01 2008 00030 01. · Tribunal de Bogotá

��ࡱ�>�� bjbjs�s� ;�� 8Nl�d�1�(F"hhhCCCI1K1K1K1K1K1K1$�3�`6to1�CC��o1hh��1�&�&�&��hhI1�&�I1�&�&g)�)h��p�ʯ{��X^)51�10�1�),�6��6�)�)"�6�)`C>�,�&�$��CCCo1o1h "CCC�1��6CCCCCCCCC� �: Rep�blica de Colombia Rama Judicial del Poder P�blico EMBED PBrush TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT� SALA CIVIL DE DECISI�N Bogot�, D.C., primero (1�) de marzo de dos mil doce (2012).

REF.: ORDINARIO. GONZALO D�AZ CAMPOS Y OTROS contra SEGUROS COMERCIALES BOL�VAR S.A. Y BANCO DAVIVIENDA S.A. Radicaci�n n�m. 01 2008 00030 01. Magistrada Ponente Dra. LIANA A�DA LIZARAZO V. Discutido y aprobado en la Salas del 15 y 22 de febrero de 2012. Procede la Sala a resolver el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil once (2011), proferida por el Juzgado Primero (1�) Civil del Circuito en el asunto del ep�grafe.

ANTECEDENTES 1. Virginia Campos de D�az, Mar�a Guerthy D�az Campos, Gonzalo O. D�az Campos y Oscar Armando D�az Campos (actuando en nombre propio y como apoderado de los dem�s demandantes), demandaron a Seguros Comerciales Bol�var S.A. y a Banco Davivienda S.A., para que previos los tr�mites de un proceso ordinario de mayor cuant�a se hicieran los siguientes pronunciamientos: - Se declare que Seguros Comerciales Bol�var S.A. y Banco Davivienda S.A. deben pagar, en forma solidaria y mancomunadamente a los actores, la suma de $200.000.000 millones de pesos, valor equivalente al seguro de vida en la persona de Gonzalo D�az Cubillos, junto con los respectivos intereses corrientes desde la fecha de la presentaci�n de la demanda y hasta que se verifique su pago. - Se condene en costas del proceso a las sociedades aqu� demandadas. 2.

La parte actora fundament� sus pretensiones en la siguiente versi�n de los hechos: 2.1. La Corporaci�n Financiera Davivienda � hoy Banco Davivienda S. A. � le aprob� al se�or Gonzalo D�az Cubillos (q.e.p.d.) el cr�dito hipotecario No. 16 04832 4. Como requisito para la obtenci�n del pr�stamo, la entidad financiera le exigi� al referido deudor que firmara la p�liza de seguro de vida No. DE-206, expedida por la Compa��a de Seguros Comerciales Bol�var S.A., la cual garantizaba, en caso de fallecimiento del asegurado, el pago del valor total del cr�dito adquirido o, en su defecto, el saldo de dicha obligaci�n a favor de la Corporaci�n Financiera Davivienda al momento de presentarse el siniestro. 2.2.

Gonzalo D�az, como asegurado, pag� normal y cumplidamente el valor de la prima del seguro, pues al momento de cancelar la cuota mensual del cr�dito a la entidad financiera aquel rubro era incluido en la respectiva liquidaci�n de cada instalamento, conducta que realiz� hasta el mes de diciembre de 1996, mes y a�o en el cual falleci� como consecuencia de un infarto agudo al miocardio, tal como se constata en el registro de defunci�n No. 1808489. 2.3.

Virginia Campos de D�az � esposa del se�or Gonzalo � reclam� al Banco Davivienda para que �ste, como tomador de la p�liza, realizara los tr�mites tendientes a obtener el pago del valor asegurado por parte de la Compa��a Seguros Comerciales Bol�var, y as� amortizar el total o saldo de la deuda. La entidad bancaria contest�, mediante comunicaci�n de fecha 20 de octubre de 1997, informando que una vez realiz� la correspondiente gesti�n ante la aseguradora esta hab�a dado respuesta negativa al pago del monto amparado y que, en consecuencia, la obligaci�n hipotecaria segu�a vigente. 2.4.

Fue presentada la correspondiente reposici�n ante la entidad financiera Davivienda, de suerte que reconsiderara la decisi�n adoptada por la compa��a de seguros con base en el art�culo 1160 del C�digo de Comercio. La aseguradora, en comunicaci�n de 27 de enero de 1998, dirigida a la se�ora Virginia Campos, ratific� su decisi�n argumentando que al momento de firmarse la p�liza de seguro de vida el se�or Gonzalo D�az no comunic� que se le hab�a diagnosticado hipertensi�n arterial desde el a�o de 1986 y que, por tal omisi�n, incurri� en una declaraci�n reticente que conllevaba a la nulidad del contrato, argumento que sustent� con base en el en art�culo 1058 del C�digo de Comercio. 2.5.

