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IDENTIFICACI�N DEL PROCESO Magistrada Ponente: CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA Radicaci�n: 110013103031200100921 01 Procedencia: Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano IDU Demandado: Jairo Humberto Ariza Moreno y Otros Proceso: Ordinario Recurso: Apelaci�n Sentencia Discutido y Aprobado en Sala de Decisi�n del 2 de junio de 2010.
Acta 19.
2. OBJETO DE LA DECISI�N Se dirime el recurso de apelaci�n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia calendada 27 de octubre de 2008, proferida por el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot� dentro del proceso ORDINARIO promovido por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU contra JAIRO HUMBERTO ARIZA MORENO, LUZ SMITH HERRERA MORENO y JORGE ARELLANO. 3.
ANTECEDENTES 3.1. La Pretensi�n. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU a trav�s de apoderado judicial legalmente constituido para la litis, present� frente a los se�ores Jairo Humberto Ariza Moreno, Luz Smith Herrera Moreno y Jorge Arellano proceso ordinario, para que con su citaci�n y audiencia, previos los tr�mites legales, se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: 3.1.1.
Determinar que no existe contrato de arrendamiento entre las partes. 3.1.2. Establecer que los demandados no tienen derecho alguno para conservar la tenencia del inmueble de la calle 16 n�mero 3-17/37/41/43/47 de esta ciudad, identificado por sus linderos y dem�s especificaciones en los hechos del libelo. 3.1.3. Ordenar la entrega del inmueble la cual debe comprender las cosas que forman parte del predio o que se reputen como tales. 3.1.4.
Condenar a los demandados y dem�s ocupantes al pago de los frutos materiales o civiles, no s�lo los percibidos, sino tambi�n los que el due�o hubiere podido percibir con mediana inteligencia y cuidado, generados desde el momento de iniciada la posesi�n hasta la entrega del bien, por tratarse de poseedores de mala fe, as� como en las costas del proceso. 3.2.
Los Hechos. Como fundamento de sus pretensiones adujo en s�ntesis, los que se compendian a continuaci�n: 3.2.1. El Distrito Especial de Bogot� adquiri� con destino a obras p�blicas para el Fondo Rotatorio de Valorizaci�n, el derecho de dominio y posesi�n material de los bienes inmuebles ubicados en la calle 16 n�mero 3-17; calle 16 n�mero 3-37 y calle 16 n�mero 3-41/43/45 de esta ciudad, mediante escrituras p�blicas n�mero 3689, 3686 del 1 de agosto de 1963 en la Notar�a Novena del C�rculo de Bogot� y 3940 del 24 de septiembre de 1963 suscrita en la Notar�a Tercera de esta ciudad, respectivamente.
Estos inmuebles fueron englobados por el Registro Topogr�fico n�mero 8337 A de la Divisi�n de Estudios T�cnicos del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, seg�n el cual el bien ocupado por los demandados se distingue en la nomenclatura urbana con los n�meros 3-17/37/41/43/45 de esta ciudad, comprendido por sus linderos y dem�s caracter�sticas referidos en los hechos del libelo. 3.2.2.
El se�or Jairo Humberto Ariza Moreno en documento suscrito el 28 de julio de 1975 manifest� al IDU su inter�s de tomar el inmueble y pagar la suma de $1.500.oo. mensuales, los cuales ha venido consignando de manera unilateral, escrito que se encuentra firmado por dos funcionarios del �rea inmobiliaria, quienes no contaban con autorizaci�n institucional para ello; raz�n por la cual no ten�an facultad contractual alguna para comprometer a la entidad.
De esta forma, el se�or Ariza Moreno ha mantenido la tenencia del bien usufructu�ndolo por espacio de 15 a�os, tiempo durante el cual se han iniciado todo tipo de acciones pretendiendo recuperarlo. Con base en las manifestaciones del demandado al atribuirse la condici�n de arrendatario, se iniciaron los tr�mites administrativos correspondientes encaminados a declarar terminado el contrato, actuaci�n que culmin� con el pronunciamiento del 10 de junio de 1993 de la Direcci�n Urbana de la Alcald�a Mayor de Bogot�, que neg� lo pretendido por entender que la controversia se circunscrib�a a hechos regulados por la ley de arrendamiento. 3.2.3.
