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Dec�dese el recurso de apelaci�n formulado por la parte demandante contra la sentencia de 13 de noviembre de 2007, proferida por el Juzgado 32 Civil del Circuito de esta ciudad, en el proceso ordinario de Humberto Estupi��n Arenas y Alicia Escalante Blanco contra Seguridad Suram�rica Ltda. y Edificio Bosque de Bolonia. Antecedentes 1. Solicitaron los actores se declare que Seguridad Suram�rica Ltda. es civilmente responsable de los perjuicios causados a ellos por el hurto de los bienes de su propiedad, ocurrido el 6 de diciembre de 2002, en el Edificio Bosque de Bolonia, apartamento 102 de la calle 95 No. 21-52 de Bogot�, se declare que Edificio Bosque de Bolonia es indirecta pero civilmente responsable, en forma solidaria, por dichos perjuicios, y se condene a los demandados a pagarles $40'270.000,oo m�s los intereses moratorios legales, la correcci�n monetaria y las costas. 2.
En la causa petendi se dijo, en resumen, que el 6 de diciembre de 2002 se hicieron presentes en la porter�a del Edificio Bosque de Bolonia cuatro delincuentes, con orden de allanamiento contra el apartamento 102, argumentando ser funcionarios de la Fiscal�a General de la Naci�n, ingresaron al edificio y realizaron el hurto de una caja fuerte con lo siguiente: a) $30'000.000,oo que eran de la venta de un apartamento de la codemandante Alicia Escalante Blanco; b) $5'000.000,oo que correspond�an a la pensi�n jubilaci�n y mesadas adicionales que recibi� el codemandante Humberto Estupi��n Arenas en noviembre de 2002, como pensionado de la Caja de Cr�dito Agrario; c) un billete de cien d�lares; d) un reloj marca Rolex avaluado en $1'500.000,oo; e) un pa�o con mostrario de joyas por valor de $2'000.000,oo; f) un cofre de madera con joyas de uso personal de Alicia Escalante, y otros elementos como cheques, letras de cambio y pasaportes. 3.
Seguridad Suram�rica Ltda. se opuso a las pretensiones argumentando no estar obligada a asumir los efectos de la sentencia, ni a resarcir un perjuicio o efectuar un pago, por no ser responsable de los hechos da�osos de la demanda, ya que no incumpli� obligaciones a su cargo. Formul� las excepciones de fondo que denomin� inexistencia de la obligaci�n de indemnizar perjuicios, fuerza mayor y ausencia de uno de los elementos comunes a toda responsabilidad.
El Edificio Bosque de Bolonia no contest� la demanda. 4. Cumplidos los tr�mites pertinentes, el juzgado de primer grado deneg� las pretensiones de la demanda, y conden� en costas a los demandantes a favor de Seguridad Suram�rica Ltda., �nicamente. Para esa decisi�n el juez de primer grado analiz� el reglamento de propiedad horizontal del Edificio Bosque de Bolonia, y la ley 675 de 2001, e infiri� que ni uno ni otra crean la obligaci�n para la persona jur�dica que conforma la propiedad horizontal, de indemnizar los perjuicios derivados de hechos como los expuestos en la demanda.
En cuanto a la responsabilidad y obligaci�n de indemnizar por la actuaci�n de la empresa de vigilancia, conforme a lo estipulado en el respectivo contrato, se tiene que el servicio lo deb�a prestar por intermedio de dos vigilantes, debidamente seleccionados, uniformados y sin arma, comprometi�ndose con el contratante y los usuarios a observar la m�xima diligencia en el cuidado de inmuebles y muebles.
Expres� el a quo que en el contrato de vigilancia se estipul� que la empresa garantizar�a el pago de indemnizaciones por hurtos u otros siniestros, si se cumpl�an los requisitos all� previstos, los cuales no se dieron, ya que en los hechos hubo caso fortuito dado su car�cter de imprevisible e irresistible. Imprevisible porque no era posible advertir que se fuera a presentar el hecho; irresistible porque el vigilante de turno prestaba el servicio conforme a lo estipulado, y al ponerlo en estado de indefensi�n, sin posibilidad de actuar, se encontraba en peligro su vida, o cuando menos su integridad f�sica.
