11001 3103 026 2009 00742 03 · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� fi��e�� PJbjbjT~T~ ;z66�Aa=�� )))��===8ut�L=�(�55"WWWvvvc(e(e(e(e(e(e(r*�-Je()vvvvve())WWz(666v�)W)Wc(6vc(66V�$@�%W��/%SK�=v%O(�(0�(%x^-~^-�%^-)�%�vv6vvvvve(e(��vvv�(vvvv��^-vvvvvvvvv� �: $ TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOT� SALA DE DECISI�N CIVIL Magistrado Ponente OSCAR FERNANDO YAYA PE�A Bogot� D. C., � de diciembre de dos mil diecis�is (aprobado en sala de 29 de noviembre del mismo a�o) 11001 3103 026 2009 00742 03 Se deciden los recursos de apelaci�n que formularon Carmen Iriarte Uribe (ejecutante) y los demandados Juan Pablo Uribe Clauzel y Agust�n Uribe Leyva, contra el auto que el 19 de julio de 2016 profiri� el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogot�, en el proceso ejecutivo singular que (sin �xito) adelant� la hoy apelante contra Enrique, Julia, Agust�n Esteban Ignacio y Bernardo Uribe Leyva;

Juan Manuel y Nicol�s Uribe Villegas; Maria Caroline y Juan Pablo Uribe Clauzel; Pilar Uribe de Pombo e In�s Largacha Salazar.

ANTECEDENTES 1. Con su fallo del 24 de abril de 2015, este Tribunal confirm� la terminaci�n del proceso ejecutivo que, mediante sentencia del 2 de mayo de 2014, dispuso el juez de primera instancia, quien tambi�n (por providencia complementaria del 3 de julio del mismo a�o) conden� a los demandantes a resarcir los perjuicios que hubieren causado a su contraparte, con motivo de este proceso ejecutivo. 2.

Con su demanda incidental (radicada el 24 de septiembre de 2015), Juan Pablo Uribe Clauzel y Agust�n Uribe Leyva pidieron que se condenara a su contraparte a pagar los intereses moratorios causados sobre las sumas de $242�660.702 (correspondiente a la suma que el 5 de marzo de 2010 consign� el demandado Juan Pablo Uribe Clauzel, en cumplimiento del mandamiento de pago) y $23�275.883,61 (la que fue embargada el 9 de marzo de 2010, de las cuentas bancarias de Agust�n Esteban Uribe Leyva).

Seg�n lo dijeron los incidentantes, �las obligaciones relacionadas con el presente proceso son mercantiles, raz�n por la que se liquidan intereses a la tasa moratoria autorizada por la Superintendencia Financiera�. 3. En el auto apelado, el juez a quo acogi� parcialmente la demanda incidental y conden� a la ejecutante a pagar $15�571.093,29 (a Juan Pablo Uribe Clausel) y $1�493.570,87 (a Agust�n Uribe Leyva).

Tras destacar que, por regla general, quien formula un reclamo indemnizatorio, debe probar la entidad y la extensi�n de los da�os, el susodicho juzgador sostuvo que �en trat�ndose de obligaciones dinerarias, el acreedor no necesita justificar los perjuicios si �nicamente reclama intereses�, a lo que agreg� que �en la mora de obligaciones dinerarias, su indemnizaci�n se traduce en intereses, cuya causaci�n se presume por mandato legal, por lo que no puede exigirse prueba del perjuicio�.

A�adi� que �la constituci�n en mora se da desde la sentencia o, en este caso, desde el auto de obed�zcase y c�mplase (21 de julio de 2015) y hasta la fecha de notificaci�n por estado del auto que orden� la entrega de t�tulos (20 de octubre de 2015)�.

4. LOS RECURSOS DE APELACI�N. 4.1 Los demandados Juan Pablo Uribe Clauzel y Agust�n Uribe Leyva alegaron que �las sumas (de $242�660.702 y $ 23�275.883,61) fueron puestas a disposici�n del Despacho con fundamento en el art�culo 519 del C. de P. C., consider�ndose, por tanto, embargadas para todos los efectos, raz�n por la que los incidentantes no tuvieron acceso a ellas� y que la liquidaci�n de perjuicios que aprob� el juez de primera instancia �presenta una diferencia abismal, no s�lo respecto de la que arrimaron los ejecutados, sino tambi�n respecto de la que fuere aportada por la propia incidentada, quien reconoci� haber ocasionado perjuicios por un valor muy superior (�).

