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Magistrado Sustanciador: JAIME HUMBERTO ARAQUE GONZ�LEZ. REF: ORDINARIO DE PETICI�N DE HERENCIA DE BLANCA LILIA PEDRAZA PRIETO EN CONTRA DE PEDRO PABLO LE�N LE�N Y OTROS. Discutido y aprobado en sesi�n de Sala de fecha 27 de septiembre del a�o 2005, consignada en Acta No. 045. Decide la Sala el recurso de apelaci�n interpuesto por el apoderado judicial de una de las demandadas, contra la sentencia de fecha diecinueve (19) de junio del a�o dos mil tres (2.003), proferida por el Juzgado Dieciocho (18) de Familia de esta ciudad, dentro del proceso de la referencia. I.
ANTECEDENTES: 1.- Mediante demanda que por reparto debi� conocer el Juzgado Dieciocho (18) de Familia de esta ciudad, la se�ora Blanca Lilia Pedraza Prieto, actuando en calidad de heredera de la causante Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a, demand� a los se�ores Pedro Pablo Le�n Le�n, Flor Marina Pe�a D�az y Leonilde Romero Pedraza, para que previos los tr�mites del proceso ordinario de mayor cuant�a, se hicieran los siguientes pronunciamientos: 1.1.- Se declarara que la se�ora Blanca Lilia Pedraza Prieto, es heredera de la causante Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a, en su condici�n de sobrina, por representaci�n de Ana Rosa Prieto Cort�s. 1.2.- Como consecuencia del anterior pronunciamiento, se declarara la nulidad de la sucesi�n intestada de Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a, abierta y radicada en el Juzgado 34 Civil Municipal de Bogot�, la que fue protocolizada mediante escritura p�blica No. 10.560 de 1� de diciembre de 1992 de la Notar�a 21 del C�rculo de Bogot�. 1.3.- Se declarara la nulidad del contrato de venta que consta en la escritura p�blica N� 3090 de 29 de abril de 1994, de la Notar�a 21 del C�rculo de Bogot�, mediante la cual Pedro Pablo Le�n, transfiri� a t�tulo de venta el 50% del inmueble adjudicado en la sucesi�n de Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a, a favor de Flor Marina Pe�a D�az. 1.4.- Se declarara la nulidad del contrato de venta que consta en la escritura p�blica No. 6194 de 5 de septiembre de 1997, mediante la cual Pedro Pablo Le�n Le�n y Flor Marina Pe�a D�az, trasfirieron a t�tulo de venta el pleno derecho de dominio y posesi�n del inmueble adjudicado a Pedro Pablo Le�n Le�n en la sucesi�n de Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a, a favor de Leonilde Romero Pedraza. 1.5.- Se rehiciera la partici�n y adjudicaci�n de la sucesi�n de Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a, y una vez en firme la sentencia, se oficiara a la oficina de registro y la Notar�a Cuarta del C�rculo de Bogot�, para las anotaciones correspondientes. 1.6.- Se condenara al demandado Pedro Pablo Le�n Le�n, por su temeridad y mala fe, a pagar perjuicios a favor de la se�ora Blanca Lilia Pedraza Prieto, los que estima en la suma de $10.000.000, o la suma que resulte tasada pericialmente. 2.- Los fundamentos f�cticos en los que bas� sus pretensiones, en s�ntesis son: 2.1.- Que la se�ora Mar�a del Carmen Prieto Cort�s, posteriormente Vda. de Pe�a, naci� el 12 de marzo de 1938 en Guasca, Cundinamarca, hija de Diego Prieto y Zoila Cort�s. 2.2.- Que la mencionada se�ora no tuvo hijos matrimoniales ni extramatrimoniales. 2.3.- Que la causante Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a, es hermana leg�tima de Ana Rosa Prieto Cort�s, madre de la demandante Blanca Lilia Pedraza Prieto, y hermana del se�or Isa�as Le�n Cort�s, por parte de la madre, es decir, de la se�ora Zoila Cort�s, ya fallecida. 2.4.- Que Ana Rosa Prieto Cort�s e Isa�as Le�n Cort�s fallecieron, y cada uno de ellos dej� un hijo; la primera es madre de la demandante Blanca Lilia Pedraza Prieto, y el segundo es padre de Pedro Pablo Le�n Le�n; es decir, que Blanca Lilia Pedraza Prieto y Pedro Le�n Le�n son sobrinos de la causante Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a, y �nicos herederos. 