Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 110013103029200300738 01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Manuel Alfonso Zamudio Mora

Fecha: 2009-10-26

Sujetos procesales: BANCO COLPATRIA / EDGAR JAIME GONZALEZ F. Y OTRA

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Proceso No. 110013103029200300738 01Clase:EJECUTIVO HIPOTECARIODemandante: BANCO COLPATRIADemandado:EDGAR JAIME GONZALEZ F. Y OTRA Magistrado ponente: MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA 1.- OBJETO A DECIDIR Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 10 de julio de 2007, proferida por el Juzgado 29 Civil del Circuito de la ciudad, dentro de este proceso. 2.- ANTECEDENTES: 2.1.

El Banco Colpatria - Red Multibanca Colpatria S.A. promovi� proceso ejecutivo con t�tulo hipotecario contra Edgar Jaime Gonz�lez Fern�ndez y Mar�a Claudia Venegas S�nchez, seg�n los hechos que resumidos son: 2.1.1. El 23 de septiembre de 1997 los ejecutados libraron un pagar� por 4.330.7971 Upac, equivalentes en esa fecha a $48.000.000.00, para pagar en 120 cuotas mensuales y sucesivas a partir del 23 de octubre de 1997, con un inter�s de plazo del 13.5% anual y de mora a la tasa m�xima legal permitida. 2.1.2.

En garant�a del cr�dito constituyeron hipoteca abierta de primer grado sobre el Apartamento 506 y garajes 14 y 15 ubicados en la Calle 94 No. 11 A-76 Edificio M�nica de la ciudad, a trav�s de la Escritura P�blica No. 1686 del 06 de agosto de 1997 de la Notar�a 15 del C�rculo de Bogot�. 2.1.3. Los ejecutados realizaron pagos parciales quedando un saldo pendiente de 662461.6187 Uvr, equivalentes a $91.026.532.00. 2.1.4.

Los deudores aceptaron que el Banco en forma unilateral declarara extinguido el plazo en caso de mora en el pago de alguna de las obligaciones, de manera que como incurrieron en ella respecto del pago de las cuotas pactadas, el Banco hizo uso de la aludida cl�usula aceleratoria. 2.2. Con fundamento en estos hechos Colpatria solicit� mandamiento de pago por las siguientes sumas: 2.2.1. 662.461.6187 Uvr por concepto de saldo de capital. 2.2.2.

Intereses de plazo sobre el anterior saldo a la tasa del 13.5% anual a partir del 23 de febrero de 2002 y hasta el 04 de noviembre de 2003. 2.2.3. Intereses moratorios sobre el saldo de capital a la tasa del 20.25% anual a partir de la presentaci�n de la demanda y hasta cuando se verifique el pago. 2.3. El Juzgado 29 Civil del Circuito, el que por reparto le correspondi� conocer de la demanda, libr� el mandamiento de pago solicitado por auto de 28 de noviembre de 2003, pero limit� los intereses de plazo y moratorios a la �tasa fluctuante que certifique el Banco de la Rep�blica�. 2.4.

Los demandados fueron notificados del auto de apremio por intermedio de Curador Ad-litem (fl. 77 cuad. 1), previo el tr�mite de emplazamiento del art�culo 318 del C. de P.C., quien en su defensa propuso como excepciones de m�rito las siguientes: �Falta de Requisitos del T�tulo Valor y en Anexos de la Demanda y de Prescripci�n Extintiva�, fundada en que en el libelo no se precisan las cuotas vencidas hasta el 27 de noviembre de 2002 ni su monto y s�lo se alude al �saldo insoluto de capital, desde el 23/02/2002� y desde esta fecha hasta la notificaci�n del mandamiento de pago transcurrieron m�s de tres a�os. �Cumplimiento de las obligaciones de la demandada, Compensaci�n y Pago� apoyada en que, de un lado, la Corte Constitucional expuls� del ordenamiento jur�dico las normas que regularon el cr�dito para vivienda otorgado en la unidad de cuenta Upac, de otro lado, el Banco incurri� en anatocismo, y del otro, las sumas canceladas en exceso por los ejecutados por concepto de intereses deben ser compensadas hasta obtener el pago total de la obligaci�n. 2.5.