Por lo que no se entiende c�mo, si la misma incidentada reconoce estos perjuicios en el traslado, el juez viene a liquidar unos perjuicios p�rricos que en nada se ajustan al verdadero y real perjuicio sufrido�. Adicionaron que, �el juez consider� que los perjuicios por las medidas cautelares y el proceso s�lo se ocasionaron con posterioridad al auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, notificado en el estado del 21 de julio de 2015, de tal manera que, de acuerdo a la �ptica del juez a quo no se ocasion� perjuicio alguno durante m�s de cinco a�os, tiempo durante el cual el dinero estuvo consignado en el Banco Agrario�, y que �la providencia apelada vulnera el derecho de los incidentantes de que se les reparen integralmente (�) los perjuicios que real y efectivamente sufrieron�. 4.2 Por su parte, la se�ora Iriarte Uribe aleg� que �no existen presupuestos jur�dicos para que se me condene al pago de suma alguna por concepto de intereses moratorios a favor de Juan Pablo Uribe (�) puesto que el pago de dicho demandado fue realizado en su momento con el fin de dar por terminado el proceso por pago total de la obligaci�n (�) y en esa medida se realiz� de manera voluntaria y no fueron objeto de ninguna medida cautelar (�) adem�s el car�cter voluntario de las sumas entregadas, implicaba que Juan Pablo Uribe se encontraba facultado para pedir la devoluci�n del dinero, apenas tuvo conocimiento del hecho sobreviniente que afect� la validez del t�tulo ejecutivo�.

A�adi� que �Juan Pablo Uribe tuvo m�ltiples oportunidades para pedir la devoluci�n de los dineros consignados en el juzgado y decidi� no hacerlo esperando hasta la �ltima oportunidad procesal, seis a�os despu�s, para solicitar su devoluci�n�. CONSIDERACIONES La Sala confirmar� el auto apelado, debi�ndose tambi�n advertir, desde ya, que la legalidad de esa providencia, de conformidad con el art�culo 357 del C. de P. C., se estudiar� principalmente a la luz de los planteamientos que esgrimieron los apelantes al sustentar sus respectivos recursos.

LA APELACI�N DE LA EJECUTANTE. a. Como quiera que, al sustentar su apelaci�n, la se�ora Iriarte Uribe no formul� ning�n reparo frente al reconocimiento pecuniario que el juez de primera instancia efectu� a favor de Agust�n Uribe Leyva, la Sala se abstendr� de ofrecer consideraciones adicionales a estos respectos (art. 357, ib.). b. Tambi�n es importante precisar que, contrario a lo que insistentemente manifest� la ejecutante, las sumas de dinero que estuvieron a disposici�n del juez de primera instancia de propiedad del se�or Juan Pablo Uribe Clauzel, s� fueron embargadas por el juez a quo, quien, mediante auto del 5 de mayo de 2011, y a solicitud del prenombrado opositor, acept� esas sumas como la cauci�n requerida para levantar las medidas cautelares que se hab�an decretado sobre las cuentas bancarias del ejecutado.

Todo esto, seg�n lo permit�a el entonces vigente art�culo 519 del C. de P. C. (precepto que, incluso, fue invocado en la referida providencia fl. 45). No prospera, por ende, la apelaci�n que formul� la ejecutante.