Por tratarse de un bien fiscal, el cual se encuentra ocupado ilegal y arbitrariamente, no podr� adquirirse por prescripci�n adquisitiva de dominio. 3.3. La actuaci�n de la instancia. 3.3.1. El Juzgado de Conocimiento mediante auto calendado 9 de octubre de 2001, admiti� el libelo ordenando su traslado a los demandados. 3.3.2. De esa determinaci�n fueron impuestos personalmente los se�ores Jairo Humberto Ariza Moreno y Luz Smith Herrera Moreno, tal como consta a folios 67 y 68 del cuaderno principal. 3.3.3.
Dentro de la oportunidad procesal pertinente procedieron, por conducto de apoderado judicial, a replicar la demanda, y formular las excepciones de m�rito que denominaron, �DOLO Y MALA FE�, �INEXISTENCIA DE IDENTIDAD EN LOS PREDIOS�, �FALTA DE LEGITIMACI�N EN LA CAUSA POR ACTIVA�, �CONFESI�N POR PARTE DEL APODERADO DEL IDU�, �INCONGRUENCIA EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA�, �CARENCIA DE FUNDAMENTO EN LA ACCI�N INICIADA�, y la GEN�RICA�.
Por su parte, el demandado JORGE ARELLANO fue emplazado con apego a lo previsto en el art�culo 318 del C�digo de Procedimiento Civil, por lo que una vez allegadas las publicaciones de ley, se le design� Curador Ad litem quien fue enterado del auto admisorio del libelo en diligencia practicada el 17 de junio de 2003 (folio 100), procediendo dentro de la oportunidad pertinente, a dar contestaci�n a la demanda sin plantear excepci�n alguna.
De las defensas formuladas se confiri� traslado a la actora, quien no se pronunci� al respecto. 3.3.4. Agotada la audiencia prevista en el art�culo 101 del C�digo de Procedimiento Civil, preclu�da la etapa probatoria y transcurrido el t�rmino de traslado para formular alegatos de conclusi�n, se profiri� sentencia el 27 de octubre de 2008, que neg� las pretensiones de la demanda y como consecuencia de ello declar� terminado el proceso, condenando en costas a la demandante.
Contra la decisi�n, se formul� recurso de apelaci�n, por el IDU el cual fue concedido en auto del 9 de diciembre de esa misma anualidad.
4. LA SENTENCIA IMPUGNADA El a quo, luego de exponer los antecedentes de la demanda e historiar lo relativo al tr�mite del proceso, se ocup� en primer lugar del estudio de la excepci�n de falta de legitimaci�n, encontr�ndola probada con relaci�n a los demandados Jorge Arellano y Luz Smith Herrera Moreno por ostentar la calidad de empleados del se�or Jairo Humberto Ariza Moreno en el parqueadero p�blico que funciona en el inmueble sobre el cual se discute la existencia del contrato de arrendamiento.
Precisado lo anterior, abord� el an�lisis de las pruebas recaudadas, concluyendo que el IDU si hab�a reconocido la existencia del contrato de arrendamiento con el demandado, advirtiendo de otro lado, que la actora no desvirtu� el hecho de estar recibiendo los c�nones, ni justific� la causa por la que exig�a su pago, raz�n por la cual encontr� acreditada la presencia de esa relaci�n contractual.