2.5.- Que en un acto de mala fe, el se�or Pedro Pablo Le�n Le�n, mediante apoderado judicial demand� la apertura de la sucesi�n intestada de la causante Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a, y solicit� su reconocimiento como heredero, en representaci�n del se�or Isa�as Le�n Cort�s, desconociendo el derecho de la demandante. 2.6.- Que la demanda de apertura de la sucesi�n fue presentada para reparto el d�a 26 de febrero de 1992, y correspondi� al Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal, el que mediante auto de marzo 31 de 1992 declar� abierto y radicado el proceso en dicho despacho. 2.7.- Que en el curso del proceso se denunci� como �nico bien de la causante, el inmueble ubicado en la Calle 11 No. 26-23 del Barrio Ricaurte, local y apartamento, junto con el lote sobre el que est� construido, integrado de una pieza, cocina, ba�o, una sala en una especie de segunda planta, en material de adobe y ladrillo, con instalaci�n de los servicios de agua y luz el�ctrica, techos en l�minas de zinc y alinderado de la forma descrita en la demanda, con matr�cula inmobiliaria No. 50C-1088146, el cual fue adjudicado al se�or Pedro Pablo Le�n Le�n mediante sentencia de 13 de agosto de 1992. 2.8.- Que la sucesi�n fue protocolizada mediante escritura p�blica No. 10560 del 1� de diciembre de 1992 de la Notar�a Cuarta del C�rculo de Bogot�, la que fue registrada en la anotaci�n N� 2 del folio de matr�cula inmobiliaria No. 50C-1088146, el d�a 8 de septiembre de 1992. 2.9.- Que la demandante reclam� su derecho al se�or Pedro Pablo Le�n Le�n, y en respuesta a su reclamo y para burlar sus derechos, procedi� a transferirle el derecho de dominio en un 50% a Flor Marina Pe�a D�az, y el otro 50% a Leonilde Romero Pedraza, acto de mala fe por parte del demandado. 3.- Present� prueba documental y solicit� la pr�ctica de interrogatorio de parte a los demandados.
II. TRAMITE PROCEDIMENTAL: Admitida la demanda, se orden� notificar y correr traslado a los demandados determinados por el t�rmino de ley. Notificada personalmente la se�ora Leonilde Romero Pedraza (folio 83), contest� la demanda dentro del t�rmino legal, manifestando frente a los hechos 8� y 9� que eran ciertos, que no lo era el 10� y que los dem�s deb�an probarse.
Propuso excepci�n previa que denomin� �HAB�RSELE DADO A LA DEMANDA EL TR�MITE DE UN PROCESO DIFERENTE AL QUE CORRESPONDE�, la cual se declar� no probada mediante providencia visible a folios 10 y 11 del cuaderno No. 3. Igualmente propuso excepciones de m�rito que denomin� �PRESUNCI�N DE BUENA FE� y �ERROR EN LA CALIDAD DE LA PERSONA CONTRA QUIEN SE DIRIGI� LA ACCI�N�, las que fundament� en el hecho que ella compr� el inmueble de buena fe y de las personas que figuraban como propietarios del mismo, que nunca supo de la existencia de otros herederos, pues en el correspondiente documento aparec�a que el se�or Pedro Pablo Le�n Le�n, hab�a adquirido el inmueble por sucesi�n intestada; adem�s que ella no es familiar de ninguna de las partes en litigio, por lo que la acci�n deb�a dirigirse contra quien ostentaba la calidad de heredero, lo que indica que mientras no haya quien posea la herencia, con invocaci�n del car�cter de heredero, no hay tampoco base para citar a persona alguna al proceso de petici�n de herencia. Emplazados mediante edicto los se�ores Pedro Pablo Le�n Le�n y Flor Marina Pe�a (folios 88, 102 y 103 del cuaderno principal), y vencido el t�rmino de fijaci�n del mismo sin que hubieren comparecido, se les design� curador ad litem para que los representara en el proceso, quien se notific� del auto admisorio de la demanda (folio 120) y la contest� diciendo frente a los hechos 1�, 4�, 7�, 8� y 9� que eran ciertos y que no le constaban los dem�s; de las pretensiones dijo que se aten�a a lo que resultara probado en la actuaci�n procesal.
