Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 200900373-01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Nancy Esther Angulo Quiroz

Fecha: 2009-08-12

Sujetos procesales: GUILLERMO PÉREZ PÉREZ / AGRUPACIÓN URBANIZACIÓN TECHO

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Ref: TUTELA DE GUILLERMO P�REZ P�REZ Vs AGRUPACION URBANIZACION TECHO. RDO. 200900373-01 Magistrada Ponente: NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ Discutido y aprobado en Sala de 12 de agosto de 2009. Acta No. 041. I.- ASUNTO Resuelve el Tribunal la impugnaci�n del fallo de tutela del 13 de julio de 2009 proferido por el Juzgado Veintitr�s Civil del Circuito de Bogot�, dentro de la acci�n de tutela interpuesta por el se�or Guillermo P�rez P�rez contra la Agrupaci�n Urbanizaci�n Techo.

II.- ANTECEDENTES El se�or Guillermo P�rez P�rez formul� acci�n de tutela contra la Agrupaci�n Urbanizaci�n Techo, con el objeto que se otorgue la protecci�n constitucional sus derechos fundamentales espec�ficamente a la igualdad, informaci�n y locomoci�n. Como fundamento f�ctico de la acci�n incoada invoc� el que se sintetiza as�: Que es residente y propietario del apartamento 402, bloque 38, interior 23 de la agrupaci�n seis de techo, aduce que le fue adjudicado el parqueadero n�mero 61 desde hace 6 a�os por el consejo de administraci�n de esa �poca, el cual ha venido utilizando de manera regular.

Manifiesta que la Representante Legal mediante comunicados ha informado la restricci�n a los veh�culos y motos cuyos propietarios se encuentren en mora en el pago de la expensa com�n mensual y servicio de vigilancia vehicular. Se�ala que requiri� varias veces a la Representante Legal para que moderara su actuar y al no obtener respuesta positiva impetr� querella ante la Secretaria General de Inspecciones Localidad Octava, asunto que se llev� audiencia de conciliaci�n, la cual se declar� fallida, por lo que fue remitida a la Alcald�a Local de Kennedy.

Asegura que se vulnera su derecho a la igualdad, por cuanto la administradora cobra el monto completo mensual y no hay derecho de igualdad en la prestaci�n del servicio completo de administraci�n, adem�s asegura que se restringe su derecho a la informaci�n por no permitir que se reciba la correspondencia en los casilleros y sea depositada en un buz�n general.

Afirma que la Ley 791 de 2003 faculta al deudor moroso, para que previa la acci�n a que haya lugar, solicite al juez que declare la prescripci�n de la deuda si transcurridos 5 a�os no se ha exigido judicialmente la expensa com�n. III.- TR�MITE Por auto del 2 de julio de 2009, el Juzgado 23 Civil del Circuito de esta ciudad admiti� el libelo tutelar, disponiendo la notificaci�n de la accionada.

La Agrupaci�n Urbanizaci�n Techo, mediante su Representante Legal, en s�ntesis manifest� que al accionante no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno, simplemente que el aqu� petente no cumple con sus obligaciones para con la agrupaci�n desde el 1 de febrero de 2004 y lo que pretende es que se le exonere del pago de las mismas; que como Representante Legal de la Agrupaci�n y en ejercicio de sus funciones ha tomado algunas medidas para el efectivo cumplimiento por parte de los copropietarios la cual se reflejara a futuro en beneficios para la misma agrupaci�n. 2.- Mediante fallo del 13 de julio de la presente anualidad, el A-quo deneg� el amparo deprecado, tras considerar que del plenario no se vislumbra vulneraci�n a los derecho fundamentales que se invocan, por cuanto de las decisiones tomadas por la Agrupaci�n Techo, en raz�n a la mora presentada en el pago de las cuotas de administraci�n por parte del tutelante y las dem�s personas que se encuentran en mora, en nada afecta derechos fundamentales, toda vez que las restricciones no son absolutas y han agotado el conducto regular, as� mismo advierte que la correspondencia se sigue recibiendo, as� no se ubique en los casilleros correspondientes; respecto del servicio del parqueadero, se refiere que lo que se ha restringido a los deudores morosos es el servicio de vigilancia sobre los veh�culos, pero en todo caso, no se les ha prohibido parquear.

