Micelio

SENTENCIA — Tribunal Superior de Bogotá

Radicado: 19987217-01

Sala: SALA CIVIL

Ponente: Luz Magdalena Mojica Rodríguez

Fecha: 2006-09-25

Sujetos procesales: BANCO DEL ESTADO / YOLANDA MARTÍNEZ ROJAS, MARIA AMALIA MARTÍNEZ ROJAS Y DANIEL ENRIQUE PACHON PARRA

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Sentencia. BANCO DEL ESTADO contra YOLANDA MART�NEZ ROJAS, MARIA AMALIA MART�NEZ ROJAS y DANIEL ENRIQUE PACHON PARRA. Magistrada Ponente LUZ MAGDALENA MOJICA RODR�GUEZ Discutido y aprobado en Sala de marzo 15 de 2006. Dec�dese el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia calendada octubre diecis�is (16) de dos mil tres (2003), proferida por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de esta ciudad, en el proceso de la referencia.

ANTECEDENTES 1. El Banco del Estado, mediante mandatario judicial, promovi� demanda para que previos los tr�mites del proceso ejecutivo se librara mandamiento de pago a su favor y contra YOLANDA MART�NEZ ROJAS, AMALIA MART�NEZ ROJAS y DANIEL E. PACHON, por las siguientes sumas de dinero: a. Por dos millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos seis pesos con cincuenta y dos centavos ($2�493.206.52.) incorporados en el pagar� No. 000199508507-7 que se aport� como base de la ejecuci�n. b. Por los intereses de mora liquidados a la tasa del 36% anual, desde la fecha de presentaci�n de la demanda y hasta que se verifique el pago de la obligaci�n. c. Por ochocientos veintiocho mil quinientos veintisiete pesos ($828.527.00) por concepto de cuotas atrasadas de junio de 1997 a julio de 1998. d. Por los intereses moratorios sobre cada una de las cuotas en mora a la tasa del 36% anual desde que cada una se hizo exigible y hasta que se verifique el pago de la obligaci�n. 1.2.

As� mismo impetr� mandamiento de pago contra Yolanda Mart�nez Rojas por los siguientes valores: 1.2.1. Por un mill�n seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos veinte pesos con sesenta centavos ($1�655.620.60) como saldo del capital incorporado en el pagar� No. 0001992041591 que se aport� como base de la ejecuci�n. 1.2.2. Por los intereses moratorios a la tasa del 23.58% anual desde la fecha de presentaci�n de la demanda hasta que se verifique el pago de la obligaci�n. 1.2.3.

Por la suma de cuatrocientos tres mil sesenta y cuatro pesos ($403.064.00) por concepto de cuotas atrasadas desde el mes de junio de 1997 y hasta julio de 1998. 1.2.4. Por los intereses moratorios sobre cada una de las cuotas en mora a la tasa del 23.58% anual desde que cada una se hizo exigible hasta que se verifique el pago de la obligaci�n. (fls. 17 y 18) 2.

Fundament� su ejecuci�n en el siguiente supuesto f�ctico: 2.1. Que YOLANDA MART�NEZ ROJAS, el 13 de agosto de 1992, suscribi� a favor del Banco del Estado el pagar� No. 4159-1 por $4�730.000.00, a t�tulo de mutuo, oblig�ndose a cancelar intereses corrientes a la tasa del 11.79%. y, en caso de mora, a la rata del 23.58% anual. Que se halla en mora desde el 18 de junio de 1997. 2.2.

Que YOLANDA MART�NEZ ROJAS, AMALIA MART�NEZ ROJAS y DANIEL ENRIQUE PACHON, el 21 de julio de 1995, suscribieron a favor del Banco del Estado el pagar� No. 000-1995-08507 por $4�340.000.00, a t�tulo de mutuo con intereses, los corrientes a la tasa del 18% anual y en caso de mora al 36% anual, encontr�ndose en mora desde el 16 de junio de 1997. 2.3.