Posteriormente, los mencionados demandados comparecieron a trav�s de apoderado judicial al proceso, como consta a folio 151 del cuaderno principal. Se�alada fecha y hora para la realizaci�n de la audiencia de que trata el art�culo 101 del C. de P. Civil, �sta se llev� a cabo con los resultados consignados en el acta correspondiente; como no hubo conciliaci�n, el juez sigui� con el curso del proceso, decret� y practic� pruebas (folio 170), corri� traslado para alegar de conclusi�n y agotado el tr�mite correspondiente, dict� sentencia en la que declar� que Blanca Lilia Pedraza Prieto, tiene derecho como heredera a recoger la herencia dejada por su causante � t�a-, Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a, hasta la concurrencia de su cuota parte en representaci�n de su premuerta madre, Ana Rosa Prieto Cort�s; que la sentencia aprobatoria de la partici�n proferida el 13 de agosto de 1992, por el Juzgado 34 Civil Municipal de Bogot�, carece de valor y efecto frente a la aqu� demandante; orden� cancelar la inscripci�n tanto de las hijuelas de partici�n y adjudicaci�n de bienes, como de la sentencia aprobatoria de la partici�n efectuada dentro del proceso de sucesi�n, lo mismo que sus posteriores registros; rehacer el trabajo de partici�n de la sucesi�n de la se�ora Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a, con el fin de que en el nuevo trabajo se incluya a la demandante adjudic�ndole la cuota parte que le corresponde; declar� que no hay lugar a la restituci�n del bien o cuota parte que en la nueva partici�n le sea adjudicado a la demandante; se abstuvo de resolver sobre la condena en frutos civiles y naturales que haya podido producir con mediana inteligencia el �nico bien inmueble materia de la sucesi�n, sin perjuicio de que la actora en demanda ulterior de reivindicaci�n, dirija la acci�n contra el tercero poseedor de las cosas hereditarias y el coheredero Pedro Pablo Le�n Le�n por la responsabilidad en la enajenaci�n del inmueble en cuanto lo haya hecho m�s rico, si es de buena fe, o de todo el importe de la enajenaci�n si actu� de mala fe; conden� en costas al heredero Pedro Pablo Le�n Le�n en favor de la demandante; neg� las dem�s pretensiones impetradas en el petitum, raz�n por la cual se abstuvo de resolver las excepciones de m�rito propuestas por la demandada Leonilde Romero Pedraza; conden� en costas a la demandante Blanca Lilia Pedraza Prieto en favor de los terceros demandados Flor Marina Pe�a D�az y Leonilde Romero Pedraza y como consecuencia de la anterior declaraci�n orden� la cancelaci�n o registro de la demanda y la inscripci�n de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P�blicos.
III. IMPUGNACI�N: Contra la anterior determinaci�n, el apoderado judicial de la demandada Leonilde Romero Pedraza interpuso recurso de apelaci�n, manifestando que la sentencia desconoce sus derechos adquiridos de buena fe, al ordenar �cancelar la inscripci�n tanto de las hijuelas de partici�n y adjudicaci�n de bienes, como de la sentencia aprobatoria de la partici�n efectuada dentro del relacionado proceso de sucesi�n de la causante Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a, lo mismo que sus posteriores registros�, puesto que esta orden implica que el registro de la compraventa efectuada por ella ser� cancelada.
Igualmente, que el fallo viola ostensiblemente el art�culo 29 de la Constituci�n Nacional, al haberla condenado, sin haber sido vencida ni o�da en juicio, ya que las excepciones que se presentaron y que fueron ratificadas en el alegato de conclusi�n, no fueron analizadas ni refutadas en la sentencia, lo cual configura una clara violaci�n al principio constitucional del debido proceso consagrado en el art�culo 29 de la Constituci�n. Dice que la sentencia apelada desconoce igualmente lo ordenado por el art�culo 768 del C�digo Civil y el art�culo 83 de la Constituci�n Nacional, pues la se�ora Leonilde Romero Pedraza adquiri� el inmueble de buena fe, raz�n por la cual se aplica lo ordenado por el art�culo 768 del C. C. que dice, que �La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg�timos, exentos de fraudes y de otro vicio.
As�, en los t�tulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasi�n de haberse recibido la cosa de quien ten�a la facultad de enajenarla y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato �, buena fe que para su caso concreto radica entre otras cosas, en el hecho de que adquiri� el inmueble con justo t�tulo, tal como lo dice el art�culo 765 del C. C., �el justo t�tulo es constitutivo o traslaticio de dominio.
Son constitutivos de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donaci�n entre vivos�; as� pues, concluye que la sentencia desconoce lo ordenado en nuestra Carta Magna en el art�culo 83, pues las autoridades judiciales en sus fallos deben obedecer dicha norma constitucional que textualmente dice que �Las actuaciones de los particulares y de las autoridades p�blicas deber�n ce�irse a los postulados de la buena fe, la cual se presumir� en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.� Agreg� que el fallo desconoce lo ordenado por el art�culo 1548 del C. Civil, pues no se entiende c�mo ordena cancelar el registro de venta de la demandada Leonilde Romero Pedraza, ya que la situaci�n especial del negocio no lo contempla, pues no estaba sujeta la escritura de venta a condici�n alguna, adem�s que atenta contra lo ordenado por el art�culo 58 de la Constituci�n Nacional que ense�a, que �Se garantizan la propiedad privada y los dem�s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores �, pues se est� ordenando cancelar el registro de su propiedad.
