Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 9200400263 01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Nancy Esther Angulo Quiroz.

Fecha: 2010-05-21

Sujetos procesales: LUÍS GERMÁN SALAZAR GUTIERREZ Y OTRO / MELBA GUTIERREZ DE SALAZAR

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REF: ORDINARIO DE LU�S GERM�N SALAZAR GUTIERREZ Y OTRO Vs. MELBA GUTIERREZ DE SALAZAR. RAD. 9200400263 01. MAGISTRADA PONENTE: NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ. Discutido y aprobado en Sala de mayo 12 de 2010. Acta N� 020. ASUNTO: Resuelve el tribunal el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte actora, contra la sentencia del 29 de octubre de 2007, proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES: PETITUM: LU�S GERM�N, CARLOS ANDR�S y JAIME ALBERTO SALAZAR GUTI�RREZ, mediante apoderado judicial, formularon demanda contra MELBA GUTI�RREZ DE SALAZAR, para que, previos los tr�mites del proceso ordinario de mayor cuant�a, se hagan los siguientes pronunciamientos: Se declare que les pertenece a los demandantes el dominio pleno y absoluto del lote de terreno ubicado en la esquina noreste de la calle 124 con avenida 13 de esta ciudad, distinguido con el N� 1, manzana 28 de la Urbanizaci�n Santa B�rbara Ltda. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada, restituir el referido predio a favor de los actores.

Se condene a la enjuiciada al pago, a favor de los demandantes, del valor de los frutos naturales o civiles percibidos sobre el predio, y los que los due�os hubieren podido percibir con mediana inteligencia y cuidado, de conformidad con la justa tasaci�n efectuada por peritos, desde el inicio de la posesi�n, por tratarse de un poseedor de mala fe, as� como el valor de las reparaciones que hubiere sufrido el extremo demandante, por culpa de la pasiva.

Se declare que los actores no se encuentran obligados a la indemnizaci�n de las expensas necesarias establecidas en el art�culo 965 del C.C., por ser la demandada una poseedora de mala fe. Se ordene la cancelaci�n de cualquier gravamen que pese sobre el inmueble objeto de reivindicaci�n. Se ordene la inscripci�n de la sentencia, en el folio de matr�cula inmobiliaria.

CAUSA: Como fundamentos f�cticos de las pretensiones, la parte actora expuso los siguientes hechos relevantes. Mediante sentencia proferida el 05 de mayo de 1995 por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, se aprob� y adjudic� a favor de los se�ores SALAZAR GUTI�RREZ, el lote de terreno ubicado en la esquina Noreste de la Calle 124 con Avenida 13 de esta ciudad, dentro del sucesorio de su padre FRANCISCO DE PAULA SALAZAR VALENCIA, el cual fuera previamente adquirido por la demandada MELBA GUTI�RREZ DE SALAZAR por compra efectuada a LU�S EDUARDO BORRAEZ HERAZO.

Los demandantes no han enajenado el referido inmueble, por lo que, el registro del t�tulo en su favor, se encuentra vigente, no obstante, se encuentran privados de la posesi�n material del mismo, en virtud de la posesi�n actual que ostenta la se�ora MELBA GUTI�RREZ DE SALAZAR, que inici� de manera autoritaria y represiva, aprovech�ndose de la condici�n de progenitora de los accionantes para explotar econ�micamente el bien, no obstante haber estado de acuerdo con el tr�mite de partici�n y adjudicaci�n efectuado dentro del proceso de sucesi�n de su c�nyuge, condici�n que ostenta desde la fecha en que fue proferida la referida providencia por parte del Juzgado de Familia, esto es, desde el mes de mayo de 1995.

ACTUACI�N PROCESAL El 30 de junio de 2004 (fl. 63 Cd. 1), se admiti� la demanda, ordenando su notificaci�n a la convocada, acto que se surti� el 22 de septiembre 2004 (fl. 73 Cd. 1), quien contest�, oponi�ndose a la pretensiones y promoviendo la excepci�n de m�rito que denomin�, �Prescripci�n- Adquisitiva de dominio� (fl. 81 Cd. 1). Rituada la instancia en debida forma, se profiri� sentencia el 29 de octubre de 2007 (fl. 57 Cd. 2), en la cual, se declar� no probada la defensa formulada, accediendo a la pretensi�n de reivindicaci�n elevada, se orden� la restituci�n del inmueble, al paso que se neg� la petici�n relativa al pago de frutos naturales y, por �ltimo, se conden� en costas a la parte demandada.