5. ALEGACIONES DE LAS PARTES 5.1. El apoderado de la entidad demandante, fundament� la alzada advirtiendo que no le asiste raz�n a la Funcionaria de Primera Instancia toda vez que no se demostr� la existencia del arrendamiento, pues de la prueba documental allegada al proceso se evidencia que �nicamente se encontraba facultado para celebrar contratos el director del IDU, no estando dentro de las funciones del Jefe de la Secci�n Inmobiliaria la de suscribir este tipo de actos, precisando adem�s, que al momento de practicarse la inspecci�n judicial al predio no se determin� la existencia de esa relaci�n. Agrega que, de conformidad con lo establecido en el C�digo Fiscal, el t�rmino de duraci�n del contrato deb�a ser superior a un a�o, prorrogable por periodos iguales por acuerdo entre las partes, el que adem�s ten�a que cumplir una solemnidad, cual era perfeccionarse por escritura p�blica, por lo que en el presente caso para que naciera a la vida jur�dica el tan alegado arrendamiento estatal, que la juzgadora de instancia consider� en forma equivocada surgi�, era menester que constara en documento p�blico, debidamente celebrado por quien ten�a la facultad de obligar a la entidad.
Con apego a lo anterior y lo previsto en el art�culo 898 del C�digo de Comercio, solicita el recurrente se declare la inexistencia del contrato arrendaticio por ausencia de una de las solemnidades que exige la ley para su formaci�n, raz�n por la cual depreca la revocatoria de la providencia impugnada y, se acceda a la pretensi�n reivindicatoria o acci�n de dominio dispuesta en el art�culo 946 del C�digo Civil. 5.2.
Por su parte, el profesional del derecho que representa al extremo pasivo, reitera que si el contrato fue suscrito por un funcionario del IDU que no estaba autorizado para tal efecto, ello no constituye una culpa endilgable al demandado, sino a la misma Instituci�n, y de otro lado desde el momento en que se le hizo entrega del inmueble a t�tulo de arrendamiento, �l ha venido cancelando el valor pactado entre las partes por concepto de canon, de donde se concluye que tampoco ha sido su intenci�n la de alegar posesi�n para usucapir; pues, al contrario, reconoce la propiedad y dominio del bien en cabeza de su arrendador, por lo que tampoco hay derecho a reivindicar lo que no se ha perdido por una supuesta posesi�n que nunca ha existido, solicitando por ende, la confirmaci�n del fallo. 6.
CONSIDERACIONES 6.1. No encuentra esta Corporaci�n reparo en cuanto a los llamados, por la doctrina y la jurisprudencia, presupuestos jur�dico procesales como son capacidad para ser parte; capacidad para comparecer al proceso; demanda en forma y competencia. Adem�s, de la actuaci�n vertida en el plenario no se vislumbra vicio con entidad de anular en todo o en parte lo actuado, siendo viable emitir un pronunciamiento de fondo.
Tampoco existe la menor incertidumbre respecto al agotamiento, por los cauces legales, del rito edictal para el llamamiento del demandado Jorge Arellano al proceso. Este se efectu� cumpli�ndose con las publicaciones del edicto en prensa y radio, con la designaci�n de un curador para el litigio que representara al ausente y ejerciera su derecho de defensa.
Todo, en fin, concluye a demostrar que se guard� con estrictez el debido proceso consagrado en el art�culo 29 de la Constituci�n Nacional. 6.2. La acci�n ejercitada a trav�s del presente proceso se encamina a obtener la declaratoria que, entre las partes en conflicto, no existi� contrato de arrendamiento y por ende los demandados no tienen derecho alguno para conservar la tenencia del inmueble de la calle 16 n�mero 3-17/37/41/43/47 de esta ciudad, disponi�ndose como consecuencia de ello su entrega, junto con los frutos civiles generados desde el momento en que entraron en posesi�n del predio.
Precisado lo anterior, debe recordarse que la doctrina ha definido el negocio jur�dico como una declaraci�n de voluntad, mediante la cual, los particulares disponen de sus intereses, proyect�ndose esa autonom�a privada, pensando en la figura que se escogi� e indicando, la fuerza vinculante o compromisoria del contrato celebrado. En punto de la formaci�n de los actos y contratos, el art�culo 1502 del C�digo Civil, dispone que, para que una persona se obligue con otra es necesario que sea legalmente capaz, que consienta en ello o declare su voluntad, que su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto l�cito y que tenga causa l�cita.