Alega que el fallo desobedeci� lo dispuesto por el art�culo 1321 del C. Civil, que dispone que �la acci�n de petici�n de herencia prospera cuando quien prueba su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendr� acci�n para que se le adjudique la herencia y se restituyan las cosas hereditarias �. La acci�n de petici�n de herencia procede cuando los herederos est�n poseyendo los bienes heredados, lo que no ocurre en el presente caso, pues el inmueble lo adquiri� de tiempo atr�s la demandada Leonilde Romero Pedraza, que no es heredera, con justo t�tulo y buena fe y sin embargo la sentencia la condena sin tener t�tulo de heredera.
Finalmente, llam� la atenci�n sobre la ilegalidad de la sentencia, al aconsejar a la parte actora lo que debe hacer en adelante para despojar de la propiedad del inmueble a la demandada Leonilde Romero Pedraza, al sugerirle dirigir la acci�n de reivindicaci�n contra ella, decisi�n que va en contra de su derecho fundamental a la propiedad como adquiriente de buena fe.
Atendiendo a las anteriores consideraciones, solicita se revoque los apartes de los siguientes numerales: el 3� en su aparte final que dice �Lo mismo que en sus posteriores registros�; el 4� en el aparte que dispone, �adjudic�ndole la cuota parte que le corresponda en los bienes materia del sucesorio�; el 6� �sin perjuicio que la actora heredera Blanca Lilia Pedraza Prieto, en demanda ulterior de reivindicaci�n, dirija la acci�n contra el tercero poseedor de las cosas hereditarias�; el 8�, �el Juzgado se abstiene de resolver las excepciones de m�rito propuestas por la convocada demandada Leonilde Romero Pedraza, con fundamento en lo esgrimido en la parte motiva�, para en su lugar ordenar a los demandados herederos, pagar a la demandante el valor determinado en pesos de la cuota que le correspond�a en el inmueble vendido, m�s sus frutos, para lo cual se avaluar� con peritos, dejando intacto el derecho de propiedad que tiene Leonilde Romero Pedraza sobre el inmueble adquirido mediante escritura p�blica No. 6194 de la Notar�a 21 del C�rculo de Bogot�.
CONSIDERACIONES: No se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, y los llamados por la jurisprudencia y la doctrina presupuestos procesales, se encuentran cumplidos, esta la raz�n para que pueda decidirse en el fondo el asunto. �El que probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendr� acci�n para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto como corporales como incorporales y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor, como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc, y que no hubieran vuelto leg�timamente a sus due�os�.
(art. 1321 C.C). Con fundamento en la disposici�n anteriormente transcrita, la controversia en asuntos como el que es materia de estudio, se da entre quien invocando t�tulo preferente o concurrente, prueba su derecho a una herencia frente a quien la posee alegando tambi�n t�tulo de heredero, y que ocupa la cuota hereditaria que legalmente no le corresponde.
En s�ntesis, la demandante busca su posici�n en la herencia para satisfacer el inter�s patrimonial que le pertenece en ella, frente a quien aduciendo t�tulo de heredero, ha recibido la totalidad de la misma, tal como aconteci� dentro de la liquidaci�n hecha en el proceso de sucesi�n de Mar�a del Carmen Prieto Cort�s Vda. de Pe�a, en el que uno de los demandados, Pedro Pablo Le�n Le�n, alegando la calidad de sobrino de la causante, en representaci�n de su padre Isa�as Le�n Cort�s, hermano de la causante y fallecido el 21 de mayo de 1989, (folio 16 del cuaderno principal), adquiri� el �nico bien de la sucesi�n, desconociendo la existencia de la demandante Blanca Lilia Pedraza Prieto, tambi�n sobrina de la causante, en representaci�n de su madre Ana Rosa Prieto Cort�s, hermana de la causante y fallecida el 30 de noviembre de 1961, (folio 56 del cuaderno principal).
Frente a la masa hereditaria, existe un conjunto de personas que en ciertas circunstancias tienen el privilegio de heredar frente a otras, en raz�n de tener un v�nculo de parentesco m�s cercano con el causante. En la sucesi�n intestada, el parentesco de consanguinidad, el parentesco civil y el matrimonio, son factores que llevan a precisar la vocaci�n hereditaria.
La Ley 29 de 1982 que constituye la legislaci�n vigente en materia de ordenes hereditarios, en su art�culo 2� que modific� el 1040 del C�digo Civil, determina que: �Son llamados a la sucesi�n intestada: los descendientes; los hijos adoptivos; los ascendientes; los padres adoptantes; los hermanos; los hijos de �stos; el c�nyuge sup�rstite; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar�.