Inconforme con la decisi�n de instancia, la enjuiciada interpuso recurso de apelaci�n, el cual se concedi� en el efecto de ley (fl. 72 Cd. 2), motivo por el cual se encuentra la actuaci�n ante esta Corporaci�n.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA: En t�rminos generales, el Fallador de instancia indic� que la demandada, no cumpli� con el presupuesto temporal previsto por el legislador para la configuraci�n de la prescripci�n adquisitiva de dominio, teniendo en cuenta que la posesi�n inici� s�lo desde la protocolizaci�n de la sentencia de partici�n y adjudicaci�n en el folio de matr�cula inmobiliaria del bien, acaecida el 12 de mayo de 1998, en la medida que, con anterioridad, ostentaba la titularidad del derecho de dominio.

Agreg�, en sentido contrario, que se hallan satisfechos los presupuestos de la acci�n reivindicatoria, acreditados con las pruebas oportunamente recaudadas, por lo que, proced�a su declaraci�n, no obstante, se�al� que no ocurre lo mismo respecto de los frutos alegados, de los que no logr� acreditarse su causa y cuant�a. ALEGACIONES DE LAS PARTES: Se�al� la pasiva que los demandantes nunca han ostentado la posesi�n del bien, por lo que, s�lo procede la reivindicaci�n de la nuda propiedad, al paso que debe reconocerse a su favor la posesi�n que ha venido ejerciendo en forma quieta, pac�fica y p�blica y que el t�tulo de dominio de los actores no resulta anterior a su posesi�n, lo que hace impr�spera la reivindicaci�n. Posteriormente, mediante nuevo apoderado judicial, indic� que el fallo apelado, desconoci� los principios del derecho procesal y sustancial, pasando por alto que la demandada no se ha despojado de la posesi�n del bien desde que lo adquiri� el 02 de agosto de 1975, condici�n que no vari� a�n despu�s de la adjudicaci�n del bien a los accionantes.

A�adi� que las pruebas recaudadas, no fueron valoradas en su integridad de acuerdo a las reglas de la sana cr�tica, que apuntan a acreditar que no se ha perdido la posesi�n desde hace m�s de 28 a�os, lo que permite acceder a la prescripci�n adquisitiva como modo de adquirir el dominio del predio objeto de la litis, alegada por v�a de excepci�n. CONSIDERACIONES DE LA SALA: Sea lo primero advertir, la presencia de los presupuestos procesales necesarios para considerar v�lidamente trabada la relaci�n jur�dico- procesal.

En efecto, le asiste competencia al Juez de primer grado para conocer del proceso y al Tribunal para resolver la alzada; las personas enfrentadas en la litis, ostentan capacidad para ser parte y procesal, dada su condici�n de personas naturales en ejercicio de sus derechos; por �ltimo, la demanda re�ne los requisitos m�nimos de ley. Por lo dem�s, no se vislumbra vicio de nulidad que afecte la tramitaci�n, supuestos estos que permiten decidir de m�rito.