2. LA ALZADA DE LOS INCIDENTANTES. a. Cierto es que, como lo manifestaron los se�ores Uribe Clauzel y Uribe Leyva, de conformidad con la Ley 446 de 1998, el juez de conocimiento debe buscar que quien haya sufrido da�o a causa de un hecho imputable a otra persona, obtenga una reparaci�n integral de los perjuicios que hubiere padecido. Sin embargo, tampoco debe perderse de vista que, por lo menos en materia de responsabilidad civil, tal �reparaci�n� no es abierta e irrestricta, sino que est� limitada, entre otras cosas, por la forma en que la v�ctima hubiera formulado su demanda (que, en virtud del principio de congruencia contemplado en el art�culo 305 del C. de P. C., es el libelo que delimita los montos y conceptos que pueden ser objeto de reconocimiento). b. Aqu�, los incidentantes (hoy apelantes) no reprocharon que, en el auto impugnado, se hubiera colegido que, como perjuicios materiales, lo que se reclam� en la demanda incidental fue el pago de los intereses moratorios (y no remuneratorios) causados sobre los dineros puestos a �rdenes del juez de primera instancia, contingencia que no llama asombro, en tanto que, al sustentar su apelaci�n, los ejecutados manifestaron, no sin cierta vaguedad, que se remit�an a los argumentos que hab�an esbozado en su demanda incidental, en la que ya hab�an expresado que �las obligaciones relacionadas con el presente proceso son mercantiles, raz�n por la que se liquidan intereses a la tasa moratoria autorizada por la Superintendencia Financiera� (fls. 114 y 115).

En ese escenario, mayores lucubraciones no se requieren para concluir que hizo bien el fallador a quo al calcular esos �perjuicios� (que, se insiste, en la demanda incidental se hicieron consistir, �nicamente, en los �intereses moratorios� causados sobre las sumas embargadas), no desde el d�a en que los dineros de los demandados quedaron a su disposici�n, sino desde la fecha en que se dict� el auto de acatamiento a la decisi�n adoptada por este Tribunal (consistente en confirmar la sentencia de primera instancia con la que se dispuso terminar la ejecuci�n).

En efecto, s�lo hasta ese momento qued� definida la controversia que se hab�a planteado en punto a la existencia de la obligaci�n pecuniaria materia del mandamiento ejecutivo (la cual, valga destacar, si exist�a para la fecha en que se libr� la orden de pago, pero, por circunstancias posteriores, se extingui�). Y es que, como lo ha destacado autorizada doctrina, los intereses moratorios derivados de la responsabilidad civil extracontractual (como en la que se fundamenta el reclamo indemnizatorio que formularon los hoy apelantes), �solo se causan cuando haya una deuda cierta, l�quida y exigible a cargo del responsable y ello solo se produce a partir del fallo�, predicamento que cobra especial sentido si se repara en que �en el caso del incumplimiento o retraso en el cumplimiento de las obligaciones, la mora requiere un elemento de antijuridicidad que no est� presente cuando las circunstancias determinantes de la conducta del deudor superan el est�ndar exigible, dadas sus posibilidades reales de acci�n y control�. c. Ha de verse que, para la �poca en que la se�ora Iriarte Uribe promovi� el recaudo en referencia, ella s� ostentaba un t�tulo ejecutivo que conten�a una obligaci�n clara, expresa y exigible en su favor, s�lo que, por circunstancias posteriores (esto es, el proferimiento del laudo arbitral de fecha 10 de mayo de 2010), se trocaron los sujetos de la relaci�n obligacional cuyo recaudo ella pretend�a, por lo que, finalmente, la ejecutante qued� como deudora del derecho de cr�dito en el que inicialmente fung�a como acreedora.

Entonces, como en principio la ejecutante s� estaba legalmente facultada para exigir, mediante proceso coercitivo, el pago de las sumas por las que se libr� el mandamiento de pago, no es factible asumir (como lo requerir�a la viabilidad de la indemnizaci�n en los t�rminos en que se solicit� en la demanda incidental) que, desde el mismo momento en que los dineros de los ejecutados quedaron bajo las �rdenes del juez a quo, la se�ora Iriarte Uribe estaba �en mora� de regresar esas sumas (o de allanar el camino para que ello ocurriera), pues para ese entonces (e incluso para la fecha en que se dict� el laudo arbitral) no se avizoraban los efectos que esta �ltima providencia podr�a tener en este proceso ejecutivo, incertidumbre que s�lo se zanj� con las sentencias de primera y segunda instancia que aqu� se dictaron.

