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Proyecto discutido y aprobado en sesi�n de 4 � VIII � 2010 Radicaci�n: 2006 459 01 _______________________________ Agotado el tr�mite que le es propio a la instancia, corresponde al Tribunal desatar el recurso de apelaci�n interpuesto contra la sentencia del doce (12) de junio de dos mil nueve (2009), proferida por el se�or Juez Treinta y Siete Civil del Circuito de esta ciudad.
I.
ANTECEDENTES A. Pretensiones Lucila L�pez de P�rez, a trav�s de apoderado, solicit� de la jurisdicci�n, previo el tr�mite de un proceso ordinario, se declare que tiene el derecho real de dominio o propiedad del bien inmueble situado en la carrera 24 N� 40A-57 Sur. Como consecuencia de la anterior declaraci�n pidi� la restituci�n del mencionado bien, ocupado en la actualidad por la demandada, as� como el pago por parte de esta �ltima de los frutos civiles y naturales que haya podido producir el inmueble disputado.
B. Los hechos 1. Mediante escritura p�blica N� 5682 de 29 de octubre de 1992, otorgada por la Notar�a 14 de Bogot�, la demandante adquiri� por compra el derecho de dominio del inmueble ubicado en la carrera 24 N� 40A�57 Sur, identificado con matr�cula inmobiliaria N� 050-40000199. 2. Este bien se encuentra en posesi�n de Nelcy Ruth P�rez L�pez desde mayo de 2004, quien no ostenta ning�n t�tulo precario sobre el mismo, sino que es poseedora de mala fe, seg�n se dice, por haber entrado en �l de forma violenta y fraudulenta.
C. El tr�mite de la primera instancia 1. La demanda se admiti� por auto de 29 de septiembre de 2006, orden�ndose su notificaci�n y traslado al extremo pasivo del litigio. [Folio 11] 2. El auto admisorio se notific� personalmente a la demandada el 20 de abril de 2007. 3. Por conducto de gestor judicial la demandada dio oportuna respuesta al libelo y formul� las excepciones de pleito pendiente y falta de causa. [Folios 23 y siguientes] Aleg� en su defensa que el inmueble objeto de litigio fue comprado con dineros enviados por ella desde los Estados Unidos, por lo que es su verdadera due�a. Tambi�n se�al� que no es cierto que sea poseedora de mala fe, pues entr� en posesi�n del inmueble desde 1993, ejercitando desde esa fecha los actos propios de se�ora y due�a, como son el pago de servicios p�blicos, impuestos y arreglos locativos. 4.
Recaudadas en lo posible las pruebas oportunamente pedidas y decretadas, se corri� traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusi�n. 5. La parte actora solicit� declarar la prosperidad de todas y cada una de sus pretensiones, por considerar que a partir de los medios de prueba allegados al proceso se logra establecer que el inmueble disputado fue adquirido con dineros propios.
Se�al� tambi�n que la escritura p�blica de compraventa debidamente registrada demuestra su pleno derecho de dominio sobre el inmueble, el cual no fue desvirtuado por ninguna de las pruebas practicadas en el proceso. Por �ltimo, aleg� que los argumentos expuestos por la demandada no fueron corroborados por ning�n medio de prueba. D. La sentencia de primer grado Luego de un resumen de la actuaci�n, el a-quo resolvi� que a la demandante le asiste el derecho de reivindicar el bien relacionado en las pretensiones de la demanda, en virtud a la calidad de propietaria que sobre �stos tiene conforme al t�tulo escriturario allegado al proceso.
En consecuencia, orden� a la demandada restituirlo a su due�a dentro del t�rmino de diez (10) siguientes a la ejecutoria de la sentencia, exoner�ndola del pago de frutos civiles. E. La apelaci�n Tal decisi�n provoc� la inconformidad de la parte demandada, quien sustent� la impugnaci�n se�alando que la sentencia de primer grado fue erradamente motivada, pues desconoci� las pruebas obrantes en el proceso que demuestran que la se�ora Nelsy P�rez L�pez es la verdadera propietaria del inmueble, a pesar de que en la escritura p�blica el bien obre a nombre de la demandante.
