11001600000020230012301 · Tribunal de Pereira

��ࡱ�>�� U ��1�bjbj�n�n ^��a��aP|�� ("�( �(�(�(��(�(�(82)F*d�(m_��*�*(�*�*�*�,"�, �,�^�^�^�^�^�^�^?c��ep�^E�(�,o,"�,�,�,�^�(�(�*�*�'_w5w5w5�,P�(�*�(�*�^w5�,�^w5w5��K��N�*��wFT��/d�M�^=_0m_�Mef{/�ef0�N�XO\ef�(�O�,�,w5�,�,�,�,�,�^�^K0,�,�,�,m_�,�,�,�,��ef�,�,�,�,�,�,�,�,�, R n': PREACUERDO / REQUISITOS / ACEPTACI�N POR LA CONTRAPARTE � para que una negociaci�n pueda llegar a ser avalada por el funcionario judicial, requiere el cumplimiento de un requisito esencial, que no es otro que la aceptaci�n por la contraparte de los t�rminos de la negociaci�n. Y aunque ac� se aprecia que el se�or HVV, acept� de manera preacordada el cargo elevado en su contra, a la hora de verificar lo pactado, su abogado ense�� su discrepancia con lo acordado, y en ese orden, al no haber consenso entre las partes indudablemente que ello debi� haber sido el principal aspecto que la a-quo debi� analizar en su momento para adoptar el prove�do pertinente, pero finalmente, se itera, se inclin� por otros muy diferentes.

PREACUERDO / NO ACEPTACI�N / APELACI�N / FALTA DE LEGITIMACI�N � no obstante la postura que prodig� la defensa para oponerse de manera impl�cita al consenso, una vez la a-quo improb� el preacuerdo, el defensor mostr� su disenso frente a lo all� planteado, manifestando que el pacto estuvo enmarcado dentro del �mbito de la legalidad. De lo expuesto por el letrado en sede del recurso de alzada, se advierte una clara incongruencia en sus posturas, lo que de contera conlleva a pregonar, como as� lo sostuvo en su oportunidad el delegado del ente acusador, que el mismo carec�a de legitimaci�n para recurrir la determinaci�n judicial, al carecer de inter�s jur�dico para atacarla, ya que sus planteamientos fueron totalmente antag�nicos, y excluyentes.

RECURSO DE APELACI�N / LEGITIMACI�N / PERJUICIO POR LA DECISI�N En relaci�n con la legitimaci�n en la causa o de inter�s para recurrir las determinaciones judiciales, la Sala de Casaci�n Penal ha referido: �La legitimaci�n en el proceso constituye uno de los presupuestos de procedencia de la impugnaci�n de las providencias judiciales� Adicional a lo anterior tambi�n se encuentra la legitimaci�n en la causa, presupuesto que exige de manera imprescindible que al impugnante le asista inter�s jur�dico para atacar el prove�do, esto es, que la decisi�n le cause perjuicio a sus intereses, pues no hay lugar a inconformidad frente a providencias que le reporten un beneficio o que simplemente no lo perjudiquen.

REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, treinta (30) de noviembre de dos mil veintitr�s (2023) Acta de aprobaci�n No 1341 Segunda Instancia Radicaci�n: 11001600000020230012301 Acusado: HVVC�dula de ciudadan�a:Delito:Inter�s Indebido en la Celebraci�n de Contratos Procedencia:Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.)Asunto:Decide apelaci�n interpuesta por la defensa contra providencia interlocutoria proferida en septiembre 12 de 2023, por medio de la cual se improb� un preacuerdo.

SE ABSTIENE DE CONOCER El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisi�n en los siguientes t�rminos: 1.- hechos Y ACTUACI�N PROCESAL 1.1.- La situaci�n f�ctica jur�dicamente relevante fue dada a conocer por la Fiscal�a en el escrito de preacuerdo de la siguiente manera: �Entre el municipio de Balboa y el municipio de Pereira, Risaralda, en el per�odo comprendido entre marzo de 2021 y septiembre de 2021, usted se�or HVV, en su calidad de Alcalde del municipio de Balboa, junto con MARO, en su calidad de Asesor Jur�dico Externo del Municipio, se interesaron en provecho de terceros, en el contrato de obra p�blica 001 de 2021 cuyo objeto es la Construcci�n de cancha recreodeportiva sint�tica f�tbol 5 del municipio de Balboa, Risaralda, Vereda La Quiebra, primera etapa por valor de novecientos nueve millones seiscientos noventa y tres mil trescientos sesenta pesos $909.693.360 con un plazo de ejecuci�n de 4 meses, en el cual deb�an intervenir en raz�n de su cargo y de sus funciones.

Esta conducta se ejecut� en acuerdo com�n y con divisi�n de trabajo, toda vez que: 1. El se�or HVV, en su condici�n de servidor p�blico como alcalde del municipio de Balboa, se interes� en provecho de terceros, esto es de los se�ores SCM y JCM, en el contrato de obra p�blica No. 001 de 2021, en el cual deb�a intervenir en raz�n de su cargo como alcalde municipal y de sus funciones como ordenador del gasto y representante legal del municipio encargado de celebrar los contratos que vinculan al ente territorial.

Inter�s que exterioriz� mediante las siguientes acciones: ' Sosteniendo conversaciones telef�nicas con JCM, en las que le indic� que el proceso licitatorio estar�a amarrado en favor de �l y SCM. ' Indic�ndole al futuro contratista, SCM, que se reuniera con el Jur�dico del municipio, para que proyectaran los Pliegos de condiciones. ' Utilizando en la Licitaci�n P�blica BLP-OP001-2021 los pliegos de condiciones que elabor� el futuro contratista, SCM. ' Revisando, junto con Mart�n Restrepo, jur�dico del municipio, JCM y SCM, la propuesta presentada por el Consorcio Cancha Sint�tica ICOTOP, con el prop�sito de que corrigieran las posibles falencias antes de realizar el informe de evaluaci�n.� 1.2.- En noviembre 27 de 2022, ante el Juzgado �nico Promiscuo Municipal con funciones de control de garant�as de Balboa (Rda.), se le imput� al se�or HVV el delito de inter�s indebido en la celebraci�n de contratos -art�culo 409 C.P-.