Por tal raz�n, no concurre en la demanda la obligaci�n de indemnizar los perjuicios reclamados, al haberse presentado en el evento caso fortuito. El recuso de apelaci�n Argumenta el recurrente, en s�ntesis, que el fallo es incongruente porque las razones expuestas en el mismo no concuerdan con la realidad procesal, ya que no est�n en consonancia los hechos con las pretensiones y menos con el acervo probatorio.
Contrario a lo que sostiene el juzgado, la responsabilidad est� probada, pues a pesar de que la empresa de vigilancia manifestara las m�nimas condiciones de seguridad para sus residentes, la administraci�n hizo caso omiso de las mismas, incumpliendo las funciones de su cargo. En cuanto al hecho ocurrido era previsible y evitable, si la administraci�n hubiera atendido las recomendaciones que en materia de seguridad le hizo Seguridad Suram�rica Ltda., motivo por el que hay culpa y responsabilidad del hecho acaecido por la falta de adopci�n de las medidas recomendadas.
Consideraciones 1. Como no hay duda sobre la presencia de los presupuestos procesales y dem�s requisitos de validez del proceso, es pertinente recordar que el campo de la responsabilidad civil como fuente general de obligaciones, en cualquiera de sus modalidades (contractual o extracontractual) tiene como elementos integradores homogenizados: una culpa, un da�o y una relaci�n de causalidad entre ambos, no obstante que la diferencia entrambas formas de responsabilidad depende del �mbito en que se producen, distinci�n esta que tambi�n se refleja en las personas a las que puede extenderse, la evidencia o prueba de la misma, por la capacidad, por los l�mites de la reparaci�n del da�o y por la prueba o no de la culpa. 2.
En el presente asunto, ocurri� el hecho generador del proceso el 6 de diciembre de 2002, que consisti� en el asalto a mano armada en el Edificio Bosque de Bolonia, as� como la penetraci�n de los delincuentes al apartamento donde resid�an los demandantes. Y al contrario de lo sostenido en ese sentido por el juzgado de primera instancia, no parece fundada la tesis de la fuerza mayor o caso fortuito, precisamente porque esta figura se tipifica por "el imprevisto a que no es posible resistir", seg�n el art�culo 64 del C�digo Civil, por supuesto que se contrata una compa��a para servicios de vigilancia y seguridad es porque resulta absolutamente previsible que se puedan presentar conductas como la aqu� analizada.
De ah� que si bien las demandadas podr�an estar llamadas a responder civilmente, en especial la compa��a de vigilancia privada, debido a que ten�an a su cargo la seguridad del edificio donde se produjo el hecho antes referido, lo cierto es que aqu� fracasa la demanda por cuanto la parte demandante no acredit� los perjuicios que reclama, como se percibe del material probatorio recaudado, pues en realidad no demostr� cu�les fueron los bienes que realmente le fueron sustra�dos, ni siquiera su preexistencia, como pasa a explicarse. 3.
Es que como tiene puntualizado la jurisprudencia, para que el da�o o perjuicio sea objeto de reparaci�n tiene que ser cierto y directo, ya que solo corresponde reparar el perjuicio que se presenta como real y efectivamente causado, adem�s de tener su fuente inmediata en el hecho antijur�dico, como una culpa, un obrar negligente, de mala fe o con dolo.
En otros t�rminos, que el perjuicio sea cierto es una caracter�stica conforme a la cual es menester que se haya producido una afectaci�n real del patrimonio econ�mico o moral de una persona; y que sea directo significa que el perjuicio se hubiese generado sin ninguna duda por causa del hecho o conducta culpable, culposa o dolosa. Y conforme al principio de carga de la prueba que establece el art�culo 177 del C�digo de Procedimiento Civil, incumb�a a la parte demandante demostrar la causaci�n de los perjuicios que reclaman, carga que aqu� aparece incumplida. 4.
Ahora, el da�o no logr� concreci�n por la parte interesada en cuanto a su real generaci�n, ni su monto, pues la prueba de esto se echa de menos en los autos, ya que las probanzas allegadas al debate con ese fin no lograron demostrar que efectivamente en el momento del hurto, se llevaron los bienes y la suma de dinero pretendidos en la demanda.
