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De igual forma, sobre el trabajador gravita la carga de demostrar que la terminaci�n del contrato fue a instancia del empleador, y, a este, le corresponde demostrar que el despido se bas� en las causas esgrimidas en el documento con el que comunic� su decisi�n� DESPIDO JUSTIFICADO / CAUSALES / CALIFICACI�N DE SU GRAVEDAD � al empleador le ata�e la justificaci�n del despido, pues para que sea justo, tal decisi�n debe estar motivada en una causal reconocida por la ley o calificada como tal, en este caso, en el contrato de trabajo ora en el reglamento interno de trabajo.
(�) cuenta indicar que adem�s de las obligaciones y prohibiciones contenidas en la codificaci�n laboral, el empleador puede fijar una serie de faltas o conductas sancionables y graduar el nivel de gravedad de estas. Dichas faltas, pueden ser calificadas como graves y dar lugar a la terminaci�n de la relaci�n laboral, siempre y cuando as� lo disponga el pacto, convenci�n, fallo arbitral, contrato de trabajo o el reglamento interno de trabajo� DESPIDO CON JUSTA CAUSA / INMEDIATEZ / EFECTOS Sobre el requisito de inmediatez entre el acaecimiento del incumplimiento o falta del trabajador y el despido, � la Corte en sentencia SL3108-2019, dijo: �La regla de la inmediatez entre la comisi�n de la falta y la reacci�n ante la misma, obliga al empleador a actuar con prontitud y celeridad, ya sea para sancionar al trabajador o despedirlo.
De no hacerlo en un tiempo razonable, se entiende que dispens� o perdon� la falta cometida por el trabajador. Por consiguiente, si luego de transcurrido este tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho, el empleador decide dar por terminado el contrato de trabajo con base en aquel, es dable entender que su determinaci�n obedeci� a otro motivo y no a la comisi�n de la falta propiamente dicha�.
CERTIFICADOS LABORALES / REQUISITOS / PROHIBICIONES Dispone el art�culo 57 del CST como obligaciones especiales del empleador, entre otras, en el numeral 7 �Dar al trabajador que lo solicite, a la expiraci�n de contrato, una certificaci�n en que consten el tiempo de servicio, la �ndole de la labor y el salario devengado (�)� De otro lado, el numeral 8 del art�culo 59 ib�d., proh�be al empleador: �Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7 del art�culo 57 signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados, o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que utilicen, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio�.
REP�BLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER P�BLICO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA SALA LABORAL Dr. GERM�N DAR�O G�EZ VINASCO Magistrado Ponente Proceso:Ordinario LaboralRadicado:HYPERLINK "https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/seclabper_cendoj_ramajudicial_gov_co/EtZ5rjSdPmhCkN7WtEqCi2EBjkcf6raBbT8Sg5bZbN-IYw?e=CJfww3"66001310500520190038901Demandante:Yuliana Andrea Hern�ndez MoralesDemandado:Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A., hoy Scotiabank Colpatria S.A.Asunto:Apelaci�n sentencia del 10-03-2022Juzgado:Quinto Laboral del CircuitoTema:Contractual � Despido con justa causa APROBADO POR ACTA No. 156 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 Hoy, nueve (09) de octubre de dos mil veintitr�s (2023), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisi�n Laboral integrada por los magistrados Dra. OLGA LUCIA HOYOS SEP�LVEDA, Dr. JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ y como ponente Dr. GERM�N DAR�O G�EZ VINASCO, procede a resolver el recurso de apelaci�n frente a la sentencia de primera instancia del 10 de marzo de 2022, proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral promovido por YULIANA ANDREA HERN�NDEZ MORALES en contra de BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., hoy SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Radicado: 66001310500520190038901.
Se acepta el impedimento presentado por la magistrada OLGA LUC�A HOYOS SEP�LVEDA para conocer del proceso de la referencia, teniendo en cuenta que el Dr. Juan Carlos Toro Cardona act�a en el proceso como apoderado de una de las partes y el mismo profesional del derecho es su representante judicial.� Seguidamente, se procede a proferir la decisi�n por escrito aprobada por esta sala, conforme el art�culo 15 del Decreto No. 806 de 2020, adoptado como legislaci�n permanente por la Ley 221 del 13 de junio de 2022, la cual se traduce en los siguientes t�rminos, SENTENCIA No. 167 ANTECEDENTES YULIANA ANDREA HERN�NDEZ MORALES demand� al BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., hoy SCOTIABANK COLPATRIA S.A., para que se declare que el contrato de trabajo que existi� desde el 13 de febrero de 2013 y el 9 de diciembre de 2018, fue terminado sin justa causa y en el marco de un despido colectivo.
En consecuencia de lo anterior, solicita: (i) El reintegro de la trabajadora al cargo que ven�a desempe�ando, sin soluci�n de continuidad junto con el pago de salarios, prestaciones y acreencias laborales dejadas de percibir, aportes al sistema de seguridad social y subsidiariamente, el pago de la indemnizaci�n del art�culo 64 CST; (ii) El pago de los perjuicios morales generados con el despido;
(iii) la indexaci�n de las condenas; (iv) Se expida nueva certificaci�n con acoplo a lo reglado en el numeral 7 del art. 57 del CST y, (vii) Se condene en costas a la demandada. Los hechos que sustentan lo pretendido, informan que la actora se vincul� mediante un contrato de trabajo a t�rmino indefinido iniciado el 7 de julio de 2014, desempe�ando el cargo de cajera principal y a partir del 2017, como asesor comercial.
Que su remuneraci�n era variable porque lo compon�a el sueldo y las comisiones por ventas, adem�s por el cumplimiento de metas. Que la venta de seguros, consist�a en la indagaci�n de datos b�sicos de los clientes asegurables, los que eran consignados en unos formularios que luego eran entregados a la direcci�n operativa de la empresa para su posterior env�o a la ciudad de Bogot�, pero que el Banco solo les brind� orientaci�n del diligenciamiento de los formularios para la venta de seguros a trav�s del correo institucional, sin entrenamiento, ni capacitaci�n suficiente para realizar la venta de seguros y tampoco contaban con un procedimiento adecuado para el control y verificaci�n de la informaci�n diligenciada en los formularios de venta de seguros MP-GRO-AYC-70 �Pol�tica de Visaci�n" (verificaci�n de c�dulas, firma, autenticaci�n del cliente) y la matriz PR-GRO-CYV-09 �Identificaci�n y visaci�n� y adem�s, dadas las exigencias en los tiempos de atenci�n, deb�an colaborar a los clientes con el diligenciamiento de los citados formularios.
Memora que el 23 de agosto de 2018, vendi� una p�liza de seguro de vida- plan familia al cliente Gildardo Antonio Ortiz Fl�rez, siendo citada a descargos para el 6 de diciembre de 2018, por presuntas irregularidades ocurridas durante la venta de la referida p�liza, en tanto que, en la diligencia de descargos, se circunscribi� a evaluar una supuesta infracci�n al c�digo de conducta del banco.
De otro lado, apunt� que el Banco ejerc�a constante vigilancia en sus actividades, por lo que, de haber existido alg�n yerro en las tareas, la empresa ten�a conocimiento inmediato de cualquier situaci�n, pues toda infracci�n se castigaba con la reducci�n de los porcentajes de cumplimiento, que redundaban en la liquidaci�n de la remuneraci�n adicional.
Agrega, que el 7 de diciembre de 2018, fue despedida por el demandado argumentando justa causa, frente a lo cual, alega que la conducta reprochada no en el reglamento interno de trabajo no se encuentra previsto que constituye falta grave a las pol�ticas y procedimientos bancarios y tampoco, establece la graduaci�n de faltas y sanciones para cada caso.
Refiere que, a su juicio, no hubo inmediatez en el despido y afirma que, habiendo sido despedida por razones similares por las que fueron despedidos varios trabajadores en las diferentes sucursales, implicaba que se trat� de un despido colectivo que requer�a la autorizaci�n del ministerio del ramo. Asegura que el despido se torn� injustificado en tanto que su comportamiento siempre fue el adecuado y la conducta cuestionada no gener� perjuicios en la instituci�n y tal decisi�n le caus� diversos perjuicios morales y materiales.
De otro lado, refiere que la certificaci�n laboral que le fue expedida infring�a el numeral 8 del art�culo 59 del CST, porque inclu�a informaci�n que le perjudicaba, excediendo lo dispuesto en el numeral 7 del art�culo 57 ib�d. La demanda fue radicada el 26 de agosto de 2019 [archivo 05], admitida por auto del 20 de septiembre de 2019 [archivo 09].
Posici�n del demandado. El BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., hoy SCOTIABANK COLPATRIA S.A., se opuso a lo pretendido bajo el argumento que la terminaci�n fue por justa causa atribuible a la demandante, luego de surtido el proceso disciplinario. Refiere que la actora no solo incumpli� con los numerales 2, 3, 6 y 8 del proceso del c�digo PR - GRO-BCS-01 al diligenciar formularios de toma de p�liza del plan familia 8263557 en nombre del cliente Gildardo Antonio Ortiz, situaci�n expresamente prohibida por el Banco.
Si no tambi�n, report� y registr� en los formularios de toma de p�liza y en el sistema AS400 de la Compa��a, informaci�n que no correspond�a a la realidad pues la demandante no verific� en debida forma la fecha de nacimiento del cliente, ofreciendo y vendi�ndole al mismo, un producto para el cual no cumpl�a los requisitos, pues debido a su edad no era una persona asegurable, situaciones que constituyeron una falta grave a sus obligaciones laborales y que ameritaron la terminaci�n de su contrato.
