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Bogot� D.C., ocho (8) de octubre de dos mil nueve (2009). 1. IDENTIFICACI�N DEL PROCESO Magistrada Ponente: CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA Radicaci�n: 110013103042200700048 01 Procedencia: Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot� D.C. Demandante: Mercedes Mar�a Rodr�guez Demandado: Cayetano Verano Rodr�guez y Otro Proceso: Ordinario Recurso: Apelaci�n Sentencia Discutido y Aprobado en Sala de Decisi�n del 7 de octubre de 2008.
Acta 40.
2. OBJETO DE LA DECISI�N Se decide el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia calendada 13 de mayo de 2009, proferida por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot� D. C., dentro del proceso ORDINARIO promovido por MERCEDES MAR�A RODR�GUEZ contra CAYETANO VERANO RODR�GUEZ y JUAN HERRE�O CA�AS. 3.
ANTECEDENTES 3.1. La Demanda. Mercedes Mar�a Rodr�guez, a trav�s de apoderado judicial formul� demanda en contra de Cayetano Verano Rodr�guez y Juan Herre�o Ca�as, para que previos los tr�mites del proceso ordinario de mayor cuant�a, se hagan las siguientes declaraciones y condenas: 3.1.1. Declarar a los demandados Cayetano Verano Cruz en su calidad de propietario del veh�culo de placas SEA252 y Juan Herre�o Ca�as en calidad de conducto del mismo, responsables de los perjuicios causados a la demandante como consecuencia del accidente de transito ocurrido el 17 de septiembre de 2005. 3.1.2.
Condenarlos a pagar como consecuencia de lo anterior: 3.1.2.1. A titulo de lucro cesante la suma de $43�200.000.oo correspondientes a 3 a�os laborables de la demandante en la comunidad religiosa Hermanas del Divino Salvador Provincia de Colombia, quien tiene un ingreso promedio mensual de $1�200.000.oo, seg�n certificaci�n expedida por la representante legal de la comunidad religiosa, quien para la �poca de los hechos desempe�aba el cargo de traductora de ingles. 3.1.2.2.
A t�tulo de da�o emergente $3�564.000.oo, por concepto de medicamentos, servicio de enfermer�a, silla de rueda y transporte, gastos que no cubri� el Seguro Obligatorio de Transito �SOAT- ni el Instituto de Seguros Sociales. 3.1.2.3. Diez (10) salarios m�nimos mensuales por Da�o Moral. 3.1.3. Intereses corrientes sobre las sumas causadas que resulten de las condenas pedidas, desde la ejecuci�n de la sentencia hasta la fecha en que efectivamente se cancelen. 3.1.4.
Condenar a los implicados en costas del proceso. 3.2. Los Hechos. Como fundamento de sus pretensiones adujo en s�ntesis: 3.2.1. El 17 de septiembre de 2005 a las 2:30 p.m., en la carrera 13 con calle 57 de esta ciudad, el veh�culo de servicio p�blico de placas SEA252 conducido por Juan Herre�o Ca�as, estando el sem�foro en rojo gir� a la derecha atropellando a la se�ora Mercedes Mar�a Rodr�guez, en instantes en que �sta cruzaba la calle. 3.2.2.
El impacto del veh�culo fue recibido en la humanidad de la demandada en el hombro izquierdo, siendo arrojada contra el pavimento cayendo sobre su extremidad derecha. 3.2.3. Se dictamin� incapacidad medico legal de 40 d�as por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Bogot�, con secuelas legales de deformidad f�sica que afecta el cuerpo, y perturbaci�n funcional de �rgano y miembro de car�cter permanentes. 3.2.4.
Para la �poca de los hechos fung�a como propietario del automotor el se�or Cayetano Verano Rodr�guez, el 4 de diciembre de 2006 se llev� a cabo audiencia de conciliaci�n ante la Personer�a de Bogot� D.C., como requisito de procedibilidad declar�ndose fallida, y en la Fiscal�a 65 de la Unidad Quinta Local de la ciudad cursa investigaci�n de accidente de transito, expediente 1100160000232504762. 3.3.