El Juez de primer grado concluy� que lo planteado por el tutelante es una cuesti�n econ�mica y la tutela no es el medio id�neo al no existir vulneraci�n de derechos fundamentales, ni un perjuicio irremediable y aduj� que la petici�n elevada puede tener eventualmente cabida en la v�a administrativa y/o judicial, por lo que declara improcedente la acci�n de tutela presentada por el se�or P�rez P�rez. 3.- Inconforme con tal determinaci�n, el accionante la impugn� alegando que no compart�a el fallo del Juez de Primera Instancia, pues, la Administradora no ha agotado el conducto regular, su inconformidad la radica en el conflicto que expone sobre el parqueadero pues, seg�n su decir, la zona donde se parquean los veh�culos es de uso p�blico y las actuaciones de la accionada consisten en cobrar expensas en ese espacio; que la correspondencia debe ser dejada en los casilleros, porque las expensas se le est�n cobrando completas con intereses por mora; que acudi� a la acci�n de tutela por ser un mecanismo de protecci�n inmediata ya que la querella que instaur� se demora; que se le vulnera su derecho a la igualdad porque la administradora est� cobrando la administraci�n completa cuando no presta los servicios completos.

V.- CONSIDERACIONES Se consagr� la acci�n de tutela en nuestro ordenamiento jur�dico con el objeto de otorgar la inmediata y eficaz protecci�n de los derechos constitucionales fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por acci�n u omisi�n de las autoridades p�blicas y tambi�n por los particulares, pero en este �ltimo evento, s�lo en los casos taxativamente consagrados en la ley.

As� mismo, a la aludida acci�n constitucional se le asign� el car�cter residual por cuanto no procede, si la persona, cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran amenazados, tiene otros medios de defensa judiciales, mediante los cuales pueda reclamar y obtener la protecci�n de ese preciso derecho, salvo que se acuda a la acci�n de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Puntualizados los anteriores t�picos jur�dicos que rigen la acci�n constitucional incoada y descendiendo al caso sub-lite se constata que la referida acci�n se formul�, contra un ente de propiedad horizontal, como lo es la Agrupaci�n Urbana Techo, a quien se le acusa de vulnerar los derechos fundamentales antes descritos, por restringir el ingreso al parqueadero y no ubicar la correspondencia en los casilleros correspondientes de los copropietarios que se encuentran en mora con las expensas cobradas por la Representante Legal de la mencionada agrupaci�n. Es preciso se�alar por �sta Sala, que en cuanto a la procedencia de la tutela para la protecci�n de los derechos constitucionales fundamentales frente a los administradores de los bienes sometidos al r�gimen de propiedad horizontal la Corte ha considerado que �ella es procedente, en la medida en que en raz�n del reglamento de copropiedad y de las atribuciones que para los administradores de los edificios o conjuntos residenciales, sometidos al r�gimen de propiedad horizontal se confieren en dicho reglamento, e incluso, de los poderes de hecho que dichos administradores ileg�timamente se arrogan, las personas propietarias o residentes en dichos edificios o conjuntos pueden encontrarse en condiciones de subordinaci�n e indefensi�n� (T-143-00 ).

De cara a la situaci�n expuesta por el accionante y a sus inconformidades, se encuentra que sobre el tema en diferentes precedentes constitucionales la Corte ha se�alado: �� La Corte ha avalado la facultad de los administradores de los edificios y conjuntos sometidos al r�gimen de propiedad horizontal para realizar, conforme a la ley que los rige, las diligencias extra procesales de cobro, siempre que los m�todos empleados para la recuperaci�n de la cartera, no sean lesivos de los valores y principios constitucionales ni de los derechos fundamentales de los deudores.

Igualmente la Corte ha estimado que cuando se incumple en el pago de las expensas obligatorias de la copropiedad, los administradores pueden suspender los servicios comunes, pero siempre que no se afecten las necesidades vitales de existencia de los propietarios y residentes, ni sus derechos fundamentales.�  Respecto de la utilizaci�n de la acci�n de tutela en asuntos como el que ocupa la atenci�n de la Sala, debe recordarse que �sta acci�n constitucional no es el mecanismo para cuestionar las cuotas de administraci�n, los servicios que con ocasi�n a la misma se recibieron, ni mucho menos declarar la exoneraci�n o prescripci�n de la obligaci�n, como lo solicit� el accionante en su petici�n cuarta del libelo tutelar, pues la sentencia T-630 de 1997 dijo al respecto: "En efecto, es claro que el juez de tutela no puede exonerar el pago de expensas de administraci�n ni puede favorecer el incumplimiento de los deberes u obligaciones derivadas de la vida en comunidad, pues como bien lo afirm� esta corporaci�n: "Abusa de la acci�n de tutela quien, desquiciando el objeto de la misma, pretende amparar lo que no es un derecho suyo sino precisamente aquello que repugna al orden jur�dico y que apareja responsabilidad y sanci�n: La renuencia a cumplir las obligaciones que contrae".