Es evidente que todo contrato tiene una justificaci�n, que se mide por el inter�s que cada una de las partes expresa en el mismo, siendo entonces la ley la que otorga su fuerza vinculante para hacerlo viable y posible, por lo que es el art�culo 1602 de la ley sustantiva, el encargado de recoger el postulado de la normatividad de los actos jur�dicos, seg�n el cual, legalmente ajustado un contrato se convierte en ley para las partes, quedando ellas, por lo mismo, obligadas a cumplir las prestaciones acordadas en �l. Como es suficientemente conocido, uno de los principios fundamentales que inspira el C�digo Civil, es el de la autonom�a de la voluntad conforme al cual, con las limitaciones impuestas por el orden p�blico y por el derecho ajeno, los particulares pueden realizar actos jur�dicos con sujeci�n a las normas que los regulan en cuanto a su validez y eficacia; entonces, los negocios jur�dicos, seg�n se ajusten o no a determinadas exigencias legales pueden ser v�lidos o por el contrario nulos.
La nulidad, ya absoluta, ora relativa, es una sanci�n impuesta por el ordenamiento jur�dico ante la inobservancia o la trasgresi�n de las disposiciones legales en que incurren los particulares en el ejercicio de su actividad contractual. Como sanci�n que es no puede tener otra fuente distinta a la normatividad, de manera que s�lo constituyen causales de invalidez aquellas que el ordenamiento legal expresamente se�ale como tales.
En este orden de ideas se concluye que el contrato est� viciado de nulidad cuando no viene revestido de la totalidad de los requisitos que lo disciplinan, o sea cuando carece de las exigencias siguientes: capacidad de las partes; consentimiento exento de vicios; licitud de objeto o de causa; y formalidades impuestas por la naturaleza misma del contrato o por la calidad o estado de las personas que lo celebran.
Ya, en lo que tiene que ver con los requisitos necesarios para la formaci�n de los contratos, es el art�culo 1500 del C�digo Civil el que se encarga de precisar, que cuando este es real, para que sea perfecto, es necesaria la tradici�n de la cosa a que se contrae; es solemne cuando est� sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce efecto alguno y, es consensual al perfeccionarse por el solo consentimiento de los contratantes.
Por su parte, el art�culo 1501 del C�digo Sustantivo Civil, dispone que en cada contrato se distinguen las cosas que son de su esencia, las que son de la naturaleza, y las puramente accidentales. Y, advierte la misma disposici�n, que son de la ��esencia del contrato aquellas cosas, sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en �l, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cl�usula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cl�usulas especiales�� En punto de los contratos solemnes, como se resaltara en precedencia, son lo que est�n sujetos al cumplimiento de ciertas formalidades especiales, de tal manera que sin ellas no produce ning�n efecto civil, es decir, que no basta el consenso de las partes para su perfeccionamiento y por ende resulta inapropiado para generar obligaciones, lo que significa que la formalidad se exige so pena de invalidez.
Entonces, un contrato es ad solemnitatem cuando la exteriorizaci�n es requerida, si es omitida la forma, el negocio jur�dico queda privado de sus efectos propios, sin perjuicio de producir otros resultados diferentes; la forma es entonces exigida ad substantiam actus, es decir, que tiene valor constitutivo. De otro lado, es patente que el pronunciamiento en concreto en punto de las nulidades absolutas est� circunscrito a los casos en que aparezcan de manifiesto, lo que supone, en primer lugar, que dicho acto o contrato est� sub judice, o sea, que se haya tra�do al proceso en el que se pretende su validez y, en segundo lugar que la causal de nulidad absoluta debe ser manifiesta, vale decir, patente, ostensible, evidente, no siendo necesario que el juzgador tenga que acudir a otros medios de prueba distintos que el mismo documento.
