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Sentencia: C.No.144/04 Proceso: EJECUTIVO HIPOTECARIO Radicaci�n: No.110013103036200100331 01 Demandante: BANCO COLPATRIA S.A. Demandado: LUIS ALBERTO HINCAPI� CARVAJAL Procedencia: JUZGADO TREINTA Y SEIS CIVIL DEL CIRCUITO Mot. Alzada: APELACI�N AUTO Disc. y Aprob.: SALA DECISI�N, 18 DE NOVIEMBRE DE 2004 AVISO-SALA No.44 Decisi�n: REVOCATORIA Resuelve el Tribunal, con base en las copias remitidas, el recurso de apelaci�n interpuesto por el demandante contra la providencia proferida en el asunto referenciado el veinticinco de mayo del a�o en curso. 1 La decisi�n impugnada y su fundamento: 1.1 Se trata de la providencia mediante la cual la se�ora juez del conocimiento declar� que la opositora al secuestro decretado, se�ora BLANCA LUCIA CASTRO RODR�GUEZ, �era la poseedora de los inmuebles ubicados en la calle 35 n�mero 71 A 52 y carrera 35 n�mero 71 A 46, al momento de efectuarse� la diligencia; consecuencialmente orden� el levantamiento del secuestro de los referidos inmuebles y conden� en costas y perjuicios a la parte actora.
Para tomar la decisi�n el juzgador encontr� testimonial y documentalmente probada la posesi�n alegada por la se�ora CASTRO RODRIGUEZ. En ese sentido expres� que, �En efecto, seg�n las declaraciones recibidas, la opositora viene disponiendo de los bienes secuestrados desde comienzo de 1998, �poca en la cual le fue entregado por negociaci�n que realiz� con Rub�n Dar�o Nore�a (fl. 29 y 30 cdo. 2.).
De ah� en adelante, ha dispuesto de los bienes, los ha arrendado, ha hecho mejoras locativas y se comporta como una verdadera propietaria�, declaraciones entre las cuales destaca lo dicho por los arrendatarios Jes�s Ernesto Lara Ortiz y Oscar Estacio Contreras. Y agreg�: �De la misma manera, las pruebas documentales arrimadas antes y durante la diligencia de secuestro (fls. 21 a 38) corroboran que -se repite- ha sido la se�ora BLANCA LUC�A CASTRO RODR�GUEZ quien detenta el producto de los bienes materia de secuestro, por concepto de c�nones de arrendamiento, materializando con ello no s�lo el elemento volitivo de la posesi�n (�nimus), sino tambi�n el elemento material de ella (corpus) que se refleja en su poder de disposici�n sobre los predios -con exclusi�n de otros sujetos, y entre otros del ejecutado- al momento de la pr�ctica del secuestro� (fls. 80-82, cdno. copias). 2 El objeto del recurso y su fundamento: Pretende la recurrente la revocatoria �ntegra de la providencia atacada y, en su lugar, �declarar infundada la oposici�n a la diligencia de secuestro practicada�.
Alega, en resumen, que: (1) S�lo se formul� oposici�n respecto del inmueble de la Carrera 35 No.71A-52 y no se formul� del ubicado en la Carrera 35 No.71A-46; (2) la opositora present�, antes de la ejecutoria del auto que resolvi� la oposici�n un escrito desistiendo de ella, desistimiento que no puede ser desconocido ni desatendido; (3) la opositora present� extempor�neamente la solicitud de pruebas y, adem�s, el se�or juez del conocimiento no ratific� las declaraciones rendidas ante el comisionado en la diligencia de secuestro y por esa raz�n, en su consideraci�n, no pueden apreciarse;
(4) los documentos presentados por la opositora no son aut�nticos �por ser emanados de terceros�. En su consideraci�n, remat�, �resulta evidente la insuficiencia probatoria dentro del tr�mite de la Oposici�n�, am�n que el declarante Oscar Manuel Hern�ndez es sospechoso porque es cu�ado de la opositora (fls. 4-8, cdno. 2� inst.). La opositora solicit� la confirmaci�n de la providencia censurada (fls. 9-13). 3 CONSIDERACIONES 3.1 En el juicio ejecutivo y con el objeto de garantizar el pago o el cumplimiento de la obligaci�n demandada, la Ley Civil Adjetiva ha establecido a favor del demandante las medidas cautelares sobre bienes del ejecutado, medidas que recaen �nicamente sobre los bienes respecto de los cuales el demandado sea realmente el propietario.
