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Y a ese respecto, debe decir la Sala que el art�culo 250 C.N. establece que es la Fiscal�a General de la Naci�n el �rgano encargado del ejercicio de la acci�n penal, y por tanto la que ostenta dentro de sus funciones legales y constitucionales el poder de imputar y acusar, facultad esta que incorpora a su vez el deber de establecer la pretensi�n punitiva del Estado� ESCRITO DE ACUSACI�N / RETIRO / OPORTUNIDAD / NO TIENE CONTROL JURISDICCIONAL � en punto de lo atinente al retiro del escrito acusatorio�, ello ha sido materia de an�lisis por la Corte Suprema de Justicia, y precisamente en CSJ SP, 21 mar. 2012, Rad. 38256, se�al� lo siguiente: �Si el fiscal es el �due�o de la acusaci�n� y al momento de radicar el escrito que la contenga lo que hace es una manifestaci�n expresa de sus pretensiones ante el juez de conocimiento, nada impide que antes de que se haga efectiva la formulaci�n en la audiencia respectiva pueda retirar su escrito, esto es, los cargos� Ese retiro del escrito de acusaci�n no exige decisi�n judicial (el asunto no entr� en la �rbita de la funci�n del juez), pero la Fiscal�a corre con las consecuencias que se sigan de su decisi�n REP�BLICA DE COLOMBIA PEREIRA-RISARALDA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA DE DECISI�N PENAL Magistrado Ponente CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Pereira, veintitr�s (23) de noviembre de dos mil veintitr�s (2023) Acta de aprobaci�n N� 1309 Segunda Instancia Radicaci�n: 11001600000020210065203 Acusado: NATEC�dula de ciudadan�a:Delitos:Lavado de activos agravado y enriquecimiento il�cito de particularesV�ctima:Orden econ�mico socialProcedencia:Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda.) Asunto:Decide apelaci�n interpuesta por el delegado Fiscal, contra el auto de julio 26 de 2023 que neg� el retiro del escrito acusatorio.
SE REVOCA. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en los siguientes t�rminos: 1.- hechos Y ACTUACI�N PROCESAL 1.1.- En el a�o 2018 investigadores de la DIJIN recibieron informaci�n de una fuente humana no formal, en la que se se�ala que NATE, quien retorn� a Colombia luego de purgar una pena en Estado Unidos por narcotr�fico, est� inmerso en actividades il�citas.
El citado fund� la empresa �Agropecuaria La Cruz Ltda.�, constituida mediante escritura p�blica de mayo 15 de 1999 e inscrita en julio 06 de 2006, y la Sociedad Comercial �Criadero Las Caba�as�, creada en noviembre 14 de 2000, a nombre del acusado, su esposa y tres hijos, mismas que al parecer fueron adquiridas con el dinero obtenido de la actividad il�cita de narcotr�fico, lo cual le produjo un incremento patrimonial injustificado con el cual adquiri� muebles e inmuebles de alto valor. 1.2.- Una vez se procedi� por parte de las autoridades a materializar la detenci�n de NATE, se llevaron a cabo ante el Juzgado �nico Promiscuo Municipal de Mistrat� con funci�n de control de garant�as en turno de disponibilidad en Pereira, las audiencias preliminares (agosto 29 de 2021), por medio de las cuales: (i) se declar� legal la captura del indiciado;
(ii) se le formul� imputaci�n por las conductas punibles de lavado de activos agravado -art�culos 323 y 324 C.P- en concurso heterog�neo con enriquecimiento il�cito de particulares -art�culo 327 C.P.-; y (iii) se le impuso medida de aseguramiento de detenci�n preventiva en centro carcelario. 1.3.- Ante el no allanamiento a cargos por parte del imputado, el delegado fiscal present� formal escrito de acusaci�n (diciembre 16 de 2021) en el cual reiter� los t�rminos de la imputaci�n, cuyo conocimiento correspondi� al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esta capital, autoridad que program� la respectiva audiencia de formulaci�n de acusaci�n (marzo 03 de 2022, mayo 26, junio 21, julio 06, agosto 23 de 2022), y en la �ltima fecha, la aludida audiencia se vari� para proceder a verificar la legalidad de un preacuerdo, mismo que improb� la titular del despacho para esa �poca (septiembre 27 de 2022), determinaci�n que fue recurrida tanto por el delegado del ente acusador como por el abogado defensor, y la cual fue confirmada por esta Corporaci�n (diciembre 02 de 2022).