El hoy Banco Davivienda en ning�n momento opt� por entrar a demandar a la Compa��a de Seguros Comerciales Bol�var, la primera como tomadora y beneficiaria del seguro y la segunda como aseguradora, no obstante existir normas expresas para obtener el pago de la p�liza, amplia jurisprudencia sobre el tema y variedad de doctrina relacionada con este aspecto jur�dico. 2.6.

El cr�dito hipotecario continu� vigente, como quiera que la denegaci�n del pago de la p�liza se produjo 13 meses despu�s de haberse presentado el fallecimiento del deudor, incluso, la entidad crediticia ya hab�a iniciado el correspondiente proceso ejecutivo que finaliz� con el remate del inmueble identificado con matr�cula inmobiliaria 350-0045974 de la ciudad de Ibagu�. 2.7.

Las sociedades demandadas guardan nexos comerciales en trat�ndose de cr�ditos hipotecarios, pues el Banco Davivienda exige, para estos menesteres, que se firmen p�lizas �nicamente con Seguros Comerciales Bol�var. 2.8. El 1� de febrero de 1999 se le propuso al Banco Davivienda que recibiera, a t�tulo de daci�n en pago, el inmueble hipotecado, toda vez que para ese momento la deuda ascend�a a tres veces el monto que recibi� el deudor por el pr�stamo en 1996.

La respuesta de la entidad financiera acreedora, de fecha 18 de febrero de 1999, consisti� en informar que no era viable esa propuesta pues deb�a iniciarse previamente el proceso de sucesi�n, por lo que continu� con el tr�mite ejecutivo hasta rematar y adjudicar el predio hipotecado. La actuaci�n surtida 3. El conocimiento del asunto le correspondi� al Juzgado Primero Civil del Circuito, quien en auto de 7 de febrero de 2008 admiti� a tr�mite la demanda (fl. 44 c.1). 3.1.

Debidamente enterado del anterior prove�do, Seguros Comerciales Bol�var S.A. contest� el libelo oponi�ndose a las pretensiones de la demanda y formul� las excepciones de m�rito que denomin�: i) Falta de legitimaci�n en la causa por pasiva; y, ii) Prescripci�n de la acci�n derivada del contrato de seguro (fl. 61. cd. 1). Por su parte, el Banco Davivienda S. A., en su responsiva al escrito inicial, tambi�n se opuso a las s�plicas de la parte actora y propuso los medios defensivos de: i) Falta de legitimaci�n por activa de la parte demandante; ii) Inexistencia de culpa en el proceder del Banco Davivienda S.A.; iii) Inexistencia del v�nculo causal o nexo causal entre el supuesto da�o y el proceder del Banco Davivienda S.A.; iv) Falta de causa petendi; v) Inexistencia de actos positivos de la demandada para que se pretenda el pago de perjuicios; y, v) Culpa absoluta de la v�ctima que genera nulidad del contrato sustentado en reticencias o inexactitudes al informar los hechos configurativos del riesgo asegurable. 3.2.

Convocadas las partes a la audiencia prevista en el art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil, se declar� fracasada por ausencia de �nimo conciliatorio (fls. 112-113 cd.1). 3.3. Agotada la etapa probatoria y corrido el traslado para alegar de conclusi�n � derecho del que hicieron uso las partes �, la juez a quo dict� sentencia en la que declar� la falta de legitimaci�n por pasiva tanto del Banco Davivienda S.A. (oficiosamente) como de Seguros Comerciales Bol�var S.A. (acogi� la excepci�n propuesta en tal sentido), por lo que conden� en costas a la parte demandante (fls. 208-222 cd.1).

II. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 4. Como fundamentos del fallo apelado, la sentenciadora tuvo en cuenta los siguientes argumentos: 4.1. Es evidente que los actores pretenden ejercer la acci�n derivada del contrato de seguro, en tanto que consideran infundada la objeci�n de pago del siniestro por parte de la Aseguradora Bol�var, raz�n por la cual reclaman judicialmente a los demandados que cancelen el valor asegurado y los perjuicios irrogados por tal circunstancia. 4.2.