Resulta preciso anotar de manera preliminar, que siendo la pasiva apelante �nico, en raz�n del principio de la no reformatio in pejus, la Sala centrar� su examen de manera exclusiva a lo que le fue adverso al recurrente, pues en lo dem�s, indistintamente de compartirse o no los argumentos o decisiones de la instancia, es lo cierto, que la parte actora se conform� con lo decidido, lo que veda la competencia de la Sala para abordar su valoraci�n. Precisado esto tenemos, que la presente demanda va encaminada a obtener la reivindicaci�n del inmueble de propiedad de los demandantes, y que se predica en posesi�n de la demandada, cuya suplica fue acogida por el juzgador de instancia, desestimando para ello la excepci�n de prescripci�n adquisitiva de dominio alegada por la pasiva, de manera que, para el estudio, se abordar� lo referente a los presupuestos de la acci�n reivindicatoria y, dado el modo en que se adquiri� por los actores el dominio sobre el predio y la titularidad del mismo que en �poca pret�rita ostent� la pasiva se tocar� sucintamente lo relacionado con los efectos de la sucesi�n y de la liquidaci�n de la sociedad conyugal frente a la posesi�n. LA ACCI�N REIVINDICATORIA El dominio, como derecho real otorga a su titular el poder de persecuci�n, que lo habilita para reclamar la cosa sobre el cual recae, en manos de quien se encuentre, motivo por el cual, desde los Romanos, se instituy� como una de las acciones in rem en el derecho civil, la denominada actio reivindicatio, en virtud de la cual, el titular del derecho de dominio desprovisto de la posesi�n, tiene legitimaci�n para impetrar la devoluci�n del bien por aqu�l que materialmente lo detenta como si fuera due�o, sin serlo; acci�n que fue recogida en el ordenamiento patrio en el Art. 946 del C.C., que la define como �La acci�n de dominio que tiene el due�o de una cosa singular, de que no est� en posesi�n, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla�.

Definici�n de la cual emergen como supuestos necesarios para la prosperidad de la acci�n, los siguientes: Que el actor sea titular del derecho de propiedad de la cosa objeto de la reivindicaci�n. Que est� privado de la posesi�n de �sta y que tal posesi�n, la tenga el demandado. Que se trate de una cosa singular o de cuota de la misma y Que exista identidad entre el bien pose�do por el demandado, con el descrito tanto en el memorial de demanda, como en los t�tulos aducidos por el demandante.

Lo anterior implica que el reivindicante, debe probar su derecho de dominio sobre la cosa, esto es, debe exhibir el t�tulo que le confiere la calidad de propietario (Art. 43 y 44 Decreto 1250/70), en procura de desvirtuar la presunci�n iuris tantum que gravita a favor del poseedor consagrada en el art. 762, inc. 2� del C.C., pues, siendo la posesi�n la manifestaci�n m�s vigorosa y ostensible del dominio, la ley predica que quien se encuentra en esa particular situaci�n de hecho, se le considera due�o, mientras otro no justifique serlo.

Por consiguiente, entre tanto el actor no desquicie el hecho presumido, el opositor demandado en reivindicaci�n, continuar� gozando de la ventajosa posici�n en que lo coloca la ley, de tenerlo en principio como due�o respecto de la cosa; as� mismo, se deber� acreditar que existe plena identidad entre el bien reclamado del cual es propietario conforme a los t�tulos respectivos, con el bien que posee el demandado, de tal forma, que no quede duda alguna acerca de que es el mismo que �ste posee, lo cual permite hacer efectivo el derecho de dominio y dar certidumbre sobre el objeto materia de reivindicaci�n, porque si el bien pose�do es otro, no se infringe derecho alguno del demandante, por lo tanto, el pasivo no puede ser convocado a responder.

En el sub-judice esos elemento se encuentran cabalmente acreditados tanto con el certificado de tradici�n y libertad N� 50N-282468, que en su anotaci�n N� 4, da cuenta de la adjudicaci�n del bien ubicado inmueble lote 1 manzana 28 de la Nueva Urbanizaci�n Santa B�rbara, objeto de esta litis, a favor de los demandantes LU�S GERM�N, JAIME ALBERTO y CARLOS ANDR�S SALAZAR GUTI�RREZ, dentro del juicio de sucesi�n del causante FRANCISCO DE PAULA SALAZAR VALENCIA que curs� en el Juzgado 3 de Familia de Pereira, la aceptaci�n expresa que hace la pasiva de su condici�n de poseedora y los actos de se�or�o que se le imputan en las testimoniales recaudadas (fls. 34-39 Cd 2); la identidad del bien solicitado en reivindicaci�n y del pose�do por el demandado, as� como su singularidad, tambi�n se acreditan en los autos no s�lo con la contestaci�n de la demanda, sino adem�s con la inspecci�n judicial practicada sobre el inmueble (fl. 12 Cd 2), y el dictamen pericial emitido por el auxiliar de la justicia designado (fls. 11-30 Cd 2).