El indiciado ACEPT� los cargos, de manera preacordada, respecto del quantum punitivo, por lo cual se pact� que la pena a imponer ser�a de 72 meses de prisi�n, misma que se le reducir�a en un 50% por aceptar responsabilidad, y en consecuencia ser�a sentenciado a una pena de 36 meses de prisi�n, y las dem�s penas accesorias se reducir�an igualmente en un 50% 1.3.- Ante esa aceptaci�n de cargos por la v�a del preacuerdo, la Fiscal�a present� escrito (marzo 28 de 2023) donde consign� tal consenso, cuyo conocimiento correspondi� al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.), ante el cual adicion� el referido escrito (junio 13 de 2023) y se llev� a cabo la audiencia de verificaci�n de lo negociado (julio 24 de 2023), en la cual la delegada del ente acusador -quien asisti� como apoyo del titular de la Fiscal�a 96 Especializada-, luego de hacer alusi�n a los hechos jur�dicamente relevantes endilgados al se�or HVV, hizo referencia a la negociaci�n efectuada desde la audiencia de imputaci�n, consistente en que se declarar�a penalmente responsable con la imposici�n de una pena equivalente a 36 meses de prisi�n -se parti� de la pena m�nima para el delito endilgado, equivalente a 64 meses, pero dada la posici�n que ostentaba como Alcalde del Municipio de Balboa (Rda.), se le increment� la pena en 08 meses m�s, por lo cual quedar�a en 72 meses, monto que se redujo en un 50% por la aceptaci�n de cargos, e igualmente las penas accesorias se rebajar�an en igual porcentaje-.

Frente a esa pretensi�n la delegada del Ministerio P�blico consider� que el trasfondo es un preacuerdo al pactarse la pena, y por ende debe la Fiscal�a acreditar si se cumplen sus fines y si se ajusta a par�metros legales. Por su parte el abogado del procesado empez� por decir que en este caso se le formul� imputaci�n a su defendido y en esa misma audiencia se realiz� un consenso, para luego de ello expresar algunos reparos frente a la situaci�n f�ctica esgrimida por la Fiscal�a, y a una de las pruebas que esgrimi� -declaraci�n jurada del procesado-, la cual indica que no existe, en tanto lo que obra es una entrevista.

Como quiera que la funcionaria le solicit� a la delegada de la Fiscal�a, le hiciera aclaraci�n de diversos aspectos que no ten�a claros respecto de la situaci�n f�ctica y de los que en esta intervinieron, as� como de las apreciaciones planteadas por defensa y Ministerio P�blico, la fiscal solicit� se aplazara la audiencia hasta que regresara su titular, al desconocer el trasfondo de la investigaci�n, a lo que as� se accedi�. -.

Reanudada la actuaci�n en septiembre 11 de 2023, el fiscal titular, hizo menci�n en extenso a cada una de las observaciones que esgrimi� la delegada de la Procuradur�a, el despacho y el defensor del procesado, para finalmente reiterar que en este asunto se cumplen las exigencias legales y finalidades para la aprobaci�n del preacuerdo e igualmente se�ala que la pena es proporcional para las consecuencias del delito, ya que seg�n actas, la obra si se desarroll�, aunado a la actitud del burgomaestre procesado frente al entramado judicial, donde acept� cargos.

Luego de ello la a-quo cuestion� al fiscal acerca de diversos aspectos a saber: (i) �c�mo se exterioriz� el inter�s indebido?, �qu� se persegu�a con el mismo?; (ii) �por qu� fueron elegidos SCM y JCM para efectuar el trabajo y patrocinados por MARO -jur�dico del municipio- y el Alcalde HVV?; (iii) si se realiz� estudio o trabajo investigativo sobre los montos de dinero percibidos por el Alcalde en este asunto; y (iv) si tales conductas se han repetido en el Municipio, a las cuales el funcionario dio respuesta. -.

Culminada la intervenci�n del delegado del ente acusador, se pronunci� la agente del Ministerio P�blico quien sostuvo que el fiscal aclar� las dudas que se generaron sobre la negociaci�n, con el cual no se trasgreden las finalidades a que alude el canon 348 C.P.P., ni el principio de legalidad, y como quiera que la pena pactada se muestra acorde con la etapa procesal respectiva, se dan los presupuestos para que se le imparta aprobaci�n. -.

A su turno el defensor del se�or HVV, indic�, entre otros aspectos, que el fiscal acudi� a una circunstancia de agravaci�n gen�rica -alude a la del art. 58 numeral 9 C.P.-, esto es por ser Alcalde, que no se mencion� en las audiencias ni en el escrito acusatorio, cuando el tipo penal endilgado exige que el infractor sea cualificado, y en su sentir se dar�a una doble punici�n, con lo que se falta al principio de legalidad de la pena y con ello se vulnera el art�culo 29 superior, m�xime que la transitoriedad de un cargo no lo destaca socialmente, como ocurre con ciudadanos de importancia nacional, pero �l como Alcalde no la ostenta, y por ello se debe tener en cuenta tal circunstancia al decidir el preacuerdo, al no haberse tenido el cuidado de permitir una circunstancia de agravaci�n para incrementar el quantum punitivo, en 08 meses m�s, cuando incluso hay de otras de menor punibilidad -la obra se necesitaba para una escuela rural, fue un motivo noble, y carece de antecedentes-, lo que vulnera el principio de legalidad y por ende debe desestimarse ese incremento punitivo.

