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La Corte ha se�alado que para la configuraci�n de una actuaci�n temeraria deben presentarse los siguientes elementos: (i) Identidad de partes; (ii) identidad de causa petendi; (iii) identidad de objeto; (iv) sin motivo expresamente justificado� REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, primero (01) de noviembre de dos mil veintitr�s (2023) Acta de Aprobaci�n No 1220 Hora: 10:00 a.m. Radicaci�n: 66001310700220230011201 1.- VISTOS Procede la Sala por medio de este prove�do a desatar la impugnaci�n interpuesta por el se�or Hernando de Jes�s G�mez Henao, contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esta capital, con ocasi�n de la acci�n de tutela instaurada frente a COLPENSIONES, la Fiduagraria -Fondo de Solidaridad Pensional-, el Ministerio de Defensa Nacional -Ej�rcito Nacional-, el fondo de pensiones COLFONDOS, y el fondo de pensiones PROTECCI�N. 2.- SOLICITUD Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el accionante, se pueden concretar as�: (i) se encuentra actualmente vinculado a la AFP COLPENSIONES, por traslado de fondo pensiones desde PROTECCI�N, antes se encontraba vinculado en COLFONDOS;
(ii) re�ne los requisitos exigidos por el Fondo de Solidaridad Pensional administrador por Fiduagraria, por lo que diligenci� el formulario FE-FSP202314124 de julio 28 de 2023; (iii) la entidad neg� la vinculaci�n dado que no aparece la historia laboral de COLPENSIONES acreditada correctamente, por cuanto faltan que se registren los per�odos 22-03-1999 a 14-09-1991, y 01-06-2022 a 31-07-2008;
(iv) la inconsistencia en la historia laboral de COLPENSIONES radica en que solo le aparece reportado 227 semanas cotizadas, y con los periodos no registrados se completar�an las 650 semanas que se requieren para ingresar al Fondo de Solidaridad Pensional; y (v) requiere ingresar al fondo para poder cotizar al sistema pensional subsidiado, por cuanto los recursos que recibe por la labor que realiza como constructor no son los suficientes para cotizar al sistema pensional.
Pidi� la protecci�n de sus derechos fundamentales a la seguridad social, debido proceso y m�nimo vital, y en consecuencia, se ordene a las entidades accionadas actualizar y acreditar en forma conjunta la totalidad de semanas cotizadas, con el fin de cumplir los requisitos de semana m�nima exigidos en el Fondo de Solidaridad Pensional. Igualmente, de ser necesario, requerir a las entidades para que certifiquen los aportes que fueron trasladados a COLPENSIONES.
Y finalmente, ordenar a la Fiduagraria, levantar la restricci�n y continuar con el tr�mite de afiliaci�n y permitirle realizar las cotizaciones en el r�gimen subsidiado. 3.- TR�MITE Y FALLO 3.1.- El despacho a quo mediante auto de septiembre 18 de 2023 admiti� la demanda contra COLPENSIONES, Fiduagraria -Fondo de Solidaridad Pensional-, Ministerio de Defensa Nacional -Ej�rcito Nacional-, Fondo de Pensiones COLFONDOS, y Fondo de Pensiones PROTECCI�N. Posteriormente, vincul� oficiosamente al Ministerio del Trabajo y al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira.
Las entidades se pronunciaron en los siguientes t�rminos: - La Directora de Acciones Constitucionales de COLPENSIONES se�al� que lo solicitado por el accionante desnaturaliza el mecanismo constitucional que est� instituido como un mecanismo subsidiario y residual frente a la protecci�n de derechos fundamentales. En este asunto se cuenta con un requerimiento de correcci�n de historia laboral que present� el accionante en relaci�n con los per�odos 22-03-1999 a 14-09-1991, y 01-06-2022 a 31-07-2008, frente a lo cual la entidad en julio 27 de 2023 le inform� al accionante: �[�] que la respuesta ser� emitida dentro de los siguientes sesenta (60) d�as h�biles, contados a partir de la fecha de radicaci�n, en observancia a que este tr�mite implica un procedimiento operativo especial que est� orientado a la correcci�n integral de su historia laboral, lo cual demanda validaci�n oficiosa de la administradora para el cumplimiento entre otros, de los siguientes pasos: [�]�.