La prerrogativa del actor de hacer uso de las medidas cautelares, empero, no impide que los terceros ajenos al pleito, pongan a salvo sus bienes que resulten afectados por ellas mediante los mecanismos procesales establecidos para ese efecto. Esos mecanismos se encuentran contemplados en los art�culos 686 y 687-8 del C�digo de Procedimiento Civil que posibilitan a toda persona que alegue posesi�n oponerse al secuestro en la misma diligencia o si en ella no pudo hacerlo o lo hizo sin apoderado, solicitar al juez del conocimiento que declare que ten�a en ese momento la posesi�n material de los bienes cautelados.
Si en uno u otro evento el opositor obtiene una decisi�n favorable, se levantar� el embargo y secuestro practicados, o el secuestro seg�n fuere el caso. Al opositor o al incidentalista le corresponde, en todo caso, probar los hechos en que funda su pretensi�n siguiendo la regla general establecida en el art�culo 177 ib�dem, esto es, que ejerce o ejerc�a al momento de la diligencia de secuestro la posesi�n material del inmueble que se intenta secuestrar o ya secuestrado. 3.1.1 La posesi�n, por bien sabido se tiene, consiste en la aprehensi�n de una cosa con �nimo de se�or o due�o y quien la tenga con esa convicci�n es reputado due�o mientras otra persona no demuestre lo contrario.
Pero no por el mero hecho de tener la cosa se constituye la posesi�n; a la tenencia debe aun�rsele la intenci�n o voluntad de hacerla suya, de forma exclusiva, sin consideraci�n de otros (art.762 C.C.). La prueba id�nea para la demostraci�n de la posesi�n no puede reducirse hoy a la testimonial, aunque a ella se acuda con mayor frecuencia, sino que todos los medios legales permiten su probanza, unos con m�s fuerza que otros, pero, en todo caso, siempre han de apreciarse en conjunto las pruebas allegadas y atendiendo el principio de la sana cr�tica (art. 187 C. de P. C.). 3.2 En el caso espec�fico planteado, la apelaci�n est� llamada a prosperar.
En efecto, en efecto, apreciando en conjunto toda la prueba documental presentada al momento de la diligencia como la testimonial recibida, contrario a lo concluido por la juzgadora de primera instancia, la opositora verdaderamente no es poseedora. Veamos: 3.2.1 La diligencia la atendieron los se�ores Jes�s Ernesto Ortiz y Oscar Eustacio Contreras quienes manifestaron ocupar los inmuebles a t�tulo de arrendamiento siendo la arrendadora la se�ora Blanca Luc�a Castro y para acreditarlo exhibieron los respectivos contratos y un documento de �venta de los derechos deribados (sic) de la posesi�n� que a la se�ora Castro le hizo el abogado Rub�n Dar�o Nore�a. A los inquilinos se les recibi� declaraci�n y el se�or LARA ORTIZ manifest� ser arrendatario de Luc�a Castro desde el 1� de enero de 1998, no conocer al ejecutado pero s� al abogado Rub�n Dar�o Nore�a y Luc�a Castro desde hac�a �unos 9 o 10 a�os�, al primero que lo conoci� por ser el �abogado de un amigo� y a la segunda por la negociaci�n de un carro que con ella hizo un amigo.
Dijo tambi�n que conoc�a a �Miguel H.� -Hern�ndez-, esposo de la se�ora Luc�a Castro mas, sin embargo, al interrog�rsele sobre la residencia de ella eludi� la pregunta y solamente manifest� llamarla a un tel�fono pero que, en cambio, s� iba al �negocio del esposo en Rionegro�. Este inquilino manifest�, adem�s, que fue testigo �de la compra de la posesi�n que hizo do�a Luc�a a Rub�n Dar�o� y que el arrendamiento lo pagaba a �veces a Luc�a Castro o alguno de los muchachos o yo voy hasta all�.