Agrega que el despido no fue parte de uno colectivo porque no se cumpl�a con los supuestos del art�culo 67 de la Ley 50 de 1990. Como excepciones formul�: Inexistencia de la obligaci�n y cobro de lo no debido, prescripci�n. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juez Quinto Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo del 11 de agosto de 2021, dispuso: �PRIMERO: ORDENAR a SCOTIABANK COLPATRIA S.A. que expida a la se�ora YULIANA ANDREA HERN�NDEZ MORALES, una nueva certificaci�n laboral que se ajuste a lo dispuesto en el art. 57 numeral 7 del CST, por lo expuesto en la parte motiva;
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepci�n de �inexistencia de la obligaci�n y cobro de lo no debido� propuesta por SCOTIABANK COLPATRIA S.A. con relaci�n a las pretensiones encaminadas a obtener el reintegro por despido colectivo y la indemnizaci�n por despido sin justa causa.
TERCERO: En consecuencia, NEGAR las restantes pretensiones incoadas por la se�ora YULIANA ANDREA HERN�NDEZ MORALES en contra de SCOTIABANK COLPATRIA S.A.;
CUARTO: Sin condena en costas;
QUINTO: DECLARAR NO PROBADAS las tachas de sospecha en contra de los testigos Antonio Quintero, Clemencia Rodas, Juan David Castrill�n Ru�z y Vanesa Lorena Soto Duque, por lo expuesto en la parte motiva. En lo que interesa al recurso, en s�ntesis, el juez de primera instancia neg� la pretensi�n subsidiaria de indemnizaci�n por despido sin justa causa, al determinar que Colpatria comunic� a la trabajadora su decisi�n de terminar unilateralmente el v�nculo laboral por incumplimiento de las obligaciones laborales y reglamentarias, invocando la causal prevista en el numeral 6� literal a) del art�culo 62 del CST, en concordancia con el art�culo 58 numeral 1.
El juez con apoyo en los procedimientos y pol�ticas establecidas establecidos por la demandada, consider� que la conducta de la demandante al ingresar una fecha de nacimiento distinta a la del cliente en un formulario de p�liza plan familia, permitiendo que un cliente no asegurable accediera a un beneficio econ�mico o a un seguro de vida, era una falta grave porque de acuerdo con el haz probatorio y las aceptaciones que hizo la demandante hab�an hecho evidente que lo sucedido se hab�a dado porque la trabajadora hab�a infringido las normas internas respecto a la seguridad y verificaci�n de las condiciones de los usuarios para llevar a cabo los procesos financieros, incumpliendo de manera espec�fica los procedimientos para la venta de seguros (PRERPBCS01) al diligenciar el formulario de toma de p�liza del plan familiar Nro. 8263557 en nombre del cliente Ortiz, cuando era el mismo cliente quien deb�a diligenciarlo y que report� en el sistema AS400 informaci�n que no correspond�a a la realidad porque no hizo las verificaciones y validaciones dispuesta en el proceso de visaci�n de la c�dula, la fecha de nacimiento y edad actual del cliente, induciendo en error a la empleadora al obligarla frente a un cliente que por su edad no era asegurable.
Luego de hacer una revisi�n a la documental aportada, analiz� las responsabilidad y controles que debi� aplicar la actora como asesora comercial, as� como los procesos de visaci�n relativos a la verificaci�n de la autenticidad y vigencia de documentos que aquella debi� aplicar, frente al cual dedujo que el incumplimiento de dicho procedimiento pod�a acarrear desde una sanci�n disciplinaria hasta la terminaci�n del contrato de trabajo.
Frente a los procedimientos y pol�ticas, consider� que la demandante ten�a conocimiento de ellos, adem�s de los reglamentos de la empresa, por lo que las justificaciones presentadas no eran de recibo Al verificar si la conducta desplegada por la trabajadora estaba catalogada como grave, para el efecto, acudi� al art�culo 50 del reglamento interno de trabajo, donde se calificaba como falta grave y por ende como causal de terminaci�n del contrato de trabajo, �d) La violaci�n grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias� y �e) La violaci�n por parte del trabajador a las pol�ticas y procedimientos del Banco�, y, para determinar si los hechos que fundamentaron la terminaci�n pod�an catalogarse como una violaci�n grave a las obligaciones o prohibiciones, tuvo en cuenta que el CST no defin�a tal cosa, por lo que acudi� a la analog�a para remitirse al C�digo Civil que defin�a la negligencia grave en el art�culo 63, y acudi� a la jurisprudencia referente a la calificaci�n de gravedad por parte del juzgador y la no exigencia de ocasionarse perjuicio con la conducta al empleador.
Al culminar el an�lisis de las pruebas, arrib� el juez de primera instancia a concluir que se hab�a acreditado la ocurrencia del hecho endilgado a la trabajadora, no siendo reprochable el hecho de que el formulario hubiera sido diligenciado por la demandante, sino que la verdadera falta radic� en ingresar una fecha de nacimiento distinta de la que correspond�a, por lo cual un cliente no asegurable pudo acceder a un beneficio econ�mico o a un seguro de vida, para el que no cumpl�a los requisitos y lo cual le aportaba un provecho adicional en los productos que contrat� con el banco como la reducci�n de intereses.
Falta que encontr� cataloga como grave con fundamento en que con ella no solo infringi� normas internas respecto a la seguridad y verificaci�n de las condiciones de los usuarios para llevar a cabo los procesos financieros al registrar una fecha de nacimiento diferente a la que correspond�a al cliente, con lo cual no cumpl�a los requisitos para ser tomador de la p�liza que la trabajadora le gestion�, pudiendo haber ocasionado perjuicios econ�micos a la demandada, en la medida que de haberse presentado el siniestro asegurado, el banco deb�a cumplir con la p�liza contratada o de no cumplirse se expondr�a a una reclamaci�n ante la superintendencia financiera o en sede judicial; adem�s el banco incluso sin realizarse afectaci�n a la p�liza, el cliente ten�a beneficios econ�micos que estar�an a cargo de la entidad bancaria.
Respecto a las argumentaciones presentadas como justificaci�n por la demandante, las mismas no fueron de recibo para el juzgador al ser trascendental la fecha de nacimiento del usuario para determinar si cumple o no con el requisito de edad para ser asegurable, siendo evidente que deb�a comprobarlo desde el inicio de la atenci�n y m�xime en este preciso producto.
Anota que si se mira la conducta desde la �ptica del C�digo Civil tambi�n es evidente su alt�sima gravedad puesto que si la misma negligencia grave ha sido catalogada como aquella que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que a�n las personas negligentes o de poca prudencia pudieren emplear en sus negocios propios, gestionar una p�liza en nombre de una persona que expresamente se encuentra excluida por su edad siendo ello producto de error en la fecha de nacimiento del cliente, este no es el comportamiento que se espera de un trabajador.
En cuanto a la observancia del debido proceso, record� que al no ser la terminaci�n una sanci�n, no era necesario seguir el procedimiento exigido para disciplinar a un trabajador salvo que hubiera sido libremente estipulado en el reglamento interno de trabajo o en convenci�n colectiva, lo que en este caso no fue estipulado, por lo que atendi� a la jurisprudencia constitucional para concluir que de todas formas, el trabajador deb�a ser escuchado, oportunidad que suele equipararse a la diligencia de descargos, por lo que encontr� satisfecha esta diligencia con la documental donde obra la diligencia de descargos rendida por la trabajadora, si�ndole terminado el contrato de trabajo al d�a siguiente.
En lo concerniente a la exigencia de inmediatez, analiza que el hecho ocurri� el 23 de agosto de 2018 y seg�n lo declarado por los testigos y la misma demandante, la parte demandada se enter� de la ocurrencia del hecho el 18 de octubre de 2018, cuando evidenci� otras inconsistencias similares con otros trabajadores, decidiendo hacer una investigaci�n profunda a nivel nacional que arroj� como resultado los despidos de los trabajadores el 7 de diciembre de 2018, resaltando que la actora fue citada a descargos iniciando el mes de diciembre.
Argumenta que el hecho de ser el banco un intermediario en la venta de seguros de vida, es decir, que no estaba en su portafolio intr�nseco de ventas, y por tanto, m�s all� de enlazar a los clientes con la aseguradora no efectuaba mayor control al momento de que ocurrieron los hechos, fue apenas cuando encontr� la evidencia de un caso, tuvo la necesidad de adelantar una investigaci�n a fondo que puso en evidencia las irregularidades que terminaron con el despido de la demandante, por lo que considera cumplido el requisito de inmediatez e improcedente la condena referente al pago de indemnizaci�n por despido injusto y, por ende, de los perjuicios morales.
Finalmente, respecto a la certificaci�n laboral deprecada, el juez resalta el contenido del art�culo 57 numeral 7�, apreciando certificaci�n expedida por el empleador observa que no deb�a incluirse informaci�n no solicitada, ni la exige la norma citada, por lo que decide ordenar que la demandada expida una nueva certificaci�n, excluyendo la menci�n de la forma de terminaci�n del contrato de trabajo.
Sobre la condena en costas, se abstiene el a quo de imponerlas teniendo en cuenta que no hubo objeci�n respecto a lo que es motivo de condena. RECURSOS DE APELACI�N La parte demandante present� un recurso de apelaci�n contra la decisi�n de primera instancia �nicamente en relaci�n con la no prosperidad de la pretensi�n subsidiaria de indemnizaci�n por despido injusto, enmarcando su desacuerdo en los siguientes aspectos: Gravedad de la conducta para enmarcarla en la justa causa.