Solicit� que se niegue la acci�n de tutela, por cuanto las pretensiones son abiertamente improcedentes, toda vez que no se cumple con los requisitos de procedibilidad del art�culo 6� del Decreto 2591/91, y no se demostr� que COLPENSIONES vulner� alg�n derecho fundamental. - El apoderado judicial del Consorcio de Solidaridad Pensional FSP 2022, indic� que la acci�n de tutela resulta temeraria por haberse presentado en otra oportunidad la misma protecci�n sin cumplir con el requisito de semanas cotizadas exigidos para su afiliaci�n, tutela que fue conocida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira y la cual se neg�.
Para el accionante ser incluido de manera inmediata en el programa de subsidio al aporte de Pensi�n PSAP, debe cumplir con el requisito de semanas cotizadas, mismo que es exigido para su afiliaci�n. Lo reclamado por el se�or HERNANDO G�MEZ escapa de la esfera del juez de tutela por tratarse de un tema que por su naturaleza debe resolver un juez laboral. - El representante legal judicial de PROTECCI�N manifest� que los per�odos comprendidos entre 22-03-1990 al 14-09-1991 que el accionante reporta como faltantes correspondientes al Ministerio de Defensa, no son de vigencia de PROTECCI�N, por cuanto para esa fecha no exist�a el R�gimen de Ahorro Individual.
Respecto de los per�odos comprendidos entre el 01-06-2022 hasta 31-07-2008, si bien son de la vigencia de afiliaci�n en PROTECCI�N, la raz�n por la cual no se registran en la historia laboral de COLPENSIONES es porque se efectuaron de forma incorrecta, y el accionante actu� de mala fe, toda vez que omiti� el reporte de vinculaci�n. El pago de los tiempos en menci�n se efectu� tan solo hasta diciembre 14 de 2017, pero no se asumieron los intereses de mora.
Sin embargo, cuatro meses despu�s de ese pago incorrecto, se realiz� el traslado de aportes a COLPENSIONES, y se reportaron los per�odos cotizados. No obstante, el accionante omite informarle al despacho que esos pagos fueron efectuados de manera tard�a, con la clara omisi�n en el reporte. Solicit� que se declare improcedente la acci�n de tutela. - El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira inform� que en junio 22 de 2018 admitieron acci�n de tutela contra Consorcio Colombia Mayor y COLPENSIONES, y en julio 09 de se mismo a�o se profiri� sentencia, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior de Pereira � Sala Penal- en agosto 22 de 2018. - La asesora de la oficina jur�dica del Ministerio del Trabajo expres� que la acci�n de tutela no puede ser utilizada para desconocer los requisitos que deben cumplir la poblaci�n objeto del subsidio, ni los tr�mites administrativos previstos para el ingreso de beneficiarios en el programa, dado que los aspectos se encuentran establecidos en la normativa del Fondo Solidario.
Solicit� que se denieguen las pretensiones del accionante respecto al Fondo de Pensi�n solidaria. 3.2.- Agotado el tr�mite a seguir en fallo de octubre 02 de 2023 y dentro del t�rmino constitucional, el juez a quo declar� improcedente la acci�n, por cuanto COLPENSIONES a�n se encuentra dentro de los t�rminos legales para resolver definitivamente la pretensi�n solicitada por el se�or HERNANDO G�MEZ.
Adicionalmente, no se encuentra demostrada la subsidiariedad de la acci�n de tutela, y no se demostr� la existencia de un perjuicio irremediable que amerite un aparo transitorio. Por tanto, no existe una acci�n u omisi�n que pueda ser reprochada a las entidades accionadas y vinculadas de la cual emerja la vulneraci�n de los derechos fundamentales del accionante.