Posteriormente el cr�dito fue cedido por Colpatria a Alvaro Danilo Leal Parra quien a su vez lo cedi� a Ariel Bautista G�mez. 2.6. Luego de decretadas las pruebas compareci� el ejecutado Edgar Jaime Gonz�lez Fern�ndez por intermedio de apoderado judicial acreditando el pago de los gastos del perito, auxiliar de la justicia que present� el dictamen pericial pero este no fue tenido en cuenta por el Juzgado quien declar� fenecido el decurso probatorio y corri� traslado a las partes para alegar de conclusi�n. 2.7.

Agotado de esta manera el t�rmino probatorio y para alegar el Juzgado profiri� sentencia el 10 de julio de 2007, a trav�s de la cual dispuso negar las pretensiones relativas al capital acelerado y sus intereses de mora y decret� el levantamiento de las medidas cautelares con sus secuelas, argumentando con este fin aspectos que tocan con la exigibilidad de la obligaci�n. Inconforme con este fallo la parte ejecutante interpuso el recurso de apelaci�n que la Sala desata. 3.- CONSIDERACIONES: 3.1.

Presupuestos procesales Los consabidos presupuestos procesales demanda en forma, capacidad de parte, capacidad procesal y competencia se hallan actualizados en el presente caso, motivo por el cual el proceso se ha desarrollado normalmente, y por ende, se impone una decisi�n de fondo. Desde el punto de vista de la actuaci�n tampoco observa la Sala causal de nulidad que pueda invalidar el proceso, de modo que ello aunado a lo anterior, conlleva a una decisi�n de esa naturaleza. 3.2.

La sentencia del A quo. El Juez, tras historiar los antecedentes del litigio y teorizar sobre la naturaleza de la cl�usula aceleratoria, con fundamento en el postulado seg�n el cual el contrato es ley para las partes se�al� que son de recibo cuando las partes la pactan, y no obstante, en trat�ndose del cr�dito para vivienda inmerso dentro del concepto de orden p�blico econ�mico tal cl�usula en su criterio fue prohibida por el art�culo 19 de la Ley 546/99.

En estas condiciones, concluye el Juez que la cl�usula aceleratoria pactada en este caso no tiene validez, y por tanto, para impulsar la acci�n ejecutiva el Banco estaba frente a tres alternativas, la primera orientada a cobrar exclusivamente las cuotas en mora, la segunda, encaminada a esperar el vencimiento total del plazo, y la tercera, dirigida a obtener la declaraci�n anticipada del plazo mediante proceso verbal.

Con fundamento en estos razonamientos el A quo neg� la ejecuci�n con sus secuelas, pues en su decir la obligaci�n no era exigible dada la invalidez de la cl�usula aceleratoria pactada, condici�n que de paso lo relevaba de estudiar las excepciones opuestas. 3.3. El recurso de apelaci�n. La parte actora solicit� la revocatoria del fallo pronunciado en esta forma, argumentando que, de un lado, el Juez dict� sentencia inhibitoria pues cre� una excepci�n no propuesta y la declar� probada, y de otro lado, el pacto de la cl�usula aceleratoria en los contratos de mutuo relacionados con la financiaci�n de vivienda es permitido por la ley comercial, la costumbre y la Ley 546 ib. 3.4.

El caso concreto. Constituye verdad averiguada que con respecto de la apelaci�n en principio corresponde al recurrente se�alar el �mbito dentro del cual ha de moverse el Ad quem, pues inmerso a�n el recurso dentro de un criterio dispositivo es aquel quien debe precisar los motivos que lo separan del fallo de primer grado, porque desde esta �ptica a estos temas se contrae la competencia del Superior.

Con esta perspectiva, para la Sala lo primero que comporta analizar es lo relacionado con el motivo que llev� al Juez a negar la ejecuci�n, se recuerda, tocante con la invalidez de la cl�usula aceleratoria pactada y que condujo al Banco a iniciar la ejecuci�n por la totalidad de la deuda, pues en su opini�n dicha cl�usula aceleratoria en t�rminos generales no se aviene con la legalidad. 3.4.1.

En este empe�o, es preciso advertir que al tenor del art�culo 19 de la Ley 546/99 los cr�ditos para financiar vivienda a largo plazo �no podr�n contener cl�usulas aceleratorias que consideren de plazo vencido la totalidad de la obligaci�n hasta tanto no se presente la correspondiente demanda judicial o se someta el incumplimiento a la justicia arbitral en los t�rminos establecidos en la correspondiente cl�usula compromisoria�.