Que a pesar de los requerimientos extrajudiciales efectuados por el banco a los aqu� demandados no se logr� obtener recaudo de los derechos literales incorporados en los t�tulos ni sus intereses. 2.4. Que los pagar�s aportados fueron suscritos por los ejecutados y en ellos se pact� la cl�usula aceleratoria, de la cual se hace uso para exigir la totalidad de la obligaci�n. 2.5.

Que el Banco del Estado es tenedor leg�timo de los t�tulos valores Nos. 4159-1 y 000-1995-08507, por tanto se encuentra facultado para incoar esta acci�n. (fls. 10 a 12) 3. Libr� el a-quo la orden de pago en los t�rminos pedidos y dispuso su notificaci�n al extremo pasivo. (fls. 19 y 20) 3.1. Mar�a Amalia del Carmen Mart�nez Rojas se intim� de manera personal del mandamiento de pago, el 20 de enero de 1999, sin que propusiera ninguna excepci�n. (fl. 21) 3.1.1.

Daniel Enrique Pach�n Parra concurri� al proceso por medio de abogado, a quien se le notific� la orden de apremio y procedi� a proponer las excepciones que denomin� "PAGO DE LA OBLIGACI�N�, �INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI�N POR FALTA DE CAUSA Y OBJETO�, �NO CONFIGURARSE EN ESTE CASO LA CALIDAD DE CODEUDORES� y �CULPA Y NEGLIGENCIA DEL BANCO DEMANDANTE�, fincadas en los hechos que en lo pertinente y de ser necesario se compendiar�n en l�neas posteriores.

(fls. 27, 29 a 31) 3.1.1.1. Jos� del Carmen Garz�n, a trav�s de endosatario en procuraci�n, present� demanda acumulada contra Daniel Enrique Pach�n Parra, con fundamento en dos letras de cambio por $2.000.000.00 cada una, a cancelar el 23 de octubre y el 23 de noviembre de 1999, librando el a-quo mandamiento de pago en su contra el 10 de mayo de 2000, prove�do que se notific� por estado.

Igualmente se dispuso la citaci�n a todos los acreedores, previo su emplazamiento. El ejecutado no propuso excepciones, ni compareci� persona alguna a exigir su cr�dito. (Cuaderno 3) 3.1.2. Respecto a Yolanda Mart�nez Rojas se intentaron las diligencias previstas en el art�culo 320 del C�digo de Procedimiento Civil, pero en el lugar que se indic� para su notificaci�n manifestaron que all� ya no viv�a, raz�n por la cual la parte actora solicit� su emplazamiento de conformidad con lo previsto en el art�culo 318 del C�digo de Procedimiento Civil, a lo cual accedi� el juzgado.

(fls. 36 a 38) 3.1.3. Efectuada la citaci�n edictal con el cumplimiento de las exigencias legales, sin que compareciera, se le nombr� curador ad-litem, con quien se surti� la notificaci�n del mandamiento ejecutivo el 24 de noviembre de 2000, sin que propusiera ning�n medio exceptivo. (fls. 41 a 60) 3.2. En el traslado legal de las excepciones presentadas, la parte actora se opuso a su prosperidad, solicitando pruebas para demostrar sus afirmaciones.

Posteriormente se fij� fecha para la audiencia de conciliaci�n, en la cual no se lleg� a ning�n acuerdo, por lo que se declar� fracasada. 3.3. Abierto el proceso a pruebas, se decretaron y practicaron las solicitadas por las partes y vencido el per�odo probatorio se corri� traslado para alegar, t�rmino que aprovech� la parte ejecutada para insistir en sus excepciones, mientras que la ejecutante guard� silencio.

(fls. 106 a 108) 3.4. Dict� el a-quo sentencia, en la que resolvi�: �PRIMERO. Declarar no probadas las excepciones propuestas por el extremo demandado en la demanda principal, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. �SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior determinaci�n, se ordena seguir adelante las ejecuciones de cada una de las demandas acumuladas, en la forma como se indic� en los respectivos mandamientos de pago. �TERCERO. Se decreta el remate y avalu� de los bienes que se encuentren embargados y secuestrados en el presente asunto, y de los que en un futuro alleguen (sic) a ser objeto de cautela. �CUARTO. Liqu�dense los cr�ditos en la forma indicada en el art�culo 521 del C. de P.C. �QUINTO. Se condena en costas a la parte demandada.