Pide que esa circunstancia sea excluida y luego de declararse la responsabilidad, se tase la pena conforme la aceptaci�n de cargos con la rebaja del 50% de la pena. Adem�s, refiere a la preocupaci�n que le asiste por cuanto el fiscal involucr� en su discurso a MARO -al cual ya se formul� imputaci�n y acusaci�n, y cuya actuaci�n se surte en otro asunto que lleva este mismo despacho-, con lo cual se permear�a la imparcialidad de la juez, al decirse que MART�N tambi�n es responsable, tal vez para buscar un impedimento a futuro. 1.4.- En septiembre 12 de 2023, la funcionaria de instancia improb� el preacuerdo por cuanto en su criterio el inter�s indebido en la celebraci�n de contratos, adem�s de ser exteriorizado, debe ser probado, sin que en este asunto se tenga claro cu�l fue el del Alcalde para celebrar el contrato, ya fuera para ayudarle a sus amigos, propiciar un engrosamiento pol�tico o un inter�s econ�mico, como al parecer lo muestran las cuentas bancarias que examin�, y aunque la defensa aduce que lo son por primas o liquidaciones, dadas las fechas no parecen obedecer a ello, y por consiguiente debe efectuarse un juicio valorativo para la comprensi�n de lo ocurrido.

Bajo ese entendido, expresa que debe tocar temas delicados e inmiscuirse en la responsabilidad de otras personas, y refiere que los EMP, que no solo lo expuesto por el fiscal, dan cuenta que HVV se comunic� con su asesor jur�dico y entabl� una preparaci�n con terceras personas para una contrataci�n, de ah� que el inter�s indebido debe acreditarse para descartar otras conductas que pudieron haber tenido ocurrencia, como lo ser�an el concierto para delinquir, un peculado por apropiaci�n o a favor de terceros, il�citos que estar�an a la puerta de la imputaci�n inicial que se hizo, sin que con ello se quiera significar que HVV incurri� en estas al no estar probado, pero la apreciaci�n que hizo la Fiscal�a en la imputaci�n es insuficiente con base en todos los detalles f�cticos, cuando en este asunto est�n seriamente comprometidos varias personas -JCM, MARO, SMC-, quienes entre s� se conectaban para lograr un prop�sito, el cual desde el inicio de la actuaci�n se descart� que fuera econ�mico, sin hacerse una profunda investigaci�n a ese respecto, pues solo se tuvo en cuenta lo expuesto por SMC en sus entrevistas.

Estima que existe un trasfondo delictivo, m�s que querer ayudar a un peque�o municipio, lo que se acredita con las diversas conversaciones telef�nicas entre el procesado y otras personas, donde se compromete seriamente a todos los implicados. No se puede considerar, que se le impute al se�or HVV �nicamente la comisi�n de un delito al no estar probada la ocurrencia de ese aprovechamiento econ�mico, pues en ese aspecto el trabajo investigativo fue d�bil, y con lo que se cuenta se vulnera el principio de tipicidad y se desprestigia la administraci�n de justicia, ya que la pena negociada es baja y se dej� de investigar otros aspectos importantes para el total esclarecimiento de lo sucedido.

En su sentir, el preacuerdo no se ajusta a lo f�ctico y no cumple con las exigencias para su aprobaci�n. 1.5.- �nicamente el defensor del procesado impetr� y sustent� recurso de apelaci�n. 2.- Debate 2.1.- Defensor -recurrente- Considera que lo decidido se basa en suposiciones, y aclara que no fue por su postura que se improb� el preacuerdo, sino por cuanto la juez considera que se vulnera en principio de tipicidad y se desprestigia la Administraci�n de Justicia, al dejarse de lado las conductas de concierto para delinquir y peculado por apropiaci�n. A ese respecto y dado el entramado creado por el entonces Senador MARIO CASTA�O, se tiene que un elemento esencial del concierto para delinquir, es el acuerdo para cometer il�citos, y HVV solo particip� en un hecho, de ah� que cuando la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte que investig� al senador, en lo atinente con el Alcalde de Balboa y otros municipios, decret� la nulidad al considerar que era determinador en el inter�s indebido en la celebraci�n de contratos, donde igualmente se relaciona al Alcalde HVV en la comisi�n de ese punible, y por lo mismo tiene la calidad de coautor e interviniente especial, al fungir como ordenador del gasto.

El fiscal aclar� que fue un solo evento, esto es, la construcci�n de una chancha sint�tica en la Vereda La Quiebra, no existe otro, como tampoco lo encontr� la Corte, e incluso all� respecto del concierto para delinquir nunca se mencion� a HVV, del que bien pudo ser parte otros de los investigados -CASTA�O o MART�NEZ-, y tampoco puede hablarse de peculado en favor de terceros, pues si bien el ingeniero CASTA�O dispuso de $100.000.000,oo de anticipo, ello nada tiene que ver con su defendido, y de la investigaci�n que desarroll� la Fiscal�a, no se pudo establecer que hubiera otra conducta contra HVV como lo dej� claro la Fiscal�a. Cuestiona la agravaci�n punitiva que se le tuvo en cuenta a HVV, lo que incluso descart� la Fiscal�a en el caso del Senador MAC, pues pese a su calidad y que bien podr�a hab�rsele endilgado la circunstancia de agravaci�n, la Corte nada dijo al respecto, al no existir, y en este caso fue gracias a la condici�n de Alcalde de HVV que tuvo un inter�s, que fue el de adjudicar el contrato a un contratista, con lo que vulner� solo el principio de transparencia, al no permitirse que otros participaran en la licitaci�n y saberse de antemano a quien se escoger�a, sin que el jur�dico tuviera alg�n inter�s, como equ�vocamente se pens�, en tanto lo era �nicamente del Alcalde.

