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CAUSAHABIENCIA el causahabiente hereda con los vicios que pesen sobre la heredad, que como en el presente caso es la posesi�n de un tercero desde antes que naciera el derecho hereditario, porque el demandante de la pertenencia ejerc�a la posesi�n en vida del causante.ART. 762 DEL C.C. TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D. C. SALA CIVIL DE DECISION Bogot� D. C. Veintisiete (27) de febrero del a�o dos mil nueve (2009) Referencia: Ordinario de Pertenencia Demandante: Cristina Aguilar y Eufrasio Cifuentes Demandado: Juana Barault e indeterminados Magistrado Ponente: ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO Por esta providencia decide la sala civil del Tribunal el recurso de apelaci�n invocado por la parte demandante contra la sentencia que profiri� en el proceso de la referencia el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogot� D. C. el d�a 27 de octubre de 2007.
ANTECEDENTES Por la demanda que instauraron Eufrasio Cifuentes Sep�lveda y Cristina Aguilar en contra de Juana Barrault se adelant� por el Juzgado 26 Civil del Circuito de esta ciudad, proceso ordinario de pertenencia a la postre definido con la sentencia materia del recurso de apelaci�n que dio ocasi�n al conocimiento de esta Corporaci�n en segunda instancia en esta oportunidad.
Pretenden los actores que en sentencia definitiva que haga tr�nsito a cosa juzgada, se declare que adquirieron por prescripci�n extraordinaria adquisitiva de dominio, los inmuebles ubicados en la calle 10 No. 77-22, Diagonal 3 No. 71-A-22 y Diagonal 3-A No.71-A 29 de Bogot�; se ordene la inscripci�n del fallo en el folio de matricula inmobiliario correspondiente y se condene a la demandada a pagar las costas del proceso si hace oposici�n. Las pretensiones tienen como sustento los hechos que a continuaci�n se relacionan en forma sintetizada: Primero: Que los demandantes adquirieron la posesi�n de los inmuebles porque se las entreg� Pedro Barrault Gerardin quien era propietario desde 1964.
Segundo: Que los inmuebles est�n ubicados en el per�metro urbano de Bogot� as�: 1. Lote ubicado en la calle 10 No. 77-22 hoy diagonal 3 No. 71-A-02, alinderado por el norte en 20 metros con el lote No. 10 de la manzana 24 de la urbanizaci�n Las Am�ricas; por el sur, en 20 metros con la diagonal; por el oriente en extensi�n de 32 metros con el lote No. 9 de la misma manzana; y por el occidente en extensi�n de 32 metros con el lote No. 7 de la misma manzana y urbanizaci�n, al que la oficina de registro de instrumentos p�blicos de Bogot� le tiene asignado el folio de matricula inmobiliaria No. 50C-202879. 2.
Lote de la diagonal 3-A No. 71-A- 29, manzana K 19 solar 000017, punto Puente Aranda, alinderado por el norte en 20 metros con la diagonal 3-A; por el oriente en 10 metros con parte del lote 18 de la manzana K19; por el occidente en 20 metros con el lote 28 de la misma manzana; y por el sur en 10 metros con parte del lote 42 de la misma manzana.
Tercero: La posesi�n la ha mantenido la parte demandante de manera ininterrumpida y p�blica, con �nimo de se�ores y due�os, ejerciendo actos de disposici�n de los que dan derecho al dominio, realizando construcciones y mejoras, pagando impuestos, defendi�ndolo de perturbaciones de terceros, habit�ndolo con la familia, todo sin reconocer dominio ajeno, desde el a�o de 1979 seg�n sentencia proferida por el juzgado 6� Civil del Circuito de Bogot� el 31 de enero de 1989.
Cuarto: Que ha transcurrido el t�rmino establecido para adquirir por prescripci�n extraordinaria. EL TRAMITE DEL PROCESO La demanda fue admitida mediante auto del 7 de abril de 2000, en el que se dispuso el tr�mite del proceso correspondiente de conformidad con las pretensiones de la demanda y por lo mismo el traslado a los demandados por el t�rmino legal, el emplazamiento a los indeterminados que creyeran tener derecho a participar en el proceso y se decret� la inscripci�n de la demanda.
A la demandada Juana Claudia Barrault Girardin se le notific� en forma personal el auto comentado y oportunamente mediante mandatario judicial contest� el libelo introductorio, negando los hechos primero, tercero y cuarto y aceptando como cierto el segundo. Niega que los demandantes hayan adquirido de buena fe y en forma quieta y pacifica los inmuebles y afirma que por el contrario han ejercido sobre ella violencia para evitar que acceda a su propiedad adjudicada en sucesi�n. Explica que los pasivos habitaron el inmueble a finales de 1981 porque Pedro Juan Barrault Girardin les permiti� quedarse por una temporada mientras mejoraban su situaci�n econ�mica y pudieran tomar un inmueble en arriendo, con lo que el propietario no se desprendi� de la posesi�n. Pedro Juan falleci� en 1982 y desde entonces ella ha reclamado la devoluci�n, recibiendo como respuesta que Eufrasio Cifuentes le haya repelido con v�as de hecho y en forma temeraria para no permitirle el acceso a sus propiedades y ejercer sus derechos.
Asegura que en caso de que se pueda considerar una posesi�n los actos de los demandantes, �sta, a m�s de ser de mala fe, es desde 1997. Como excepciones de m�rito propuso la que denomin� �No satisfacci�n del requisito temporal para usucapir� porque de la fecha de la muerte del propietario Pedro Juan Barrault en agosto de 1982, en ejercicio de la propiedad no transcurrieron los 20 a�os requeridos para usucapir. �Posesi�n de mala fe y por la fuerza�, y contra derecho es la que ejercen los demandantes, aunque sus actos no son de posesi�n sino de una mera tenencia. Al tiempo con la contestaci�n del libelo inicial se present� demanda de reconvenci�n en t�rminos como los siguientes: Pretende la contrademanda, que se declare que a la contrademandante Juana Claudina Barrault Geraldine le pertenece el dominio pleno y absoluto de los dos bienes ya determinados por su ubicaci�n, linderos y dem�s caracter�sticas que los identifican en la demanda inicial, como objetos de las pretensiones de los pretendientes a usucapir y ahora contramandados, se�alamientos que hace en forma detallada; y que como consecuencia de ello se condene a los reconvenidos Eufrasio Cifuentes y Cristina Aguilar a restituirle los inmuebles mencionados.
Que se condene a los demandados en reconvenci�n a pagarle el valor de los frutos naturales o civiles, no solo los percibidos sino tambi�n los que hubieran podido producir con mediante inteligencia y cuidado la contrademandante y de acuerdo con la tasaci�n que se haga por perito. Que se declare que la contrademandante no est� obligada a reconocer expensas necesarias porque los contrademandados ejercen posesi�n de mala fe y a la fuerza.
Que las restituciones deben comprender las cosas que forman parte del predio o las que se reputen como inmuebles conforme a la conexi�n. Que se ordene la cancelaci�n de cualquier gravamen que pese sobre el inmueble. Que la sentencia se inscriba en el folio de matricula inmobiliaria que tiene asignado el bien en la ofician de registro de instrumentos p�blicos y se condene a los demandados en reconvenci�n a pagar las costas del proceso.
En cuanto a los hechos en que se sustentan estas pretensiones de la demanda de reconvenci�n se afirma, que los bienes motivo de la reivindicaci�n eran de propiedad de Pedro Juan Barrault Gerladine y que la reconvencionista los habit� hacia los a�os 1979, 1980 y 1981 calendario este �ltimo en que los demandados en reconvenci�n obtuvieron que aquel les permitiera vivir en parte del inmueble por sus precarias condiciones econ�micas, es decir, que obtuvieron una mera tenencia. Pero en 1982 el propietario y hermano de la contrademandante, falleci�, por lo que ella se alej� por un tiempo y a principios de 1983 retorn� al inmueble, pero ese lapso lo hab�a aprovechado Eufrasio Cifuentes para ocupar con su familia el total del bien, por lo que ella le reclam� la devoluci�n con resultado negativo.