Sobre este particular la Corte ha se�alado que cuando en la �� formaci�n de un contrato se han subestimado exigencias legalmente impuestas para dotarlo de validez, cuya inobservancia se sanciona con la nulidad absoluta del respectivo pacto, el art�culo 1742 del C�digo Civil, subrogado por el art�culo 2� de la Ley 50 de 1936, atribuye al juez no solo la potestad, sino el deber de privarlo de la eficacia normativa que por principio le corresponde, declarando la nulidad absoluta del mismo, a�n sin petici�n de parte, siempre que � aparezca de manifiesto en el acto o contrato�, seg�n lo declara textualmente la norma. �La previsi�n legal en comentario consagra una aplicaci�n particular del principio inquisitivo, en tanto autoriza la oficiosidad del juez, atribuci�n cuya justificaci�n se halla en el fundamento mismo de tal especie de nulidad establecida como se sabe en inter�s de la moral, el orden p�blico y el respeto debido a las normas de car�cter imperativo, postulados cuya protecci�n no puede quedar sometida exclusivamente a la iniciativa particular, como ocurrir�a si el aniquilamiento de los negocios jur�dicos que los contrar�an s�lo pudiere declararse a ruego suyo. �Empero como desde anta�o lo ha venido exponiendo la doctrina de la Corte, ese poder excepcional que al fin de cuentas comporta un control de legalidad en torno a la actividad negocial, est� sujeto o limitado por los condicionamientos que la propia norma consagra y que la corporaci�n ha identificado as�: �.
Que la nulidad aparezca de manifiesto en el acto o contrato, es decir, que a la vez que el instrumento pruebe la celebraci�n del acto o contrato, demuestre o ponga de bulto por s� solo los elementos que configuran el vicio determinante de la nulidad absoluta; 2�. Que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derecho u obligaciones para las partes; y 3�.
Que al pleito concurran, en calidad de partes, las personas que intervinieron en la celebraci�n de aqu�l o sus causahabientes, en guarda del principio general que ense�a que la declaraci�n de nulidad de un acto o contrato en su totalidad no puede pronunciarse sino con audiencia de todos los que lo celebraron ��. Por su parte, la inexistencia hace relaci�n directa al nacimiento del negocio jur�dico, e implica la idea de algo que no ha llegado a formarse por falta de uno o m�s requisitos esenciales, es decir se constituye en la sanci�n que tienen los actos celebrados con omisi�n de uno de los presupuestos para su configuraci�n jur�dica, cuando falta el consentimiento, objeto, causa o la solemnidad establecida para el nacimiento del acto negocial. 6.3.
Aplicados estos supuestos normativos como jurisprudenciales, al caso que ocupa la atenci�n de la Corporaci�n, debe reiterarse, que las partes contienden por la declaratoria que entre estas no se ha celebrado contrato de arrendamiento con relaci�n al predio localizado en la calle 16 n�meros 3-17/37/41/43/47 de esta ciudad, aspiraci�n de la actora que el demandado controvierte alegando que dicho acto contractual s� naci� a la vida jur�dica, pues desde el a�o de 1975 solicit� se le permitiera tomar en arrendamiento el inmueble objeto del proceso, petici�n frente a la cual el IDU elabor�, suscribi� el documento y realiz� la entrega real y material del globo de terreno en cabeza del se�or Jairo Humberto Ariza Moreno, quien entr� a gozar de la tenencia del mismo, procediendo dicha entidad a recibir directamente, por espacio de 18 meses, el valor del canon pactado y, luego ante la negativa a aceptarlo, se satisfizo a trav�s de consignaci�n en el banco respectivo.
A cuyo prop�sito, encuentra la Sala que las pretensiones enderezadas a que se declare la no existencia del aludido arrendamiento, fracasan sin remedio, toda vez que de las probanzas allegadas con el libelo y practicadas en el curso de la controversia, se evidencia sin hesitaci�n alguna, que est� acreditado que las aproximaciones contractuales a las que se refiere el demandado en el escrito de contestaci�n y excepciones, desembocaron en la celebraci�n cabal o completa del negocio jur�dico.
En efecto, revisados los hechos de la demanda que sirven de fundamento a las pretensiones invocadas, se advierte que all� la actora parte de un supuesto inequ�voco, cual es, que el demandado Jairo Humberto Ariza Moreno ha mantenido la tenencia del inmueble desde hace 15 a�os pagando la suma de $1.500.oo. mensuales, que ha venido consignando de manera unilateral, periodo durante el que ha adelantado las acciones pertinentes encaminadas a recuperarlo y, las cuales se han concretado en el inicio de una querella de �restituci�n de bien fiscal� ante la Alcald�a Menor de la Candelaria la que concluy� con Resoluci�n 001 del 19 de agosto de 1982 absteni�ndose de decretarla, al considerar que subsistiendo un contrato de arrendamiento entre las partes, esa situaci�n hac�a atribu�ble el conocimiento del asunto a la justicia ordinaria.