Estima finalmente, que el preacuerdo estaba dentro de la legalidad, sin que con este se oprobie a la Administraci�n de Justicia y se trata de ponerle punto final a este asunto mediante un procedimiento abreviado. 2.2.- Fiscal -no recurrente- Como petici�n principal, pide se deniegue la apelaci�n por falta de legitimaci�n de la defensa, ya que una de las bases fundamentales para el preacuerdo es que haya consenso, y en curso de su verificaci�n, el defensor adujo no estar conteste con la pena pactada y que por ello deb�a modificarse, siendo ello muestra de su inconformidad con la negociaci�n, y al improbarse el mismo se le da la raz�n, y pese a no haberlo sido por los argumentos que la defensa esgrimi�, s� se manifest� sobre ese aspecto y por ende, como lo dijo al no interponer recurso, de concederlo se generar�a mayor desgaste a la Administraci�n de Justicia, pues al indicar que no compart�a el consenso, la consecuencia l�gica era su improbaci�n. De manera subsidiaria, expres� que no est� satisfecho con lo decidido por la a-quo, al desconocer la tipicidad del delito endilgado a HVV y excederse al efectuar valoraci�n de hechos inexistentes, que son suposiciones producto del an�lisis que realiz� la juez, pero que no hicieron parte de la investigaci�n, ni se desprenden de los EMP.

Y es que la funcionaria se�al� la ocurrencia de delito concierto para delinquir, pero desconoce la tipicidad de tal delito, acorde con la jurisprudencia sobre tal delito, sin que ac� se acreditara que se concertaran para la comisi�n de diversos delitos, y si bien es cierto SCM ya ha sido condenado y reconoci� su participaci�n en tal conducta, ello no cobija a todos los que hicieron parte de este, sino a quienes pertenec�an a la empresa criminal a quienes refiri� en su momento -aunque ello no hace parte de este proceso, pero lo hizo para conocimiento de la juez-, lo cual se desconoci�, e igualmente se reprocha la falta de imputaci�n de un peculado, cuando en este caso la Alcald�a de Balboa, certific� que el contrato se ejecut� en su totalidad y el �nico dinero que ser�a p�blico, esto es, el anticipo, se amortiz� en su integridad, sin que se advierta de los EMP que de esos dineros se entreg� algo a HVV.

Agrega que los argumentos de la decisi�n no corresponden a la realidad f�ctica, probatoria y jur�dica. 3.- Para resolver, se considera De conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los art�culos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -modificado este �ltimo por el art�culo 90 de la Ley 1395 de 2010-, existe competencia funcional para conocer de este asunto y por consiguiente ser�a del caso que la Colegiatura entrara a pronunciarse acerca del recurso interpuesto por la defensa; sin embargo, al analizar con detenimiento la actuaci�n surtida se observa que no es posible desatar el recurso presentado y en su defecto la Sala debe establecer lo relativo a la falta de legitimidad de quien en nombre del procesado impugn� la determinaci�n judicial.

De lo arrimado al expediente digital, se tiene que ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.), se llev� a cabo audiencia de verificaci�n del preacuerdo, el cual se realiz� desde la audiencia de formulaci�n de imputaci�n con el se�or HVV debidamente asesorado por su defensor de confianza, diligencia en la cual la Fiscal�a hizo alusi�n a los t�rminos de lo pactado, consistentes en que el procesado aceptar�a los cargos de manera preacordada, y en consecuencia para el quantum de la pena a imponer por la conducta de inter�s indebido en la celebraci�n de contratos se partir�a de la pena m�nima -64 meses-, la cual se incrementar�a -8 meses- en atenci�n a las circunstancias sociales, culturales y a la posici�n de Alcalde del municipio de Balboa (Rda.), por lo cual se tasar�a en 72 meses, misma que se reducir�a en un 50% con ocasi�n de la aceptaci�n de cargos v�a consenso, para finalmente irrogarle una sanci�n de 36 meses de prisi�n. Igualmente, se pact� que las dem�s penas accesorias que contempla el aludido tipo penal se disminuir�an en un 50%.

Como se advierte de los antecedentes de lo sucedido en la aludida audiencia, una vez que por parte de la Fiscal�a se hizo referencia a los t�rminos de la negociaci�n que desde la primera salida procesal acept� el se�or HVV, quien para esa ocasi�n estuvo acompa�ado por el mismo profesional del derecho que ahora asiste sus intereses, y se aclararan las observaciones planteadas por la a-quo, Ministerio P�blico y Defensa, al conced�rsele la palabra al apoderado del imputado para referirse a lo planteado por el ente acusador, este, a no dudarlo, mostr� su inconformidad con los planteamientos del preacuerdo celebrado.

Y es que el defensor empez� su disertaci�n por sostener que el fiscal �modific� el acuerdo inicial� y en punto de la �segunda aclaraci�n�, como as� la rotul�, fue enf�tico en sostener que no se pod�a acudir a una circunstancia de agravaci�n gen�rica, que nunca se ha mencionado en el escrito o audiencias, pues pese al hecho de que su prohijado sea Alcalde, tal calidad es propia del tipo penal endilgado y por ende no pod�a tenerse en cuenta como agravante para efectuar un incremento al quantum punitivo, en tanto se podr�a incurrir en una doble punici�n, lo que vulnera el principio de legalidad de la pena y por consiguiente el derecho al debido proceso, situaci�n que debe tenerse en cuenta al momento de verificarse la negociaci�n, y como as� lo dijo �hay que desestimarse ese acuerdo punitivo de ocho meses�, toda vez que por el contrario a favor de su prohijado existen circunstancias de menor punibilidad, por lo cual solicit� que una vez declarada la responsabilidad penal de su defendido, se tase la pena acorde con la aceptaci�n de cargos y la reducci�n del 50%.

De la aludida argumentaci�n, se advierte que el letrado de manera t�cita mostr� su inconformidad con el preacuerdo pactado, al exteriorizar los motivos para ello, precisamente frente a un aspecto esencial de la negociaci�n, como lo fue la pena a la que ser�a sentenciado el procesado, ya que en su sentir no pod�a tenerse en cuenta los ocho (8) meses adicionales para tasar la misma, sino la pena b�sica para el delito endilgado a HVV, y aunque ello debi� haber sido objeto de an�lisis por la funcionaria judicial al instante de emitir la decisi�n respectiva, no lo hizo, y por el contrario esta enfil� su argumentaci�n para finalmente improbar lo pactado, al considerar que se vulner� el principio de tipicidad, al existir, en su sentir, otras conductas delictivas que el ente acusador no investig� en debida forma, como podr�a haber sido el concierto para delinquir, o el peculado por apropiaci�n a favor de terceros, en los que podr�a haber incurrido el burgomaestre procesado.