Que adelantado el proceso de sucesi�n del propietario del inmueble y como adjudicataria Juana Claudina volvi� a reclamar la entrega pero le fue negada por Eufrasio al considerarse due�o alegando una posesi�n desde 1982, porque afirma que el bien le fue regalado por el propietario por unos supuestos servicios que le prest�. Contra esta demanda de reconvenci�n manifiesta su oposici�n el reconvenido negando en forma enf�tica la casi totalidad de los hechos y algunos manifiesta no constarle y fulmina esa intervenci�n proponiendo excepci�n de fondo que calific� como de �prescripci�n adquisitiva de dominio� porque ha ejercido en el inmueble materia de la controversia, una posesi�n real y material, quieta, pac�fica e ininterrumpida, con �nimo de se�ores y due�os, sin reconocer dominio ajeno y sin que nadie les haya reclamado posesi�n o dominio desde el 1� de junio de 1979.
A los demandados indeterminados se les emplaz� y el tr�mite edictal se surti� en forma regular, por lo que sin que compareciera persona alguna para estar a derecho en el proceso por si o por medio de representante legal, se les design� curador ad-litem, auxiliar de la justicia a quien se le notific� el auto admisorio de la demanda, y en ejercicio del cargo encomendado, manifest� no oponerse a las pretensiones de la demanda inicial por no encontrar situaci�n de derecho para proponer excepciones y por no constarle los hechos.
Se decidi� lo relacionado con las pruebas solicitadas por las partes y durante el periodo del recaudo de las mismas se escucharon los testimonios de Mar�a Teresa Ram�rez de Munar, Jairo Mu�oz Cer�n, Mar�a del Carmen Duarte de Fandi�o, Samuel Fandi�o Castillo, Jorge Cifuentes Sep�lveda, Mario Giraldo Giraldo, Agustina Riascos Majairango, Domingo Pati�o Caballero, N�stor Sigifredo Mart�nez Burbano. Tambi�n se oyeron en interrogatorio de parte a demandantes y demandada; se practic� diligencia de inspecci�n judicial con intervenci�n de perito quien adem�s rindi� el correspondiente dictamen y se glosaron algunos documentos en copias como pruebas trasladadas.
Vencida la etapa para la pr�ctica, evacuaci�n y presentaci�n de las pruebas, se declar� preclu�do el periodo para la formaci�n del proceso con el auto que corri� traslado para que las partes hicieran el resumen de la acci�n judicial adelantada y alegaran de conclusi�n, facultad de la que ambos extremos del litigio hicieron uso, cada uno para propender por sus intereses y pretensiones, con exposiciones con las que analizaron su situaci�n en cada una de las demandas, las normas de derecho en que fundan y el examen y valor que a su entender les favorece las pruebas recaudadas.
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El a-quo fulmin� la primera instancia mediante el fallo proferido el 17 de octubre de 2007, en el que impuso las siguientes determinaciones: Primero: Declar� probada la excepci�n de m�rito propuesta por la demandada inicial como �No satisfacci�n del requisito para usucapir.� Segundo: neg� las pretensiones de la demanda inicial.
Tercero: Declar� que pertenecen en dominio pleno y absoluto a Juana Claudina Barrault los bienes motivo de las demandas primigenia y de reconvenci�n, se�al�ndolos por sus detalles y caracter�sticas que los identifican y distinguen de los dem�s. Cuarto: Ordena a los demandantes iniciales y contrademandas la restituci�n de los mencionados inmuebles.
Quinto: Condena a los mismos demandantes iniciales y contrademandados a pagar a la demandada inicial y demandante en reconvenci�n, $31�307.743.oo por concepto de frutos civiles, indexados desde el momento de la causaci�n y hasta el momento del pago de acuerdo con el IPC. Sexto; Que los que se causen con posterioridad a la sentencia deben ser liquidados conforme al inciso 2� del art�culo 308 del c�digo de procedimiento civil.
S�ptimo: Conden� a la demandada inicial y actora en la demanda de reconvenci�n a pagar a los demandantes primigenios y demandados en reconvenci�n, la suma de $171.070.000.oo por concepto de las mejoras �tiles que fueron plantadas en los inmuebles, suma que deber� ser reconocida con indexaci�n conforme al IPC expedido por el DANE desde cuando fueron plantadas y hasta el d�a en que se paguen.
Octavo: Autoriza a las partes para las compensaciones mutuas. Noveno: Ordena la cancelaci�n de la inscripci�n de la demanda. D�cimo: Condena a la parte demandada al pago de las costas del proceso. A las determinaciones antes relacionadas lleg� el a-quo en la sentencia apelada, luego de advertir la presencia cabal de los presupuestos procesales, lo previsto en el art�culo 407 del c�digo de procedimiento civil, y la legitimaci�n de las partes.
Seguidamente ahonda en la acci�n perseguida y la calidad de las pretensiones, por lo que advierte sobre los postulados de los art�culos 673, 2512, y 2518 del c�digo civil, el art�culo 41 de la ley 153 de 1887 en concordancia con la ley 50 de 1936. Refiri�ndose a la posesi�n material trae a cita el art�culo 762 del c�digo civil y sus definiciones, la forma como se accede a ella y la posibilidad de que en principio sea una tenencia pero luego se produzca el fen�meno de la interversi�n, por lo que anuncia sobre las diferencias que la jurisprudencia y la doctrina hacen sobre la tenencia y la posesi�n. Al entrar en materia de lo que concretamente depara el plenario, no encuentra coincidencia en la prueba testifical en cuanto a la forma como el demandante Eufrasio Cifuentes lleg� o ingreso a los bienes materia de la usucapi�n, porque algunos declarantes contradicen los hechos que al respecto se�ala la demanda, pero estima el a-quo que en lo que si coinciden con el actor es en relaci�n al tiempo en que lo hizo que fue al rededor de 1979.
Sin embargo al referirse concretamente a la demandante Cristina Aguilar, no encuentra ning�n medio que conduzca a demostrar que ella haya realizado alguna clase de acto que produzca ejercicio de posesi�n y en conclusi�n tampoco encuentra demostrada plenamente la posesi�n por parte de Eufrasio Cifuentes respecto del reconocimiento que se le hizo de tal figura entre 1979 y 1984 en un incidente adelantado en el juzgado Sexto Civil del Circuito, teniendo en cuenta el recaudo probatorio allegado en este asunto de pertenencia, por lo que estima que si bien ha podido ejercerla no es por el tiempo requerido para adquirir el dominio por ese medio.
Al no encontrar positividad en las pretensiones de la demanda inicial, entr� la sentencia a analizar lo concerniente a la demanda de reconvenci�n y al respecto estim� que est� demostrado que la reivindicante es la propietaria de los inmuebles que se pretendieron en usucapi�n y que los contrademandados tuvieron la posesi�n de los mismos desde el 31 de enero de 1989.
Con ello hace un examen sobre las restituciones mutuas frente a los postulados de los art�culos 961, 964 del c�digo civil y teniendo en cuenta el dictamen pericial al cual le da plena validez de convicci�n, por lo que refiri�ndose a los frutos civiles a cargo de los demandados en reconvenci�n, encuentra aplicable la suma que por ese concepto les impuso en la parte resolutiva.
Luego, analiza sobre la buena fe y la realizaci�n de las mejoras �tiles ejecutadas por los poseedores y concreta la suma que debe reconocer por este concepto la reivindicante. EL RECURSO DE APELACION La parte demandante en la pertenencia y demandada en la reivindicaci�n no comparte el fallo que puso fin a la primera instancia y para demostrar su inconformidad interpuso recurso de apelaci�n, pretendiendo la revocatoria y que en su lugar se dicte una sentencia que declare no probadas las excepciones propuestas por la demandada en la acci�n de prescripci�n adquisitiva de dominio y que en su defecto se acoja en forma positiva la defensa propuesta con esta misma denominaci�n en la demanda de reconvenci�n, por lo que igualmente se deben negar las s�plicas de �ste libelo y que se acojan en forma positiva las pretensiones de la demanda inicial origen del proceso.