El art�culo 7� que modific� el 1051 del C. C., se�ala el cuarto y quinto orden hereditario en el cual se establece que �A falta de descendientes, ascendientes, hijos adoptivos, padres adoptantes, hermanos y c�nyuges, suceden al difunto los hijos de sus hermanos.- A falta de estos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.� As�, en las sucesiones abintestato, los hijos de los hermanos forman un orden separado cuando todos los hermanos del causante han muerto, en consecuencia, heredan por derecho propio en el cuarto orden sucesoral como herederos - tipos o principales, a los cuales se les transmiten todos los derechos patrimoniales radicados en cabeza del causante, en las mismas condiciones que ten�an a la muerte del de cujus.
Los �nicos bienes que se transmiten a los herederos por causa de muerte, son aquellos cuya titularidad exclusiva pertenec�a al causante. Sin embargo, al morir una persona es posible que su patrimonio est� confundido con otro patrimonio, como sucede con la sociedad conyugal. Seg�n las reglas que rigen la acci�n de petici�n de herencia, el heredero legitimado para interponerla, debe probar, ante todo, los supuestos de donde surgen los derechos hereditarios en su favor.
En primer t�rmino, y en el caso que nos ocupa, la muerte de la causante se�ora Mar�a del Carmen Prieto Cort�s Vda. de Pe�a fue probada con el registro civil de defunci�n que aparece a folio 12 del cuaderno principal; la muerte de la se�ora Ana Rosa Prieto Cort�s, con el registro civil de defunci�n visible a folio 221; y la defunci�n de Isa�as Le�n Cort�s con el registro que aparece a folio 16.
As� las cosas, los requisitos para probar su condici�n de heredera de la causante fueron llenados por la actora Blanca Lilia Pedraza Prieto, al allegar adem�s copia de su partida de bautismo de la Di�cesis de Zipaquir�, Ministerio Parroquial de Guasca, Cundinamarca, que obra a folio 2 del cuaderno principal, con la que acredita ser hija de Ana Rosa Prieto Cort�s, quien a su vez es hermana carnal de la causante Mar�a del Carmen Prieto Cort�s, cuya partida de bautismo de la Di�cesis de Zipaquir�, Ministerio Parroquial de Guasca, Cundinamarca, obra a folio 4 del cuaderno principal.
De la misma forma se alleg� al plenario como prueba documental, copia de la escritura p�blica No. 10.560 del 1� de diciembre de 1992, otorgada en la Notar�a Cuarta del C�rculo de Bogot�, mediante la cual se protocoliz� el proceso de sucesi�n de Mar�a del Carmen Prieto Cort�s Vda. de Pe�a, (folios 6 y 7 Vto. del cuaderno principal); copias de las actuaciones surtidas en el proceso de sucesi�n de Mar�a del Carmen Prieto Cort�s Vda. de Pe�a; copia de la escritura p�blica No. 3090 del 29 de abril de 1994, de la Notar�a Veintiuna del C�rculo de Bogot�, por medio de la cual el se�or Pedro Pablo Le�n Le�n, transfiri� a t�tulo de venta en favor de Flor Marina Pe�a D�az, el derecho de dominio equivalente al 50% sobre el inmueble de la calle 11 No. 26-23 (folio 54 Vto. y 55 Vto.); copia de la escritura p�blica No. 6194 de septiembre 5 de 1997, de la Notar�a Veintiuna del C�rculo de Bogot�, mediante la cual Pedro Pablo Le�n Le�n y Flor Marina Pe�a D�az, vendieron a Leonilde Romero Pedraza el pleno derecho de dominio sobre el inmueble anteriormente citado (folio 48 a 51); y certificado de tradici�n y libertad del inmueble con folio de matr�cula inmobiliaria No. 50C-1088146.
Analizada la anterior prueba en su conjunto se evidencia, que el demandado Pedro Pablo Le�n Le�n, efectivamente inici� y llev� a su culminaci�n proceso de sucesi�n de Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a, sin relacionar en ella a la demandante, quien por ser hija de Ana Rosa Prieto Cort�s, hermana leg�tima de la causante, se encuentra en el cuarto orden hereditario de acuerdo a lo dispuesto por el art�culo 8� de la ley 29 de 1982, que modific� el art�culo 1051 del C�digo Civil, y por tanto es heredera en el asunto.
As� las cosas, claramente se deduce que la demandante ten�a legitimidad para incoar la acci�n y que hay lugar a reconocer los derechos por ella invocados en la demanda, por tener vocaci�n hereditaria en la sucesi�n de su t�a, pues como se analiz� anteriormente, la demandante acredit� su calidad de hija de Ana Rosa Prieto Cort�s, quien a su vez es hermana carnal de la causante Mar�a del Carmen Prieto Cort�s. As� lo reitera la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual en su fallo de 20 de mayo de 1.997 dijo sobre la legitimaci�n del que invoca la acci�n de petici�n de herencia, que en �Cuanto hace a la titularidad de la petici�n de herencia, ha de decirse exactamente lo que corresponde con los dem�s derechos reales.