El recurso se bas� en que la Colpatria no prob� la justa causa de la terminaci�n del contrato de trabajo. Al respecto, arguye que con la documental no se probaron las puntuales obligaciones dictadas por el empleador que el calificativo de grave o estuvieran enmarcadas como tal en el reglamento interno de trabajo y, adicional a ello, critic� la interpretaci�n anal�gica aplicada por el sentenciador al acudir al C�digo Civil al analizar el concepto de gravedad de la falta, considerando que al respecto, la codificaci�n laboral expresamente regula las causales de terminaci�n y, de otro lado, el empleador contaba con la potestad reglamentaria para definir, de manera previa, los criterios y par�metros de gravedad en el reglamento interno el cual, deb�a contar con la plena publicidad.
An�lisis probatorio. En s�ntesis, recrimina que al momento de analizar las circunstancias que rodearon la conducta reprochada, el juez no hubiere tenido en cuenta aspectos como: (i) La carga laboral de los asesores que les impon�a el hecho de que tuvieran obligaci�n de cumplir las metas; (ii) La falta de precauci�n del banco al no implementar controles duales en la venta de seguros frente a una actividad tan importante para la entidad bancaria, aspecto que s� lo ten�an otros productos, seg�n lo indicaron los testigos Mar�a Clemencia Rodas y Antonio Jos� Quintero;
(iii) La permisibilidad del Banco que desnaturalizaron las obligaciones impuestas en lo relativo a la prohibici�n de que los asesores diligenciaran las p�lizas aunado a lo manifestado por el Gerente Administrativo cuando refiere que el cliente se identifica con la c�dula y el asesor graba en el sistema contra dicho documento, de lo cual infer�a que el asesor identificaba y grababa el formulario.
Procedimiento aplicado. En s�ntesis, reclama que la citaci�n a descargos no cumpli� el rigor de informar sobre los aspectos sobre los cuales rendir�a descargos, por lo que no se le puso de presente clara, precisa, y concretamente porque la citaci�n, adem�s, reclama en que no se prob� que el error hubiere obedecido a una acci�n fraudulenta o intencional.
Inmediatez del despido. Reclama que, a su juicio, no hubo inmediatez entre el conocimiento del hecho y el despido en tanto que no se prob� cu�ndo se produjo el primero, adicionando que, de los dichos de los testigos de la actora, con antelaci�n se hab�a producido un despido del trabajador Juan Camilo Olivera, el cual fue sin justa causa y con reconocimiento de la indemnizaci�n, por un hecho similar al imputado a la demandante y a los dem�s trabajadores, no estando probado porqu� se dio un tratamiento diferente.
La parte demandada recurri� la decisi�n espec�ficamente frente a la orden de expedir nueva certificaci�n, considerando que no se ten�a soporte de los t�rminos en los que la demandante hab�a solicitado la certificaci�n, pues no hab�a evidencia de correo o petici�n que diera cuenta sobre los t�rminos en que la actora solicit� la expedici�n de dicho documento.
Cuestiona que la demandante debi� manifestar su desacuerdo frente al contenido del documento, por lo que debi� realizar una solicitud sobre los puntos que deseaba incluir o manifestando la inconformidad, m�xime cuando no se hab�a generado perjuicio o que le evitara la consecuci�n de un nuevo empleo, por lo que, a su juicio, se gener� un desgaste de la administraci�n de justicia. De otro lado, solicita se condene en costas a quien promovi� la demanda al ser adversa la decisi�n para la actora, no siendo de recibo ni siquiera que la �nica condena que prosper� que fue la de expedici�n de la certificaci�n, la cual estaba contenida en la reforma de la demanda y frente a ello no hubo oposici�n. En consecuencia, solicita se absuelva a la demandada de todas las pretensiones y se condene en costas a la parte actora.
ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA Como la finalidad de esta etapa es atender la persuasi�n f�ctica y jur�dica sobre el tema objeto de discusi�n, bajo ese espectro se atienden los alegatos que guarden relaci�n directa con los temas debatidos. Para tal efecto, el traslado se dispuso mediante fijaci�n en lista del 26-07-2022 y de la presentaci�n de alegaciones en t�rmino, se remite a la constancia de la Secretar�a de la Sala [archivo 14, cuaderno de segunda instancia].
Surtido el tr�mite que corresponde a esta instancia, procede la Sala de decisi�n a dictar la providencia que corresponde, previas las siguientes, CONSIDERACIONES En virtud de los argumentos planteados y considerando que el estudio del caso en segunda instancia se limita �nica y exclusivamente a los puntos de censura enrostrados por los recurrentes, seg�n lo dispone el art�culo 66 A del C.P.T.S.S, corresponde a esta Sala de Decisi�n establecer: i) La valoraci�n probatoria fue suficiente para determinar que el contrato de trabajo que existi� entre las partes termin� por decisi�n unilateral del empleador invocando una justa causa.
(ii) �El procedimiento seguido por la demandada se llev� a cabo respetando el debido proceso?; (iv) �la conducta de la trabajadora se encuentra enmarcada como grave en la Ley o en los reglamentos?; (v) �El despido se dio respetando el principio de inmediatez?; (vi) Hay razones para negar a la parte actora que se ordene al empleador el eliminar de la certificaci�n expedida, aspectos que le perjudiquen;
(vii) De establecer que el despido fue con justa causa, hab�a lugar a condenar en costas de primera instancia a la parte actora. Para resolver los anteriores problemas jur�dicos, es menester traer a colaci�n la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto. Del despido justificado Para dar por terminado el v�nculo contractual, cabe precisar que el art�culo 66 del C�digo Sustantivo de Trabajo modificado por el par�grafo del art�culo 7 del Decreto 2351 de 1965, dispone que �La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinci�n, la causal o motivo de esta determinaci�n, sin que posteriormente pueden alegarse v�lidamente causales o motivos distintos�.
De igual forma, sobre el trabajador gravita la carga de demostrar que la terminaci�n del contrato fue a instancia del empleador, y, a este, le corresponde demostrar que el despido se bas� en las causas esgrimidas en el documento con el que comunic� su decisi�n (SCL, sentencia 48351/2016). Entrando en materia, es de recordar que el art�culo 61 del C.P.T.S.S. dispone, conforme a la libre formaci�n del convencimiento, el juez no est� sujeto a la tarifa legal de pruebas y, por lo tanto, formar� libremente su convencimiento, inspir�ndose en los principios cient�ficos que informan la cr�tica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes.
En el sub judice, ninguna controversia existe en lo que respecta a la acreditaci�n del despido por parte del empleador, frente a lo cual, cuenta memorar que de ello da cuenta la comunicaci�n � carta de terminaci�n � que milita en el archivo 04, p�gina 66, cumpliendo la actora con la carga que le incumb�a de demostrar que fue despedida. Ahora, cuenta decir que demostrado lo anterior, al Banco demandado le incumbe demostrar que dicho finiquito obedeci� a una justa causa estipulada legal o convencionalmente.
Del procedimiento aplicado Pues bien, en el expediente obran diversas pruebas documentales y testimoniales, aportados por ambos extremos, siendo los que interesan al recurso, los siguientes: Para empezar, de la citaci�n a descargos del 3 de diciembre de 2018, que milita en la p�g. 56, archivo 04, no se observa falta de rigor alguna porque obra por escrito y se informa a la trabajadora sobre las presuntas irregularidades durante la venta y grabaci�n de la p�liza plan familia 8263557 del cliente Gildardo Antonio Ortiz Fl�rez, disponiendo el traslado de la copia del formato de la p�liza, copia de la cedula del cliente, copia del pantallazo de AS400 del registro de la p�liza.
Para explicar lo anterior, cuenta mencionar que en el evento en que el trabajador incurre en una falta por la cual se le pretende sancionar, previamente se le debe citar a una diligencia de descargos para que tenga la oportunidad de exponer su versi�n y presentar pruebas para controvertir las acusaciones que se le plantean. En estos casos, el empleador se encuentra facultado para que imponga las sanciones disciplinarias contempladas en el reglamento de interno o en el contrato de trabajo.
Ahora, en trat�ndose de la terminaci�n unilateral por el empleador con base en una justa causa, al no tener esta una naturaleza disciplinaria, ni constituir una sanci�n, no es necesario aplicar previamente un procedimiento disciplinario particular, salvo que las partes as� lo hubieran pactado o que se encuentre previsto en el reglamento interno de trabajo o la convenci�n. No obstante, la jurisprudencia ha ense�ado que ello no significa que el empleador no tenga l�mites al momento de tomar la decisi�n del despido con justa causa, pues por lo menos, debe darse la garant�a del �derecho de defensa� en la forma como el empleador puede hacer uso de la decisi�n de finalizar el v�nculo con base en una justa causa.
Esas garant�as fueron resumidas en la sentencia SL2351-2020, donde se contemplan los siguientes aspectos: a)�Comunicaci�n al trabajador en la que se individualicen los motivos o razones por los que se da por terminado; b)�Cumplir con la inmediatez que consiste en que el empleador debe tomar la decisi�n de terminar el contrato en tiempo cercano a la ocurrencia de los hechos que motivan su decisi�n o de que tiene conocimiento de estos; c) Se configure alguna de las causales expresa y taxativamente previstas en la Ley; d) de ser el caso, agotar el procedimiento a seguir para el despido establecido en la convenci�n colectiva, o en el reglamento interno de trabajo, o en el contrato individual de trabajo, para garantizar el debido proceso; e)�La oportunidad del trabajador de rendir descargos o dar la versi�n de su caso, de manera previa al despido.