En el mismo sentido la Corte en sentencia T 752/99 expres�: �� en anteriores pronunciamientos, esta misma Sala de Revisi�n ha se�alado que, ante la mora en el pago de las expensas obligatorias, la copropiedad puede suspender los servicios que presta directamente, siempre y cuando no afecte las necesidades vitales de existencia de sus habitantes, pues �ese espacio donde el hombre requiere de los dem�s para proteger necesidades vitales, no puede ser anulado por el grupo social ni puede tomar medidas que nieguen las posibilidades de existencia que el individuo no puede asegurarse por s� mismo� (i).

Igualmente, es claro que la administraci�n de la propiedad horizontal no puede suspender los servicios p�blicos de quien incumple sus compromisos econ�micos con aquella, como quiera que �los servicios p�blicos son el medio por el cual el Estado realiza los fines esenciales de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales (C.P. art. 2)� (ii).

Finalmente, las medidas de cobro que adelanten las copropiedades no pueden transgredir el n�cleo esencial de derechos fundamentales (iii). As� pues, se convierten en actos abusivos de las facultades de cobro de la administraci�n, la utilizaci�n de medidas que limitan irrazonable y desproporcionadamente los derechos, a manera de ejemplo, de circulaci�n de los residentes en las zonas comunales destinadas para ello, o que le nieguen, a sus titulares, el acceso a los inmuebles de uso privado.� En �ste orden de ideas, es claro que los argumentos expuestos por el petente no son de recibo, pues del escrito de tutela, la contestaci�n de la misma por parte de la accionada, los documentos allegados y de conformidad con los precedentes constitucionales citados no se evidencia que las medidas adoptadas por la administradora ante la mora en el incumplimiento de sus obligaciones con la copropiedad por parte de los residentes de la misma afecte necesidades vitales del accionante, que por dem�s si tiene alg�n cuestionamiento sobre la legalidad de los cobros que se est�n haciendo tiene a su haber las acciones judiciales pertinentes para su amplio debate con acatamiento de las reglas del debido proceso que incluyen que el asunto se discuta ante el juez competente, no tenido tal calidad el juez de tutela, sin que pueda validamente pretender utilizar �sta acci�n como mecanismo alternativo para conseguir lo que a trav�s de los medios ordinarios no se pudo o no se intent� siquiera obtener.

Lo anterior, por cuanto del expediente emerge que la discusi�n entre las partes radica no frente al ejercicio de derechos fundamentales, sino respecto de asuntos meramente econ�micos, no siendo esta acci�n la v�a adecuada para solucionar conflictos derivados de la aplicaci�n del reglamento de propiedad horizontal, pues para ello est� la justicia civil ordinaria, a trav�s del proceso verbal sumario (inciso 1� del art�culo 435 del C�digo de Procedimiento Civil).

Colorario de lo expuesto se tiene, que ante la inexistencia de una real transgresi�n o amenaza de los derechos fundamentales del accionante, o de un perjuicio irremediable que amerite su concesi�n como mecanismo transitorio, era imperativo que el juez de instancia negara el amparo reclamado, lo que impone la confirmaci�n de la acci�n impugnada.

VI.- DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP�BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE CONFIRMAR el fallo impugnado, dictado el 13 de julio de 2009 por el Juzgado Veintitr�s Civil del Circuito de Bogot�, por lo anotado en precedencia. NOTIF�QUESE �sta decisi�n a todos los interesados.

Por Secretar�a l�brense las comunicaciones pertinentes; REM�TANSE las presentes diligencias a la H. Corte Constitucional, para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE Los Magistrados, NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS JULIA MAR�A BOTERO LARRARTE 200900373 01  Sentencia T-333/95 M.P. Antonio Barrera Carbonell  Sentencias T-228/94, T-360/95 y T-035/97  Sentencia T-568/02  Ver sentencias T-630 de 1997 y T-454 de 1998.

M.P. Alejandro Mart�nez Caballero  Sentencia T-630 de 1997 M.P. Alejandro Mart�nez Caballero.  Sentencia T-540 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Mu�oz.  Con relaci�n a este tema, puede consultarse la sentencia T-470 de 1999. M.P. Jos� Gregorio Hern�ndez Galindo.     Tutela 2 2000900373-00 Guillermo P�rez P�rez Vs Agrupacion Urbanizaci�n Techo PAGE  PAGE 9 1 $%'Oef�  9 � � � � � ? 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