Los demandantes acreditaron su calidad de c�nyuge e hijos del se�or Gonzalo D�az Cubillos (q.e.p.d.), por ende, como herederos, est�n legitimados en la causa, es por ello que la excepci�n formulada por el Banco Daviviensa S.A. sobre el particular est� llamada al fracaso. 4.3. Por otra parte, hay serios reparos en lo que ata�e a la legitimaci�n en la causa por pasiva del Banco Davivienda S.A. � afirm� el a quo �, pues dicho ente financiero intervino en el contrato de seguro grupo deudores DE-206 en calidad del tomador y beneficiario mas no como aseguradora.

En efecto, al ser el fin del libelo el pago del valor asegurado en la p�liza, es claro que no se justifica de ninguna manera ni tiene soporte f�ctico o legal la intervenci�n o llamado judicial que se hiciera al Banco de Davivienda S.A como sujeto pasivo de la acci�n, pues �ste, al tenor del contrato de seguro, no est� obligado a responder de llegarse a acceder a las s�plicas de la demanda. 4.4.

La Compa��a de Seguros Comerciales Bol�var formul� como excepci�n de m�rito la �falta de legitimaci�n en la causa por pasiva�, por cuanto afirm� que no fue ella quien emiti� la p�liza de seguro de vida �deudores� No. DE-206. Al respecto � consider� la sentenciadora � la declaraci�n de asegurabilidad, el an�lisis y liquidaci�n de indemnizaciones, y las condiciones generales de la p�liza son documentos por los cuales se determina que quien realmente obr� como asegurador fue la Compa��a de Seguros Bol�var S.A., la que adem�s objet� la reclamaci�n de pago del valor asegurado, persona jur�dica totalmente distinta a la aqu� demandada Seguros Comerciales Bol�var S.A., por lo que la demanda fue dirigida en contra de una sociedad que no actu� como parte del contrato de seguro que sirve como sustento de la acci�n, punto que determina la falta de legitimaci�n en la causa.

III. LA APELACI�N 5. El apoderado judicial de los demandantes impugn� oportunamente el fallo buscando su revocatoria, y sustent� el recurso � en diligencia de que trata el art. 360 del C. de P. C. � en los t�rminos que a continuaci�n se compendian: 5.1. El juez de primera instancia no tuvo en cuenta que las partes del contrato de seguro son Davivienda y la aseguradora demandada, por ende, lo pretendido por los demandantes �terceros� no puede dilucidarse bajo los auspicios del C�digo de Comercio, sino en los t�rminos del C�digo Civil para el resarcimiento de da�os y perjuicios.

Estos �ltimos se produjeron en tanto que el Banco Davivienda, como beneficiario y tomador de la p�liza, debi� ce�irse a ejecutar los actos de reclamaci�n de la aseguradora y exigirle que demostrara sus razones para sustraerse del pago de la indemnizaci�n y, con ello, negociar el desembolso del valor asegurado a voces del art�culo 1058 del C�digo de Comercio, aunado a la posibilidad de plantear la prescripci�n de este �ltimo supuesto conforme al art�culo 1160 de la misma normatividad, lo cual no hizo, sino que por el contrario inici� la ejecuci�n hipotecaria en contra de los deudores, circunstancia que legitima por pasiva a la entidad bancaria demandada. 5.2.

Del interrogatorio al representante del Banco Davivienda se extracta que no hubo reclamaci�n por cobro de seguro de vida, sino solo la informaci�n de la muerte del se�or Gonzalo D�az para que se tramitara el pago de la hipoteca en uso de la p�liza. Igualmente dej� claro que Seguros Comerciales Bol�var no le entreg� ninguna nota decretando la nulidad relativa de la p�liza ni le plante� pagos con reducci�n del valor por errores en las declaraciones del estado del riesgo. 5.3.

As�, los demandados, como buenos amigos y socios � afirm� el recurrente � se dieron la mano y acordaron no pagar el seguro, por lo que Davivienda no hizo uso de sus herramientas jur�dicas para obtener la indemnizaci�n del riesgo asegurado, sino que se contrajo a rematar la casa hipotecada. 5.4. Dentro del proceso nunca se anex� la historia cl�nica del se�or Gonzalo D�az, esto es, no se prob� la reticencia, por lo que las demandadas estaban en la obligaci�n de efectuar todos los tr�mites con miras al pago del siniestro.

Ahora, mediante Resoluci�n 2169 de 12 de diciembre de 2007, la Superintendencia Financiera de Colombia aprob� la escisi�n de Seguros Bol�var, Seguros Comerciales Bol�var y Capitalizadora Bol�var S.A., figura jur�dica que es simplemente la uni�n econ�mica y de infraestructura para el desarrollo de un prop�sito, por lo que todas ellas corresponden a un mismo grupo empresarial. 6.