Dichos aspectos se acompasan con el criterio trazado en la sentencia SU-449-2020. As� mismo, en la citada sentencia, se indic� que la citaci�n a descargos no es la �nica forma de garantizar el derecho de defensa del trabajador (salvo que se haya pactado as� previamente). Por el contrario, la garant�a del derecho de defensa se cumple tambi�n cuando el trabajador, de cualquier forma, tiene la oportunidad de hacer la exposici�n de su caso al empleador con el fin de asegurar que la decisi�n de terminaci�n del contrato vaya precedida de un di�logo, es decir, no es de su esencia cumplir con una forma espec�fica.
Para el caso, de la copia del reglamento interno de trabajo que milita en el expediente (), se observa el �procedimiento para comprobaci�n de falta y formas de aplicaci�n de las sanciones disciplinarias�, en cuyo art�culo 51 dispone que �antes de aplicarse una sanci�n disciplinaria, EL BANCO deber� o�r al trabajador inculpado directamente [�] en todo caso se dejar� constancia escrita de los hechos y de la decisi�n de EL BANCO de imponer o no, la sanci�n definitiva (art. 115 CST)�.
A su turno, el cap�tulo XII denominado �Faltas, Sanciones y/o Amonestaciones Disciplinarias�, describe en el art. 48 ib�d., las sanciones que podr�an imponerse; en el art. 49 ib�d., se hace una relaci�n de las faltas graves y sus consecuencias, para luego, en el art. 50 se�alar la calificaci�n de las faltas graves como motivo de terminaci�n del contrato, para finalmente, en los art�culos 51 y 52, establecer el procedimiento para la aplicaci�n de las sanciones disciplinarias.
De lo que se concluye, que de las disposiciones del reglamento interno de trabajo no se desprende que el empleador hubiere dispuesto el despido como una sanci�n disciplinaria o que, sin darle tal connotaci�n, hubiese reglado que para llevar a cabo la terminaci�n del contrato tuviese que cumplir el mismo procedimiento establecido para la sanci�n disciplinaria y, de haber sido as�, lo que previ� fue dar la oportunidad de o�r al inculpado, sin disponer ning�n tipo de formalidad especial en la citaci�n escrita que se le hizo, adem�s, durante los descargos acept� conocer la raz�n por la cual fue citada a descargos.
De la calificaci�n del despido Como se se�al� anteladamente, al empleador le ata�e la justificaci�n del despido, pues para que sea justo, tal decisi�n debe estar motivada en una causal reconocida por la ley o calificada como tal, en este caso, en el contrato de trabajo ora en el reglamento interno de trabajo. Para el an�lisis del asunto, se tiene que la carta del despido del 7 de diciembre de 2018, el Banco demandado comunic� a la trabajadora su decisi�n de dar por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral y con justa causa, con fundamento en �el art�culo 62 literal a) numeral 6 del C�digo Sustantivo de trabajo en concordancia con el art�culo 58 numeral 1�, al considerar que se hab�an incumplido los procedimientos establecidos por la compa��a para la venta de p�lizas de seguro, espec�ficamente el procedimiento PR-GRO-BCS-01, porque la trabajadora diligenci� directamente el formulario de toma de p�liza del plan familia No 8263557 en nombre del cliente Ortiz y, adicionalmente, report� y registr� en el mismo informaci�n que no correspond�a a la realidad, porque no verific� mediante el proceso de visaci�n de la c�dula, la fecha de nacimiento del cliente y la edad del cliente, induciendo en error a la compa��a bajo situaciones contrarias a las pol�ticas, procedimientos, valores, y principios establecidos por la compa��a. De otro lado, le recalc� que el primer incumplimiento qued� evidenciado en la diligencia de descargos en la trabajadora sostuvo: "Para no demorarlo le tom� sus datos b�sicos, le hice firmar los documentos que se necesitan para el cr�dito y para la p�liza.
La p�liza la dejo en la oficina hasta que el cr�dito sea aprobado, yo siempre dejo la p�liza en blanco, solo lleno los beneficiarios que el cliente me dijo, y ya cuando el cr�dito es aprobado yo diligenci� el formulario de la p�liza ( ) �l solo me los firm�, yo los diligencie sola ( ) la pude haber grabado el 22 y al d�a siguiente anote los datos en el formularlo y se la entregue al director ( )" y, el segundo incumplimiento, el mismo quedo evidenciado en la diligencia de descargos en la cual manifest�: "(..) como yo dejo el formularlo en blanco, ya que solo el cliente me la firma, cuando ya grabo la p�liza, que es como 5 d�as despu�s, ya no tengo la c�dula a la mano ( ) mi falta es que por las carreras no volv� a verificar los datos del diente, no revisar si sus datos estaban bien creados, solo diligencie el formato no volv� a revisar nada m�s, no s� c�mo me equivoque con este diente." De acuerdo a lo anterior, no son de recibo las explicaciones dadas a la demandada porque se incumplieron las pol�ticas y procedimientos de visaje, no se aplic� verificaci�n de la fecha de nacimiento del cliente, quien por la edad, no era asegurable; se registr� en el formulario y el sistema AS400 con informaci�n que no correspond�a a la realidad, generando el riesgo a la demandada de asumir costos frente a un cliente no asegurable y sin cobertura, circunstancias que para el empleador, correspondi� a una conducta violatoria de las pol�ticas, procedimientos, valores y principios establecidos por el Banco y por tanto, la enmarc� en una violaci�n grave a las obligaciones laborales y reglamentarias que dieron paso a la justa causa del despido.
Para definir lo pertinente, se tiene que la demandante durante la diligencia de descargos (archivo 4. P�gina 60 sgts) dijo conocer las razones por las que fue citada; acepta que conoc�a y comprend�a el C�digo de Conducta Scotiabank Colpatria, dijo conocer los procedimientos y pol�ticas que le fueron preguntados. De otro lado, acepta que de acuerdo con las pol�ticas y procedimientos del Banco qui�n deb�a diligenciar los formularios de la p�liza plan familia era el cliente, sin que fuera permitido que el asesor lo hiciera.
Tambi�n acept� conocer el procedimiento para la venta de p�lizas plan familia (PR - GRO-BCS-01), donde dijo que se �deb�a cumplir con unos requisitos. El procedimiento es que debe cumplir con una edad, se debe verificar la edad, se le explica los beneficios de la p�liza, explic�ndole que le cubre y que no le cubre la p�liza, se graba, hay dos opciones, por originaci�n o AS400.
Por originaci�n cuando es por tarjeta de cr�dito y por AS400 cuando es debito a cuenta de ahorros. Son tres copias una se la entregamos al cliente (la original) y las otras dos se las entregamos al director operativo. Denota claramente que era ella quien explicaba al cliente y, este decid�a, era ella quien ingresaba los datos al sistema; si eran por originaci�n ella llenaba los datos para imprimir el formato.
Y si era por AS400 se hac�a manualmente, confiesa que ella lo diligenciaba y el cliente lo firmaba. Confiesa conocer claramente que la edad m�xima asegurable para que un cliente pudiera tomar una p�liza plan familia, era contar con 65 a�os; que el conocimiento del cliente era verificar con la c�dula si el cliente ya existe con nosotros, verificar su edad y sus datos personales�.
Confiesa que ella diligenciaba el formulario, justific�ndose en que se confundi� con el documento de otro cliente porque en su escritorio manten�a muchos papeles y por la carrera, al ser preguntada si conoc�a la pol�tica de escritorios limpios y custodias de documentos de clientes, acept� que conocerla pero que la incumpl�a. De otro lado, acept� haber recibido capacitaciones y entrenamiento en el Campus Virtual el entrenamiento de Principio de Venta; en seguridad operativa donde incluye el tema de la identificaci�n de los clientes y la revisi�n de autenticidad de las c�dulas de ciudadan�a y huellas dactilares y visaci�n de firmas; en el programa de certificaciones de Banca Seguros.
En dichos descargos, dijo que el se�or Ortiz Fl�rez era un cliente a quien le ofreci� un preaprobado, un cr�dito de libre inversi�n; que para el caso ella lo entrevist�., indag� lo necesario y valid� la informaci�n pero que ella dej� el documento en blanco firmado por el cliente; que cinco d�as despu�s graba la p�liza y para entonces no contaba con la c�dula en la mano, por lo que no pod�a precisar en qu� momento fue que se equivoc� con la fecha de nacimiento.
Ahora, en el interrogatorio rendido durante la audiencia del art. 80 CPTSS, la demandante Yuliana Andrea Hern�ndez Morales, dijo: Inicialmente admite que los formularios para la venta de las p�lizas deb�an ser diligenciados por los clientes y narra que ella diligenci� el formulario del se�or Gildardo Antonio Ortiz para dar agilidad a la atenci�n a los clientes, siendo llamada a los tres meses a presentar descargos.
Explica que las personas que eran asegurables deb�an tener una edad de 18 a 65 a�os, que el cliente fue llamado para un preaprobado de un cr�dito que le asign� el banco, acerc�ndose a la oficina, d�ndole ella toda la informaci�n, pero sin percatarse de la edad de este, aceptando �ste tomar la p�liza de vida. Indica que la p�liza solo se grababa una vez se desembolsara el cr�dito, por lo que siempre se quedaban con el documento mientras se cumpl�a dicho hecho y concretado el mismo, proced�an a grabar la p�liza.