Puede ejercitarla quien sea el titular del correspondiente derecho: verbigratia, en el de dominio el propietario, y en el de la herencia el heredero; cosa en la que quiso ser expl�cita la ley, pues para �ste �ltimo dispuso en el art�culo 1321 atr�s mencionado: �El que probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendr� acci�n para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias �.
Que es acci�n que s�lo corresponde al heredero lo tiene suficientemente definido la jurisprudencia, como que en muchas oportunidades ha expresado que �es la que confiere la ley al heredero de mejor derecho para reclamar los bienes de la herencia ocupados por otra persona, que tambi�n alega t�tulo de heredero. Es, pues, una controversia en que se ventila entre el demandante y el demandado a cu�l de ellos le corresponde en todo o en m�s parte el t�tulo de leg�timo sucesor del causante en calidad de heredero, y, de consiguiente, la universalidad de los bienes herenciales o una parte al�cuota sobre estos.
Por consiguiente, la cuesti�n de dominio de los bienes en esta acci�n es consecuencial y enteramente dependiente de la cuesti�n principal que all� se discute sobre la calidad de heredero� (XLIX, 229; LXXIV, 19). Se ha dicho, en trasunto, que �Es la calidad de heredero en que se apoya el demandante, controvertida por el demandado heredero, lo que constituye la cuesti�n principal de esta especie de acci�n� (LII, 660)�.
Establecido lo anterior, pasa la Sala a pronunciarse sobre los dem�s puntos materia de apelaci�n por parte de la demandada Leonilde Romero Pedraza. Manifiesta la apelante, que la sentencia de primera instancia viola ostensiblemente el art�culo 29 de la Constituci�n Nacional, al haberla condenado sin haber sido vencida ni o�da en juicio pues no hubo pronunciamiento de fondo respecto de las excepciones propuestas por ella, punto sobre el que la Sala recuerda que en nuestro ordenamiento jur�dico el art�culo 29 de la Constituci�n Pol�tica consagra el derecho fundamental al debido proceso para toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, que se traduce en una garant�a que posibilita la defensa jur�dica de los derechos de los individuos, mediante el tr�mite de un proceso ajustado a la legalidad.
Es as�, como el propio art�culo 29 consagra los postulados esenciales que conducen a su realizaci�n�al se�alar que: �Nadie podr� ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio�. Asimismo, la norma destaca, entre otros elementos integrantes del debido proceso, los derechos a la defensa, a la celeridad procesal, a presentar y controvertir las pruebas y a impugnar las providencias que sean susceptibles de recurso.
En el presente caso, se encuentra que no existe violaci�n al debido proceso, ni la configuraci�n de nulidad alguna en virtud de lo establecido por el art. 29 de la Constituci�n Nacional, como quiera que del estudio del proceso se concluye que al no haberse solicitado como pretensi�n de la demanda, la reinvindicaci�n del bien hereditario, no hab�a lugar por parte del fallador a entrar a estudiar las excepciones propuestas por la demandada Leonilde Romero Pedraza, por sustracci�n de materia, actuaci�n en la que no observa entonces reparo alguno la Sala; pues adem�s, debe recordarse que no procede la llamada nulidad constitucional fundamentada en el art. 29 de la Carta Magna, ya que como lo ha dejado en claro la Corte Constitucional, la misma solo procede cuando se ha obtenido una prueba con violaci�n al debido proceso, lo que no sucedi� en este caso y no es el punto materia de descontento por la apelante.
Solicit� tambi�n la parte actora, que como consecuencia de la declaratoria de heredera de Blanca Lilia Pedraza Prieto, se declarara la nulidad de la sucesi�n intestada de Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a y la nulidad de los contratos de venta que constan en la escritura p�blica N� 3090 de 29 de abril de 1994 de la Notar�a 21 del C�rculo de Bogot�, mediante la cual el se�or Pedro Pablo Le�n, transfiri� a t�tulo de venta el 50% del inmueble adjudicado en la sucesi�n de Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a, a favor de Flor Marina Pe�a D�az, y el contrato de venta que consta en la escritura p�blica No. 6194 de 5 de septiembre de 1997, por la cual Pedro Pablo Le�n Le�n y Flor Marina Pe�a D�az, trasfirieron a t�tulo de venta el pleno derecho de dominio y posesi�n del inmueble adjudicado a Pedro Pablo Le�n Le�n en la sucesi�n de Mar�a del Carmen Prieto Vda. de Pe�a, a favor de Leonilde Romero Pedraza.