T�sense.� 3.4.1. Decisi�n recurrida por el extremo pasivo en apelaci�n, recurso que concedido compete resolver a esta Sala, agotado como se encuentra el tr�mite de instancia. DEL RECURSO 4. El apoderado de Daniel Pach�n Parra lo sustent� en esta Sede Judicial argumentando, en esencia, que de conformidad con las pruebas allegadas se acredit� que el Banco cancel� la obligaci�n a cargo de Yolanda Mart�nez, pero que por mera liberalidad y ante petici�n de �sta �decidi� devolverle la plata y revivir el pagar� cancelado, pero no cont� con los codeudores (..) y quienes no firmaron con la exempleada solicitud alguna para mantener dicho cr�dito, luego si el Banco renunci� al pago que le hab�an hecho tambi�n debi� renunciar a la solidaridad de mis representados.� Que no comparte la apreciaci�n del juzgado respecto a la interpretaci�n del art�culo 624 del C�digo de Comercio en punto a que los abonos deben constar en el t�tulo y en caso de pago total deben devolverse al deudor, por lo que al estar en el expediente el pagar�, sin ninguna anotaci�n, tiene toda su vigencia, desconociendo que pueden existir recibos de pago, comprobantes de contabilidad para demostrar la cancelaci�n de los t�tulos valores, documentos que afectan su literalidad, como acaece con el comprobante pertinente a las prestaciones de Yolanda Mart�nez, lo que conlleva a que las excepciones se declaren pr�speras.

CONSIDERACIONES De entrada se advierte que se encuentran estructurados los presupuestos jur�dico procesales para que el proceso tenga existencia jur�dica y validez formal, a m�s que no se advierte la configuraci�n de causal alguna de anulaci�n de la actuaci�n procesal, por lo que la sentencia ser� de m�rito. Y entrat�ndose de un proceso de ejecuci�n, como el que indiscutiblemente ocupa a la Sala, ha de anotarse que tal se dirige a obtener la satisfacci�n del derecho que de manera cierta e indiscutible consta en un documento, el que entrat�ndose de cobro de t�tulos valores procede sin necesidad de reconocimiento de firmas, seg�n lo prev� el art�culo 793 del C�digo de Comercio.

En el sub-iudice la ejecuci�n se ciment� en los pagar�s Nos. 4159-1 y 000-1995-08507, suscrito el primero de ellos por Yolanda Mart�nez Rojas y el segundo por �sta y por Amalia Mart�nez Rojas y Daniel Enrique Pach�n Parra; as� como en las letras de cambio suscritas por el �ltimo de los mencionados, documentos que formalmente re�nen las exigencias para ser t�tulo valor de conformidad con los art�culos 621, 671 y 709 del C�digo de Comercio, seg�n corresponde, por consiguiente cumplen con los requisitos del art�culo 488 del C�digo de Procedimiento Civil, de donde surge la viabilidad de los autos de mandamiento de pago.

(arts. 780, 782, 785 y 793 del C. de Co.) Contra la acci�n cambiaria, que es la que aqu� interesa, proceden las espec�ficas excepciones contempladas en el art�culo 784 del C�digo de Comercio, en las cuales se pueden ubicar las propuestas por uno de los integrantes del extremo pasivo, pues se encuentran vinculadas las partes originarias de la relaci�n cambiaria, de donde corresponde analizar si tales resultan o no pr�speras, precisando que las defensas se dirigieron exclusivamente contra la acci�n derivada del pagar� No. 000-1995-08507 por $4.340.000.00, lo que de suyo permite desde ya expresar que la sentencia se debe confirmar respecto al cobro de los otros t�tulos valores, por cuyo valor e intereses debe seguirse la ejecuci�n, esto es, el pagar� No. 4159-1 por $4.730.000.00 suscrito por Yolanda Mart�nez Rojas y las dos letras de cambio, cada una por $2.000.000.00, giradas por Daniel Pach�n. Efectuada la antecedente precisi�n, se acomete el an�lisis de las excepciones propuestas.