Tr�mite Procesal. 3.3.1. El Juzgado de Conocimiento mediante auto calendado 1� de febrero de 2007, admiti� el libelo ordenando su traslado a los demandados. 3.3.2. Los implicados fueron notificados personalmente el primero de marzo de la misma anualidad, procediendo dentro de la oportunidad legal, por intermedio de apoderado judicial, a replicar la demanda e interponer las excepciones de m�rito de �Falta de legitimaci�n por activa para instaurar la acci�n, cobro de lo no debido de acuerdo al siniestro sucedido y las gen�ricas que se lleguen a configurar y demostrar en el presente proceso�. 3.3.3.
Agotada la audiencia prevista en el art�culo 101 del C. de P.C, preclu�da la etapa probatoria, y transcurrido el t�rmino del traslado para formular alegatos de conclusi�n, se profiri� sentencia el 13 de mayo de 2009, que declaro civil y extra contractualmente responsables a los demandados de los perjuicios sufridos por la accionante, conden� al pago de 30�759.148.oo por conceptos de da�o emergente, moral y fisiol�gico e incapacidad laboral, descont� $2.500.000.oo que pag� la aseguradora del veh�culo a la demandante, neg� el lucro cesante y conden� en costas, decisi�n contra la que se formul� recurso de apelaci�n que se concedi� en auto del 1� de junio del presente a�o.
4. LA SENTENCIA IMPUGNADA La Juez a-quo, luego de exponer los antecedentes de la demanda e historiar lo relativo al tr�mite del proceso no encontr� acreditada la excepci�n de falta de legitimaci�n en la causa por activa propuesta por los demandados, Mercedes Mar�a Rodr�guez es la titular del derecho de acci�n para deprecar la responsabilidad del da�o causado en su humanidad por los implicados, y tom� como indicio para probar las erogaciones causadas con ocasi�n del accidente las copias simples aportadas por la demandante, despach�ndose desfavorablemente el cobro de lo no debido.
Precis�, la culpa fue aceptada por el conductor del veh�culo cuando expres� que existi� descuido de las partes en litigio, admiti� no haber visto a la actora al momento de girar el veh�culo a la derecha, incurriendo en una falta de prudencia y diligencia en el desarrollo de actividades peligrosas, como lo es la conducci�n de automotores, as� mismo, el propietario del rodante es culpable del da�o causado ante la omisi�n de probar transferencia del dominio de la cosa en virtud de t�tulo jur�dico (arrendamiento, comodato, etc.) o despoj� inculpable del mismo (hurto).
Para finalizar, el da�o en el cuerpo de la victima seg�n concepto medico legal consisti� en deformidad f�sica que afecta el cuerpo, perturbaci�n funcional de miembros superior e inferior y �rgano de locomoci�n de car�cter permanente, amen, de existir nexo causal entre el da�o, la culpa y la actividad peligrosa desarrollada por Juan Herre�o Ca�as.
5. ALEGACIONES DE LAS PARTES El gestor judicial de los demandados fundament� la alzada se�alando que el procurador judicial de la demandante, abogado Di�genes Armando Plazas Barrera, y la actora Mercedes Mar�a Rodr�guez, recibieron el 13 de abril de 2008 de Seguros del Estado S.A. la suma de $2.500.000.oo por concepto de indemnizaci�n integral por la lesiones sufridas en accidente de transito ocurrido el 17 de septiembre de 2005, as� como, desistieron por escrito de fecha 4 de febrero hoga�o de la responsabilidad civil a terceros y declararon estar a paz y salvo con todo lo relacionado con el accidente sufrido y libre de posteriores reclamaciones al se�or Juan Herrero Ca�as, al propietario del veh�culo de placas SEA252, a la empresa de Transportes R�pido Pensilvania S.A. como tomador de la p�liza 30101000111 y a Seguros del Estado S.A., por estar de acuerdo con la suma indemnizada.