Se�al� que el a quo desconoci� los testimonios que prueban que el inmueble objeto de litigio fue comprado con dineros enviados por la demandada desde los Estados Unidos. Tambi�n adujo que el sentenciador pas� por alto la correspondencia que acredita que Nelsy P�rez L�pez envi� dinero a su madre para que comprara la casa y que si no le otorg� poder para ello fue precisamente por el grado de confianza y familiaridad que exist�a entre ambas.
Por lo tanto, en su sentir, s� existen pruebas para afirmar que Nelsy P�rez L�pez es la verdadera propietaria del inmueble objeto de reivindicaci�n, por lo que solicit� la revocatoria de la sentencia de primer grado. II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 1. Los presupuestos jur�dico-procesales que reclama la codificaci�n adjetiva para la correcta conformaci�n del litigio se establecieron a plenitud, como lo comprendiera el sentenciador de primer grado, por lo que la resoluci�n deb�a ser, como lo fuera, necesariamente de m�rito. 2.
La acci�n reivindicatoria, como se ha entendido, es la que tiene el due�o que ha perdido el contacto personal con su cosa, por lo que se ha calificado de acci�n de dominio; valga decir, el due�o sin posesi�n, contra el poseedor sin propiedad. Entendida desde este particular punto de vista, es la v�a legal para reclamar la posesi�n y no el dominio de la cosa, porque �ste es apenas un antecedente, es decir, la causa para que el actor pueda pedir y obtener el goce pleno y absoluto de su derecho con el ejercicio posesorio, que se realiza con la restituci�n del bien (Corte Suprema, Sent. 2 abril de 1941 G.J. t. LI, 174).
Y es que el dominio, como derecho real que es, ostenta como esencial caracter�stica la de otorgar al titular el poder de persecuci�n que, como su nombre lo indica, lo faculta para perseguir la cosa sobre la cual recae, en manos de quien se encuentre. De all� que el C�digo Civil defina el derecho real de propiedad como el que se tiene �en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno� (art�culo 669) y consagre la acci�n reivindicatoria como el medio eficaz para hacer efectivo ese atributo de persecuci�n que est� indisolublemente unido al dominio, para lograr la restituci�n del bien.
La reivindicaci�n es, pues, una acci�n real, porque nace de un derecho que tiene ese car�cter, cual es el de dominio. �Si, como lo ha comprendido la doctrina, este es poder jur�dico directo sobre las cosas, la persecuci�n es apenas aplicaci�n necesaria de ese poder. Por ello la reivindicaci�n tiene que basarse, en primer lugar, en la existencia del derecho sobre la cosa que es objeto de la acci�n: no se podr�a dar el efecto sin la causa. �La persecuci�n �se ha agregado� y por tanto, la reivindicaci�n, no es del derecho sino de la cosa en que recae el derecho.
Mas, para perseguirla, para reivindicarla, es menester no solo tener el derecho, sino tambi�n que �ste sea atacado en una forma �nica: poseyendo la cosa, y as� es indispensable que, teniendo el actor el derecho, el demandado tenga la posesi�n de la cosa en que radica el derecho. Son dos situaciones opuestas e inconciliables, de las cuales una ha de triunfar en el juicio de fondo�. 3.
De la exposici�n de las anteriores premisas se pueden inferir los requisitos esenciales que han de acreditarse para la prosperidad de la acci�n reivindicatoria, los cuales se resumen en la siguiente lista: a) Derecho de dominio en cabeza del actor; b) Posesi�n del bien materia de la reivindicaci�n por parte del demandado; c) Identidad del bien pose�do con aquel cuya recuperaci�n se pretende; y d) Que se trate de una cosa singular o de cuota proindiviso de cosa singular. 4.
Establecido el marco jur�dico dentro del cual se mueve la acci�n reivindicatoria, puede el poseedor oponer determinadas defensas a la pretensi�n del demandante. Pero no son ellas de cualquier linaje, sino precisamente las que lleven a la demostraci�n plena y palpable de que el reivindicante carece de todo derecho al bien sobre el cual pretende la entrega, ya porque existan otros t�tulos del poseedor con igual o mayor eficacia que los que aduce el actor, o ya porque los que aporta no demuestran su derecho de dominio, en cuyo caso la posesi�n, por ser anterior, debe mantenerse y ser protegida.