Al pregunt�rsele si ella modific� o alter� alguna informaci�n del cliente ya que �ste figuraba previamente con sus datos en el sistema, respondi� que para grabar la p�liza el sistema volv�a a pedir los datos de los clientes y fue en ese momento que ella se equivoc� con la fecha de nacimiento. En cuanto al procedimiento de visado para verificaci�n de la identificaci�n de los clientes, contest� que consist�a en que deb�an verificar que no fuera una c�dula falsa.
En cuanto a la testimonial, los arrimados a instancia actora, todos excompa�eros de trabajo que, al igual de la demandante, fueron despedidos al mismo tiempo y bajo iguales circunstancias, indicaron: Vanessa Lorena Soto Duque Afirma haber trabajado en el Banco Colpatria durante unos 6 a�os como asesora comercial, habiendo sido despedida con justa causa.
Relata tener conocimiento de que la demandante fue despedida por el diligenciamiento de un seguro plan familia donde se equivoc� al diligenciar la fecha de nacimiento del cliente, resaltando que lo mismo le ocurri� a ella y a otros compa�eros que igualmente fueron despedidos. Sobre el proceso de diligenciamiento de formularios relata que a los clientes deb�a inicialmente ped�rseles la c�dula y en el caso puntual de cr�dito se verificaba que la c�dula correspondiera al cliente, diligenci�ndose la mayor parte de informaci�n, quedando pendientes que se realizaban al final de la jornada; se enviaban a f�brica de cr�dito y los banca seguros quedaban pendientes para ingresarlos al sistema cuando el cr�dito ya estaba aprobado.
Asegura que en ning�n momento el Banco les dio como lineamiento que los formularios fueran diligenciados por los clientes, incluso una gerente couch que ten�an les ayudaban a diligenciarlos. Afirma que la falta de cumplimiento de metas era causal de despido. Sobre lo ocurrido con la demandante, dice que ambas fueron despedidas en el mismo a�o por el mismo error.
El testigo Juan David Castrill�n Ruiz, afirm� haber laborado en el Banco Colpatria como asesor comercial, desde marzo de 2012 hasta diciembre de 2018, habiendo sido despedido el mismo d�a que la accionante, debido a un error de tipo operativo en el diligenciamiento de formularios por parte de trabajadores en Pereira y a nivel nacional. Declara que entre ellos se encuentra la demandante, supernumeraria asesora comercial, quien diligenci� un formulario de seguro de vida donde incurri� en un error, espec�ficamente en la fecha de nacimiento de la persona que estaba siendo asegurada, lo que se present� por cargas laborales, no siendo indemnizados, a pesar de que un compa�ero s� fue indemnizado.
Relaciona que los formularios se diligencian con el documento del cliente, los cuales son generalmente personas que ya hab�an tenido un v�nculo con el Banco y pr�cticamente terminaban de firmarlo despu�s del cierre de las puertas del Banco. Dice que solo pod�an asegurarse las personas menores de 65 a�os y con el error que se comet�a daba que el cliente siendo mayor de 65 a�os, quedaba como menor de dicha edad.
Relata que s� ten�an como lineamiento que el cliente llenara el formulario, lo que era muy dif�cil de cumplir, por lo que ellos le ayudaban a diligenciarlos, no haci�ndoseles llamados de atenci�n por ello. Que hubo un trabajador que incurri� en el mismo error y fue despedido, pero debidamente indemnizado. Llamado Juan Camilo Oliveira, meses antes del despido de los dem�s quien era supernumerario promotor de Banca Seguros, liderando y luego fue asesor comercial y despu�s estaba cubriendo una licencia de un gerente, prendi�ndose a partir de ese momento las alertas.
Explica que para fines del seguro se trataba de personas que ya eran clientes del Banco, de quienes reposaba informaci�n en el sistema. En contraste, al rendir interrogatorio la representante legal de Colpatria, Sra. Mar�a Carolina Moreno. resalt�: La demandante prest� sus servicios en el Banco Colpatria, ocupando el cargo de gestora comercial, siendo una de sus principales funciones la de colocar todos los productos que vende el Banco, si�ndole terminado el contrato de trabajo con justa causa, concretamente por incumplimiento de sus obligaciones laborales ya que la trabajadora en la venta de productos ten�a que vender p�lizas de seguros y no solo diligenci� un formulario que ten�a que diligenciar el cliente sino que adem�s modific� la fecha de nacimiento del cliente al ingresar sus datos a la plataforma, lo que permiti� que dicha persona, no siendo apta para tomar dicho seguro, pudiera acceder al seguro de vida, lo que repercut�a adem�s en las metas de la vendedora y le generaba ingresos en su remuneraci�n variable.
Se�ala que el despido se dio dicho hecho se present� en diciembre de 2018 y explica que la venta del seguro la actora la hizo en agosto de 2018 pero como son una entidad con mucho personal y varias personas, espec�ficamente doce personas y en la misma ciudad, estaban incurriendo en estas conductas indebidas, debieron iniciar investigaciones por parte del �rea de seguridad corporativa, aclarando que se enteraron de lo que estaba ocurriendo m�s o menos en octubre de 2018.
Relata que dicha �rea finalmente pasa a la de investigaciones el resultado de las pesquisas, se inician los procesos disciplinarios y finalizan en diciembre con la terminaci�n del contrato con justa causa a todos los que incurrieron en dichos hechos. Antonio Jos� Quintero Arias. � Gerente Administrativo de Colpatria, donde presta sus servicios desde 1986, manifest�: Que conoci� a la demandante ya que prest� sus servicios en Colpatria como cajera como en el a�o 2014 y posteriormente pas� al cargo de asesor�a, a quien se le dio por terminado el contrato de trabajo porque incumpli� unos temas de procedimientos y de conocimiento del cliente al ingresar informaci�n y vender un producto con informaci�n diferente a la real del cliente, concretamente un producto de seguro donde la fecha de nacimiento se cambi�, permiti�ndole al cliente estar en una p�liza de seguros, cuando ya no estaba dentro del rango de edad que el Banco permit�a, cambi�ndole la fecha de nacimiento al cliente.
Aduce que en el mismo tiempo salieron otras personas por las mismas causas, revelando que �l tuvo conocimiento porque de Bogot� lleg� la informaci�n de haberse realizado una investigaci�n por el �rea de pr�ctica de ventas, donde encontraron dichas inconsistencias en el �rea de asesores, y se les comunic� que deb�an proceder a que las personas rindieran descargos a lo cual se procedi�.
Sobre el proceso de diligenciamiento de formularios para p�lizas de seguros, se�al� que todo cliente que llegue a barra debe tener su c�dula, siendo denominado por el banco el conocimiento del cliente y validado lo anterior, para una p�liza, era el cliente quien deb�a llenar el formulario, indicar sus beneficiarios y toda su informaci�n personal, entre ellas, la fecha de nacimiento y con esa informaci�n el asesor graba en el sistema validando la misma confrontando con la c�dula.
Que por parte del Banco se ten�a como procedimiento que fuera diligenciada la p�liza por parte del cliente para evitar errores por parte del asesor y en cualquier situaci�n para establecer que la informaci�n hab�a sido dada por el cliente. Adiciona haber tenido conocimiento de que el Banco identific� unas alertas por cumplimiento de metas por encima de lo normal y al realizar estudios y muestreo se evidenciaron p�lizas donde las fechas de nacimiento de los clientes no coincid�an con las reales, siendo para el Banco una de las prioridades la identificaci�n del cliente.
Adem�s, se�ala que s� se les daban capacitaciones incluso virtuales a los trabajadores del Banco y exist�a campus virtuales donde se colocaban diferentes temas de estudio por el riesgo reputacional en el caso de las p�lizas de seguro de vida. Explica que el procedimiento de visado consiste en que al tener el cliente ya sus datos en el sistema, este se valida, y en el caso de la demandante �sta no cumpli� con dicho procedimiento ya que cambi� la fecha real de nacimiento del cliente.
Neg� que el Banco tuviera sistema de medici�n de tiempo de atenci�n al p�blico y explic� que todo Banco tiene cumplimiento de metas, pero �stas dependen de muchas variables, adem�s que actuaban como intermediarios en las ventas de p�lizas. Al pregunt�rsele en qu� podr�a beneficiarse la demandante con la modificaci�n de la fecha de nacimiento del cliente, declara que en el monto de la remuneraci�n variable ya que le contar�a para ejecuci�n del cumplimiento de meta y para el monto de la variable, de una manera no transparente en contrav�a de los lineamientos del Banco.
Mar�a clemencia Rodas Echeverri. Gerente de la Sucursal del Parque Arboleda en Pereira de Colpatria, donde presta sus servicios desde hace 13 a�os, manifiesta: Conoci� a la demandante porque trabaj� en la Sucursal que ella gerencia, donde se desempe�� como asesora comercial supernumeraria (no estaba asignada en una oficina en especial, sino que prestaba apoyo en caso de ausencia de otros asesores por vacaciones o licencias).