Considera el recurrente como fundamentos de la intervenci�n de censura, que el juzgado incurri� en graves yerros de aplicaci�n e interpretaci�n de las normas de derecho sustantivo que rigen la materia y en la aplicaci�n de la jurisprudencia. Que en este caso est� demostrado plenamente por los demandantes de la pertenencia, el ejercicio de la posesi�n real y material, p�blica, pac�fica e ininterrumpida, desde el 1� de julio de 1979.
Que el t�tulo de la reivindicante lo constituye la adjudicaci�n dentro del proceso de sucesi�n de Pedro Juan Barrault Giradin en sentencia del 5 de septiembre de 1983 registrada el 13 de enero de 1984 y el 12 de enero de 1995 en los respectivos folios de matricula inmobiliaria de los inmuebles involucrados en la controversia judicial, por lo que los t�tulos de la reivindicante son posteriores a la posesi�n ejercida por los usucapientes, situaci�n que fue ignorada por el juez de conocimiento, porque no tuvo en cuenta que el causahabiente hereda con los vicios que pesen sobre la heredad, que como en el presente caso es la posesi�n de un tercero desde antes que naciera el derecho hereditario, porque el demandante de la pertenencia ejerc�a la posesi�n en vida del causante.
Seguidamente se refiere a la viabilidad de la pertenencia con aplicaci�n a las reglas de orden legal que regulan la materia seg�n el c�digo civil, pues considera que est�n cumplidos y demostrados los requisitos que para su prosperidad se requieren, pero que el fallo apelado desconoci� totalmente. En cuanto al acervo probatorio, analiza la situaci�n con relaci�n al art�culo 230 de la Constituci�n Nacional, los art�culos 174, 175 y 177 del c�digo de procedimiento civil, para adentrarse en el tema concreto se�alando, que conforme a los hechos de la demanda de reconvenci�n se producen efectos de confesi�n as�; el primero es una afirmaci�n de la demanda en que se acepta que el propietario del inmueble hizo entrega voluntaria del mismo al demandado en reconvenci�n, lo cual est� corroborado por la mayor�a de los declarantes, con lo que adem�s se desvirt�a cualquier afirmaci�n de que el bien se hubiera ocupado de mala fe; en el segundo se hace una perfecta descripci�n de los bienes; y el tercero se refiere al ejercicio de la posesi�n por parte de los demandantes de la pertenencia desde 1979, con lo que la posesi�n desde esta fecha est� demostrada, independientemente de los dem�s medios probatorios que obran en el expediente.
Enlista o hace relaci�n de cada uno de los testimonios receptados en el periodo probatorio del proceso y de los interrogatorios de parte contestados por los integrantes de cada uno de los extremos del litigio y al igual que de la prueba documental, hace extracci�n de algunos pasajes de sus contenidos que considera le favorecen, concluye considerando que es suficiente el material que permite colegir la prosperidad de las pretensiones de la demanda de pertenencia y para desatender las de reivindicaci�n contenidas en la demanda de reconvenci�n, pero lamenta que el juzgado de conocimiento no hubiera tenido en cuenta que los testimonios no pueden ser completamente uniformes por lo que ha dado a ese caudal una interpretaci�n diferente que lo llev� a las decisiones contenidas en el fallo censurado.
El apoderado de la demandada en usucapi�n y demandante en reconvenci�n, en el tr�mite de la segunda instancia y dentro de la oportunidad prevista para ello, tambi�n concurri� para manifestar sus precisiones frente al proceso, el fallo y el recurso de apelaci�n invocado por su contraparte. Luego de hacer un an�lisis de lo que en su concepto reporta el caudal probatorio y hacer cuestionamientos a la forma como se dej� de analizar por el a-quo los requisitos de la temeridad y la mala fe endilgada a los pretendientes a usucapir desde la contestaci�n de la demanda y el contenido del libelo de reconvenci�n lo cual estima est� acreditado en el proceso, llega a la conclusi�n de que el demandante de la pertenencia ejerce una posesi�n clandestina, violenta y de mala fe sobre los inmuebles objeto de la controversia judicial, desde el 6 de agosto de 1982, por lo que faltan requisitos para usucapir.
Adem�s que basta examinar con precisi�n el interrogatorio de parte contestado por Juana Claudina Barrault Girardin y la uniformidad de los dichos de los testigos que comparecieron a petici�n de ella para concluir los esfuerzos que ha venido haciendo para recurar los inmuebles y la manera enga�osa con que han actuado los reconvenidos, razones por las que, con aplicaci�n al art�culo 762 del c�digo civil considera que no se hace acreedor al reconocimiento de las mejoras que hubiera plantado y adicionalmente a esto cr�tica la tasaci�n que se tuvo en cuenta por virtud al dictamen pericial que considera exagerado por superar varias veces el aval�o catastral del los bienes tomados en conjunto y adem�s porque no se prob� que se hubieran realizado, ya que es la misma demandante quien afirm� de las que se levantaron o sea que de su propia afirmaci�n no se establece una construcci�n por lo mismo no puede conducir al valor que fue tenido en cuenta, en cambio en relaci�n a los frutos no se tuvo en cuenta que se tratan de los que provienen de unos bienes de propiedad de los demandantes de la reivindicaci�n. Recapitulando, reclama que la demandada en la pertenencia y demandante en la reconvenci�n, no debe ser condenada al pago de las mejoras por cuanto el ejercicio de la posesi�n ha sido de mala fe y a sabiendas de que los bienes donde se plantaban eran ajenos; que igualmente se debe dejar de lado el dictamen pericial y fallar sobre lo que demuestra el plenario en relaci�n a esas mejoras de ser procedente su reconocimiento; por �ltimo, en cuanto a la condena a los frutos civiles a los demandados en reivindicaci�n se debe adecuar agregando los frutos del inmueble que se rest� a la suma matem�tica y agregar lo que esos bienes hubieran podido producir en manos de la reivindicante y con una mediana inteligencia y diligencia, ya que los predios est�n siendo utilizados comercialmente.
Con ese marco pretende, que se adicione el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, declarando igualmente probada la excepci�n de �posesi�n de mala fe y por la fuerza� formulada contra la demanda inicial; Confirmar los numerales segundo, tercero, cuarto, sexto y noveno; adicionar en numeral quinto para incluir los frutos civiles respecto del segundo inmueble, en el mismo valor que se estipul� para el que se tuvo en cuenta o sea la suma de los $31�307.743.oo;
Revocar los numerales s�ptimo y octavo del fallo para considerar a los demandados en reconvenci�n como poseedores de mala fe, por lo que ellos deben proceder a retirar las mejoras sin afectar la unidad de los inmuebles. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL Se observa en el caso en estudio, que los requisitos establecidos por la ley como necesarios para la regular formaci�n y perfecto desarrollo del proceso se encuentran presentes, en virtud de lo cual puede pronunciarse en esta oportunidad sentencia de fondo.
En efecto, esta Sala del Tribunal es competente para decidir el recurso de apelaci�n que se formul� por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia; la demanda observ� en su estructuraci�n las formalidades de ley; la actuaci�n recibi� el tr�mite del proceso correspondiente. Los requisitos establecidos por la ley como necesarios, as� como la capacidad para ser parte est�n presentes; de este asunto conoci� el juez competente, no solo por la naturaleza jur�dica de la acci�n, sino tambi�n por el domicilio de las partes.
Se persigue mediante la presente acci�n en raz�n de la demanda inicial, que se declare la prescripci�n extraordinaria adquisitiva de dominio de los inmuebles objeto de las pretensiones, cuyos linderos y dem�s especificaciones especiales est�n consignados en la demanda y en el recuento hist�rico de los antecedentes en este prove�do. En materia como la presente, con fundamento en la ley se ha sostenido, que la prescripci�n contempla dos especies a saber: adquisitiva y extintiva.