Con base en lo anterior, instaur� tr�mite administrativo tendiente a la �declaratoria de terminaci�n del contrato de arrendamiento�, actuaci�n que culmin� con pronunciamiento del 10 de junio de 1993 de la Direcci�n de Urbanizaci�n y Vivienda de la Alcald�a Mayor de Bogot�, negando lo pretendido, pues la controversia se enmarcaba en hechos regulados por la ley de arrendamiento.
Lo rese�ado en p�rrafos precedentes se colige de la prueba documental obrante a folios 40 a 46 del cuaderno principal, resalt�ndose adem�s, que en el auto 374 proferido en la fecha aludida, dicho organismo advirti� que no exist�a �discusi�n en cuanto a la naturaleza jur�dica del contrato que vincula a las partes�, es decir, que la autoridad distrital acept� la existencia de ese v�nculo.
Todo lo anterior, lo corrobora el demandado Ariza Moreno en el interrogatorio de parte que absolviera a petici�n de la actora (folio 356, cuaderno 1), donde precis� que el propietario del inmueble ubicado en la calle 16 n�mero 3-17/37/41/43/45/47 de esta localidad es el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, predio del cual �l viene ostentando la calidad de arrendatario desde el a�o de 1974 o 1975, pagando un arriendo de $1.500.oo. mensuales los cuales ha cancelado a trav�s del Banco Popular y la Caja Agraria hasta el mes de mayo de 2005.
Se�ala igualmente, que se firm� un documento provisional mientras se hac�a el contrato respectivo y que posteriormente lo llamaron para suscribir el definitivo, el cual elabor� en papel sellado el Jefe de Inmuebles, doctor Pinz�n con otros funcionarios del IDU, quienes le dijeron que posteriormente le entregar�an copia, lo que nunca sucedi�.
Estas afirmaciones las corrobor� con los documentos que anex� en la misma diligencia y que militan a folios 353 a 355, que se contraen al rubricado el 28 de julio de 1975 donde se dej� consignada la calidad en que recib�a el demandado el inmueble, esto es, a t�tulo de arrendatario, el tiempo, precio y dem�s cl�usulas de cumplimiento; comunicaci�n 321-857 firmada por el Subdirector Legal del IDU de fecha 20 de enero de 1997 dirigida al se�or Ariza Moreno donde le solicita enviar el ��original del t�tulo de arrendamiento N� 052-6-8213 del Banco Popular, para hacer efectivo el pago del c�non del mes de septiembre, �� y, copia del dep�sito de arrendamiento antes referido consignado el 2 de septiembre de 1996 a favor de la demandante, que no fueron tachados ni redarg�idos de falsos, adquiriendo por ende pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en el art�culo 252 del C�digo de Procedimiento Civil.
De la misma forma, la se�ora Luz Smith Herrera Moreno en la declaraci�n de parte que rindiera (folio 355) y la testigo Mariela Herrera Moreno (folio 143), confirman la calidad de tenedor que ostenta el demandado sobre el inmueble, as� como el valor del canon de arrendamiento que consigna desde hace m�s de 26 a�os a favor del IDU. Analizadas en su conjunto las pruebas, se colige sin hesitaci�n alguna que las mismas desvirt�an las afirmaciones que hace la parte demandante en el libelo introductorio de esta acci�n, pues de lo demostrado por el extremo pasivo se evidencia con claridad que efectivamente entre las partes en conflicto se celebr� un contrato de arrendamiento desde el a�o de 1975 respecto del predio mencionado en el libelo, relaci�n contractual que la entidad demandante ha venido aceptando y reconociendo al recibir y hacer efectivos los pagos realizados, por concepto de c�nones de arrendamiento. 6.4.