Con posterioridad a ello, nuevamente por parte de la Fiscal�a se puso en consideraci�n del despacho otra negociaci�n (abril 25 de 2023), el cual igualmente fue improbado por el a-quo, sin haberse interpuesto recurso alguno. A ra�z de lo all� decidido el funcionario de primer nivel declar� su impedimento para continuar con la actuaci�n (mayo 26 de 2023), mismo que declar� infundado el titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito (junio 06 de 2023) y que aval� esta Corporaci�n (junio 29 de 2023). 1.4.- Con antelaci�n a la realizaci�n de audiencia de formulaci�n de acusaci�n, el delegado fiscal mediante correo electr�nico envi� sendas peticiones al despacho (julio 21 y 26 de julio de 2023), donde solicitaba retirar el escrito de preacuerdo, y al darse inicio a la referida audiencia (julio 26 de 2023), una vez compareci� el delegado del ente acusador, indic� que en efecto pidi� el retiro del escrito acusatorio o consenso, en tanto por motivos de �ndole territorial, se deben adoptar otras decisiones frente al origen y destino donde se debe adelantar la actuaci�n. A ese respecto, el a-quo se�al� que ya el Tribunal improb� una negociaci�n, se defini� la competencia en esta capital, ha existido un desgaste procesal, y por ende no puede quedar a criterio de la Fiscal�a tal decisi�n, al no haber un soporte legal y en ese orden el despacho tendr�a que pedir la competencia para asumir este asunto, es decir, provocar�a un conflicto de competencia. El abogado defensor expres�, de manera extensa, entre otras razones, que acorde con la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Penal, el retiro del escrito acusatorio es un acto de parte de la Fiscal�a, por lo cual nada le impide que con antelaci�n a que esta se haga efectiva proceda a ello, dado que por competencia constitucional la Fiscal�a es quien ostenta la funci�n acusatoria en el sistema penal procesal, y por consiguiente ser� de su resorte exclusivo y potestativo mantener o no el escrito pertinente, m�xime que se hace con antelaci�n a la verbalizaci�n de la acusaci�n, lo que incluso no debe ser sometido a decisi�n judicial, ya que el juez carece de la facultad legal y constitucional para decidir sobre un acto de parte que se le ha encomendado al ente acusador, por lo cual la instalaci�n de esta audiencia se hac�a innecesaria, ya que una vez retirado el escrito acusatorio, se entiende que el juez pierde la competencia. Estim� finalmente que el juez invade una funci�n que legal y constitucionalmente no se le ha otorgado y que tampoco la respalda la jurisprudencia. 1.5.- Escuchadas dichas intervenciones, el a-quo persisti� en su postura, para mantener la solicitud de audiencia y en �ltimas para provocar un conflicto de competencia negativo, en tanto conforme la sentencia C-025 de 2010, no puede ser un �convidado de piedra� y en esta, respecto al retiro del escrito de acusaci�n, se dijo que es necesario continuar con la investigaci�n penal, salvo la existencia de alguna situaci�n que permita soportar tal pretensi�n, y ac� se tiene que inicialmente se radic� el escrito de acusaci�n, luego la acusaci�n se vari� por un preacuerdo -que a la postre es lo mismo-, lo que gener� un desgaste procesal, hubo un control por parte del Tribunal Superior en diciembre de 2022, y ello lo obliga a seguir adelante la actuaci�n y si bien le ser�a c�modo, am�n de su carga laboral, desprenderse del asunto, no se puede pasar por alto la jurisprudencia constitucional, el desgaste que ha ocurrido en este proceso, m�xime que su deber tambi�n es velar por la tutela efectiva de los derechos del procesado quien necesita de manera pronta y efectiva el acceso a la Administraci�n de Justicia, lo que se diferir�a para otra oportunidad y por otra autoridad, con un mayor desgaste y menor soluci�n a su situaci�n. Agrega, que lo pedido no se compadece con el derecho que tiene de obtener una decisi�n de fondo, por el contrario ser�a una dilaci�n injustificada, sin que sea un capricho suyo el querer mantener el conocimiento del proceso, en tanto este ya se defini�, y acorde con el pronunciamiento constitucional se dispone continuar con las diligencias, y en �ltimas, si se va a radicar el escrito de acusaci�n en otro distrito judicial, provocar� el conflicto de competencia, dado que esta le fue asignada a prevenci�n lo que excluye la competencia de cualquier otro juez. -.