La primera de ellas, �PAGO DE LA OBLIGACI�N� se fundament� en que el Banco actor le prest� a Yolanda Mart�nez la suma de $4.340.000.00, autorizando �sta para que al momento de su retiro se dedujera del valor de sus prestaciones el saldo que estuviere a su cargo, por lo que al dejar de prestar sus servicios al Banco, en agosto de 1996, �ste efectu� la liquidaci�n de las prestaciones sociales por un monto de $7.427.303.00, estableciendo los descuentos y deducciones pertinentes, entre ellos, el correspondiente al saldo insoluto de la deuda que en ese momento ascend�a a $3.733.816.52, quedando a favor de la ex-funcionaria $2.409.959.73.

Para resolver, se considera: En trat�ndose de pago, como prestaci�n de lo que se debe, ha de decirse que es el modo por antonomasia para extinguir las obligaciones. El art�culo 784 citado prev� en su ordinal 7� que podr� oponerse la excepci�n de pago total o parcial siempre que conste en el t�tulo, sin que ello signifique que no se pueda excepcionar si esa constancia no existe.

Lo que sucede es que en un caso la excepci�n ser� real y absoluta y en el otro personal. En el primero podr� oponerse por cualquier deudor a cualquier acreedor y en el segundo s�lo cuando exista ese v�nculo que une al tenedor a las defensas del demandado. Si el t�tulo es pagado en su totalidad, deber� entregarse a quien realice el pago y si es parcial deber� efectuarse la correspondiente anotaci�n, si ello as� no acontece puede el deudor exigir que voluntaria o judicialmente el acreedor cumpla con su deber.

Y de conformidad con el art�culo 1634 del C�digo Civil �para que el pago sea v�lido, debe hacerse o al acreedor mismo, o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por �l, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro.� El pago que se haga a estas personas es v�lido, o sea que produce los efectos propios de ese modo de extinguir las obligaciones: desinteresa al acreedor y libera al deudor, vale decir, que soluciona absolutamente y erga omnes el v�nculo obligatorio, a menos que dicho pago se limite a producir un traspaso del cr�dito, como sucede en los casos de subrogaci�n legal o convencional.

El pago hecho a persona distinta de las relacionadas en la norma no extingue la obligaci�n: el acreedor conserva su derecho y, por ende, el deudor que ha pagado mal contin�a obligado a satisfacerlo. En este orden de ideas y aplicando el anterior marco doctrinario y legal se observa que en el pagar� No. 000-1995-08507 no aparece, en parte alguna, anotaci�n pertinente a abonos realizados para la prestaci�n que contiene, menos a�n su cancelaci�n, lo que permite se�alar que estaba vigente y por contera el acreedor pod�a solicitar su pago por esta v�a. Ahora bien.

Se reclama por el excepcionante el pago del saldo de la deuda en estudio bajo el supuesto que tal se descont� de la liquidaci�n de prestaciones de la ejecutada Yolanda Mart�nez, por lo que la obligaci�n qued� extinguida. Menester es observar que si bien el documento datado 27 de agosto de 1996, obrante a folio 28 del proceso, titulado �LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES� contiene en su reverso en el ac�pite de descuentos el pertinente a �CARTERA VEH�CULO $3.733.816.52�, tambi�n es cierto que el mismo carece de firmas y que en la misma fecha se recibi� por recursos humanos del Banco del Estado solicitud de Yolanda Mart�nez Rojas para �mantener las condiciones inicialmente pactadas cuando se desembolsaron los cr�ditos de vivienda y veh�culo�, agregando �la determinaci�n del Banco, genera una intempestiva inestabilidad econ�mica personal y de mi familia (..)�, petici�n que se le resolvi� favorablemente, seg�n misiva de septiembre 20 de 1996, procedi�ndose a la entrega del valor correspondiente, lo que no permite aseverar que existi� el pago a que se alude.