Deviene de lo anotado, que el actor cumpli� las exigencias de ley para la prosperidad de la acci�n deprecada, sobre lo cual, por dem�s, no existe en estrictez censura por el recurrente, quien cuestiona la decisi�n de instancia en la medida que desestim� la excepci�n perentoria planteada y que desde ya se avizora su fracaso, por las razones que procede a exponer la Sala.

DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y LA POSESI�N DE LOS HEREDEROS Sabido es, que conforme lo dispuesto en los art�culos 180 y 1774 del C�digo Civil, a falta de capitulaciones matrimoniales por el solo hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los c�nyuges, que si bien durante la vigencia del matrimonio permite la libre administraci�n por parte de los c�nyuges, esta libertad cesa a partir de su disoluci�n, esto es el c�nyuge a�n cuando aparezca como titular del derecho de dominio pierde la facultad de disposici�n respecto de los bienes que ostenten el car�cter de sociales, de acuerdo con las previsiones del art�culo 1� de la Ley 28 de 1932, que ense�a �Durante el matrimonio cada uno de los c�nyuges tiene la libre administraci�n y disposici�n tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a �l, como de los dem�s que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disoluci�n del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al C�digo Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerar� que los c�nyuges han tenido esta sociedad desde la celebraci�n del matrimonio, y en consecuencia se proceder� a su liquidaci�n� Consecuencia de lo anterior es que, una vez disuelta la sociedad conyugal se conforma una comunidad universal distinta de los c�nyuges, integrada por todos aquellos bienes, derechos incorporales y obligaciones que tengan el car�cter de sociales, seg�n las reglas que al respecto consagra el cap�tulo II del t�tulo XXII del libro IV del C�digo Civil, constituy�ndose dicha comunidad en la titular del patrimonio independiente y aut�nomo as� conformado, sobre el cual ninguno de los c�nyuges, obrando por s� solo, �puede ejecutar ning�n acto de enajenaci�n sin colocarse en la situaci�n jur�dica de quien vende cosa ajena, de cuyo dominio es �nico titular la sociedad conyugal il�quida� (Casaci�n Civil, sentencia de 27 de julio de 1945), de tal manera que quien pretenda derivar un derecho exclusivo sobre cualquier bien del haber social deber� alegarlo dentro del tr�mite liquidatorio, para que se reconozca su derecho y se excluya el bien cuestionado de la liquidaci�n (art. 1795 C.C.).

En relaci�n al sucesorio, no puede desconocerse que el art�culo 1401 Ib�dem, en relaci�n a los efectos de la partici�n pregona que �cada asignatario se reputar� haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto, en todos los efectos que le hubiere cabido, y no haber tenido jam�s parte alguna en los otros efectos de la sucesi�n� Tal disposici�n, a no dudar, confiere a la partici�n efectos retroactivos, hasta el momento del nacimiento de la comunidad, que surge con ocasi�n al deceso del causante, retroactividad que por remisi�n normativa resulta igualmente aplicable a la liquidaci�n de la sociedad conyugal (art�culos 1832 C.C.) retrotrayendo sus efectos a la disoluci�n de la sociedad conyugal.

Trat�ndose de la herencia, es resultado de dicha retroactividad, que se considere que el heredero ha pose�do la cosa adjudicada desde la muerte del causante en forma exclusiva, raz�n al punto que resulte legitimo que �ste pueda agregar al tiempo de su propia posesi�n, el de su causante (art�culo 778 del C�digo Civil). Inferencia de lo expuesto es, que por causa de la existencia de la sociedad conyugal, no puede ning�n c�nyuge predicar derecho posesorio exclusivo frente al otro respecto de los bienes que conforman el haber social; de igual manera, no puede desconocerse la posesi�n que por virtud de la apertura de la sucesi�n se radica en cabeza de los herederos como adquirentes por este particular modo de los derechos que le pod�an asistir al causante (art. 1836 C.C.).