En ese panorama, se impone refrendar el par�metro temporal que, como fecha inicial de causaci�n de los implorados r�ditos de mora, tuvo en cuenta el juez de primera instancia, quien, valga agregar, no concluy� que a los ejecutados �no se hubiera causado perjuicio alguno durante m�s de cinco a�os� (como estos �ltimos lo sugirieron al sustentar su apelaci�n).

Lo que manifest� dicho fallador (con una orientaci�n que comparte el Tribunal) fue que en este espec�fico litigio s�lo era factible cobrar intereses de mora (que, seg�n ya se resalt�, constituyen el �nico rubro que reclamaron los se�ores Uribe Clauzel y Uribe Leyva, a t�tulo de perjuicios materiales), desde que se resolvi�, en forma definitiva, lo concerniente a la incidencia que tuvo el laudo arbitral de marras en el cr�dito que intent� recaudar la se�ora Iriarte Uribe. d. Tampoco sobra destacar (por ser uno de los temas a que escuetamente se refirieron los incidentantes) que ninguna limitante le impuso al juez de primera instancia el escrito con que la ejecutante se pronunci� sobre la solicitud de regulaci�n de perjuicios, pues en ese escrito, la se�ora Iriarte Uribe se opuso expresamente a la indemnizaci�n que reclam� Juan Pablo Uribe, s�lo que manifest� que �en el remoto evento� en que se concluyera lo contrario, la suma a reconocerse deb�a ser muy inferior a la que aquel reclam�. e. A lo anterior se suma que los incidentantes no cuestionaron, ni la tasa de inter�s (1.5 el Inter�s Bancario Corriente), ni la fecha de corte (20 de octubre de 2015) que tuvo en cuenta el aludido juzgador para efectuar la liquidaci�n de perjuicios que finalmente aprob�, por manera que, a la luz del ya citado art�culo 357 del C. de P. C., sobre estas tem�ticas tampoco se pronunciar� el Tribunal. 3.

No prospera, por ende, ninguno de los recursos de apelaci�n en estudio. DECISI�N As� las cosas, el Tribunal Superior de Bogot�, CONFIRMA el auto que el 19 de julio de 2016 profiri� el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogot�, en el proceso ejecutivo singular que (sin �xito) adelant� la hoy apelante contra Enrique, Julia, Agust�n Esteban Ignacio y Bernardo Uribe Leyva;

Juan Manuel y Nicol�s Uribe Villegas; Maria Caroline y Juan Pablo Uribe Clauzel; Pilar Uribe de Pombo e In�s Largacha Salazar. Sin costas de esta instancia, por no aparecer justificadas. Devu�lvase la actuaci�n a la oficina de origen. Notif�quese Los Magistrados, OSCAR FERNANDO YAYA PE�A MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA HILDA GONZ�LEZ NEIRA sino que simplemente manifestaron, con alguna vaguedad, (i) que se remit�an a los argumentos que esbozaron en su demanda incidental (en la que, valga destacar, manifestaron que �las obligaciones relacionadas con el presente proceso son mercantiles, raz�n por la que se liquidan intereses a la tasa moratoria autorizada por la Superintendencia Financiera�);

(ii) que, al descorrer esa solicitud de regulaci�n de perjuicios, Carmen Iriarte Uribe �acept� adeudar una suma superior a la que finalmente reconoci� el juez de primera instancia y (iii) que el juez de conocimiento debe propender por obtener una �reparaci�n integral� de los �perjuicios que real y efectivamente sufrieron los demandados�. Sobre este �ltimo tema, baste con se�alar que ninguna limitante le impuso al juez de primera instancia el escrito con que la ejecutante se pronunci� sobre la solicitud de regulaci�n de perjuicios, pues, contrario a lo que sostuvieron los incidentantes, en ese escrito la se�ora Iriarte Uribe se opuso expresamente a la indemnizaci�n que reclam� Juan Pablo Uribe, s�lo que manifest� que �en el remoto evento� en que se concluyera lo contrario, la suma a reconocerse deb�a ser muy inferior a la que aquel reclam�.