Inconformes con tal determinaci�n, tanto el delegado del ente acusador como el defensor del procesado, indicaron manifestar que interpon�an los recursos de ley -reposici�n y apelaci�n-, pero con antelaci�n a su sustentaci�n, el a-quo refiri� �no voy a reponer la decisi�n, para que sustenten la apelaci�n�. 2.- Debate 2.1.- Fiscal -recurrente- Empieza por sostener que, aunque el a-quo dice que no est� probado que en Pereira nada ocurri�, para fincar el factor territorial solo se tom� el lugar de captura de NATE, y las pruebas de ello est�n en la actuaci�n que el juez conoce, pero lo m�s importante es que las empresas donde supuestamente lav� dinero fueron constituidas y ten�an domicilio en Bogot�, y si ello no es factor para fincar la competencia, no sabe qu� lo sea.
En punto del desgaste judicial que refiere el juez, todos tienen una inmensa carga laboral, pero ello no puede oponerse a situaciones sobrevinientes y pasarlas por encima como es el sitio de comisi�n del hecho, y si bien la Corte finc� la competencia a prevenci�n lo fue �nica y exclusivamente por el sitio donde el procesado fue capturado, pero los nuevos elementos probatorios arrimados por la defensa, llevan indefectiblemente a establecer que al menos uno de los factores fundantes del lavado de activos, como es la constituci�n de las empresas, tuvo ocurrencia en Bogot�.
El a-quo desconoce un acto de parte de la Fiscal�a, como lo es el retiro del escrito de acusaci�n y lo mezcla con un tema de competencia, cuando esta audiencia ni siquiera debi� haberse abierto, en tanto el retiro del escrito de preacuerdo es un acto de parte, el cual debe sufrir modificaciones respecto del factor territorial que s� est� probado.
La orden del Tribunal para que avocara nuevamente este proceso, no es concomitante con la solicitud de retiro del escrito, nada tiene que ver con lo all� decidido, y no est� de acuerdo con lo relativo a proponer un conflicto de competencia, en tanto ello no es el asunto medular ac� debatido, sino la decisi�n del juez de abrir una audiencia lo que no debi� hacerse ante la petici�n elevada, y lo que se evidencia es el desconocimiento de la l�nea jurisprudencial atinente al retiro del escrito acusatorio, cuando no se ha materializado la acusaci�n. No pueden desconocerse los nuevos elementos de prueba en pro de garantizar la resoluci�n del caso, y se opt� por el retiro del escrito, ante la naturaleza de los EMP allegados por la defensa que refuerzan el sitio de creaci�n y domicilio de las empresas objeto de litigio, sin que el factor territorial sea el tema medular, sino el cercenarse una funci�n propia de la Fiscal�a. Pide se despache negativamente la competencia, para que esta sea asumida por el juez del lugar, donde se tiene certeza, cometieron al menos parte de los il�citos endilgados. 2.2.- Defensor -recurrente- Deja constancia inicialmente que la decisi�n anticipada del a-quo de no reponer la decisi�n, sin escuchar los argumentos pertinentes, es una denegaci�n de justicia, lo que vulnera el debido proceso y el derecho de defensa, en tanto su deber era resolverlos.
Frente a la alzada, se�ala que esta audiencia no debi� instalarse, y aunque el a-quo fundamenta mantener esta actuaci�n en la sentencia C-025 de 2010, tal cita es impertinente, en tanto su contenido y alcance es diferente, toda vez que la misma tanto en su obiter dicta como en la ratio decidendi, hace alusi�n a los principios que deben tenerse en cuenta para garantizar el principio de congruencia entre acusaci�n y sentencia, pero en ning�n momento trata el tema de manera categ�rica acerca del retiro del escrito de acusaci�n; sostiene, por el contrario, que el juez desconoce la l�nea jurisprudencial atinente a tal aspecto, lo que no exige decisi�n judicial, m�xime que no se ha llevado a cabo la formulaci�n de acusaci�n y por ende tal decisi�n debe entenderse como un acto de parte, y por ello es a la Fiscal�a como due�a de la acusaci�n, a quien le compete decir si mantiene o no la acusaci�n presentada, y quien deber� asumir sus consecuencias.
Esgrime que cualquier pronunciamiento del juez o del Tribunal con relaci�n a mantener la acusaci�n se convierte en una irregularidad sustancial que motivar� necesariamente una nulidad, ya que el juez quien dijo que ya conoci� las piezas procesales, lo que incluso motiv� su declaratoria de impedimento, no puede convertirse en acusador, para querer mantener el proceso en estas condiciones, lo que llama la atenci�n de la defensa, ya que con ello se desnaturalizar�a el sistema procesal penal.