Justamente, de las declaraciones de Oscar Azuero Penagos y Florelia Bueno Badillo (folios 138 a 140 del cuaderno 1), se extrae que supieron por comentarios de los demandantes sobre el hurto, que la se�ora ten�a joyas y que siempre manten�an dinero, pero de tales asertos no puede establecerse a ciencia cierta que efectivamente ten�an en la caja fuerte, presumiblemente sustra�da por los delincuentes, las joyas y el dinero sobre el que fundan la demanda.
A igual incertidumbre f�ctica conducen las afirmaciones de los testigos Blanca Soledad D�az Ariza, Jaime D�az Casta�eda y Teresa Adelaida Rond�n S�nchez (folios 149 a 159 del cuaderno principal), sobre lo acontecido en el apartamento de los demandantes, pero no puede emanar de sus dichos la preexistencia en concreto de los elementos hurtados, de donde pueda partirse para valorar el da�o causado con el il�cito.
Pablo Antonio Mu�oz Estupi��n expuso que los bienes sustra�dos a los demandantes, que guardaban en una caja fuerte, son el dinero de la venta de una apartamento que guardaba all� y las joyas que usaba Alicia Escalante Blanco, sus documentos como cheques, letras y las cuestiones de la se�ora, pero tal aserto no es suficiente para dar por demostrado que efectivamente ese d�a del atraco en la caja de valores hab�a dinero y que joyas conten�a, para tener acreditado el perjuicio por los actores, pues al testigo en realidad no le constaban de manera espec�fica esos hechos.
Y eso sin contar que la versi�n de ese testigo puede tener alg�n viso de parcialidad, a juzgar por el grado de parentesco con los demandantes, ya que es sobrino del demandante Humberto Estupi��n Arenas. 5. En el interrogatorio de parte los demandantes narran los pormenores del suceso del il�cito y que se llevaron la caja fuerte envuelta en una hamaca, pero su propia declaraci�n no podr�a ser tenida en cuenta, por s� sola, para acreditar la preexistencia de los objetos, ni su efectiva sustracci�n, pues sabido es en el derecho probatorio que una parte no puede tratar de emplear su propia declaraci�n para probar hechos a su favor, ya que de acuerdo con los principios de igualdad de las partes y audiencia bilateral, as� como la carga de la prueba (art. 177 del CPC), a cada parte corresponde probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jur�dico que persigue, de tal manera que no puede tener la merced o ventaja de acreditarlos con sus propias manifestaciones, a excepci�n de aquellas circunstancias que en un principio no requieren prueba.
Por cierto que en este t�pico, los demandantes alegan que ten�an en la caja fuerte treinta millones de pesos producto de la venta de un apartamento, y cinco millones de emolumentos pensionales, y con la demanda solamente se allegaron estos elementos de juicio: a) el extracto de una cuenta corriente perteneciente a una persona jur�dica, de noviembre de 2002, seg�n el cual hubo unos ingresos de veinticuatro millones de pesos y egresos o retiros de veinte millones (folios 43 del cuaderno 1), sin acreditarse que efectivamente esos dineros, cuyo monto no coincide con los treinta millones, estaban en la caja fuerte; y b) una constancia de consignaci�n de emolumentos pensionales por $5'484.598,oo en el mismo mes a favor del codemandante Humberto, sin constancia de de su retiro.
De ese modo, no qued� probado en los autos como un hecho cierto que en la caja fuerte eventualmente sustra�da por los infractores de la ley, estuviesen las sumas invocadas por la parte demandante. Es m�s, esta parte en su alegato dice que la existencia de esos dineros en la caja fuerte "es cre�ble" por la venta y la pensi�n (folio 247 del cuaderno 1), pero es que para fundar una condena judicial por responsabilidad, m�s que ser cre�ble un hecho, requiere de prueba plena o suficiente. 6.
De otra parte, en su interrogatorio de parte Agust�n Moreno Arias, representante de la empresa de vigilancia demandada, detalla sobre las deficiencias de la seguridad del edificio y c�mo ocurri� el hecho del atraco en el apartamento de los demandantes, sin que se acepte en alguna de sus afirmaciones sobre los bienes objeto del hurto. El declarante Silvano Antonio Wilches, quien ejerc�a la vigilancia del edificio en el momento del asalto, narra lo ocurrido y se�ala sobre algunas deficiencias para la seguridad en el inmueble, as� como el da�o del monitor del circuito cerrado de televisi�n, que estaba anotado en el libro de "minuta" y la falta de cit�fono. Adem�s, dice que los delincuentes salieron de la porter�a "hacia fuera llevaban un burujo en una s�bana, subieron al carro ", de donde no se extrae elemento para identificar los bienes sustra�dos del inmueble de propiedad de los demandantes.