En relaci�n con mejoras refiri� a los del �cambio de balastros y todas las cosas que se relacionen con el normal funcionamiento de la bodega�. El se�or Oscar Eustacio Contreras manifest� ser arrendatario de Luc�a Castro desde el 2 de mayo de 2000, no conocer al ejecutado y tampoco al abogado Rub�n Dar�o Nore�a, pagarle arriendo a Luc�a Castro o a los empleados que ella mandaba y que ella la conoci� porque �el se�or Lara� se �la present� como propietaria del inmueble�; al interrog�rsele si sab�a el lugar donde resid�a la se�ora Luc�a Castro respondi� no saber �la direcci�n exacta� pero s� saber que ten�a �un negocio en Rionegro� (fls. 18-20, cdno. copias). 3.2.2 Los contratos de arrendamiento se incorporaron a la diligencia (fls. 23-26).
El de Jes�s Ernesto Lara Ortiz aparece que se suscribi� el 1� de mayo de 1998 y el de Oscar Eustacio Rivera el 2 de mayo de 2002, contrato este que tambi�n suscribi� Jes�s Ernesto Lara Ortiz en calidad de testigo. En el documento de �COMPRA VENTA DE DERECHOS DE LA POSESI�N� se expresa que RUBEN DARIO NORE�A le vende a LUCIA CASTRO RODRIGUEZ �los derechos derivados de la posesi�n� que �l ejerc�a y que el vendedor hab�a recibido �la posesi�n y el dominio (sic) [ ] desde el 3 de febrero de 1998, en pago de obligaciones insatisfechas y a cargo del se�or RODOLFO HURTADO, fecha desde la cual viene ejerciendo la posesi�n del inmueble en forma quieta, pac�fica y tranquila�.
El documento aparece suscrito el 15 de febrero de 1998, fecha en que el vendedor �Hace entrega real y material [ ] de los derechos derivados de la posesi�n� (fls.27-28). 3.2.3 Ante la imposibilidad de notificarle a la se�ora BLANCA LUCIA CASTRO RODR�GUEZ la admisi�n de la oposici�n que formularon los tenedores LARA ORTIZ y RIVERA, se orden� su emplazamiento para tal efecto mas, con posterioridad a la fijaci�n en secretar�a del edicto emplazatorio, concurri� por intermedio del mismo abogado que apoder� al arrendatario LARA ORTIZ.
En el poder que otorg� facult� a su apoderado para recibir la notificaci�n (fls. 33-34). En el poder, sin embargo, tampoco se indic� el lugar de su residencia o lugar de trabajo. Su apoderado solicit� se recibiera declaraci�n a varias personas (fls. 36-37), de las cuales solamente compareci� el se�or OSCAR MANUEL HERN�NDEZ RODR�GUEZ. 3.2.3.1 El se�or OSCAR MANUEL HERN�NDEZ RODR�GUEZ dijo ser cu�ado de la opositora y ser la persona que algunas veces cobraba los arriendos a solicitud de su cu�ada; tambi�n dijo conocer a RUBEN DARIO NORE�A desde hac�a unos seis meses porque era su nuevo patrono y que �ltimamente no ha ido a los inmuebles objeto de la oposici�n pues se enter� que �hab�a un problema� (fls. 63-67). 3.2.3.2 En esta instancia y por cuanto la juzgadora de primer grado no lo orden� tal como lo dispone el art�culo 686 (par�g. 2� C. de P. C.), se decret� oficiosamente interrogatorio a la opositora (fl. 14, cdno. 2� inst.).
Esta dijo, entre otras cosas, que conoc�a a RUBEN DARIO NORE�A desde hac�a m�s de 10 a�os; que el se�or RODOLFO HURTADO quien es �muy amigo� suyo pose�a las bodegas -inmuebles- y las hab�a negociado con NORE�A y al hablar con �ste termin� ella negoci�ndolas como consta en el documento de compraventa de derechos de posesi�n. Expres� tambi�n que su amigo HURTADO compr� �las bodegas� a un se�or GONZALEZ y, adem�s, que hizo la negociaci�n de �las bodegas� porque las necesitaba para su propio uso pues con permiso de HURTADO guardaba en ellas carros y mercanc�as, as� que cuando las negoci� ya las ten�a ocupadas.