Por tanto, desde el 4 de febrero del a�o inmediatamente anterior ces� para los demandados cualquier obligaci�n respecto de las pretensiones incoadas en la demanda, el documento suscrito entre las partes tiene plena validez legal e hizo menci�n a que la actora por intermedio de su abogado desist�a de toda acci�n penal, civil o judicial, comprometi�ndosen en darlo a conocer por el despacho que avoc� el conocimiento de los hechos relacionados con el accidente de tr�nsito, no siendo correcto, reclamar por la demandante dos indemnizaciones, una extra judicial que hace transito a cosa juzgada y otra judicial irregularmente obtenida por ocultamiento de pruebas.
Para terminar, solicit� revocar la sentencia proferida en primera instancia e investigar la conducta asumida por la demandante y su apoderado judicial al no haber informado al a-quo que las suplicas de la demanda se hab�an transado econ�micamente encontr�ndose desistidas. 6. CONSIDERACIONES 6.1. D�gase de inicio que los presupuestos procesales se hallan reunidos a cabalidad, y sobre ellos no hay lugar a reparo alguno. As� mismo, examinada la actuaci�n rituada en ambas instancias no se observa irregularidad que pueda invalidar lo actuado, por tanto se dan las condiciones necesarias para proferir sentencia de m�rito. 6.2.
En punto de la responsabilidad civil extracontractual tradicionalmente se han distinguido tres grupos; la originada en el hecho personal o directo regulada en los art�culos 2341 a 2345 del C�digo Civil; la derivada del hecho ajeno consagrada en los art�culos 2346, 2347, 2349 y 2352 ibidem; y la responsabilidad por el hecho de las cosas animadas o inanimadas prevista en los art�culos 2353, 2354, 2355, y 2356 ejusdem, surgiendo con car�cter especial la contemplada en la ultima de las citadas normas, originada por el hecho de las cosas utilizadas en actividades peligrosas.
Igualmente prev� el art�culo 2342 idem, que la indemnizaci�n derivada de un hecho da�oso de �sta �ndole puede reclamarla no solo el que es due�o o poseedor de la cosa sobre la cual ha reca�do, o su heredero, sino adem�s el usufructuario, el habitador o el usuario, si aqu�l irroga perjuicio a su derecho, y tambi�n puede exigirla el que tiene la cosa con obligaci�n de responder de ella, pero solo en ausencia del due�o, es decir, ser�n estos los legalmente legitimados para acudir a la jurisdicci�n en procura de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados. 6.3.
La legitimaci�n en la causa constituye uno de los elementos de la pretensi�n que al decir de la doctrina y la jurisprudencia, es la facultad o titularidad legal que tiene una determinada persona para demandar exactamente de otra el derecho o la cosa controvertida, por ser justamente quien debe responderle; como alguna vez lo expres� la Honorable Corte Suprema de Justicia, haciendo suyo un concepto de Chiovenda, ��es la identidad de la persona del actor con la persona a la cual se concede la acci�n (legitimaci�n activa), y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acci�n (legitimaci�n pasiva).
De tal forma que como la legitimaci�n es una cuesti�n sustancial que ata�e a la acci�n, entendida como pretensi�n, su ausencia, ya sea en el demandante o en el demandado conduce forzosamente a un fallo adverso a las pretensiones formuladas en el libelo, pues es claro que si se reclama un derecho por quien no es su titular o frente a quien no es llamado a responder, debe denegarse la pretensi�n del demandante en sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada material��.
Refiriendo la legitimaci�n ad-causam, al fondo mismo del asunto materia de la litis, de la cuesti�n sustantiva, no es acertado inscribirla dentro de los presupuestos procesales que fungen como requisitos indispensables para la formaci�n y desarrollo normal del proceso; en efecto, ��no puede confundirse, pues, la legitimaci�n para el proceso, llamada tambi�n para comparecer a �ste, con la legitimaci�n en la causa.
Es patente que aqu�lla es un presupuesto procesal, como ya se vio, en tanto que �sta es fen�meno sustancial que consiste en la identidad del demandante con la persona a quien la ley concede el derecho que reclama y en la identidad del demandado con la persona frente a la cual se puede exigir la obligaci�n correlativa��, (G.J.t.CXXXVIII,364/65). 6.4.