Adicionalmente, en este caso espec�fico existe una decisi�n judicial en el mismo sentido, y por principio de seguridad jur�dica se debe aplicar el art�culo 38 del Decreto 2591/91. 4.- IMPUGNACI�N El accionante se mostr� inconforme con la decisi�n, a cuyo efecto la impugn� y solicit� que se revoque el fallo. Expuso los siguientes argumentos: Su solicitud de traslado data de marzo 01 de 2018; es decir, cronol�gicamente se habla de m�s de cinco a�os sin resolver el tema de la afiliaci�n. Por su parte COLPENSIONES es la responsable de la reconstrucci�n de su historia laboral.
Como se evidencia de su historia laboral prest� servicio militar en el a�o 1990, por lo que COLPENSIONES despu�s de m�s de treinta a�os contin�a desconociendo la acreditaci�n de los aportes. Sobre la existencia de una acci�n temeraria, la misma no se cumple, toda vez que en el a�o 2018 solicit� la vinculaci�n al Consorcio Colombia Mayor y fue sobre ese tema que el Juzgado Tercero Penal del Circuito neg� la acci�n, pero en esta oportunidad lo que busca es que la entidad responsable de sus aportes los acredite, por cuanto si no demuestra el cumplimiento de las 650 semanas de cotizaci�n no puede ingresar al fondo de solidaridad pensional.
El n�mero de semanas que le deben aparecen registradas en su historia laboral deben suma 770.72 semanas. Por tanto, no es improcedente reclamar derechos constitucionales, y por el contrario reclamar la protecci�n en la justicia ordinaria demorar�a mucho tiempo, y no tiene recursos para pagar sus aportes al sistema general de seguridad social en pensi�n como independiente. 5.- POSICI�N DE LA SALA Se tiene competencia para decidir la impugnaci�n incoada contra el fallo dictado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.), de acuerdo con las facultades conferidas en los art�culos 86 y 116 de la Constituci�n Pol�tica y 32 del Decreto 2591/91. 5.1.- Problema jur�dico planteado Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en la sentencia impugnada, en cuanto declar� improcedente la acci�n constitucional presentada por parte del se�or HERNANDO DE JES�S G�MEZ HENAO.
De conformidad con el resultado, se proceder� a tomar la determinaci�n pertinente, ya sea convalidando la decisi�n, revoc�ndola o modific�ndola. 5.2.- Soluci�n a la controversia La acci�n de tutela ha sido por excelencia el mecanismo m�s expedito en materia de protecci�n de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logr� optimizarlos y hacerlos valer a todos los ciudadanos sin discriminaci�n alguna.
En este caso el se�or HERNANDO G�MEZ concurre ante el juez constitucional por considerar que por parte de las entidades accionadas se le est� vulnerando sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso y al m�nimo vital, toda vez no han procedido a actualizar y acreditar en forma conjunta la totalidad de las semanas cotizadas y as� cumplir con los requisitos que se exigen para ingresar al fondo de solidaridad pensional.
Para entrar en un an�lisis de fondo acerca de ese tema espec�fico puesto en consideraci�n por parte del se�or HERNANDO G�MEZ en esta acci�n de tutela, indudablemente habr�a que superarse el test de procedibilidad, el que por supuesto no se super� tal cual como lo concluy� la juez a-quo. Ahora, el principal argumento que esboz� el funcionario de primera instancia para declarar la improcedencia de la acci�n de tutela consisti� en que COLPENSIONES no ha cometido ninguna acci�n u omisi�n que represente alguna vulneraci�n de derechos fundamentales, por cuanto para el momento en que se present� la acci�n constitucional la entidad se encontraba en t�rminos para resolver la petici�n elevada por el se�or HERNANDO G�MEZ tendiente a que se corrija su historia laboral.
No obstante, tambi�n advirti� que no se hab�a superado la subsidiariedad, ni se hab�a demostrado la existencia de un perjuicio irremediable. Adicionalmente, se�al� que como quiera que ya se hab�a pronunciado otro juez de tutela, no hab�a lugar a emitir ning�n pronunciamiento. En efecto, COLPENSIONES advirti� en su respuesta ante el juez a quo que hab�a recibido la solicitud de correcci�n de historia laboral por parte del accionante, pero tambi�n se�al� que se encontraba dentro del t�rmino legal para resolver la petici�n. Pues bien, de acuerdo a los documentos aportado por la entidad accionada en su respuesta, se observa que emiti� un oficio en julio 27 de 2023 y en �l le inform� al accionante cu�nto tiempo tardar�a en resolver la petici�n y cu�les las razones para tomarse el t�rmino de 60 d�as h�biles.