Establecido lo anterior, debe ocuparse ahora el Tribunal de verificar si esa relaci�n contractual adelantada por la Administraci�n con el se�or Ariza Moreno, se ajust� a las solemnidades previstas por las normas distritales vigentes al momento de su concreci�n, para que la misma surtiera plenos efectos jur�dicos o si por el contrario se encuentra afectada de nulidad.
En efecto, el Decreto 1026 de 1974 por medio del cual se expidi� el C�digo Fiscal del Distrito Especial, en el Cap�tulo X trata todo lo relacionado con el arrendamiento de bienes de su propiedad, consagrando cada uno de los elementos que deben observarse en ese tipo de contrataci�n con personas naturales o jur�dicas, as� como el procedimiento que debe aplicarse para entregarlos en tenencia. El art�culo 375 de la mencionada normatividad, contempla como requisito sine qua nom que el ��contrato de arrendamiento de inmuebles deber� hacerse por escritura p�blica��, de donde se colige que la ley previ� una solemnidad a la cual debe sujetarse este tipo de negocio jur�dico, cuya inobservancia le resta cualquier eficacia al mismo, formalidad que no puede suplirse por otra prueba, tal como lo previene el art�culo 265 del C�digo de Procedimiento Civil.
En el sub lite, no obstante la conclusi�n a la que se lleg� en p�rrafos anteriores, debe precisarse que el contrato de arrendamiento no se ajust� a la solemnidad que para la �poca de su celebraci�n contemplaba la ley, cual era haberse elaborado por escritura p�blica, vale decir, el solo consenso de las partes no era suficiente para nacer como acto v�lido, estando por ende afectado de nulidad absoluta.
En torno a la situaci�n que se viene analizando ha sido la misma jurisprudencia, la que se ha encargado de reiterar lo siguiente: ��Los contratos solemnes o formales, seg�n lo dice el art. 1500 del C. Civil son aquellos que est�n sujetos >, es decir, aquellos en los cuales el consenso de las partes por s� solo no produce su perfeccionamiento y por ende resulta inapropiado para generar las obligaciones.
Cuado hay contrato solemne ha dicho la Corte, la formalidad se exige so pena de nulidad, o sea que imperativamente la impone la ley y la voluntad por s� sola resulta impotente para hacer nacer un acto v�lido. �Uno de los motivos de nulidad de los contratos expresamente establecidos por el C�digo Civil, tiene que ver con la omisi�n de las formalidades ad substantiam actus, o sea las prescritas por la ley >, en consideraci�n a su naturaleza.
No se trata entonces de la ausencia de cualquier formalidad, sino de aquella que la propia ley consider� como un complemento necesario de la voluntad, al estimar que �sta por s� sola no era id�nea o suficiente para producir el correspondiente efecto jur�dico�� Bajo estas directrices habr� de declararse con apego a lo previsto en el art�culo 1742 del C�digo Civil, oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento por no haberse sometido a la solemnidad que para este efecto establece el art�culo 375 del Decreto 1026 de 1974 (C�digo Fiscal del Distrito Especial de Bogot�).
Entonces, al configurarse la invalidez sustancial del contrato, ello de inmediato da derecho a las partes, al decir del art�culo 1746 del C�digo Sustantivo Civil, para ser restituidas al estado anterior, de manera que en el presente asunto habr� de ordenarse al demandado restituir el bien inmueble a la entidad demandante una vez ejecutoriada la sentencia. Ahora, como quiera que el se�or Ariza Moreno ha venido consignando a favor del Instituto de Desarrollo Urbano IDU varias sumas de dinero por concepto de arrendamientos, esos rubros deber�n tenerse como frutos civiles, producidos por el inmueble durante el tiempo que el demandado lo ha ostentado en calidad de tenedor, cantidades que no son ajenas para la actora tal como se colige de la prueba documental visible a folio 354 del cuaderno principal, raz�n por la cual no habr� lugar a su reconocimiento en este asunto. 6.5.