En relaci�n con la cl�usula aceleratoria de usanza en el contrato de mutuo, documentado la mayor de las veces a trav�s de un t�tulo valor, se ha dicho que ella puede presentar dos modalidades, a saber: una, conocida como cl�usula aceleratoria autom�tica, en cuyo caso el plazo se extingue sin m�s en raz�n de la falta de pago de los instalamentos, y la otra, denominada cl�usula aceleratoria facultativa, la que extingue, por igual, el plazo en caso de mora en el pago de los instalamentos, pero a diferencia de la anterior, constituye una simple opci�n del acreedor.

Frente a la indiscutible existencia de estas dos modalidades de cl�usula aceleratoria, el legislador en el art�culo 19 de la Ley 546/99 condicion� su aplicaci�n en trat�ndose de los contratos de mutuo relacionados con la financiaci�n de vivienda a largo plazo, ya con respecto de la autom�tica ora con respecto de la facultativa, pues no otra cosa puede inferirse cuando las autoriz� sin distingos pero, se resalta, condicion�ndolas a la presentaci�n de la demanda.

Y, que la anterior interpretaci�n de la norma es la genuina no deja duda, porque dirigida la Ley 546/99 a proteger a la parte d�bil del contrato de mutuo en busca del equilibrio contractual, con la condici�n impuesta el legislador se propuso impedir que el acreedor, sin necesidad de acudir a la jurisdicci�n, declarara extinguido el plazo a motu propio con todas sus consecuencias.

Entonces, puesto que en el asunto sub lite las partes en el pagar� pactaron una cl�usula aceleratoria y con la presentaci�n de la demanda la parte ejecutante busc� su aplicaci�n, no habr�a manera de negar la ejecuci�n por el saldo total de la obligaci�n porque, en primer lugar, tal cl�usula se ajusta a derecho, y en segundo lugar, el Banco en procura de acelerar el plazo acudi� a la jurisdicci�n como lo manda el art�culo 19 de la Ley en cita. 3.4.2.

Descartado de esta manera el fundamento del Juez para negar la ejecuci�n, le corresponde a la Sala abordar el estudio de las excepciones opuestas por el Curador, y comoquiera que podr�a afirmarse sin hesitaci�n que tales excepciones, salvo la que ata�e a la Prescripci�n se fundan en la iniquidad del sistema Upac, en su decir violatorio de la Constituci�n en la medida en que permiti� el cobro de intereses sobre intereses en un tema tan sensible como la financiaci�n de vivienda, a su estudio se remite inicialmente, para posteriormente y si es del caso, continuar con el an�lisis del otro medio exceptivo.

Puesto en entredicho el sistema Upac en este como en otros casos, es necesario recordar que creado por el Decreto 677/72 tuvo como finalidad fijar las reglas para la financiaci�n de vivienda a largo plazo, y en forma correlativa, la de restituir al acreedor el cr�dito actualizado, de manera que con miras a cumplir estos prop�sitos en principio se at� a la devaluaci�n sufrida por el peso.

Con posterioridad, como de todos es sabido, la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica mediante Resoluci�n Externa No. 18 de 30 de junio/95 adopt� como �nico ingrediente de la Upac el 74% del promedio m�vil de la tasa DTF efectiva, de suerte que los cr�ditos otorgados en esta unidad de cuenta conforme a esta nueva reglamentaci�n desbordaron, sin remedio, la capacidad de pago de los deudores.

Esta pol�tica desde el punto de vista legal condujo al desmoronamiento del sistema Upac, primero porque el Consejo de Estado mediante sentencia de 21 de mayo/99 declar� la nulidad de esa Resoluci�n, y segundo, porque la Corte Constitucional mediante sentencia C-700/99 declar� inexequibles los art�culos 18-23 y 134-140 del Decreto 663/93 (Estatuto Org�nico del Sistema Financiero), dejando de esta manera sin piso esa unidad de cuenta (Upac).

Como quiera que la Corte Constitucional modul� en el tiempo los efectos de esa sentencia, al expulsar del ordenamiento dichas normas aplaz� hasta el 20 de junio del a�o 2000 su vigencia, as� que para remplazarlas el Congreso expidi� la Ley 546/99, ley marco para la financiaci�n de vivienda, creando la Unidad de Valor Real � Uvr, destinada a reflejar el poder adquisitivo de la moneda expresado en el IPC, y adicionalmente, estableciendo un alivio en pesos con vista a compensar a los deudores del extinto sistema Upac la diferencia inocultable entre el DTF y el IPC.