La primera tiene su campo de acci�n en la adquisici�n de los derechos reales y la segunda, en la extinci�n de las obligaciones y acciones en general. A estas dos formas de prescripci�n se refiere el art�culo 2512 del c�digo civil cuando establece que �La prescripci�n es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos, por haberse pose�do las cosas, y no haberse ejercido dichas acciones o derechos durante cierto tiempo.� En el caso en estudio entonces la prescripci�n que se persigue es la extintiva de dominio.
De conformidad con lo previsto en la ley civil en su parte dedicada al estudio de la usucapi�n se prev�, que para la prosperidad de la prescripci�n extraordinaria adquisitiva de dominio, deben acreditarse los siguientes presupuestos: a) Que recaiga la posesi�n sobre un bien susceptible de ser adquirido por prescripci�n; b) Que la cosa fuera pose�da por lo menos 20 a�os en forma continua.
Esto para la �poca en que se pretendi� en este caso la usucapi�n y los presupuestos del art�culo 1� de la ley 50 de 1936; c) Que la posesi�n se haya cumplido de manera p�blica, pac�fica e ininterrumpida. En forma reiterada se ha venido sosteniendo por la jurisprudencia y la doctrina, que para usucapir deben aparecer como elementos configurativos de la posesi�n el �nimus y el corpus.
El primero es el elemento subjetivo o ps�quico de la posesi�n, el cual debe existir en la persona que ostenta la cosa para s�, sin reconocer dominio ajeno. El segundo (el corpus) es el elemento f�sico o material de la posesi�n, consistente en la relaci�n de hecho entre la cosa y su detentor, que demuestre que quien est� demandando la pertenencia ha ejercido realmente la posesi�n del bien que persigue.
De manera que como lo exige la ley sustancial, para que se pueda hablar de posesi�n, el corpus o la detentaci�n de la cosa debe ir unido al �nimus, es decir, voluntad dirigida a tener la cosa para s�. En otras palabras, la intenci�n certera de ejercer el derecho de dominio sobre la cosa. Son poseedores entonces, todos aquellos que seg�n los usos sociales explotan econ�micamente las cosas en provecho propio a semejanza de los propietarios.
Refiri�ndose a la ley, se sabe que en principio quiere que las situaciones posesorias de los hombres frente a las cosas sean l�gica consecuencia de una titularidad, vale decir, que todo poder de hecho sea patentizaci�n de un derecho patrimonial; empero, el cumplimiento continuado de un determinado poder de hecho es fuente de derechos patrimoniales, siendo �ste el origen de la prescripci�n adquisitiva o usucapi�n. Ahora bien, el poder p�blico o derecho patrimonial en s�, no se evidencia, lo ostensible es el poder de hecho o relaci�n posesoria, motivo �ste explicativo de la raz�n de ser del inciso 2� del art�culo 762 del c�digo civil, que dice: �El poseedor es reputado due�o mientras otra persona no justifique serlo.� Entonces, como el punto de partida de la demanda l�gicamente para el caso de la decisi�n debe centrarse en el hecho que de lugar a la acci�n invocada, es decir, a la existencia de una posesi�n material, pues se est� intentando obtener la declaraci�n de pertenencia por prescripci�n adquisitiva extraordinaria de dominio, ser� necesario hacer el siguiente an�lisis de la situaci�n que presenta el plenario, para establecer lo que corresponde frente a las pretensiones, las normas que regulan la acci�n y los medios de probanza que se lograron recaudar legal y oportunamente.
La parte demandada en la pertenencia se opone a la prosperidad de las peticiones, al considerar que la demandante no cumple con los requisitos de orden legales y necesarios, para el beneficio de la prescripci�n alegada. La sentencia que puso fin a la primera instancia y a la postre motivo de examen en segundo grado de competencia en raz�n al recurso de apelaci�n, en lo que hace relaci�n con la demanda adquisitiva de dominio por prescripci�n extraordinaria, al analizar el acervo que forma el plenario y que le sirvi� de fuente o elementos para las decisiones, dedujo en t�rminos generales al desentra�ar la posesi�n, que la prueba recaudada no permite colegir que la demandante Cristina Aguilar haya ejercitado actos de posesi�n en los inmuebles y en cuanto al actor Eufrasio Cifuentes concluye, que la posesi�n que ostenta no alcanza a configurar el tiempo requerido por mandato legal para la clase de fen�meno prescriptivo invocado, ya que estima que la demostraci�n del plenario conduce a concluir que esa posesi�n le comenz� a partir del 6 de agosto de 1982 por lo que desde entonces y hasta cuando present� la demanda no trascurri� el t�rmino para la usucapi�n extraordinaria, a m�s de que este reconoce esa posesi�n en cabeza de la otra demandante.
Ahora, en el marco del estudio de la segunda instancia para establecer la decisi�n que en el fondo se debe imponer, se precisa por esta sala, que del contenido del art�culo 2512 del c�digo civil se infiere, que para hablar de los derechos de dominio por la prescripci�n adquisitiva se requiere, que la cosa a usucapir est� en propiedad de otra persona distinta al demandante, pues como el derecho de propiedad es aquel que incluye la facultad de usar las cosas corporales con libertad, la usucapi�n que es la usurpaci�n de esos derechos, solo puede ir en contra del dominio y por lo mismo en detrimento del propietario.
En el presente caso est� acreditada en forma debida la existencia de los bienes inmuebles perseguidos con la demanda y con ello hace presencia el primero de los requisitos inherentes a la acci�n deprecada, o sea el bien con capacidad para ser sujeto del fen�meno de la adquisici�n de dominio por prescripci�n adquisitiva, pues obra en el plenario la prueba documental de incuestionable validez, cuya trascendencia no puede desconocerse como son los respectivos folios de matricula inmobiliaria asignados por la oficina de registro de instrumentos p�blicos, de donde se sabe que la demandada es la propietaria por raz�n a la adjudicaci�n que de ellos se le hiciera en la sucesi�n del causante Pedro Barrautl Giradrin, o que el dominio de inmueble esta en cabeza de ella.
Sigue entonces examinar y determinar, si el c�mulo probatorio permite establecer el cumplimiento del segundo de los elementos de la acci�n de dominio, como es la posesi�n material y durante el t�rmino veintenal previsto en la ley 50 de 1936, y al efecto se tiene: Como se sabe, con la demanda se pretende la declaraci�n de dominio por prescripci�n adquisitiva extraordinaria, por lo que es relevante hacer notar, que la demandante advierte en los hechos del libelo, que la posesi�n la ejerce desde 1979, conforme a la sentencia proferida por el Juzgado 6� Civil del Circuito de esta ciudad el 31 de enero de 1989, con lo que hasta cuando inco� la demanda que fue el 16 de marzo de 2000, se podr�a decir que transcurrieron m�s de 20 a�os en el ejercicio.
Afirma que esa posesi�n la obtuvo del se�or Pedro Barraul Giradin que era el propietario desde 1964. A folio 16 del plenario obra el certificado de matricula inmobiliaria No. 50C-202879 asignado por la oficina de registro de instrumentos p�blicos de Bogot� zona centro, al inmueble de la calle 10 No. 77-22 Urbanizaci�n Las Am�ricas, hoy diagonal 3.
No. 71-A-02, que en cuanto se refiere a lo que es materia de examen para este proceso, en la anotaci�n 3� evidencia que fue adquirido por adjudicaci�n en remate por el se�or Pedro Barrault Girardin y que luego en sentencia de su sucesi�n proferida el 5 de septiembre de 1983 por el Juzgado 2� Civil del Circuito de Villavicencio registrada el 13 de enero de 1984, se le adjudic� a la demandada en pertenencia Barrault Gerardin Juana.