Sea como fuere, la providencia adoptada por la funcionaria de primer nivel -respecto de la cual la Corporaci�n no ingresar� en su estudio de fondo para determinar si estuvo o no ajustada a derecho-, pese a no tener en consideraci�n lo expresado por la defensa, finalmente decidi� improbar el preacuerdo, como era lo pretendido de manera t�cita por el letrado, al pregonar la vulneraci�n al principio de legalidad y consecuentemente al debido proceso.

Y es que como bien lo indic� el se�or fiscal como sujeto no recurrente, para que una negociaci�n pueda llegar a ser avalada por el funcionario judicial, requiere el cumplimiento de un requisito esencial, que no es otro que la aceptaci�n por la contraparte de los t�rminos de la negociaci�n. Y aunque ac� se aprecia que el se�or HVV, acept� de manera preacordada el cargo elevado en su contra, a la hora de verificar lo pactado, su abogado ense�� su discrepancia con lo acordado, y en ese orden, al no haber consenso entre las partes indudablemente que ello debi� haber sido el principal aspecto que la a-quo debi� analizar en su momento para adoptar el prove�do pertinente, pero finalmente, se itera, se inclin� por otros muy diferentes.

No podr�a pretenderse por parte del letrado, como igualmente se entender�a de su disertaci�n inicial, que pese a los reparos que formul� en punto del monto de la pena tasada, la juez procediera a avalar el preacuerdo acorde con la postura que procura sostener, esto es, que solo se tuviera en cuenta la pena m�nima del tipo penal endilgado -64 meses-, y a esta se le efectuara la rebaja del 50% por aceptaci�n de cargos, como as� lo hizo ver, en tanto ello igualmente ir�a en contrav�a de la negociaci�n que se celebr� con el ente acusador.

Y es que si bien es cierto, en instante alguno en la imputaci�n o en el escrito presentado a la judicatura como �escrito de acusaci�n con preacuerdo� no se hizo alusi�n a circunstancia gen�rica de agravaci�n punitiva, lo fue por cuanto la misma no se le endilg� al procesado, y lo que deb�a entenderse, es que ese aumento de la pena m�nima que se pact�, no lo era por tal motivo, sino por cuanto dada la calidad del procesado, como burgomaestre del municipio de Balboa (Rda.), la Fiscal�a estim� que no era prudente partir del m�nimo de la pena, sino de un poco m�s all� y de ah� el aludido aumento, pero no como una circunstancia de mayor punibilidad, como as� lo entiende la Corporaci�n. Ahora bien, no obstante la postura que prodig� la defensa para oponerse de manera impl�cita al consenso, una vez la a-quo improb� el preacuerdo, el defensor mostr� su disenso frente a lo all� planteado, manifestando que el pacto estuvo enmarcado dentro del �mbito de la legalidad.

De lo expuesto por el letrado en sede del recurso de alzada, se advierte una clara incongruencia en sus posturas, lo que de contera conlleva a pregonar, como as� lo sostuvo en su oportunidad el delegado del ente acusador, que el mismo carec�a de legitimaci�n para recurrir la determinaci�n judicial, al carecer de inter�s jur�dico para atacarla, ya que sus planteamientos fueron totalmente antag�nicos, y excluyentes.

Ello lo sostenemos por cuanto, como ya se indic�, inicialmente manifest� que el preacuerdo vulneraba el principio de legalidad de las penas y debido proceso, dado su an�lisis del incremento de los ocho meses, que en su sentir, se debi� a una circunstancia de mayor punibilidad que no le fuera imputada a su defendido, lo que per se, daba al traste con la aprobaci�n del consenso, pero aun as�, una vez la a-quo adopt� una decisi�n que para la Corporaci�n, consultaba su inter�s al negar la negociaci�n, decidi� recurrirla, con miras a que el preacuerdo fuera avalado, y en su alzada, reiter�, aunque en menor suficiencia, la argumentaci�n que lo llev� a alejarse del pacto realizado.

En relaci�n con la legitimaci�n en la causa o de inter�s para recurrir las determinaciones judiciales, la Sala de Casaci�n Penal ha referido: �La legitimaci�n en el proceso constituye uno de los presupuestos de procedencia de la impugnaci�n de las providencias judiciales, en virtud de la cual, es preciso que el recurrente ostente la condici�n de sujeto procesal habilitado para actuar.

Adicional al anterior tambi�n se encuentra la legitimaci�n en la causa, presupuesto que exige de manera imprescindible que al impugnante le asista inter�s jur�dico para atacar el prove�do, esto es, que la decisi�n le cause perjuicio a sus intereses, pues no hay lugar a inconformidad frente a providencias que le reporten un beneficio o que simplemente no lo perjudiquen.

Sobre el particular, el art�culo 186 del estatuto procesal penal dispone que �los recursos ordinarios podr�n interponerse por quien tenga inter�s jur�dico. "La diferencia entre las dos figuras estriba en que mientras en la primera el recurrente carece en absoluto de la calidad de sujeto de la relaci�n jur�dico-procesal o del derecho de postulaci�n, en la segunda s� ostenta esas condiciones s�lo que, por no haber sufrido un perjuicio concreto con el fallo, no est� autorizado para interponer el recurso." En ese sentido y acorde con lo concluido anteriormente, si bien es cierto que en este caso en particular, la juez dej� de lado el an�lisis de la inicial postura de la defensa, quien se opuso de manera t�cita al preacuerdo, lo cual, se reitera, hubiera llevado por s� mismo a su improbaci�n, al advertirse que no aceptaba la negociaci�n tal y como fue planteada por el ente acusador y que fuera aceptada por su defendido, a ra�z de la providencia judicial adoptada, aunque lo argumentado no se refiri� a sus planteamientos, dicha decisi�n finalmente consult� su pretensi�n, que no era otra que improbar lo pactado; y es que de procederse como ahora lo reclama el letrado en sede de alzada, dar�a lugar a un contrasentido l�gico por cuanto lo que pide es que se avale un acuerdo que en su sentir vulnera el principio de legalidad de las penas y de contera el debido proceso, a lo que por supuesto no puede acceder la judicatura, y por consiguiente, ya estar� en manos del ente acusador y del procesado, debidamente asistido, si promueven un nuevo preacuerdo o si se contin�a el tr�mite por la senda ordinaria.