En relaci�n al alcance retroactivo de la partici�n de bienes en el sucesorio, la Corte Suprema de Justicia ha puntualizado lo siguiente: ��la partici�n de la masa hereditaria tiene el efecto retroactivo se�alado en los art�culos 779 y 1401 del C.C.. Este efecto consiste en que se tenga por efectuada, no en la fecha de su aprobaci�n por el juez o de su verificaci�n extrajudicial, sino el d�a de la delaci�n de la herencia, que generalmente coincide con el de la muerte del causante, seg�n los art�culos 1012 y 1013 Ib�dem.

Por tanto: primero, no hay discontinuidad entre la propiedad y la posesi�n del heredero, ya que �ste es el continuador de la persona de aqu�l; segundo, queda borrado jur�dicamente el tiempo de comunidad o indivisi�n que realmente haya existido entre la muerte del causante y la partici�n de los bienes; y tercero, cada heredero se reputa no haber tenido jam�s parte alguna en los bienes distribuidos a los dem�s copart�cipes. � Tal efecto retroactivo sit�a la adquisici�n de los bienes distribuidos en la fecha de la muerte del causante, porque es la muerte el punto de partida de un modo de adquirir cuya finalidad es poner en cabeza del sobreviviente los bienes del sujeto fallecido.

En consecuencia, es jur�dicamente imposible que la partici�n, as� retrotra�da al d�a de la muerte, sea un acto que transfiera derechos o bienes entre los coherederos. � El art�culo 765, inciso 4� del C. C. prescribe que pertenecen a la clase de t�tulos traslaticios �las sentencias de adjudicaci�n en juicios divisorios y los actos legales de partici�n�.

Este texto comprende todo acto de partici�n judicial o extrajudicial, cualquiera que sea el origen de la comunidad: legal o convencional; y cualquiera que sea la especie de comunidad: universal o singular. Respecto de todas ellas, dicho precepto se�ala a la partici�n, judicial o extrajudicial, el valor de t�tulo traslaticio de propiedad. Este valor no existe porque es incompatible con la naturaleza y funcionamiento del mencionado modo de adquirir y con el car�cter retroactivo de la partici�n, ambos factores de prevaleciente influjo en la interpretaci�n legal de la materia. � La sentencia de adjudicaci�n y la partici�n misma extrajudicial son simples t�tulos declarativos de ser titulares los herederos de los bienes distribuidos, desde la fecha de la muerte del causante, en virtud de la transici�n directa hereditaria y del efecto retroactivo expresado��  Al amparo del anterior marco conceptual tenemos, que el tema de debate se concreta al t�rmino de posesi�n ejercido por la enjuiciada, como presupuesto para la prosperidad de la excepci�n de prescripci�n alegada, tras considerar �sta que, desde el momento de la compra inicial del inmueble, ocurrida el 02 de agosto de 1975, no ha sido despojada de tal atributo, ni a�n con posterioridad a la culminaci�n del proceso sucesorio que dispuso la adjudicaci�n del predio en cabeza de los actores, esto es, haber ejercido los actos de se�or�o por un lapso superior al exigido por la ley sustancial para acceder a la usucapi�n. Al respecto, conviene precisar que, los actos de se�or�o ejercidos por la accionada, iniciaron desde el momento mismo de la compra del predio efectuada el 02 de agosto de 1975 a Lu�s Eduardo Borraez Herazo, pero como atributo propio de la propiedad adquirida por dicho medio, a voces del art�culo 669 del C.C., dentro de los cuales, estaba la explotaci�n econ�mica, en este caso, a trav�s del contrato de arrendamiento que efectivamente celebr� con el se�or JOS� ONAN VARGAS, del que dan cuenta las declaraciones de terceros recibidas y el interrogatorio de parte surtido, debi�ndose entender entonces que los mismos, no fueron ejercidos por la mera creencia de ser se�or y due�o, sino que devienen de actos de dominio propiamente dichos, propios y en ejercicio de la libre administraci�n que detentaba durante la vigencia de su sociedad conyugal con FRANCISCO DE PAULA SALAZAR VALENCIA. Empero, ante la disoluci�n de la referida sociedad, con ocasi�n al fallecimiento del mencionado SALAZAR VALENCIA, se conform� la comunidad de gananciales, -que de acuerdo con la ley se entiende constituida desde el momento del matrimonio (art. 1� Ley 28/32)-, situaci�n que obligaba a la demandada a acreditar derecho exclusivo y excluyente sobre el bien objeto de la litis, que permitiera su exclusi�n de la partici�n en la liquidaci�n de la sociedad conyugal, que de acuerdo con la documental allegada no se acredit�, reconociendo as� de su parte derechos patrimoniales sobre el bien a favor de aqu�l, los cuales resultaron transferidos a favor de sus herederos, haciendo impr�spero el reclamo de prescripci�n adquisitiva, m�xime que hasta la expedici�n de la Ley 791 de 2002 la prescripci�n se suspend�a siempre entre c�nyuges.