A efecto de aplicar el alivio en menci�n, la Ley 546/99 dispuso calcular en Uvr los cr�ditos otorgados en Upac a 31 de diciembre /99 y aplicar la diferencia entre una y otra unidad de cuenta como abono al cr�dito, con la finalidad de compensar, se repite, el exagerado incremento del monto de las obligaciones contra�das en Upac y determinadas por el factor DTF, as� que con esta filosof�a se pretendi� justificar legalmente todo el andamiaje sobre el cual se ha venido edificando la financiaci�n de vivienda.

De acuerdo con estas ideas, como los argumentos sobre los cuales el auxiliar de la justicia edifica el ataque refieren a la ilegalidad del sistema de financiaci�n de vivienda con el sistema Upac en otrora y a la saz�n con la unidad de cuenta Uvr, la postura asumida por la Sala en torno a este tema ser�a suficiente para explicar por qu� no es posible acceder a los medios exceptivos que se fundan en la inconstitucionalidad del sistema de financiaci�n de vivienda pues, se insiste, el Banco a lo largo de la existencia del cr�dito adecu� su conducta a toda aqu�lla regulaci�n. 3.4.3.

Desde otro �ngulo visual, en materia probatoria se impone la regla de la carga de la prueba seg�n la cual corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur�dico que ellas persiguen, de modo que al aplicarla significa que incumb�a a la parte ejecutada demostrar en las oportunidades probatorias dise�adas para tal fin los hechos sobre los cuales se fundaron las excepciones, y como no lo hicieron dado que el dictamen pericial no fue tenido en cuenta por el A quo con fundamento en que el t�rmino probatorio se encontraba ampliamente superado, las excepciones en alusi�n se quedaron en el simple enunciado. 3.4.4.

Y ya en relaci�n con la excepci�n que se soporta en la prescripci�n de la acci�n, debe se�alarse lo siguiente: En materia de prescripci�n de la acci�n cambiaria directa en relaci�n con el pagar�, en t�rminos del art�culo 789 del C. de Co. este fen�meno ocurre en el lapso de tres a�os contados a partir del d�a del vencimiento, pues en materia cambiaria la prescripci�n constituye una sanci�n al no ejercitarse un derecho por parte de su titular en un breve lapso de tiempo.

A pesar que el tiempo corre de manera implacable a favor de la prescripci�n, tal fen�meno en raz�n de su naturaleza admite interrupci�n, ya natural ora civil, modulada la primera por el hecho de reconocer el deudor la obligaci�n expresa o t�citamente, y la segunda, por la presentaci�n de la demanda judicial. En relaci�n con esta �ltima, el art�culo 90 del C. de P. C. ense�a que la presentaci�n de la demanda interrumpe el t�rmino para la prescripci�n, siempre que el auto admisorio o el mandamiento ejecutivo seg�n el caso se notifique al demandado dentro del a�o siguiente a la notificaci�n de esas providencias al demandante ya por estado ora personalmente, de suerte que pasado �ste t�rmino la interrupci�n solo se aplicar� cuando se notifique definitivamente al demandado.

De acuerdo con estas nociones de orden legal, se tiene que en el asunto sub lite la presentaci�n de la demanda ocurri� el 12 de noviembre de 2003, el mandamiento de pago se notific� al ejecutante el 02 de diciembre de 2003 y el Curador Ad-litem fue notificado el 09 de marzo de 2005, eso es, cuando el a�o previsto en el art�culo 90 ib. ya hab�a transcurrido.

No obstante, como quiera que la notificaci�n al auxiliar de la justicia se produjo con antelaci�n a los tres a�os previstos en el art�culo 789 del C. de Co., contados desde el vencimiento de la obligaci�n -en este caso la presentaci�n de la demanda en la aludida fecha, ocasi�n en la que el acreedor hizo uso de la cl�usula aceleratoria facultativa reclamando el saldo de capital sin menci�n a cuotas en mora- logr� sin duda interrumpir civilmente la prescripci�n a tono con el art�culo 90-1 in fine del C. de P. C. lo que conduce a descartar, por igual, este medio exceptivo. 3.4.5.