Por tanto, raz�n le asiste al Juzgado Segundo Penal del Circuito cuando concluy� que la entidad se encuentra dentro del t�rmino para resolver la petici�n, toda vez que entre la fecha del oficio de COLPENSIONES y la fecha de emisi�n del fallo, hab�a transcurrido 45 d�as h�biles. As� las cosas, al juez a quo no le quedaba otra posibilidad distinta a la declarar la improcedencia de la acci�n de tutela, por cuanto la misma no resulta eficaz e id�nea para decidir sobre las pretensiones del se�or HERNANDO G�MEZ, toda vez que no se vislumbra por parte de las entidades accionadas alguna actuaci�n irregular.
Frente a ese tema, debe recordar la Corporaci�n que es igualmente causal de improcedencia de la acci�n de tutela la no ocurrencia de acci�n u omisi�n vulneratoria de derechos fundamentales por parte de la entidad accionada, al respecto la Corte Constitucional ha dicho: �La acci�n de tutela fue consagrada en la Constituci�n de 1991, como una herramienta jur�dica con la que cuenta toda persona para solicitar la protecci�n de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por cualquier autoridad p�blica.
As� el art�culo 86 Superior consagr� �el derecho de toda persona a interponer acci�n de tutela '(�) para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, (�) la protecci�n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que �stos resulten vulnerados o amenazados por la acci�n o la omisi�n de cualquier autoridad p�blica (�)' o particulares, entre otros, que presten servicios p�blicos, o ante quienes el afectado se encuentre en una situaci�n de indefensi�n o subordinaci�n.� En desarrollo del precepto constitucional, el Decreto 2591 de 1991 estableci� en el art�culo 5, las reglas de procedencia general de la solicitud de amparo, en los siguientes t�rminos: �La acci�n de tutela procede contra toda acci�n u omisi�n de las autoridades p�blicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el art�culo 2 de esta ley.
Tambi�n procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Cap�tulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ning�n caso est� sujeta a que la acci�n de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jur�dico escrito.� (Subrayas fuera de texto original) Entonces para que �proceda la acci�n de tutela contra una autoridad p�blica deben darse dos (2) elementos o presupuestos b�sicos, a saber: (i) Acci�n u omisi�n proveniente de la autoridad p�blica y (ii) Efectiva violaci�n o amenaza de violar un derecho constitucional fundamental�, seg�n lo ha reafirmado la jurisprudencia constitucional.
Adem�s, esta Corporaci�n ha reiterado que de la lectura sistem�tica del mencionado art�culo y del art�culo 6 que contempl� las causales de improcedencia, se infiere que la existencia de una acci�n u omisi�n de la autoridad accionada, con la cual se trasgredan los derechos fundamentales del actor, es un requerimiento �l�gico-jur�dico para la procedencia de la acci�n tuitiva de derechos fundamentales�.
As� las cosas, la acci�n de tutela est� llamada a no proceder, cuando se funde en suposiciones, conjeturas o violaciones hipotecas. Como se consider� en la sentencia T-066 de 2002: �(�) Con todo, ello no significa que los ciudadanos puedan desconocer los procedimientos establecidos por la ley en los diversos ordenamientos jur�dicos, que para el caso que nos ocupa es la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo y, acudir a la acci�n de tutela bajo la suposici�n o conjetura de que se vulnerar�n derechos fundamentales por actos negativos de la administraci�n, sin darle a �sta siquiera la oportunidad de pronunciarse en ese o en otro sentido.