Se enfila el petitum del libelo a obtener la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual de los demandados Cayetano Verano Rodr�guez y Juan Herre�o Ca�as en relaci�n con el accidente de tr�nsito ocurrido el 17 de septiembre de 2005, en el cual result� involucrada la demandante Mercedes Mar�a Rodr�guez, producto del golpe causado por el automotor de placas SEA252, como el consecuente pago de los perjuicios materiales que de tal acto da�oso se derivaron.
Con el escrito genitor, se aport� el certificado de tradici�n del veh�culo de servicio p�blico de placas SEA252 CHK-618, marca Chevrolett, l�nea P-30-133, modelo 1984, expedido por la Secretar�a de Tr�nsito y Transportes de Bogot� D.C., en el que figuran como propietarios Cayetano Verano Rodr�guez y Marielina Cabra S�nchez, a su turno se alleg�, fotocopia del Informe Policial de Accidente de Tr�nsito 00125488 de fecha 17 de septiembre de 2005, estos deben valorarse probatoriamente de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 252 y 254 del C�digo de Procedimiento Civil, habida cuenta que no fueron redarg�idos de espurios. 6.5.
Las citadas documentales acreditan la legitimaci�n tanto activa como pasiva en los sujetos de la litis, pues est� claro que la demandante es victima de los sucesos acaecidos el 17 de septiembre de 2005 y el demandado Juan Herre�o Ca�as era conductor en tanto que Cayetano Verano Rodr�guez es titular del derecho de dominio de del automotor implicado en el in suceso, y que por tal raz�n la primera pod�a jur�dicamente exigir a los segundos el pago de los perjuicios que de all� se derivaron, previa la demostraci�n de los presupuestos legales.
Deviene por tal raz�n ajustado a derecho el juicio valorativo efectuado por la juez de primer grado, puntualmente en cuanto no hallar probado la falta de legitimaci�n en la causa por activa, pues la titularidad de la acci�n esta en cabeza de la demandante quien fue victima del accidente de transito. As� las cosas, cumple establecer la concurrencia de los presupuestos indispensables para la prosperidad de las pretensiones incoadas. 6.6.
Para que pueda imputarse responsabilidad aquiliana y consecuentemente condenar al pago de los perjuicios que con ella se hayan irrogado, deviene indispensable acreditar algunos elementos que por revestir un car�cter concurrente deben demostrarse �ntegramente, conllevando la ausencia de uno s�lo de ellos la improsperidad de las pretensiones en tal sentido deprecadas, estos que se sintetizan en: a) El da�o padecido con la ocurrencia del hecho; b) La culpa del autor del da�o, y c) La relaci�n de causalidad entre �sta �ltima y aqu�l. Con apoyo en lo prescrito por el art�culo 2356 del C�digo Civil, y en legislaciones for�neas, la doctrina cient�fica ha desarrollado la teor�a de la actividad peligrosa, definida como aqu�lla en que el hombre adem�s de su fuerza natural adiciona o se vale de determinados medios que la multiplican y lo ubican en situaci�n de superioridad con sus semejantes, quienes por tanto quedan expuestos a sufrir un da�o a�n cuando esta se ejecute observando todo el cuidado y diligencia que la misma exige, es decir, constituyendo o asumiendo a partir de su ejercicio una obligaci�n de resultado encaminada a vigilar, garantizar, y responder porque la incidencia da�ina que le es innescindible no se producir�.
Partiendo de dicha premisa se ha sostenido, que a la victima que demanda la indemnizaci�n de perjuicios causados en desarrollo, o como consecuencia de una de estas actividades, le basta con demostrar el da�o sufrido y la relaci�n de causalidad entre �ste y el proceder del causante del da�o, presumi�ndose la culpa en quien es agente de la actividad peligrosa, por ser �l quien con su obrar ha creado el estado de inseguridad de los asociados, presumi�ndose la culpa en quien es agente de la actividad peligrosa.