Entre sus funciones se�al� las de atender los clientes y todos los requerimientos y necesidades de estos, teniendo as� mismo unas metas comerciales las cuales promueve entre los clientes que se acercan a las oficinas y sobre los que aparecen en las mismas bases de datos de la entidad. Sobre la terminaci�n del contrato de trabajo de la actora, indica que fue en forma unilateral con justa causa, teniendo conocimiento de que el Banco realiz� unas investigaciones donde encontr� que la trabajadora estaba incurriendo en malas pr�cticas, aunque para la �poca de su desvinculaci�n no estaba laborando en la sucursal que la testigo gerencia. Respondi� que la demandante incurri� en adulteraci�n de informaci�n de un cliente en una p�liza de vida, producto que ten�a el Banco llamado plan familiar, y donde se vio que hubo una manipulaci�n de la informaci�n del cliente para que cumpliera con las pol�ticas de cobertura ya que el cliente pod�a tomarlo hasta faltando un d�a para cumplir los 65 a�os y donde un grupo de empleados a nivel nacional, donde se adulteraron las fechas de nacimiento para que cumpliera con el rango de edad.
Sobre el procedimiento para tr�mite de dichas p�lizas, expresa que era un formato simple, sin complejidad que ten�a ser llenado por el mismo cliente y donde la informaci�n era relativa a datos personales del mismo y sus beneficiarios. Expresa que el Banco ha sido muy estricto con todos los procesos relacionados con informaci�n, pr�ctica de ventas, requisitos, protocolos los cuales se hac�an anualmente, pero en el caso espec�fico de seguros se hac�an m�s procesos de capacitaci�n. Sobre el procedimiento de visado, relacion� que la visaci�n administrativa consiste en que la persona confirma que los datos son reales y que el cliente que firma realmente se identific� con la c�dula y se confront� con esta sus datos personales ya que el Banco all� se somete a un riesgo reputacional siendo una situaci�n grave.
Da cuenta de que cuando una persona va a acceder a una p�liza de vida es porque ya est� registrada en el sistema como cliente porque este tipo de seguro estaba asociado a los cr�ditos y entonces la persona ya tiene una informaci�n de datos personales primarios preexistente en el Banco por lo que se present� una manipulaci�n de informaci�n en la plataforma o sistema de la entidad, concretamente en la fecha de nacimiento, seg�n lo que arroj� la investigaci�n que se realiz�.
Como puede notarse, los testigos escuchados � que tambi�n fueron despedidos por similar conducta � en �ltimas justifican el incumplimiento de la directriz y del procedimiento a aplicar en la venta del seguro en aspectos como carga laboral, seguimiento en el cumplimiento de metas o simplemente, enmarcan el hecho como un simple error, cuando en realidad el hecho se deriva de la inaplicaci�n de una serie de procedimientos y del debido cuidado, que fue lo que permiti� vender un seguro de vida a un cliente que no era asegurable.
Cuenta anotar, que la misma demandante acept� conocer los protocolos y procedimientos relativos no solo a la identificaci�n del cliente sino tambi�n, del incumplimiento de los procedimientos del macroproceso que ten�a a cargo, de manera que, resulta palmario concluir que la demandante conoc�a de los procedimientos, pol�ticas y validaciones inaplicados, n�tese que de los medios de prueba as� lo demuestran, por lo que no hay duda que la actora inaplic� unos procesos, procedimientos, pol�ticas y directrices que ya conoc�a y frente a los cuales, estaba capacitada a trav�s de diferentes mecanismos, por lo que no hay duda de la idoneidad con que contaba para el desarrollo de su labor, aunado a que dichos formularios no resultaban ser complejos.
Es que de la conducta cuestionada por el dador del empleo, debe decirse que las omisiones de la trabajadora, no se limitaron al simple diligenciamiento del formulario de apertura del seguro, sino que, se insiste, corresponde al desconocimiento de varios procedimientos, directrices y actividades de validaci�n establecidas por el Banco, en su orden: (1) En la omisi�n de auscultar con el cliente, si este cumpl�a con el requisito de asegurabilidad en lo atinente no solo a las preexistencias sino adem�s a la edad l�mite de aseguramiento;
(2) Al desconocimiento de la directriz del empleador al diligenciar el formulario de solicitud de p�liza de seguros, cuando era una prohibici�n que conoc�a y estaba dispuesto en el macroproceso vinculaci�n, Proceso Apertura, Subproceso P�liza de seguros y procedimiento Plan familia cargo a cuenta, actividad 2; (3) La omisi�n de validar la documentaci�n y regularizar la informaci�n con el cliente antes de ser grabada en el sistema de informaci�n AS400 y (4) y la omisi�n de los controles establecidos en el procedimiento para validar la informaci�n que implicaba la confrontaci�n con el documento de identificaci�n del cliente.
De manera que, no encuentra la Sala una indebida valoraci�n probatoria por parte del juez de primera instancia, en estos aspectos en particular. De la calificaci�n de la gravedad de la falta Para iniciar, es de se�alar que numeral 6 del art�culo 62 del C�digo Sustantivo del Trabajo se�ala como causal para despedir al trabajador por justa causa: �Cualquier violaci�n grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los art�culos 58 y 60 del C�digo Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos� De otro lado, cuenta indicar que adem�s de las obligaciones y prohibiciones contenidas en la codificaci�n laboral, el empleador puede fijar una serie de faltas o conductas sancionables y graduar el nivel de gravedad de estas.
Dichas faltas, pueden ser calificadas como graves y dar lugar a la terminaci�n de la relaci�n laboral, siempre y cuando as� lo disponga el pacto, convenci�n, fallo arbitral, contrato de trabajo o el reglamento interno de trabajo, en este caso, de la entidad bancaria. Ahora del contenido del numeral 6 del art�culo 62 del C.S.T., se desprenden dos situaciones diferentes: El despido que se deriva de la violaci�n de las obligaciones y prohibiciones contenidas en los art�culos 58 y 60 del C.S.T. y el despido que obedece a la comisi�n de cualquier falta grave calificada como tal en el reglamento de trabajo y similares.
En este punto, la jurisprudencia de la Sala de Casaci�n Laboral ha lineado que, en el primer caso, la gravedad de la falta debe ser calificada por el juez, y en el segundo, la gravedad de la falta es calificada o determinada por las mismas partes en el contrato de trabajo, o en el reglamento de trabajo y similares y le es vedado al juez hacer juicios de valor sobre la falta que previamente haya sido calificada y graduada en alguno de los actos referidos en el numeral 6 del art�culo 62 del C�digo Sustantivo del Trabajo.
La Corte en sentencia 38855 del 28 de agosto de 2012, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve, recoge su propia jurisprudencia de anta�o sobre el tema que nos ocupa, as�: �Por lo anterior se concluye que la diferencia entre violaci�n de las obligaciones del trabajador y la falta cometida por el mismo no es lo que determina la diferencia entre las dos partes del numeral indicado.
La violaci�n de las obligaciones y prohibiciones a que se refieren los art�culos 58 y 60 del C�digo Sustantivo del Trabajo, constituye por s� misma una falta, pero esa violaci�n ha de ser grave para que resulte justa causa de terminaci�n del contrato. Por otra parte, cualquier falta que se establezca en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, implica una violaci�n de lo dispuesto en tales actos, que, si se califica en ellos de grave, constituye justa causa para dar por terminado el contrato.
En el primer concepto la gravedad debe ser calificada por el que aplique la norma, en el segundo la calificaci�n de grave ha de constar en los actos que consagran la falta�� El art�culo 62 literal a) numeral 6 del C�digo Sustantivo de trabajo, dispone:
ARTICULO 62. TERMINACI�N DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA.� Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: A). Por parte del {empleador}: � 6. Cualquier violaci�n grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los art�culos� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html" \l "58" 58�y� HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html" \l "60" 60�del C�digo Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos�.
Teniendo en cuenta lo anteior, en cuanto al se�alamiento del recurrente dirigido a que no habia prueba de las puntuales obligaciones dictadas por el empleador que el calificativo de grave o estuvieran enmarcadas como tal en el reglamento interno de trabajo, debe decirse: En primer lugar, que del an�lisis en conjunto y cr�tico de las pruebas, se concluye que la demandante incurri� en las conductas que le endilg� SCOTIABANK COLPATRIA S.A., las cuales se enmarcan en las faltas graves que as� fueron calificadas por las partes (empleador y trabajador) en el contrato de trabajo pactado el 7 de julio de 2014, en cuya clausula novena [p�g. 45, archivo 04], dispusieron que eran justa causa para dar por terminado el contrato por parte del empleador, la comisi�n de una de cualquiera de las siguientes faltas: �� w) la violaci�n a cualquier norma del reglamento interno de trabajo y del reglamento de higiene y seguridad industrial de la empresa, del c�digo de conducta, del c�digo del buen gobierno, de los procedimientos y dem�s pol�ticas internas de la compa��a. Par�grafo 1: las partes convienen que la violaci�n por parte del empleado de lo previsto en esta cl�usula se trata de una violaci�n grave y as� se califica, todo dentro del marco de lo previsto en el numeral 6 del decreto 2351 de 1965, articulo 7 convertido en legislaci�n permanente por la ley 48 de 1968 y no se debe confundir con un deficiente rendimiento.
Par�grafo 2: la tolerancia por parte del empleador de alguna o algunas de las anteriores causales o de cualquier otra, no significan aceptaci�n alguna a la misma y no impiden la terminaci�n del presente contrato en forma unilateral y con justa causa�. Adem�s, lo anterior es concordante con el art�culo 45 del Reglamento Interno de Trabajo (archivo 04 � p�gina 95), donde se estableci� como obligaciones del trabajador entre otras: �1.