Respecto del indicio grave que pueda derivarse de la falta de contestaci�n de la demanda por parte del Edificio Bosque de Bolonia, conforme lo dispuesto en el art�culo 95 del estatuto procesal civil, no es suficiente para dar por probado el da�o, por cuanto la real ocurrencia de �ste, seg�n viene de explicarse, est� hu�rfana de prueba. Y por todo lo anterior la prueba pericial, sobre la que tambi�n alega el recurrente, no tendr�a ning�n oficio en este asunto, de atender que la misma no tendr�a c�mo acreditar la existencia del da�o, esto es, la preexistencia de los objetos presuntamente sustra�dos y su real sustracci�n, am�n de que para efectos dinerarios el dictamen tambi�n ser�a superfluo.
La experticia conducir�a a demostrar la cuant�a del perjuicio, pero sobre la base de unos bienes en concreto a los cuales pudiera efectuar el respectivo estudio, mas no para acreditar si los mismos fueron o no sustra�dos. 7. Corolario de de anterior, entonces, es que del expediente no fluye el acervo probatorio suficiente para los perjuicios ciertos y directos que pudieron tener en el patrimonio econ�mico los demandantes, lo que conduce a confirmar la sentencia impugnada, aunque por las razones esbozadas en esta providencia. La parte recurrente ser� condenada en costas, aunque solamente a favor de la compa��a de vigilancia, respecto de quien aparecen causadas (art�culo 392 del C�digo de Procedimiento Civil).
Decisi�n Con base en lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogot�, Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha y procedencia anotadas. Condenar a la parte recurrente al pago de las costas causadas en esta instancia, a favor de Seguridad Suram�rica Ltda. Val�rense.
C�piese, notif�quese y oportunamente devu�lvase. JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA LIANA AIDA LIZARAZO VACA CLARA INES MARQUEZ BULLA TSB - Sala Civil - exp. 32-2004-00367-01 PAGE 8 12FGH[\]wx��} � � � � � � � � � � � � J 08��CG��������������������������v��h�]�]�]�h<U�h,�CJaJh<U�h� �5�>*CJaJh<U�h� �@���CJaJh<U�h�6zCJaJh<U�h� �CJaJmH $sH $h<U�h� �CJaJh<U�hz�5�CJaJh<U�hJ�5�CJaJh<U�hJ�CJaJh<U�h�XvCJaJh<U�h�Xv@���CJaJh<U�h8-C5�@���CJaJh<U�hJ�5�@���CJaJ$2FGHwx���( < ] � � � � H I ������������������������� $d8a$gd�6z $d8a$gd�6z$d8*$a$gd�6z�C�C����������: H R ^ _ � � �����������"#*+>?}��������� "#&.0189;>opwxz}�� *����������������������������������������������������h<U�hs�CJaJh<U�h.;zCJaJh<U�h]CJaJh<U�h,�6�CJaJh<U�h� �6�CJaJh<U�h� �CJaJh<U�h,�CJaJF�� !"&H~�������������Y[abcu"#V[������|}��89EFik�����������������������������������������굩�������ț��h<U�hXM�CJaJh<U�h� �5�>*CJaJh<U�hI�6�CJaJh<U�hI�CJaJh�JeCJaJh<U�h� �CJaJh<U�h]CJaJh<U�h� �6�CJaJh<U�h� �CJaJh<U�hs�CJaJ8���������� ���"�"�$�$o'��������������������$d8*$a$gd�6z$d8*$a$gd�r' $dPa$gd9q d8gd�6z $d8a$gdI� $d8a$gd� � $d8a$gd�6z'3��������}�������������'\q���, � � � (!+!:!{!�!������������������ɻ�����������������ynynh<U�hw{�CJaJh<U�h\�CJaJh<U�h]CJaJh<U�h�k,CJaJh<U�h�KkCJaJh<U�h9q CJaJh<U�hu~CJaJh<U�h� �5�>*CJaJh<U�hI�5�>*CJaJh<U�hI�CJaJh�JeCJaJh<U�hXM�CJaJh<U�h� �CJaJ)�!�!�!�!�!�!�! 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