Al respecto tiene dicho la jurisprudencia, ��las actividades que identifica el art�culo 2356 mencionado, por v�a de ilustrativos ejemplos, implican la existencia de una obligaci�n legal de resultado, consistente en vigilar esa actividad, e impedir que ella por falta de control de quien se sirve o reporta beneficio, ocasione da�o, lo que permitir� deducir por v�a de una presunci�n, la infracci�n de la obligaci�n determinada de guarda��. 6.7.
En una primera instancia lo que se debe analizar es si existe responsabilidad por parte del conductor del veh�culo o por el contrario a �ste no es imputable responsabilidad alguna por el hecho acontecido. En este orden de ideas es necesario tener en cuenta el dolo y la culpa. As� el dolo implica que el hecho da�oso se comete con la intenci�n de inferir da�o a la persona o propiedad de otro.
Por el contrario la culpa implica que el hecho da�oso se ejecuta sin intenci�n de da�ar, aunque se trate de la m�s grave de las culpas. Adicionalmente, existe una barrera infranqueable a favor de la tesis de la responsabilidad culposa en caso de da�os causados por el ejercicio de actividades peligrosas. En efecto, el art�culo 2356 del C�digo Civil habla de da�os imputables a �malicia o negligencia�, lo que no deja opci�n distinta de la de la culpa con fundamento en dicha responsabilidad.
En consecuencia, de lo que se trata es de mejorar la situaci�n probatoria de la v�ctima, sin desconocer los textos legales. La jurisprudencia es un�nime: probado el v�nculo de causalidad entre la actividad peligrosa y el da�o, el demandado solo puede exonerarse demostrando una causa extra�a, la cual puede estar constituida por una fuerza mayor, caso fortuito, el hecho exclusivo de un tercero, o el hecho exclusivo de la v�ctima.
As� las cosas, nuestra jurisprudencia se ha equiparado desde el punto de vista probatorio a las llamadas �presunciones de responsabilidad� o de �pleno derecho�; en la actualidad, al demandado no le basta demostrar ausencia de culpa, pues solo rompiendo el v�nculo causal se libera de la obligaci�n de reparar. 6.8. En el sub-lite, no cabe duda acerca de la actividad peligrosa que vincula a los demandados JUAN HERRERA CA�AS y CAYETANO VERANO RODR�GUEZ, pues parte de la conducci�n y propiedad, respectivamente, del veh�culo automotor part�cipe en el accidente que motiva la demanda, probado esta que el conductor acept� no haber visto a la demandante al momento de girar el automotor a la derecha, solo escuchos los gritos de la personas transeuntes, amen, la declaraci�n de Cecilia Ballesteros Mogoll�n que corrobora lo dicho por el demandado, momentos en que se disponi�n en compa��a de la actora a cruzar la calle siendo envestida por el Bus de transporte p�blico.
En la copia del informe aportado con la demanda, de accidente acaecido el 17 de septiembre de 2005 a las 3:00 p.m., en el numeral de causas probables se se�ala como versi�n del conductor que estaba parado en el semanforo en rojo, cambi� el semaforo, arranque y hay fue cuando coji la se�ora yo no la vi (folio 27 del cuaderno original). Analizado el material probatorio enunciado, para la Sala no cabe duda que no est� demostrada la causal de exoneraci�n alegada por los demandados en cita, pues el accidente no puede atribu�rsele al accionar de la demandada, cuando todo indica que el veh�culo cruzo la calle estando el semaforo en rojo.
Entonces, los implicados no desvirturaron a trav�s de alg�n medio probatorio la presunci�n de culpa que se les enrostra, y menos, la ocurrencia de caso fortuito, fuerza mayor, la intervenci�n de un elemento extra�o al demandado o dolo o culpa exclusiva de la v�ctima. As� las cosas, en principio, se encuentran probados los presupuestos de la responsabilidad civil extra contractual en cabeza de los demandados. 6.9.