Realizar personalmente las labores en los t�rminos estipulados; observar los preceptos de este reglamento y acatar y cumplir los �rdenes e instrucciones que de manera particular le imparta EL BANCO o sus representantes �; [�] 19 cumplir con todos los procedimientos y pol�ticas establecidos por el banco. [�] 21. cumplir con el reglamento interno de trabajo, c�digo de conducta y los dem�s c�digos, procedimientos y pol�ticas que establezca el banco, para el adecuado desarrollo de las funciones por parte del trabajador��.
Y, el art�culo 50 del reglamento interno de trabajo dispone: �Para efectos del art�culo 7, literal a), numeral 6 del decreto ley 2351 de 1965 � Terminaci�n del contrato con justa causa, se clasifican como faltas graves las siguientes: �� d) violaci�n grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias. e) violaci�n grave por parte del trabajador a las pol�ticas y procedimientos del banco�.
Ahora, es menester indicar que, en casos como el que ahora ocupa la atenci�n de la Sala, ha definido que, frente al criterio de falta grave, s� es posible acudir a la graduaci�n de la culpa que refiere el art. 63 del c�digo civil, seg�n el cual es negligencia grave la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios, por lo que no resulta desatinada la consideraci�n realizada por el a-quo en tal aspecto.
Por otra parte, la jurisprudencia ha definido que para definir si una falta es grave no se requiere la demostraci�n de un perjuicio a la empresa ni tampoco que el �nimo del trabajador hubiera sido la de causar un da�o, tal como lo ha indicado, entre otras en la SL945-2023, al reiterar lo dicho en las SL12438-2015 y SL1920-2018. Conforme a lo dicho, comoquiera que se encuentra acreditado que la actora en el desempe�o de sus funciones como Asesora Comercial, el d�a 23 de agosto de 2018, no tramit� o adelant�, en la forma establecida por el Banco, la venta de la P�liza de Seguros 8263557 del cliente Gildardo Antonio Ortiz Fl�rez (archivo 04, p�g. 58), al no cumplir con el procedimiento Macroproceso de vinculaci�n, Proceso de Apertura, Subproceso P�lizas de Seguros, Procedimiento Plan familia cargo a cuenta, catalogado como c�digo PRGROBCS-01 (archivo 18, p�g. 224 sgts), en lo relacionado con el diligenciamiento del formulario donde se establece que debe hacerlo el cliente y no el asesor; no obstante, en este caso, sin dubitaci�n alguna, obra que la demandante fue quien lo diligenci� a pesar de conocer la restricci�n, incluso, m�s grave a�n, es que dicho diligenciamiento lo hubiere realizado con posterioridad porque dej� el formulario en blanco firmado por el cliente, actuar ciertamente reprochable en la medida que el procedimiento le impone un conjunto de pasos y de controles, aspectos que claramente desconoci� y que constituyen adem�s, un actuar negligente; adem�s, incumpli� con el cotej� de la fecha de nacimiento del cliente respecto del documento de identificaci�n, aspecto que estaba dispuesto en el procedimiento antes denotado y en las pol�ticas del empresario, pero la actora pese a que era su obligaci�n verificarla, no lo hizo.
De otro lado, m�s grave resulta el hecho de que la trabajadora al entrevistar al cliente no se asegur� que este no se encontraba en el rango de edad permitida, esto es, m�ximo 65 a�os, para adquirir el amparo de vida, y ello tambi�n se observa en el diligenciamiento de la p�liza o de la venta del seguro del 23-08-2018, pues dicha calenda contaba con 67 a�os, 10 mes, pero en la documental cuestionada, la asesora omiti� incluir la fechas que correspond�a al natalicio, veamos: Fecha de nacimiento ingresada AS400: 1955/05/15 (archivo 04, pag. 59) Fecha de nacimiento diligenciada en la poliza: 1955/05/15 (archivo 04, pag. 58) Fecha de nacimiento en la cedula: 1950/09/26 (archivo 04, pag. 57) Ahora, el limite de edad de asegurabilidad, estaba establecido como car�cteristica y requisito esencial del plan familia � vida Grupo pero se desconoci�; adem�s se inaplicaron las pol�ticas de visaci�n; los par�metros de las actividades relacionadas con el ofrecimiento del seguro, revisi�n de documentos y de los datos ingresados al AS400 � actividad grabacion de p�liza -; las verificaciones para la confirmaci�n de datos y revisi�n de formatos, actividades todas ellas dispuestas en el procedimiento Macroproceso de vinculaci�n, Proceso de Apertura, Subproceso P�lizas de Seguros, Procedimiento Plan familia cargo a cuenta, C�digo PRGROBCS-01 (archivo 18, pag. 88-249).
Adicionalmente, si se observa el reglamento interno de trabajo all� se estableci� de manera puntual el deber de dar cumplimiento a los manuales y pol�ticas establecidas por el Banco y dem�s pol�ticas y procedimientos, seg�n se se�ala en el CAPITULO IX � PRESCRIPCIONES DE ORDEN.-, donde en su art. 42, dispone que los empleados tienen los deberes siguientes: �(�) k- Cumplir con lo previsto en los manuales y pol�ticas establecidas al interior de EL BANCO;
L- Cumplir con los dem�s c�digos, procedimientos y pol�ticas que se establezcan internamente para el adecuado desarrollo de las funciones por parte del trabajador (�)� Es m�s, al contrastar los documentos aportados por ambas partes y los testimonios escuchados, no duda que el Banco hab�a dispuesto procedimientos, directrices y pol�ticas para la labor realizada por la demandante, los que, de haberlos aplicado con diligencia y debido cuidado, como era su obligaci�n, el resultado de su conducta � el haber facilitado la adquisici�n de un seguro de vida por una persona no susceptible de amparo � no se hubiere producido.
Adem�s, como ya se hizo alusi�n, tanto el reglamento interno de trabajo como el mismo contrato de trabajo, de manera clara dispusieron que ese desconocimiento de los procedimientos y pol�ticas fijadas constitu�an sin m�s, una justa causa para terminar el contrato de trabajo, lo que de suyo implica que no le asiste la raz�n al recurrente frente a los planteamientos denotados en la alzada.
De manera que la recriminaci�n que hace frente al desconocimiento de las circunstancias en medio de la cual se incurri� en la conducta cuestionada, tales como �carga laboral�, la �imposici�n de metas�, la �falta de precauci�n del banco al no implementar controles duales en el proceso de venta de seguros� son aspectos no atenuantes de la conducta desplegada por la trabajadora, y as� esos procedimientos no cuenten con �controles duales�, lo cierto es que si contienen controles internos y validaciones de seguridad a cargo del trabajador y que sencillamente no los aplic� (paso 13, procedimiento PR-GRO-BCS-01, p�g. 224, archivo 18), raz�n por la que, las circunstancias planteadas por el recurrente, son aspectos que no desvirt�an la conducta, ni eximen de la responsabilidad a la trabajadora.
De otro lado, la responsabilidad que pudiera desprenderse de quienes recib�an los formularios para verificaci�n posterior, tal cosa tampoco modifica la conclusi�n a la que se lleg�, porque las omisiones cuestionadas a la demandante son independientes de las que pudieron incurrir los dem�s trabajadores e incluso, el tratamiento que el empleador pudo dar a otros empleados despedidos en tiempo pret�rito, como es el caso del citado Juan Camilo Olivero, porque corresponde a una situaci�n en la que se desconocen las circunstancias espec�ficas del caso y tampoco hacen parte de esta contienda.
En conclusi�n, se acredit� que la desvinculaci�n laboral de la demandante obedeci� a las conductas calificadas como faltas graves por las partes al tenor de la cl�usula 9 del contrato de trabajo y el art�culo 50 del reglamento interno de trabajo, literales d) y e), lo cual condujo a la terminaci�n del contrato con justa causa y, en tal orden, no le asiste la raz�n a los planteamientos de la parte actora.
De la inmediatez Sobre el requisito de inmediatez entre el acaecimiento del incumplimiento o falta del trabajador y el despido, en efecto la Corte en sentencia SL3108-2019, dijo: �La regla de la inmediatez entre la comisi�n de la falta y la reacci�n ante la misma, obliga al empleador a actuar con prontitud y celeridad, ya sea para sancionar al trabajador o despedirlo.
De no hacerlo en un tiempo razonable, se entiende que dispens� o perdon� la falta cometida por el trabajador. Por consiguiente, si luego de transcurrido este tiempo considerable desde la ocurrencia del hecho, el empleador decide dar por terminado el contrato de trabajo con base en aquel, es dable entender que su determinaci�n obedeci� a otro motivo y no a la comisi�n de la falta propiamente dicha.
Es decir, la regla de la contemporaneidad evita que, bajo el pretexto de sancionar o castigar una falta pret�rita, el empleador despida al trabajador por causas distintas.". No obstante, la Corte Suprema de Justicia tambi�n ha decantado que aunque entre la falta y la consecuencia debe mediar un tiempo prudente que impida que el trabajador y sus compa�eros de trabajo tengan alguna duda sobre los motivos que sustentaron la terminaci�n, por lo que no puede el empleador fundamentar su decisi�n en incumplimientos perdonados o infracciones olvidadas, pero ello no implica que deba precipitarse la entidad para tomar decisiones sin estar segura de la ocurrencia de los hechos imputables.