Al folio 17 del proceso obra el certificado de matricula inmobiliaria No. 50C-798222 que registra el inmueble No. 71-A-29 de la manzana K19, solar 17 de la diagonal 3� tambi�n de esta ciudad, del que se advierte que lo adquiri� por compra el se�or Barrault Gerardin mediante la escritura p�blica 4792 del 26 de diciembre de 1967 de la notar�a 8� del c�rculo de Bogot�.
Se anota que el se�or Cifuentes Sep�lveda Eufrasio registr� el 22 de abril de 1986 declaraciones de construcci�n recepcionadas el 26 de noviembre de 1984 en el Juzgado 28 Civil Municipal de Bogot�, dejando constancia que se hicieron en predio ajeno. Posteriormente aparece la anotaci�n de la sentencia del 2 de abril de 1986 emitida por el juzgado 2� Civil del Circuito de Villavicencio, mediante la cual se adjudic� el predio a Juana Barrault Girardin en la sucesi�n del propietario mencionado.
Como la inconformidad del apelante gira en torno a su consideraci�n de que el juez de conocimiento no estim� en forma conveniente, o no le dio cabal aplicaci�n y valor al medio probatorio frente a la sana cr�tica, es preciso decir respecto a ese tema, que la jurisprudencia y la doctrina han sostenido que en la estimaci�n de la prueba, el error de hecho tipifica un desacierto objetivo, que se polariza en que el juzgador no vea o ignore una prueba que obra en el proceso y en consecuencia desconozca el hecho que tal medio acredita, o bien que suponga como existente una prueba que no obra y con ello de por demostrado un hecho, que por ende resulta imaginario.
Al revisar la sala el caudal probatorio allegado al plenario, puede concluir que forman en la foliatura las que a continuaci�n se relacionan con el poder de convicci�n que frente a lo que se pretende demostrar representan: Con la demanda inicial se aportaron unas copias que permiten colegir que se trata de las decisiones que en primera y segunda instancia se profirieron para dar soluci�n a un incidente de levantamiento de medidas cautelares invocado por Eufrasio Cifuentes Sep�lveda, uno de los demandantes de la pertenencia, en un proceso ejecutivo seguido en contra de Juana Barrault G. acci�n de ejecuci�n en la que recay� embargo y secuestro sobre el inmueble situado en la diagonal 3� No. 71-A- 02, es decir, en uno de los involucrados en la acci�n de dominio aqu� ventilado, por lo que el accionante reclam� la liberaci�n de esos grav�menes alegando ser poseedor material, o sea con fundamento en el numeral 6� del art�culo 687 del c�digo de procedimiento civil.
Al respecto se advierte por esta Sala del Tribunal, que si bien es cierto en ambas instancias la intervenci�n del tercero alcanz� prosperidad, fue solo para determinar eso, que estaba demostrado que �l era poseedor, pero se anota que no se determina, desde cuando reclam� esa condici�n el accionante, es decir, no qued� en esas providencias plasmada la fecha se�alada por el incidentante como aquella en que entr� en la posesi�n, tampoco que los testigos que sirvieron de pelda�o a esas decisiones hubiera dicho en forma clara, precisa, contundente o concreta la fecha desde cuando la ejerc�a o ven�a actuando como tal, es tan cierto lo relativo a estas anotaciones, que en ninguno de los dos fallos en comentario se dijo desde cu�ndo se ostentaba por el se�or Cifuentes Sep�lveda la posesi�n alegada, solo se dej� se�alado que hab�a acreditado su condici�n como tal y por ello se atendi� en forma positiva su reclamaci�n. Entonces, estos documentos no permiten establecer una fecha cierta desde cuando el interesado ha venido detentando la reclamada posesi�n, para comparar esa circunstancia con el t�rmino que se requiere por mandato legal para la acci�n de dominio invocada con la demanda adquisitiva.
De otra parte y en cuanto a la prueba testimonial: Se recibi� declaraci�n a la se�ora Mar�a Teresa Ram�rez de Munar de la que se extrae que entre otras cosas afirma, que conoci� a Eufrasio Cifuentes y Cristina Aguilar como en el a�o 79, porque viv�an en la parte de atr�s de la casa, donde don Pedro le hab�a dejado para que vivieran mientras consegu�an para donde irse, porque estaban en mala situaci�n econ�mica.
Que en la casa resid�an Pedro y Juanita y como en el a�o 81 �sta se fue a vivir a otra parte y don Pedro se qued� all� hasta unos meses antes de su muerte que fue el 7 de agosto del 82, entonces aquellos se�ores ocuparon la casa en la totalidad y cuando en el 83 regres� Juanita le negaron la entrega porque no la reconoc�an como due�a y hasta le negaban la entrada.
Asevera que esto lo sabe personalmente porque fue en varias ocasiones a acompa�ar a Juanita. Tambi�n rindi� declaraci�n Jairo Mu�oz Cer�n, quien afirma conocer a Eufrasio desde 1980 cuando tambi�n conoci� el inmueble de la calle 10 No. 72-22, y diagonal 3� No. 71-A- 29, porque era compadre del suegro del declarante, desde el mismo tiempo conoce a Cristina Aguilar y no conoce a Juanita Barrault ni conoci� a Pedro Barrault.
Desde que conoce a Eufrasio y a Cristina los reconoce como due�os porque han vivido con su hijo Jairo en familia, respecto de lo cual oy� algo de que �l hab�a hecho un negocio con un se�or Pedro quien le hab�a cedido la casa por unos honorarios o deuda. Sabe que estas personas son las que han hecho mejoras al inmueble del que conoce que ten�a servicios que imagina eran ellos quienes los pagaban, pero ignora quien los hizo instalar.
Sin embargo afirma que desde 1981 no volvi� a saber de ellos ni de la casa, aunque en 1985 u 86 le pidieron que rindiera esta declaraci�n. A una pregunta formulada por el apoderado de la parte demandada y contrademandante contesta que en realidad no tiene conocimiento pleno de la condici�n en que ha residido el demandante de la pertenencia en el inmueble a que se refiere en la declaraci�n. En su declaraci�n Mar�a del Carmen Duarte de Fandi�o manifiesta no conocer a los demandantes de la pertenencia y si conocer a Juanita Barrault de quien afirma saber que viv�a en la casa con su hermano Pedro y que este como era buena gente y Pacho (se aclara que as� llamaban a Eufrasio los que lo conoc�an) no ten�a donde vivir, lo aloj� en la parte de atr�s de la casa, es decir aclara m�s adelante a una pregunta que Pedro y Juanita viv�an en la parte principal de la casa y a Pacho lo dej� pedro hospedarse en la parte de atr�s del inmueble.
Sabe que Pedro muri� el 6 de agosto de 1982 y entonces Pacho se apoder� de la totalidad de la casa. Como Juanita se hab�a ido de la casa en 1981 regres� en 1983 regres� reclamarle la entrega �ste no la reconoci� como propietaria. En la declaraci�n que rindi� el se�or Samuel Fandi�o Castillo asevera, que conoci� en el 78 o 79 a Eufrasio Cifuentes a quien le dec�an Pacho, a Cristina Aguilar no la conoce y cuenta que era amigo de Pedro y por �l conoci� a Juana por la misma �poca antes dicha y que por esa raz�n los visitaba con su esposa en la casa, por lo que se cre� entre ellos una amistad, que dio ocasi�n a que Pedro le contara que hab�a alojado a Pacho con la familia en la parte de atr�s de la casa porque no ten�a donde vivir y estaba en mala condici�n econ�mica, pero que eso era mientras consegu�a para donde irse.
Que en el a�o 81 Juana se fue a vivir a otra parte y Pedro se qued� en su inmueble hasta 1982 cuando falleci�, quedando Pacho en el lugar en la condici�n en que lo hab�a acogido aquel, y en 1983 despu�s que se repuso de la muerte de su hermano volvi� Juana a la casa, encontrando que Pacho se hab�a apoderado del inmueble en su totalidad, neg�ndole el derecho de propiedad y que hasta que le llevara la sucesi�n no la reconoc�a como due�a, por lo que desde entonces ha venido ella luchando para recuperar el bien pero con resultados negativos por las actuaciones de Pacho.