Es, como se ve, una acci�n exclusiva entre una y otra parte, por lo que un tercero ajeno al debate no podr�a admitirse. 5. En el caso que se deja a consideraci�n de esta sede resulta f�cil corroborar, a partir de las pruebas recaudadas en la actuaci�n, que concurren todos los requisitos necesarios para la prosperidad de las pretensiones de la demanda.
En efecto, no cabe duda de la titularidad del derecho de dominio en cabeza de la actora, hecho que encontr� plena comprobaci�n con el certificado de tradici�n y libertad del inmueble objeto del litigio, el cual fuera aportado con la demanda. [Folio 5] Con relaci�n a la posesi�n en cabeza de quien fuera llamada para concurrir ante la jurisdicci�n, tal hecho qued� probado de modo suficiente, pues en ello coincidieron tanto la misma demandada como los testigos, quienes afirmaron que la demandada est� en posesi�n del inmueble �desde el a�o 1993�; es decir, con posterioridad a la adquisici�n del t�tulo por parte de la demandante, tal y como se desprende de la misma contestaci�n de la demanda [f 25].
En cuanto a los otros dos elementos exigidos de anta�o por la jurisprudencia, encuentra la Sala que hay plena identidad entre el bien cuya recuperaci�n se pretende, con aqu�l pose�do por la demandada, seg�n el escrito de demanda y la escritura p�blica N� 5682 de 1992. Adem�s, se trata de un bien singular, seg�n se dijo en demanda y contestaci�n. 6.
En contraste con los anteriores hechos, la censura se muestra sin fuerza jur�dica suficiente para enervar las pretensiones de la demanda, pues en parte alguna se acredit� que el a quo hubiese incurrido en un error de importante entidad que debiera ser enmendado por esta Instancia. En efecto, la inconformidad expuesta �nicamente se fundament� en que el sentenciador de primer grado no tuvo en cuenta las pruebas testimoniales y documentales que evidenciaban que la demandada hab�a mandado dinero a su madre desde los Estados Unidos para que le comparara el inmueble objeto de litigio, por lo que consider� que deb�a tenerse, por ese solo hecho, a la se�ora Nelsy P�rez L�pez como verdadera propietaria del bien.
No obstante, independientemente de lo que las pruebas muestren sobre la veracidad de los hechos aducidos por la demandada, lo cierto es que las excepciones por ella formuladas no fueron las m�s id�neas para atacar el derecho real invocado por la actora, pues, como ya se dijo l�neas arriba, la excepci�n que destruya la acci�n del reivindicante debe ser de tal car�cter que tenga la virtualidad de demostrar que el demandante carece de todo derecho sobre el bien cuya entrega pretende, y ello solo se logra por medio de un mejor t�tulo en cabeza del poseedor, ya porque sea m�s eficaz que el que aduce el actor o bien por ser anterior al de aqu�l. Por consiguiente, no puede la judicatura declarar que el dominio del bien pertenece a la actual poseedora, pues tal declaraci�n era preciso invocarla como acci�n. En efecto, es patente que la demandada, si bien pod�a reclamar que era a ella a quien pertenec�a realmente el dominio del inmueble, tal declaraci�n debi� ser alegada a trav�s de la pertinente acci�n, por medio de la demanda de reconvenci�n, y no solo como excepci�n, que fue lo que efectivamente hiciera; pues es incontestable que el thema decidendum, entendido como el problema circunscrito a los t�rminos de la demanda y de su contestaci�n, no gir� en torno a la declaratoria de pertenencia, sino �nicamente sobre si la demandada ten�a o no mejor derecho que el exhibido por la actora a fin de obtener la recuperaci�n de la posesi�n. Dentro de este marco de ideas resulta forzoso concluir que ninguno de los medios exceptivos estaba llamado a admitirse, como se tradujera en la sentencia que por v�a de apelaci�n se revisa. 7.