Adicionalmente, ante el surgimiento de la comunidad herencial, que por imperio de la ley sit�a a los herederos en la posici�n que ostentaba el causante, conforme la normativa citada, pese a que el trabajo de partici�n se aprob� en providencia de mayo 5 de 1995, los herederos se reputan haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto, valga decir due�os desde su fallecimiento (art. 1401 C.C.), que de acuerdo con lo manifestado por la misma demandada ocurri� diez (10) a�os antes de la aprobaci�n judicial del trabajo de partici�n, lo que hace a aquellos poseedores desde el momento mismo del fallecimiento y con el derecho de sumar a su posesi�n la que cab�a a su causantes desde la adquisici�n del bien social, por causa de la sociedad de gananciales conformada por el matrimonio, lo que igualmente obligaba a la demandada a acreditar una posesi�n exclusiva y excluyente respecto de estos para hacer prospera su excepci�n. Puestas as� las cosas, resulta claro que a partir de la disoluci�n de la sociedad conyugal surgi�, por imperio de la ley, una nueva relaci�n entre la demandada y el inmueble a reivindicar, mucho m�s desde el momento, en que con ocasi�n a la aprobaci�n de la partici�n de bienes dentro del sucesorio de FRANCISCO DE PAULA SALAZAR VALENCIA, en el que se adjudic� el predio a los actores, se verific� una mutaci�n de su condici�n de titular del derecho de dominio al de mera poseedora, ejerciendo en esta nueva condici�n actos de se�or�o que quedaron evidenciados..

No obstante, no se prob� fehacientemente una posesi�n exclusiva y excluyente por parte de la demandada desde el preciso momento en que dicha mutaci�n se verific�, y si en gracia de discusi�n se aceptara su ocurrencia resultar�a imperioso afirmar que la misma, �nicamente vino a materializarse desde el 05 de mayo de 1995, fecha de la adjudicaci�n a favor de los actores, por lo que, a la presentaci�n de la demanda -01 de junio de 2004-, hab�an trascurrido escasos 9 a�os, incumpliendo la puntual exigencia temporal prevista en el art. 2532 del C.C., que impon�a una posesi�n quieta pacifica, p�blica, ininterrumpida, por un lapso de 20 a�os o m�s, sin que pueda v�lidamente beneficiarse del t�rmino de 10 a�os que se estableci�, para tales efectos con ocasi�n a la reforma introducida por el art. 6� de la Ley 791 de 2002, en tanto, el art�culo 41 de la Ley 153 de 1987 expresamente ense�a que la prescripci�n iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado a�n al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podr� ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiendo la �ltima, la prescripci�n no empezar� a contarse sino, desde la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley, que en este caso comportar�a, que entre la expedici�n de la nueva ley y la presentaci�n de la demanda hab�a transcurrido poco m�s de un a�o, haciendo m�s elocuente la temporalidad echada de menos. Pone de presente lo anterior, el fracaso del medio de defensa formulado por la pasiva, en tanto no se cumplen los presupuestos establecidos por el Legislador para la declaraci�n de usucapi�n del predio objeto de reivindicaci�n, tal como lo consider� el fallador de primer grado, lo que impone la confirmaci�n de la sentencia apelada, con la consecuente condena en costas a cargo del extremo recurrente.