Ahora bien, el punto algido de la alzada se encamina a demostrar que la parte actora en compa��a de su apoderado judicial aceptar�n la indemnizaci�n integral ofrecida por Seguros del Estado S.A., por los hechos acaecidos materia de litis, desistiendo de responsabilidad civil a terceros. Pruebas en segunda instancia. Cuando se trate de apelaci�n de sentencia, las partes podr�n pedir pruebas, que se decretar�n �nicamente en los siguientes casos, seg�n art�culo 361 del C�digo de Procedimiento Civil: 1.
Cuando todas las partes las piden de com�n acuerdo; 2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidi�, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento; 3. Cuando versen sobre hechos acaecidos despu�s de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos; 4.
Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, y 5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar los documentos de que trata el numeral anterior. Con el criterio restringido que impone la enumeraci�n limitativa contenida en el citado art�culo 361, se referir� a continuaci�n la Sala a comentar somera y �nicamente la que es pertinente al caso, as�, en trat�ndose de prueba documental que no pudo aducirse en la primera instancia debido a circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, o si tal imposibilidad es obra de la parte contraria, adem�s, la parte interesada en que se decrete como prueba el documento que aduzca con fundamento en la causal 4a. del art�culo 361 ib�dem, deber� acompa�ar prueba sumaria de la circunstancia o circunstancias que le impidieron aducir la prueba en la etapa mencionada, lo cual es perfectamente razonable toda vez que es principio del derecho colombiano en que ense�a que la fuerza mayor o el caso fortuito o la intervenci�n de un tercero deben ser probados por quien los alega. 6.10.
En el caso de autos observa la Sala que los documentos aducido por el apoderado de la parte demandada y acompa�ados al escrito de sustentaci�n del recurso de apelaci�n por �l interpuesto, no fue solicitado como prueba en la primera instancia ni ordenado tener como tal por el aquo, empero, no obstante fundarse su aportaci�n en esta instancia en la causal cuarta del citado art�culo, se acompa�� la prueba sumaria del hecho u obra de la parte contraria, que impidi� a los implicados aducir los documentos visibles al folios 171 a 174 del cuaderno principal y que esta Sala orden� allegarlos como prueba de oficio, art�culo 180 del Estatuto Procesal Civil.
M�s, se expres�, era deber del procurador judicial de la demandante poner en conocimiento del Juez de instancia la aceptaci�n de indemnizaci�n integral por los da�os causados en accidente ocurrido el pasado 17 de septiembre de 2005, por valor de $2.500.000.oo, ofrecimiento aceptado por el abogado defensor y recibido por la demandante a trav�s de cheque el 8 de abril de 2008.
El rigorismo que ejerce frente a la aducci�n dedocumentos en fotocopia o copia simple, se considera necesario traer a colasi�n lo previsto por el art�culo 11 de la Ley 446 de 1998, precepto que al reglar sobre la autenticidad de documentos dispuso que: "En todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputar�n aut�nticos, sin necesidad de presentaci�n personal.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relaci�n con los documentos emanados de terceros". El texto anterior involucra dos conceptos distintos para darle connotaci�n probatoria a un documento privado, uno la autenticaci�n, y el otro, la presentaci�n personal, con lo cual modific� expresamente, en primer lugar, el art�culo 279 del Rito Procesal Civil, en cuanto �ste s�lo le daba al documento privado igual valor que al documento p�blico si estaba autenticado, y al desprovisto de autenticidad le conced�a el m�rito de prueba sumaria, si hab�a sido suscrito ante dos testigos.
Pero esta innovaci�n legislativa no solo reform� el citado art�culo 279 del CPC, sino que tambi�n lo hizo respecto del 254 Ib�dem, pues le dio pleno valor a las copias, porque debe entenderse que un documento privado desprovisto de autenticaci�n y de presentaci�n personal, puede estar contenido en una copia o en una fotocopia simple. En ese orden, se impone afirmar que no hay raz�n para que dicho criterio no se le aplique a los documentos aportados por el demandado, si se aporta al proceso en copia o fotocopia simple, con la aspiraci�n de servir de prueba, de suerte, y en obedecimiento a lo consagrado por el art�culo 11 de la Ley 446 de 1998, la copia o fotocopia simple agregada tiene pleno valor probatorio lo contenido en ellos. 6.11.