El gestor judicial del Banco Davivienda defendi� la siguiente postura: 6.1. La demanda tiene un problema de estructura, pues no define si las pretensiones versan sobre una responsabilidad contractual o extracontractual, por lo que habr�a que interpretarla, entendiendo que es la primera de las aludidas el cauce en el que han de desarrollarse las s�plicas del libelo, esto es, un reclamo sobre el contrato de seguro, as� la contraparte ahora diga que eso no es lo que se est� demandado. 6.2.

As�, en el marco del seguro de deudores, que es lo que ocurre en este proceso, es claro que los demandantes no son parte, por lo que no pueden exigir una responsabilidad contractual. 6.3. No existe una sola prueba indicativa de que el Banco Davivienda incumpli� los deberes que ten�a en las dos relaciones jur�dicas negociales (contrato de mutuo y p�liza de seguro de vida deudores), raz�n por la cual no puede ser condenada en tal sentido. 6.4.

Por otro lado, si bien dos o m�s personas jur�dicas pueden constituir holding o grupos empresariales, estos tienen una estructura de car�cter econ�mico m�s no de car�cter jur�dico, y a la hora de ser demandadas o de demandar, cada una conserva su identidad personal y son sujetos jur�dicos independientes. 6.5. La m�nima diligencia y cuidado de los demandantes era revisar el contrato y confirmar quien fue la persona jur�dica que lo firm�, y resulta que Seguros Comerciales Bol�var S.A. nunca pudo ser parte de esa p�liza por la pot�sima raz�n de que el objeto social y la raz�n de su creaci�n era para asegurar cosas y no personas, sin que la misma entidad aseguradora pueda amparar ambos supuestos, en tanto que el estatuto financiero lo proh�be. 7.

La apoderada judicial de Seguros Comerciales Bol�var S.A., expuso: 7.1. Seguros Comerciales Bol�var no suscribi� la p�liza, toda vez que esta s�lo expide seguros de da�os, por lo que, en los lindes de una responsabilidad contractual, no se demand� a quienes realmente estaban legitimados por pasiva, por ende, la consecuencia no puede ser otra que la desestimaci�n de su pretensiones, qued�ndole vedado al juez proferir decisiones ultra o extra petita, o simplemente corregirle los yerros al actor negligente o desconocedor de la acci�n impetrada.

IV. CONSIDERACIONES 1. Sea lo primero advertir que la s�plica del libelo genitor expuesta en los antecedentes de esta providencia judicial se soport� en el art�culo 1137 y siguientes del C�digo de Comercio, esto es, la normatividad referente al seguro de personas, buscando a trav�s de este asunto que se condene al Banco Davivienda S.A. y a Seguros Comerciales Bol�var S.A., solidariamente, al reconocimiento y pago de la suma de $200.000.000 como monto objeto de amparo de la p�liza colectiva de vida �deudores� No. DE-206, y dem�s perjuicios irrogados a los demandantes. 2.

En ese orden, n�tese que, contrario a lo alegado por ambos extremos de la litis, los demandantes si tienen legitimaci�n en la causa en el marco de una responsabilidad contractual como la aqu� deprecada en tanto que, como lo dijera el sentenciador de primer grado, se insta al pago de la indemnizaci�n contenida en el contrato de seguro b�culo de la acci�n. En efecto, es asunto pac�fico entre las partes la existencia de la p�liza colectiva de vida �deudores� No. DE-206 sobre la cual versa el sub lite, y en la que se indic� como deudores hipotecarios asegurados a Virginia Campos de D�az y Gonzalo D�az Cubillos (q.e.p.d.).

Trat�ndose de esta clase de seguros, la legislaci�n colombiana delimita en el art�culo 1137 del C�digo de Comercio el inter�s asegurable, como elemento esencial del contrato, identific�ndolo en la vida de una persona bajo un doble enfoque legal: 1.- En la propia vida; 2.- En la vida de un tercero. La viabilidad jur�dica del inter�s asegurable en el seguro sobre la vida de un tercero se halla circunscrita solo a dos hip�tesis: 1.- En la de un eventual alimentante; 2.- En la vida de la persona cuya muerte o incapacidad pueden aparejar al tomador un perjuicio econ�mico.