(fls. 65 y 66 C. 1 y C.3) Corrobora la anterior conclusi�n el dicho del Representante Legal del Banco, quien sobre el punto depuso �En principio el banco s� hizo dicha deducci�n, pero nunca fue aplicada a la obligaci�n a cargo e (sic) la se�ora Yolanda Mart�nez Rojas, en atenci�n a que comunicaci�n del 27 de agosto de 1.996, suscrita pro (sic) Yolanda Mart�nez Rojas dirigida a la doctora MARIA CLARA BETANCOURT ALVAREZ director de la Divisi�n de Recursos Humanos del Banco del Estado para la �poca, solicit� su intervenci�n con el fin de mantener las condiciones iniciales pactadas (..) Ante tal solicitud de la se�ora el Banco del estado procedi� a mantener las condiciones inicialmente pactadas y procedi� a realizar una nota debito, de la siguiente manera: aplic� $101.335,00 del cr�dito del veh�culo y le devolvi� $3.632.481.52 (..)�, circunstancias que ratific� en respuesta posterior.

(fls. 7 y s.s. C. 3) De suerte que no puede predicarse que por la inicial deducci�n que realizara el Banco se verific� el pago de la prestaci�n debida, pues tal se frustr� por la petici�n de la deudora; sin que tampoco sea legalmente posible se�alar que hubo novaci�n, en tanto que ausentes se encuentran las exigencias para que tal tenga presencia � no hubo sustituci�n de obligaciones, ni animus novandi - luego, al mantenerse el cr�dito en sus condiciones primigenias, entre ellas, el plazo y los deudores vinculados al mismo, la excepci�n se torna impr�spera.

Adem�s, reca�a en el banco la potestad de acceder a continuar la relaci�n crediticia con las condiciones inicialmente pactadas, pues de la literalidad del t�tulo valor emerge que a �ste se le autoriz� por la empleada deudora para que dedujera de sus prestaciones el saldo insoluto, m�s no se impuso que as� deb�a proceder, lo que permit�a que libremente resolviera s� utilizaba o no la facultad comentada, optando por no hacerlo y continuar con las condiciones pactadas inicialmente para dicho cr�dito, conducta que aparece leg�tima, m�s a�n, cuando dicha posici�n se adopt� por petici�n de la deudora.

Y que la obligaci�n en estudio no se cancel� tambi�n lo acredita el hecho de haberse continuado pagando las cuotas hasta el mes de mayo de 1997, pues la mora se aleg� a partir de junio de esa anualidad, sin protesta alguna por el extremo pasivo en punto a ese aspecto. En este orden de ideas, claro resulta que la defensa estaba llamada al fracaso, como lo decidiera el a-quo.

La segunda excepci�n denominada �INEXISTENCIA DE LA OBLIGACI�N POR FALTA DE CAUSA Y OBJETO� se edific� en que �Mis poderdantes en ning�n momento recibieron dinero alguno por concepto de este cr�dito, era imposible que sucediera porque el cr�dito se le hizo a Yolanda Mart�nez Rojas, exclusivamente para compra de un veh�culo�, por lo que no existe causa, ni objeto de la obligaci�n que se les cobra.

Conforme al art�culo 1524 del C�digo Civil se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato, precepto que consagra �La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente�. Concordante con la precedente disposici�n se encuentra el art�culo 630 del C�digo de Comercio que establece �Cuando una parte, a sabiendas, suscriba un t�tulo sin que exista contraprestaci�n cambiaria a las obligaciones que adquiere, las partes en cuyo favor aqu�lla prest� su firma quedar�n obligadas para con el suscriptor por lo que �ste pague y no podr�n ejercitar contra �l las acciones derivadas del t�tulo. �En ning�n caso el suscriptor de que trata el inciso anterior, podr� oponer la excepci�n de falta de causa onerosa contra cualquier tenedor del instrumento que haya dado por �ste una contraprestaci�n, aunque tal hecho sea conocido por el adquirente al tiempo de recibir el instrumento.� (Se resalt�) En el caso bajo estudio es evidente que los ejecutados manifestaron su voluntad de obligarse una vez suscribieron el t�tulo valor, de no olvidar que el art�culo 625 ejusdem se�ala que toda obligaci�n cambiaria deriva su eficacia de la firma impuesta en el instrumento y de su entrega con la intenci�n de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulaci�n, entrega que presume la ley cuando el t�tulo se halla en poder de persona diferente a su suscriptor, que para este caso es el Banco del Estado, quien act�a como titular leg�timo del pagar�.