En este caso, la decisi�n tomada por la Fiscal�a deb�a respetarse, al ser parte de sus competencias legales y constitucionales, sin tener sentido el que se ahonde en controversias decantadas por la jurisprudencia. Pide se revoque tal prove�do, dado que esta audiencia no debi� instalarse y debe ser sometida a anulaci�n al generarse irregularidades sustanciales contra el debido proceso y defensa que desnaturalizan el sistema acusatorio y violentan el principio de legalidad, lo que ha conllevado al juez a asumir un rol que no le corresponde. 2.3.- Sustentado el recurso de apelaci�n, el funcionario de primer nivel lo concedi� el en efecto suspensivo, y dispuso enviar el expediente digital a esta Sala para desatar la alzada. 3.- Para resolver, se CONSIDERA 3.1.- Competencia La tiene esta Colegiatura de acuerdo con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los art�culos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004, al haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelaci�n contra providencia susceptible de ese recurso y por las partes habilitadas para hacerlo, en nuestro caso el fiscal y el apoderado defensor del procesado. 3.2.- Problema jur�dico planteado De la situaci�n f�ctica esgrimida en la audiencia llevada a cabo ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esta capital, en julio 26 de 2023, se advierte que no obstante haberse solicitado por parte del delegado del ente acusador, con antelaci�n a esa fecha, e incluso en el curso de la misma, el retiro del escrito de acusaci�n ora del preacuerdo presentado dentro del proceso seguido en contra del se�or NATE, ello fue negado por el a-quo al considerar que el proceso hab�a sufrido desgaste y que el tema de la competencia le hab�a sido otorgada por parte de la Corte Suprema y de esta Corporaci�n al no avalar un impedimento por �l presentado, y por consiguiente deb�a continuar con el tr�mite de ley, el cual, como as� lo entiende la Sala, no es otro que la Fiscal�a proceda a verbalizar la acusaci�n respectiva.
Ante tal postura, se opusieron tanto el fiscal como el defensor, al se�alar, entre otras razones, que la referida audiencia no deb�a haberse convocado, pues al tratarse de un acto de parte del ente acusador, no requer�a intervenci�n judicial alguna, pero con lo decidido se desnaturaliza el sistema acusatorio, al pretender el a-quo ingresar en un rol que no le compete, mismo que est� asignado de manera exclusiva y excluyente a la Fiscal�a General de La Naci�n. Debe empezar la Sala por decir, que si bien es cierto en curso de la aludida audiencia, el funcionario judicial se mostr� en total desacuerdo con la petici�n del delegado fiscal, quien pretendi� de tiempo atr�s y por escrito, el retiro del escrito acusatorio que se present� en favor del se�or NATE, al considerar que era ante ese estrado judicial donde radicaba la competencia, al punto que indic� que incluso acudir�a al conflicto de competencia, de ser radicado el escrito acusatorio ante un despacho judicial de otra regi�n del pa�s, tal postura, se encuentra absolutamente fuera del contexto planteado en dicha audiencia, en tanto all�, a no dudarlo, lo que se discuti� era si la Fiscal�a pod�a o no retirar el escrito acusatorio, ya que en su sentir, por el factor territorial la actuaci�n deb�a continuarse en la capital del pa�s, dados los nuevos EMP recaudados y aportados por la defensa, mismos que al ser analizados conllevan a pregonar, en sentir del delegado fiscal, que fue all� donde se constituyeron y funcionaron las empresas adquiridas por el procesado con dineros presuntamente il�citos.
El punto objeto de debate, contrario a si era ese despacho u otro el competente para continuar con el curso de la presente actuaci�n, lo que se itera, no fue materia de debate por Fiscal�a o defensa, era si el fiscal pod�a o no en curso de sus competencias legales y constitucionales, retirar el escrito de acusaci�n, radicado desde diciembre 16 de 2021, o de las solicitudes de preacuerdo que con fundamento en este se elevaron ante dicha c�lula judicial, mismas que en su oportunidad fueron improbadas.
Y a ese respecto, debe decir la Sala que el art�culo 250 C.N. establece que es la Fiscal�a General de la Naci�n el �rgano encargado del ejercicio de la acci�n penal, y por tanto la que ostenta dentro de sus funciones legales y constitucionales el poder de imputar y acusar, facultad esta que incorpora a su vez el deber de establecer la pretensi�n punitiva del Estado tal cual as� lo ha dejado consignado pac�ficamente la jurisprudencia nacional: �El acto de acusaci�n, integrado por la presentaci�n del escrito respectivo y la formulaci�n oral de los cargos (arts. 336 y 339 inc. 2� del CPP), ha de comprenderse como un ejercicio de imputaci�n f�ctico-jur�dica, donde el Estado fija los contornos de la pretensi�n punitiva y delimita los referentes en torno a los cuales se adelantar� la discusi�n sobre la responsabilidad penal del procesado�. Ahora, en punto de lo atinente al retiro del escrito acusatorio, como lo sostuvo el apoderado del procesado, ello ha sido materia de an�lisis por la Corte Suprema de Justicia, y precisamente en CSJ SP, 21 mar. 2012, Rad. 38256, se�al� sobre ese particular lo siguiente: �Si el fiscal es el �due�o de la acusaci�n� y al momento de radicar el escrito que la contenga lo que hace es una manifestaci�n expresa de sus pretensiones ante el juez de conocimiento, nada impide que antes de que se haga efectiva la formulaci�n en la audiencia respectiva pueda retirar su escrito, esto es, los cargos, en tanto en esa instancia se est� ante un acto de parte, que a�n no ha impulsado actividad jurisdiccional y, como acto de parte, bien puede desistir del mismo.