Jorge Cifuentes Sep�lveda tambi�n rindi� declaraci�n, en la que se presenta como hermano del demandante de la pertenencia Eufrasio Cifuentes Sep�lveda y cu�ado de Cristina Aguilar. Conoce el inmueble de la controversia judicial porque su hermano lleg� a vivir ah�, cree que fue como en el a�o 1978, porque por el transcurrir de los hechos y circunstancias el se�or Barrault le hab�a dejado la casa, debido a que lo acompa�aba a sus fincas y por los servicios prestados con el carro, por lo que considera que por el tiempo que llevan viviendo en el lugar sus familiares y las mejoras que ha levantado ostenta la posesi�n. Al referirse a las mejoras que ha realizado su hermano se refiere a un apartamento donde vive su se�ora madre y otro apartamento que es de propiedad del deponente entre otros y reparaciones.
Que cuando su hermano se pas� a vivir en el inmueble, estaba desocupado y abandonado o no sabe si don Pedrito viv�a ah�, pero desde cuando Eufrasio y Cristina se pasaron a vivir all� residieron solo con un hijo de ella y nadie m�s. Posteriormente al ser interrogado por el apoderado de la parte demandada en la pertenencia, manifiesta que no le costa si el inmueble verdaderamente estaba desocupado cuando su hermano lleg� all� y tampoco le consta que efectivamente Pedro Barrault se lo hubiera dejado; no tiene conocimiento si entre Pedro y Eufrasio existieron relaciones comerciales ni la forma como realmente entr� su hermano a ocupar el bien, no tiene conocimiento donde viv�a Pedro Barrault cuando falleci�, de las construcciones o mejoras que ha realizado su hermano en el bien afirma que se han llevado a cabo entre los 15 a�os hac�a atr�s, as� mismo luego contesta que en realidad no le costa si despu�s que su Eufrasio y Cristina llegaron a vivir en la casa lo habitaban ellos solamente con la compa��a del hijo de ella, ni sabe que entre Pedro y Eufrasio existieran deudas.
Mario Giraldo Giraldo en su declaraci�n afirma conocer a Eufrasio y a Cristina m�s no a Juana Barrault. Conoce los inmuebles desde hace 32 a�os en casi las mismas condiciones que est� ahora, es decir, cuando rindi� la declaraci�n que fue el 30 de junio de 2004, aunque la han remodelado y a los demandantes de la pertenencia viviendo en el lugar como desde el 78 sin que nadie les haya ido a reclamar nada; no conoci� a quienes hayan habitado el inmueble anteriormente.
Interrogado por el apoderado de la parte demandante y contrademandada sobre si sab�a como hab�an llegado Eufrasio y Cristina al inmueble, responde en forma evasiva diciendo que los conoci� como vecinos por casualidad, pero afirma que cuando ellos llegaron al lugar eso estaba vac�o, la casa estaba sola, era llena de hierba y bejucos y solo hasta 1985 comenzaron a hacerle arreglos antes era casi abandonada.
La se�orea Agustina Riascos Majairango en comienzo refiere conocer muy bien y en detalles todo lo concerniente con el inmueble y los demandantes de la pertenencia desde 1979, dice conocer hechos concretos de las mejora que han realizado, son los que responden por los servicios porque ellos le comentan como vecinos las actividades que desarrollan al respecto, han ocupado la casa principal, pero al pregunt�rsele si sabe como llegaron a ocupar el bien contesta que los vio de un momento a otro all� no sabe como llegaron, es decir, que de eso si no le comentaron ni ella se ocup� de saberlo como si lo hizo con las otras circunstancias que si narra con lujo de detalles.
Domingo Pati�o Caballero narra que conoce a las partes del proceso y el inmueble, conoci� a Pedro Barrault. Que a la casa lleg� Eufrasio y Cristina hace como 25 a�os porque el declarante y la esposa los llevaron para que la cuidaran, la vigilaran, porque estaba siendo cuidada por otra familia que se fue cuando estos llegaron. Pedro viv�a en otra parte con Juana, por lo que la vivienda de los cuidanderos era la casa principal, por estas razones �l reconoce como due�os a Eufrasio y a Cristina, pero al concluir su testimonio reitera que Eufrasio siempre fue el cuidandero pero act�an con su esposa como los due�os.
N�stor Sigifredo Mart�nez Burbano, conoce a los demandantes de la pertenencia desde hace 25 a�os viviendo en el bien motivo del proceso pero ignora la forma como llegaron all� y que en ese tiempo el inmueble era tal como esta ahora, la parte principal y atr�s una bodega con solar pero rudimentaria, lo que pasa es que ahora le han hecho mejoras caracter�sticas de construcci�n. En diligencia de interrogatorio de parte realizada el 1� de abril de 2004 la se�ora Cristina Aguilar cuenta, que hace mucho tiempo conoci� a Pedro Barrault a quien su esposo le prestaba servicios de transporte con una camioneta a los lugares donde ten�a sus propiedades, y aproximadamente unos 25 a�os atr�s los llev� a la casa donde �l estaba y como a los 4 o 5 meses de estar all� conoci� a Juana Claudiona Barrault.
Que en vida de Pedro se hicieron unos arreglos a la casa por ordenes de �l al esposo de ella, tr�an pinturas y arreglaban �ellos eran quienes se entend�an con eso.� Reconoce como propietario al finado Pedro pues fue el que los llev� all�, pero que ahora lo es su esposo porque es el que se ha entendido de todo. Pedro en la misma semana en que muri� hab�a estado en la casa.
Ella no sabe qu� negocios ten�an su esposo y Pedro porque ellos eran los que se entend�an por eso no sabe si Eufrasio y ella llegaron al inmueble por alg�n negocio entre �ste y Pedro Barrault ya que a ella no le comentaban nada. Eufrasio Cifuentes Sep�lveda tambi�n contest� interrogatorio de parte y al cuestionario propuesto dio respuestas de las que se concluye que, conoci� a Pedro Barrault alrededor de los a�os 75 o 76 con quien estuvo trabajando en distintos frentes que aquel ten�a, como fincas, minas de carb�n, de arena y una mina especial de arena s�lice, lugares a donde lo transportaba en un veh�culo de su propiedad, funci�n que desempe�� como hasta 1980 o 1981, pero como aquel no le ten�a asignado sueldo lo hac�a por la amistad que exist�a entre ellos.
Afirma que a Juana Berrault la conoci� en 1982 despu�s de la muerte de Pedro Barrault, porque se hizo presente en la casa con algo as� como un autoembargo y termina manifestando que desconoce si ella adelant� proceso de sucesi�n sobre el inmueble que �l ocupa. Tambi�n se oy� en interrogatorio de parte a la demandada en la pertenencia y demandante en reconvenci�n Juana Claudina Barrault Girardin.
Al cuestionario propuesto se sintetizan sus respuestas en la siguiente forma: Conoce a Eufrasio y a Cristina porque �l era amigo de Pedro y estaba en mala situaci�n econ�mica, por lo que �ste les dio alojamiento en la parte de atr�s de la casa, los dej� vivir all� en dos piezas y un ba�o, ya que Pedro viv�a en lo principal del inmueble, hasta pr�cticamente cuando falleci� que fue en el 82, porque se sinti� enfermo y entonces se pas� para la casa de octava.
Ella la interrogada estuvo viviendo en esa casa y aunque no recuerda con exactitud la �poca fue aproximadamente unos diez a�os antes de la muerte de Pedro. Entonces del recaudo probatorio testifical, resulta claro que existen dos grupos, los que intentan dar fuerza a los hechos de la demanda y los que aseveran que los demandantes ingresaron en el inmueble por la bondad de Pedro Barrault ante la situaci�n econ�mica precaria por la que atravesaban los demandantes de la pertenencia. Sin embargo en lo que si concuerdan todos es en la �poca por la que sucedi� el hecho del ingreso de Eufrasio y Cristina al inmueble objeto de la acci�n judicial.