Dijo igualmente que conoc�a al se�or HERNANDO LARA ORTIZ por ser hermano de su arrendatario JES�S ERNESTO LARA ORTIZ (fls. 17-21, cdno. 2� inst.). Del an�lisis conjunto de todas las pruebas decretadas y practicadas, se puede concluir que la opositora no demostr� ser la verdadera poseedora al momento de la diligencia de secuestro por cuanto todos los declarantes son sospechosos por la estrecha relaci�n, ya por amistad o comercial que mantienen y han mantenido con ella, su c�nyuge y RUBEN DARIO NORE�A, siendo esta especial circunstancia la que no permite darles absoluta credibilidad a su dicho.
Existen tambi�n varias coincidencias indicadoras que la opositora conoc�a la situaci�n jur�dica de los inmuebles, entre ellas, la de que el arrendatario JES�S ERNESTO LARA ORTIZ es hermano del anterior propietario, es decir, de quien lo vendi� al hipotecante y aqu� demandado; que el vendedor de los �derechos derivados de la posesi�n�, RUBEN DARIO NORE�A, �recibi� la posesi�n y el dominio� el 3 de febrero de 1998 de manos de RUBEN HURTADO quien es �muy amigo� de la opositora, posesi�n que �recibi�, precisamente, el mismo d�a en que se suscribi� la escritura de compraventa de HERNANDO LARA al demandado e hipotecante; que el documento de �COMPRAVENTA DE LOS DERECHOS DE LA POSESION� de NORE�A a la opositora se suscribi� el 15 de febrero de 1998, esto es, apenas 4 d�as despu�s de haberse inscrito la compraventa al demandado y tambi�n registrado la hipoteca.
Estas coincidencias ponen en duda el �nimo posesorio de la opositora. Pero tampoco resulta congruente lo expresado por la opositora en el sentido de que la finalidad de la compra era la de ocupar los inmuebles con sus bienes y luego optara por arrendarlos, entre otras personas a JES�S ERNESTO LARA ORTIZ hermano del anterior propietario, esto es, de quien los vendi� al demandado e hipotecante.
A lo anterior s�mese que no se demostr� la posesi�n ejercida por RODOLFO HURTADO y tampoco la de RUBEN DARIO NORE�A, quienes supuestamente antecedieron a la opositora pues �sta, t�ngase en cuenta, seg�n lo alegado y el documento en que bas� esencialmente la oposici�n -�COMPRAVENTA DE LOS DERECHOS DE LA POSESION�-, entr� en posesi�n de los inmuebles con posterioridad al registro de la hipoteca en que se basa la ejecuci�n. El mero hecho de arrendar una cosa, por lo dem�s, no constituye por s� solo la demostraci�n plena del ejercicio posesorio pues bien puede suceder que el arrendador obre en nombre de otro.
De otra parte, no deja de ser sospechoso que se hubiera desistido de la oposici�n el mismo d�a en que se notific� por estado la providencia que resolvi� la oposici�n (fl. 84) y d�as despu�s se haya desistido de esa petici�n que hab�a sido coadyuvada por el apoderado de la parte actora. Esta ambivalencia es indicadora tambi�n de la duda que se tiene sobre el �nimo posesorio (fl. 86).