No se puede llegar al absurdo de acudir a la acci�n de tutela sobre la base de actos que no se han proferido, esto no solo viola el debido proceso de las entidades p�blicas, que, valga repetirlo, tambi�n lo tienen, sino que, atentar�a contra uno de los fines esenciales del Estado, cual es el de asegurar la vigencia de un orden justo.� (Subrayas originales) En consecuencia, la procedencia general de la protecci�n constitucional v�a tutela est� condicionada a que se cumpla con el requisito de existencia de acciones u omisiones que conculquen o pongan en peligro los derechos de las personas, como quiera que una situaci�n diferente se circunscribir�a al �campo de las meras especulaciones o hip�tesis�. Se itera, analizado el caso con detenimiento se aprecia que no existe ninguna acci�n u omisi�n por parte de las accionadas que se traduzca en afectaci�n de derecho fundamental alguno, toda vez que COLPENSIONES advirti� que se encuentra dentro de los sesenta d�as que dispuso para resolver la petici�n del actor, lo que lleva impl�cito realizar los respectivos requerimientos ante las otras entidades que pudieron haber recibido las cotizaciones al sistema general de seguridad social en pensi�n y que se relacionan con los per�odos que menciona el actor no le aparecen en su historia laboral.
Ahora, esas circunstancias particulares eran suficientes para declarar la improcedencia de la acci�n de tutela, relev�ndose al juez de tutela de realizar cualquier otro an�lisis frente a los dem�s requisitos de procedibilidad. No obstante, como el a-quo advirti� que se configuraba una acci�n temeraria ante la existencia de otro fallo de tutela, dir� la Corporaci�n que contrario a lo concluido por el juez de primera instancia, esa figura jur�dica no acontece en este caso, veamos: Sobre la actuaci�n temeraria, la Corte Constitucional ha dicho: �[�] En relaci�n con la actuaci�n temeraria el art�culo 38 del Decreto 2591 de 1991, consagr�: �Cuando sin ning�n motivo expresamente justificado la misma acci�n de tutela sea presentada ante varios jueces o tribunales, se rechazar�n o decidir�n desfavorablemente todas las solicitudes (�)�.
La Corte ha se�alado que para la configuraci�n de una actuaci�n temeraria deben presentarse los siguientes elementos: (i) Identidad de partes; (ii) identidad de causa petendi; (iii) identidad de objeto; (iv) sin motivo expresamente justificado, evento en el cual es procedente rechazar o decidir desfavorablemente la solicitud o declarar la improcedencia de la acci�n e imponer las sanciones correspondientes.
No obstante lo anterior, esta Corporaci�n tambi�n ha manifestado, que a pesar de confluir los elementos de identidad de partes, de causa pretendi y de objeto en acciones de tutela, no se configurar�a la temeridad si se deriva de las siguientes situaciones: (i) las condiciones del actor que lo coloca en estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensi�n en que act�a por miedo insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos;
(ii) asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho; (iii) nuevos eventos que aparecen con posterioridad a la acci�n o que se omitieron en el tr�mite de la misma u otra situaci�n que no se hubiera tomado en cuenta para decidir la tutela anterior que involucra la necesidad de protecci�n de los derechos; y (iv) en la presentaci�n de una nueva acci�n ante la existencia de una sentencia de unificaci�n de la Corte Constitucional. Dentro del marco anterior, y sin perjuicio de que puedan presentarse otras situaciones, el juez constitucional debe valorar en cada caso sus singularidades, partiendo de la presunci�n de buena fe de la actuaci�n de los particulares ante la administraci�n de justicia, siempre y cuando la justificaci�n no contrar�e los principios� generales del derecho, ni los valores, ni los principios constitucionales� aplicables a cada situaci�n, �para as� adoptar la decisi�n m�s ajustada al art�culo 86 de la Constituci�n,� que� pueden ser: (i) simple improcedencia de la acci�n;
(ii) la adopci�n de una nueva decisi�n de fondo para la garant�a efectiva y cierta de los derechos fundamentales, la prevalencia del derecho sustancial y el orden justo. [�] De todas maneras esta excepci�n encuentra justificaci�n igualmente en la invocaci�n de la acci�n de tutela como un mecanismo transitorio paras evitar un perjuicio irremediable [�]� -negrillas fuera de texto- De acuerdo con los elementos referidos por la Corte Constitucional, se tiene: (i) Se trata de diferentes entidades accionadas entre la primera petici�n de amparo y la segunda, toda vez que la tutela que conoci� el Juzgado Tercero Penal del Circuito iba dirigida contra el Consorcio Colombia Mayor, y la acci�n que resolvi� el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado va dirigida especialmente contra COLPENSIONES; por tanto, NO existe identidad de partes.