Prestaciones rec�procas Ahora bien, entre la reivindicante y la poseedora vencida deben liquidarse ciertas prestaciones o pagos en forma rec�proca, siguiendo los par�metros de los art�culos 961 a 971 del C�digo Civil; pues no existe en el proceso ning�n elemento de juicio que permita llegar a la convicci�n de que hubo mala fe por parte de la demandada.
En efecto, existe suficiente evidencia probatoria que confirma que la posesi�n de la demandada no fue clandestina ni adquirida por medios fraudulentos o violentos, sino que su permanencia en el inmueble obedece a su invencible convencimiento de creerse due�a del mismo, tal como aflor� durante todo el transcurso de la actuaci�n. Mal podr�a considerarse, entonces, que hubo mala fe de la demandada, y menos cuando al existir por derecho la presunci�n de buena fe, la contraria estaba llamada a probarse, lo cual jam�s se acredit� en este juicio.
Si esto es as�, oficiosamente est� el juzgador en la obligaci�n de atender a las restituciones mutuas consagradas en las disposiciones antes referidas, dado que �stas, como lo ha significado la Corte Suprema de manera invariable, se producen de jure, �lo que significa que no es preciso que no hayan sido pedidas en la demanda o en su respuesta� para que el juzgador �siempre deba considerarlas en la sentencia, ora a petici�n de parte, ora de oficio�. 7.1.
Por consiguiente, la demandada deber� restituir a la demandante el valor de los frutos civiles, pero en atenci�n a que la presunci�n de buena fe consagrada en el art�culo 769 del C�digo Civil no fue desvirtuada por ning�n medio, ello solo se har� desde la fecha de la notificaci�n de la demanda, esto es, desde el 20 de abril de 2007 [folio 15].
Estos frutos civiles, seg�n el dictamen pericial rendido en el proceso, el cual merece la mayor credibilidad dado que cumple con los requisitos se�alados en el art�culo 241 del C�digo de Procedimiento Civil, ascienden a la suma de $16�946.667. [Folio 59, cuaderno Tribunal] 7.2. Tampoco puede pasar inadvertido que en virtud del principio consagrado en el inciso 1� del art�culo 965 del C�digo Civil, todo poseedor, ya sea de buena o de mala fe, tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservaci�n de la cosa.
Y ello porque el reivindicador tambi�n habr�a tenido que hacerlas si la cosa hubiera estado bajo su dominio. Tales expensas pueden referirse a obras materiales permanentes o inmateriales. Si las expensas necesarias se invierten en obras permanentes, entre las cuales se mencionan por la norma una cerca para impedir depreciaciones o un dique para atajar avenidas, o las reparaciones de un edificio arruinado por un terremoto �que ostenta simplemente car�cter enunciativo y no taxativo dado que pueden acomodarse a situaciones semejantes- deben abonarse al poseedor estas expensas, en cuanto se demuestre que han sido obras realmente necesarias, �pero reducidas a lo que valgan las obras al tiempo de la restituci�n�.
Respecto a las mejoras no necesarias, el C�digo las clasifica como aqu�llas que se pueden dejar de hacer sin que se produzca el deterioro, menoscabo o p�rdida de la cosa, y son �tiles o voluptuarias; las primeras aumentan el valor venal de la cosa (art�culo 966) y las �ltimas consisten en objetos de lujo y recreo. Seg�n el dictamen pericial rendido al interior del proceso la poseedora realiz� mejoras �tiles en el inmueble materia de la litis consistentes en �arreglo total del primer piso, cambio de pisos, pa�etada, estuche y pintura en general, port�n met�lico,� entre otras [folio 47], cuyo valor ascendi� a la suma de $37�000.000.
Esta cifra deber� ser actualizada seg�n la variaci�n de precios al consumidor desde cuando se rindi� el dictamen pericial (18 de marzo de 2010) hasta la fecha de esta sentencia. 8. De todo cuanto viene de ser analizado se concluye que la sentencia apelada ha de ser modificada en el sentido de ordenar el pago de las restituciones mutuas a las que se ha hecho alusi�n, y conceder a la demandada el derecho de retenci�n del inmueble objeto de reivindicaci�n hasta tanto se le cancele la totalidad de las mejoras realizadas sobre el mismo.