Ese retiro del escrito de acusaci�n no exige decisi�n judicial (el asunto no entr� en la �rbita de la funci�n del juez), pero la Fiscal�a corre con las consecuencias que se sigan de su decisi�n, en tanto es evidente que persiste una imputaci�n v�lidamente formulada, respecto de la cual se tiene el deber de que el tr�mite finalice con preclusi�n o acusaci�n. Adem�s, con la decisi�n aut�noma del funcionario los lapsos contin�an corriendo sin interrupci�n alguna.� -negrillas de la Sala-.
Tal postura jurisprudencial no es insular, y por el contrario ha sido reiterada por la Alta Corporaci�n en diversas decisiones, entre ellas en CSJ SP2424-2021, 16 jun. 2021, rad. 55471, para sostener que en efecto se ha admitido la posibilidad que el retiro del escrito de acusaci�n se presente con antelaci�n a que se haga efectiva su verbalizaci�n, por cuanto �La facultad de retirar el escrito de acusaci�n deviene del hecho de ser esta un acto exclusivo de la Fiscal�a, como titular de la acci�n penal y dada la obligaci�n que constitucional y legalmente le fue impuesta -art�culos 250.4 de la Carta Pol�tica, y 15, 51, 56.8, 114, 116, 175, 336, 339, 350 y siguientes del C. de P. Penal-.� -negrilla de la Sala- De lo anterior, se advierte que en efecto existe una l�nea pac�fica, ya consolidada por la Sala de Casaci�n Penal, sostenida incluso en diversas decisiones emitidas por v�a de tutela, donde se evidencia con innegable claridad que le es dable a la Fiscal�a General de la Naci�n como titular de la acci�n penal, retirar la acusaci�n �antes de que se haga efectiva la formulaci�n de acusaci�n�, sin que respecto a ello pueda obrar control judicial alguno por parte de la Judicatura, bajo el entendido, como as� lo tiene claro la jurisprudencia, que se trata de un acto de parte, y por lo mismo no se hac�a ni siquiera necesario convocar a audiencia alguna, en tanto su deber, dada la pretensi�n del ente acusador, era acceder al retiro del mencionado escrito, y proceder a hacerle devoluci�n de la actuaci�n, para los tr�mites que considerara pertinentes, en atenci�n al principio de legalidad, que no puede ser desconocido.
Y es que es un hecho innegable que la mera presentaci�n del escrito acusatorio per se, es un acto de parte, en tanto hasta tal momento procesal no ha mediado actividad jurisdiccional alguna y por ello, puede retirarse el mismo; no obstante, el que se obre de tal manera, no implica que el proceso termine, en tanto al existir una imputaci�n de cargos de por medio, ello implica que el asunto no puede quedar en la indefinici�n, lo que comporta que el �rgano persecutor deba llevar el proceso hasta su finalizaci�n por cualquiera de los mecanismos que dispone el ordenamiento procesal penal -preclusi�n, preacuerdos, allanamiento a cargos, aplicaci�n de un principio de oportunidad, ora una condena o la absoluci�n-.