A la primera tesis de los deponentes pertenecen las declaraciones de Jairo Mu�oz Cer�n, Mario Giraldo, N�stor Sigifredo Mart�nez, Agustina Riascos, Domingo Pati�o y Jorge Cifuentes Sep�lveda, mientras que a la segunda hip�tesis est�n unidos Mar�a Teresa Ram�rez de Munar, Mar�a del Carmen Duarte y Samuel Fandi�o Castillo. Sin embargo es necesario analizar la fuerza de convicci�n que representan las pruebas, frente a la calidad de los testigos, la unidad, asimilaci�n conjunta, verosimilitud, la narraci�n del conocimiento que de los hechos exponen frente a las circunstancias de tiempo modo y lugar.
Resulta suficientemente claro del extracto de cada una de las declaraciones de cargo o solicitadas por los demandantes de la prescripci�n adquisitiva, que ninguno de los deponentes sabe y por lo tanto no precisa la forma, la raz�n, el motivo como Eufrasio Cifuentes y Cristina Aguilar llegaron a vivir al bien materia de la usucapi�n. Es necesario hacer notar al respecto, que entre otras cosas, Mario Giraldo afirma saber que los actores del proceso primigenio y contrademandados llegaron a vivir al inmueble en el a�o de 1978 estando este desocupado y abandonado hasta el punto que lo consum�an bejucos y hierba y que apenas hasta 1985, es decir, siete a�os despu�s comenzaron a hacerle reparaciones y mejoras, o sea que durante todo ese tiempo vivieron los demandantes en esas condiciones, lo cual no concuerda con ninguno de los dem�s declarantes de su grupo.
En cuanto a la situaci�n con la declaraci�n de Jorge Cifuentes Sep�lveda hermano del demandante, en el principio de su testimonio trata de hacer esfuerzos por darle consistencia a los hechos de la demanda, pero luego al ser interrogado por el apoderado de la parte contraria admite en forma contundente no constarle nada, no sabe si el bien estaba desocupado cuando su hermano y la cu�ada llegaron a vivir all�, ni los motivos y la forma, ignora que Pedro Barrault les hubiera dejado el inmueble para ellos, ni que entre Eufrasio y Pedro hubiera negocios, tampoco tiene conocimiento del lugar donde viv�a Pedro cuando falleci�.
Domingo Pati�o Caballero, incluso desaf�a la versi�n de los propios demandantes, quienes aseguran que a ellos los llev� a vivir Pedro Barrault y �l afirma haberlos llevado para que cuidaran. Pero toda esa influencia que pretende cada uno de los deponentes dar a la situaci�n queda aclarada o despejada con el interrogatorio de parte que contest� la propia demandante Cristina Aguilar en este proceso, donde como ya qued� dicho en el resumen de la diligencia antes plasmado, en forma clara permite colegir que ellos fueron llevados a vivir al lugar por quien reconoc�a como el propietario hasta cuando falleci� se�or Pedro Barrault, de quien adem�s afirma, dio hasta entonces las �rdenes de lo que se deb�a hacer en la casa.
Aunque da a entender que Pedro hab�a salido del bien, pone en evidencia que segu�a yendo con frecuencia a dar ordenes y que incluso lo hizo la �ltima vez en la misma semana en que falleci�. Entonces queda claro para la sala, que el dominio estuvo en cabeza de Pedro Barrault hasta su fallecimiento, es decir, hasta el 6 de agosto de 1982 seg�n se afirma a lo largo del proceso que fue la fecha de su deceso, luego en esos t�rminos como la demanda fue presentada el 16 de marzo de 2000, no transcurri� el t�rmino prescriptivo para la adquisici�n extraordinaria de dominio.
Con el marco hasta aqu� expuesto, se impon�a la desestimaci�n de las pretensiones de la demanda inicial o pertenencia por prescripci�n adquisitiva extraordinaria de dominio, dando paso a la prosperidad de la excepci�n de m�rito propuesta bajo el tema de la falta del tiempo necesario para usucapir. Con el resultado advertido respecto de la demanda inicial, se impone entonces examinar ahora lo pertinente a la demanda de reconvenci�n, que como se sabe persigue la restituci�n de los bienes que quedaron relacionados en el proceso.
Mediante esta contrademanda se ejercita la acci�n reivindicatoria concedida al propietario de un bien del que no est� en posesi�n, para que el Estado le haga respetar su derecho, orden�ndole al poseedor la restituci�n de la cosa. Esta acci�n es la m�s vigorosa demostraci�n de uno de los atributos del derecho de dominio, el de la persecuci�n, para obtener la posesi�n del bien de que el demandante es titular del dominio pero que otro u otros lo detentan.
La jurisprudencia y la doctrina han coincidido en se�alar como necesarios para la prosperidad de la acci�n reivindicatoria, cuatro elementos o condiciones que se han conocido como: a) Derecho de dominio en cabeza del actor, o sea, que est� acci�n est� dada a quien tiene el derecho de propiedad, para que por medio de ella pueda rescatar y traer a su patrimonio un bien sobre el cual ha perdido su posesi�n, por lo que al reivindicante le corresponde probar su propiedad sobre la cosa. b) Posesi�n material del bien en el demandado; fen�meno que se traduce en el poder de hecho o material que una persona tiene sobre una cosa, al cual le agrega el elemento intencional de se�or y due�o. c) Que se trate de cosa singular o cuota sobre la misma; o sea que la cosa debe ser determinada y cierta, de manera que no confunda con otra. d) Identidad del bien pose�do con el que es propiedad del demandante.
Los dos primeros requisitos se�alados por la jurisprudencia y la doctrina como esenciales para la prosperidad de la acci�n de dominio, es decir, el derecho de dominio sobre el bien motivo de la reivindicaci�n en cabeza del demandante y la posesi�n del mismo ejercida por la parte demandada, no son otra cosa que la clara indicaci�n de la legitimaci�n en causa por activa y por pasiva, que adem�s es necesario legal y jur�dicamente examinar primeramente porque con ello se determina la calidad o aptitud que asiste a quienes se ubican en los extremos del litigio, pues la falta de esas condiciones aunque no se opone a la decisi�n que en el fondo define el proceso, no permite que se puedan acoger las pretensiones de la demanda invocada al respecto.
En el presente caso se trata en concreto, de obtener por la parte reivindicante, mediante la acci�n de dominio, la restituci�n de los inmuebles se�alados en la demanda inicial o que pretend�an los ahora reconvenidos adquirir por prescripci�n extraordinaria de dominio y que como ya qued� establecido, sus pretensiones fueron fallidas o con resultados negativos.
En el estudio detallado que define la situaci�n frente a la pretendida posesi�n material, han quedado plenamente determinados todos los requisitos antes anunciados para la prosperidad de la acci�n reivindicatoria aqu� tratada, por lo que no se hace necesario analizar sobre los mismos aspectos, pues de hecho all� se examin� y concret� la existencia de los bienes, la posesi�n de los mismos en cabeza de los demandados en reconvenci�n pero con un tiempo no suficiente para la adquisici�n prescriptiva extintiva del dominio, las partes son las habilitadas para formar en los extremos del litigio motivo de la contrademanda y los bienes debidamente detallados, es decir, que los pose�dos por los demandados en reconvenci�n son los mismos de propiedad de la reivindicante.