Al respecto debemos mencionar, que la prosperidad de la acci�n de petici�n de herencia no conlleva la nulidad del proceso de sucesi�n, porque en estos casos la ley ordena es rehacer el trabajo de partici�n. En lo referente a la nulidad de los contratos de compraventa y la cancelaci�n de las inscripciones en la oficina de registro, debemos acotar lo siguiente: El art�culo 1871 del C. Civil dice, que �La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del due�o de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso del tiempo� La mencionada disposici�n consagra de manera clara, la teor�a del t�tulo y el modo para la adquisici�n de derechos reales en nuestra legislaci�n, refiri�ndose de manera especial al titulo de la compraventa o hecho generador de obligaciones, el cual de por s� es v�lido; en otras palabras, si el vendedor de determinado bien, no es propietario del mismo, este hecho no genera nulidad del contrato, porque a pesar de venderse sin ser el propietario, el contrato produce obligaciones y el derecho de dominio no queda afectado por la compraventa, porque seg�n la norma, la venta vale sin perjuicio de los derechos del due�o y lo que se predica en estos casos no es la nulidad, sino la inoponibilidad, seg�n la cual, los efectos del contrato subsisten y la inscripci�n que se efect�e no perjudica al verdadero due�o, aspecto que no debe discutirse dentro del presente proceso, en el cual se solicit� �nicamente la nulidad de los contratos.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia expuso lo siguiente: �Precisadas de esta manera las cosas que vienen al caso, ahora no solo es conveniente sino necesario memorar que la figura jur�dica de la inoponibilidad que encarna el fen�meno de la venta de cosa ajena, no tiene la virtud de destruir el contrato mismo, porque su fundamento no est� en hallarlo carente de validez; simplemente que los efectos dimanantes del contrato no alcanzan a terceros.
Es en esto justamente en que se diferencian sustancial y cardinalmente la nulidad y la inoponibilidad, pues que al paso que en aquella el contrato se aniquila, en raz�n de lo cual se mirare en adelante como si jam�s hubiere sido celebrado, en �sta el contrato subsiste, con eficacia restringida a las partes contratantes. Estas, pues seguir�n sujetas al v�nculo jur�dico que cre� el contrato; o sea, que all� seguir� imperando el postulado de que lo pactado es ley para las partes contratantes� Por manera que si, pese a que se vendi� lo ajeno, tal venta fue objeto de inscripci�n en la oficina de registro de instrumentos p�blicos, ha de decirse que tampoco con ello se perjudican los derechos del verdadero due�o, desde luego que se trata de una anotaci�n que tambi�n le es inoponible.
Y as� mismo, trat�ndose de una mera inoponibilidad, no hay lugar a su cancelaci�n, como s� proceder�a, de acuerdo con las explicaciones, dadas de comienzo frente a la nulidad �. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, Sentencia de febrero 18 de 1994. M.P. Rafael Romero Sierra). As� las cosas, no es procedente la declaratoria de nulidad solicitada.
Adicionalmente, aclara la Sala, que en el presente caso no se est� discutiendo la legitimidad para incoar la acci�n, ya que claramente se deduce que en el presente caso se ten�a, puesto que la se�ora Blanca Lilia Pedraza acredit� su calidad de heredera de la causante. Lo que aqu� se discute es un problema diferente: La validez o no de los contratos de compraventa y su inscripci�n en el folio de matr�cula inmobiliaria; por lo tanto, a pesar de que la demandante puede reclamar la herencia que por derecho le corresponde, dicha reclamaci�n no le es oponible a la se�ora Leonilde Romero Pedraza, por cuanto �sta adquiri� el bien conforme a derecho y para que le sea despojado el dominio del mismo, se debe acudir a las v�as procesales respectivas, por cuanto la sentencia proferida por el juez a quo, en la cual se deja sin valor y eficacia el trabajo de partici�n y adjudicaci�n de los bienes sucesorales no le es oponible a la compradora Leonilde Romero Pedraza, por los efectos de la venta de cosa ajena expuestos en p�rrafos anteriores.
De otra parte debemos agregar, que la sentencia no pod�a afectar las trasferencias de propiedad hechas con anterioridad a la inscripci�n de la cual habla el inciso final del literal a), del numeral 1� del art�culo 690 del C. de P. Civil, y por tanto, los derechos de los terceros adquirentes con anterioridad a dicha inscripci�n, no pod�an verse comprometidos con el fallo.
Puestas as� las cosas y de acuerdo con el asunto materia de apelaci�n, los registros efectuados con posterioridad al de la sentencia aprobatoria de la partici�n y antes de la inscripci�n de la demanda, no pueden verse afectados; en consecuencia, habr� de revocarse parcialmente el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en la parte que dice �lo mismo que sus posteriores registros, para lo cual se oficiar� a los competentes funcionarios�.