Ello ocurre, en contraposici�n a que ya se hubiera desarrollado o verbalizado la acusaci�n, en tanto para ese momento resulta absolutamente inviable su retiro, precisamente por cuanto para ese instante ya ha mediado la intervenci�n judicial. De lo antes sostenido, se desprende en consecuencia que el retiro de los cargos por parte de la Fiscal�a, es procedente solo con antelaci�n a la audiencia de formulaci�n de acusaci�n, pero pese a que se adopte una tal decisi�n, ello, itera la Sala, no implica la terminaci�n del proceso, el cual continuar� su curso y ser� en consecuencia obligaci�n del ente persecutor llevarlo hasta su conclusi�n, en aras del cumplimiento del principio de legalidad, al punto incluso que tal retiro ser� �nicamente de car�cter temporal, toda vez que si el proceso no culmina por otras v�as -como las ya mencionadas-, la Fiscal�a estar� obligada a presentar nuevamente el referido escrito de acusaci�n. En este evento en particular, como viene de verse, pese a que el delegado del ente acusador, con antelaci�n a que se procediera a llevar a cabo la audiencia fijada por el despacho para julio 26 de 2023, inform� al despacho acerca de su decisi�n de �retirar el escrito acusatorio�, petici�n a la cual el a-quo no dio tr�mite en su oportunidad por tratarse de un sistema oral, como as� lo dijo al dar inicio a la audiencia pertinente, pero aunque en esa misma ocasi�n, se sustent� por el fiscal lo relativo al aludido retiro, el funcionario judicial, en lugar de atender lo planteado con fundamento en lo contemplado en la mencionada jurisprudencia, respecto de la cual incluso el apoderado del procesado hizo referencia, decidi� contra todo pron�stico irse en contrav�a de tal pretensi�n, al sostener que en este caso ya se hab�a presentado un gran desgaste judicial y que la competencia ya le hab�a sido atribuida, a la vez que refiri�, con fundamento en la Sentencia C-025 de 2010 que deb�a continuar con tal procedimiento, esto es, que se procediera a verbalizar la acusaci�n, como as� lo entiende la Sala.
Pues bien, frente al sustento jurisprudencial al que acudi� el a-quo debe decirse, en consonancia con lo expuesto por el apoderado como recurrente, que el alcance que por parte del funcionario de primer nivel se le quiera dar a la misma, no es correcto, en tanto lo que se desprende del referido fallo es que el an�lisis en el cual se embarc� la Corte lo fue en punto de lo relativo al principio de congruencia -a que alude el canon 448 C.P., norma que fue demandada-, sin que all� nada se dijera sobre el retiro del escrito acusatorio, y mucho menos, que el juez est� obligado a continuar con el tr�mite del proceso, pese a existir una petici�n del �rgano persecutor en tal sentido.
Mucho menos puede pregonarse, como lo hizo el a-quo, que ante el desgaste procesal que ha surtido este proceso -al haberse impugnado la competencia, lo cual resolvi� la Corte Suprema, presentado dos preacuerdos, ambos fallidos y una declaratoria de impedimento que le fue negada-, ello per se, sea motivo para abrogarse el conocimiento de la actuaci�n, cuando bien se sabe, itera, la Sala, que al ser la Fiscal�a quien tiene la potestad legal y constitucional de ejercer la acci�n penal, recae en la misma la facultad de acusar o no a quien se encuentre en curso de un proceso penal, y de contera, si su decisi�n es la de retirar el escrito acusatorio, ello no puede ser objeto de oposici�n por parte de la judicatura.
De obrarse en la direcci�n que lo hace el a-quo, se socavar�a las bases del sistema penal acusatorio, en tanto pasar�a de facto a convertirse en acusador, al pretender, dado su particular punto de vista, que el asunto debe continuar bajo su conocimiento y que por lo mismo debe surtirse el tr�mite de ley, pese a que la Fiscal�a decide retirar el escrito acusatorio, lo que por supuesto no puede cohonestar la Corporaci�n. En ese orden de ideas, sin lugar a mayores elucubraciones, la Sala revocar� la providencia adoptada por el funcionario de primer nivel, y en consecuencia le ordenar� que proceda a aceptar, como lo debi� haberlo hecho desde el primer momento, sin lugar a la celebraci�n de audiencia alguna, el retiro del escrito de acusaci�n que por parte del delegado de la Fiscal�a 24 Especializada adscrita a la Direcci�n Especializada contra el Lavado de Activos de Bogot� D.C., se le pidi�, y quien por consiguiente ser� quien corra con las cargas procesales que ello comporte en curso de tal investigaci�n. ANOTACI�N ADICIONAL: No puede dejar pasar de lado la Sala, que en este evento, acorde con la jurisprudencia atinente al tema, bien podr�a haberse zanjado lo pretendido por el ente acusador desde el instante en que elev� la solicitud de retiro del escrito al despacho de conocimiento, pero ante la postura del mismo, lo que se hizo fue dilatar una determinaci�n que, se itera, podr�a haberse adoptado de plano, sin necesidad de intervenci�n del despacho, como as� lo tiene decantado la jurisprudencia -tanto por v�a ordinaria como constitucional-.
Y ello, conllev� no solo a que la Sala tuviera que ingresar en el estudio de un asunto que bien podr�a haberse finiquitado desde el despacho de primer nivel, sino que a ra�z de la congesti�n que se surte tanto en los juzgados como en esta Corporaci�n, solo a la hora de ahora, pasados casi 4 meses desde la emisi�n de tal prove�do, se hubiera podido ingresar al estudio de la providencia recurrida.