Para el suscrito magistrado ponente, adicionalmente, la opositora no tiene la calidad de tercero y solamente por esa raz�n no proced�a la oposici�n. En efecto, vistas las copias remitidas, entre ellas las de los certificados inmobiliarios de los inmuebles hipotecados y objeto del secuestro (fls. 2-10), se encuentra que la hipoteca en que se funda la acci�n hipotecaria se constituy� mediante escritura 548 del 3 de febrero de 1998 la cual se registr� el d�a 11 de ese mismo mes y a�o, -anotaciones 18 y 11-, es decir, tiempo antes de la iniciaci�n de la supuesta posesi�n por la opositora, posesi�n que seg�n lo alegado la inici� el 15 de febrero de 1998 de acuerdo con el documento rotulado como �CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LOS DERECHOS DE LA POSESION QUE EJERCE EL SE�OR RUBEN DARIO NORE�A -VENDEDOR- SOBRE LOS INMUEBLES DE LA CARRERA 35 No.71 A- 52 Y CARRERA 35 No.71 A 46� visto a los folios 27-28.
En tales condiciones, la opositora no tiene la calidad de tercero porque es causahabiente obligacional del aqu� demandado en virtud de que la hipoteca que �ste constituy� con anterioridad a la fecha en que, rep�tese, supuestamente RUBEN DARIO NORE�A le hizo �entrega real y material [ ] de los derechos derivados de la posesi�n y que lo fue el 15 de febrero de 1998 cuando se suscribi� �el contrato de los derechos de posesi�n� de los inmuebles hipotecados, �posesi�n y dominio� que, a su vez, el vendedor �recibi� y �ejerc�a�� apenas y, coincidencialmente, �desde el 3 de febrero de 1998�, es decir, el mismo d�a en que se suscribi� la escritura de compraventa al ejecutado y se constituy� la hipoteca en que se basa la ejecuci�n. Quien adquiera o entre a ocupar un inmueble hipotecado �a cualquier t�tulo� con posterioridad a la constituci�n y registro de la hipoteca y sin la aquiescencia del acreedor hipotecario, se ver� expuesto a la acci�n hipotecaria prevista en el art�culo 2452 del C�digo Civil y a las consecuencias legales inherentes a ella (art. 2453 Ib.).
CONCLUSI�N Lo brevemente expuesto impone al Tribunal la revocatoria de la providencia apelada y, en su lugar, se rechazar� la oposici�n al secuestro presentada por la Se�ora BLANCA LUC�A CASTRO RODR�GUEZ. Por la improsperidad de la oposici�n se condenar� a la opositora en perjuicios y en las costas de la primera instancia (art. 686 C. de P. C.).
Sin m�s consideraciones, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C., en Sala de Decisi�n Civil,
RESUELVE
1�) REVOCAR �ntegramente la providencia objeto de la apelaci�n. En su lugar, RECH�ZASE la oposici�n al secuestro presentada por la Se�ora BLANCA LUC�A CASTRO RODR�GUEZ. 2�) CONDENAR en perjuicios y en las costas de la primera instancia a la opositora. Los perjuicios liqu�dense como lo dispone el inciso final del art�culo 307 del C�digo de Procedimiento Civil. 3�) Cumplida la ritualidad secretarial devu�lvase el diligenciamiento a la oficina de origen.
Notif�quese y c�mplase MANUEL JOS� PARDO CARO Magistrado MAR�A TERESA PLAZAS ALVARADO Magistrada ANA LUC�A PULGAR�N DELGADO Magistrada PAGE PAGE 1 Int./04 Proceso EJECUTIVO HIPOTECARIO de BANCO COLPATRIA S.A. contra LUIS ALBERTO HINCAPI� CARVAJAL 4?@nop��=hi�),/���]� m � � �:W� ��k������5��/�"CHX��~���4 ? !.!b!�������������������������������������������������������5�CJ CJ mH sH 6�CJ]� 6�CJ ]�CJ6�CJ CJ ]�mH sH CJ 6�]�6�CJ]�aJCJaJ5�6�CJOJQJ\�]�aJOJQJ6�CJOJQJ]�aJCJ]�6�CJ]�aJ<4?@op�����=i��������������������$����dh^��`��a$$����dh^��`��a$$�Ldh^�La$$��dh`��a$�`�$dha$$��^�`�a$$dha$$�`�a$IG�G���*+,/01��-.uv������56@A���������������������������$a$$dha$A���./�������"�"�$�$�%�%[(\("+#+�,�,�0�5�5��������������������������$d�a$$a$7$8$H$$dha$b!�!�! 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