Asimismo, el tiempo transcurrido debe contarse a partir del conocimiento que de los hechos tenga la empleadora. En este caso, de los testimonios escuchados se pudo determinar que conductas como la realizada por demandante, generaron alertas que encausaron una investigaci�n que contempl� varias zonas a nivel nacional. Incluso, milita en el expediente evidencia de informes preliminares relativas a la pr�ctica en la venta de seguros, entre ellos, el informe del 20-11-2018 (archivo 18, p�g. 252) donde se hace referencia a que �el informe de dicha investigaci�n se estaba terminando de organizar para enviarla a Recursos Humanos�.
Al respecto, la representante legal de Colpatria, Sra. Mar�a Carolina Moreno, en su interrogatorio resalt� que el despido se dio en diciembre de 2018, explica que la venta del seguro la actora la hizo en agosto de 2018 pero al haberse detectado que asesores estaban incurriendo en conductas indebidas como la demandante, a nivel nacional debieron iniciar investigaciones por el �rea de seguridad corporativa, aclarando que se enteraron de lo que estaba ocurriendo m�s o menos en octubre de 2018.
Relata que el �rea de investigaciones pasa el resultado de las pesquisas y, con ello, se inician los procesos disciplinarios y en el caso, en diciembre se dispuso la terminaci�n con justa causa a quienes incurrieron en dichos hechos. Dichas afirmaciones fueron corroboradas por los testigos Antonio Jos� Quintero Arias. � Gerente Administrativo de Colpatria -, quien adujo conocer que al mismo momento salieron varias personas por las mismas causas, revelando que se tuvo conocimiento que a Bogot� lleg� la informaci�n de haberse realizado una investigaci�n por el �rea de pr�ctica de ventas, donde encontraron inconsistencias en asesores; que luego les comunicaron que deb�an proceder a que las personas implicadas rindieran descargos, lo cual se hizo.
Y, Mar�a clemencia Rodas Echeverri. Gerente de la Sucursal, en similar sentido, refiri� que la terminaci�n se dispuso luego de que se tuvo conocimiento de que el Banco hizo unas investigaciones donde se encontr� que la trabajadora hab�a incurrido en malas pr�cticas En efecto, si bien los hechos tuvieron ocurrencia en agosto de 2018, lo cierto es que el informe enviado del 20 de noviembre de 2018 dio cuenta de las investigaciones realizadas, luego de la revisi�n exhaustiva realizada durante la labor de auditoria desarrollada en escala.
De manera que, para la Sala es razonable y no resulta desproporcionado ni excesivo, el tiempo que tom� la demandada para despedir a la trabajadora por las conductas atribuidas como consecuencia de la venta de la p�liza realizada el 23 de agosto de 2018, pues recordemos que la oportunidad del despido se eval�a a partir del momento en que el empleador conoce de los hechos constitutivos de la justa causa y no desde su ocurrencia y, en este caso, lo que se evidencia es que el �rea encargada de procesos disciplinarios del Banco tuvo acceso al informe que daba cuenta sobre los hechos que relacionaron a la demandante, el 20 de noviembre de ese a�o (p�g. 252, archivo 18).
De manera que, la decisi�n a la que arrib� la juez de primera instancia cumple con el principio de inmediatez, pues el t�rmino que tard� el demandado resulta ser prudencial y razonable. De la certificaci�n expedida por el empleador Dispone el art�culo 57 del CST como obligaciones especiales del empleador, entre otras, en el numeral 7 �Dar al trabajador que lo solicite, a la expiraci�n de contrato, una certificaci�n en que consten el tiempo de servicio, la �ndole de la labor y el salario devengado (�)� De otro lado, el numeral 8 del art�culo 59 ib�d., proh�be al empleador: �Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7 del art�culo 57 signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados, o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que utilicen, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio�.
Pues bien, manifiesta la demandada su inconformidad en la orden impartida a efectos que expidiera una nueva certificaci�n, al considerar que no hab�a soporte de los t�rminos en los que la demandante hab�a solicitado la certificaci�n, por lo que debi� manifestar su desacuerdo frente al contenido o realizar una solicitud sobre los puntos a incluir o manifestar su inconformidad.
Frente a dicha inconformidad, debe decirse que la certificaci�n cuestionada milita en el archivo 04, p�g. 68 del expediente, observando que ello conforme a una petici�n que hizo la demandante el 13-12-2018. Al observar el contenido de la certificaci�n, se hace constar: tiempo de servicio, tipo de contrato, cargo desempe�ado al retiro, salario y motivo del retiro �terminaci�n con justa causa�, aspecto que, sin duda, contiene un signo que claramente hace incurrir al ex empleador en la prohibici�n antes denotada, am�n que incluye un aspecto negativo que lo puede perjudicar al incluirlo en un sistema de lista negra, situaci�n que amerita la orden impartida por el sentenciador de primer grado.
De la imposici�n de costas. Dispone el art�culo 365 CGP, las reglas a tener en cuenta para que proceda la imposici�n de costas procesales, entre ellas: �1. Se condenar� en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelaci�n, casaci�n, queja, s�plica, anulaci�n o revisi�n que haya propuesto.
Adem�s, en los casos especiales previstos en este c�digo�. En el presente asunto, si bien la raz�n que tuvo el a quo para no imponerla gravit� en que la demandada no tuvo objeci�n respecto a lo que fue motivo de condena, tal aspecto no se compadece con lo dispuesto en el citado numeral, en tanto que el eje controversial de la litis lo constituy� la justeza del despido de la trabajadora y las consecuencias perseguidas, de tal debate la parte vencida result� ser la parte actora, procediendo en tal sentido la condena en costas, atendiendo s� que prospero de manera parcial lo atinente al contenido de la certificaci�n laboral expedida, lo que implica que las costas efectivamente se causaron.
As� las cosas, se revocar� el ordinal cuarto de la sentencia para disponer condena en costas a cargo de la parte vencida en un 95% de las causadas. En lo que respecta a las costas en esta instancia, no se impondr�n atendiendo a que el recurso de la parte demandada prosper� parcialmente. DECISI�N DE SEGUNDA INSTANCIA Por lo expuesto, la Sala de Decisi�n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley.
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia para en su lugar condenar en costas de primera instancia a la parte demandante a favor de la demandada, en un 95% de las causadas.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo dem�s la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, del 11 de agosto de 2021, por las razones expuestas.
TERCERO: Sin costas en esta instancia. Notif�quese y C�mplase Los Magistrados, GERM�N DAR�O G�EZ VINASCO Magistrado ponente OLGA LUCIA HOYOS SEP�LVEDA Magistrada Con Impedimento JULIO C�SAR SALAZAR MU�OZ Magistrado sentencias del 10 de agosto de 2000, radicaci�n, febrero 19 de 2002, radicaci�n 17453 y julio 25 de 2002, radicaci�n 17976, entre otras archivo 04 � pagina 73 Ver sentencia del 14-07-2023, radicado 66001-31-05-003-2021-00112-01, MP.
Dra. Ana Luc�a Caicedo Calder�n Procedimiento plan familia banca seguros (Archivo 18,pagina 90); Pol�tica de la pol�tica institucional conozca al cliente (P�gina 92, archivo 18) y de consolidaci�n de pol�ticas (Archivo 18, pagina 204 sgts). Archivo 18, p�g. 65-80. r�cord de capacitaciones recibidas por la laborante, entre ellas, respecto al c�digo de conducta, certificaci�n banca seguros comercial, comprendiendo las sanciones globales de scontiank bank, capacitaciones relacionadas con los riesgos, entre otros. Yuliana Andrea Hern�ndez Morales vs Scotiabank Colpatria S.A. Radicado: 66001310500520190038901 P�gina PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT25 de NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT25 ;��� � � � � � � � � � � � � � � � � � ����������ퟐ�qcRc�@#h~t�h� O5�CJOJQJ^JaJ h[kTh[kTCJOJQJ^JaJh[kTCJOJQJ^JaJ hXaJhXaJCJOJQJ^JaJhXaJCJOJQJ^JaJ hi*5�CJOJQJ^JaJ h[kT5�CJOJQJ^JaJ#h~t�h[kT5�CJOJQJ^JaJhYfCJOJQJ^JaJh~t�CJOJQJ^JaJ h~t�h~t�CJOJQJ^JaJ#h~t�h~t�5�CJOJQJ^JaJ;� � � � � � ���������� :M���������������������� $d��a$gd� Q $d��a$gdj $d��a$gd� O $d��a$gdi* $d��a$gd~t�� � � IJst������� ������ͿͿͿͮ��n`n�O52h�hsE-5�CJOJPJQJ\�^JaJnH tH hYfhYfCJOJQJ^JaJhjCJOJQJ^JaJ hjhjCJOJQJ^JaJ#h~t�hj5�CJOJQJ^JaJ hj5�CJOJQJ^JaJhi*CJOJQJ^JaJ h� Oh~t�CJOJQJ^JaJh� OCJOJQJ^JaJ h� Oh� OCJOJQJ^JaJ#h~t�hi*5�CJOJQJ^JaJ h� O5�CJOJQJ^JaJ��:MNijtu %&'(UV��������()*�ŭ����m�m�m�������\�����K�� h��h�KHOJQJ^JaJ h��h�`�KHOJQJ^JaJ-jh��hsE-CJKHOJQJU^JaJ h��h� h��hsE-KHOJQJ^JaJ h�hsE-CJOJQJ^JaJ/h�hsE-CJOJPJQJ\�^JaJnH tH 2h�hsE-5�CJOJPJQJ\�^JaJnH tH ?jh��h��5�CJOJPJQJU^JaJmHnHsH u 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