En el caso concreto, el tomador del seguro de vida de grupo fue el Banco Davivienda S.A., siendo asegurados los deudores de �ste, para el caso concreto � se itera � Virginia Campos de D�az y Gonzalo D�az Cubillos, quien falleciera el 18 de diciembre de 1996. Ahora bien, nadie distinto al beneficiario puede demandar la prestaci�n para s� so pena de infringir el principio de la relatividad de los contratos, sin que ello impida que terceros con inter�s jur�dico como los herederos y la conyugue sup�rstite (tambi�n asegurada), puedan exigir a la aseguradora que cumpla con el pago del seguro, pues su no cancelaci�n los perjudica.

De all� que la Corte Suprema de Justicia haya dicho: �El inter�s asegurable que en este tipo de contratos resulta relevante se halla en cabeza del deudor, as� sea que al acreedor tambi�n le asista un inter�s eventual e indirecto en el seguro de vida grupo deudores. En ese sentido, debe aclararse que, en principio, podr�a presentarse una concurrencia de intereses que, aunque no son excluyentes, tampoco tienen correspondencia exacta: de un lado, se presenta un inter�s directo del propio deudor para que no se vea afectado �l mismo en caso de incapacidad f�sica, o sus herederos con la transmisi�n de una deuda a causa de la muerte; y de otro, puede haber un inter�s indirecto del acreedor, quien pretende sustraerse de los efectos y las vicisitudes de la sucesi�n por causa de muerte, en procura de obtener de manera inmediata el pago; este �ltimo inter�s tiene su g�nesis en el art�culo 1083 del C�digo de Comercio, que ense�a que �tiene inter�s asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la realizaci�n de un riesgo�, as� como en el art�culo inciso 2� del numeral 3� del art�culo 1137, el cual expresa que �toda persona tiene inter�s asegurable: 3. en la [vida] de aqu�llas cuya muerte o incapacidad pueden aparejarle un perjuicio econ�mico, aunque �ste no sea susceptible de una evaluaci�n cierta�.

Sin embargo, el inter�s que en estos contratos resulta predominante -se recalca- pertenece al solvens, pues si se sobrepusiera el eventual inter�s que podr�a inspirar al acreedor, el seguro tornar�ase como uno de cr�dito y escapar�a a la regulaci�n normativa que viene de mencionarse�( se resalta). 3. Sentado lo anterior, no existe duda que los lindes de la responsabilidad civil impetrada con la demanda � como bien lo precis� el a quo � son de car�cter contractual a voces de la jurisprudencia citada, en tanto que los demandantes acreditaron sus calidades de c�nyuge e hijos del fallecido se�or Gonzalo D�az Cubillos (fls. 14, 26, 28, 29 y 30 cd. 1); por ende, todos los alegatos de las partes que sobre el particular hicieron en la audiencia de alegaciones realizada en esta instancia no tienen asidero. 4.

Ahora bien, la sentencia de primera instancia concluy� que las sociedades demandadas no tienen legitimaci�n en la causa por pasiva, raz�n primordial por la que deneg� las pretensiones del libelo inicial y que constituye el tema basilar de las inconformidades de la parte apelante. En ese orden, desde el p�rtico se avizora la improsperidad de la alzada, pues � como bien lo indic� el a quo � ninguna de las dos sociedades demandadas tiene legitimaci�n en la causa, en tanto que Davivienda no es la obligada al pago del seguro y, a lo sumo, lo ser�a de adelantar las diligencias para obtenerlo de la aseguradora; y Seguros Comerciales Bol�var por cuanto no figura en la p�liza como asegurador.

En efecto, siguiendo los lineamientos de la p�liza de seguro objeto del sub lite (fl. 68 cd. 1), no existe duda de que la Corporaci�n de Ahorro y Vivienda Davivienda � hoy Banco Davivienda S.A. � obra all� como tomadora y beneficiaria de la p�liza, esto es, quien contrat� con la aseguradora el amparo del riego y como destinataria del pago de la indemnizaci�n, en caso de que alguno de los deudores del cr�dito hipotecario (Gonzalo D�az y Virginia Campos) falleciera y dejaran de cumplir con su obligaci�n crediticia. En consecuencia, no puede pretenderse ahora que dicha entidad financiera responda por una obligaci�n que contractualmente no est� a su cargo, pues resulta claro que al tenor del art�culo 1037 del C�digo de Comercio es la aseguradora quien � si se encuentran reunidas todas las condiciones de la p�liza � asume los riesgos y, por ende, estar�a obligada al pago de la correspondiente indemnizaci�n. 5.