Se impone como corolario de todo lo anterior, revocar la providencia objeto de censura, declarando en su lugar oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento con la consecuente restituci�n del inmueble, conden�ndose en costas de las instancias a la parte demandada, quedando relevado el Tribunal de entrar en el estudio de las defensas plateadas por el extremo pasivo, tal como lo previene el art�culo 306 del C�digo de Procedimiento Civil. 7.
DECISI�N En m�rito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOT�, EN SALA DE DECISI�N CIVIL, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,
RESUELVE
7.1. REVOCAR por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia, la sentencia proferida dentro del presente asunto el 27 de octubre de 2008, por el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot�, DISPONIENDO en su lugar: 7.2. DECLARAR oficiosamente la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento celebrado entre los sujetos de la presente litis el 28 de julio de 1975, por lo considerado en esta providencia. 7.3.
ORDENA R al demandado JAIRO HUMBERTO ARIZA MORENO que dentro de los cinco d�as siguientes a la ejecutoria de �sta providencia restituya a la demandante el inmueble ubicado en la calle 16 n�meros 3-17/37/41/43/45 de esta ciudad, debidamente identificado por sus linderos y dem�s caracter�sticas en el libelo demandatorio. 7.4. NEGAR el reconocimiento de los frutos civiles y naturales, por lo aqu� consignado. 7.5.
CONDENAR en las costas de las instancias al demandado Jairo Humberto Ariza Moreno. Liqu�dense conforme al art�culo 393 del C�digo de Procedimiento Civil. 7.6. DEVOLVER el expediente a su Despacho de origen. Of�ciese y d�jese constancia. NOTIF�QUESE, CLARA IN�S M�RQUEZ BULLA Magistrada LUZ MAGDALENA MOJICA RODR�GUEZ Magistrada CARLOS JULIO MOYA COLMENARES Magistrado En Permiso Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia marzo 11 de 2004. Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 2 de junio de 2000. Ordinario 20010092101 PAGE PAGE 19 789;z{��������������Կ���~m~m~_N_N=N~ h�-Sh�zCJOJQJ^JaJ h�-Sh�\`CJOJQJ^JaJh0jCJOJQJ^JaJ h�-Sh CJOJQJ^JaJ�����[\����NOrs����s t 1 2 � � � �������������������������dhgd = $dha$gd =dhgd�q�dhgd�q������,-D_g������)*:q������������믚���į��s�s��^�I�I��(h�-Sh��CJOJQJ^JaJmH $sH $(h�-Sh�r�CJOJQJ^JaJmH $sH $(h�-Sh�# CJOJQJ^JaJmH $sH $"hFf�CJOJQJ^JaJmH $sH $(h�-Sh!=�CJOJQJ^JaJmH $sH $(h�-Shmr�CJOJQJ^JaJmH $sH $"h0jCJOJQJ^JaJmH $sH $(h�-Sh�::CJOJQJ^JaJmH $sH $(h�-Sh��CJOJQJ^JaJmH $sH $ ��$O������� LOTprs���֬�������p�p��\H\7 h�-Sh�q�CJOJQJ^JaJ&h�-Sh��5�CJOJQJ\�^JaJ&h�-Sh�O{5�CJOJQJ\�^JaJ"h0jCJOJQJ^JaJmH $sH $(h�-Sh�k-CJOJQJ^JaJmH $sH $(h�-Sh��CJOJQJ^JaJmH $sH $(h�-Sh�'CJOJQJ^JaJmH $sH $(h�-Sh�N�CJOJQJ^JaJmH $sH $(h�-Sh�i�CJOJQJ^JaJmH $sH $(h�-Sh!=�CJOJQJ^JaJmH $sH $s�������������!()�������� ()*1cghi����������ͼͫ����ͫ������{�{ͼj� h�-Sh =NCJOJQJ^JaJ h�-Sh��CJOJQJ^JaJh0jCJOJQJ^JaJ h�-Sh*�CJOJQJ^JaJ h�-ShX!CJOJQJ^JaJ h�-Sh�k-CJOJQJ^JaJ h�-Sh�:CJOJQJ^JaJ h�-Sh h�-ShP 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