Incorporada de esa manera la obligaci�n, tiene toda eficacia jur�dica y la causa surge a�n en atenci�n a la intervenci�n por acomodamiento, vale decir, puede consistir, lisa y llanamente, en un favor, evento en el cual la ley no permite proponer la excepci�n de falta de causa, m�xime que, como emerge en este caso, los suscriptores ten�an conocimiento que el Banco actor efectivamente desembols� unos dineros a uno de los firmantes.

De suerte que la excepci�n en estudio resulta impr�spera. Como tercera defensa se aleg� la de �NO CONFIGURARSE EN ESTE CASO LA CALIDAD DE CODEUDORES�, fundada en que estamparon su firma en el pagar� como �fiadores y nunca como codeudores�, por no haberse beneficiado del cr�dito, por lo que primeramente debe perseguirse a Yolanda Mart�nez Rojas.

Adem�s de lo expuesto respecto a la defensa precedente, lo que resulta procedente para resolver �sta, se anota que una de las caracter�sticas de los t�tulos valores es la literalidad, seg�n la cual s�lo lo que conste en el documento tiene vida jur�dica. En el pagar� objeto de an�lisis se observa que los tres obligados firmaron en el mismo grado, sin salvedad alguna, por lo que debe ten�rseles como deudores solidarios, al tenor de lo previsto en el art�culo 632 ib�dem, situaci�n que faculta al acreedor para pretender el pago de la prestaci�n de cualquiera de ellos o de todos.

En el sub-iudice la ejecuci�n se propuso contra todos los obligados, los que se hallan legitimados por pasiva para soportar la acci�n, luego la excepci�n resulta fallida. Como �ltima excepci�n se adujo la �CULPA Y NEGLIGENCIA DEL BANCO DEMANDANTE�, bajo la consideraci�n que al autorizar al banco actor para que al retiro de su empleada se dedujera del monto de la liquidaci�n de sus prestaciones el saldo adeudado, lo que inexplicable e inexcusablemente no sucedi�, incurri� la parte ejecutante en culpa.

Para desatar esta defensa resultan v�lidos los argumentos expresados frente a la primera de las excepciones en cuanto ata�e a la facultad que se le otorg� al Banco para hacer uso o no de la autorizaci�n impartida, la que por dem�s efectivamente no se aplic� por la petici�n que al efecto formulara Yolanda Mart�nez Rojas, luego no hubo ni negligencia, ni culpa de la entidad bancaria.

Y como no se probara circunstancia alguna de la cual se pueda inferir el comportamiento que se predic� en la excepci�n, debe concluirse en su fracaso. En este orden de ideas deviene que ninguna de las excepciones propuestas logr� enervar la acci�n cambiaria, que respecto al otro pagar� que se ejecuta, como frente a las letras de cambio que sirven de base a la ejecuci�n acumulada, no se propuso defensa de m�rito alguna, de donde se concluye que la ejecuci�n debe continuar, como lo dispusiera el a-quo.

Como corolario de lo expresado se impone la confirmaci�n de la sentencia impugnada, por encontrarla ajustada a derecho, advirtiendo que la tasa de inter�s moratorio dispuesta cancelar no puede exceder en ning�n per�odo el l�mite legal, de conformidad con el certificado de la Superintendencia Financiera. DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D. C., en Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia calendada diecis�is (16) de octubre del a�o dos mil tres (2003), proferida por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de la ciudad y que fuera objeto de recurso de apelaci�n, con la advertencia realizada en la parte motiva en punto a la tasa que se debe liquidar como inter�s moratorio.

SEGUNDO: COSTAS a cargo de la parte apelante. T�sense. NOTIF�QUESE Y C�MPLASE Los Magistrados LUZ MAGDALENA MOJICA RODR�GUEZ CARLOS JULIO MOYA COLMENARES HUMBERTO A. NI�O ORTEGA  Trujillo Calle, Bernardo. De los T�tulos Valores, Tomo I Parte General. P�g. 383  Ospina Fern�ndez, Guillermo. R�gimen General de las Obligaciones. T. S. B. S. Civil.

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