En ese orden de ideas, ante la falta tanto de legitimaci�n como de inter�s para recurrir por parte de la defensa en su condici�n de apelante �nico, la Sala optar� por abstenerse de conocer el recurso de apelaci�n. ANOTACI�N ADICIONAL: De la informaci�n obrante en el expediente y del desarrollo de las audiencias de verificaci�n de preacuerdo efectuadas ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.), se tiene que a estas fue convocado en calidad de v�ctima, la Alcald�a de Balboa (Rda.), y a las que asisti� el Burgomaestre actual, en compa��a al parecer de sus abogados; no obstante, en momento alguno por parte de la funcionaria, en curso de las diligencias all� adelantadas, se le concedi� la palabra para que intervinieran frente a lo que fuera motivo de negociaci�n. Mucho menos se aprecia que el aludido Alcalde o su abogado, hicieran manifestaci�n al respecto, como tampoco por parte del delegado de la Fiscal�a, o de la agente del Ministerio P�blico se realiz� requerimiento alguno a la a-quo sobre ese particular.

Y es que como bien se sabe, acorde con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia -CSJ AP218-2021, radicado 57971-, a la v�ctima no se le puede cercenar su intervenci�n dentro del proceso penal, y en el presente caso, aunque la misma fue convocada, no se le concedi� por la a-quo la posibilidad de pronunciarse frente a los t�rminos del consenso.

Por tanto, la Sala hace un respetuoso llamado de atenci�n a la juez para que situaciones como estas no vuelvan a tener ocurrencia, con miras a evitar la posible afectaci�n de los derechos y garant�as de quienes puedan ostentar la calidad de v�ctimas en la actuaci�n penal. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), en Sala de Decisi�n Penal, SE ABSTIENE de conocer la apelaci�n interpuesta contra la providencia emitida en septiembre 12 de 2023 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.), por medio de la cual se improb� el preacuerdo al que lleg� la Fiscal�a con el procesado HVV, debidamente asistido por su defensor de confianza.

En atenci�n a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el art�culo 4� del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020, la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, y la Ley 2213 de junio 13 de 2022, no se realizar� audiencia de lectura de decisi�n, y por ende esta providencia se notificar� por la Secretar�a de la Sala v�a correo electr�nico a las partes e intervinientes, mismo medio por el cual podr�n interponer los recursos de ley.