No obstante, y habida cuenta de la legitimaci�n por activa que le asiste a los demandantes conforme se indic� al inicio de estos considerandos, habr�a que analizar si hubo negligencia, por parte del Banco Davivienda, en la ejecuci�n de sus obligaciones contractuales emanadas de la p�liza de seguro en cuesti�n, y si en el evento de haberse comprobado tal conducta �sta caus� perjuicios a la parte actora.

Siguiendo el derrotero que antecede, ha de decirse que el reproche del censor � sobre el particular � contra el fallo de primera instancia radic�, principalmente, en que el Banco Davivienda no efectu� la reclamaci�n del pago del siniestro, ni hizo uso de las herramientas jur�dicas previstas en los art�culo 1058 y 1160 del C�digo de Comercio, sino que se limit� a iniciar la ejecuci�n hipotecaria y la continu� hasta el remate del bien inmueble all� comprometido.

Pues bien, obra en el plenario comunicaci�n del Banco Davivienda, de fecha 20 de octubre de 1997, en la que le informa a la se�ora Virginia Campos que la Aseguradora neg� la reclamaci�n del seguro por la muerte del se�or Gonzalo D�az (fl. 15 cd. 1). Asimismo, obra a folios 18 a 19 del cuaderno principal respuesta a la solicitud de reconsideraci�n para el pago de la indemnizaci�n por parte de Compa��a de Seguros Bol�var, la cual refiere que la negativa del desembolso se sustent� en la reticencia, por parte del asegurado Gonzalo D�az, de que tuvo tres infartos al miocardio en los a�os de 1982 y 1986, y que le hab�a sido diagnosticada hipertensi�n arterial desde el a�o de 1986.

De lo que antecede emerge, pese a lo austero de la evidencia documental, que el Banco Davivienda S.A. si efectu� la reclamaci�n de pago del siniestro, pues al margen de cualquier disquisici�n sobre las circunstancias concretas de tal pedimento a la aseguradora, lo cierto es que de aqu�llas probanzas se infiere que �sta objet� la misma alegando reticencia, circunstancia indicativa de una conducta anterior por parte del tomador-beneficiario sobre el particular, aunado a una posterior solicitud de reconsideraci�n la cual tambi�n fue negada.

Ahora bien, el art�culo 1058 del C�digo de Comercio prev�: �Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no ser� nulo, pero el asegurador s�lo estar� obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestaci�n asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el art�culo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_comercio_pr035.html" \l "1160" \t "_blank" 1160�.

De la norma transcrita se desprende, sin temor a equ�voco, que tal supuesto se aplica siempre y cuando la inexactitud o reticencia provengan de un error inculpable del tomador, aspecto que tambi�n se predica en aplicaci�n de lo preceptuado en el art�culo 1160 del C. de Co., en tanto que el canon arriba anotado hace remisi�n expresa a este �ltimo, por lo que su interpretaci�n es sistem�tica.

En consecuencia, le correspond�a al tomador-beneficiario del seguro acreditar tal circunstancia, siendo ese su inter�s en tanto busque las consecuencias de tal premisa legal. Empero, si bien esa carga se predicar�a, en principio, a cargo del Banco Davivienda, lo cierto es que los demandantes ten�an el inter�s asegurable y la facilidad probatoria para contradecir lo dicho por la aseguradora, habida cuenta que la reticencia alegada por �sta radic� principalmente en la salud del se�or Gonzalo D�az, esto es, su historia cl�nica, luego entonces qui�n mejor para demostrar lo contrario que sus herederos y c�nyuge, de lo cual no se observa en el plenario probanza alguna en tal sentido.

Por ende, no puede ahora la parte actora reprochar alg�n tipo de negligencia a la entidad bancaria demandada, en tanto que, teniendo inter�s asegurable, ni ella misma ejerci� actos demostrativos tendientes a enervar la objeci�n a la reclamaci�n impetrada por la aseguradora. Conforme a lo hasta aqu� discurrido, claro resulta que no obra en el expediente elemento de juicio por el cual se haya acreditado alg�n tipo de responsabilidad por parte del Banco Davivienda, supuesto que le incumb�a probar al extremo actor, y que al no hacerlo es indudable un resultado desfavorable a sus pretensiones (art. 177 del C. de P. C.).

Y es que en ning�n modo puede endilg�rsele alg�n tipo de responsabilidad a la referida entidad bancaria, pues en virtud del inter�s asegurable los demandantes pod�an ejercer todos aquellos actos propios de la reclamaci�n y dem�s actuaciones judiciales sobre la p�liza, por ende, pod�an soslayar cualquier tipo de perjuicio que se les pudiera irrogar simplemente ejerciendo, mutuo propio, las acciones legales pertinentes. 6.