Otra cosa es que la Sala al revisar de manera oficiosa el mandamiento de pago advierta que se libr�, entre otros, por concepto de intereses de plazo que no tienen cabida en este caso cuando quiera que s�lo se demanda el saldo acelerado de capital desde la fecha de presentaci�n de la demanda y al tenor del art�culo 19 de la Ley 546/99 �El inter�s moratorio incluye el remuneratorio�, motivo por el cual la ejecuci�n debe continuar con prescindencia de tales intereses.

En cuanto a los intereses de mora ordenados a la �tasa fluctuante que certifique el Banco de la Rep�blica�, debe entenderse que los mismos corresponden, no a una tasa fluctuante, sino a la tasa m�xima vigente por el periodo a liquidar seg�n la respectiva resoluci�n de la Junta Directiva de ese Banco. 4. Puestas as� las cosas, con fundamento en estos argumentos el fallo apelado debe revocarse, y en su lugar se ordenar� que prosiga la ejecuci�n con sus secuelas, con las modificaciones a que se alude en el numeral anterior.

En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot� D.C. en Sala de Decisi�n Civil administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero: Revocar en todas sus partes la sentencia de 10 de julio de 2007, proferida por el Juzgado 29 Civil del Circuito de la ciudad dentro de este proceso, y por tanto, en su lugar se dispone: 1. Declarar no probadas las excepciones opuestas por el Curador Ad-litem. 2. Ordenar seguir adelante la ejecuci�n conforme a lo dispuesto en el mandamiento de pago, excluyendo de �l los intereses de plazo y liquidando los intereses de mora a la tasa m�xima vigente seg�n la respectiva resoluci�n del Banco de la Rep�blica, todo seg�n lo motivado en esta providencia. 3.

Ordenar la venta en p�blica subasta de los inmuebles hipotecados, para que con su producto se pague al ejecutante el cr�dito que se cobra a trav�s de esta acci�n, previo su aval�o. 4. Efect�ese la liquidaci�n del cr�dito conforme al art�culo 521 del C. de P.C. Segundo: Costas de ambas instancias a cargo de los ejecutados. NOTIF�QUESE Sentencia discutida y aprobada en Sala Civil de Decisi�n seg�n Acta No. 50 de 22 de octubre de 2009.

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA Magistrado. ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO Magistrado. JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA Magistrado.  Ver folio 53 cuad. 1  Ver folio 55 vto. ib.  Ver folio 77 ib.     Continuaci�n de la sentencia en el proceso No. 2003 � 00738 01 Clase: Ejecutivo Hipotecario ------------------------------------ PAGE  PAGE 10  1245CDklw������������ʼ�����|�tj`UJUJUJU>Uh�@�h�@�6�CJaJh�@�h�k�CJaJh�@�h�@�CJaJhHy�h�@�5�6�h4b�h�@�6�\�h4b�h�@�6�hHy�h�@�5�6�OJQJ\�&j��?N hHy�h�@�6�OJQJUVhHy�h�@�6�OJQJ jhHy�h�@�6�OJQJUhHy�h�@�5�6�OJQJh�k�5�6�OJQJh�k�h�k�5�CJOJQJaJh+a�5�CJOJQJaJh�k�5�CJOJQJaJ5Dlwx�����������������rSkd$$If�l�0���U-� t��6��������������4�4� la� $$Ifa$gd{zY$a$gd�@�$a$gd�@� $ ���a$gd�@�$a$gd�@�$a$gd�k� �������    ) * H J ` | } � � � � � � � � � �   I O X Y ] k �����������������ꮣ�������������vjh�@�h h�5�CJaJh�@�hl�5�CJaJh�@�hl�CJaJh�@�h�(CJaJh�@�h woCJaJh�@�h h�CJaJh�@�hrP�CJaJh�@�h�@�5�CJaJh�@�h�@�5�6�CJaJh�@�h�z:CJaJh�@�h�@�6�CJaJh�@�h�@�CJaJh�@�h�k�CJaJ$����   * I �����K��Skd�$$If�l�0���U-� t��6��������������4�4� la�Skd{$$If�l�0���U-� t��6��������������4�4� la� $$Ifa$gd{zYI J K } ~  � � X Y k l C D q s � ����������������$a$gdl�$a$$a$gd�@�Skd9 $$If�l�0���U-� 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