Sobre el otro argumento de los apelantes, ha de tenerse en cuenta que si a estas alturas es tema indiscutido que (por perjuicios materiales) lo que reclamaron los incidentantes concierne a los �intereses moratorios� causados sobre las sumas que permanecieron a disposici�n del juez a quo, 3. Como a lo anterior se suma que los incidentantes no cuestionaron, ni la tasa de inter�s (1.5 el Inter�s Bancario Corriente), ni la fecha de corte (20 de octubre de 2015) que tuvo en cuenta el juez de primera instancia para efectuar la liquidaci�n de perjuicios que finalmente aprob�, se confirmar� el auto apelado.

No prosperan, por ende, los recursos de apelaci�n en estudio. Sin perjuicio de lo anterior, ha de tenerse en cuenta que, m�s all� del car�cter voluntario (o coercitivo) con que hubieran permanecido consignados a �rdenes del juez de primera instancia los dineros de propiedad de los incidentantes, lo verdaderamente relevante para determinar la viabilidad del reclamo indemnizatorio que aqu� se formul�, es que los se�ores Uribe Clauzel y Uribe Leyva se desprendieron de la tenencia de esos dineros, precisamente, con ocasi�n de este proceso coercitivo, en el que, a la postre, se estableci� que, para la fecha de la sentencia, ya no era viable el recaudo que ambicionaba la parte actora.

Entonces, as� se asumiera que fue por voluntad propia que el se�or Uribe Clausel dej� a disposici�n del juez a quo los dineros sobre los que hoy reclama un reconocimiento pecuniario, lo cierto es que esa determinaci�n no obedeci� a un simple capricho, sino al mandamiento de pago que en ese entonces se hab�a proferido en su contra, el cual se dict� a instancias de Carmen Iriarte Uribe.

De ah� que sea esta �ltima ejecutante quien deba responder (de conformidad con la condena preceptiva que se le impuso en el fallo de primera instancia), por los perjuicios que hubiera causado a su contraparte como efecto de la ejecuci�n que, infructuosamente, adelant�. Javier Tamayo Jaramillo, ob. cit., p�g. 788 CSJ., sent. de 26 de junio de 2003, exp. 620041 PAGE PAGE 11 OFYPGZ 2009 00742 03 7cdr�� Q i l � � � � � � � � � � * � � � � ��Ʒ��夑~o~o~��~��huC�hjy�CJOJQJaJ$huC�hjy�CJOJQJaJmH sH $huC�hh0CJOJQJaJmH sH $huC�hA�CJOJQJaJmH sH huC�hh0CJOJQJaJhuC�hw2�CJOJQJaJhuC�hA�5�CJOJQJaJhuC�hA�CJOJQJaJhuC�CJOJQJaJ+67Jcd�� $dha$gdA�$a$gd^-z $d�a$gdA� $d�a$gduC��dh`��gdA� $d�a$gdw2�$a$gd�0 $dha$gdA�dhgdA�� (8�!FGm��xy}��S��ò�ãã��rcTcThuC�hY'�CJOJQJaJhuC�hw2�CJOJQJaJhuC�h&VCJOJQJaJ$huC�h`YCJOJQJaJmH sH huC�h`YCJOJQJaJhuC�hzI�CJOJQJaJ huC�h^\�CJOJQJ^JaJhuC�h@avCJOJQJaJhuC�hh0CJOJQJaJhuC�hA�5�CJOJQJaJhuC�hA�CJOJQJaJ�z|TU ()�� $d�a$gduC�$��d�`��a$gduC�$��d�`��a$gd0�$��dh`��a$gdWk $d�a$gd0� $dha$gdT�SUXtz��Yad '(TWx��i��Ӵ��t�e�e�e�huC�h�-�CJOJQJaJ$huC�h`YCJOJQJaJmH sH huC�hY'�CJOJQJaJhuC�hCa�CJOJQJaJhuC�h`YCJOJQJaJhuC�hw2�CJOJQJaJhuC�hjy�6�CJOJQJaJhuC�hjy�CJOJQJaJhuC�h@avCJOJQJaJhuC�hT�CJOJQJaJ"ik��67��Ĵ��Ӗ�xhUBU$huC�h �CJOJQJaJmH sH $huC�hrc CJOJQJaJmH sH 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