Merced a lo previsto en el numeral 6� del art�culo 392 del estatuto procesal civil, no habr� lugar a condena en costas en esta instancia, por no haberse causado. III. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D.C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR el numeral TERCERO de la sentencia apelada para, en su lugar, CONDENAR a la demandada Nelcy Ruth P�rez L�pez a pagar a favor de la demandante la suma de $16�946.667 por concepto de frutos civiles.
SEGUNDO. REVOCAR el numeral CUARTO de la sentencia apelada para, en su lugar, CONDENAR a la demandante Lucila L�pez de P�rez a pagar a favor de la demandada Nelcy Ruth P�rez L�pez la suma de $37�000.000 por concepto de mejoras necesarias, suma que deber� ser actualizada seg�n la variaci�n de precios al consumidor desde cuando fuera rendido el dictamen pericial (18 de marzo de 2010) hasta la fecha de esta sentencia. Los frutos civiles que se causen con posterioridad a �sta, liqu�dense conforme al art�culo 308 del C�digo de Procedimiento Civil.
Las partes pueden compensar las anteriores sumas objeto de condena.
TERCERO. RECONOCER a favor de Nelcy Ruth P�rez L�pez el derecho de retenci�n del inmueble objeto del litigio, de conformidad con lo previsto en el art�culo 970 del C�digo Civil, en la forma y t�rminos establecidos en el art�culo 339 del C�digo de Procedimiento Civil, si a ello hubiere lugar, una vez efectuada la correspondiente compensaci�n.
CUARTO. CONFIRMAR en lo dem�s la sentencia apelada. Sin costas en la instancia. NOTIF�QUESE, C�PIESE Y C�MPLASE Los Magistrados, ARIEL SALAZAR RAM�REZ 2004 459 01 LUIS ROBERTO SU�REZ GONZ�LEZ 2004 459 01 GERMAN VALENZUELA VALBUENA 2004 459 01 Corte Suprema de Justicia. Casaci�n de 27 de abril de 1955; 6 de diciembre de 1955. PAGE PAGE 16 2006 459 01 PAGE NOPQde{}�������������ֱ��֕��veTF9/9h#]OOJQJ^Jh�teh90�OJQJ^Jh#]O5�OJQJ\�]�^J!h�teh90�5�OJQJ\�]�^J h�E�h��CJOJQJ^JaJ h�E�h�@VCJOJQJ^JaJh�U1CJOJQJ^JaJh�teCJOJQJ^JaJh+CJOJQJ^JaJ h�E�h90�CJOJQJ^JaJ&h�E�h��5�CJOJQJ\�^JaJ&h�E�h90�5�CJOJQJ\�^JaJ)h�E�h90�5�CJOJQJ\�]�^JaJ(7NOPQ{|}����: M e � ������������������$�L��dh^�L`��a$gd#]O$��^��a$gd90�$�i ��^�i `��a$gd#]O$� �?�^� `�?�a$gd#]O$a$gd�@V$a$gd90�gd�E�$a$gd90��O�OP�������� 9: L Y \ ] _ a c d � � � � � �����ŴŪ�œ������xk^T^J^h��OJQJ^Jh�#JOJQJ^Jh)�h90�OJQJ^Jh)�h��OJQJ^Jh��OJQJ^J h�E�h90�CJOJQJ^JaJh�teh�v�OJQJ^Jh��OJQJ^Jh#]OOJQJ^J!h�teh90�5�OJQJ\�]�^Jh�teh90�OJQJ^Jh�tehH�OJQJ\�]�^Jh#]O5�OJQJ\�]�^Jh�teh90�5�OJQJ\�^J� � � � � � � � � ��������������v�5^�5gd�Z�dh`�gdu+x�dh`�gd�Z��dh`��gd�/��dh`�gd�/�$�5^�5a$gd90�$�`�a$gd�}�$��dh`��a$gd90� $dha$gd�}�$�dh`�a$gd90�$�dh`�a$gd�#J " # ( - 9 > C D X ^ ` a c s � � � � � � 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