Por otro lado, no existe duda que las pretensiones de los demandantes tambi�n fueron dirigidas en contra de Seguros Comerciales Bolivar S.A., en punto tal que como anexo al libelo genitor se alleg� el certificado de existencia y representaci�n legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se detalla la raz�n social de esa aseguradora y los ramos que son objeto de amparo � seguros de da�os � (fls. 9-10 cd. 1).

Cabe precisar que la parte actora en ning�n momento reform� � adicion� la demanda, por lo que la litis se adelant� en contra de las ya referidas sociedades demandadas. Descendiendo al caso objeto de estudio, est� acreditado que quien realmente suscribi� la p�liza fue la Compa��a de Seguros Bolivar S.A., cuyo certificado de existencia y representaci�n legal (fl. 47 cd. 1) indica no solo � como bien lo indic� la juez de primera instancia � que la escritura p�blica de su creaci�n es diferente a la de Seguros Comerciales Bol�var S.A., sino tambi�n que el ramo asegurador que atienden es totalmente distinto a esta, pues aqu�lla atiende el ramo de seguros de personas.

As� las cosas, es protuberante el error en el que incurri� la parte actora al dirigir sus pretensiones en contra de una aseguradora que no fue parte en el contrato de seguro, aspecto insalvable en tanto que era a ella quien le correspond�a la carga de impetrar el libelo inicial contra el realmente legitimado en la causa por pasiva, sin que en ning�n momento � se itera � haya reformado o adicionado el escrito introductor. 7.

Por �ltimo, tampoco son de recibo aquellas afirmaciones de la censura referentes a que Seguros Comerciales Bol�var S.A. y Compa��a de Seguros Bol�var S.A., pertenecen al mismo grupo empresarial y que, al haberse suscrito la p�liza con anterioridad a la escisi�n de dichas sociedades, indistintamente deben responder por el amparo del riesgo asegurado, pues lo cierto es que, como se dijo en p�rrafos precedentes, dichas sociedades fueron creadas mediantes actos escriturales en fechas y por razones totalmente distintas, amparando riesgos del sector asegurador evidentemente dis�miles.

Asimismo, tal no consisti� en que de una se escindiera la otra, pues la verdad de las cosas es que la resoluci�n No. 2167 de 2007, proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en un solo pronunciamiento, autoriz� la formalizaci�n de tres nuevas sociedades beneficiarias, cada una naciente de tres sociedades diferentes, esto es, Inversiones Bol�var como beneficiaria de Seguros Bol�var S.A., Invercomerciales S.A. como beneficiaria de Seguros Comerciales Bol�var S.A., e Invercapi S.A. como beneficiaria de Capitalizadora Bol�var S.A. En punto de lo anterior, la doctrina especializada ha sido clara en dilucidar la importancia de demandar correctamente a la empresa aseguradora, indicando como el argumento del grupo empresarial no es �bice para exonerarse de elaborar una demanda dirigida en contra de quien realmente est� llamado a responder en los siguientes t�rminos: �Del somero an�lisis del texto transcrito� [se refiere al art. 1047 del C. de Co.] �se observa que el contenido de la p�liza parcialmente est� determinado por la ley y en parte se deja a libertad contractual.

En efecto, por la disposici�n en cita la p�liza debe contener necesariamente la raz�n social del asegurador (n�m. 1), requisito que es de importancia porque en el medio asegurador se acostumbra constituir empresas con razones sociales muy similares pero por completo diferentes por tratarse de personas jur�dicas diversas; de ah� que apareciendo claramente en el contrato, como es obligatorio, la raz�n o denominaci�n social del asegurador se gu�a a quienes tienen que ver con el acuerdo para efectos obtener pruebas de la existencia y representaci�n legal cuando a ello hubiere lugar, aspecto frente al cual debe tenerse el m�ximo cuidado pues no pocos son los casos en los cuales se demanda a personas jur�dicas distintas de la aseguradora y sin que sea atenuante para disculpar tal falla la similitud de razones sociales o el pertenecer al mismo grupo de empresas, puesto que su responsabilidad civil es enteramente diversa, as� como lo es la de dos hermanos o dos personas con nombres parecidos.