En ese orden se solicita al funcionario a-quo para que a futuro y en casos como este, donde la jurisprudencia ha sido clara sobre c�mo se debe proceder ante el retiro del escrito acusatorio, se obre en consecuencia. De otro lado, llama poderosamente la atenci�n de la Sala, la decisi�n unilateral y en efecto atentatoria de los derechos fundamentales al debido proceso, en sus componentes de defensa y contradicci�n que adopt� el a-quo, cuando luego de emitir decisi�n respecto a lo pedido, de manera expresa neg� a las partes que interpusieran el recurso de reposici�n, en tanto su postura no la variar�a. Ello, para el Tribunal, podr�a incluso dar pie a decretar la nulidad de lo all� actuado con miras a preservar las garant�as conculcadas, no obstante, no se acudir� a tal remedio extremo, am�n de la soluci�n que el caso comportaba.
Y es que no encuentra explicaci�n alguna la Corporaci�n, para el obrar del se�or juez, cuando ante la decisi�n que dict�, el mismo fue claro al sostener que contra esta proced�an los recursos de ley, que como bien se sabe, lo son el de reposici�n o de apelaci�n, ya sea que se presenten por separado o el primero y en subsidio el segundo, como a la postre se advierte que pretendi� hacerlo el abogado defensor, sin que pudiera acceder a la reposici�n, dada la postura, a todas luces equivocada del funcionario de primer nivel.
Baste mirar que el canon 176 C.P., dispone que en efecto son esos dos recursos los ordinarios que se pueden impetrar contra decisiones como la ac� adoptada y por el motivo, es no solo un deber, sino una obligaci�n del funcionario judicial, cuando se trate de prove�dos de fondo, como el que ac� emiti�, permitir a las partes que acudan al recurso que a bien consideren -el horizontal, el vertical, o incluso ambos- sin que sea de su resorte determinar, como ac� lo hizo de manera extempor�nea por anticipaci�n, que no repondr�a su decisi�n, sin conocer los planteamientos que pudieran formular quienes mostraron su inconformidad con su pronunciamiento.
Debe precisarse igualmente, que si bien la decisi�n que deniega el retiro del escrito de acusaci�n por parte del fiscal, no se encuentra expresamente dentro del listado de los autos susceptibles del recurso de apelaci�n -art�culo 177 del C. de P.P.-, es indudable que se trata de un auto interlocutorio y no de una orden, por cuanto el tema en discusi�n no es de simple tr�mite o impulso procesal, sino de un aspecto sustancial del proceso, distinto de su propio objeto, que implican generalmente la afectaci�n o limitaci�n de un derecho, o una garant�a, como sucede con los que menciona el art�culo 20, o los que enumeran el art�culo 177 de la ley 906 de 2004, en concordancia con los art�culos 161 y 176 inciso 2 �dem, por ende en este caso contra la referida decisi�n judicial es procedente el recurso de apelaci�n, m�s a�n cuando de plano el juez a-quo no dio lugar a sustentar el recurso de reposici�n. En ese orden se hace igualmente un llamado de atenci�n al se�or Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira, para que, a futuro y en cumplimiento de la obligaci�n legal que le asiste como operador jur�dico, de garantizar a todas las partes la salvaguarda de sus derechos, en especial el de defensa y contradicci�n, en el evento de que frente a una providencia judicial respecto de la cual procedan los recursos ordinarios -reposici�n y apelaci�n-, una vez escuchados los interesados, resuelva lo pertinente, m�xime cuando se sabe, que la sustentaci�n que se efect�e para la reposici�n ser� la misma que a la postre sirva como fundamento de la alzada.
Ello con miras a rodear de las mayores garant�as a los intervinientes en desarrollo del proceso penal, no como una decisi�n de car�cter voluntaria del a-quo, sino como un imperativo legal que debe ser acatado por los funcionarios judiciales. En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), en Sala de Decisi�n Penal, REVOCA el auto de julio 26 de 2023, por medio del cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esta ciudad decidi� continuar con el proceso penal seguido contra el se�or NATE, pese a que el fiscal 24 Especializado adscrito a la Direcci�n Especializada contra el Lavado de Activos de Bogot� D.C. solicit� el retiro del escrito de acusaci�n, y en consecuencia se ORDENA que proceda a aceptar dicha petici�n y disponga la devoluci�n de la actuaci�n para que se prosiga con el tr�mite que a bien tenga que por parte del delegado del ente persecutor, conforme lo sostenido en el cuerpo de este prove�do.