No se hace necesario entonces m�s consideraciones o comentarios para llegar a la conclusi�n, de que las pretensiones de la demanda reivindicatoria est�n llamadas a la prosperidad y por ende es de rigor declarar la improcedencia de la defensa exceptiva propuesta por los contrademandados. Ahora, considera la sala, que no se demostr� en el plenario que los demandados en la reivindicaci�n hubieran entrado en el ejercicio de la posesi�n en forma clandestina y violenta, sino que promediaron las circunstancias inherentes a la forma como fueron llevados a vivir al bien por parte del propietario de la �poca en que accedieron al inmueble, luego esto permite colegir, que al no demostrarse la mala fe, es claro, que a los demandados se les debe ordenar que restituyan el inmueble materia de la reivindicaci�n como lo dispuso la sentencia apelada y que como consecuencia deber� reconocer frutos civiles que por ministerio de la ley se constituyen por el equivalente a los c�nones de arrendamiento, desde cuando se hizo la oposici�n a la demanda, pues la mala fe era una cuesti�n que deb�a ser demostrada por la parte demandante en la reivindicaci�n en forma plena y absoluta, sin que quedara manera de presumir al respecto.
De conformidad con el art�culo 964 del c�digo civil, �el poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, no solamente los percibidos, sino los que el due�o hubiera podido percibir con una mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder. Si no existen frutos, deber� el valor que ten�a o hubieran tenido el tiempo de su percepci�n; se consideran como no existentes los que se hayan deteriorado en su poder�(�) El poseedor de buena fe no es obligado a la restituci�n de los frutos percibidos antes de la contestaci�n de la demanda; en cuanto a los percibidos despu�s, estar� sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores.� Basados en que la buena fe se presume, conforme a lo dispuesto en el art�culo 769 del c�digo civil, correspond�a a la parte actora demostrar lo contrario, pero no se aport� ninguna prueba tendiente a acreditar la mala fe de los demandados en la reivindicaci�n, y se advierte, que las circunstancias alegadas como las que cre�a que lo autorizaban para mantener la posesi�n no alcanzan a constituir elementos que den fuerza a la mala fe, luego en ese caso no fue desvirtuada la presunci�n de la buena fe y debe ten�rseles en cuenta para efectos de las prestaciones mutuas.
Si el demandado ha resistido a la demanda despu�s de conocer las razones invocadas por el reivindicador, ya no podr� alegar que existe la honrada creencia que de hallarse poseyendo como due�o y a�n cuando en realidad pudiera afirmar que ten�a motivos serios para seguir consider�ndose como tal durante el juicio, los efectos declarativos de la sentencia que reconoce el derecho del actor y niega la oposici�n al demandando, dejan sin base esa alegaci�n, pues el fallo retrotrae la situaci�n jur�dica de las partes al momento de la demanda, pero debe tenerse en cuenta que cuando los art�culos 964 y 966 del c�digo civil se refieren a la contestaci�n de la demanda, no se refieren al hecho material de la respuesta del demandado al libelo con el que se le inicia el juicio, sino al fen�meno de la litis contestatio, o sea, la formaci�n del v�nculo jur�dico procesal que nace con la contestaci�n de la demanda.
Para cuantificar se debe tener como base la prueba pericial que se recaud� en el proceso, ya que no se aport� por las partes otro medio de probanza en tal sentido y tampoco los conceptos emitidos por el auxiliar de la justicia fue objeto de inconformidad o de alguna clase de debate. Al tenor del art�culo 241 del c�digo de procedimiento civil, �al apreciar el dictamen se tendr�n en cuenta la firmeza, precisi�n y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los dem�s elementos probatorios que obren en el proceso,� es por ello que respecto de esta clase de medio probatorio se tiene que entender, que no es �nico y menos indiscutiblemente aceptable, puesto que el dictamen es apenas un concepto t�cnico que persona especializada en un tema emite como ayuda al juez en apoyo a los conocimientos que debe tener en cuenta para la soluci�n o decisiones que con relaci�n al tema a que refiere esa prueba se deba imponer.
Es por ello que el dictamen no es plena prueba, pero para desecharse o acogerse por el juez deben exponerse las razones en que se funde la decisi�n al respecto. Al tenor de lo anterior, es preciso anotar, que en el presente caso no existe una seria y real censura a los conceptos emitidos por el perito, es decir, que no existe discusi�n frente a los razonamientos y conclusiones a que lleg� y como corolario de ello se debe dejar dicho, que el dictamen cumple con los requisitos y exigencias contempladas en el numeral 6� del art�culo 237 del c�digo de procedimiento civil, razones por lo que se comparte por la Sala el examen y conclusiones a que lleg� el a quo en este aspecto en el fallo apelado, al igual que no merece reparo el an�lisis y conclusiones relativas a las mejoras �tiles y voluptuarias, que como contraprestaciones se definen a favor de la parte demandante inicial y demandada en la reconvenci�n, porque nada manifest� �sta que signifique inconformidad, y por la parte demandada en la pertenencia y demandante en la reivindicaci�n, se advierte que no fue apelante del fallo ni hizo uso de la facultad que el procedimiento le conced�a para la adhesi�n al recurso de apelaci�n interpuesto por su contraparte, solo vino a referirse al tema en el escrito con el que hace oposici�n a la prosperidad de la alzada.
En torno a todo lo expuesto, considerado y conclu�do, la sentencia apelada debe ser confirmada como fue proferida por el juez de conocimiento por estar ajustada a derecho, solo con la salvedad o aclaraci�n del numeral d�cimo de la parte resolutiva, en el sentido de que la condena al pago de las costas del proceso en la primera instancia es cargo de la parte demandante en la pertenencia y demandada en la reivindicaci�n o demanda de reconvenci�n. DECISION En m�rito de todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot� D. C. en sala civil de decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley:
RESUELVE
Primero: CONFIRMAR la sentencia apelada proferida por el Juzgado Veintis�is Civil del Circuito de Bogot� D. C. el 17 de octubre de 2007, con la salvedad o aclaraci�n hecha respecto al numeral d�cimo de la parte resolutiva, en cuanto a que las costas del proceso en la primera instancia son a cargo de la parte demandante en la demanda de pertenencia y demandada en reconvenci�n Segundo: SIN COSTAS en esta instancia porque ambas partes eran apelantes y la decisi�n no fue modificada.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO Magistrado JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA LIANA AIDA LIZARAZO VACA Magistrado Magistrada Proyecto discutido y aprobado en sala civil de decisi�n del d�a 3 de diciembre del a�o 2008. PAGE PAGE 1 Proceso ordinario Cristina Aguilar y otro contra Juana Barrault e indeterminados. 26-200004058 01 4CV W � � � � � � � � � � � � � � & ? @ L W z | } ~ � � � � � � � &'F�������������������������������������������y�����������h�}MCJaJh�r�CJaJh�:�h�D^5�6�CJaJh'�CJaJh�5�CJaJh�Tf5�CJaJh�:�CJaJh�8�CJaJh�D^CJaJh Rh�D^5�CJaJh�:�h�D^5�CJ aJ h�o5�CJ aJ hT{�h�<�CJaJhT{�h�oCJaJ/B C U �~�hkd$$If�F����Y!�! t��0�6���������4�4� la�ytT{�$dh$Ifa$gdT{�l�U V W � � � � � � N { | } ��������}}}rr $dha$gd�:�$��dh`��a$gd�:� $dha$gd�:�hkd}$$If�F����Y!�! t��0�6���������4�4� la�ytT{� } ~ � � � � ����7 8 ��`a��JK^`�����������������������������$��dh`��a$gd�:� $dha$gd�:� $dha$gd�:����������!5<Jqr���A C E G M O � � � !58?@��������_b��MNmn��QRbchz{��/19: !����������������������������������������˳۳��������������������h�ICJaJh6H�CJaJh~,�CJaJh!�CJaJhF�CJaJh�CJaJh�b�CJaJh�r�CJaJh�D^CJaJh Rh�D^5�CJaJC!����$DHMTUa�����������)?@������������GW������������ļԼ̼�̴̴̴̬�̜̬̤������������h~,�hlq5�CJaJhlqCJaJh�CJaJh�b�CJaJh�`�CJaJh~,�CJaJh�a�CJaJh�MCJaJh��CJaJh�X�CJaJh6�CJaJh Rh6�5�CJaJh6H�CJaJh�>1CJaJh�ICJaJ.������*+��?@b c !�! 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