En relaci�n con la solicitud de revocatoria de la parte final del numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, en cuanto dice, �adjudic�ndole la cuota parte que le corresponde en los bienes materia del sucesorio�, �sta debe permanecer inc�lume, puesto que la demandante tiene tal derecho al prosperar la acci�n de petici�n de herencia, raz�n por la que se ordenar�, que dicha cuota parte debe ser cancelada por el adjudicatario demandado, cuyo monto ser� establecido al rehacerse el trabajo de partici�n. En lo relativo a que el Juzgador de primera instancia, estaba sugiriendo c�mo actuar a la parte demandante considera la Sala, que ante la no formulaci�n de la acci�n reivindicatoria, y dada la decisi�n que tom� el a quo, de manera forzosa ten�a que abordar dicho estudio para efectos de abstenerse a condenar en los frutos civiles, los cuales fueron solicitados por la parte demandante en el libelo introductorio; sin embargo, la afirmaci�n efectuada en la parte final del numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, que dice que la parte actora podr�a demandar en reivindicatorio, en nada tiene que ver con el asunto aqu� debatido, que es la petici�n de herencia y ese punto no es una decisi�n judicial, por lo cual habr� de revocarse parcialmente este numeral, en la parte que dice �sin perjuicio que la parte actora heredera BLANCA LILIA PEDRAZA PRIETO en demanda ulterior de reivindicaci�n, dirija la acci�n contra el tercero poseedor de las cosas hereditarias (Art. 1325 del C.C.)�.
Consecuencialmente con la decisi�n aqu� tomada, han de revocarse los numerales octavo, noveno y und�cimo de la sentencia apelada, referentes al no estudio de las objeciones, condena en costas a la demandante e inscripci�n de la sentencia en el folio de matr�cula inmobiliaria correspondiente. En m�rito a lo expuesto, la Sala de Decisi�n de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D.C., administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley, V.
RESUELVE
1.- REVOCAR conforme a lo expuesto en la parte motiva de este fallo, los numerales octavo, noveno y und�cimo de la parte resolutiva de la sentencia apelada. 2.- REVOCAR PARCIALMENTE el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, suprimiendo al mismo la frase que dice �lo mismo que sus posteriores registros, para lo cual se oficiar� a los competentes funcionarios�.
Lo anterior conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3.- REVOCAR PARCIALMENTE el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, suprimiendo al mismo la frase que dice �sin perjuicio que la parte actora heredera BLANCA LILIA PEDRAZA PRIETO en demanda ulterior de reivindicaci�n, dirija la acci�n contra el tercero poseedor de las cosas hereditarias (Art 1325 del C.C.)�.
Lo anterior conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 4.- ADICIONAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, para ordenar que la cuota parte a la cual tiene derecho la demandante, debe ser pagada por el heredero adjudicatario demandado, para lo cual se ha de estar a la parte motiva de este prove�do. 5.- CONFIRMAR en todo lo dem�s la sentencia apelada. 6.- CONDENAR en costas de las presente instancia al demandado, Pedro Pablo Le�n Le�n. 7- DEVOLVER en su oportunidad el expediente al juzgado de origen.
NOTIF�QUESE Y C�MPLASE Los Magistrados, JAIME HUMBERTO ARAQUE GONZ�LEZ CARLOS ALEJO BARRERA ARIAS JAIME OMAR CU�LLAR ROMERO PAGE 2 _______________________________________________________________ ORDINARIO DE BLANCA LILIA PEDRAZA PRIETO EN CONTRA DE PEDRO PABLO LE�N LE�N Y OTROS. )KL���> � � � � � � � � .!D!I!�!�$%�0�0�1�2�587�7�8v97:�;|< =>YA�A�A�AB�B�BiC�DE�EnGqG�G[N8O�O@PCP�PR R|^}^�`�������������������������������������נ�h�\=5�CJOJQJh�\=CJOJQJmH sH h�\=6�CJOJQJ h�\=@�h�\=5�>*CJOJQJh�\=CJOJQJh�\=5�6�CJOJQJh�\=5�6�>*CJOJQJh�\=<)9KL�����> ? � � � � � � ����������������� $dha$gd�\= �0�*$gd�\=$�� dh^�� a$gd�\=$�S��dh^�S`��a$gd�\=dhgd�\=$ ��Sdh^�Sa$gd�\=$�Sdh^�Sa$gd�\=gd�\=������� � b c ���������������YZ���� ���������������������������$�S��dh^�S`��a$gd�\= A � � � � � 4 5 $�&�&�0�0�0�0::�<�<X?Y?�����������������������$�S��dh^�S`��a$gd�\=$�Sdh^�Sa$gd�\=$�S��dh^�S`��a$gd�\=Y?�@�D�DE E�E�E�G�G�H�HFLGL�M�P�P!R"R5S6S�W�Wr\s\}^�������������������������$ & 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