DECISI�N: En m�rito de lo expuesto, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT�, EN SALA CIVIL DE DECISI�N, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP�BLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el 29 de octubre de 2007 por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot�, por las razones de precedencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte recurrente. T�sense en su oportunidad.

TERCERO: DEVU�LVASE el expediente al juzgado de origen, para lo de su tr�mite y competencia. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE Los Magistrados, NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS JULIA MAR�A BOTERO LARRARTE Por posesi�n se entiende, la ejecuci�n de actos positivos que exterioricen el dominio sobre la cosa que detenta, de donde se colige que se halla integrada por dos elementos bien caracterizados, a saber: el corpus y el animus, como lo denominaron los romanos, acredit�ndose el primero por la tenencia o detentaci�n de la cosa, mientras el segundo se presume de los hechos que normalmente dicen son su reflejo, y que por aparecer externamente, son apreciables por los sentidos, as� el art�culo 981 del C�digo Civil precept�a, que la posesi�n debe probarse �por hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio como el corte de maderas, la construcci�n de edificios, la de cercamientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significaci�n ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesi�n�.

Tal cual ha sido reconocida en forma un�nime por la doctrina y la legislaci�n, que en relaci�n con las cosas, puede encontrarse la persona en una de estas tres posiciones, cuyas consecuencias jur�dicas var�an en cada caso y confieren a su titular, derechos subjetivos distintos: la primera, denominada tenencia, en que simplemente se ejerce poder externo y material sobre el bien (art. 775, C.C.); la segunda, posesi�n, en la que tal como se anot� en el ac�pite precedente, a ese poder material, se une el comportamiento respecto del bien como si fuera due�o (art. 762 C.C.); y la tercera, propiedad, en que se tiene efectivamente un derecho in re, con exclusi�n de todos las dem�s personas, y que autoriza a su titular para gozar, usar y disponer del bien dentro del marco que le se�ale la ley y obviamente, dando cumplimiento a la funci�n social que a ese derecho corresponde.

(Art. 669 C.C.). El art�culo 778, en armon�a con el 2521 del estatuto sustantivo civil, prev� que el prescribiente puede sumar a su posesi�n la de sus antecesores, estableciendo la Jurisprudencia las siguientes condiciones para que resulte operante el aludido fen�meno: � a) que haya un t�tulo id�neo que sirva de puente o v�nculo sustancial entre antecesor y sucesor, b) que antecesor y sucesor hayan ejercido la posesi�n de manera ininterrumpida y c) que haya habido entrega del bien, lo cual descarta entonces la situaci�n de hecho derivada de la usurpaci�n o el despojo�.

(Sentencia de Casaci�n Civil 011 del 6 de abril de 1999. Exp. 4931). En relaci�n con la idoneidad del t�tulo que se invoque como vinculo jur�dico para la configuraci�n de la posesi�n, la Corte Suprema de Justicia, ha conceptuado: ��El v�nculo jur�dico que se forme debe hacerse de acuerdo con la naturaleza del bien. En otras palabras, si se trata de un inmueble tiene que instrumentarse tal como lo indica el C�digo Civil para el acto respectivo, esto es, que si es compraventa, permuta, donaci�n etc., debe hacerse por escritura p�blica bajo el designio traslativo que encierran estos negocios� (G.J. CLXXXIV, P 100).

Posteriormente, en sentencia del 7 de julio de 1.995, sostuvo: �Bien sabido es que en esta materia lo que el ordenamiento positivo exige es una sucesi�n en las posesiones fundada en una �causa adquirndi��luego es claro que puede fincarse en cualquier clase de negocio jur�dico, preparatorio o definitivo, que en atenci�n a las condiciones concretas en el mismo consignadas, sea h�bil para servir de nexo leg�timo de uni�n entre aquella situaciones posesorias que se agregan o fusionan.� M�s adelante en casaci�n del 14 de diciembre de 2.001, con ponencia del doctor Jorge Santos Ballesteros, Salvamento de voto y aclaraci�n de algunos de sus integrantes, expres�: �� el art�culo 12 del decreto 960 de 1.970, seg�n el cual deber�n celebrarse por escritura p�blica todos los actos y contratos de disposici�n y gravamen de bienes inmuebles.