Para citar un ejemplo real que ilustra lo anterior, en el mercado de los seguros de personas existe una empresa denominada seguros Bol�var S.A., pero como es obligaci�n que el ramo de seguros de da�os sea trabajado por otra diferente se cre� la denominada Seguros Comerciales Bol�var S.A.; bien claro est� que si para efectos de demandar para el pago de un seguro de vida se dirige libelo contra Seguros Comerciales Bol�var S.A. es evidente el error en que se ha incurrido pues esta empresa no puede contratar tal clase y el hecho de que pertenezcan a un mismo grupo econ�mico en nada incide, pues la autonom�a de la persona jur�dica impide dirigirse indistintamente respecto de cualquiera de las integrantes del mismo �grupo financiero� o empresarial (art. 28 ley 222 de 1995), pues este concepto, al menos dentro de la regulaci�n actual, no conlleva ni siquiera solidaridad, de ah� el obvio cuidado que debe tener el abogado que va a elaborar su demanda para efectos de precisar tan importante requisito que de no ser corregido oportunamente podr�a determinar una sentencia absolutoria para la aseguradora m�s demandada por falta de legitimaci�n pasiva en la causa.

Es necesario reiterar acerca de lo importante de la precauci�n de dirigir la demanda contra quien tiene la legitimaci�n en la causa, porque una vez notificada la misma las posibilidades de enmendar el error siempre van a determinar consecuencias gravosas para el demandante, pues si opta por corregir la demanda agregando como demandado nuevo a quien realmente expidi� la p�liza de todas formas se mantiene la posibilidad de absoluci�n para la empresa primeramente vinculada porque infortunadamente el estrecho mecanismo de reforma de la demanda no permite cambiar totalmente a una de las partes; la otra posibilidad, desistir de la demanda y volver a demandar adecuadamente, a m�s de la ineficacia en la interrupci�n de la prescripci�n, igualmente conlleva la condena en costas de ah� el por qu� de este llamado de atenci�n�. 8.

En ese orden, resulta imperioso anotar que si bien � como lo precis� el apelante � no fueron allegadas al expediente probanzas atinentes a los hechos que motivaron la objeci�n a la reclamaci�n de pago por indemnizaci�n de la p�liza de marras, verbi gratia la historia cl�nica del se�or Gonzalo D�az, esto ni quita ni pone a la improsperidad de las s�plicas del libelo introductor, por cuanto tal supuesto solo tendr�a venero siempre y cuando se hubiera demandado a la aseguradora realmente legitimada en la causa por pasiva, lo cual � se itera � no hizo en el caso concreto. 9.

En las condiciones anotadas se confirmar� la sentencia impugnada y, por lo mismo, se condenar� en costas de esta instancia a la parte apelante. V. DECISI�N En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot�, D. C., en la Sala Civil de Decisi�n, administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil once (2011), proferida por el Juzgado Primero (1�) Civil del Circuito conforme lo motivado en esta providencia judicial.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de esta instancia a la parte apelante. T�sense. La Magistrada Ponente se�ala como agencias en derecho la suma de $ 1�700.000 m/cte, para ser incluidas en la correspondiente tasaci�n de costas. C�PIESE, NOTIF�QUESE Y DEVU�LVASE LIANA AIDA LIZARAZO V. Magistrada CLARA IN�S M�RQUEZ B. LUZ MAGDALENA MOJICA R. Magistrada Magistrada C.S.J., s.c.c., sentencia del 30 de junio de 2011, M.P. Edgardo Villamil Portilla, exp. 76001-31-03-006-1999-00019-01. L�pez Blanco Hern�n Fabio, Comentarios al Contrato de Seguro, 5� edici�n 2010, Dupre Editores, Bogot� D.C. p�gs. 136 y 137. PAGE PAGE 20 Ordinario.

Gonzalo D�az Campos y otros contra Seguros Comerciales Bol�var S.A. y Banco Davivienda S.A. 567CDFnxy��ʹӵ��m]N?]h��h�5xOJQJ^JaJh��h�Q6OJQJ^JaJh��h�5x5�OJQJ^JaJ"hOCJOJQJ^JaJmH sH (h�'%h�5xCJOJQJ^JaJmH sH "h�5xCJOJQJ^JaJmH sH h�'%h�\:^JaJh�\:h�5x j"��J h�5x5�OJQJUVh�5x5�OJQJjh�5x5�OJQJUh�Q6h�5x6�CJ0OJQJh�Q6h�5x6�CJOJQJaJ6Gy��> ? a b � � � � � � � � ��$ �j a$gd��^��`��gd��$�^�a$gd��dhgd�� $dha$gd��gd�\:gd��$�2dh]�2a$gd�� % < > ? 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