(ii) Los hechos que fueron expuestos entre la acci�n de tutela que conoci� el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira (Rda.) y la presente demanda, difieren completamente unos de otros, toda vez que en la primera oportunidad la discusi�n dio origen frente al traslado de r�gimen pensional que se le exigi� al accionante para poder acceder al fondo de solidaridad pensional y la exigencia de m�s semanas de cotizaci�n, cuando inicialmente se�ala solo le exig�an 250.
Entretanto, en la nueva acci�n de tutela, la discusi�n se centra fundamentalmente en unos per�odos de cotizaci�n que no le aparecen en su historia laboral. Con base en esa narraci�n se puede advertir NO hay identidad de causa petendi. (iii) En la primera acci�n de tutela el actor solicit� que se le ordenara al CONSORCIO COLOMMBIA MAYOR incluirlo en el programa subsidiado, y en esta segunda acci�n de tutela su principal pretensi�n es que las accionadas conjuntamente certifiquen las semanas cotizadas que no le aparecen en la historia laboral.
Es decir, no se trata de la misma pretensi�n material. (iv) En el presente asunto se presentan �nuevos hechos� como lo es acudir ante COLPENSIONES para solicitar la correcci�n de la historia laboral, circunstancias que no fueron objeto de an�lisis en la acci�n de tutela que se present� en el a�o 2018. Finalmente, considera necesario la Corporaci�n pronunciarse sobre la protecci�n de un derecho fundamental no pedido -petici�n-, en uso de la facultad de fallar�extra�y�ultra petita, la cual est� permitida en materia de tutela conforme a los criterios jurisprudenciales ampliamente desarrollados por la Corte Constitucional, en los siguientes t�rminos: �[�] s� es posible que el juez ordene la protecci�n judicial de uno o m�s derechos constitucionales fundamentales que aparezcan vulnerados, as� el interesado no lo hubiese solicitado expresamente en la demanda de tutela.
Dada la naturaleza de la presente acci�n, la labor del Juez es impulsar el proceso tutelar y averiguar no solo todos los hechos determinantes, sino los derechos cuya afectaci�n resulte demostrada en cada caso; en otras palabras, en materia de tutela no solo resulta procedente sino justo y reclamado por la preeminencia del derecho sustancial, que las acciones sean falladas extra o ultra petita. � Argumentar lo contrario conllevar�a que la administraci�n de justicia incumpla su deber de impartirla oportuna y acertadamente, denegaci�n� que se materializa si el Juez advierte un quebrantamiento o amenaza de violaci�n contra un derecho fundamental, como es la seguridad social en conexidad con la salud y la vida, y no pudiere ordenar su protecci�n si el peticionario no lo adujo expresamente en la demanda, estando de m�s recordar que al Juez se le ha encomendado, entre otras, la inexorable labor de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el formal, y procurar la defensa y eficacia de los derechos constitucionales.� Y si tal facultad se le da al funcionario judicial para fallar m�s all� de lo pedido, no se observa irregularidad alguna de proceder as� en esta oportunidad, por las siguientes razones: Qued� probado en esta acci�n de tutela que el se�or HERNANDO G�MEZ acudi� ante COLPENSIONES para que dicha entidad proceda a corregir su historia laboral, pero la AFP se�ala que no ha resuelto de fondo la petici�n, en atenci�n a que tiene 60 d�as para a hacerlo y explica las razones para tomarse tal t�rmino. No obstante, aunque acredit� ante el juez de primera instancia la existencia del oficio mediante el cual brinda una repuesta parcial a esa petici�n, lo cierto es que no demostr� haberle notificado al actor dicho documento, y una eventual raz�n para creer que el se�or HERNANDO G�MEZ desconoce la existencia de ese oficio, lo es que no hizo menci�n de �ste en los hechos de la demanda de tutela.
