.C., el d�a tres de agosto de dos mil siete, de conformidad con las motivaciones que anteceden. SEGUNDO.- Ord�nese al INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL que en el t�rmino de 48 horas, contado a partir de la notificaci�n de �ste fallo, proceda a autorizar el suministro de para el se�or EDILBERTO G�MEZ RODR�GUEZ, de las SONDAS DE NELATON, PA�ALES PARA ADULTO, COJIN ANTIESCARAS PARA SILLA DE RUEDAS, COLCHON ANTIESCARAS Y SILLA DE RUEDAS CON SOPORTE TOR�XICO, RUEDAS NEUM�TICAS, PLEGABLE, ARO AUTOIMPULSOR, APOYA PIES Y APOYA BRAZOS REMOVIBLES Y FRENOS CONVENCIONALES en la cantidad y en el tiempo dispuestos por su m�dico tratante, suministro que deber� materializarse dentro de los diez d�as siguientes a la fecha de autorizaci�n. TERCERO.- Comun�quese telegr�ficamente esta determinaci�n al accionante, al ente accionado y al Juzgado de primera instancia. D�jense las constancias pertinentes.

CUARTO. - En los t�rminos de Ley, rem�tanse las diligencias a la H. Corte Constitucional en el t�rmino legal, para los efectos de la eventual revisi�n de las providencias aqu� dictadas. CARLOS JULIO MOYA COLMENARES Magistrado. HUMBERTO ALFONSO NI�O ORTEGA Magistrado. MANUEL JOS� PARDO CARO Magistrado.  Ver Sentencia T- 090/04 M.P. Manuel Jos� Cepeda Espinosa.  Ver sentencia T-224 de 1997, M.P. Carlos Gaviria D�az, reiterada en T-099 de 1999 y T-722 de 2001. PAGE  PAGE  PAGE 10 Acci�n de Tutela (Impugnaci�n) de EDILBERTO G�MEZ RODRIGUEZ contra EPS-ISS. $%����� + G � � � � � �     @ A � � � � � � � �   g ~ � � � � O Q ���������û�Ь����������Є�{u{o{o{o{u{u{u{u hYaJ h�-aJh� �h� �aJ h� �h� �5�@�aJmH $sH $h�-@�aJmH $sH $hY@�aJmH $sH $ h� �h� �@�aJmH $sH $h� �h� �5�h� �h� �5�CJ aJh� �@�CJ mH $sH $h� �CJ aJjh� �CJ UaJh� �CJ OJQJ h� �CJ +$�����  H o � � �  # $ � � � � ��������������������� �0�*$1$5$7$8$9DH$dh$dha$ �0�*$5$7$8$9DH$$dha$dh�Y�Z�Z���� � � ' ( ������>@����45rstu��������������������������$dha$ �0�*$1$5$7$8$9DH$$ �0�*$1$5$7$8$9DH$a$Q � � � � ^g����%&�NOX_�����# ���` a r s � � -!.!>!?!�"�"�#�#r%s%�&�&�(�(�*�*s,������������������������� $ �0�dh*$a$ �0�*$$dha$$dha$� � ] ^ a c r s � V W h i � � � �.!=!�!M"�"�"�"�#�%�%q.r.s.t.c0�3�����������������㤘��㪂{odhO^Lh� �CJaJhO^Lh� �6�CJaJ h� �6�CJ h� �6�CJ h� �h� �@�aJmH $sH $h� �@�CJ mH $sH $ h� �CJ h� �h� �6�aJh� �h� �5�aJ h, zaJ hl�aJ hfuaJh� �h� �CJaJh�SMCJaJh� �h� �aJ h$\�6�aJ h�u6�aJ h�uaJ s,t,q.r.s.�/�/c0d0�0�0�3�3�5�5�5�7�7�9�95:�������������������� ��U1$]�`�U ��U]�`�U $��U]�`�Ua$$�]�a$ $ �� �]�a$ $�Udh`�Ua$ $ �0�dh*$a$�3�3�3�3�5�5�5�7�75:6:H;I;C=g=i=j=m=�=�=�>�>�@�@�C�CADODgDiD�E�E�E�E�E�E�E�E&F�������������v�m��g�g�a�a�a�a�a�a�a�a� h, zaJ h%aJh� �6�CJ]�"h%h� �6�CJ]�aJmH sH 'jh%h� �0J6�CJU]�aJh%h� �6�CJ]�aJh� �h� �6�]�aJh� �h� �6�aJh� �h� �aJ h� �CJ h� � hO^Lh� �5�CJaJmH $sH $hO^Lh� �CJaJ!jhO^Lh� �0JCJUaJ&5:6:i=j=k=�>�>{@|@eAfA�B�B�D�D G G�G�G�I�I��������������������$ �0������*$]���`��a$ $ �0�dh*$a$$ �0��7��*$]�7^��a$$ �0��U*$`�Ua$$ �0��Udh*$`�Ua$&F,FVF`F�F�F G G�G�G�I�I�I�I�I�I�J�J$L%L=L>L�L�L�L�L�LM�MRRQR\RkRlR~RR�R�R�R�R SnS�T�T�T�T�U�UX X�X�X�Y�Y�����������½������������񹮠�������������������h� �h� �5�\�aJh� �h� �5�aJh%h� �6�CJ]�aJh%h� �CJaJh� � h� �6�h� �mH sH "jh� �0J5�CJUmH sH h� �6�mH sH  h� �CJ h%aJh� �h� �aJ h, zaJ6�I�I�K�K�L�LM�M�M�N�NkPlPRRRoSpS�S�S�T�T�T�T�����������������������$dha$$dha$$��`��a$$��^��a$ $ �0�dh*$a$$a$�T�U�U�W�W�X�XbYcYdYeY�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y Z�����������������������$dha$$ � 6�dha$$ � 6�dha$$dha$�Y�Y�Y�Y�Y Z Z Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z��������ǽ���׬׽���׽������׍���hl�6�CJ]�h� �hl�CJaJh, z0JmHnHuhl�0J6�CJ]� hl�0Jjhl�0JUh�,@jhl�0J5�Uhl�hl�mH sH jhl�0JUh� �h� �5�aJh� �h� �aJ! 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