Puestas as� las cosas, y como quiera que en trat�ndose de documentos de naturaleza dispositiva y representativa, su valor probatorio depender� de la autenticidad, por consiguiente, mientras se tenga certeza sobre qui�n es el autor del documento, se le podr� dar cr�dito a su contenido, en los t�rminos de los art�culos 258 y 264 del C�digo de Procedimiento Civil, e indefectible es que la indemnizaci�n ofrecida y pagada por la aseguradora de los demandados fue acepta y recibida por el abogado de la demandante, previo a dictar el correspondiente fallo, hecho que no se puso en conocimiento de la se�ora Juez a quo, se revocar� la s�plica relativa a la declaratoria de responsabilidad de los demandados, acometiendo enseguida el declive de las pretensiones. 7.
DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, en SALA DE DECISI�N CIVIL, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,
RESUELVE
7.1. REVOCAR la sentencia proferida dentro del presente asunto el 13 de mayo de 2009, por el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot�, disponiendo en su lugar: 7.2. DETERMINAR que no prosperan las excepciones de m�rito de FALTA DE LEGITIMACI�N EN LA CAUSA POR ACTIVA PARA INSTAURAR LA ACCI�N, COBRO DE LO NO DEBIDO DE ACUERDO AL SINIESTRO SUCEDIDO y LAS GEN�RICAS QUE SE LLEGUEN A CONFIGURAR Y DEMOSTRAR EN EL PRESENTE PROCESO, propuestas por los demandados. 7.3.
DECLARAR probado el desistimiento de responsabilidad civil a terceros aceptado por la actora a trav�s de apoderado, como hecho extintivo del derecho sustancial sobre el cual versa el litigio, en aplicaci�n del inciso tercero del art�culo 305 del C�digo de Procedimiento Civil. 7.4. NEGAR las pretensiones de la demanda. 7.5. CONDENAR en costas de las dos instancias a la parte demandante.
Liqu�dense conforme al art�culo 393 del C�digo de Procedimiento Civil. 7.6. DEVOLVER el expediente a su Despacho de origen. Of�ciese y d�jese constancia. NOTIF�QUESE, CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA Magistrada LUZ MAGDALENA MOJICA RODR�GUEZ Magistrada CARLOS JULIO MOYA COLMENARES Magistrado Folios 46 a 49 del cuaderno principal. Folio 28 del cuaderno 1. Folios 26 y 27 del cuaderno principal. Corte Suprema de Justicia, Casaci�n Civil agosto de 1995, p.m. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Exigiendo causa extra�a puede verse, entre otras muchas, cas., 17 abril 1970, �G.J�., t. LXXXIV, p�g. 41;
Tribuna Superior de Medell�n, 29 de marzo 1979, en jurisprudencia civil 1979, t. III, p�g. 1979; cas., 27 abril 1972, �G.J�, t. CLXII, p�gs. 173 y 174, Jurisprudencias citadas por Tamayo Jaramillo, obra citada, p�gina 262. Ordinario 200700048 01 PAGE PAGE 17 5678FGI�����������������̵훵�tcRAtAtAtctct h�o�hJ^CJOJQJ^JaJ h�o�h!CCJOJQJ^JaJ h�o�h;X�CJOJQJ^JaJ h�o�h�/CJOJQJ^JaJ+h�o�h�r�5�CJOJQJ^JaJmH sH 2j�.�I h�o�h�r�5�CJOJQJUV^JaJ,jh�o�h�r�5�CJOJQJU^JaJ#h�o�h�o�5�CJOJQJ^JaJh�r�5�CJOJQJ^JaJ#h�o�h�r�5�CJOJQJ^JaJ67JKs������; � � � � Z [ ����������������������$����dh^�`���a$gd;X� $dha$gd!C $dha$gd;X� $dha$gd�.~ $dha$gd�r��o�qrr��������� &:;
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