En atenci�n a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el art�culo 4� del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020, la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, y la Ley 2213 de junio 13 de 2022, no se realizar� audiencia de lectura, y por ende esta providencia se notificar� por la Secretar�a de la Sala v�a correo electr�nico a las partes e intervinientes, decisi�n contra la cual no procede recurso alguno. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE CARLOS ALBERTO PAZ Z��IGA Magistrado JULI�N RIVERA LOAIZA Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA Magistrado En esta audiencia el abogado defensor impugn� la competencia del despacho, por considerar que los hechos ocurrieron en Bogot�. Luego de que la Corte Suprema de Justicia, en providencia de abril 05 de 2022 asignara la competencia al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, el despacho instal� la audiencia, pero no se pudo llevar a cabo por solicitud de aplazamiento de la defensa. El defensor solicit� aplazamiento de la audiencia. El Juzgado aplaz� la diligencia con la finalidad de que el fiscal realice los ajustes que considere necesarios a la acusaci�n, como quiera que no ha delimitado los hechos frente a una de las conductas punibles. A la cual no se conect� a tiempo el delegado fiscal, por lo cual el a-quo dispuso compulsa de copias. ARTICULO 250.� La Fiscal�a General de la Naci�n est� obligada a adelantar el ejercicio de la acci�n penal y realizar la investigaci�n de los hechos que revistan las caracter�sticas de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petici�n especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias f�cticas que indiquen la posible existencia del mismo.
No podr�, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecuci�n penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicaci�n del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la pol�tica criminal del Estado, el cual estar� sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garant�as.
Se except�an los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza P�blica en servicio activo y en relaci�n con el mismo servicio. [�] En ejercicio de sus funciones la Fiscal�a General de la Naci�n, deber�: [�] 4. Presentar escrito de acusaci�n ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio p�blico, oral, con inmediaci�n de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garant�as. CSJ AP, 29 jun. 2016, Rad. 45819. Donde igualmente reiter� lo contemplado en CSJ AP, 5 sep. 2018, rad. 53560, CSJ AP, 29 jun. 2016, rad. 48343. CSJ STP9302-2022, 30 jun. 2022, Rad. 124705. Lavado de activos Radicaci�n: 110016000000 2021 00652 03 Procesado: NATE Revoca auto A No. 082 P�gina PAGE 10 de NUMPAGES 11 IJcd��p q � � � � 0 1 3 ��°°°���vcN C���������� ($Ifgd Sedgd Se $da$gd Se $da$gd��$d5$7$8$9DH$a$gd�� CDZ[�{{ ($Ifgd Se{kd$$If�F���0��J �"� N�0��������"�������� ��� ���4�4� Fa���yt SeD[\bc������ muv|}����� -?@AFw{��v������������������䟎��~�o�b�hFe5�OJQJ^JaJ h��h+�OJQJ^JaJ h��ha+%5�OJQJ^JaJ h��h+�CJ OJQJnH tH h��ha+%CJ OJQJnH tH h Seh�lACJ^JaJh Seh�Z�CJ^JaJh SehrUCJ^JaJh Seh+�CJ^JaJ h��ha+%OJQJ^JaJh Seha+%CJ^JaJ![\e��{{ ($Ifgd Se{kd�$$If�F���0��J �"� N�0��������"�������� ��� ���4�4� Fa���yt Se�����{{ ($Ifgd Se{kd>$$If�F���0��J �"� N�0��������"�������� ��� ���4�4� Fa���yt Se��� �{{ ($Ifgd Se{kd�$$If�F���0��J �"� N�0��������"�������� ��� ���4�4� Fa���yt Se &��{{ ($Ifgd Se{kd|$$If�F���0��J �"� N�0��������"�������� ��� ���4�4� Fa���yt Se��� @A./��|qiVqqqq$d5$7$8$9DH$a$gd��dgd�� $da$gd��dgd��{kd$$If�F���0��J �"� N�0��������"�������� ��� ���4�4� Fa���yt Se vwxy/5��il��di�����?@IJTU_`ks�������������������������������w�h�h� h��h, �OJQJ^JaJ h��h`�OJQJ^JaJ h��h |eOJQJ^JaJ(jh��ha+%H*OJQJU^JaJ h��h�l�OJQJ^JaJhFe5�OJQJ^JaJ h��ha+%5�OJQJ^JaJ h��h+�OJQJ^JaJ h��ha+%OJQJ^JaJh#�OJQJ^JaJ&����� � �#�#�(�(�*�*,,(,),C,D,�-�-7080�1�1�3�3�������������������������dgd��$d5$7$8$9DH$a$gd�� $da$gd���HU����;
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