Contra esta providencia �nicamente procede el recurso de reposici�n. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado En ausencia justificada Constituci�n Pol�tica, art�culo 315 Num. 9. El delegado fiscal indic� que no apelaba la decisi�n, pese a estar inconforme con la misma, por cuanto este proceso ha tenido un desgaste de m�s de un a�o en este tr�mite y la defensa manifest� no estar de acuerdo con lo acordado, por lo cual carece de legitimaci�n para impugnar. Hace alusi�n que quiz�s, ser�a la circunstancia de mayor punibilidad a que alude el art�culo 58 num. 9� C.P., que se�ala �la posici�n distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posici�n econ�mica, ilustraci�n, poder, oficio o ministerio.�. 78:� � � � � # � � � � ��п��𢐂q�q�b�bP? hfhfCJOJQJ^JaJ #hGM�h,0'5�CJOJQJ^JaJ h�,�5�CJOJQJ^JaJ h $$If�F��0� U"� ��0�� 4�4� Fa�Fyt{p�fgo'�{{ $Ifgd{p�{kd�$$If�F��0� U"� ��0�� 4�4� Fa�Fyt{p��&')?^�� ̿��~�qcVqI �CJ^JaJhO|�h- CJ^JaJhO|�h�IbCJ^JaJh{p�h�IbCJ^JaJh{p�hgf�CJ^JaJh{p�h�D�CJ^JaJh{p�h�|xCJ^JaJh{p�h�e�CJ^JaJ'()��=>�||||||l\\��d�]��^��gd ?��B�ru�� 6Ch��̿��u�j��W�$jh *CJ^JaJh �CJ^JaJhO|�hCJ^JaJhO|�h��CJ^JaJh�W@5�CJ^JaJhO|�h�vCJ^JaJhO|�h�%�CJ^JaJhO|�h�D�CJ^JaJhO|�h�{�CJ^JaJhO|�h )CJ^JaJh CJ^JaJhO|�h(ch>*CJ^JaJhO|�h(chCJ^JaJhO|�h� @Z@[@9D:D�F�F/J0JMJNJ M MiRjR�R�RU��dgdO|� *6�6�6�7�7�78R8f8n8q8�8�8�8�899o9p9S:\:�:�:�:�:�:);*;a;�;�;�;�;�;�;@ >> >J>�>�>�>�>??K?X?o?w?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?@-@��ܜ��thO|�h|�CJ^JaJhO|�hoCdCJ^JaJhO|�h95&5�CJ^JaJhO|�h�Iz5�CJ^JaJhO|�h/_CJ^JaJh�W@5�CJ^JaJhO|�h9?CJ^JaJhO|�h�AECJ^JaJhO|�h�>)CJ^JaJhO|�h(|�CJ^JaJhku[CJ^JaJ'-@.@0@1@2@=@>@D@L@Y@Z@[@�@�A�APBXB\B_B�C��ķ��rdVdHd;dh�W@5�CJ\�^JaJhO|�hlCJ\�^JaJhO|�h�|�5�CJ^JaJhO|�h�|�CJ\�^JaJhO|�h@%CJ\�^JaJhO|�ho�CJ\�^JaJhO|�h9?CJ\�^JaJhO|�ho�5�CJ^JaJhO|�ho�CJ^JaJh�I�ho�CJ OJQJ h�I�hU)�CJ OJQJ^JhO|�h�&CJ^JaJhO|�h�BGCJ^JaJ$jhO|�h@%CJH*U^JaJ�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C�C6D8D*E-EdEeEfEoEyE{E�E�E�E�E�EgFrFvF~F�F�F�F�F�F�F3G9GlGpGsG|G}G�G�G�G�G�G�G�G�GH H HH H��պլ��լլլլլ��Ȭ�Ȑ��Ȑ��hO|�h�Y�CJ\�^JaJhO|�h�1CJ\�^JaJhO|�h@%CJ\�^JaJhO|�hC=kCJ\�^JaJh�W@5�CJ\�^JaJhO|�h�|�CJ\�^JaJhO|�hlCJ\�^JaJhO|�h}�CJ\�^JaJ8 H�H�H.J/J0J5J6J=JLJMJNJ�J�J�J�J�JK K K K(K.K1K@KSK^K��ǹ�񫹫��s��e�WIWIW�hO|�h}�5�CJ^JaJhO|�h� �5�CJ^JaJhO|�h}�CJ\�^JaJhO|�hlCJ\�^JaJhO|�h� �CJ\�^JaJhO|�hP{�CJ\�^JaJhO|�h� CJ\�^JaJhO|�h�8/CJ\�^JaJhO|�h�8/5�CJ^JaJhO|�h�o�CJ\�^JaJhO|�h@%CJ\�^JaJhO|�hC=kCJ\�^JaJhO|�h�Y�CJ\�^JaJ^KcK�K�K�L�L�L�L�L�L�L�L�L�L3M �33�P�$��C[a ܆ ��/ �� bXc��a�'SɃ��s%U�=)�PUz!��鮲e}�9��9�Jn�)��'��a�j IN7�y��;S��VU�(%/�ڽ+��%��9g�TV�j�m��ػ=5Pl �缦��eg�?5�Hz(QX�s��r�o8DQ��~ޒ��R�pEz��[0�o�H�o�ݒj8��W@�'�sAU �q,NQ��I mc��G�#�:��=p�c�F7�#5��v��G�J�q�zE �;��[9yj��8E��-lU^U �'��(�M��~��8i�'�N�/L� �� m��v3,u�4Wa6�p��}h��e�o��J�{w*@1X vp ��U%��i*x�o��&!��Em�Z�|h��ϐ �*6-UNL[P�p� 0ޅ�6%��ɟN��έݭ )+]�&�ߏOQ�~Ꮓ�PM[L�D�e-HV�x��E�D�?�nv�)2p)��J�4�J߂ �sql 6��š�� &��BPM�o6��aC�w�Xx��H��Xx�4��8w �"a�_ *�^ȣ6��o��y!��LTG V״0DC��x��#��\�� "˂�]��LT��.\��w��V1� F?��y�'�hw�7!�-�2Pc X= ��b�^eCV��e�~��d�THZ09��wIl��:��Du� EH�%�P�w��m�X�`,��W�VR*�� u�P�/��[y'q �"�0P�%��$ݞ��Rφ ��sq��T*ʍ��e � �|!Z�fV�;Q#�.u,O \��q �ڕG䚪��h7�Ov=�%* 8�n��O��TW�@}U9��T�� ǯ��w�F�Wh,��ND�"��k�� i�P�� w�pj Da/�wO�7�}%�{��h��xH!�\�P̫i3ǉv�F/5��~�L��5B֩�0��jl��9S`�.�_�K��3�5 `{cs�Z�V9G� �H|,�T��f��w��o� lޫ%/��a�T�Dc ��4p.D��֚�0ڙٜ�د�\1l3t�%��J�)�T\\��~�� 5p ��A�3��}�qh��`�� O��x*m&q��a��]� Ff��Ibxo+GF�J�j�� X��Х�e��]x�M��U ��e��P �'��V..�X=�k�2� �p�GǆՕӣ F�� K�.w�Wj\� �Y2_��.��6-hn��ʇ � ]1�.�x�5 ��j(��p-��a��(\+��+�C��C� 8�r 0 >�Gx�e�rf��j�)y[�L�Sp!P�Tp'��"�F�b$$ ��ѓ��~��.(~�Hİ�i�|ȑ��'v ��'��݁� Pp��>7�r.