Por todo lo expuesto, la Corporaci�n confirmar� parcialmente la determinaci�n adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito especializado de Pereira en cuanto declar� la improcedencia de la acci�n de tutela para ordenarse a las entidades accionadas proceder a actualizar y acreditar las semanas de cotizaci�n correspondientes a los per�odos 22-03-1999 a 14-09-1991, y 01-06-2022 a 31-07-2008.
Pero, se tutelar� el derecho fundamental de petici�n, orden�ndose a COLPENSIONES proceder a notificar en debida forma el oficio de fecha julio 27 de 2023 mediante el cual le informa al actor el t�rmino que dispondr� la entidad para resolver la solicitud. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por mandato de la Constituci�n y la ley, FALLA PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALENTE la sentencia de tutela proferida en octubre 02 de 2023 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, por medio de la cual se declar� improcedente la acci�n de tutela presentada por el se�or HERNANDO DE JES�S G�MEZ HENAO, frente a la pretensi�n de ordenarse a las entidades accionas actualizar la historia laboral.
SEGUNDO: SE TUTELA el derecho fundamental de petici�n del se�or HERNANDO DE JES�S G�MEZ HENAO.
TERCERO: SE ORDENA a COLPENSIONES que en el t�rmino de cinco (05) d�as h�biles, contado a partir de la notificaci�n de esta providencia, proceda a notificar al accionante el oficio de julio 27 de 2023 mediante el cual informa el t�rmino que dispondr� la entidad para resolver la solicitud, de conformidad con los argumentos previamente expuestos.
CUARTO: Por secretar�a se remitir� el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado En ausencia justificada Sentencia T-1076/12 Se pueden consultar las sentencias T- 567 de 2007, Clara In�s Vargas Hern�ndez;
T- 362 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentar�a; T-o87 de 2007, M.P. Manuel Jos� Cepeda Espinosa; T- 1022 de 2006, M.P. Jaime C�rdoba Trivi�o; T-433 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia T-526/08 Sentencia T-553/08 Sentencia de tutela 2� instancia N� 177 Radicaci�n: 660013107002 2023 00112 01 Accionante: Hernando de Jes�s G�mez Henao Confirma parcialmente P�gina PAGE 2 de NUMPAGES 10 CDF ? @ A 2 J N O P c w y � ��į��Ĉ�s�s^K8K8%h1_5�CJOJQJ^JaJ mH sH %h+#�5�CJOJQJ^JaJ mH sH (hkwChkwCCJOJQJ^JaJ mH sH (hv�hKs�CJOJQJ^JaJ mH sH (hv6hKs�CJOJQJ^JaJ mH sH "h+#�CJOJQJ^JaJ mH sH (h+#�h+#�CJOJQJ^JaJ mH sH "hKs�CJOJQJ^JaJ mH sH +hv�hKs�5�CJOJQJ^JaJ mH sH %hKs�5�CJOJQJ^JaJ mH sH DO P � � � � � � 4K^xy���������������������� $da$gd0dgdkwC $da$gdkwC $d�a$gdkwCd�gd1_d�gd+#�d�gdkwCd�gdKs�� � � � � � � � 34K^x�����ԭ���y_K_>0hkwChkwC5�CJmH sH hkwChkwCaJmH sH 'hkwChkwC5�CJ OJQJaJ mH sH 3hkwChkwC5�:�B*CJ OJQJaJ mH phsH hkwChkwCCJaJ mH sH (jhkwChkwCUaJmHnHsH u hkwChkwC5�CJaJ mH sH (hkwChkwCCJOJQJ^JaJ mH sH "h1_CJOJQJ^JaJ mH sH (h1_h1_CJOJQJ^JaJ mH sH +hv�h+#�5�CJOJQJ^JaJ mH sH 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