Y a pesar de que se trata de posesi�n y no de dominio, es decir, de un hecho y no de un derecho, es lo cierto que cuando en virtud de un contrato una parte transfiere a otra la posesi�n que ejerce sobre un predio, lo que en el fondo est� haciendo es disponer del inmueble, pues se despender� de �l, saldr� de su patrimonio, par ingresar al del adquirente.

En consecuencia, resulta imperativo el mencionado art�culo 12 que erige en solemnidad sustancial el otorgamiento de escritura p�blica en todo contrato de disposici�n de inmuebles, y de esta estirpe lo es el que tenga por objeto la transmisi�n de la posesi�n de un bien ra�z�. Sin embargo no obstante, tener conocimiento de la nuda propiedad en cabeza de sus descendientes, supuesto f�ctico que impide acceder a la pretensi�n de suma de posesiones respecto de los actos ejercidos en virtud del derecho de dominio, en tanto, parten de supuestos abiertamente diferentes, pues, como se dijera, los atributos ejercidos por virtud de �sta �ltima, no constituyen actos de posesi�n, bajo una mera creencia de ser se�or y due�o, por lo que, improcedente resulta alegar respecto de �stos, la existencia de los presupuestos propios de la acci�n posesoria �animus y corpus- a efectos de acceder a la suma de posesiones deprecada.  Sent.

C.S.J. Casaci�n Civil, del 3 de junio de 1970. G.J. Tomo XCII, p�gs. 909 a 922).  Ver interrogatorio de parte obrante a folios 47 y 48 Cd 2 del expediente.     PAGE 1 Ref.: 12031 Rad. 11001310300920040026301 Proceso Ordinario de Luis Germ�n Salazar Guti�rrez y otro Vs. Melba Guti�rrez de Salazar.  PAGE \* MERGEFORMAT 10   !"pqr�����   1 ���ӹӣ��m�_QC_C_�h�v�h�3�5�OJQJ^Jh�v�h�5�OJQJ^Jh�v�h��5�OJQJ^J#h�v�h��5�OJQJ^JmH sH h�P�OJQJ^Jh�v�h��OJQJ^Jh�v�hm86OJQJ^J*h�v�h��5�6�@���OJQJ^JmH sH 2jh�v�h��5�6�OJQJU^JmHnHu h�v�h��5�6�OJQJ^Jh�v�h�3�6�OJQJ^Jh�v�h��6�OJQJ^J !012Zqr���  M N O � � � � � �����������������������$ & F���dh^�`��a$gd+~# ��dh`��gd+~# $dha$gd+~# $dha$gd+~#�{T|$}���1 K M o p t v  � � � � � � � � � � � �   / 5 � � � � � � � �  ( ���Ȼ���ȻȡՓ���ՆՆՆ��whYwYwY h�v�h,=@���OJQJ^J h�v�h�v�@���OJQJ^J h�v�h��@���OJQJ^Jh�v�h,=OJQJ^Jh�v�h��5�OJQJ^Jh�v�hm86OJQJ^Jh�v�h�E�OJQJ^Jh�v�h�3�OJQJ^Jh�v�h�OJQJ^Jh�v�h��OJQJ^Jh�v�h��>*OJQJ^J h�v�h��5�>*OJQJ^J"� � � ~  � � � � � � � � � �������������������������$ & F���dh^�`��a$gd+~#$ & F���dh^�`��a$gd+~#$ & F���dh^�`��a$gd+~#$��dh`��a$gd+~#( � � � � �  #���������IQR��EG� Kk��� RS�������������ĵ������w�w��hY� h�v�h}�@���OJQJ^J h�v�h]P@���OJQJ^J h�v�h�@���OJQJ^J h�v�hQnl@���OJQJ^Jh�v�h��OJQJ^J$h�v�h��@���OJQJ^JmH sH  h�v�h�v�@���OJQJ^J 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