��$ � �n ��LC]8G��5 �� 帵ܪ�]��kjm l��i��{=o�Zm��;y�O�g(��og*��S��F�rBr1{ژ�U�� ټ��=�5�k�0��ﰳ�ҫu�i��{(Źv�ݖ�}�[�0�ԟ��)Ӫ��k�R�c��ԹPx-'�� 8�u��;�O�S�fN��Q��c� S-��'�O�s:¸ƤRQ�+�_��{Yn��BL�"��' R'�y�o��^e4��vg��mȑ�Nۋ}?��[�f-� D�մ8�e��6dM��>��R�G$7k�6({��ۗ��ɓdVAb�� malS�� v.�8iȹ 9��5ڠ��Z ȪVsR��!�a�i��G��4qSw�G�ߓ�_��X� R�Ł.�I@5�v��i4zc�� 7-��_~��t�S�� "_]��Fo��Y ��A'�6�� Ľ��600 �"�8�O�XѨ q}�3��!��E�K��_G[/��)/ȑ�J�:��P��M��D��T�eP*��8��OQ��:�NP�y�� UL}�A[?��i��T�@��`u��B�:� v�qv��؎��|\p;1��WӖ�kg�c`[��v� X+jN��sט?��ם֯ ��׆��6��&r��]��>M�_�5��sY�׋��5��h��˿/� e5�q��-na �ō?\�6U�+ �� Q�̟!e��S��y\[ �T7V�h4̿C Ld=^�a�9ܝ(Q�q�0�ޜJd��h4RW��P�4'i �ؚ�Tn�&kX7^� ��B��E� �}^)[�N�p��e��رU�� u�:��qwWj�h>L�xx"��WQW�IU�è"� ��Ov�p�9h��Q�g+Ԣ*��l��Jp )��ߺ� ��鍳BU))W�E8M� :� ]�)�aj"�Q.[VV?Ъ��Wg��!�t��Z-�G�˿\�{"�(�KEs��3��[O��FW��lXB �φ+�hZ��RZ¾ ��}}�%�&��R�dA�� L��?T��P ��u[�e𰨯nbk6j��k��¼��,RM*��l �2 SY��ֆ�0�G� Q�(��:Մ�x�:��φ�T�` W5QP�U*⓸C��Ӗ��u� 3��6YbY�?�R��#hR��qj�Z�Y b�٢�e�ixH��W֞/��_Ui3��T�S��퇟(l��ƀaW_��jI�gs��>��z& ��3\v�\*'\q�� }�]��c�X��]R ��\c�"��*vC�-��Q�$��N��'\m\a��d � �\��`�>��@�>�y��v�F�MRB��ԓuU�e�'b��am*6;P#��n>��q�s߷Q� �.O�Cs��V��#5� �+�o̺�+H�� L� ��a��-�*��w�(~ ��'Dk�z��v��F�� 3@ ��4��ԕ��ި��`Z��F�G��`��٦e�=R�_��P��qb3�Z@?g �,�s�AӍ+�{��Tcߗ��o\�� Fq+�=R�c�ە��F�}R� Т�>R��y ?� 7��f�� K�7��f+��M��t��h�*��u��i��?zp7*��e�(�, �j�)6n��I �od�� !F\�(a�M�s�8 D�!�Cc6��HyY�B�� s:��F��&��CL�0^Gs�"��!�� }$B��"� ��)��1�6�[ �WK� �{��"2�� G6��1 �eGA��; q�c?�G0E�s� ��+D�C P�5��6�}��)�&�|2O,��1:AXI C�#�+�k��w�"z��sˈޏ�� b]M{k� �.�K��.�Ƿ1,��Q�?ʶ��m��J�A��5ݮ��{�u�>!�Ă�}�� Ҹ��N��]n¥\�Ё��&H�8 _B4�=~ٕN� !�� ϩ�*�p�� T�Le��C�- �r� i��J~� *~P(5�^��z�B�oW m߯�{~��T CaaT�ӓ�>|��E�o��D�/mWF,*2u�RT��L�b��)�P ��yT��f�VhV��4 ͠�)tkA��~��:� 쵫�W�5 �r�ZI�o4 u�Ri{�v�� g�y* Y, ��PK! ѐ��'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels��M �0��wooӺ�&݈Э��5 6?$Q�� ,.�a��i��c2�1h�:�q��m��@RN��;d�`��o7�g�K(M&$R(.1�r'J��ЊT��8��V�"��AȻ�H�u}��|�$�b{��P��8�g/ ]�QAsم(��#��L�[��PK-!�� [Content_Types].xmlPK-!�֧��6 0_rels/.relsPK-!ky�� theme/theme/themeManager.xmlPK-!�ؾ4��theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ��'� theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]� ��5�Q4R}hڀ/KV �4ul�:t@�@�Ui��&�k�O) fBo�}��& ' U-V�4�D�L2Scb� hM ? I �$ �- �] �V �Y �b L �s kz !� !J!!�*!�O! X!�="_E"� #-&#B@#!r#�,$F-$�e%8&� &&0&95&�_&� ',0'�O'�W'�W'8|'Z (�#(}W()z(d)�>)jg)�z)� *�/*�;*e*�r*7M+,g+ z+s,�,x,�.-�6-qj-10.H /�//�8/-d/+x/B00� 0F0X0�1! 1+1�1�1l 1�21.B14k1�u1�}1^~1S2N,2�52�3 3�b3�p3�q3�4~ 4Y'4�44j �5>8>�M>F[>�c>9?�m?�z?&P@ V@�W@�_@Qt@UA�"A0XA�B>B�@B�cB�yB�CUC�5C�ACcLC�`CPKD�[D�fD�hD�AEL F�F�QF�G�G:3G�BG�EGUG�cGghG|HvDHOXH�hH�wH�{HdI>I� I�I|I�:I�PIlqI�&J@J PJ�QJ�TJ+K? KU>K�TK�L@'LMHL!M�:M�;MgNl!NE0N�cN�$O=1O�PqlPQ� Q�Q%'Q:0Qf1QTQ�{Q�R�2R�]R %S�5S�KS�US�"T�AT�YT�oTDDU�!V^V�0W �mA� Q��@�:m��q��s�;��L��$�_T�?'�58�� 6�`=��K�dM�s�9*�30�+3��i��J��P�v�S��t �)>��B�\S� �'R��6��e��+��_� 2�@;��W�_�l�\�+C�#O�#Z��s�= ��6��>��^��z��P�tu��?�,Z�� #��R��\�tw�� A�MS�R��@�)L�d��h�X ��)�F@��A�M�N�m��T"��\�$�B� (��/��I�O|��[(� A�B��o�(|��j�l��L ��&��[��;�dt��&��=��F�GM�&$�B*�\3��o�|�� F@�QX�[�X�l#��%��W��a�/�,��R�|Y�Qo�D(�E/��2�hQ�e]��.��4��s��5�! �c-��?�� ^!��%��0��9�JJ�sp�d ��$� � �M"��I��P��q�F?� f��?�(�hS�4T��X��^��u�JL�qT�gf�'g��u�}z�;�� _��#��Z��|��$��w�:��D�8G� ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~��Root Entry�� F@XxFT��@Data ��1Table��fWordDocument ��^�SummaryInformation(��DocumentSummaryInformation8��MsoDataStore��vFT��wFT�X5��J��LU��B��W��VYFA==2��vFT��wFT�Item �� 2Properties��UCompObj�� v�� F$Documento de Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.8�9�q